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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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Las represas Addicks y Barker fueron construidas cerca de Houston, Texas, precisamente para salvar a esa ciudad estadounidense de posibles inundaciones. Pero la enorme capacidad de almacenamiento de los embalses no fue suficiente para contener los más de 15 mil millones de galones de agua que el huracán Harvey llevó a Texas en menos de una semana. Ante una realidad climática con fenómenos naturales cada vez más intensos, ¿son las represas la mejor opción? El Huracán Harvey apareció en las costas de Houston la noche del 25 de agosto. Sus lluvias intensas convirtieron la ciudad en un inmenso lago. El huracán causó muertes y la evacuación forzada de más de 30,000 personas. Al ser una ciudad prácticamente plana y ubicada casi al nivel del mar, Houston es particularmente susceptible a las inundaciones. Para protegerla, se construyeron en los años 40, dos represas en sus inmediaciones: Addicks y Barker. En conjunto, las represas pueden contener más de 132 mil millones de galones de agua. La enorme capacidad de estos embalses significa que si llegaran a romperse, toda la ciudad quedaría sumergida. Con la lluvia de Harvey, ha caído tal cantidad de agua que las represas recibieron más de lo que pueden albergar. Para evitar desbordes descontrolados, que podrían haber resultado catastróficos, las autoridades se vieron obligadas a liberar gradualmente agua de los embalses. Sin embargo, las medidas de precaución no bastaron para evitar el desborde de una de las represas. Addicks comenzó a desbordarse el lunes 28 de agosto y se preveía que la represa Barker correría la misma suerte, lo que finalmente no pasó. Lo ocurrido con Addicks llenó de más agua una ciudad prácticamente anegada por completo. El colapso no debería haber sido una sorpresa para nadie. Desde el 2009 se sabía del peligro que representaban las dos grandes infraestructuras. Antes, las represas estaban ubicadas en un territorio rural sin nada alrededor, en los condados de Harris y Fort Bend. Ahora han sido llevadas a sus límites, en gran medida debido a las personas y edificios que coexisten actualmente aguas arriba y aguas debajo de los embalses. De hecho, antes de la llegada del huracán, ambas represas estaban en un proceso de renovación por un costo de 75 millones de dólares. Pero los esfuerzos e inversiones no fueron suficientes para que pudieran adaptarse adecuadamente a los sucesos extremos que trae el cambio climático. Lo más grave es que Houston se ha vuelto menos resiliente a los embates climáticos. Sumado al natural envejecimiento de las represas que habrían de defenderla, y a la intensificación de los fenómenos climáticos, 50% de sus humedales fueron reemplazados por concreto. Desde 2001, se construyeron en la ciudad alrededor de 360 mil edificios sin adoptar medidas de mitigación que eviten que las nuevas construcciones cubran esos entornos naturales. Con esto, atribuido a una planificación urban inadecuada y a regulaciones débiles, se destruyó la defensa natural que tenía la ciudad contra tormentas e inundaciones. Las represas ante la realidad climática El momento que vivimos nos hace preguntarnos si los costos que implica construir y mantener grandes represas, valen la pena en tiempos de fenómenos climáticos cada vez más devastadores. Las represas son excesivamente costosas de implementar y encima de reparar. Desde 2010, unas 70 represas han fallado en Estados Unidos. La vulnerabilidad que presentan ante las lluvias hace que cuestionemos su compatibilidad con un mundo sacudido por los graves e inciertos efectos del cambio climático. Además, los embalses de las represas también pueden contribuir a exacerbar el cambio climático. Entre otras cosas, al inundar materia orgánica, emiten una gran cantidad de metano, un gas de efecto invernadero hasta 20 veces más potente que el CO2. De esta manera, contribuyen a que fenómenos como Harvey sean cada vez más intensos. Es hora de cuestionar y detener este peligroso círculo vicioso.
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Ante un Estados Unidos no comprometido con la lucha para combatir el cambio climático, América Latina avanza en esa tarea clave. Países de la región buscan proteger la naturaleza mediante leyes y proyectos sostenibles. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para que proyectos extractivos y de infraestructura sean implementados sin dañar el ambiente. Más de la mitad de la biodiversidad del planeta está en América Latina y el Caribe, región que alberga además al 40% de las especies de plantas y animales del mundo. Y, por si fuera poco, en el continente está la mayor cantidad de recursos genéticos de especies cultivadas y consumidas, una reserva clave para la seguridad alimentaria mundial. La pérdida de esa biodiversidad implica quedarnos también sin una gran aliada en la lucha contra el cambio climático, ya que las abundantes áreas verdes capturan el exceso dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera y permiten la regulación climática. Pero esos recursos están en peligro latente debido a los patrones de desarrollo insostenible, incluyendo las industrias destructivas, la tala indiscriminada de árboles, la agroindustria y la construcción de infraestructura inadecuadamente planificada y no sostenible como las grandes represas. Estados Unidos, uno de los principales emisores de los contaminantes responsables del cambio climático, ha negado el problema y les da la espalda a los esfuerzos mundiales para dar con soluciones efectivas. Ahora es el turno del resto del mundo. Algunos gobiernos de América Latina están dando el ejemplo con la adopción de leyes, políticas y proyectos orientados a cuidar entornos naturales fundamentales para contrarrestar los cambios extremos en el clima. Pese a ello, todavía necesitamos mejores decisiones y regulaciones más estrictas en la región. Límites, políticas y proyectos Como una taza de té caliente en un día gris, en Latinoamérica se han aprobado leyes y políticas para proteger ecosistemas claves, se ha dado voz a la gente en cuanto al cuidado de su territorio, y se han implementado proyectos sostenibles, el complemento perfecto para la larga lucha contra el cambio climático. 1. Prohibiciones a la minería. Algunos países de la región han promulgado leyes que protegen las fuentes de agua, los bosques y la biodiversidad global de los daños de la minería a gran escala: a) El Salvador: La Asamblea de ese país aprobó en marzo de este año una ley que prohíbe la minería metálica subterránea y a cielo abierto. La medida respondió a fuertes presiones de organizaciones ambientales y de defensa de los derechos humanos, así como de la iglesia católica. b) Colombia: En mayo pasado, el 98% de los votantes de Cajamarca le dijeron no a la minería en su territorio en una consulta popular, la cual fue una iniciativa ciudadana. 2. Protección de humedales. Los ríos, lagos, manglares y otros humedales son entornos fundamentales. Los manglares, por ejemplo, capturan más dióxido de carbono que los bosques tropicales. En la región, dos países han apostado por la creación de políticas nacionales orientadas específicamente a su conservación: México y Costa Rica. 3. Áreas protegidas. La creación de zonas naturales protegidas permite un manejo adecuado y responsable de los recursos naturales por parte de gobiernos y sociedad. En ese sentido, algunos países han caminado en la dirección correcta: a) Panamá: En 2015, ese país dio un gran paso al promulgar una ley nacional que protege el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía, un ecosistema clave para la preservación de la biodiversidad y el suministro de agua. b) Chile: Ese mismo año, el gobierno chileno creó una de las áreas marinas protegidas más grandes del planeta, ubicada a 911 kilómetros al oeste de la costa del país. La decisión fue muy acertada considerando que el océano es un gran aliado para combatir el cambio climático, pues absorbe el 90% del exceso de calor provocado por el calentamiento global. c) Belice: El país prohibió el año pasado la exploración petrolera en su sistema coralino, el segundo sistema de corales más grande del mundo. Los arrecifes, como parte del bello océano, contribuyen capturando el dióxido de carbono de la atmósfera y favorecen a la generación de diferentes organismos marinos. 4. Proyectos verdes. Trabajando juntos, gobiernos, comunidades y organizaciones no gubernamentales de la región han implementado proyectos innovadores que consienten al planeta. Varios de ellos destacan como finalistas en la carrera por obtener uno de los Premios Latinoamérica Verde de este año: a) “Ser Pronaca Es Cuidar El Agua” (Ecuador): Proyecto de huella hídrica que busca reducir el consumo de agua, optimizando su uso y potenciado los sistemas de tratamiento. b) “Restauración y recuperación de bosques de Manglar” (Panamá): Reforestación de zonas de manglar en Panamá, afectadas por la industria bananera. c) “Una escuela sustentable” (Uruguay): Centros educativos sustentables. El primero fue construido en 2016 con manos voluntarias, y apoyo del sector privado, público y académico. Se utilizaron materiales reciclados en su edificación y el centro funciona con energía renovable. El camino establecido por todos estos avances es el que debemos seguir. Pero queda mucho trabajo por hacer y poco tiempo para hacerlo. En AIDA continuaremos promoviendo proyectos, programas, políticas y sistemas financieros que respondan a las necesidades y prioridades de América Latina ante el cambio climático.
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En la lucha contra el fracking en Colombia, una pequeña ciudad está dando una gran batalla. Desde comienzos de 2016, los habitantes de San Martín, municipio ubicado a unos 480 kilómetros al norte de Bogotá, en el departamento de Cesar, se han movilizado y han protestado y resistido pacíficamente los planes del gobierno de realizar operaciones de fracking en su territorio. Organizando marchas de protesta y bloqueando el acceso de empleados de una empresa petrolera a los sitios de exploración, ciudadanos preocupados están alzando sus voces contra una industria ambientalmente dañina. Pero San Martín es sólo uno de los muchos municipios afectados por la fiebre del fracking que está desplazando a la industria del gas y el petróleo en Colombia. Ese país tiene grandes reservas de combustibles fósiles no convencionales, atrapados en depósitos estrechos de rocas de esquisto. El fracking o fractura hidráulica rompe esas rocas —usando una mezcla de agua, arena y químicos— y libera esos depósitos, los cuales, dicen analistas, pueden generar 6.800 millones de barriles de petróleo y 55 billones de pies cúbicos de gas natural, según la Administración de Información Energética (AIE) de Estados Unidos. Eso basta para satisfacer por décadas la demanda energética de Colombia. Si bien aún no se han iniciado operaciones de fracking en el país, existen a la fecha 12 bloques de exploración de fracking, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y una concesión han sido ya otorgada a una corporación multinacional. Se prevé que ésa y las futuras concesiones afecten a municipios en todo el territorio nacional. Colombia ha seguido el ejemplo de otros países de América Latina que han adoptado el fracking como solución rápida y sucia a su adicción a los combustibles fósiles, la cual alimenta a poblaciones necesitadas de energía. Actualmente, Argentina, Chile y México son las potencias del fracking en la región. “No podemos darnos el lujo de no hacer fracking”, dijo en 2015 Juan Carlos Echeverry, entonces presidente de Ecopetrol, la empresa estatal petrolera de Colombia. Pero los pobladores de San Martín —como muchas otras personas preocupadas por el futuro de sus comunidades, del país y del planeta— opinan diferente. En apoyo a las y los ciudadanos de San Martín, la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (CORDATEC) ha estado organizando una resistencia en el mismo lugar para restringir la exploración de fracking en Cesar. Otra organización, la Alianza Colombia Libre de Fracking, también está luchando: recientemente firmó una carta abierta pidiéndole al presidente Juan Manuel Santos aprobar una moratoria al fracking. Aunque estos esfuerzos son parte integral de la lucha contra el fracking, también es importante librar la batalla en el ámbito local. Siempre que sea posible, ciudades y municipios pueden adoptar soluciones creativas como leyes estrictas de zonificación o referéndums para conseguir prohibir el fracking a nivel local. Esa estrategia ha tenido un éxito significativo en Brasil, donde más de 70 municipios han prohibido el fracking, frenando la expansión de la industria de los combustibles fósiles y, al mismo tiempo, protegiendo su ambiente. En Estados Unidos, estados como Nueva York, Maryland y parte de California han prohibido también con éxito las operaciones de fracking. De la mano de organizaciones en toda la región, AIDA trabaja con empeño para detener la expansión del fracking en América Latina. A través de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking y de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, nos enfocamos en soluciones locales que tengan potenciales implicaciones regionales. “La Alianza trabaja para promover el debate público, la concientización y la educación entre organizaciones de la sociedad civil en América Latina”, dice Claudia Velarde, abogada de AIDA. “También apoyamos los esfuerzos de resistencia local contra la expansión del fracking en el continente”. La Alianza está solicitando una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual sus integrantes demostrarán los impactos del fracking en los derechos humanos de las comunidades afectadas. Si nuestros gobiernos están decididos a seguir perforando en busca de combustibles fósiles, es tiempo de que las comunidades se pongan de pie y demanden un futuro con energía limpia y renovable. Al enfocarnos en el poder de las bases, como la gente de San Martín, nosotros también podemos demandar un futuro mejor y hacer retroceder a la industria de los combustibles fósiles. Más Información
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