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Foto: Ana Rodríguez Carrington (CC BY 2.0)Victoria: Reserva de la Biósfera, a Salvo de una Mina Tóxica
Conocido como un “tesoro ecológico”, la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, ubicada en el extremo sur de Baja California, no será dañada por desechos mineros tóxicos, en parte gracias al trabajo de AIDA.
La reserva era una isla por lo que alberga especies raras de plantas y animales. En su cordillera de granito y en sus bosques tropicales de tierras bajas existen cañones, pozas y aguas termales.
Gracias a AIDA y a nuestros socios en México, el gobierno de ese país negó el permiso ambiental para la mina de oro Paredones Amarillos, frenando el proyecto por ahora. Para proteger a la reserva, AIDA contribuyó a educar a grupos comunitarios y tomadores de decisión sobre los riesgos de la mina. Ello ayudó a construir el momento político necesario para que el gobierno niegue el permiso.
Para extraer oro de las montañas, la empresa canadiense Vista Gold propuso arrancar cantidades enormes de roca —cada tonelada con solo un gramo de oro–, molerla hasta convertirla en lodo y tratar éste con cianuro. La empresa planeaba arrojar grandes cantidades de residuos tóxicos (llamados “colas”) detrás de una presa en la que se pretendía almacenarlos para siempre. Desafortunadamente, los diques de colas se pueden romper por varias razones, como ocurrió en 1996 con la mina Porco en Bolivia. Cuando esa presa se derrumbó, más de un cuarto de millón de toneladas métricas de relaves inundaron un río y contaminaron 800 kilómetros de cursos de agua en Bolivia, Argentina y Paraguay.
La mina podría también haber causado drenaje ácido de minas. Cuando rocas que contienen sulfuro son expuestas al aire y al agua, se produce ácido sulfúrico, el cual causa que metales pesados tóxicos se disuelvan y se filtren en la cuenca hídrica. El riesgo de drenaje ácido de minas en Sierra La Laguna fue significativo y el costo humano y ambiental hubiera sido terrible: miles de personas y un sinnúmero de vida silvestre dependen del agua del sitio para sobrevivir.
El agotamiento del agua dulce era una amenaza más porque las minas usan ingentes cantidades de agua. Debido a la escasez de agua en la reserva, Vista Gold propuso construir una planta en la costa del Pacífico para remover la sal del agua de mar en un proceso que consume mucha energía, para luego bombearla 45 kilómetros hacia la mina. La planta desalinizadora implicaba una amenaza para la tortuga marina baula, especie en peligro de extinción.
Solos y en conjunto, los impactos de la mina habrían devastado una joya rara, un paraíso único y exuberante que vale la pena preservar para las generaciones futuras.
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AIDA y Organizaciones Participantes Llevan el Caso de La Oroya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA: 21 de marzo de 2007 Contactos: Astrid Puentes, AIDA (+5255) 52120141 [email protected] Martin Wagner, Earthjustice (510) 550-6700 [email protected] Carlos Chirinos (+511) 422-2720 [email protected] Petitorio ante la CIDH: “Respiremos esperanza en Lugar de plomo en La Oroya” Lima, Perú — 21 de marzo de 2007, en los salones del Colegio de Abogados de Lima, Perú, se llevó a cabo en presencia de los principales medios de prensa locales y extranjeros, la conferencia de prensa para anunciar la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del caso de La Oroya, por la violación a los derechos humanos derivados de las emanaciones tóxicas del Complejo Metalúrgico que se ubica en esta ciudad. La petición interpuesta por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earthjustice, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y Carlos Chirinos, abogado peruano, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental(SPDA), busca establecer la responsabilidad del Estado respecto de la actividad metalúrgica que ha ocasionado graves impactos en la salud, la vida y la integridad de las personas, en particular de los niños, niñas y madres gestantes. La conferencia “Respiremos esperanza en lugar de plomo en La Oroya” estuvo a cargo del Dr. Carlos Chirinos, director del Programa de Defensa del Interés Ciudadano de la (SPDA), quien presentó los antecedentes y las acciones legales tomadas al respecto en el Perú; y de la Dra. Astrid Puentes, Directora Legal de AIDA, quien se refirió a las acciones internacionales. En particular, puntualizaron que la intervención de la CIDH es esencial dado que las acciones internas no se han cumplido efectivamente, incluyendo una sentencia del Tribunal Constitucional obligando al Ministerio de Salud a ejecutar medidas efectivas para proteger la salud pública. De esta manera, “la demanda ante la CIDH fortalece la solicitud de medidas cautelares interpuesta en noviembre de 2005, cuya recomendación e implementación podría controlar de forma efectiva y rápida la contaminación en La Oroya, particularmente las emisiones al aire que provenientes en un 99.7 por ciento del complejo metalúrgico de propiedad de la empresa Doe Run Perú” según Puentes. Tras la intervención de los abogados, pobladores de La Oroya brindaron su dramático testimonio sobre los graves problemas de salud que desde hace años padecen por la contaminación. Un padre de familia desesperado, comentó a los medios presentes, los graves problemas sufridos por su niña de 1 año, quien sufre de constantes convulsiones y molestias debido a los altos contenidos de metales y de plomo que tiene en su sangre, a pesar que la madre de la niña fue beneficiaria de medidas implementadas en la ciudad, por convenio entre la empresa y el Ministerio de Salud. “La inacción del Estado en términos de salud es muy grande. Por ello, en la petición presentado el 27 de diciembre , estamos insistiendo en las medidas cautelares, que incluyen la recomendación de proveer diagnóstico y atención médica a los representados y a los habitantes de La Oroya, programas de educación y salud independientes y objetivos; asegurar una apropiada evaluación y seguimiento de las obligaciones del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental del Complejo Metalúrgico; controlar efectivamente las emisiones atmosféricas del complejo; y proteger a las personas que trabajan por la salud y el ambiente en la ciudad”, señaló Carlos Chirinos.
Leer másFumigación Aérea del Plan Colombia NO HA PROBADO SER SEGURA para el ambiente - Nota de Prensa para el Congreso de los Estados Unidos
February 14, 2007 Anna Cederstav, AIDA (510) 550-6700 [email protected] Astrid Puentes, AIDA (5255) 52120141 [email protected] PLAN COLOMBIA AERIAL HERBICIDE SPRAYING NOT PROVEN SAFE FOR THE ENVIRONMENT Critique of recent studies by international environmental NGO released to Congress today OAKLAND, CA, MÉXICO, D.F. - In December, the Colombian government violated a bilateral accord with Ecuador by spraying a mixture of herbicides intended to destroy coca crops within 10 kilometers of the Ecuadorian border. To justify the spraying, Colombia relied on studies by a team from the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD) of the Organization of American States (OAS), claiming that the spray mixture is safe. However, an independent review of CICAD’s recent studies, released to members of the U.S. Congress today, shows that the pesticide mixture being sprayed has not, in fact, been proven safe for the environment, and that Ecuador has substantial cause to oppose the spraying. According to the Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA), the first CICAD Environmental and Human Health Assessment of the Aerial Spray Program for Coca and Poppy Control in Colombia, released in 2005, did not assess many of the greatest potential ecological and human health risks posed by the aerial eradication program in Colombia. Because of these omissions and the potential environmental risk of the spraying, the U.S. Congress requested further studies to better assess whether the mixture is truly safe for the environment. Preliminary results from the follow-up studies, released in August 2006, show that the mixture is indeed potentially harmful to the environment, and particularly to amphibians – the spray mixture killed 50 percent of the amphibians exposed in less than 96 hours. According to Earthjustice scientist and AIDA’s Program Director Anna Cederstav, “Contrary to what is argued by the government, this study shows sufficient cause for concern to suspend the sprayings due to potential environmental impacts, especially considering that Colombia has the second highest amphibian biodiversity in the world and the most threatened amphibian species.” Many other key questions about the environmental impacts of the spraying also remain unanswered, despite the U.S. Congressional mandate to conduct the studies. For example, the State Department has not provided adequate information about the location of and risk to sensitive water bodies and has done nothing to address whether other threatened species are likely to be harmed. Without these determinations, the claim by the Colombian government that it is safe to spray along the Ecuadorian border is misinformed. “Given the number of unanswered questions about the safety of the spraying, and considering the precautionary principle and the international obligation not to cause impacts to the territories of other States, the Colombian government should halt spraying immediately, and instead implement more effective and environmentally safe alternatives for coca eradication,” said Astrid Puentes, AIDA’s Legal Director.
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AIDA cuestiona las fumigaciones en la frontera con Ecuador y establece en nuevo análisis que las fumigaciones aéreas en Colombia no son seguras para el ambiente El gobierno colombiano está violando un acuerdo bilateral con Ecuador al fumigar con una mezcla de herbicidas dentro de la zona de 10 kilómetros de la frontera ecuatoriana, con el fin de destruir cultivos de coca. Colombia se basa en estudios realizados por un equipo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA) para sostener que la mezcla de herbicidas utilizada es segura. Sin embargo, una revisión de AIDA a los informes recientes de la CICAD muestra que realmente no se ha probado que la mezcla de herbicidas utilizada sea segura para el medio ambiente y que, por lo tanto, Ecuador tiene sólidos motivos para oponerse a las fumigaciones. La primera Evaluación del Ambiente y la Salud Humana del Programa de Fumigación Aérea para el Control de la Coca y la Amapola en Colombia, publicada en 2005, no evaluó gran parte de los mayores riesgos potenciales para la ecología y la salud humana que plantea el programa de erradicación aérea en Colombia. El Congreso de los Estados Unidos solicitó estudios adicionales para determinar si la mezcla es verdaderamente peligrosa. Resultados preliminares de los estudios de seguimiento, publicados en agosto del 2006, muestran que, en efecto, la mezcla utilizada es potencialmente peligrosa para el medio ambiente y en particular para los anfibios, ya que dentro de las 96 horas de la aplicación, mató el 50% de los anfibios expuestos. El Departamento de Estado de EEUU tampoco ha proporcionado información adecuada sobre la ubicación y el riesgo por las fumigaciones a cuerpos de agua vulnerables, ni ha hecho nada para evaluar si es probable que otras especies amenazadas se estén perjudicando. Sin considerar estas conclusiones, la afirmación del gobierno colombiano de que la mezcla de herbicidas es suficientemente segura para ser asperjada a lo largo de la frontera ecuatoriana no es exacta.
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