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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros Media

Victoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida

La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.

La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.

En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.

AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.

Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.

AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.


Derechos Humanos

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El informe del Grupo de Trabajo acerca de su visita oficial a México en 2016, subraya cuatro temas que consideramos fundamentales desde sociedad civil: 1. El Grupo de Trabajo observó que hay que esforzarse mucho en concienciar a las empresas de su responsabilidad de respetar los derechos humanos y ejercer la diligencia debida. En los informes que revisaron, las empresas no reportan lo que hacen para detectar y prevenir las consecuencias negativas de sus acciones sobre los derechos humanos, y mucho menos cómo han abordado casos concretos de estas consecuencias negativas. Señala que el Gobierno todavía no ha trazado pautas claras, ni ha fijado expectativas definidas para las empresas en relación con su responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus actividades, tanto en México como en el extranjero. Con relación a las empresas de titularidad pública, el Gobierno no dispone de pautas y políticas claras para modificar la conducta de las empresas mediante las prácticas de contratación pública y el Grupo de Trabajo concluye que, hasta la fecha, el sector bancario de México ha prestado poca atención a sus responsabilidades en materia de derechos humanos. 2. El informe exige que se respete el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, conforme al Convenio 169 de la OIT, especialmente en el diseño y la ejecución de proyectos a gran escala. Además, reitera que: “Las consultas deben realizarse lo antes posible en el proceso de diseño de los proyectos y han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos no sean viables”. Sociedad Civil denunció que en 32 de los 68 casos documentados de abusos por parte de empresas se vulneró el derecho a la tierra y el territorio y en 28 casos, el acceso a la información.  3. El Grupo de Trabajo de la ONU denunció que: “con demasiada frecuencia los ataques contra defensores de los derechos humanos quedan impunes, sin que se realicen investigaciones ni se apliquen sanciones efectivas”. Además “pudo comprobar la censura y las sanciones que sufrían los periodistas de investigación que habían expuesto casos de conflictos de intereses y corrupción”. Desde sociedad civil, en el 62.5% de los casos de abusos relacionados con empresas documentamos amenazas y ataques. Resulta fundamental y urgente que tanto el Estado, como las empresas, lleven a cabo las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU y que: “los más altos funcionarios del Gobierno y los directores generales de las empresas deben dejar muy claro que la intimidación y los ataques contra los defensores de los derechos humanos son inaceptables y no se tolerarán.” 4. El Grupo de Trabajo recomendó reforzar la supervisión y la evaluación de los efectos ambientales y sociales para evitar o mitigar las consecuencias negativas de las actividades empresariales en los derechos humanos. Y describe la limitada capacidad de las autoridades competentes para llevar a cabo inspecciones con objeto de controlar la contaminación ambiental causada por la actividad empresarial. Consulte también el informe Visita a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y DDHH: Puntos desde Sociedad Civil.

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Expertos de la Convención Ramsar, tratado internacional para la protección de humedales, identificaron “cambios fuertes” en las características ecológicas del sitio debido a la intervención humana. Recomendaron, entre otras cosas, que Colombia inscriba al lugar en el Registro Montreux, el cual incluye humedales amenazados seriamente y que requieren atención prioritaria. Bogotá, Colombia. Tras visitar la Ciénaga Grande de Santa Marta en agosto del año pasado, una misión de expertos internacionales de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, emitió un informe en el que recomienda al Gobierno colombiano incluir al sitio en el Registro Montreux, un listado de entornos bajo amenaza grave y que requieren atención prioritaria. “Dados los fuertes cambios en las características ecológicas del sitio Ramsar CGSM (Ciénaga Grande de Santa Marta), se recomienda su inclusión en el Registro Montreux”, se menciona en el informe que se conoció la semana pasada. Esos cambios “requieren la toma de medidas urgentes por parte del Gobierno de Colombia que permitan mantener y recuperar su carácter ecológico y alcanzar su uso racional de acuerdo a los objetivos de la Convención”, se lee también en el documento. Entre los cambios mencionados en el informe están la sobreexplotación y contaminación de parte de las aguas de la Ciénaga, la disminución del agua dulce que recibe debido a la presencia excesiva de sedimentos y a la obstrucción de canales, la “gran pérdida” de bosques de manglar ocasionada por obras viales y de infraestructura que bloquearon flujos de agua, y la disminución de la población de peces. “La inclusión de la Ciénaga en el Registro Montreux puede permitir la obtención de ayuda económica, mediante fondos otorgados por la Ramsar Wetland Conservation Fund, así como de apoyo y asesoría técnica por parte del Grupo de Examen Científico y Técnico de la Convención Ramsar, que puede generar recomendaciones para la recuperación y conservación del ecosistema”, explicó Juan Pablo Sarmiento Erazo, investigador de la Universidad del Norte. Además de esa medida, en el informe de Ramsar, se recomiendan otras dos soluciones ante la degradación ambiental del sitio: realizar un dragado efectivo con base en un nuevo diseño hidrológico, y fortalecer la coordinación interinstitucional en el manejo del lugar. “Es clave que el Gobierno colombiano siga al pie de la letra las recomendaciones de Ramsar y que implemente lo antes posible las mejoras y cambios necesarios en el manejo del sitio”, dijo Gladys Martínez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Lejos de ser una lista negra, el Registro Montreux es una oportunidad para que los gobiernos se muestren responsables con los recursos naturales que requieren atención urgente”. La visita de los expertos al sitio, realizada del 22 al 26 de agosto de 2016, se concretó tras la petición hecha en ese sentido el 2014 a la Secretaría de Ramsar por AIDA, la Universidad del Norte, y la Universidad de Florida, con el acompañamiento de la científica Sandra Vilardy, de la Universidad del Magdalena. “Esperamos que el gobierno haga público el informe de manera oficial”, resaltó Vilardy. “El documento menciona que es imperativo reestablecer el balance hídrico del complejo de humedales, haciendo énfasis en la revisión de las concesiones de agua de los ríos que alimentan a la Ciénaga”. NOTA: Más información disponible aquí. Contactos de prensa: Gladys Martínez, abogada de AIDA, +506 8321 4263, [email protected] Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA, +57 300 5640282, [email protected]  Juan Pablo Sarmiento, Universidad del Norte, +57 300 5514583, [email protected]  

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Sin la participación de Estados Unidos, es urgente que otros países limiten sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora que el presidente Donald Trump ha retirado a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, los países de América Latina deben actuar con una urgencia renovada para combatir el cambio climático a nivel mundial. Dándole un golpe al Acuerdo de París, la decisión de Trump envía el mensaje de que el gobierno federal de Estados Unidos ya no está comprometido a frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. Estados Unidos, Siria y Nicaragua son ahora los únicos países que se niegan a unirse a la lucha histórica contra el calentamiento global. El Acuerdo de París, destinado a que los países fijen objetivos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, fue aclamado como el primer acuerdo climático verdadero y global para detener el cambio climático. “Lo ocurrido tiene implicaciones enormes para la lucha contra el cambio climático en el Sur Global”, dijo Astrid Puentes, codirectora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Ya no podemos confiar en el gobierno de Estados Unidos para dar un ejemplo de avance climático. Ahora, más que nunca, es importante que los países de América Latina intensifiquen los esfuerzos por frenar sus emisiones de gases de efecto invernadero”. Aunque Estados Unidos y China son los más grandes emisores de esos contaminantes, nueve por ciento del total global de las emisiones vienen de América Latina, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. “Siendo una región con una diversidad ecológica enorme, América Latina tiene la oportunidad de asumir un rol protagónico en la protección de los recursos naturales y las comunidades al forjar un futuro energético limpio y no dependiente de los combustibles fósiles”, dijo Puentes. “Sin Estados Unidos, América Latina necesita ahora liderar la lucha global contra el cambio climático, y AIDA seguirá estando a la vanguardia de esta lucha”. Entre otros proyectos, AIDA ha trabajado con gobiernos de América Latina para incrementar su capacidad de garantizar financiamiento internacional para proyectos climáticos, generado conciencia sobre las cantidades significativas de metano que emiten muchas grandes represas, sumado esfuerzos regionales para contrarrestar la expansión de proyectos de fractura hidráulica, y ha ayudado a proteger sumideros de carbono vitales. Con su equipo de expertos legales y ambientales, AIDA trabaja también para proteger los derechos humanos de personas y comunidades en toda la región. AIDA es la única organización regional en América Latina que brinda apoyo legal gratuito a comunidades y organizaciones dedicadas a proteger los derechos humanos y el ambiente. Contacto de prensa: Astrid Puentes Riaño, Codirectora Ejecutiva, [email protected]

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