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Foto: Ana Rodríguez Carrington (CC BY 2.0)Victoria: Reserva de la Biósfera, a Salvo de una Mina Tóxica
Conocido como un “tesoro ecológico”, la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, ubicada en el extremo sur de Baja California, no será dañada por desechos mineros tóxicos, en parte gracias al trabajo de AIDA.
La reserva era una isla por lo que alberga especies raras de plantas y animales. En su cordillera de granito y en sus bosques tropicales de tierras bajas existen cañones, pozas y aguas termales.
Gracias a AIDA y a nuestros socios en México, el gobierno de ese país negó el permiso ambiental para la mina de oro Paredones Amarillos, frenando el proyecto por ahora. Para proteger a la reserva, AIDA contribuyó a educar a grupos comunitarios y tomadores de decisión sobre los riesgos de la mina. Ello ayudó a construir el momento político necesario para que el gobierno niegue el permiso.
Para extraer oro de las montañas, la empresa canadiense Vista Gold propuso arrancar cantidades enormes de roca —cada tonelada con solo un gramo de oro–, molerla hasta convertirla en lodo y tratar éste con cianuro. La empresa planeaba arrojar grandes cantidades de residuos tóxicos (llamados “colas”) detrás de una presa en la que se pretendía almacenarlos para siempre. Desafortunadamente, los diques de colas se pueden romper por varias razones, como ocurrió en 1996 con la mina Porco en Bolivia. Cuando esa presa se derrumbó, más de un cuarto de millón de toneladas métricas de relaves inundaron un río y contaminaron 800 kilómetros de cursos de agua en Bolivia, Argentina y Paraguay.
La mina podría también haber causado drenaje ácido de minas. Cuando rocas que contienen sulfuro son expuestas al aire y al agua, se produce ácido sulfúrico, el cual causa que metales pesados tóxicos se disuelvan y se filtren en la cuenca hídrica. El riesgo de drenaje ácido de minas en Sierra La Laguna fue significativo y el costo humano y ambiental hubiera sido terrible: miles de personas y un sinnúmero de vida silvestre dependen del agua del sitio para sobrevivir.
El agotamiento del agua dulce era una amenaza más porque las minas usan ingentes cantidades de agua. Debido a la escasez de agua en la reserva, Vista Gold propuso construir una planta en la costa del Pacífico para remover la sal del agua de mar en un proceso que consume mucha energía, para luego bombearla 45 kilómetros hacia la mina. La planta desalinizadora implicaba una amenaza para la tortuga marina baula, especie en peligro de extinción.
Solos y en conjunto, los impactos de la mina habrían devastado una joya rara, un paraíso único y exuberante que vale la pena preservar para las generaciones futuras.
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Leer másBelo Monte: La urgencia de proteger efectivamente los derechos humanos
Un día como hoy, hace cuatro años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado brasileño adoptar medidas cautelares para prevenir daños irreparables a los derechos de los miembros de las comunidades indígenas de la cuenca del Río Xingú (afluente del Amazonas), incluidas aquellas en aislamiento voluntario. La vida e integridad de esas personas estaba, y aún está, en riesgo por el impacto de la construcción de la represa Belo Monte, la tercera más grande del mundo. Lo que en ese momento fue una victoria para las comunidades y las y los defensores de derechos humanos se fue diluyendo con el tiempo, así como la confianza en la CIDH como órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) a cargo de velar por la protección de los derechos humanos en el continente. En noviembre de 2010, AIDA y organizaciones colegas en Brasil solicitamos las medidas cautelares a la Comisión en un contexto de gravedad y urgencia caracterizado por: Un proceso de licenciamiento irregular. Una evaluación de impacto ambiental y social (EIAS) insuficiente, sólo estaba en portugués y no contenía todos los posibles impactos del proyecto ni las medidas de mitigación para garantizar los derechos de las comunidades. El incumplimiento de las más de 60 condicionantes ambientales, sociales e indígenas establecidas comosalvaguardas de los derechos de los afectados en la licencia previa del proyecto. Ausencia de consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas. En respuesta, la CIDH solicitó a Brasil suspender inmediatamente el proceso de licenciamiento de la hidroeléctrica e impedir cualquier obra hasta que se cumplan ciertas condiciones: Realizar procesos de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para llegar a un acuerdo con cada comunidad afectada. Garantizar que las comunidades indígenas afectadas accedan a la EIAS del proyecto en un formato comprensible que incluya la traducción a idiomas indígenas. Adoptar medidas para proteger la vida e integridad personal de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y para prevenir la diseminación de enfermedades y epidemias entre las comunidades indígenas afectadas. La respuesta de Brasil y la OEA El Gobierno brasileño rechazó las medidas, calificándolas de precipitadas e injustificadas; llamó a consulta a su Embajador ante la OEA; retiró a su candidato para Comisionado de la CIDH; y, argumentando austeridad económica, ordenó la suspensión de los fondos para la Comisión y para su contribución anual a la OEA. Foto: Una de las 3000 casas demolidas por Norte Energía para paso al embalse de la represa. Crédito: Letícia Leite/Instituto Socioambiental (ISA) El panorama se tornó más sombrío cuando el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, declaró a la BBC: "La CIDH hace recomendaciones. Nunca son ordenes obligatorias para los países…ningún país estará violando ningún tratado si no hiciera lo que la Comisión le pide. La Comisión como tal no tiene fuerza obligatoria". Esas declaraciones destructivas dieron pie a que los Estados inconformes con decisiones de la CIDH iniciaran unproceso de reforma al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH) que duró más de dos años e intentó debilitar los mecanismos de la Comisión. Un paso atrás El 29 de julio de 2011, a cuatro meses de otorgar las medidas cautelares, la Comisión las modificó. Retiró su solicitud de suspensión del licenciamiento y de las obras del proyecto bajo el argumento de que el asunto de fondo era el debate sobre la consulta previa y el consentimiento informado. De ese modo, la CIDH solicitó a Brasil adoptar medidas para proteger la vida y la integridad personal y cultural de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, así como la salud y el territorio de todas las comunidades indígenas afectadas. Esta modificación representó un gran retroceso no solo para las comunidades indígenas del Xingú, sino también para las miles de comunidades de la región cuyas vidas e integridad personal están en riesgo por la inadecuada implementación de proyectos como Belo Monte. Las comunidades indígenas de Brasil tenían la esperanza de que la Comisión mantuviera la solicitud de suspensión de la represa, y los protegiera mientras tomaba una decisión sobre su caso, el cual fue presentado en 2011 por AIDA y organizaciones colegas de Brasil. Contra reloj Tras cuatro años, Brasil no solo ha incumplido las medidas cautelares, sino que ha solicitado reiteradamente que éstas sean levantadas bajo sus propias condiciones. Peor aún, el Estado ha permitido la continuidad de la construcción de la represa Belo Monte, la cual tiene un avance del 70%. Foto: Construcción de la represa Belo Monte sobre el río Xingú, Brasil, junio de 2014. Crédito: Programa de Aceleración del Crecimiento (Creative Commons). Hace un par de meses, Norte Energía S.A., la empresa a cargo de la construcción, solicitó la licencia de operaciónde la represa al Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Una vez otorgada la licencia, comenzará el relleno del embalse de la hidroeléctrica y con él la inundación de una parte de la selva del Amazonas casi de la mitad de tamaño de la ciudad de Río de Janeiro. Por otro lado, la Comisión aún no ha transmitido al Estado brasileño la petición del caso en el que se debería tratar la existencia o no de un proceso de consulta previa a la autorización del proyecto. Ello ocurre pese a que, al modificar las medidas cautelares, la propia Comisión señaló que dicha discusión se debía realizar en el marco de una petición.¿Cuál es el riesgo? Que la Comisión tome una decisión sobre el caso cuando sea demasiado tarde. Un gran reto Aunque se han registrado avances mínimos en la protección de las comunidades indígenas afectadas por Belo Monte como consecuencia directa de las medidas cautelares, los cuales no han sido reconocidos oficialmente por el Estado, el camino recorrido ha evidenciado que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no es perfecto y que es vulnerable a presiones políticas. Es urgente superar esa vulnerabilidad siendo que el objetivo final es tener un Sistema realmente eficiente para los destinatarios de su protección: las víctimas de violaciones de derechos humanos. En ese contexto y a cuatro años de lo que parecía una importante conquista, Belo Monte nos ha enseñado que el acceso a un sistema de protección de derechos humanos no puede estar supeditado a la agenda económica y política de algunos Estados, no si buscamos la protección efectiva de los derechos humanos en la región. En el actual contexto regional, el Sistema tiene y tendrá bajo su conocimiento muchos más casos como Belo Monte. Si bien no son casos fáciles de resolver, no podemos elegir la inacción frente al sufrimiento de miles de víctimas. La CIDH está aún a tiempo de actuar y esperamos que Belo Monte pase de un ser un retroceso a ser un ejemplo de avance en el acceso a la justicia. AIDA no cesará en sus esfuerzos por lograr que el ambiente y los derechos de las comunidades de la cuenca del Xingú en Brasil sean plenamente respetados.
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