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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna, y Marcus Pearson, voluntario de AIDA (artículo publicado originalmente en inglés en Respond/RTCC Magazine) El Fondo Verde Climático (FVC) fue creado como respuesta efectiva a los impactos del cambio climático mediante la canalización de recursos financieros de países desarrollados a países en desarrollo. ¿Será una realidad? En noviembre, la Conferencia de las Partes (COP) brindará a los países en desarrollo la oportunidad de presionar al mundo desarrollado por compromisos financieros significativos para asegurar la viabilidad a largo plazo del FVC. El Fondo Verde Climático (FVC) fue creado en 2010 durante la 16a Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Su misión es canalizar recursos financieros públicos y privados a países en desarrollo para ayudarlos a mitigar y adaptarse a los impactos del cambio climático mediante programas bajos en emisiones y resilientes al clima. Sin embargo, casi cuatro años después de su creación, el FVC aún no tiene recursos para desembolsar. La Junta del FVC se ha reunido cuatro veces y sólo con resultados limitados. En la primera reunión, celebrada en Ginebra en agosto del 2012, la Junta eligió a dos copresidentes interinos: Zaheer Fakir de Sudáfrica y Ewen McDonald de Australia. Conformó además comités, designó al Banco Mundial como Fideicomisario Provisional, y aceptó invitar a organizaciones observadoras a participar, aunque de forma limitada. La falta de consenso estancó las decisiones en la reunión de octubre de 2012 en Corea del Sur, donde el único movimiento importante fue hacer de Songdo, Corea del Sur, la sede del FVC. Mayores avances ocurrieron en la reunión de febrero de 2013 en Berlín. La Junta adoptó reglas de procedimiento para regir sus acciones, regular la selección de miembros, y definir la participación y el rol de los observadores de la sociedad civil. Ello sentó las bases para que el FVC lleve a cabo su misión. En la reunión de junio de 2013 en Corea del Sur, la Junta discutió el modelo de negocio (BMF por sus siglas en inglés) del FVC, así como las políticas, directrices y estructuras organizacionales requeridas para que sus operaciones comiencen. Además, la Junta escogió la estructura de gobernanza de la facilidad para el sector privado (PSF por sus siglas en inglés) [i] y nombró a Hela Cheikhrouhou, de Túnez, Directora Ejecutiva de la Secretaría del FVC. La quinta reunión en París podría abordar las muchas cuestiones aún pendientes para que el FVC entre en funcionamiento efectivo. Para ello, la Junta debe superar su hasta ahora percibida ineficacia. Preocupaciones de la sociedad civil Las organizaciones de la sociedad civil (CSOs) están preocupadas por el futuro y el proceso de toma de decisiones del FVC. La incertidumbre sobre el financiamiento es quizás la principal cuestión. La Junta Directiva del FVC ha empezado a identificar áreas de proyecto y a definir criterios para asignar recursos, pero los países desarrollados todavía tienen que comprometer recursos significativos. Compromisos concretos son esenciales para asegurar la disponibilidad de recursos previsibles y necesarios para lograr resultados a largo plazo para mitigar y protegerse de los impactos del cambio climático. Las CSOs también temen que la falta de transparencia y rendición de cuentas debilitará el FVC. La transparencia no parece ser una prioridad para la Junta. Por ejemplo, la Junta ha decidido no transmitir en vivo sus reuniones, aunque la CMNUCC comúnmente sí lo hace, lo que ayudaría a reducir costos y emisiones de carbono asociadas con los viajes. Si el FVC ya transmite las reuniones a los observadores sentados en una sala anexa, ¿por qué no transmitirlas en vivo? El temor de las CSOs es que la Junta no quiera realizar reuniones abiertas al público. La falta de rendición de cuentas continúa siendo una preocupación, particularmente debido a la poca oportunidad brindada a la sociedad civil para participar en el proceso de toma de decisiones. El FVC movilizará recursos financieros de ambos sectores, el público y el privado, y la vigilancia de la sociedad civil es necesaria para asegurar que las políticas no respondan a los intereses de inversión del sector privado, sino a las necesidades de los más vulnerables. Más aún, la Junta no concede oportunidades de participación significativas a las CSOs. El FVC publica documentos antes de las reuniones, pero sin dar el tiempo suficiente para que muchas CSOs revisen y comenten las propuestas [ii]. Entretanto, sólo dos representantes de las CSOs pueden participar activamente y en persona de las reuniones de la Junta y, aun así, es posible que no se les permita hablar o acercarse a los miembros de la Junta [iii]. Estas prácticas ponen en duda la legitimidad del FVC. A nivel global, las CSOs juegan un rol vital en el desarrollo de políticas de cambio climático ya que informan a los tomadores de decisiones sobre problemáticas y necesidades locales, y proporcionan ejemplos sobre mejores prácticas para la asignación de recursos. Dado que el mandato del FVC hace hincapié en la rendición de cuentas, las CSOs deberían tener acceso a los representantes de gobiernos y a la información en reuniones abiertas y transparentes. COP19: ¿Una oportunidad para el FVC? La COP19, a celebrarse en noviembre en Varsovia, mostrará al mundo si el FVC puede convertirse en un motor eficaz para el financiamiento al cambio climático en los países en desarrollo. En esta conferencia, los países en desarrollo deben lograr compromisos concretos y firmes para la adaptación y mitigación al cambio climático. Sólo un financiamiento garantizado permitirá a la Junta tomar decisiones efectivas respecto de la distribución de recursos, o proporcionar a los países en desarrollo un panorama claro de la cantidad de recursos disponibles. La Junta Directiva del FVC debe buscar –y recibir– orientación ya que muchos de los asistentes a la COP se beneficiarán de los recursos del Fondo. Los países pueden usar la COP para dar consejos sobre las políticas del FVC, compartir sus necesidades prioritarias de financiamiento, y recomendar criterios para garantizar el acceso a los recursos. La COP también dará a los representantes de las CSOs la oportunidad de plantear preguntas y resaltar prácticas contraproducentes. Conclusiones La COP representa una oportunidad para que los países desarrollados se comprometan con los objetivos establecidos por el FVC, y otorguen el financiamiento que desesperadamente se requiere. Las partes y las CSOs deben usar la COP –el órgano de monitoreo del FVC– como una herramienta para mejorar la responsabilidad, la inclusión y la transparencia del Fondo, de modo tal que el FVC pueda realmente trabajar en beneficio de las poblaciones más vulnerables en los países en desarrollo. La COP debería ser un punto de referencia para el avance del FVC en lugar de un evento más en el que los países desarrollados se feliciten a sí mismos por los poco significativos avances. [i] El PSF permitirá al FVC financiar directa o indirectamente las actividades de mitigación y adaptación del sector privado a nivel nacional, regional e internacional. [ii] En la reunión de junio en Corea del Sur, los documentos fueron publicados menos de dos semanas antes de la reunión, en lugar de 21 días antes como se indica en la decisión sobre reglas adicionales de procedimiento tomada en Berlín. [iii] Fue el caso del último día de reunión en Songdo.
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Por Héctor Herrera, asesor legal de AIDA y coordinador de la Red de Justicia Ambiental en Colombia, @RJAColombia El cambio climático global, causado por la humanidad, es una realidad que impacta e impactará seriamente en las poblaciones humanas del continente americano y del mundo. Muchos ya creen en el fenómeno y en sus probables efectos. Muchos otros simplemente no le prestan atención o lo niegan. De hecho, la iniciativa “Climate Name Change” hizo una lista de los senadores “negacionistas (en inglés)” de Estados Unidos, país con las mayores emisiones de gases de efecto invernadero en el hemisferio. Vea el video Climate Name Change (en inglés). Fuente: YouTube Una nueva prueba científica contundente fue publicada este año: la primera parte del quinto reporte del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), comisionado por los gobiernos de 195 países y en el que participaron más de 800 científicos del sur y el norte global. Entre otras realidades, el reporte más reciente del IPCC (en inglés) evidencia: · Que el cambio climático es “inequívoco”, · Que la certeza sobre la responsabilidad humana en el tema es del 95%, · Que la temperatura del planeta aumentó 0,85ºC entre 1880 y 2012, · Que el nivel del mar subió 0,19 metros entre 1901 y 2010, · Que la temperatura del planeta podría subir entre 1,5ºC y 4,5ºC para el 2100, y · Que el nivel del mar podría subir entre 26 y 82 centímetros para 2100. Existe entonces unanimidad científica acerca del cambio climático, el cual incide negativamente en los derechos humanos como expongo enseguida. Vale la pena recordar que, en 2008, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigar la relación entre el cambio climático y los derechos humanos. En ese marco, AIDA publicó en 2011 el informe Cambio Climático y Derechos Humanos en América Latina: Una Crisis Humana. En él se explica cómo los impactos del cambio climático afectan el ejercicio de los derechos humanos en América Latina. La conclusión principal de ese informe es que la CIDH debe reconocer las implicaciones negativas del cambio climático sobre los derechos humanos y realizar recomendaciones a los Estados miembros de la OEA para que cumplan con sus obligaciones de proteger y garantizar los derechos humanos frente a dicho fenómeno. Entre los efectos nocivos del cambio climático, el informe de AIDA menciona, entre otros, la pérdida de recursos de agua dulce y sequías, las tormentas e inundaciones extremas, la elevación del nivel del mar, y el incremento de incendios forestales y de enfermedades transmitidas por el calor y por vectores. Estos impactos, evidencia el documento, afectarán negativamente el disfrute de derechos humanos como el derecho a un ambiente sano, a una vida digna, a la salud, a la alimentación, a la vivienda adecuada, y al agua de millones de personas en todo el continente americano. Ante tal escenario, AIDA señala la importancia de reconocer que hay comunidades más vulnerables que otras por estar en situación de pobreza o por haber sido discriminadas históricamente. Apunta además a que la responsabilidad de los Estados es compartida pero diferenciada. Ello quiere decir que tienen más responsabilidad los Estados que históricamente han contaminado más. En su parte final, el informe de AIDA recomienda que los Estados y otros actores relevantes, como organizaciones intergubernamentales e instituciones financieras internacionales, adopten y promuevan medidas para evitar que los impactos del cambio climático violen los derechos humanos. Lo cual, claro, alude a un nivel institucional, pero en un plano personal también se puede actuar: informarse, participar, emprender acciones para reducir las propias emisiones de gases de efecto invernadero: por ejemplo caminar más y andar en bicicleta, reducir el consumo de electricidad o de carne, etc. En suma, la comunidad científica tiene certeza sobre la realidad del cambio climático de origen humano. Además, como demuestra AIDA en su informe, los impactos del cambio climático afectarán los derechos humanos en América Latina. ¡Es hora de actuar! Para conocer más información relevante sobre el tema, puede consultar la sección correspondiente en el sitio web de AIDA.
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Por Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, @sandra_moguel LaIniciativa Internacional de Arrecifes de Coral(ICRI por sus siglas en inglés) —integrada por representantes de gobiernos, científicos y sociedad civil— se reúne cada año y constituye un foro de discusión y acuerdo sobre temas prioritarios para la protección de los arrecifes de coral en el mundo. En esta ocasión, la cita tuvo lugar en la ciudad de Belice del 14 al 17 de octubre bajo el auspicio de los gobiernos de Australia y Belice, a cargo del Secretariado de la ICRI. La ICRI también puede ser definida como una plataforma informal entre Estados y organizaciones. Fue creada ante la preocupación por la degradación que los corales están sufriendo, principalmente a causa de actividades humanas como la contaminación terrestre y el anclaje, entre otros. Su trabajo gira en torno a los siguientes objetivos: 1) Exhortar a la adopción de mejores prácticas de manejo de arrecifes de coral y ecosistemas asociados; 2) Crear capacidades; y 3) Incrementar el conocimiento sobre la importancia de los arrecifes de coral y los servicios ambientales que prestan. A pesar que las decisiones de la ICRI no son vinculantes entre sus integrantes, éstas han sido cruciales a la hora de resaltar la importancia de los servicios ambientales que los arrecifes de coral y sus ecosistemas relacionados proporcionan para garantizar sostenibilidad ambiental, seguridad alimentaria, así como bienestar social y cultural. Documentos de Naciones Unidas retoman y mencionan el trabajo de la ICRI, con lo cual se reconoce su labor de cooperación en la arena internacional. El trabajo de AIDA no es ajeno a este contexto. Una de las metas de su Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera es lograr que los arrecifes de América Latina estén legalmente protegidos y sean manejados de tal manera que se asegure su integridad biológica. Por ello decidimos solicitar la membrecía a la ICRI y formar parte de esta plataforma de diálogo. Con nuestra participación en Belice, buscamos identificar oportunidades para expandir nuestro trabajo a países de alta prioridad e islas del continente americano. También consideramos importante poner a consideración de la ICRI nuestro expertise en derecho internacional y las alianzas con nuestras organizaciones participantes para incorporar el tema legal a la discusión de la Iniciativa. Existen en ella comités ad hoc muy interesantes. Nos interesó particularmente el de valoración económica de los servicios ambientales de los arrecifes y ecosistemas adyacentes, el cual aborda además la compensación; y el comité de aplicación de la ley, mismo que realiza investigaciones sobre la valoración de evidencia y la estandarización de las normas en los diversos países. Colombia, Costa Rica, Granada y Panamá —así como la Asociación de Servicios Ecosistémicos Marinos (MESP por sus siglas en inglés) — se sumaron como integrantes de la ICRI durante la reunión en Belice. En el encuentro se hizo la presentación formal de la Estrategia Regional para el Control del Pez León [1] Invasor en el Gran Caribe, liderada por el representante de México ante la ICRI, Ricardo Gómez. Por otro lado, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) presentó la publicación Status y Tendencias de los Arrecifes de Coral del Caribe (Status and Trends of Caribbean Coral Reefs: 1970-2012), editado por Jeremy Jackson, Mary Donovan y otros. En ese documento se estudian patrones de cambio en los arrecifes como la sobrepesca, la contaminación costera, el calentamiento global y las especies invasoras, entre otros. El análisis concluye que la sobrepoblación turística y la sobrepesca son los dos principales indicadores del decline de la cobertura de coral en los últimos 40 años. La contaminación costera se ha incrementando indudablemente, pero no se tienen datos específicos para realizar una estimación al respecto. El calentamiento global es una amenaza, aunque de importancia limitada y local por ahora. A raíz del estudio, los delegados de la ICRI aprobaron una Recomendación para exhortar a los países a prohibir todo tipo de arte de pesca de pez loro en arrecifes de corales (en inglés) y ecosistemas adyacentes, y proveer de alternativas económicas a los pescadores afectados. También se impulsó una propuesta para incrementar los acuerdos de co-manejo entre gobiernos y sociedad civil. En la reunión se habló además de una simplificación y estandarización del monitoreo de arrecifes y de hacer disponibles los resultados una través de una base de datos anual que facilite el manejo adaptativo. Ello estaría acompañado de un intercambio de datos para que los manejadores locales se beneficien de las experiencias de otros. En el cierre del evento, se revisó el Plan de Acción (en inglés) de la ICRI y tuvo lugar la ceremonia de traslado del Secretariado a Japón y posiblemente a Tailandia, quienes tendrán a su cargo la administración de la ICRI a partir de 2014. Disfruté mucho de la compañía y del trabajo en equipo de mi colega y amiga Haydée Rodríguez, asesora legal de AIDA, con quien me comunico a diario, aunque no la vea físicamente. Me gustó mucho discutir aspectos científicos y de manejo con expertos en áreas marinas protegidas de distintos países. Pese a que se enfrentan a problemas similares, éstos se resuelven de diferente forma y las soluciones no siempre son replicables. Desde mi perspectiva, el mayor reto para la ICRI es el financiamiento de la plataforma. También me parece importante invitar a nuevos integrantes para que exista mayor representatividad tanto de los gobiernos como de los demás sectores: científicos y sociedad civil. Ver post El Pez León y la necesidad de combatir especies invasoras(20-noviembre-2012)
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