Derechos Indígenas

Fuentes de Agua Dulce, Derechos Indígenas, Grandes Represas

Respaldan demanda de comunidades indígenas contra hidroeléctrica Las Cruces

Como apoyo a la solicitud de amparo presentada por el pueblo Wixárika, AIDA presentó ante la justicia un escrito que evidencia las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y ambiente que el gobierno mexicano vulneró al autorizar el proyecto ubicado en Nayarit. Nayarit, México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) evidenció, en un escrito (Amicus Curiae) presentado ante el Juzgado Primero de Distrito de Nayarit, las obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos vulneradas por el gobierno mexicano al haber autorizado el proyecto hidroeléctrico Las Cruces. El escrito respalda la demanda de amparo presentada contra el proyecto por miembros del pueblo indígena Wixárika “Las autoridades no han realizado un proceso adecuado de consulta para obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas, y sobretodo no han respetado sus derechos a la libre determinación, autonomía, territorio e identidad cultural y a un ambiente sano”, dijo Camilo Thompson, abogado de AIDA. “Además, pasaron por alto los riesgos de daños a la cuenca del río San Pedro Mezquital y a los manglares que ese caudal alimenta, los de Marismas Nacionales, sitio protegido a nivel internacional”. La hidroeléctrica, promovida por la Comisión Federal de Electricidad, pone en riesgo sitios ceremoniales de los que depende la vida física y espiritual de los pueblos indígenas de la zona: Wixárikas, Náyeris-Coras, Tepehuanos y Mexicaneros. Miembros del pueblo Wixárika presentaron la demanda de amparo contra las autoridades que avalaron el proyecto —la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua— a mediados del año pasado. En el escrito, presentado por AIDA a comienzos de marzo de este año, se detallan las obligaciones internacionales incumplidas por el Estado mexicano respecto de Las Cruces. Entre ellas están las contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Tras la demanda de amparo, la autoridad judicial dispuso la suspensión de los permisos del proyecto hasta que el proceso concluya y se decida si son válidos. Las autoridades de gobierno han argumentado que el proyecto debe seguir porque es de interés público y que los pueblos indígenas pueden “refuncionalizar su vida espiritual en un contexto modificado por la construcción del proyecto”. Esa postura ignora los derechos de las comunidades, el debido proceso y los riesgos ambientales que afectan el interés público. Ahora la autoridad judicial debe dar continuidad al proceso, confirmar la suspensión y disponer finalmente la cancelación de los permisos del proyecto para salvaguardar los derechos de las comunidades afectadas. “Es necesario que el gobierno mantenga la congruencia entre la protección de los derechos humanos y del ambiente, cancelando los permisos otorgados al proyecto Las Cruces y amparando así los derechos de las comunidades afectadas”, dijo Thompson. “México tiene la oportunidad de fortalecer la tendencia mundial hacia la energía limpia, alejándose de proyectos como las grandes represas que emiten gases de efecto invernadero y agravan el cambio climático”. Consulta más información sobre el tema. Contacto de prensa: Camilo Thompson, abogado de AIDA, +521 9671302346, [email protected]  

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Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Piden al gobierno mexicano proteger Marismas Nacionales, en riesgo por hidroeléctrica

El proyecto hidroeléctrico Las Cruces amenaza la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales y Sitio Ramsar, el humedal más importante del Pacífico Mexicano. Comunidades indígenas de la zona alertan sobre violaciones a sus derechos humanos a la libre determinación, autonomía, territorio, identidad cultural, así como a un medio ambiente sano. Con motivo del Día Mundial de los Humedales, organizaciones de la sociedad civil, así como el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Mezquital, Consejo Regional Wixárika y el Consejo Náyeri, reiteraron su petición a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que cancele de forma definitiva los permisos de autorización de impacto ambiental y cambio de uso de suelo otorgados al proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, que busca desarrollarse en el estado de Nayarit, debido al riesgo ambiental que representa para la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales (Sitio Ramsar de Importancia Internacional), porque viola los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas que ahí se encuentran y por el interés público respecto de proteger y conservar los ecosistemas prioritarios para la biodiversidad, y necesarios por la adaptación y mitigación al cambio climático.   El proyecto hidroeléctrico Las Cruces pretende represar el río San Pedro, único que fluye libremente al cruzar la Sierra Madre Occidental y fuente principal de agua dulce del sistema de Marismas Nacionales. Desde el 2008, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tiene en curso este proyecto, que consiste en modificar directamente el uso de suelo de más de 5 mil hectáreas de bosques y zonas de ribera, alterar el ciclo del agua, transporte de sedimentos  y ciclo del carbón.   Las represas en regiones tropicales generan mayores emisiones de gases efecto invernadero (gas metano) que afectan a la delgada capa atmosférica. Represas como las de Aguamilpa y El Cajón, ya generan impactos al modificar el caudal ecológico, retener sedimentos y los volúmenes de agua. Sus impactos han provocado efectos adversos para la provisión de alimentos y para la materia orgánica disuelta, necesaria para la biodiversidad.   Además, la represa del río San Pedro ocasionará impactos sociales, toda vez que territorios, lugares sagrados, centros ceremoniales y senderos milenarios de las comunidades indígenas quedarían inundados, perdiendo su valor intangible para su cultura.   Este río es el séptimo más caudaloso de México y es el principal proveedor de agua dulce y de nutrientes para Marismas Nacionales, el humedal costero más importante del Pacífico mexicano. Adicionalmente, alberga culturas milenarias en su cuenca como son  los pueblos Náyeri (Cora), Wixárika, Tepehuano y Mexicanero, para quienes el río provee sustento y formas de vida, además de ser fundamento de su espiritualidad y eje de sus tradiciones e identidad cultural.   En términos de impactos ambientales, Las Cruces representa una amenaza para Marismas Nacionales, que abarca una superficie de 134 mil hectáreas, con una presencia de manglar del orden del 20% del total existente en el país; lo cual significa 113 mil hectáreas de bosques de manglar en buen estado de conservación y óptima estructura. Cuenta con más de 20 mil aves acuáticas, además de especies de mamíferos vulnerables o en peligro crítico como la nutria de río, el jabalí, el puma, el ocelote y el jaguar, mamífero emblemático y bajo protección. Por su riquísima biodiversidad, el río San Pedro provee alimentos para las pesquerías locales.   El proyecto Las Cruces alteraría irreversiblemente el equilibrio de las dinámicas ambientales, culturales y socioeconómicas que sustentan la Cuenca del Río San Pedro Mezquital y Marismas nacionales, en donde se calcula que habitan más de 300 mil personas. En términos sociales, el proyecto es violatorio de los derechos a la libre determinación, autonomía, territorio e identidad cultural, así como el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades y pueblos indígenas.   Lo anterior debido a que la resolución emitida por la Semarnat en septiembre de 2014 se otorgó sin consultar debidamente a las comunidades indígenas, a pesar de que la propia autoridad reconoce que los pueblos acceden al territorio en donde se pretende llevar a cabo el proyecto. De igual forma, la concesión para el aprovechamiento de aguas superficiales, otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la CFE, en noviembre del mismo año, se emitió sin considerar el uso y aprovechamiento que los pueblos indígenas realizan en dicho territorio, con subestimación de los impactos y riesgos regionales a nivel cuenca y para el ecosistema de humedales costeros, su biodiversidad, provisión de alimentos, viabilidad económica.   Debido a su relevancia internacional como humedal, la Misión Ramsar recomendó en el 2010, incluirlo en el registro Montreux para elevar su nivel de protección, debido a los posibles impactos al Sistema Ambiental Regional. En este sentido, es necesario cumplir con el objetivo estratégico de “Mejorar la aplicación a nivel nacional de la Convención Ramsar por parte del Estado mexicano, a fin de salvaguardar el ambiente sano y los derechos humanos”.   La importancia de la cuenca del río San Pedro Mezquital es regional y global porque lleva nutrientes al Golfo de California (Patrimonio de la UNESCO), siendo esencial para el ciclo de vida de muchas especies y para la conexión con el gran ecosistema marino. El Estado mexicano debe ser congruente con el interés público, proteger a la región y evitar emisiones de gases de efecto invernadero como las que el proyecto Las Cruces generaría.   Organizaciones firmantes: AIDA Causa Natura Cemda Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Mezquital Consejo Náyeri Consejo Regional Wixárika Fundar Grupo Ecológico Manglar Nuiwari Serapaz SuMar  

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Grandes Represas, Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Brasil y el ejemplo que sí habría que seguir

En un aparente giro de timón, el gobierno de Brasil dio señales del fin de la construcción de grandes represas en la Amazonía. De concretarse, es un paso digno de imitar para que la región y el mundo avancen hacia la generación energética sostenible y respetuosa del ambiente y los derechos humanos. El 2018 comenzó con noticias alentadoras para el sector energético y para los ríos y los derechos humanos en América Latina. Un alto funcionario del gobierno de Brasil anunció, en entrevista con el diario O Globo, el comienzo del fin de las grandes hidroeléctricas en ese país. La afirmación está respaldada por la ausencia de varios de esos proyectos en el nuevo Plan Decenal de Expansión de Energía de la nación sudamericana. El giro es particularmente significativo siendo Brasil una potencia mundial en la construcción de grandes hidroeléctricas, proyectos con los que hasta hace unos meses contaba para atender la creciente demanda energética nacional. Entre corrupción y falta de financiamiento La decisión responde a diversos factores, incluyendo los conflictos sociales y los impactos ambientales que las grandes represas han generado, así como la oposición a ellas de comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil. Además, estas obras han implicado altos costos y, como afirmó Edvaldo Santana, ex director de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) a O Globo, “acaban costando mucho más, a pesar de las licencias”. De hecho, las grandes represas han estado en el centro del escándalo de corrupción destapado por la investigación denominada Lava Jato, el más grande en la historia de Brasil y que traspasó sus fronteras al implicar a políticos y empresarios de 11 países latinoamericanos. La evidencia encontrada motivó incluso el inicio de Leviatán, una investigación especial sobre la represa Belo Monte por los indicios de elevados pagos en sobornos relacionados con su construcción. Lo anterior se suma a los requerimientos para las licencias ambientales que algunos proyectos no han cumplido. Es el caso de Belo Monte, cuya licencia lleva meses suspendida, o de la represa Tapajós, cuya licencia fue negada el año pasado. De otro lado, el gobierno brasileño anunció la privatización de Electrobras, empresa pública con un rol fundamental en la construcción de estas grandes infraestructuras. Con ello y con la crisis económica que ha afectado la capacidad del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil para apoyar estos proyectos, las grandes represas han perdido sus principales fuentes de financiamiento. Por ende, y ante los avances tecnológicos y las alternativas energéticas, Brasil comienza a dejar atrás a las grandes represas y da un paso importante hacia la verdadera energía sostenible, una que además respete los derechos humanos. Este avance podría tener un impacto importante en todo el continente americano y comenzar una ola de cambios hacia una matriz energética más moderna y alejada de las cada vez más obsoletas hidroeléctricas. Los pueblos indígenas ha sido gravemente afectados por la implementación intensiva de grandes represas en Brasil. | Crédito: Amazon Watch-Maíra Irigaray. Un cambio necesario Solo en la cuenca amazónica existen más de 275 nuevas represas planeadas, la mayoría en la región andina. Y hay otros cientos de proyectos hidroeléctricos en fila en Centroamérica y México. De hacer eco de lo anunciado en Brasil, estas iniciativas podrían incorporar una planeación adecuada e integral de energía con evaluaciones serias de costos y riesgos. En esos término, Pablo Pedrosa, Secretario Ejecutivo del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, habló con O Globo. “No estamos dispuestos a hacer movimientos para disfrazar los costos y los riesgos”, aseveró. Incluso entidades de orden global como la Corporación Financiera Internacional (CFI), parte del Grupo del Banco Mundial, han experimentado de primera mano los costos financieros, reputacionales y socioambientales de no evaluar adecuadamente proyectos de grandes represas. En 2012, la CFI, a través del Fondo Latinoamericano de Infraestructura Renovable, financió con 15 millones de dólares la represa Santa Rita, a construirse en el río Ictobay, en Alta Verapaz, Guatemala. A finales del año pasado, el mecanismo de rendición de cuentas de la entidad, concluyó que ésta había incumplido sus políticas operacionales con dicha inversión. Les dio la razón a las comunidades afectadas al concluir que no se había cumplido el proceso de consulta libre, previa e informada. Aunque la gerencia de la CFI negó los hallazgos de su mecanismo de rendición de cuentas, el proyecto está suspendido desde 2013 y las comunidades indígenas de la zona mantienen su oposición al mismo. La reciente decisión de Brasil refuerza la tendencia mundial de alejarse de las grandes represas. Incluso en Estados Unidos, desde hace algunos años, se están removiendo represas para rescatar ríos y los beneficios que brindan. Es el caso del río Snake y la pesca del salmón en Washington. Ante este buen inicio de año, será esencial vigilar que Brasil implemente efectivamente su decisión. Y, siguiendo ese ejemplo, seguro otros países andino-amazónicos pueden avanzar también hacia la modernidad, considerar los costos reales de las grandes represas y promover mejores alternativas, más baratas y que no se lleven por delante a ecosistemas y a las comunidades que dependen de ellos.

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Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Pronunciamiento por el asesinato de la defensora ambiental y de los derechos humanos Guadalupe Campanur Tapia

A LA COMUNIDAD INDÍGENA DE CHERÁN MICHOACÁN A LA OPINIÓN PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL MEDIOS DE COMUNICACIÓN Las 37 organizaciones reunidas en el ENCUENTRO DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DEL TERRITORIO repudiamos el asesinato de nuestra compañera Guadalupe Campanur Tapia, quien luchó por la defensa del bosque de Cherán, la construcción de su autonomía y la implementación del gobierno por usos y costumbres en esta comunidad indígena del estado de Michoacán. Responsabilizamos a los diferentes órdenes de gobierno que con sus acciones y omisiones son también partícipes de este hecho. Exigimos la verdad sobre este asesinato, justicia y castigo a los responsables. Estamos convencidos de seguir el ejemplo de nuestra compañera y continuar en la lucha por la defensa de la vida y contra los proyectos de muerte. ¡NI UNA DEFENSORA NI DEFENSOR ASESINADO MÁS! ¡RESPETO A LOS DERECHOS Y SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS DE MÉXICO!   ORGANIZACIONES FIRMANTES: Fondo Acción Solidaria, AC (FASOL) Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) Fundación Semillas de Vida – UNITONIA Asamblea Veracruzana de Iniciativas en Defensa de la Vida (VIDA) Molimiento de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER). Movimiento Ciudadano en Defensa de La Loma. Consejo Indígena Nayeri Pobladores, A.C. Defensores de la Cuenca Antigua Alianza de Comunidades en Defensa del Río Bobos-Nautla y Tecolutla. Frente Ciudadano en Defensa del Agua y La Vida. Ciudadanos Unidos por San Blas Comité Ixtepecano en la Defensa de la Vida y el Territorio Geocomunes Red para la Protección del Ambiente y el Territorio de Quintana Roo. Colegio de Ciencias Ambientales de Solidaridad Federación de Cooperativas Pesqueras “Pescadores Siglo XXI”. SCPP "Enrique Atondo Favela" Maderas del Pueblo del Sureste, A.C. C.I. Repechique. C.I. San Ignacio, Chihuahua Alianza Jaguar C.I. Loma de Bakum Evolución Civil 2050 Consejo para la Seguridad Transparencia y Buen Gobierno de Puerto Vallarta Alianza por la Costa Verde de Jalisco C.I. Nuevo San Juan Parangaricutiro Mipaltik  

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El Cacique Raoni, líder indígena brasileño, denuncia las amenazas a los derechos humanos del proyecto Belo Monte
Grandes Represas, Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Uniéndome a la búsqueda de justicia para las víctimas de Belo Monte

El 1 de abril de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de los pueblos indígenas afectados por la construcción de una gran represa sobre el río Xingú, en la Amazonía brasileña. Fue entonces que supe de la represa Belo Monte. Ese año, trabajaba como defensora de derechos humanos en Colombia, mi país natal. La Comisión había ordenado suspender cualquier permiso y obra relacionada con la represa hasta que se garantizara la protección de los derechos de las comunidades indígenas afectadas. Recuerdo que la decisión generó gran conmoción y un fuerte rechazo del gobierno de Brasil a través de diferentes decisiones diplomáticas. Su postura fue respaldada por otros Estados de la región que, con una solidaridad inusual, cuestionaban la competencia del organismo internacional para otorgar ese tipo de medidas en relación con proyectos de “desarrollo”. Debido a la presión, la Comisión, por primera vez en su historia, modificó una decisión: Brasil debía seguir garantizando la vida e integridad de las personas afectadas, pero la construcción no se podía suspender. Nunca entendí la reacción de Brasil y de los demás países. La Comisión solo había cumplido uno de sus mandatos, buscando evitar daños irreparables a los derechos de un grupo de personas a causa de un proyecto sobre el cual no se les consultó. Un proyecto que no contaba con estudios adecuados sobre sus impactos sociales y ambientales y que desde entonces anticipaba graves daños en ambos sentidos. Las comunidades indígenas y ribereñas, que por años han sabido cuidar del río Xingú, quedaron a expensas de un proyecto que, al interrumpir el caudal, afectaría irreversiblemente sus modos de vida y medios de subsistencia. La esperanza continúa Han pasado más de 6 años desde que el caso fue puesto en conocimiento de la Comisión que, como órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, está llamado a proteger los derechos humanos en el continente. En ese tiempo, el proyecto Belo Monte siguió su curso y las amenazas de daños ecológicos y sociales se volvieron una realidad. La represa ha causado el desplazamiento forzado de más de 40.000 personas, agravado la pobreza y los conflictos sociales en la zona donde fue construida; saturado los sistemas de salud, educación y seguridad pública en la ciudad más próxima; vulnerado el derecho a la vivienda digna de miles de familias; e incrementado la violencia contra personas defensoras de derechos humanos. Causó y sigue causando daños al ecosistema de la Amazonía, contribuyendo a profundizar el cambio climático y sus impactos. Pese a todo, la esperanza de conseguir justicia para las personas afectadas también ha sido alimentada con el tiempo. Y este año la vida me llevó a involucrarme activamente en esa tarea.  Desde septiembre, soy la abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. Me honra unirme a una ONG regional que, en alianza con organizaciones locales, ha dedicado años de trabajo para que las comunidades del río Xingú obtengan reparación por los daños sufridos, y para generar estándares de protección ambiental y de los derechos humanos. En 2010, AIDA y sus socios solicitaron las medidas cautelares a la Comisión y un año después presentaron ante ella la denuncia formal contra el Estado brasileño por las violaciones de derechos humanos relacionadas con Belo Monte. En diciembre de 2015, la Comisión abrió el caso a trámite. El 31 de octubre de este año, la Comisión le dio un nuevo impulso al proceso de litigio interpuesto contra Brasil: decidió unir dos etapas que, por regla general, se tramitan de forma separada. En la primera se verifican los aspectos necesarios sobre la admisibilidad del caso. Y en la segunda se toma una decisión de fondo que analiza si un Estado incumplió o no las obligaciones internacionales que se comprometió respetar al firmar la Convención Americana de Derechos Humanos. Tanto el Estado como los denunciantes deben presentar ahora alegatos y respuestas respecto de la admisibilidad y la decisión de fondo. La Comisión emitirá luego una decisión que cubra esos dos aspectos. La Comisión hizo una excepción que puede agilizar el proceso. Las circunstancias que permiten ello, y que están en su reglamento, se refieren a la existencia de las medidas cautelares. La Comisión puede emitir recomendaciones para que Brasil repare las violaciones cometidas. De ser incumplidas, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano que tiene la facultad de emitir un fallo que condene a Brasil y recomendar medidas de reparación. Lecciones valiosas Belo Monte es, sin duda, una lección para el continente. El caso demuestra que los proyectos de ese tipo son ambientalmente inviables y generan daños irreparables en los derechos humanos, por lo que no son una forma posible de desarrollo. Belo Monte evidencia además que los Estados deben replantear sus modelos energéticos y volcar sus esfuerzos a promover energías limpias y sostenibles. Es también una señal de alerta para que las instituciones financieras eviten invertir en proyectos con impactos socioambientales. Y es una oportunidad para que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos genere precedentes valiosos que eviten otros “Belo Monte” en la región. ¡Desde AIDA, estoy preparada para contribuir a la lucha por un ambiente sano en este y en otros casos! ¡El viaje apenas comienza  

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Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Pronunciamiento por el fallecimiento del defensor de derechos humanos Carlos Isaías Güitz Pop

Las organizaciones firmantes, lamentamos profundamente el fallecimiento de Carlos Isaías Güitz Pop el día 12 de diciembre en el Hospital General San Juan de Dios, en la ciudad de Guatemala. Carlos, de 36 años de edad, maya q’eqchi’, era un defensor de derechos humanos de la organización comunitaria en Defensa del Río Dolores, municipio de Cobán, Alta Verapaz. El 8 de noviembre del año 2013, Carlos, su hermano y otras personas de las comunidades, fueron atacados con armas de fuego. A raíz de este ataque armado, Carlos resultó gravemente herido, quedando desde ese entonces y hasta los últimos días de su vida, postrado en una silla de ruedas. Según denuncias realizadas por las comunidades, el ataque referido fue perpetrado por el terrateniente David Leonel Ponce Ramírez y sus dos hijos, Augusto Sandino Ponce y Carlos Ponce, quien violentando el proceso de negociación de compra-venta de tierras que sostenía con estas comunidades, decidió finalmente negociar estas tierras con la empresa Hidroeléctrica Santa Rita, S.A., lo que fue una de las causas que ocasionó el desalojo violento e ilegal que finalmente, llevó a la muerte de Carlos Isaías Güitz Pop. Este grave incidente ocurrió en la comunidad Monte Olivo, Cobán, Alta Verapaz, en el marco de la instalación de la hidroeléctrica Santa Rita sobre los ríos Cangüinic y Dolores, sin haberse realizado una consulta previa e informada a las comunidades afectadas por dicho proyecto, tal como lo establece el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional de Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A pesar de que se realizó una denuncia ante las autoridades correspondientes, el caso de Carlos Isaías al igual que los asesinatos y agresiones contra las y los defensores de derechos humanos del Río Dolores, siguen en total impunidad. Contrario a ello, la criminalización en contra de las y los comunitarios organizados en defensa del Río Dolores está avanzando. Ante el ataque que dejó en silla de ruedas a Carlos Isaías Güitz Pop y los asesinatos y las graves agresiones contra las comunidades que se oponen al proyecto hidroeléctrico Santa Rita, instamos a las autoridades competentes a que: Emprendan una investigación pronta y eficaz con el fin de identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del ataque contra Carlos Isaías Güitz Pop, al igual que de los asesinatos y las graves agresiones contra las y los defensores del Río Dolores. Emprendan acciones de resarcimiento de los casos en los cuales las y los defensores de las comunidades en resistencia Río Dolores han sido heridos y asesinados. Tomen todas las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad física de las y los defensores de derechos humanos del Río Dolores. Tomen todas las medidas necesarias para que cesen los casos de criminalización de las y los defensores del Río Dolores, quienes, en defensa de bienes naturales, se oponen al proyecto hidroeléctrico Santa Rita.  

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Derechos Indígenas

Pueblos indígenas de América Latina exigen respeto a su derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado

Advierten que los procesos de consulta se están usando como trámites administrativos y no garantizan sus derechos. Exigen que se tomen en cuenta los estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas. Ciudad de México. Pueblos y comunidades indígenas de México y América Latina, junto con organizaciones de la sociedad civil, demandaron a los gobiernos de la región garantizar con firmeza la seguridad jurídica de sus territorios, frente a la constante vulneración de sus derechos durante los procesos de consulta indígena.   América Latina es la región que ha registrado los mayores avances normativos y jurisprudenciales sobre el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado (CPLI). De los 22 Estados que forman parte del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), 14 se encuentran en América Latina. “Cabe reiterar que, para generar la institucionalidad estatal en materia de consulta y CPLI, no se requiere una ley o reglamento de consulta; además, no es posible imponer los mismos tiempos, condiciones y procedimientos a todas las comunidades indígenas, en tanto no comparten las mismas formas de toma de decisión, cosmovisión e instituciones jurídico-políticas”, dijo Daniel Cerqueira, oficial de programa sénior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).   En México y en otros países de la región existen marcos normativos que privilegian a las empresas del sector extractivo, energético y agroindustrial a costa de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables, generando una asimetría de poder. Si bien existen cuerpos normativos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, así como protocolos y marcos nacionales normativos de consulta y el consentimiento libre, previo e informado, estos no se toman en cuenta para garantizar este derecho ni para evitar el estallido de conflictos sociales.   Honduras es un caso emblemático en la región, donde la consulta previa se ha omitido en diferentes situaciones. Olivia Zúñiga, representante de la etnia Lenca, e hija de Berta Cáceres, defensora ambiental asesinada en marzo de 2016, sostuvo que en su país las élites políticas y empresariales se siguen imponiendo a cualquier derecho de los pueblos originarios. “No es una casualidad que después del golpe de 2009 se hayan otorgado más de 300 concesiones para proyectos extractivos, sin realizar los procesos de consulta previa, libre e informada como lo establece el Convenio 169 de la OIT”. Su madre, Berta Cáceres, se opuso al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que planeaba la construcción de una represa hidroeléctrica que iba derivar agua del Río Gualcarque, un lugar sagrado para este grupo originario. Esa oposición le costó la vida.   “El Estado de Derecho suele estar comprometido por la élites políticas y económicas, quienes mediante la concentración de riqueza, ejercen una influencia desmedida sobre diferentes políticas públicas que les permite mantener sus privilegios a costa de otros, entre ellos, los procesos de acaparamiento y exclusión en el acceso a los bienes comunes naturales”, sostuvo Ricardo Fuentes-Nieva, director ejecutivo de Oxfam México. “La falta de consulta a los pueblos indígenas, o el uso de este proceso como mero trámite administrativo, profundiza las brechas de desigualdad en la región”, concluyó.   Más allá de la dimensión normativa, los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos humanos por encima de cualquier interés económico. Por ello, es necesario que las decisiones estatales, incluyendo el diseño de políticas económicas y la gobernanza sobre los bienes comunes naturales, sean respetuosas de la autodeterminación, formas de vida y prioridades de desarrollo expresadas por los pueblos y comunidades indígenas.   Este pronuncianiento se realizó en el marco del Foro Internacional “Consulta, consentimiento previo libre e informado y autodeterminación: Perspectivas críticas sobre leyes y mecanismos de implementación”, co-convocado por: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA); Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR Perú), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Oxfam México; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Proyecto de derechos Económicos Sociales y Culturales A.C (PRODESC), Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ).   Encuentra material del foro en: www.foroconsulta.net    

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Honrando la conexión de los pueblos indígenas con el río San Pedro Mezquital
Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Honrando la conexión de los pueblos indígenas con el río San Pedro Mezquital

Las montañas de la Sierra Madre Occidental, en el noroeste de México, se elevan como gigantes desde los humedales costeros del Golfo de California hasta el Altiplano Central del país. En estas tierras aisladas, comunidades indígenas han encontrado por mucho tiempo refugio y el espacio sagrado para mantener su cultura y su forma de vida.  El ultimo río que corre libre en la región corta suavemente estas montañas, tallando valles fértiles, llevando agua y vida a los humedales de Marismas Nacionales. Los pueblos Náyeri y Wixárika veneran al río San Pedro Mezquital, que trae vida a sus tierras y a muchos de sus sitios sagrados, esparcidos a lo largo de su curso sinuoso.   A pesar de su importancia, el río —y con él los derechos de más de 15,000 indígenas— está en riesgo debido al proyecto hidroeléctrico Las Cruces. El embalse de la represa inundaría 14 de sus sitios sagrados ceremoniales y amenaza su cultura y forma de vida. En mayo, tuve el honor de caminar al lado de los Náyeri y Wixárika, y de participar de una ceremonia conjunta destinada a mostrar su compromiso con la defensa de sus derechos ante el megaproyecto impulsado por el gobierno. Es un compromiso que fue reafirmado recientemente, cuando representantes de esos pueblos indígenas expusieron su caso ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  Las imágenes que capturé del peregrinaje son un testimonio de la belleza y de la fuerza de los pueblos indígenas que habitan la Sierra Madre Occidental.  Dejamos la ciudad de Rosamorada en Nayarit para peregrinar hacia Keiyatsita, un sitio ceremonial sagrado en las márgenes del río San Pedro Mezquital. Caminamos en una sola fila, serpenteando entre las montañas, y luego bajamos a la orilla del río. Cuando llegamos al caudal, hicimos un ritual en el que nos marcaron con ceniza y harina de maíz criollo para que estar protegidos durante el viaje. Caminar junto a tantas personas indígenas, de todas las edades —padres y madres, niños, niñas, ancianos y ancianas— fue una experiencia enriquecedora e inspiradora.  Esta peregrinación en particular fue histórica, porque hizo de dos comunidades diferentes —los Náyeria y los Wixárika— una sola, para honrar los espacios sagrados que comparten. En una declaración conjunta, escribieron que, más allá de las razones espirituales para la ceremonia, ellos se unieron para: “unificar las fuerzas contra el proyecto hidroeléctrico 'Las Cruces' de igual forma para demostrarle al estado mexicano que no estamos solos y que no estamos aislados… Ambos pueblos originarios después de esta ceremonia histórica fortaleceremos más nuestra lucha y defensa en contra del proyecto hidroeléctrico antes mencionado desde el ámbito cultural, espiritual, política y jurídica, así mismo consolidaremos nuestros lazos con otros pueblos indígenas de México y del mundo”. Caminaron para honrar al río, para cuidar de la madre Tierra y para demostrar su compromiso con la protección de sus sitios sagrados. Los dos grupos indígenas se ven a sí mismos como guardianes de esos espacios, sitios como Keiyatsita que les brinda conocimiento y sabiduría para proteger a la Tierra. Estos sitios son vitales no sólo para su memoria histórica, sino también para su cultura e identidad.  La ceremonia sagrada en Keiyatsita comenzó por la tarde. Hubo canciones, rezos y bailes con lo que ellos expresaron su devoción a Tatei Niwetsika o Madre Maíz, la diosa nativa del maíz, en sus cinco colores: amarillo, azul, rosa, blanco y rojo. A mitad de la noche, los animales que caminaron con nosotros en medio de las montañas, fueron ofrecidos a los dioses en las aguas del río. Los rezos, las canciones y la ceremonia duraron toda la noche.  Estos sitios sagrados a lo largo del río San Pedro Mezquital son espacios vivos y parte de lo que hace a México tan rico. Son el reflejo de las culturas y tradiciones indígenas que continúan muy vivas en las montañas de la Sierra Madre Occidental. Son lugares que, por su importancia cultural y espiritual, deben ser honrados y protegidos como parte de nuestro patrimonio internacional. Los pueblos indígenas son los mayores guardianes de nuestro planeta. Y ahora, les hacemos un nuevo llamado para proteger este único y preciado lugar: el último río que fluye libre en el noroeste de México y las tierras que recorre, desde las cimas de Durango hasta los manglares de Nayarit, que tiene su salida al mar del Golfo de California. Representantes de las comunidades indígenas de Nayarit se presentaron ante Victoria Tauli-Corpuz, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y expresaron su oposición a la hidroeléctrica que amenaza su territorio y su modo de vida. Explicaron que no han dado ni darán su consentimiento para un proyecto que destruiría sus sitios sagrados y al río que les da vida.  ¡Conoce más de la lucha para proteger al río San Pedro Mezquital  

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Derechos Indígenas

Informe sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en México

El informe y su anexo (con casos emblemáticos) tienen como objetivo visibilizar las principales violaciones a los derechos de las personas y comunidades indígenas en México. Este esfuerzo es un resultado colectivo de las organizaciones de la sociedad civil mexicana, comunidades y colectivos que históricamente se han dedicado a la defensa de los derechos humanos en el país. El documento se compone de nueve apartados que abordan el contexto nacional que describe los límites, obstáculos y desafíos para garantizar los derechos de los pueblos indígenas en el país para posteriormente entrar al análisis de violaciones que se han agrupado en temáticas como la autonomía y la libre determinación, una demanda colectiva que continúa siendo una deuda histórica del Estado mexicano hacia los pueblos indígenas, situación que ha provocado otras violaciones a sus derechos. Además, se aborda el tema de las violaciones al derecho al territorio derivado de una multiplicidad de causas como la implementación desmedida de megaproyectos de infraestructura y desarrollo que se autorizan, construyen y operan sin respetar la tierra y territorios de los pueblos, ocasionando impactos significativos en su integridad cultural, social, y económica entre otros derechos.   Otro tema a tratar es la cuestión de la falta de acceso a la justicia como un gran obstáculo para proteger sus derechos humanos, y sobre todo, reparar de manera integral las violaciones a los mismos. Finalmente, se analiza la situación de inseguridad y violencias que enfrentan las personas y comunidades indígenas y de las cuales también son víctimas, este hecho agudiza y profundiza el impacto de las violaciones a sus derechos humanos. El último apartado es un anexo que compila fichas de casos sobre violaciones a los derechos de los pueblos en todo el territorio mexicano, si bien, no podemos decir que se trata de todos los casos en el país, si refleja una aproximación de la situación crítica y de las principales violaciones que sufren los pueblos y comunidades indígenas.   Cabe señalar, que este documento ha sido elaborado con motivo de la visita oficial a México de Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en noviembre del presente año. Esperamos que la información proporcionada por la sociedad civil mexicana sea de gran utilidad para su Informe de Misión ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

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Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Relatora de la ONU se encontrará con representantes de pueblos indígenas para conocer su situación de derechos humanos y colectivos

La Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas visitará Chiapas, Chihuahua y Guerrero para conocer las problemáticas específicas en los territorios. Los temas principales que se abordarán son discriminación, autonomía y territorios indígenas, armonización de la legislación interna, megaproyectos, acceso a la justicia e impactos de la violencia en las mujeres y pueblos indígenas. La situación de los derechos de las mujeres indígenas es de especial interés para la Relatora, por lo que proporcionará espacios especiales de diálogo con ellas durante su visita. Ciudad de México. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, llevará a cabo una visita oficial a México del 8 al 17 de noviembre. Durante esos días recibirá información de los pueblos y comunidades indígenas, los gobiernos estatales y federal, así como de empresarios, sobre las diferentes problemáticas que les afectan, como las diversas formas de despojo del territorio y bienes naturales; megaproyectos violatorios de los derechos de los pueblos indígenas; discriminación; agresiones, desplazamiento e inseguridad a causa de la defensa del territorio y de la violencia creciente en el país; e impunidad y obstáculos en el acceso a la justicia. Será en la Ciudad de México y en los estados de Guerrero, Chiapas y Chihuahua donde la Relatora escuchará los planteamientos que representantes indígenas y organizaciones aliadas le harán. Le hablarán de casos emblemáticos, como el de la hidroeléctrica Las Cruces, en Nayarit; el de la siembra de transgénicos en la Península de Yucatán; los impactos de la violencia y devastación de los bosques en Chihuahua; el Acueducto Independencia en Sonora; las Eólicas del Sur en Juchitán; el proyecto hidroeléctrico en la Sierra Norte de Puebla; el proyecto minero de San Miguel del Progreso en Guerrero; la sistemática tortura y privación arbitraria de la libertad, así como la falta de justicia en Chiapas en un contexto de guerra de baja intensidad; el impacto de los sismos en Chiapas; y la discriminación en las políticas públicas que mantiene empobrecidos a los pueblos indígenas, entre otros. Particularmente, la Relatora se encuentra interesada en conocer las situaciones de exclusión y violencia que viven las mujeres indígenas en México. Es por ello que destinará espacios especiales para dialogar con mujeres cuyos derechos han sido negados. Con ella compartirán casos de feminicidio, violencia obstétrica, muerte materna, esterilización forzada, defensoras de derechos humanos en riesgo, entre otros.     Como resultado de su visita, la Relatora presentará un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que elaborará señalamientos y recomendaciones, de modo que dicho organismo los considere para evaluar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano adoptadas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y demás tratados internacionales adoptados en la materia. La importancia de este documento radica en que es un instrumento de rendición de cuentas internacional que señalará nuevamente los pendientes del Estado mexicano. En 2003, el entonces Relator Rodolfo Stavenhagen realizó una visita a México en la que evidenció la grave situación de violación de los derechos de los pueblos indígenas. A 14 años de dicha visita, la situación de los pueblos indígenas no ha mejorado. Al contrario, las causas estructurales responsables del despojo y agresiones que viven día con día se han agudizado y los actores no estatales, especialmente las empresas mineras, que contribuyen a esto, se han multiplicado. Por ello, la visita y su posterior informe representan una oportunidad para abordar seriamente las razones de la negación de sus derechos y establecer un consenso sobre la necesidad de corregir el modelo económico y político que el Estado mexicano promueve.     A pesar de las omisiones y complicidades estatales e histórica exclusión social, hoy las personas y pueblos indígenas de México permanecen de pie, enfrentando nuevos desafíos y demostrando su respeto y capacidad para vivir y cuidar de su cultura, sus valores, sus territorios y el medio ambiente, con base en su organización tradicional y sistemas normativos propios. Bienvenida la visita de la Relatora.   Organizaciones firmantes:    Alerta Temprana Red, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), Fundación Diego Lucero A.C., Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Comité de Familiares de Personas desaparecidas en México, Alzando Voces y Comité de Defensa de Derechos Humanos CHOLOLLAN, Actuar Familiares contra la Tortura, Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (EN VERO), Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FREMDEHU), Zihuame., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC), Red en defensa de los territorios indígenas de la Sierra Tarahumara (Consultoría Técnica Comunitaria, Alianza Sierra Madre y Awé Tibúame), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, A. C., Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", DECA Equipo Pueblo A.C., Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero , Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), OXFAM México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).Fundación Diego Lucero, Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, En Vero, Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban , A.C. , Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violación de Derechos Humanos en México, ANAD, RUMODH, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), MA OGM Colectivo, Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Business y Human Rights Resource Centre, Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Indignación, A.C), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Victoria A.C., CONECTA CULTURA AC (Ciudad de México).   Y  la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana).  

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