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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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De los 87 defensores de derechos humanos asesinados en América Latina en 2016, 60 estaban defendiendo derechos ligados a la degradación ambiental. De ello da cuenta un informe reciente de Global Witness. En 2016, al menos 200 defensores ambientales fueron asesinados en todo el mundo, volviéndolo el año más peligroso para los ambientalistas hasta ahora. De esas muertes, el 60 por ciento ocurrió en América Latina. Lo más grave es que estas estadísticas probablemente no representan del todo el problema porque muchos asesinatos de defensores y activistas alrededor del mundo, no son reportados. Los defensores ambientales son también frecuentemente objeto de acoso, intimidación, amenazas de muerte, arrestos, agresión sexual, secuestro y demandas judiciales que buscan silenciarlos. El asesinato de activistas por pronunciarse contra proyectos de desarrollo ambientalmente dañinos o por defender derechos a la tierra, se incrementaron respecto de los 185 registrados un año antes y se expandieron a más países, señala el informe. En 2016, Global Witness documentó asesinatos en 24 países, cuando el año anterior lo hizo en 16 naciones. “La batalla por proteger el planeta se está intensificando rápidamente y el costo puede ser contado en vidas humanas”, dijo Ben Leather, director de campañas de Global Witness. “Más personas, y en más países, no tienen más opción que adoptar una postura contra el robo de sus tierras o la destrucción de su ambiente. Son, con demasiada frecuencia, silenciados brutalmente por élites políticas y empresariales, mientras que los inversionistas que los financian no hacen nada”. Las raíces del problema ¿Por qué tantos activistas viven bajo amenaza, solo por pronunciarse y generar conciencia acerca de proyectos ambientalmente destructivos? Los gobiernos argumentan que la minería, la explotación de gas y petróleo, la tala y las represas impulsarán la economía de sus países. Pero las corporaciones suelen contratar servicios externos, creando pocas o ninguna fuente laboral en el ámbito local. Y, en muchos casos, los proyectos de desarrollo contaminan el ambiente, desplazan a comunidades enteras y vulneran derechos humanos. Algunos proyectos, como las grandes represas hidroeléctricas, también dañan la biodiversidad y contribuyen al cambio climático. Además, los gobiernos dependen a menudo de corporaciones transnacionales o de inversión extranjera para financiar estos proyectos. Como resultado, las ganancias de la minería, del petróleo y el gas, o de las grandes represas benefician con frecuencia a empresas internacionales o al empresario más rico de algún país, pero no necesariamente benefician a las comunidades locales. Esta situación genera tasas extremas de desigualdad económica. Honduras, por ejemplo, es uno de los países con mayor desigualdad de América Latina y ha tenido el mayor índice per cápita de asesinatos de defensores ambientales en la última década. El 20 por ciento de las personas más ricas de Honduras se lleva el 60 por ciento de los ingresos del país, dejando a casi dos tercios de la población hondureña en la pobreza o extrema pobreza, según la Organización de Estados Americanos. Cuando los activistas —muchos de ellos indígenas— se pronuncian contra estas injusticias económicas y ambientales, son frecuentemente denunciados como enemigos del progreso. Juntos, gobiernos y corporaciones, tratan de silenciar a los defensores que se expresan abiertamente. Cuando la censura no basta, acuden a policías, militares y mercenarios para silenciar la oposición con una escalada de amenazas y violencia. Cómo defender a las y los defensores Cada año, el problema se agrava y nos recuerda nuestro deber de defender a las y los defensores ambientales y de derechos humanos, así como la necesidad de establecer políticas adecuadas para su protección. Hay varias formas en las que gobiernos y ciudadanía de todo el mundo pueden hacerlo: Derecho internacional. Los gobiernos del mundo son parte de tratados y convenciones internacionales que les obligan a respetar ciertos estándares de derechos humanos. Cuando esos lineamientos básicos no son respetados, le corresponde a la comunidad internacional intervenir y proteger a las y los activistas amenazados exigiendo a los gobiernos para que hagan cumplir la ley. AIDA trabaja de ese modo para hacer responsables a los gobiernos y promover la adopción inmediata de medidas que garanticen la vida e integridad de las y los activistas en riesgo. “Los estados deben garantizar un entorno favorable en el que las personas puedan realizar su trabajo para proteger la naturaleza en condiciones seguras”, dijo Astrid Puentes Riaño, abogada y codirectora de AIDA. “Además, los Estados deben investigar los casos de violencia. Los asesinatos de quienes valientemente defienden el ambiente no deben quedar impunes”. Legislación nacional. Cuando la presión internacional no funciona, las leyes nacionales pueden ayudar a que los Estados protejan a los activistas que se manifiestan. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha propuesto una norma por la que se suspendería la ayuda militar y policial que ese país brinda a Honduras hasta que el Gobierno hondureño investigue las violaciones de derechos humanos en su territorio. El proyecto de ley ayudaría a proteger a las y los activistas en esa nación y servir de ejemplo a otros países. Medidas de emergencia. Las medidas de visado de emergencia o las protecciones diplomáticas para prevenir daños, pueden ser útiles para reubicar a las y los activistas de un país a otro o para resguardarlos de alguna otra manera. Campañas mundiales de solidaridad. Las campañas solidarias a cargo de coaliciones de organizaciones de derechos humanos y apoyadas por los medios, tienen un gran potencial. Si estas acciones encendieran las alarmas de manera simultánea, consistente y confiable, gobiernos y corporaciones pensarían dos veces antes de intentar silenciar a la o el activista en cuestión. Lo anterior, desde luego, te compete. La indiferencia es también un gran factor de riesgo para quienes defienden los derechos humanos y el ambiente. Nada sustituye la movilización de una comunidad de apoyo: en las calles, en las redes sociales, en tu vida diaria. Ponerse de pie, alzar la voz y generar conciencia es el primer paso hacia la construcción de un futuro más justo La acción y la solidaridad son esenciales, y hacen una gran diferencia. Las anteriores son sólo algunas de las soluciones a este problema creciente, y su éxito depende de nosotros. Mostrar que no tenemos miedo de luchar por la justicia ambiental y por un futuro en el que se respeten los derechos humanos de todos, no sólo es una buena idea, es necesario para nuestra supervivencia.
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Los Estados reunidos en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, dieron un paso importante hacia el inicio de negociaciones de un nuevo tratado para proteger la biodiversidad en alta mar (aquel fuera de una jurisdicción nacional). Pese a formar parte de dos terceras partes de los océanos del mundo, la vida marina en alta mar no está protegida efectivamente. Un nuevo tratado corregirá eso, poniendo en marcha medidas para proteger la biodiversidad de alta mar, rica y mundialmente significativa, y sus servicios ecosistémicos, y para administrar sosteniblemente las actividades allí desarrolladas. Aunque la redacción de la recomendación hecha por los Estados no reflejó un apoyo fuerte a que Naciones Unidas actúe hacia un tratado, permitirá que la Asamblea General de la ONU convoque a una Conferencia Intergubernamental. Las 35 organizaciones parte de la High Seas Alliance, que han promovido el tratado, estuvieron satisfechas con la recomendación de avanzar. Peggy Kalas, de la High Seas Alliance, dijo: “Es una victoria importante para los océanos y la humanidad ya que todos dependemos de ellos para tener un planeta saludable. Un nuevo tratado traerá regulación y gobernanza a la parte más descuidada y cercada del mundo. Estamos profundamente agradecidos con muchos, muchos Estados que han trabajado muy duro para lograr eso. No ha sido un logro fácil, pero su determinación de proteger los bienes comunes mundiales para toda la humanidad, ha sido inspiradora”. La decisión del Comité Preparatorio irá ahora a la Asamblea General de Naciones Unidas. La abrumadora mayoría de los Estados está presionando para que el próximo paso sea una Conferencia Intergubernamental convocada en 2018. Dicha Conferencia implicaría el comienzo de negociaciones formales sobre el texto de un nuevo tratado. "Hoy se dio un paso gigante hacia adelante por los océanos del mundo”, dijo Lisa Speer, directora del Programa Internacional de Océanos del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC). Sylvia Earle dijo: “Las naciones del mundo dieron hoy pasos importantes hacia una Conferencia Intergubernamental. El alta mar representa la mitad del mundo y necesita la regulación de la ley. A quienes han trabajado tan duro en la ONU apoyando este momento, les enviamos un océano de gratitud, continuando el camino con optimismo hacia un tratado de alta mar”. Verónica Frank, de Greenpeace, dijo: “Fue bueno ver un apoyo tan abrumador al avance del proceso y a tantas personas de todo el mundo pronunciándose por la protección de los océanos. Ahora le corresponde a la Asamblea General de la ONU dar ese paso hacia adelante por los océanos y por las personas que dependen de ellos. Cualquier cosa menor no estaría a la altura de lo que nuestro planeta azul necesita para recuperarse”. Gladys Martínez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), señaló: “Aplaudimos la decisión de los delegados de gobiernos de proteger casi la mitad del planeta. Desde AIDA nos sentimos muy orgullosos y agradecidos con el compromiso de las naciones latinoamericanas para que este proceso tenga éxito”. Maria Damanaki, de Nature Conservancy, expresó: “Esta es una demostración transcendental de colaboración mundial, y un paso hacia la protección de la mitad de nuestro planeta, que hoy es una tierra de nadie sin regulación. Nos unimos a nuestros colegas de la High Seas Alliance en elogiar a los Estados y organizaciones que han trabajado con empeño para que esto suceda”. "Esto representa un paso importante en un largo viaje impulsado por un gran número de Estados comprometidos. Tenemos que continuar con este impulso a través de una resolución de la Asamblea General convocando a la Conferencia Intergubernamental", añadió Tim Packeiser, de WWF. En junio, todos los Estados firmaron un llamado global a la acción por el océano, del cual alta mar es una parte importante.
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La explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking ha buscado expandirse en distintos países de América Latina. En Argentina, Vaca Muerta es el yacimiento más grande de ese tipo de hidrocarburos fuera de Estados Unidos y, por tanto, uno de los más "atractivos" del mundo. Desde hace cinco años, Vaca Muerta se ha vuelto un megaproyecto que supera el sitio de extracción y cuya infraestructura física, jurídica y financiera es compleja y genera gran cantidad de accidentes y conflictos sociales. En este seminario virtual, organizado por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, expertas y expertos de diferentes organizaciones y países de la región, abordarán la implicaciones del megaproyecto de fracking Vaca Muerta en términos de impactos y conflictos sociales y económicos para los diferentes actores involucrados. Grabación Presentaciones
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