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NGOs Request International Intervention to Protect Threatened Wetlands of Nayarit and Sinaloa (Spanish only)
ONGS PIDEN INTERVENCIÓN INTERNACIONAL POR AMENAZAS A HUMEDALES DE NAYARIT Y SINALOA • Organizaciones ambientalistas piden intervención de la Secretaría de RAMSAR por amenaza a ecosistemas vitales de Nayarit y Sinaloa • Solicitan una misión diplomática internacional ante la Secretaría RAMSAR, en razón de que gobierno mexicano garantice la protección de los ecosistemas –Marismas Nacionales y Laguna Huizache-Caimanero– PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA México D.F. a 16 de junio de 2009. Ante las amenazas a los recursos hídricos de la región, por la construcción del proyecto turístico más grande del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), el Centro Integralmente Planeado de la Costa del Pacífico (CIP) y el proyecto de la hidroeléctrica de Las Cruces en el Río Baluarte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que podrían causar graves daños a humedales de importancia internacional; la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C (CEMDA), apoyados por Greenpeace México, WildCoast, Conselva y la Red Manglar Internacional solicitaron la intervención de la Secretaría del Convenio Ramsar para hacer cumplir el Convenio Internacional. Específicamente se pidieron tres acciones ante la Secretaría de RAMSAR: que se llame la atención al gobierno mexicano para que cumpla con sus obligaciones internacionales; que ejerza su autoridad para que el Estado considere los potenciales daños a estos humedales; y, finalmente, la visita de una misión técnica internacional para estudiar los impactos ambientales que ambos proyectos producirían en los humedales amenazados. “Estos humedales están amenazados por las potenciales consecuencias que les traerán el proyecto turístico más grande del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) denominado Centro Integralmente Planeado de la Costa del Pacífico (CIP) y el proyecto de la hidroeléctrica de las Cruces en el Río Baluarte. Ambos proyectos tendrán una incidencia negativa sobre los sitios Ramsar”, señaló Pablo Uribe, Director de CEMDA La Paz. “Lo que buscamos es proteger ecosistemas estratégicos y de gran importancia para México y el mundo a través del cumplimiento del tratado internacional que específicamente protege estos humedales”, señaló Sofía Cortina abogada de AIDA. ”Además que se estudie la posibilidad de incluirlos en la lista de humedales en donde pueden producirse o se están produciendo daños negativos, para elevar su nivel de protección” continuó Cortina. El CIP está cercano a la Laguna Huizache-Caimanero y colinda con el área de Marismas Nacionales, que cuenta con el sistema de manglar más importante del Pacífico mexicano y que representa el 10% de los manglares del país. Esta zona es de vital importancia ambiental para el país e incluso está catalogada como un humedal de importancia mundial (sitio Ramsar), como región Prioritaria Terrestre y Marina para la Conservación y como Área de Importancia para la Conservación de Aves (AICA) de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). En esta región están en riesgo 14 especies de flora nativa, hay 73 especies amenazadas o en peligro de extinción y 99 especies de fauna endémica. Además es una zona donde habitan jaguares y venados (1). La hidroeléctrica de Las Cruces con capacidad de 480 MW creará una presa de agua con una capacidad de 840 mil metros cúbicos, disminuyendo el flujo y la calidad de agua hacia las Marismas Nacionales, entre otros daños que posiblemente se pueden causar. Esta Laguna costera es el hábitat de 83 especies de peces y de importantes poblaciones de aves playeras, en ella habitan diversas especies en riesgo como el cocodrilo de río, el lagarto enchaquirado, la boa, pato mexicano y la tortuga Golfina, entre otras. “Los proyectos de la Presa de Las Cruces y el CIP dañarán una de las áreas más importantes de manglares del Golfo de California. Es por ello que cuando se realice la evaluación de impacto ambiental de ambos proyectos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) deberá dar aviso a la Secretaría de la Convención de Ramsar sobre los impactos ambientales que Marismas Nacionales sufrirían. Si la SEMARNAT no implementa acciones que eviten el deterioro de Marismas Nacionales la Secretaría de Ramsar podrá incluir a Marismas Nacionales como un humedal costero en condiciones graves de deterioro” afirmó Uribe, del CEMDA. “Las grandes hidroeléctricas como Las Cruces tienen impactos ambientales negativos muy altos. Por ejemplo, los desechos son generadores de gases de efecto invernadero como metano y bióxido de carbono. El origen de estos gases se encuentra en la descomposición de la vegetación y las tierras inundadas en los embalses, así como materia orgánica en forma de plantas, plancton, algas, que son generadas y circulan dentro de las aguas. Además, causan impactos ambientales como la desviación de ríos, pérdida de biodiversidad, disminución de la humedad en las tierras para siembra, entre otros. Para poder desarrollar este tipo de proyectos se requiere que cumplan con la legislación nacional e internacional vigente, que se hagan evaluaciones ambientales detalladas y que se desarrollen con el cumplimiento de estándares internacionales” dijo Alejandro Olivera, Coordinador de campañas de Greenpeace México. Cabe señalar que en febrero de 2009 el CEMDA y Greenpeace presentaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en contra del proyecto de FONATUR por iniciar obras sin ningún permiso ambiental. Hasta la fecha, la PROFEPA no ha clausurado las obras. “La Convención de Ramsar al ser ratificada por México conlleva obligaciones que el Estado debe cumplir. Por lo tanto es urgente que la CFE y FONATUR consideren las implicaciones ambientales que sus proyectos causarían al ambiente. Por lo cual, deberán incluir en sus estudios las directrices de evaluación de impacto ambiental de la Secretaría de Ramsar y demás aplicables. De no hacerlo, estarán incumpliendo con lo establecido por dicha Convención” finalizó Astrid Puentes Codirectora de AIDA. Notas: 1. Estudio Técnico Justificativo para el establecimiento del área natural protegida Reserva de la Biosfera Marismas nacionales Sinaloa. Junio 2008. Conanp. 2. Ficha informativa de los humedales Ramsar. Comisión nacional de Áreas naturales Protegidas. PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR: Claudia Gómez-Portugal M. Sofía Cortina 55256136 / 5518506827 04455-34005490 [email protected] [email protected]
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PARA PUBLICACION INMEDIATA CONTACTOS Sofía Cortina, (52-612) 165-509, [email protected] México, 18 de junio de 2010.- AIDA y CEMDA. La Secretaría de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención de Ramsar) anunció la visita de una misión técnica internacional a México, del 21 al 25 de junio. El objetivo de dicha misión es estudiar los potenciales impactos ambientales que dos proyectos promovidos por el gobierno mexicano podrían causar en los humedales de Marismas Nacionales (sitio Ramsar 732) y Laguna Huizache Caimanero (sitio Ramsar 1689), ubicados en los estados de Nayarit y Sinaloa, respectivamente. El 16 de junio de 2009 la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), con apoyo de Greenpeace México, COSTA SALVAjE, Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero (CONSELVA) y la Red Manglar Internacional; solicitaron la intervención de la Secretaría de la Convención de Ramsar ante los riesgos que sufren dichos humedales. El gobierno mexicano planea la construcción de un desarrollo turístico conocido como Centro Integralmente Planeado de la Costa del Pacífico (CIP) y el proyecto de la hidroeléctrica de las Cruces en el Río Baluarte cuyos potenciales graves impactos afectarían seriamente a los humedales de importancia internacional. Los humedales son fundamentales por los servicios ambientales que prestan, como son ser guarderías de las pesquerías, protectores de biodiversidad y la línea costera contra la erosión del oleaje y los huracanes, captores de dióxido de carbono, entre otros. “Esta visita sin precedentes, ya que es la primera vez que se realiza por la solicitud de organizaciones no gubernamentales, es una esperanza para la sociedad civil, para que el gobierno federal cumpla con sus compromisos y escuche nuestras demandas de observancia legal, respeto a las comunidades locales así como a la protección de la biodiversidad de la zona. Si se toman en cuenta los criterios emitidos por la Convención en materia de evaluación de impacto ambiental, que hasta ahora han sido ignorados por los promoventes de los proyectos, se podrá garantizar en cierta medida su sostenibilidad”, manifestó Pablo Uribe, Director de CEMDA Noroeste. La agenda de la Misión comprende reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno: federal, local y municipal, organizaciones no gubernamentales, académicos y pescadores de las zonas con el fin de recabar toda la información pertinente para hacer las recomendaciones al gobierno federal para promover el uso racional de los humedales en comento, entendiendo como uso racional “el mantenimiento de sus características ecológicas, logrado mediante la implementación de enfoques por ecosistemas, dentro del contexto del desarrollo sostenible”(1). “El gobierno mexicano está obligado a hacer una planificación del uso del suelo, normativas y legislación apropiadas, medidas de gestión, educación al público y estrategias de políticas públicas, herramientas que deben desarrollarse antes de autorizar este tipo de megaproyectos”, afirmó Sofía Cortina asesora legal de AIDA. “Las recomendaciones de la Misión al gobierno mexicano deben encaminarse a que los sitios no pierdan sus características ecosistémicas y puedan continuar enlistados como sitios de dicha Convención”, aseveró Sandra Guido, Directora Ejecutiva de CONSELVA. “Las consecuencias de no tomar las consideraciones de la Misión no sólo tendrán efectos ambientales negativos irreversibles, sino que en la esfera internacional serán reclasificados como humedales costeros en condiciones graves de deterioro”, sentenció Alejandro Olivera de Greenpeace. Además no hay que olvidar que en el Programa Especial de Cambio Climático, presentado por el gobierno mexicano, se plantean entre otras metas el registrar el 50% de la superficie de manglares como sitio Ramsar y restaurar y/o reforestar 10,000 ha de manglar (2), objetivos que se verán claramente impactados por la desarticulación de políticas.
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UPR Report Panama 2010 Ciudad de Panamá, Panamá – Una coalición de catorce organizaciones ambientales y de derechos humanos denunció problemas graves para la protección de los derechos humanos, vinculados con afectaciones al ambiente en Panamá, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco del mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU). Las organizaciones formularon recomendaciones que deberían implementarse para atender esta situación. “El gobierno panameño está promoviendo un aumento escalofriante en el número de grandes proyectos en el país sin respetar los derechos humanos o el ambiente, especialmente los derechos de las comunidades afectadas,” dijo Félix Wing, Director Legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). CIAM y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) lideraron una coalición de 14 organizaciones de la sociedad civil en la presentación del informe. El informe señala tendencias alarmantes que amenazan la protección del ambiente a tal punto que están agravando la situación de derechos humanos en el país. Dentro de los problemas más graves que se identificaron están la existencia de cientos de nuevas concesiones mineras, otorgadas o en trámite, que cubren el 35% del territorio panameño; el desarrollo de más de ochenta nuevos proyectos hidroeléctricos; y varios nuevos proyectos turísticos que afectarían los recursos hídricos y costeros del país. “Nos preocupa especialmente la falta de aplicación de normas nacionales e internacionales obligatorias en la planeación y desarrollo de estos proyectos”, señala Astrid Puentes Riaño, co directora de AIDA. “De continuar esta situación, podrían violarse varios derechos humanos vinculados con el desplazamiento de poblaciones, la devastación irreversible del ambiente y el empeoramiento de la calidad de vida; con pérdidas económicas y sociales incalculables”. Entre los mayores problemas presentados en Panamá, el informe destaca los impedimentos a la participación ciudadana y la falta de consulta a los pueblos indígenas y comunidades locales. Además, han surgido nuevas barreras legales para acceder a la información pública que impiden conocer los impactos reales de un proyecto. “La participación pública y el acceso a la información son derechos humanos esenciales para proteger a las personas y al ambiente”, aclaró Félix Wing de CIAM. El informe también denuncia hostigamientos hacia defensores ambientales y el incumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. El próximo 23 de noviembre, el Estado panameño será objeto del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Durante el Examen se evaluará información sometida por organizaciones de la sociedad civil y por el gobierno y se plantearán recomendaciones para que Panamá mejore la protección de derechos humanos. A través de estos esfuerzos, las organizaciones de la sociedad civil buscan aportar su experiencia directa respecto a las violaciones a derechos humanos, como parte del diagnóstico de la situación de Panamá frente a sus obligaciones internacionales en esta materia, con el objeto de lograr una protección más efectiva de los derechos humanos. PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR: Félix Wing, Director Legal de CIAM, Tel. 236-0866/236-0868, [email protected] Jacob Kopas, Asesor Legal de AIDA (Colombia), Tel. (+57-1) 338-1277, [email protected] INFORMACIÓN ADICIONAL: Para bajar una copia del informe y más información: http://www.aida-americas.org/sites/default/files/refDocuments/UPRjointsub_envhrgroups_Panama.pdf El informe establece que, para garantizar la efectiva protección de los derechos humanos en Panamá, particularmente los derechos a un ambiente sano, a la vida, la salud, la integridad y la participación pública, así como el acceso a la justicia y a la información, se hace necesario que el Estado: Reconozca efectivamente el derecho a un ambiente sano, de conformidad con los estándares internacionales; Adopte las recomendaciones anteriormente emitidas por órganos internacionales de derechos humanos; Ratifique el Convenio 169 de la OIT e incorpore la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la legislación interna; Atienda las limitaciones al acceso a la justicia en casos de protección del derecho a un ambiente sano mediante modificaciones constitucionales y legales necesarias, la implementación de medidas para mejorar los tiempos y calidad de respuesta del sistema judicial, y la adopción de estándares proteccionistas de los derechos humanos, entre otros. Reconozca la importancia de la labor de las personas que defienden los derechos humanos e implemente medidas para garantizar la protección integral de sus derechos humanos; Elimine cualquier obstáculo a la participación pública y el acceso a la información en la práctica. Las conclusiones de este informe fueron incluidas también en un documento presentado por otra decena de organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de distintos derechos humanos, que incluyó, además, el planteamiento de violaciones al derecho a la justicia, de los privados de libertad, de la mujer, a la no discriminación racial y al trabajo. El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para evaluar la situación de todos los derechos humanos en todos los países del mundo. En el proceso, el Consejo de Derechos Humanos examinará información proporcionado por el Estado panameño, la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil. ## El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) (http://www.ciampanama.org) es una organización no gubernamental que defiende activamente los invaluables recursos naturales de Panamá ante las graves amenazas que representan las actividades incompatibles con el desarrollo sostenible. Su misión es promover la protección del ambiente, motivando la participación ciudadana, a través de la difusión del conocimiento, la construcción de redes, y la rendición de cuentas, para incidir en las decisiones y políticas relevantes. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) (http://www.aida-americas.org) es una organización de carácter hemisférico que trabaja con organizaciones no gubernamentales de derecho ambiental de Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Ecuador, Perú, Argentina y Chile, cuya misión es fortalecer la capacidad de las personas para garantizar su derecho individual y colectivo a un ambiente sano por medio del desarrollo, aplicación y cumplimiento efectivo de la legislación nacional e internacional.
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Para Publicación Inmediata: 19 de Marzo de 2010 Contacto: Astrid Puentes Riaño - AIDA, +(52-1-55) 23016639, [email protected] Informe: Grandes Represas en América ¿Peor el remedio que la enfermedad? AIDA PRESENTA DOCUMENTO ANTE EL BID El objetivo del documento es el de promover un mejor entendimiento de la situación, evidenciar la vinculación entre los graves impactos ambientales y la violación a los derechos humanos que las grandes represas pueden causar. Cancún, México – La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, presentará el informe: “Grandes Represas en América, ¿Peor el remedio que la enfermedad?” ante el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. La presentación se hará en el marco de la Reunión Anual de Gobernadores del BID que se celebra en Cancún, hasta el 23 de marzo. En esta reunión, entre otros, el BID decidirá acerca de la recapitalización del Banco para promover mayores inversiones en el hemisferio. “Esperamos que las futuras inversiones financiadas por el BID y otras Instituciones Financieras Internacionales tengan en cuenta este informe, así como los estándares internacionales para estos proyectos, incluyendo las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas” declaró Astrid Puentes, co-directora de AIDA. “Esto podría Así podrían evitar graves impactos ambientales y a los derechos humanos, y promover verdaderos proyectos de energía limpia”. El objetivo del Informe es evidenciar la vinculación entre los graves impactos ambientales y la violación a los derechos humanos que las grandes represas pueden causar y motivar la implementación de proyectos de energía adecuados. Para ello, se analizan cinco estudios de caso de distintas regiones de América Latina: La Parota (México), Chan 75 (Centroamérica), Baba (región Andina), Río Madeira (Brasil) y Yacyretá (Cono Sur). El informe preparado por AIDA en coordinación con International Rivers y con la cooperación de múltiples organizaciones no gubernamentales y de comunidades afectadas por las grandes represas en el hemisferio, se presentó también en noviembre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington. La CIDH celebró esta audiencia dada la importancia del tema para la adecuada protección de los derechos humanos en la región. Entre los impactos más graves generados por las grandes represas, abordados en el Informe, se incluyen: el empeoramiento de la calidad y salubridad de las aguas tanto río arriba como río abajo por la modificación artificial de las cuencas hidrográficas; la degradación de ecosistemas acuáticos; los impactos a la biodiversidad; los impactos en el cambio climático por el aumento en la emisión de gases efecto invernadero dada la descomposición de materia orgánica inundada; el posible aumento de actividad sísmica; la destrucción de ecosistemas estratégicos; el desplazamiento forzado de comunidades típicamente en situación de vulnerabilidad, como las indígenas, campesinas y afrodescendientes, así como las mujeres y los niños y las niñas; la pérdida de fuentes de alimentación y de sustento; la falta de participación pública y acceso a la información; la falta de consulta y la obtención del consentimiento libre, previo e informado de comunidades afectadas; y criminalización de la protesta social hacia personas o comunidades que defienden sus derechos. “Buscamos evitar estas consecuencias negativas y promover alternativas efectivas a las necesidades energéticas, para lograr un verdadero desarrollo sostenible”, puntualizó Jacob Kopas, abogado de AIDA y coautor del Informe. Versión completa del informe y Resumen Ejecutivo Para mayor información acerca de la situación de las grandes represas en América Latina visite: www.aida-americas.org www.internationalrivers.org www.redlar.org/
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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: CEMDA, WildCoast, Conselva, Greenpeace, AIDA DENUNCIAN ORGANIZACIONES AMBIENTALES IRREGULARIDADES E IMPACTOS DEL PROYECTO CIP ESCUINAPA, DURANTE LA REUNIÓN DE INFORMACIÓN *Manifestación de impacto ambiental presentada de manera fragmentada, sólo es por 93 de las 2,600 hectáreas que abarca el proyecto *Preocupa a pescadores y ONG grave impacto a la actividad pesquera de la región *El proyecto no considera de manera adecuada la planeación de servicios básicos como el agua, y podría poner en riesgo los recursos hídricos de la región La Paz, BCS a 9 de marzo, 2010 - Durante la Reunión de Información realizada por la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia (UCPAST) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), varias organizaciones ambientalistas denunciaron nuevamente las irregularidades e impactos no contemplados en el proyecto “Infraestructura Básica del predio CIP Escuinapa, Sinaloa” promovido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto se presentó de manera fragmentada, presentando análisis de impactos individuales en lugar de manera integral. Esto minimiza los graves impactos socio-ambientales del Proyecto en su conjunto, pues la MIA presentada solamente abarca 93.48 hectáreas, de las 2,600 hectáreas que comprende el Proyecto. El Centro Integralmente Planeado (CIP) Escuinapa es uno de los proyectos más ambiciosos del actual gobierno y estará ubicado al sur de Sinaloa, dentro de Marismas Nacionales. De acuerdo con Sofía Cortina, abogada de AIDA, “El CIP se construiría alrededor de una de las zonas de humedales más prioritarias para la conservación a nivel internacional, lo que ocasionará un severo desgaste ecológico a la región y un alto impacto a la actividad pesquera en el noroeste del país”. El Proyecto contempla una capacidad de 44,200 habitaciones, 4 campos de golf, 2 marinas, un malecón marítimo del palmar, paseo de los lagos interiores, ramblas comerciales y de entretenimiento, y otros servicios. Entre otras omisiones legales, las organizaciones destacaron las observaciones y comentarios que se han generado acerca de la MIA. A pesar que se invertirían 200 millones de pesos para estudios en materia ambiental para este proyecto (según manifestó FONATUR en una presentación del proyecto en la página1 del municipio de Escuinapa) “la evaluación del proyecto está fragmentada y no se expone la totalidad de los impactos ambientales que el CIP causaría” puntualizó Cortina. La MIA no incluyó estudios detallados sobre los impactos a especies endémicas como reptiles, peces, moluscos y sobretodo, acerca de las más de 250 especies de aves, como es obligación de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2003. A la lista de omisiones, se suma que en la MIA no se señala una planeación detallada para la provisión de los servicios básicos como son el agua y la recolección de desechos sólidos, siendo este último un grave problema actual para el municipio Escuinapa ya que no cuenta con un relleno sanitario. Adicionalmente, “no se propusieron las medidas de mitigación adecuadas basadas en los criterios de la Convención Ramsar, tratado internacional para la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos, de la cual México forma parte y es uno de los países con mayor número de humedales registrados, incluyendo Marismas Nacionales”, comentó Sandra Moguel, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. “Este ecosistema cuenta con un valor especial para la preservación de la diversidad genética y ecológica de la región, es reconocida como hábitat del jaguar, representa alrededor del 10% del total de manglares en México y más de 90 especies de fauna de las cuales 73 se encuentran amenazadas o en peligro de extinción, y es el hábitat de una población de 20,000 aves acuáticas y refugio invernal para más de 100,000 aves acuáticas migratorias”, continuó Moguel. El CEMDA y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), junto con Greenpeace México, Wildcoast, Conselva y Red Manglar, presentaron en abril del 2009, una petición al Secretariado Ramsar informando del incumplimiento del Gobierno Federal en su compromiso como integrante de la Convención, de proteger los humedales mexicanos enlistados en Ramsar. Al igual que Marismas Nacionales, la laguna Huizache-Caimanero, ubicada en el municipio de Rosario, Sinaloa, es un sitio Ramsar de gran importancia para la actividad pesquera de la región y el cual es amenazado a la vez por cuatro proyectos de alto impacto. Actualmente se espera la visita de una misión de verificación internacional. Tanto pescadores de Sinaloa y Nayarit, como ONG y pobladores, han manifestado su preocupación por una posible resolución a favor del desarrollo del CIP en Escuinapa, debido a que temen la afectación a los ingresos económicos de la actividad pesquera de los lugareños por los impactos sobre el ecosistema que hasta ahora es regulada en gran parte por la existencia de los humedales y manglares de Marismas Nacionales. Por último Moguel señaló de gran importancia, la participación de las organizaciones ambientales en la Reunión Pública de Información, como ejercicio de involucramiento público en la evaluación de impacto ambiental, para el empoderamiento de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto al uso y aprovechamiento de sus recursos naturales. PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR: Claudia Gómez-Portugal M. Directora de Comunicación 01 (55) 55256136 / 01 (55) 52863323 [email protected] Sofìa Cortina Segovia Asesora Legal 01 (612) 1221369 [email protected]
Read moreCanadian Supreme Court prohibits project splitting and guarantees public participation in environmental assessments (Spanish text only)
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: CONTACTO: Jacob Kopas: [email protected] Teléfonos: (+57) 1-338-1277 / 320-316-0379 Corte Suprema de Canadá prohíbe fragmentar proyectos mineros y rectifica la obligatoriedad de evaluaciones de impacto ambiental integrales y con participación pública Ottawa, Canadá - En un cambio jurisprudencial fundamental, el 21 de enero la Corte Suprema de Canadá determinó que los grandes proyectos mineros están obligados a tener una evaluación de impacto ambiental comprehensiva, sin fragmentar el proyecto, y que garantice la participación pública. La sentencia concluye que las autoridades canadienses, al realizar la evaluación ambiental del proyecto minero Red Chris (un inmenso proyecto minero de oro y cobre a cielo abierto), lo fragmentaron ilegalmente impidiendo así conocer el verdadero impacto ambiental de la obra. “Celebramos enormemente esta decisión de la Corte Suprema de Canadá, que debería ser replicada por los gobiernos y las empresas mineras, especialmente las canadienses, con grandes intereses en la región”, dijo Jacob Kopas, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). AIDA, CELA y varias organizaciones presentaron un escrito ante la Corte, apoyando la demanda presentada por Ecojustice y otros grupos ambientalistas, resaltando entre otros, que la autorización de este proyecto también desconoce el derecho internacional ambiental. El proyecto “Red Chris” procesaría 30,000 toneladas métricas de mineral al día y arrojaría los desechos tóxicos en un área remota y prístina de la provincia de Columbia Británica, Canadá, habitada por grandes mamíferos y que es un importante sitio para la reproducción de salmón. Ante los posibles riesgos irreparables que esta mina a cielo abierto implica para esta área y sus pobladores, una evaluación comprehensiva es sin duda, un requisito esencial antes de autorizarlo. El máximo tribunal canadiense concluyó que el gobierno federal violó las normas aplicables al autorizar este proyecto de manera fragmentada, y también al impedir la participación pública activa de las comunidades y los grupos locales en la evaluación de impactos ambientales para grandes proyectos, como la minería. Estos dos elementos son esenciales dado que proyectos como la mina Red Chris no sólo interesan a los inversionistas y al gobierno, sino también a todas las comunidades locales que de múltiples maneras tienen un interés en las áreas a afectarse. “En el hemisferio hemos sido testigos de innumerables proyectos con inmensos impactos ambientales y sociales, que desafortunadamente se presentan y evalúan por partes, las minas a cielo abierto son un ejemplo reiterado, por lo que esta sentencia es vital para la región”, dijo Astrid Puentes, Co-Directora de AIDA. “Además, la decisión de la Corte está de acuerdo con normas ambientales internacionales, contribuye a prevenir daños ambientales irreparables y respeta el derecho humano a la participación pública, constituyéndose en un gran ejemplo a seguir”. ## Para mayor información ir a: www.aida-americas.org Enlace de información de otras organizaciones: www.ecojustice.ca; www.cela.ca
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Inter-American Commission on Human Rights Examines Impacts of Large Dams in Latin America Washington, D.C. - On November 2, 2009 the Inter-American Commission on Human Rights will hold a hearing on the impacts that large dams in Latin America have on human rights and the environment. Dam-affected peoples and non-governmental organizations (NGOs) will present information showing that Latin-American governments are building dams at great social, environmental and economic costs, often disregarding national and international laws and violating human rights. “More than a million people have already been affected by large dams in Latin America, many of whom are from indigenous and small farming communities,” said Rafael González, Board Member of the Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA). “More than 300 new dams are being planned throughout the region, which could destroy the livelihoods of hundreds of thousands of people and harm precious ecosystems.” The over 40 national and international NGOs requesting this hearing will present findings from AIDA’s forthcoming publication, Large Dams in the Americas: Is the Cure Worse than the Disease?, to the IACHR documenting the poor track record of dam construction in the hemisphere. They will also encourage the Inter-American Commission to make recommendations to member States on how to avoid major environmental damages and human rights violations. “The granting of this hearing by the IACHR is a positive demonstration of their interest in examining the link between large dams and human rights violations,” said Astrid Puentes co-Director of AIDA. “We hope that the IACHR will begin an investigation and recommend that States strictly enforce international standards and human rights law, to avoid major environmental impacts and human rights tragedies.” The human rights impacts of large dams are numerous. Affected communities and stakeholders—mostly indigenous, fishing and farming communities—rarely have the opportunity to participate in decisions on dam developments, and frequently are subjected to intimidation, harassment and even military actions when they oppose projects. Families displaced by large dams often receive inadequate or no compensation. Equally troubling are poorly developed resettlement plans that do not account for lost livelihoods or lack of access to medical attention, fishing areas and farming land, leaving families worse off as a result. Large dams have also had profound environmental impacts. Enormous reservoirs inundate biodiverse wildlife habitats and fertile farmlands. Dams and river diversions also harm fish populations, and are the main cause for the extinction or endangerment of one-third of the world’s freshwater fish species. “We are not against development.” said Father Gabriel Espinoza, spokesperson for communities affected by the El Zapotillo dam in Mexico, and who will speak before the Inter-American Commission. “We understand that a country’s needs for energy and water should be met as a fundamental right of all peoples.” “But governments cannot proceed without consulting and providing information for local communities, according to national and international law. That would violate our fundamental freedoms and disrespect our lives, history, culture and livelihoods.” “There are often better, cheaper, and less-destructive alternatives to building a large dam, whether to meet energy or water needs, or to reduce the impacts from floods,” said Monti Aguirre of International Rivers. “Small-scale, decentralized water supplies and new renewable energy sources, as well as large-scale efficiency and conservation plans are only some of the options available. Unfortunately, governments and corporations frequently ignore these choices or dismiss them out-of-hand when a large dam project is on the table.” The World Commission on Dams, in its ground-breaking report on large dams, Dams and Development, recommends using a comprehensive, participatory process to evaluate needs for water and energy and to assess the full range of available options. The hearing is open to the public and will take place on November 2, 2009, from 5:30 to 6:15 p.m., Room Rubén Darío, 8th Floor of the OAS General Secretariat Building, 1889 F Street NW, Washington, D.C. Guidelines for press coverage of public hearings at http://www.cidh.org/Prensa/guidelinespresscoverageENGL.htm. Opportunities for interviews with presenters after the hearing. For more information on large dams in the Americas: International Rivers, Redlar
Read moreInter-American Commission admits case on human rights violations in La Oroya
FOR IMMEDIATE RELEASE: August 19, 2009 IACHR Will Examine Case Against Peru for Violating the Human Rights of Residents of La Oroya, A City Extensively Contaminated by the Doe Run Peru Smelter ► According to the Inter-American Commission on Human Rights of the Organization of American States, Peru may be violating the rights to life, personal integrity, and to information and access to justice, due to toxic pollution from Doe Run Peru’s multi-metal smelter in La Oroya, Peru. ► The potential extension of an environmental management plan for the complex, announced by Peruvian President Garcia, must include effective measures to guarantee against further human rights violations. WASHINGTON, D.C. – The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) will examine a complaint against Peru for human rights violations in La Oroya, a Peruvian town described as one of the “most contaminated places on earth.” AIDA, Earthjustice and CEDHA submitted this case in 2006 with the local support of the Peruvian Society for Environmental Law (SPDA). In the Inter-American Commission’s recent report accepting the case, it “considers that the alleged deaths and/or health effects of the presumed victims are a consequence of acts and omissions by the State with regard to environmental pollution arising from the multi-metal complex operating in La Oroya, which if proved could constitute a violation of the rights conferred in Articles 4 [life] and 5 [personal integrity] of the American Convention.” “This claim stems from the lack of action by Peru, considering that the government has known about the impacts of the pollution on persons and the environment for at least ten years without acting to resolve the contamination problem,” states AIDA Co-Director, Astrid Puentes. “Even if some steps have been taken in La Oroya, the measures implemented have not been effective in safeguarding health and the environment, as noted by the Peruvian Constitutional Court, the Ministry of Health, and the Commission.” “This is excellent news that brings us hope that things will finally improve in La Oroya” said one of the case’s plaintiffs, whose names are confidential. In 2006 the Constitutional Court of Peru ordered actions to protect public health in the city. The “unjustified delay” in complying with this order may also constitute a violation of the human rights of access to justice and judicial guarantees. The Commission will also investigate whether Peru’s actions violate the right to access to information and freedom of expression. In addition to serious health effects, this case alleges unjustifiable limits to accessing information about the community’s environmental and human health situation and pressure toward those trying to distribute this information. The IACHR’s decision to examine the complaint coincides with negotiations between the Peruvian Government and the Doe Run Peru company, owner of the Multi-Metal Complex, over a potential extension for the complex’s Environmental Management Plan (PAMA). The effective implementation of this plan would improve environmental quality in the area. There is little certainty whether the company will ever meet its obligations for environmental controls under this Plan, as the government has already granted several extensions. The Commission will likely monitor the compliance process and consider the results in any final decision regarding the violations of human rights in Peru. The PAMA does not actually allow for extensions, and the government could fine the company for violating the Plan. If Peru does not impose fines, it would further prolong the unjustified delay of actions necessary to control the pollution in La Oroya and protect the human rights of its inhabitants,” states José Luis Capella, of SPDA. “Any future decision regarding the PAMA must include effective measures to enforce the obligations to improve health and the environment in the city already contained within the Plan.” Connected with this case, the IACHR also requested in 2007 that Peru implement urgent precautionary measures to guarantee the life and safety of La Oroya residents. These measures insist that Peru provide specialized medical evaluations and treatment for those affected by the toxic pollution. “The IACHR’s acceptance of this case is vital to protect human rights in La Oroya. It demonstrates that the severe pollution in the city has an impact, not only on the environment, but on human health, and that it affects their human rights,” stated Martin Wagner Director of the International Program of Earthjustice. “We hope the case has positive impact on the protection of human rights in La Oroya and in the region."
Read moreCosta Rican Constitutional Chamber Orders the Fisheries Authority to Issue Regulations Within the Next 3 Months
PRESS CONTACT: Gladys Martínez de Lemos, AIDA (506) 83214263 [email protected] Costa Rican Constitutional Chamber Orders the Fisheries Authority to Issue Regulations Within the Next 3 Months SAN JOSÉ, Costa Rica, May 20, 2009 – The Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice of Costa Rica favorably resolved an injunction brought by students from the University of Costa Rica, represented by Attorney Alvaro Sagot and supported by the Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA) and other Costa Rican NGOs (APREFLOFAS, CEDARENA, Fundación Keto, Humane Society International, Justicia para la Naturaleza, MARVIVA, PRETOMA and PROMAR)., In its ruling, The Chamber ordered the Executive Authority, within a maximum of 3 months, to administrate the fishery law in a manner that protects the constitutional right to a healthy environment. The Chamber also mandated that this process be carried out with public participation, which is essential to protecting this human right. “This decision is vital to the protection of coastal marine resources. The Fishery and Aquaculture Law had given the Executive Authority a period of 90 days to promulgate regulations, starting from April 25th, 2005 when the law was first published. However, after more than four years, the Executive Authority, represented by INCOPESCA, had still not issued the regulation,” stated attorney Gladys Martínez. “We understand the complexities of the issue, but these cannot be excuses to continue leaving a legal void that directly affects the conservation of Costa Rican and the planet’s, resources”, added Martínez. The plaintiffs petitioned the Constitutional Chamber to protect the human right to a healthy environment and balanced ecology and assure compliance with international obligations by carrying out its responsibility to promulgate regulations to implement this law. There are fundamental aspects to marine resource protection, such as aquaculture development, illegal fishing in protected areas, and containment of excessive fishing, the control of which is nonexistent or deficient, making this regulation imperative. “We at AIDA applaud the Chamber’s decision, as it recognizes the importance of effective protection of marine biodiversity and establishes a precedent of requiring public participation in the process”, commented Anna Cederstav from California, Co-Director of AIDA, “Given the grave situation of the world’s oceans and marine resources, and the necessity to counteract excessive exploitation and avoid impacts to current and future generations, it is urgent that this issue be resolved as soon as possible. Furthermore, Costa Rica has the opportunity to be an example in the conservation of oceans and their resources”, concluded Cederstav.
Read moreColombian Constitutional Court Admits AIDA's Complaint Against Mining Code (Spanish Text Only)
CORTE CONSTITUCIONAL ADMITE NUEVA DEMANDA CONTRA CÓDIGO DE MINAS PARA DEFENDER EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN FRENTE A LAS ACTIVIDADES MINERAS PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA CONTACTOS: Jerónimo Rodríguez, AIDA, Tel. (571) 2681804 Andrés Idarraga, CENSAT, Tel. (571) 2440581 [email protected] [email protected] BOGOTÁ, 20 de mayo de 2009.- La Corte Constitucional colombiana admitió esta semana la acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), CENSAT – Agua Viva, el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad de Caldas y la Corporación Gestión por los Intereses Ambientales y Públicos (Iniciativa GESAP) contra los artículos 203 y 213 del Código de Minas, que permiten el uso de los recursos naturales para la exploración minera sin licencia ambiental y limitan las causales por las que las autoridades ambientales pueden negar una licencia ambiental para actividades mineras. Los artículos del Código de Minas demandados violan la Constitución de Colombia y la legislación ambiental internacional. Estos artículos priorizan la actividad minera sobre la protección ambiental, al punto de limitar las capacidades de las propias autoridades para verificar las condiciones de la explotación, y eventualmente autorizar la exploración y explotación con condiciones que sean ambientalmente sostenibles. Por esto, se violan entre otros, los principios de desarrollo sostenible y el principio de precaución que son parte fundamental de nuestra legislación. “Reconocemos que la minería es una industria importante para nuestro país, pero también lo es la protección de los recursos naturales, que garantizan la existencia misma de la especie humana en la actualidad y en el futuro. Por esto solicitamos a la Corte que aplique el principio de desarrollo sostenible reconocido en nuestra Constitución para que la minería se implemente sin la generación de daños severos e irreversibles a zonas estratégicas, como los páramos, y de las que dependen muchas comunidades”, señaló Jerónimo Rodríguez, asesor legal de AIDA en Colombia. Esta demanda se une a la presentada por AIDA y otros contra el artículo 34 del Código de Minas, que está pendiente de sentencia por la Corte Constitucional Colombiana. Ambas demandas recogen e insisten sobre las preocupaciones del Ministerio de Ambiente y de la Procuraduría General de la Nación frente a los efectos de las actividades mineras en el ambiente y la necesidad imperiosa de control, sin debilitar aún más las normas. “Buscamos con esta demanda de inconstitucionalidad la efectiva protección al ambiente y que el uso ocasional o transitorio de los recursos naturales en las actividades de exploración deba evaluarse por las autoridades ambientales. Además que las licencias ambientales no estén limitadas por causales formales, sino que las autoridades ambientales puedan, cuando sea necesario para protección ambiental y del interés público, negar licencias para la minería en aplicación del principio de precaución y de normas ambientales aplicables”, concluyó Rodríguez. AIDA es una ONG legal ambiental hemisférica que trabaja para fortalecer la capacidad de las personas para garantizar su derecho individual y colectivo a un ambiente sano por medio del desarrollo, aplicación y cumplimiento efectivo de la legislación nacional e internacional. Entre otros temas, AIDA prioriza la protección del derecho al agua y asegurar recursos de agua dulce adecuados para las comunidades y los ecosistemas.
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