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Foto: Ana Rodríguez Carrington (CC BY 2.0)

Victoria: Reserva de la Biósfera, a Salvo de una Mina Tóxica

Conocido como un “tesoro ecológico”, la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, ubicada en el extremo sur de Baja California, no será dañada por desechos mineros tóxicos, en parte gracias al trabajo de AIDA.

La reserva era una isla por lo que alberga especies raras de plantas y animales. En su cordillera de granito y en sus bosques tropicales de tierras bajas existen cañones, pozas y aguas termales.

Gracias a AIDA y a nuestros socios en México, el gobierno de ese país negó el permiso ambiental para la mina de oro Paredones Amarillos, frenando el proyecto por ahora. Para proteger a la reserva, AIDA contribuyó a educar a grupos comunitarios y tomadores de decisión sobre los riesgos de la mina. Ello ayudó a construir el momento político necesario para que el gobierno niegue el permiso.

Para extraer oro de las montañas, la empresa canadiense Vista Gold propuso arrancar cantidades enormes de roca —cada tonelada con solo un gramo de oro–, molerla hasta convertirla en lodo y tratar éste con cianuro. La empresa planeaba arrojar grandes cantidades de residuos tóxicos (llamados “colas”) detrás de una presa en la que se pretendía almacenarlos para siempre. Desafortunadamente, los diques de colas se pueden romper por varias razones, como ocurrió en 1996 con la mina Porco en Bolivia. Cuando esa presa se derrumbó, más de un cuarto de millón de toneladas métricas de relaves inundaron un río y contaminaron 800 kilómetros de cursos de agua en Bolivia, Argentina y Paraguay.

La mina podría también haber causado drenaje ácido de minas. Cuando rocas que contienen sulfuro son expuestas al aire y al agua, se produce ácido sulfúrico, el cual causa que metales pesados tóxicos se disuelvan y se filtren en la cuenca hídrica. El riesgo de drenaje ácido de minas en Sierra La Laguna fue significativo y el costo humano y ambiental hubiera sido terrible: miles de personas y un sinnúmero de vida silvestre dependen del agua del sitio para sobrevivir.

El agotamiento del agua dulce era una amenaza más porque las minas usan ingentes cantidades de agua. Debido a la escasez de agua en la reserva, Vista Gold propuso construir una planta en la costa del Pacífico para remover la sal del agua de mar en un proceso que consume mucha energía, para luego bombearla 45 kilómetros hacia la mina. La planta desalinizadora implicaba una amenaza para la tortuga marina baula, especie en peligro de extinción.

Solos y en conjunto, los impactos de la mina habrían devastado una joya rara, un paraíso único y exuberante que vale la pena preservar para las generaciones futuras.


Organizaciones de la sociedad civil denuncian a Brasil por violaciones a los derechos humanos en la Amazonía

Presentan el informe sobre la forma en que ese país ha violado garantías individuales por la construcción de grandes represas en ese país durante 2012. Manaus, Brasil / Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) en coordinación con un grupo de organizaciones de la sociedad civil hizo una denuncia ante las Naciones Unidas sobre las violaciones de los derechos humanos provocadas por el desarrollo y construcción de grandes represas en el Amazonas brasileño. El documento fue entregado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) como parte del segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) para Brasil el pasado 28 de noviembre, proceso en el cual se realiza una revisión de las violaciones a los derechos humanos en las que ha incurrido ese país. Durante dicha evaluación el Examen revisará información recopilada por organizaciones de la sociedad civil y por el gobierno donde se plantearán recomendaciones para que Brasil mejore la protección de los derechos humanos. “Esta es una llamada de alerta para Brasil y otros gobiernos de la región, para que reconozcan que las grandes hidroeléctricas no son energía ‘limpia’, sino, al contrario, pueden provocar graves daños para los derechos humanos y el medio ambiente”, señaló Jacob Kopas, asesor legal de AIDA. El representante de AIDA añadió que el informe que se presenta muestra los peligros que representan los proyectos de desarrollo energético para ese país, dado que en la zona se planean construir más de 60 grandes hidroeléctricas. El informe examina cuatro casos de la región de la Amazonia  y expone cómo la construcción de las represas ha causado múltiples violaciones a los derechos humanos como: a) no cuentan con estudios de impacto ambiental adecuados; b) violan el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de grupos indígenas; c) causan desplazamiento forzado y despojo de tierras; d) provocan graves daños a la salud y al medio ambiente. En el caso más polémico examinado por el informe, el de Belo Monte en el río Xingú, Pará, se destaca la continuación de las obras, a pesar de una resolución de Medidas Cautelares la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que solicita protección especial para comunidades indígenas afectadas.  Entre otros casos resumidos se identifican las hidroeléctricas de San Antonio y Jirau en el Río Madeira, (Rondonia); la represa Tucuruí en el río Tocantins (Pará); y el complejo de Tapajós en los ríos Teles Pires y Tapajós Jamanxim, (Pará).   “Esperamos que el Consejo de Derechos Humanos tome en cuenta las violaciones a los derechos humanos puntualizadas en el informe, para que el gobierno de Brasil dé prioridad a este tema por encima de sus planes de desarrollo energético”, señaló Joelson Cavalcante, asesor legal de AIDA en Brasil.   La coalición de organizaciones que elaboró el informe está integrada por: el Instituto Socioambiental (ISA), International Rivers, Sociedade Paranaense de Direitos Humanos (SDDH), Justiça Global, Movimento Xingu Vivo Para Sempre (MXVPS) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

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El presidente de AIDA Manuel Pulgar-Vidal fue nombrado Ministro del Ambiente en Perú

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) felicita a Manuel Pulgar–Vidal por haber sido nombrado titular del Ministerio del Ambiente en Perú. Pulgar-Vidal es un abogado ambientalista y líder de opinión que fungió como presidente de Consejo Directivo de AIDA por ocho años. Con su nueva encomienda, es el tercer peruano que ha jurado ese importante cargo gubernamental. Estamos muy agradecidos por todo el trabajo y la dirección que Pulgar-Vidal ha dado a AIDA desde que ayudó a fundar la organización en 1996. El nombramiento es un reconocimiento bien merecido a un hombre que ha dedicado su vida a defender derechos humanos y el medio ambiente. Su nueva posición no será sencilla. Pulgar-Vidal se une a un nuevo gobierno en funciones que enfrenta su primera crisis: disenso popular por los impactos potenciales en la construcción de una gigantesca mina de oro, pero la oportunidad de fortalecer la gobernanza ambiental y de institucionalizar la protección de la salud ambiental no tienen precio. Sabemos que está a la altura del reto.

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AIDA presenta informe en Durban sobre el vínculo entre el cambio climático y los derechos humanos en América Latina

Llaman a tomar medidas para proteger los derechos humanos de las comunidades más vulnerables. Durban, Sudáfrica. El miércoles 7 de diciembre de 2011, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó ante los delegados que participan en las negociaciones climáticas en Durban, Sudáfrica, un informe donde se detallan los efectos negativos del cambio climático sobre los derechos humanos, tales como el derecho a la vida, al acceso al agua, a la salud, a la alimentación y a la vivienda para millones de personas en América Latina. “El cambio climático es la causa del mayor perjuicio a los derechos humanos de aquéllos que son los menos responsables por las emisiones de gases de efecto invernadero- comunidades vulnerables e históricamente desfavorecidas como campesinos, pueblos indígenas y la gente más pobre de las ciudades urbanas”, afirmó el abogado de AIDA Jacob Kopas.  “Los gobiernos que son desproporcionadamente responsables de las históricas y actuales emisiones tienen una obligación internacional de contribuir más a las soluciones duraderas”. El impacto más perturbador de todos los que han sido detallados en el informe es la reducción drástica del acceso al agua dulce en América Latina.  El incremento del descongelamiento de los glaciares, la degradación de los humedales en los páramos de alta montaña, los patrones meteorológicos erráticos y las duras sequías limitarán de aquí al año 2050, el acceso al agua a más de 50 millones de personas en la región tropical andina. Otros impactos incluyen lluvias e inundaciones más fuertes, fenómeno que ya ha afectado a 2.2 millones de personas y ha ocasionado US$300 millones de dólares en daños sólo en Colombia durante el año 2010; y la pérdida del 80% de los arrecifes de coral del Caribe debido en gran parte a un incremento en las temperaturas y la acidificación del océano. “Las partes deben entender que no es posible cerrar los ojos ante el problema del cambio climático. Tenemos que actuar ahora mismo para ayudar a que las comunidades más afectadas del mundo puedan enfrentar el cambio climático y para ello debemos garantizar soluciones urgentes y alcanzables como el Fondo Verde Climático aquí en Durban”, dijo Andrés Pirazzoli, abogado de AIDA, quien repartió el informe entre los delegados participantes de las negociaciones. AIDA respalda al Fondo Verde Climático, destinado a financiar la adopción de tecnologías bajas en carbono, además de programas de adaptación en el mundo en vías de desarrollo. AIDA publicó un informe esta semana donde da a conocer una investigación formulada para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que revela el vínculo entre el cambio climático y los derechos humanos.  El informe exhorta a la aprobación de un tratado climático vinculante y exhorta a los emisores más grandes a que sufraguen los gastos de las medidas de adaptación y mitigación en el mundo en vías de desarrollo.

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