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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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Mi primera visita a La Oroya
“¿Qué piensas de La Oroya?”, un residente local me preguntó al conocerme. Siendo sincero, no estaba seguro qué responder. Percibiendo rápidamente mi incomodidad, él bromeó: “Es muy bonito, hay mucha biodiversidad y el cielo es tan azul…”. Aliviado, me reí con él y, desde ese momento, he estado buscando las palabras que describan este sitio. La Oroya es una ciudad de 33.000 habitantes, ubicada al margen del río Mantaro, en la región central de Perú, a casi 5.000 metros de altitud. Fue mi primera vez allí y me quedé solo dos días. Son cinco horas de viaje desde Lima por una carretera con curvas terribles y vistas impresionantes de las montañas alrededor. Una vez en La Oroya, el paisaje cambia drásticamente. La ciudad está cubierta por un manto gris, tiene poco o nada de vida natural, sus calles están llenas de camiones transportando hierro y otros metales pesados…Nada más destaca. Lo que más quería al estar en La Oroya era conocer a las personas que representamos en nuestro caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de trabajar en él por seis meses, quería finalmente ponerle rostros a los nombres que tan bien había llegado a conocer en el papel. Nuestra reunión fue programada para el final del día, cuando los residentes estaban libres de sus compromisos laborales y familiares. Allí les presentamos a estudiantes de la Universidad de Yale, quienes están elaborando un informe importante sobre la relación entre la calidad del aire de La Oroya y la salud de sus habitantes. Aunque interesados en el estudio, y felices de oír del mismo, los residentes nos bombardearon pronto con preguntas acerca del caso. Lo que más querían saber —algo que han estado esperando desde que presentamos nuestra petición hace siete años— era cuándo la Comisión tomaría su decisión. Nos hicieron saber los muchos comentarios ofensivos que han tenido que soportar, tanto de los trabajadores del complejo metalúrgico como de sus propios vecinos, durante su larga espera por un fallo. Ellos han sufrido amenazas de otros residentes de La Oroya, quienes erróneamente creen que el propósito del caso es cerrar el complejo, lo cual dejaría sin trabajo a muchas personas. En una ocasión especialmente preocupante, un “doctor” dijo en televisión que la contaminación por plomo no causaba ningún problema de salud. Afirmó que los habitantes de la Oroya eran la prueba de que las personas, aunque contaminadas con plomo y otros metales pesados, aún podían tener una vida normal. Nosotros les recordamos que un proceso ante un organismo internacional involucra años de espera, y que nos solidarizábamos con ellos por todo lo que habían tenido que pasar en los pasados años. Pero la verdad es que yo también sentí tal frustración. Fue la primera vez que vi, así de cerca, ese deseo personal por una decisión internacional. Entendí que una decisión en el papel podría en realidad constituir una forma de reparación. El largamente esperado informe de la Comisión mostrará al mundo que los efectos de la contaminación con metales pesados en una población constituyen de hecho una violación a su integridad personal y a su derecho a la salud. El objetivo de este caso no es cerrar el complejo metalúrgico, sino forzar la adopción de medidas para garantizar cierta calidad de vida para los residentes de La Oroya. En este caso, el informe de la Comisión será el instrumento por el cual las normas internacionales y de derechos humanos se harán reales, efectivas y transformadoras. Regresé de La Oroya hace casi una semana y aún estoy buscando las palabras para describir un lugar como ése. A decir verdad, La Oroya no se veía muy bien al principio. Pero rápidamente me di cuenta que la belleza de un lugar no proviene solo de sus atracciones naturales o aquellas hechas por el hombre; también resulta, y tal vez de una manera más importante, de la belleza de su gente. En ese sentido, nunca he visto una ciudad tan hermosa como La Oroya. Esta entrada está dedicada a todas las víctimas del caso de La Oroya. Espero que logren justicia y que, gracias a ellas, un caso como éste no se repita nunca en ningún lugar del mundo. También está dedicada a Astrid Puentes y María José, las abogadas de AIDA a cargo del caso, quienes me inspiran cada día a trabajar por un mundo más justo.
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Tribual brasileiro atenta contra afetados pela hidroelétrica de Belo Monte ao revocar suspensão de licença ambiental
Brasilia, Brasil. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1), suspendeu o efeito da decisão preliminar que suspendia a licença de operação da hidroelétrica de Belo Monte. Em 11 de janeiro desse ano, a Justiça Federal de Altamira decidiu suspender a licença de operação até que a Norte Energia, empresa encarregada da construção da hidroelétrica, e o Governo Federal cumprissem com a obrigação de reestruturar a Fundação Nacional do Índio. Entretanto hoje, um Desembargador Federal estabeleceu que tal decisão foi desproporcional e “afeta o interesse público, repercutindo gravemente a ordem e economia públicas”. Outro argumento foi que a decisão impediria a implementação de diversos planos destinados a beneficiar os povos indígenas. “É um atentado a mais aos direitos das comunidades indígenas afetadas. A decisão manipula os argumentos de interesse, ordem, segurança e economia publicas, bem como utiliza os planos que deveriam ser implementados quando se outorgou a licença, em 2010, para justificar que não é possível suspender a licença de operação. A licença jamais deveria ser outorgada sem o cumprimento desses planos” afirmou María José Veramendi, advogada da AIDA. Para mais informação, consulte os fatos do caso e as últimas noticias sobre o processo na Comissão Interamericana.
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Tribunal brasileño atenta contra afectados por represa Belo Monte al revocar suspensión de licencia
Brasilia, Brasil. El Tribunal Regional Federal de la Primera Región (TRF1) dejó sin efecto la decisión judicial preliminar que suspendía la licencia de operación de la represa Belo Monte. El 11 de enero de este año, la Justicia Federal de Altamira decidió suspender la licencia hasta que Norte Energía, empresa a cargo de la construcción de la represa, y el Gobierno Federal cumplan con su obligación de reestructurar la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) de Altamira. Sin embargo, un Juez Federal del TRF1 estableció hoy que esa decisión fue desproporcional y “afecta el interés público, repercutiendo gravemente en el orden y la economía públicas”. Otro argumento fue que la suspensión impediría la implementación de diversos planes destinados a beneficiar a los pueblos indígenas. "Es un atentado más a los derechos de las comunidades indígenas afectadas. La decisión manipula los argumentos de interés, orden, seguridad y economía públicas y utiliza aquellos planes que debieron ser implementados cuando se otorgó la licencia previa, en 2010, para justificar que no es posible suspender la licencia de operación. La licencia jamás debió ser otorgada sin el cumplimiento de esos planes”, dijo María José Veramendi, abogada de AIDA. Para más información, consulte el expediente de hechos del caso y las últimas noticias sobre el proceso ante la CIDH.
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