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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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En nuestro planeta, menos del 2.5% del agua es dulce. De ella, menos de un tercio se encuentra en estado líquido y de ese porcentaje, menos del 1.7% fluye por ríos. Según la Comisión Mundial de Represas (CMR), al año 2000 se habían construido más de 45,000 represas, interrumpiendo más del 60% de los ríos del mundo. Las represas son barreras artificiales edificadas para detener o regular el curso de un río, produciendo un embalse de agua. Antes se construían también para riego o control de inundaciones, pero hoy, en su mayoría, para generar electricidad. La energía hidroeléctrica generada por las represas es barata, pues una vez construida la obra el agua funciona como recurso inagotable que se renueva gratuita y constantemente. Además, es considerada “no contaminante” porque no requiere la quema de combustibles ni la adición de elementos externos al agua. Por ello se han construido tantas represas en muy poco tiempo. En los años 70, cuando se alcanzó un pico en la tendencia, se inauguraban en promedio de dos a tres grandes represas por día en alguna parte del mundo. Pero las centrales hidroeléctricas sí producen impactos ambientales y sociales que no por ser menos conocidos resultan menos nocivos. El peligro está en la falsa creencia de que son una opción verde. Nuestro desafío es informar al público lo que está en juego cuando se detiene el flujo de un río, tal vez para siempre. Impactos de las grandes represas Entre los impactos socio-ambientales más notorios de las grandes represas están el desplazamiento forzado, el empobrecimiento y la pérdida de formas de vida que afectan a las personas. Estas obras también dejan su huella en el ambiente causando deforestación y degradación de ecosistemas, graves daños a la biodiversidad que incluyen la extinción de especies e importantes emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras agravantes del cambio climático. Estos impactos resultan más alarmantes si consideramos que las represas tienen una vida útil limitada, de 50 a 150 años. La CMR fue creada por el Banco Mundial y la Unión Mundial para la Naturaleza en 1998, como respuesta a la creciente oposición mundial a las grandes represas. Su mandato fue revisar la eficacia de las grandes represas y desarrollar lineamientos para su planificación y desarrollo. La Comisión fue integrada por 12 representantes de un amplio espectro de intereses relacionados con represas, incluyendo gobiernos, ONG y operadores de represas, entre otros. El resultado fue el informe Represas y Desarrollo: El Reporte Final de la Comisión Mundial de Represas. Un Nuevo Marco para la Toma de Decisiones, publicado en 2000. En él se concluye que si bien las represas han hecho una contribución importante y significativa al desarrollo humano, otorgando considerables beneficios, el precio ha sido en demasiados casos inaceptable y a menudo innecesario, especialmente en términos sociales y ambientales. Además, la CMR demostró que en muchos casos las represas no logran los beneficios proyectados y que los mismos son en general exagerados. Para conocer más detalles sobre los costos socio-ambientales de las represas, consulta Grandes Represas en América, ¿Peor el Remedio que la Enfermedad?, informe publicado por AIDA en 2009. La represa Belo Monte, construida en el río Xingú en la Amazonía brasileña, es un ejemplo de cómo estas enormes obras de infraestructura pueden traer más problemas que beneficios. De concluirse, Belo Monte será la tercera hidroeléctrica más grande del mundo y ya está causando graves estragos en pueblos indígenas, comunidades ribereñas y en el ambiente. Las irregularidades en torno a la obra se han plasmado en más de 20 acciones judiciales en su contra. En AIDA trabajamos de cerca con las personas afectadas. Conoce más detalles de la obra y de nuestra labor. Lo impactante es que, al final del día, Belo Monte parece no ser tan buena idea. Además de los daños irreversibles y conflictos generados, estudios técnicos dan cuenta que la represa será ineficiente e insuficiente: producirá solo 40% de su capacidad instalada durante los 3 a 5 meses de la temporada seca, y para un óptimo funcionamiento requiere la construcción de represas adicionales río arriba, causando más daños a la selva y sus habitantes. Conclusión Si bien las grandes represas han tenido un importante papel en el desarrollo de los países, no son la panacea de energía limpia que se creía. El hecho de que sus impactos no sean abiertamente conocidos resulta un arma de doble filo, pues se han llegado a promover desmedidamente. También es importante cuestionar el paradigma que plantea el aumento constante del consumo como única vía hacia el crecimiento económico y la prosperidad. A la vez, es crucial promover la eficiencia energética como política pública fundamental en el desarrollo de los países. Las grandes represas solo deberían implementarse tras un análisis real de sus costos y beneficios, teniendo la plena seguridad de que no existen mejores alternativas. De llegarse a esa conclusión, su construcción debe hacerse con plena participación y consentimiento de las comunidades afectadas, y garantizado el cuidado del medio ambiente y el respeto a los derechos humanos. Si los ríos del mundo son como las venas del cuerpo, no es mero romanticismo considerar que el flujo continuo del agua tiene una razón de ser. "Represar el río es como obstruir las venas de una persona. Afecta todo el cuerpo, y después viene la enfermedad. Es lo mismo con el río. El agua, las montañas, la tierra, los animales es la vida de la gente indígena. La vida de la gente está en el agua. Somos como nutrias" (Indígena Embera-Katio, Colombia)
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Cada día escuchamos una nueva historia sobre una comunidad afectada por los cambios extremos en el clima. Son relatos de fuertes sequías que dejan sin alimento al ganado y sin agua a los cultivos, de lluvias que causan serias inundaciones o de olas de calor intenso que provocan incendios forestales. Esta realidad local no puede quedar al margen de las decisiones que se están tomando a nivel internacional sobre el financiamiento de actividades de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Como organización de la sociedad civil, AIDA trabaja para que las preocupaciones de las comunidades más afectadas por esa problemática global sean tomadas en cuenta por gobiernos e instituciones financieras. “Tenemos la capacidad técnica para apoyar las decisiones que los gobiernos deben tomar con relación al cambio climático. Ellos pueden apoyarse en nosotros para dar soluciones efectivas a esa problemática con base en ese conocimiento, investigación, experiencia de trabajo a nivel local y relacionamiento con las comunidades. Las decisiones internacionales tienen incidencia directa en el plano nacional y local porque los proyectos a financiar serán implementados en los países. Malas decisiones se traducirán en malos proyectos”, explica Andrea Rodríguez, abogada de AIDA. Nuestra intención de velar por los intereses de las comunidades más vulnerables nos ha llevado a seguir muy de cerca el desarrollo del Fondo Verde del Clima (FVC), una nueva institución que se espera canalice la mayor cantidad de recursos económicos para que los países en desarrollo enfrenten con éxito el cambio climático. Dada la importancia de integrar la voz local a las discusiones internacionales, nos interesa mucho contribuir a que la participación de la sociedad civil sea cada vez más óptima. En ese sentido, asistimos a la reunión anual de los Climate Investment Funds (CIF), realizada el pasado mes en Montego Bay, Jamaica. Los CIF son fondos multilaterales de financiamiento climático que otorgan recursos a 48 países en desarrollo para que enfrenten los efectos del cambio climático y reduzcan sus emisiones contaminantes. Operan hace seis años y son uno de los mayores fondos internacionales de financiamiento para el clima. Por ello nos pareció útil aprender de su trabajo con miras a fortalecer la participación pública en el FVC, el cual está muy próximo a entrar en operación. En la reunión anual de los CIF, compartimos con los asistentes nuestra experiencia como observadores de la sociedad civil en el Fondo Verde. Aunque aún no podemos acceder a toda la información relativa al Fondo, hemos logrado ser escuchados en consultas con el Secretariado de la institución. “Es importante compartir experiencias de lo que sirve y lo que no, asegurar que la sociedad civil replique las buenas experiencias y corrija las que no han funcionado. La sociedad civil no va a criticar los procesos porque comparte con los otros actores el objetivo común de conseguir un cambio paradigmático ante los impactos del clima”, afirma Rodríguez.
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En la carta, organizaciones de la sociedad civil consideran "indispensable que los miembros del Comité para la Efectividad del Desarrollo (CODE) regresen este primer borrador a la administración para que ésta pueda realizar las modificaciones necesarias. Sin cambios estructurales al borrador propuesto, cuestionamos la relevancia de llevar a cabo la segunda fase del proceso de revisión y consulta". "El debilitamiento de las Políticas Salvaguardas del Banco es evidente a lo largo del borrador de propuesta de Política Social y Ambiental y las Normas Ambientales y Sociales (ESSs, por sus siglas en inglés). En este sentido, una de nuestras principales preocupaciones se refiere a la flexibilización de requisitos básicos del Banco Mundial respecto a realizar la evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales previamente a la aprobación del proyecto. La nueva propuesta aplaza la evaluación de estos riesgos e impactos, sin que sea una condicionante para la aprobación del proyecto, para el momento de la implementación", afirman. Una segunda preocupación se refiere a que el primer borrador cambia significativamente la responsabilidad de la aplicación de las salvaguardas a los prestatarios, sin dejar claro cómo y cuándo se usarán los sistemas de los países prestatarios y sin establecer criterios claros sobre en qué casos esto será aceptable. No se explica cómo esta nueva propuesta ayudará a que el Banco y los prestatarios tomen decisiones para preparar o usar los sistemas de los países prestatarios, de tal manera que las salvaguardas puedan implementarse efectivamente en aquellos países que están inmersos en procesos de debilitamiento de sus marcos ambientales y sociales. "Además, consideramos que la propuesta de borrador deja pasar la oportunidad para cumplir con los más altos estándares internacionales. Sobre esto, nos preocupa que el borrador carece de lenguaje vinculante respecto a los estándares internacionales de derechos humanos y permite a los gobiernos “optar” en cuanto al cumplimiento de la Política de Pueblos Indígenas para proteger los derechos de estos pueblos. Lo anterior socava inequívocamente el consenso internacional con respecto a los derechos específicos y fundamentales de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios, recursos y el curso de su propio desarrollo", expresan.
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