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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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Decisión sin precedentes llama a la transparencia en el uso del dinero de los contribuyentes, sostienen los críticos. Río de Janeiro, Brasil. Una Corte Federal de Apelaciones de Rio de Janeiro (TRF-2) decidió que el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) debe divulgar los informes técnicos utilizados para justificar la aprobación de grandes préstamos. La decisión de la Corte fue producto de una demanda interpuesta en 2011 por Folha de São Paulo, uno de los periódicos brasileños más importantes, después de que el BNDES se negara a brindar acceso a los “informes analíticos” elaborados por el personal del banco para evaluar préstamos mayores a 100 millones de reales (46 millones de dólares) aprobados entre enero de 2008 y marzo de 2011. Los informes analizan la situación de los potenciales prestatarios, la justificación para otorgar el financiamiento y los riesgos crediticios de las operaciones propuestas. A pesar de su status de institución financiera pública, financiada en última instancia por los contribuyentes brasileños, el BNDES se ha negado a publicar estos documentos, amparándose bajo legislación federal relativa al secreto bancario (Ley Complementaria no. 105/2001). El año pasado, un juez federal de Rio de Janeiro, Dario Ribeiro Machado Junior, falló parcialmente en favor de la demanda de Folha de São Paulo, autorizando la divulgación de informes sobre los préstamos del BNDES a empresas públicas, pero no sobre operaciones que involucran compañías privadas. El periódico apeló la decisión ante el TRF-2 solicitando la divulgación de todos los documentos, mientras que el BNDES apeló reclamando que los informes de las operaciones de préstamo permanecieran confidenciales. La semana pasada, en una decisión de 2 a 1, la Corte de Apelaciones determinó que los informes de las operaciones de crédito del BNDES solicitados por Folha de São Paulo deben ser públicos, exceptuando la “información bancaria y fiscal de los prestatarios”. Se espera que el BNDES apele ésta decisión. Al emitir su voto, la jueza Carmen Silvia Lima de Arruda del TRF-2 concluyó que Folha de São Paulo tiene el derecho constitucional, reconocido en una decisión previa de la Corte Suprema, de solicitar la divulgación de documentos del BNDES que ilustren los criterios para la aprobación de créditos. La decisión de Arruda sostiene que “en realidad, el BNDES no publica ninguna información relevante de los análisis efectuados por sus departamentos técnicos para determinar la oportunidad y conveniencia del otorgamiento de créditos. La ausencia de publicidad en relación con dichos criterios en operaciones del BNDES revelan un sistema planificado de oscurantismo”. En esa misma línea, el juez Guilherme Couto de Castro del TRF-2 argumentó en su voto que los documentos del BNDES en relación con operaciones de crédito son “esenciales y de interés público incuestionable, y no deben haber impedimentos para divulgar esta información”. El juez también señaló que un objetivo no declarado del BNDES al denegar el acceso público a los documentos sobre los préstamos, es evitar la divulgación de “favores brindados a los amigos del rey”. Esta desconfianza refleja una creciente controversia sobre la marcada tendencia al interior del BNDES de favorecer a un grupo selecto de poderosos actores corporativos multinacionales brasileros en su cartera de préstamos, y la ausencia de divulgación de los riesgos en la aprobación de préstamos y riesgos crediticios. Un ejemplo particularmente notorio tiene que ver con el magnate minero y petrolero Eike Batista, el llamado ‘campeón nacional’ de las administraciones Lula y Rousseff, quien fue el beneficiario de 10.4 billones de reales (4.175 billones de dólares) en préstamos de bajo interés. Una vez Batista, el individuo más acaudalado de Brasil, cayó en desgracia drásticamente en 2013 cuando una serie de proyectos empresariales de alto riesgo no produjeron las ganancias esperadas por el billonario, se generó una alarma generalizada sobre la falta de un sistema efectivo para manejar los riesgos asociados con préstamos en el BNDES. La decisión del TRF-2 retomó la opinión de la Oficina Federal de Procuradores Públicos (Ministerio Público Federal - MPF). En un documento firmado por el Procurador Federal Luis Pereira Claudio Leiva, el MPF alegó que la transparencia es un elemento esencial en las operaciones del BNDES, dado que es una institución financiera pública financiada por los contribuyentes brasileños que debería estar financiando proyectos de interés público. "Las actuaciones del BNDES merecen severas críticas por ser producto de intereses políticos, con criterios difusos que llegan al extremo de complacer el incumplimiento de los prestatarios y concesionarios”, sostuvo. “Esta sentencia es una victoria para la transparencia. El banco usa el dinero de los contribuyentes para respaldar algunos de los préstamos más riesgosos en Brasil y en el extranjero, y los costos de muchos de estas inversiones terminan siendo asumidos por el público” dijo la abogada brasileña Maíra Irigaray Castro de Amazon Watch. “El BNDES debe abrir sus libros al público brasilero. Esa es la única manera de garantizar que los fondos de los contribuyentes sean usados correctamente”. En Noviembre de 2011, el Congreso brasilero aprobó una ley sobre acceso a la información pública (Ley Federal 12.527/2011) en el contexto de una iniciativa voluntaria conocida como Colaboración para un Gobierno Abierto[1], que permite a los individuos solicitar información a las instituciones gubernamentales, la cual debe ser revelada a menos que exista una justificación sobre la necesidad de mantener confidencialidad. Desde hace mucho tiempo, las organizaciones de la sociedad civil han abogado por la transparencia en los préstamos otorgados por el BNDES en Brasil y en otros lugares, reclamando que el público tiene el derecho de monitorear el uso del capital obtenido de los contribuyentes brasileros. Algunos proyectos controversiales han merecido una atención particular, tal como la mega represa de Belo Monte en la Amazonía brasileña, generosamente financiada por un paquete de préstamos sin precedentes de 25.5 billones de reales (11.6 billones de dólares). A pesar de la nueva legislación, el BNDES ha rechazado sistemáticamente las solicitudes de acceso a la información en aspectos claves de sus operaciones crediticias, así como sobre el análisis de los riesgos sociales, ambientales y económicos. “Esta decisión del TRF-2 es una señal positiva del poder judicial brasileño que representa un pequeño e importante paso para la protección de los derechos humanos y la responsabilidad del BNDES en sus operaciones. Las inversiones del Banco en proyectos de desarrollo a gran escala tales como Belo Monte y otras grandes represas en la Amazonía, han tenido serios impactos en el ambiente y en los derechos humanos de las comunidades” dijo María José Veramendi de AIDA. “Belo Monte, por ejemplo tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la falta de protección de las comunidades indígenas afectadas”. Ausencia de transparencia vinculada a la salvaguardas sociales y ambientales deficientes En febrero de 2012, la agencia federal de medio ambiente, IBAMA, multó a Norte Energia, S.A. (NESA), el consorcio de capital público y privado concesionario del complejo Belo Monte, por un total de 7 millones de reales por haber incumplido con la implementación de las acciones requeridas para mitigar los impactos sociales y ambientales del proyecto, conforme a lo estipulado en las licencias concedidas en 2010 y 2011. La multa, en apelación ante el IBAMA, aparentemente no generó ninguna acción concreta por parte del BNDES para abordar el incumplimiento de la legislación ambiental. Durante la implementación de los proyectos financiados por el BNDES, el monitoreo de la legislación ambiental y de derechos humanos, incluyendo el cumplimiento con otras condiciones específicas para los préstamos, ha sido notoriamente deficiente, señalan los críticos. Cuando las violaciones han sido documentadas el BNDES ha fallado en tomar acciones correctivas, incluyendo la suspensión de los desembolsos de los préstamos, a menos que las licencias ambientales sean suspendidas por el IBAMA o una decisión judicial. De acuerdo con Brent Millikan de International Rivers, la suspensión de las licencias ambientales es poco probable, dado el alto nivel de intervención al interior del IBAMA y el poder judicial. El número de acciones públicas impetradas contra los proyectos financiados por el BNDES por violaciones de los derechos de las comunidades afectadas, de los derechos laborales en los sitios de construcción y de la legislación ambiental se ha vuelto un foco de atención en Brasil. Un estudio publicado recientemente por las revistas de investigación Agência Pública y O ECO identificó un total de 80 acciones presentadas por Procuradores Públicos estatales y federales contra 17 de 20 grandes proyectos de infraestructura financiados por BNDES en la Amazonía brasileña entre el 2008 y el 2012. De acuerdo con el informe las motivaciones más comunes para las demandas incluyen evaluaciones de impacto ambiental defectuosas, ausencia de consulta previa con las comunidades afectadas, ausencia de cumplimiento con las condicionantes de las licencias ambientales y violaciones de los derechos de los trabajadores en los sitios de construcción, incluyendo condiciones inseguras de trabajo que contribuyen a muertes accidentales. El “campeón” entre los proyectos de infraestructura bajo litigio es Belo Monte, con 21 demandas presentadas por más de una década. En septiembre el Ministerio Público Federal (MPF) presentó una demanda que incluía al BNDES como co-demandado con Norte Energia y el IBAMA, alegando una falencia crónica de evaluar y mitigar los impactos ambientales sobre el pueblo indígena Xikrin que vive cerca del sitio de construcción de la represa en el río Xingu. Para mayor información: Leer el comunicado de prensa del Ministerio Público Federal (en portugués) Leer el artículo en Folha de São Paulo sobre la demanda (en portugués) Artículo relacionado con la decisión del TRF-2 (en portugués) Leer el artículo de Bloomberg “Batista Collapse Has Prosecutors at BNDES's Door” (en inglés) Ver el artículo de los periodistas de investigación sobre las acciones civiles contra los proyectos de infraestructura en la Amazonía brasileña financiados por el BNDES (en portugués) Ver el comunicado de prensa del MPF sobre la nueva demanda por las violaciones a los derechos del pueblo indígena Xikrin y la legislación ambiental en Belo Monte, incluyendo al BNDES como demandado (en portugués): [1] http://www.opengovpartnership.org/
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Por Jessica Lawrence, anapsta investigadora de Earthjustice Una de las metas constantes de Earthjustice y de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) ha sido alertar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en tribunales nacionales y foros internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre violaciones ambientales y de derechos humanos asociadas con minas y represas. Los pueblos indígenas son particularmente vulnerables a los efectos nocivos que las industrias extractivas y energéticas tienen en sus territorios. El pasado abril, Earthjustice y AIDA proporcionaron evidencia de esos daños, así como recomendaciones acerca sobre cómo evitarlos, al experto en derechos indígenas de la ONU James Anaya, quien recientemente pubpcó un informe sobre las industrias extractivas y energéticas y los pueblos indígenas. Los comentarios (en inglés)de Earthjustice y AIDA se enfocaron en el cierre de minas, describiendo cómo el inadecuado cierre, restauración o monitoreo puede causar una contaminación ambiental severa y de largo plazo, y violar derechos humanos e indígenas. Identificamos las medidas que los países pueden adoptar para prevenir esos problemas, incluyendo la promulgación de leyes estrictas sobre la responsabipdad de los operadores mineros, y la exigencia de que éstos brinden garantías financieras para asegurar una adecuada pmpieza durante y después del cierre de una mina. Dichas medidas pueden ayudar a proteger los derechos humanos a la salud, al agua potable y a un ambiente sano, así como los derechos indígenas a la cultura, apmentación y medios de subsistencia, sus tierras y recursos naturales. El informe de Anaya incluye una serie de recomendaciones que tienen imppcaciones ambientales y de salud. Las recomendaciones clave incluyen: Garantizar el derecho de las comunidades indígenas a oponerse a proyectos extractivos y energéticos sin miedo a represapas, violencia o consultas coercitivas. Si un gobierno decide continuar un proyecto sin su consentimiento, las comunidades indígenas deben ser capaces de impugnar esa decisión ante las cortes. Las Evaluaciones de impacto ambiental rigurosas deben ser una precondición. Las comunidades indígenas deben tener la oportunidad de participar en esas evaluaciones, y tener acceso total a la información recabada. Los gobiernos deben garantizar la objetividad de las evaluaciones de impacto, ya sea a través de revisiones independientes o asegurando que las evaluaciones no son controladas por los promotores del proyecto. Las medidas para prevenir los impactos ambientales, particularmente aquellas que impactan en la salud o la subsistencia, deben incluir monitoreos con la participación del púbpco, así como medidas que aborden el cierre del proyecto. Si los gobiernos y los operadores de los proyectos siguieran las recomendaciones de Anaya, se reducirían sustancialmente los daños ocasionados a pueblos indígenas por la conducta frecuentemente vergonzosa e irresponsable de las industrias extractivas y energéticas. AIDA, a quien Earthjustice brinda apoyo significativo, trabaja con comunidades locales para responder ante violaciones a derechos humanos derivadas de las industrias extractivas en todo el hemisferio, incluyendo los casos de la represa Barro Blanco en Panamá, la represa Belo Monte en Brasil, la represa La Parota en México, y las minas en ecosistemas andinos de Colombia.
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DR. JIM YONG KIM PRESIDENT THE WORLD BANK GROUP Dear Dr. Kim: We are writing to express our deepest concern regarding the World Bank Group decision to start financing and promoting large hydroelectric projects as “sustainable energy.” We urge you to review the information about negative impacts that large dams have had on the environment and human rights in the Americas, and to reconsider that decision. Large dams commonly cause severe harm to the environment. Underwater decomposition of trees and plants releases major quantities of methane, contributing to climate change. Large dams degrade water quality and sanitation both upstream and downstream from the artificial modification of river systems. Degradation of aquatic ecosystems leads to loss of biodiversity. Seismic instability is another common consequence of dam construction. These environmental harms often violate human rights protected by international legal instruments. These projects repeatedly generate health risks, block access to traditional food sources, and interfere with the ability to earn a livelihood. They displace entire communities, interfering with the human rights to freedom of movement, property, housing, and just compensation. State sponsors of large dams routinely fail to produce comprehensive environmental and social impact assessments, which are required by international law. Access to the information that should be provided by such an assessment is essential to ensuring the human rights to informed consent and prior consultation. Specific international laws and standards that apply to indigenous, afro-descendant and tribal peoples are routinely ignored. In some cases, public protest to ill-considered dam projects is criminalized, contrary to international human rights law. Many organizations and institutions, including the World Commission on Dams, have identified these negative consequences. AIDA has also produced a report analyzing the effects of large dams on the environment and human rights, “Large Dams in the Americas.” The executive summary of the report (in English) and the full version (in Spanish) are attached to this letter. AIDA stands with the World Bank Group in supporting development in Latin America. But that development should be sustainable. It should not come at the expense of the environment and human rights. Promotion of truly renewable resources, including wind, solar, and geothermal energy, can also encourage development that sustains growing economies, thriving environments, and respect for human rights. We insist that the World Bank Group finance only projects that abide by international law and standards, and give due and full consideration to alternative energy sources and efficiency measures. We would be more than happy to help the World Bank Group to drive true, sustainable development and to promote projects that increase human well-being while also protecting the environment and human rights. We hope you find this information useful and incorporate it into World Bank policy.
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