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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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El 2 de agosto pasado, los defensores de los ríos de Chile recibimos una noticia que nos llenó el corazón de esperanza: el megaproyecto hidroeléctrico Alto Maipo se declaró en default técnico y pronto podría ser también inviable financieramente. El proyecto, presentado al Gobierno chileno el 2008 por la transnacional norteamericana AES-Gener y en proceso de construcción desde 2014, se ha enfrentado desde sus inicios con una fuerte oposición ciudadana, pues pone en riesgo la cuenca del Maipo, la fuente de agua más importante para la región metropolitana. Desde el año pasado, a sus innumerables incoherencias se sumaron problemas técnicos y financieros. El proyecto consiste en captar y trasvasijar las principales nacientes y afluentes que alimentan el río Maipo para introducir el agua en un túnel de casi 70 kilómetros de largo, y de 6 a 8 metros de diámetro. Con eso dejaría casi secos a los tres ríos tributarios del Maipo. Sería una verdadera megarepresa subterránea, que acumularía más de 2 millones de metros cúbicos de agua. Su construcción ha traído ya terribles impactos socioambientales. Si entra en operación, los daños se extenderían a toda la Región Metropolitana, desde Los Andes hasta el mar. Riesgos para el ambiente y la población La cuenca del río Maipo está ubicada a solo 50 kilómetros de Santiago, la capital chilena. Se trata de la principal cuenca de la región: sus aguas abastecen de agua potable a 7 millones de habitantes, y suministran riego para 120.000 hectáreas. Además, la cuenca es sitio recreacional para la población urbana de Santiago. Anualmente la visitan 2 millones de turistas nacionales y extranjeros, siendo esa actividad económica la más importante para el desarrollo de la zona. Ante los 10 años consecutivos de sequía que se vive actualmente y el profundo proceso de desertificación de la zona central de Chile, el Cajón del Maipo, sus montañas, ríos y glaciares, son el pulmón verde y el regulador del clima de Santiago. Todo eso está en inminente peligro por el proyecto de AES-Gener, que impactaría irreversiblemente todo el sistema hídrico de la cuenca, afectando glaciares milenarios y las nacientes cordilleranas, afectando también el funcionamiento natural del ciclo hidrológico. Problemas económicos El financiamiento original del proyecto fue otorgado a un plazo de 20 años por bancos multilaterales y comerciales, nacionales y extranjeros. Entre ellos están la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, CorpBanca, el Banco de Crédito e Inversiones (BCI), el Banco Itaú de Chile, el Banco del Estado de Chile, el KfW Ipex-Bank GmbH de Alemania y el DNB Bank ASA de Noruega. Debido a las incongruencias del proyecto con las políticas de los bancos inversores, el Movimiento No Alto Maipo presentó en enero de 2017 quejas formales ante los mecanismos independientes de revisión del BID y de la CFI. Actualmente se gestiona hacer lo mismo con los mecanismos de rendición de cuentas de la OPIC y los bancos europeos. El pasado 31 de julio, AES-Gener informó que el proyecto Alto Maipo había caído en un default técnico debido a graves problemas de seguridad de sus trabajadores, que derivaron en la renuncia de una de las principales contratistas del proyecto. La deuda financiera por los desembolsos realizados a la fecha asciende a 613 millones de dólares. Inicialmente, el costo del proyecto era de 700 millones dólares y hoy podría ser de más de 3.000 millones (420% más). Problemas técnicos El proyecto no cuenta con estudios hidrogeológicos y de cambio climático, carencia que le ha pasado la cuenta con el retiro de uno de sus inversores iniciales. Antofagasta Minerals (Grupo Luksic, familia y consorcio empresarial chileno con la mayor fortuna en el país) abandonó el proyecto en enero por el sobreprecio y la demora en su construcción. La Constructora Nuevo Maipo (CNM), por su parte, no siguió adelante con su contrato por la falta de estudios que le impidieron continuar con la perforación de los túneles. Según esa empresa, existían serios riesgos para la vida de los trabajadores porque no existen las condiciones suficientes de seguridad para la construcción (a la fecha han fallecido dos trabajadores de las contratistas). Es un hecho que las grandes hidroeléctricas siempre cuestan más de lo presupuestado y Alto Maipo es un ejemplo más de lo que ocurre en todo el planeta. La inviabilidad de este proyecto podría haberse prevenido con la aplicación del principio precautorio. Desde el Movimiento No Alto Maipo hemos sido ciudadanos responsables, argumentando hace 10 años con fundamentos técnicos, científicos, sociales, ambientales y políticos la inconveniencia de continuar con el proyecto. Podemos vivir sin energía, pero no sin agua. El agua no puede sustituirse y es además un derecho humano fundamental para la sobrevivencia de las generaciones presentes y futuras. Es nuestra responsabilidad evitar que corra riesgo. Por ello, no bajaremos los brazos hasta que el proyecto sea cancelado por completo.
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El 30 de junio, Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres —la activista ambiental hondureña asesinada—, sobrevivió a un atentado contra su vida. Viajaba a casa con dos colegas cuando unos hombres, machetes en mano, detuvieron su vehículo. Cuando los sujetos levantaron sus armas, el chofer de Zúñiga aceleró y esquivó a los atacantes, pero no antes que uno de ellos lanzara una roca que golpeó el parabrisas. Los atacantes persiguieron a los activistas, intentando llevar su auto por el borde de un acantilado. Por fortuna, Zúñiga y sus compañeros lograron escapar. Seis días después, el FMO y el FinnFund, dos bancos de desarrollo europeos, anunciaron el retiro oficial de su inversión de la represa Agua Zarca, contra la cual Zúñiga está peleando porque inundaría un sitio sagrado para comunidades indígenas Lenca. “El momento de nuestro anuncio de salida no está relacionado con el ataque a la Sra. Berta Zúñiga Cáceres”, dijo Christiaan Buijnsters, vocero del FMO. “Es una coincidencia”. En un comunicado de prensa, el FMO y el FinnFund informaron que su retiro “buscaba reducir las tensiones internacionales y locales en la zona”. Antes de ser asesinada en su casa el 2016, Berta Cáceres llevó adelante una campaña enérgica contra la represa, ganando por su trabajo el prestigioso Premio Ambiental Goldman. Zúñiga, de 26 años, asumió el rol de liderazgo de su madre en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en junio de 2017. Activistas ambientales en Honduras aún están luchando contra la represa, pero el Banco Centroamericano de Integración Económica todavía no retira su apoyo financiero del proyecto. “Yo nací en un pueblo con gran dignidad y fortaleza”, dijo Zúñiga en una entrevista con Democracy Now, un medio independiente de Estados Unidos. “Mi madre, Berta Cáceres, nos inculcó desde muy jóvenes que la lucha está arraigada en la dignidad y que debemos continuar defendiendo los derechos de nuestra gente”. Sistemas de corrupción e impunidad El ataque a Zúñiga es el más reciente en la región más peligrosa del mundo para las y los defensores ambientales. En Honduras, entre el 95 y el 98 por ciento de los crímenes quedan impunes. La complicidad entre gobiernos y corporaciones encubre con frecuencia a los asesinos y a quienes los contratan para silenciar a activistas ambientales y de derechos humanos. Desafortunadamente, las familias de activistas como Cáceres rara vez obtienen justicia. Pero aún hay esperanza. A raíz de una protesta mundial por la muerte de Cáceres y de pedidos de investigación, nueve personas fueron arrestadas en relación con su asesinato. Algunas tienen conexión con Desarrollos Energéticos S. A., la empresa que construye la represa Agua Zarca. Documentos judiciales sugieren además que el asesinato fue planificado por especialistas en inteligencia militar ligados a las Fuerzas Especiales de Honduras, entrenadas en Estados Unidos. Pese a estos arrestos, los principales autores intelectuales del asesinato aún no han sido sindicados. COPINH ha denunciado en las audiencias del caso que la acusación, a cargo de la Fiscalía, está llena de defectos e irregularidades. Mientras, asesinatos y ataques como aquel a Zúñiga, continúan. “Sabemos que en Honduras es muy fácil pagar a personas para cometer asesinatos”, dijo Zúñiga a TeleSur en 2016. “Pero sabemos que quienes están detrás de esto son otras personas poderosas con dinero y todo un aparato que les permite cometer estos crímenes”. Pero Zúñiga y el COPINH permanecen fieles a su lucha. “Vamos a seguir adelante con nuestra lucha”, dijo Zúñiga a Democracy Now. “Parte de ella es romper este ciclo de impunidad”. Su motivación viene del consejo de su madre: “¡Despertemos¡ ¡Despertemos Humanidad¡ Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal… Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la Tierra y los espíritus”. Si tomamos esas palabras con el corazón, la lucha por un mundo más verde y más justo —junto con el espíritu de Berta Cáceres— continuará.
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Artículo publicado como parte del Informe Ambiental Anual 2017 de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina. Resumen Ejecutivo La energía que producen las grandes represas es ineficiente e insegura, mientras que la construcción de su enorme infraestructura es excesivamente costosa. Además, éstas degradan el ambiente y contribuyen al cambio climático. Adicionalmente, en la mayoría de los casos, la implementación de las grandes represas genera graves violaciones de derechos humanos. En suma, los costos financieros, sociales y ambientales que ha pagado la humanidad por ellas, han sido demasiado altos. Actualmente existen alternativas viables a las grandes represas incluyendo la eficiencia energética y energías alternativas limpias, como la solar y eólica. Los precios de estas tecnologías han bajado considerablemente, por lo que es posible atender las demandas energéticas existentes sin necesidad de hidroeléctricas más grandes. Es necesario y urgente entonces que los países empiecen a implementar soluciones energéticas ambiental y socialmente adecuadas a este siglo. Introducción La energía hidroeléctrica sin duda ha sido clave para el desarrollo y ha traído importantes beneficios para la sociedad, sin embargo, esto no ha sido gratuito, los costos en muchas ocasiones son mayores que los beneficios. Por ello, hoy en día considerar que la energía hidroeléctrica es limpia y sostenible es como si siguiéramos usando ábacos para hacer cálculos, cuando evidentemente hay opciones más eficientes para ello. A pesar de la existencia de alternativas, las represas siguen siendo vistas como soluciones, lo que evidencia la necesidad del cambio. En 2015 la energía hidroeléctrica representó el 16.6% de la producción mundial de electricidad proveniente de fuentes diferentes a combustibles fósiles o nucleares. En América Latina éste porcentaje asciende al 50%. Hoy existen más de 57 mil grandes represas en el mundo. Sólo en Latinoamérica operan cerca de 1000 de todos los tamaños, y alrededor de 1600 grandes represas están en proceso de construcción o planeación. De todas esas, más de 250 son para la cuenca amazónica. La necesidad de encontrar soluciones más allá de las represas es evidente. Las grandes represas son aquellas cuya cortina mide 15 metros o más, desde la base hasta la cresta o, que, teniendo una cortina de menor altura, tiene más de tres millones de metros cúbicos de capacidad5 . Éstas han provocado graves e irreversibles daños para los ecosistemas, los ciclos de los ríos y la biodiversidad, así como para las comunidades que viven aguas arriba y abajo de donde se construyen. Sus impactos socio-ambientales se han vinculado a graves violaciones de derechos humanos. Además, las grandes represas agravan el cambio climático y retardan la implementación de soluciones necesarias para lograr la transición energética que el planeta requiere. Sumado a esto, las grandes represas son excesivamente costosas y tardan tanto tiempo en ser operativas, que resultan ineficientes para atender las crisis energéticas urgentes de los países. La experiencia ha demostrado una y otra vez que las comunidades aledañas a las grandes represas, lejos de beneficiarse, se empobrecen con dichas obras. Las grandes represas además aumentan las deudas públicas de los países, intensificando las crisis económicas. Por todas estas razones las grandes represas no son energía barata, limpia ni sostenible. A continuación, el análisis de los fundamentos más importantes. Actualmente existen alternativas viables a las grandes represas que incluyen la eficiencia energética y energías alternativas limpias como la solar y eólica, cuyo precio ha bajado considerablemente, con las cuales es posible atender las demandas energéticas existentes sin depender de las grandes hidroeléctricas. De esta manera podríamos transitar hacia una economía limpia, avanzando hacia un verdadero desarrollo sostenible que no sacrifique ecosistemas, ríos, y a las poblaciones que dependen de ellos.
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