Derechos Indígenas


Relatora de la ONU se encontrará con representantes de pueblos indígenas para conocer su situación de derechos humanos y colectivos

La Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas visitará Chiapas, Chihuahua y Guerrero para conocer las problemáticas específicas en los territorios. Los temas principales que se abordarán son discriminación, autonomía y territorios indígenas, armonización de la legislación interna, megaproyectos, acceso a la justicia e impactos de la violencia en las mujeres y pueblos indígenas. La situación de los derechos de las mujeres indígenas es de especial interés para la Relatora, por lo que proporcionará espacios especiales de diálogo con ellas durante su visita. Ciudad de México. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, llevará a cabo una visita oficial a México del 8 al 17 de noviembre. Durante esos días recibirá información de los pueblos y comunidades indígenas, los gobiernos estatales y federal, así como de empresarios, sobre las diferentes problemáticas que les afectan, como las diversas formas de despojo del territorio y bienes naturales; megaproyectos violatorios de los derechos de los pueblos indígenas; discriminación; agresiones, desplazamiento e inseguridad a causa de la defensa del territorio y de la violencia creciente en el país; e impunidad y obstáculos en el acceso a la justicia. Será en la Ciudad de México y en los estados de Guerrero, Chiapas y Chihuahua donde la Relatora escuchará los planteamientos que representantes indígenas y organizaciones aliadas le harán. Le hablarán de casos emblemáticos, como el de la hidroeléctrica Las Cruces, en Nayarit; el de la siembra de transgénicos en la Península de Yucatán; los impactos de la violencia y devastación de los bosques en Chihuahua; el Acueducto Independencia en Sonora; las Eólicas del Sur en Juchitán; el proyecto hidroeléctrico en la Sierra Norte de Puebla; el proyecto minero de San Miguel del Progreso en Guerrero; la sistemática tortura y privación arbitraria de la libertad, así como la falta de justicia en Chiapas en un contexto de guerra de baja intensidad; el impacto de los sismos en Chiapas; y la discriminación en las políticas públicas que mantiene empobrecidos a los pueblos indígenas, entre otros. Particularmente, la Relatora se encuentra interesada en conocer las situaciones de exclusión y violencia que viven las mujeres indígenas en México. Es por ello que destinará espacios especiales para dialogar con mujeres cuyos derechos han sido negados. Con ella compartirán casos de feminicidio, violencia obstétrica, muerte materna, esterilización forzada, defensoras de derechos humanos en riesgo, entre otros.     Como resultado de su visita, la Relatora presentará un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que elaborará señalamientos y recomendaciones, de modo que dicho organismo los considere para evaluar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano adoptadas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y demás tratados internacionales adoptados en la materia. La importancia de este documento radica en que es un instrumento de rendición de cuentas internacional que señalará nuevamente los pendientes del Estado mexicano. En 2003, el entonces Relator Rodolfo Stavenhagen realizó una visita a México en la que evidenció la grave situación de violación de los derechos de los pueblos indígenas. A 14 años de dicha visita, la situación de los pueblos indígenas no ha mejorado. Al contrario, las causas estructurales responsables del despojo y agresiones que viven día con día se han agudizado y los actores no estatales, especialmente las empresas mineras, que contribuyen a esto, se han multiplicado. Por ello, la visita y su posterior informe representan una oportunidad para abordar seriamente las razones de la negación de sus derechos y establecer un consenso sobre la necesidad de corregir el modelo económico y político que el Estado mexicano promueve.     A pesar de las omisiones y complicidades estatales e histórica exclusión social, hoy las personas y pueblos indígenas de México permanecen de pie, enfrentando nuevos desafíos y demostrando su respeto y capacidad para vivir y cuidar de su cultura, sus valores, sus territorios y el medio ambiente, con base en su organización tradicional y sistemas normativos propios. Bienvenida la visita de la Relatora.   Organizaciones firmantes:    Alerta Temprana Red, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), Fundación Diego Lucero A.C., Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Comité de Familiares de Personas desaparecidas en México, Alzando Voces y Comité de Defensa de Derechos Humanos CHOLOLLAN, Actuar Familiares contra la Tortura, Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (EN VERO), Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FREMDEHU), Zihuame., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC), Red en defensa de los territorios indígenas de la Sierra Tarahumara (Consultoría Técnica Comunitaria, Alianza Sierra Madre y Awé Tibúame), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, A. C., Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", DECA Equipo Pueblo A.C., Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero , Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), OXFAM México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).Fundación Diego Lucero, Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, En Vero, Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban , A.C. , Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violación de Derechos Humanos en México, ANAD, RUMODH, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), MA OGM Colectivo, Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Business y Human Rights Resource Centre, Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Indignación, A.C), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Victoria A.C., CONECTA CULTURA AC (Ciudad de México).   Y  la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana).  

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¿Crecer a costa de la Amazonía?

(Columna publicada originalmente en Animal Político) La extensión de la Amazonia brasileña es de 5,5 millones de km2, de los cuales 44 % están protegidos legalmente. Durante la última semana, la atención del mundo se enfocó en una zona específica: la Reserva Nacional de Cobre y Asociados (Renca), un área de aproximadamente 47 mil km2. La razón fue el decreto emitido el 23 de agosto pasado por el presidente brasileño Michel Temer, que abrió las puertas de la reserva para la explotación de oro, manganas, cobre, hierro y otros. Según el gobierno, la medida ayudaría a revitalizar la minería brasileña, que el año pasado representó 4 % del PIB de Brasil. Algunos días después, luego de críticas de celebridades y del movimiento ambientalista nacional e internacional, el presidente Michel Temer revocó el decreto y publicó otro con prácticamente el mismo contenido. Sin embargo, el 30 de agosto, el juez federal Rolando Valcir Spanhol anuló el decreto de Temer, considerando que hubo una violación constitucional al proceso legislativo de Brasil. Asimismo, consideró que cualquier decreto futuro que facilite la exploración de la reserva sería considerado automáticamente suspendido. La decisión del juez trae consigo una fuerte carga de democracia, la que actualmente se encuentra debilitada en varios países de América Latina. Pone un límite a la actuación de los presidentes y establece el precedente de que asuntos jurídico ambientales no pueden ser tratados con acciones políticas. Es decir, un tema de esa naturaleza debe ser ampliamente discutido nacionalmente, debe respetarse las normas nacionales e internacionales en la materia; se debe garantizar la consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas y otras comunidades tradicionales, y sobre todo garantizar la soberanía ciudadana. Pero, en lugar de discutir el tema con la población brasileña, Temer prefirió hacerlo con empresas de minería canadienses. Según medios nacionales y extranjeros, en marzo de este año el Ministro de Minas y Energía habría anunciado en Toronto, Canadá, la extinción de la Renca y la posibilidad de subastas para la exploración minera allí. Esto representa una fuerte evidencia de cómo el Estado está capturado por empresas, poniendo nuestras vidas y recursos naturales versus por debajo de intereses corporativos. Es importante mencionar que está ampliamente documentado que empresas mineras canadienses han sido responsables por proyectos que han generado en América Latina impactos ambientales, impactos en la salud, desplazamiento forzado, división de comunidades, criminalización de defensoras(es) de la tierra, el territorio y el ambiente, entre otros. El tema de la minería en la Amazonia brasileña es particularmente preocupante por dos razones. La primera es que los proyectos a gran escala ubicados allí no han contribuido al desarrollo, pero sí han generado impactos ambientales y en derechos humanos. La represa Belo Monte, ubicada también en el estado de Pará (como la Renca), es el ejemplo más emblemático de cómo un megaproyecto contribuyó a la deforestación, la disminución drástica del caudal del río Xingú, la muerte de peces, la desaparición de especies, el quiebre de tejidos sociales, la división de comunidades, el incremento de la violencia, la prostitución infantil, etc. Solo el Ministerio Público Federal ha interpuesto un total de 27 acciones civiles públicas, entre ellas una que alega que hubo un etnocidio de los pueblos indígenas de la Volta Grande del río Xingú. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene en sus manos una petición sobre el tema y reconoce, desde el año 2011, que hay una situación de gravedad y urgencia para las comunidades indígenas aledañas a la construcción de la hidroeléctrica. La segunda razón es que el estado de Pará ha sido considerado uno de los estados más violentos de Brasil. Según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra, Pará concentra 30% de las muertes relacionadas con conflictos agrarios en Brasil. En mayo de este año, por ejemplo, el estado fue escenario de la Chacina de Pau Darco (matanza en la ciudad de Pau D’arco), en la cual más de 10 personas murieron durante una incursión policial en una hacienda en una zona rural del país. No hay duda de que la instalación de un proyecto minero en la Renca implicaría un incremento de los conflictos en Pará. Finalmente —pese a que seguramente existen muchas razones más—, la ruptura de un dique de relaves mineros, desastre ambiental ocurrido en el municipio de Mariana en 2015, fue clave para saber que Brasil no está listo para lidiar con los riesgos de la minería. El hecho causó la muerte del río Doce, contaminación de otras fuentes de agua, proliferación de enfermedades, pérdida de fauna y flora, etc. El Estado no ha tenido la capacidad de reparar y compensar a las víctimas. Y, casi dos años después, todavía hay presencia de desechos tóxicos en la zona. En suma, es importante que Brasil repiense su modelo de crecimiento y desarrollo: megaproyectos en la Amazonía han representado un retroceso en términos ambientales y sociales, de derechos humanos , pero no en materia de desarrollo. La verdad es evidente y obvia: si Brasil efectivamente quiere crecer, la mejor manera de hacerlo es protegiendo la Amazonía y sus pueblos.  

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Berta vive: Manteniendo la lucha, pese a los riesgos

El 30 de junio, Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres —la activista ambiental hondureña asesinada—, sobrevivió a un atentado contra su vida. Viajaba a casa con dos colegas cuando unos hombres, machetes en mano, detuvieron su vehículo. Cuando los sujetos levantaron sus armas, el chofer de Zúñiga aceleró y esquivó a los atacantes, pero no antes que uno de ellos lanzara una roca que golpeó el parabrisas. Los atacantes persiguieron a los activistas, intentando llevar su auto por el borde de un acantilado. Por fortuna, Zúñiga y sus compañeros lograron escapar. Seis días después, el FMO y el FinnFund, dos bancos de desarrollo europeos, anunciaron el retiro oficial de su inversión de la represa Agua Zarca, contra la cual Zúñiga está peleando porque inundaría un sitio sagrado para comunidades indígenas Lenca. “El momento de nuestro anuncio de salida no está relacionado con el ataque a la Sra. Berta Zúñiga Cáceres”, dijo Christiaan Buijnsters, vocero del FMO. “Es una coincidencia”. En un comunicado de prensa, el FMO y el FinnFund informaron que su retiro “buscaba reducir las tensiones internacionales y locales en la zona”. Antes de ser asesinada en su casa el 2016, Berta Cáceres llevó adelante una campaña enérgica contra la represa, ganando por su trabajo el prestigioso Premio Ambiental Goldman. Zúñiga, de 26 años, asumió el rol de liderazgo de su madre en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en junio de 2017. Activistas ambientales en Honduras aún están luchando contra la represa, pero el Banco Centroamericano de Integración Económica todavía no retira su apoyo financiero del proyecto. “Yo nací en un pueblo con gran dignidad y fortaleza”, dijo Zúñiga en una entrevista con Democracy Now, un medio independiente de Estados Unidos. “Mi madre, Berta Cáceres, nos inculcó desde muy jóvenes que la lucha está arraigada en la dignidad y que debemos continuar defendiendo los derechos de nuestra gente”. Sistemas de corrupción e impunidad El ataque a Zúñiga es el más reciente en la región más peligrosa del mundo para las y los defensores ambientales. En Honduras, entre el 95 y el 98 por ciento de los crímenes quedan impunes. La complicidad entre gobiernos y corporaciones encubre con frecuencia a los asesinos y a quienes los contratan para silenciar a activistas ambientales y de derechos humanos. Desafortunadamente, las familias de activistas como Cáceres rara vez obtienen justicia. Pero aún hay esperanza. A raíz de una protesta mundial por la muerte de Cáceres y de pedidos de investigación, nueve personas fueron arrestadas en relación con su asesinato. Algunas tienen conexión con Desarrollos Energéticos S. A., la empresa que construye la represa Agua Zarca. Documentos judiciales sugieren además que el asesinato fue planificado por especialistas en inteligencia militar ligados a las Fuerzas Especiales de Honduras, entrenadas en Estados Unidos. Pese a estos arrestos, los principales autores intelectuales del asesinato aún no han sido sindicados. COPINH ha denunciado en las audiencias del caso que la acusación, a cargo de la Fiscalía, está llena de defectos e irregularidades. Mientras, asesinatos y ataques como aquel a Zúñiga, continúan. “Sabemos que en Honduras es muy fácil pagar a personas para cometer asesinatos”, dijo Zúñiga a TeleSur en 2016. “Pero sabemos que quienes están detrás de esto son otras personas poderosas con dinero y todo un aparato que les permite cometer estos crímenes”. Pero Zúñiga y el COPINH permanecen fieles a su lucha. “Vamos a seguir adelante con nuestra lucha”, dijo Zúñiga a Democracy Now. “Parte de ella es romper este ciclo de impunidad”. Su motivación viene del consejo de su madre: “¡Despertemos¡ ¡Despertemos Humanidad¡ Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal… Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la Tierra y los espíritus”. Si tomamos esas palabras con el corazón, la lucha por un mundo más verde y más justo —junto con el espíritu de Berta Cáceres— continuará.  

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Altamira, Brasil

Belo Monte: La esperanza persiste pese a la promesa fallida de desarrollo

La hidroeléctrica Belo Monte fue prometida por sus promotores como una posibilidad de desarrollo para Brasil y en particular para Altamira, la ciudad más cercana a la represa. Hace poco visité esa urbe y me queda claro que seis años después del inicio de su construcción y aproximadamente un año luego de que comenzara a operar, Belo Monte no contribuye al desarrollo sostenible. Una evidencia de ello es que, en junio pasado, Altamira fue clasificada como la ciudad más peligrosa de Brasil en un estudio elaborado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada de ese país. Según el estudio, el crecimiento rápido y desordenado ocurrido en Altamira en los últimos seis años ha tenido serias implicaciones en la cantidad de crímenes cometidos en la ciudad. El 2000, de acuerdo con datos del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística, Altamira tenía poco más de 77 mil habitantes. Sin embargo, debido a la construcción de la hidroeléctrica, la cifra se disparó a 110 mil el año pasado. El resultado: Altamira registró la mayor tasa de homicidios del país en 2015 con 105,2 casos por cada 100 mil personas. Los números se enmarcan en un contexto muy preocupante, recogido este mes por Global Witness, cuyo informe reciente ubica a Brasil como el país con el mayor número absoluto de muertes, debido especialmente al trabajo de quienes dan sus vidas por defender la Amazonía, pues 16 de las 49 muertes ocurridas en 2016 están relacionadas con la protección del ecosistema amazónico. Condiciones insalubres Además de la violencia generalizada, la otra gran preocupación en Altamira es el saneamiento básico, el cual tiene que ver con fuentes y sistemas de abastecimiento de agua, así como con el manejo sanitario de residuos. Imagínate que durante los últimos seis años, cuando la dinámica urbana y social de la ciudad fue alterada totalmente debido a la represa, no se construyó un sistema de saneamiento básico adecuado. Así ocurrió pese a que era una condición para la construcción y operación de la represa. Pero lo único construido fue la gigantesca infraestructura hidroeléctrica. En abril de este año, un tribunal de Brasil ordenó la suspensión judicial de las operaciones Belo Monte hasta que exista una implementación adecuada del saneamiento básico en los barrios de reasentamiento urbano colectivo de Altamira. Pero la empresa a cargo de la represa se ha negado a cumplir con la sentencia, argumentando que tiene el permiso para operar. Eso demuestra la incapacidad del gobierno de evitar los abusos de la empresa. En Altamira los alcantarillados están tapados. Hay agua sucia, bichos y basura en las casas de los reubicados por la represa de #BeloMonte pic.twitter.com/5kkyNkfAM1 — Rodrigo Costa Sales (@rodrigojcsales) 13 de junio de 2017 Inversión cuestionable El escenario en torno a Belo Monte se agrava porque la empresa estatal china Grid Brazil Holding ganó la subasta para hacerse cargo del segundo sistema de transmisión de la energía a ser generada por la hidroeléctrica. La empresa ofreció 988 millones de reales (aproximadamente 300 millones de dólares), lo que me hace cuestionar las afirmaciones previas del Gobierno brasileño sobre el hecho de que la energía hidroeléctrica es barata, además de limpia. La inversión china preocupa porque la empresa ya ha sido multada varias veces por el incumplimiento de los plazos relacionados con el primer sistema de transmisión de energía. Peor aún, China no es reconocida internacionalmente por proteger los derechos humanos y el ambiente, razón por la cual la situación en Altamira puede complicarse aún más. La esperanza continúa Pese al panorama desalentador, la población urbana, así como las comunidades indígenas y ribereñas, todavía tienen esperanza de que Altamira sea una ciudad tranquila y linda otra vez. Escuché en muchos el deseo de volver a vivir los tiempos en los que se sentaban en sillas para conversar en la calle y se bañaban en las aguas del río Xingú; los tiempos de pescas colectivas y fiestas en el parque. Ello me muestra que no hay que tener miedo ni perder la esperanza. Hay muchas personas que creen en mi trabajo como defensor de la Amazonía. Por ellos seguiré trabajando para que instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual AIDA presentó el caso, considere que Brasil violó derechos humanos en razón de la construcción y operación de la represa Belo Monte. Continuaré buscando que las personas afectadas obtengan justicia y reparación.

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Nuevo Programa de Empresas y Derechos Humanos no cubriría estándares internacionales: OSC

El Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos en México se deslinda del proceso de creación del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Durante dos años las organizaciones de la sociedad civil han generado diagnósticos y recomendaciones que no han sido retomadas por la Secretaría de Gobernación. La decisión de las OSC no detiene el desarrollo del Programa, por lo que el Grupo Focal se mantendrá vigilante del proceso de implementación, y comprometido con la mejora de las políticas públicas y la rendición de cuentas empresarial en el país. Ciudad de México. Las organizaciones que conforman el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos se deslindan después de dos años de proceso para crear un Programa Nacional de Empresas y Derechos (PNEDH), debido a que la propuesta presentada por el gobierno mexicano no cubre los estándares internacionales. En estos dos años el Grupo Focal ha realizado un importante trabajo brindando insumos sustantivos al proceso. Con recursos propios, esta alianza de OCSs generó un Diagnóstico de Línea Base independiente para la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU en México. Este documento, así como otros aportes realizados en diversos foros y por escrito, no han sido considerados por el gobierno pese a múltiples reuniones. La sociedad civil alertó en marzo pasado mediante un comunicado público de las principales omisiones en el primer borrador del Programa. En el borrador final, recibido en días recientes, siguen sin atenderse las principales peticiones de sociedad civil, y preocupa que el borrador actual no abarca los mínimos necesarios para contar con un programa que mejore la situación del país en materia de empresas y derechos humanos. Las prioridades de sociedad civil que el gobierno mexicano no está atendiendo son: El documento no contempla un apartado ni acciones efectivas sobre el acceso al remedio y a la justicia, pese a que Naciones Unidas establece claramente que éste es un punto fundamental en un Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos basado en los Principios Rectores. Específicamente, en materia de acceso a la justicia, se ignoró la recomendación de implementar la reforma a la Ley de Amparo de 2013, la cual permite señalar a las empresas como autoridad responsable cuando cometan violaciones a los derechos humanos. La debida diligencia de las empresas para identificar, evitar, mitigar y (en su caso) remediar los daños no figura de manera contundente en el borrador. Tampoco se incorpora el reconocimiento expreso de la obligación de las empresas a respetar derechos humanos, ni la publicación de las evaluaciones de impacto ambiental y social (que por ley no son públicas), ni se consideran procesos de debida diligencia en toda la cadena de valor. La transparencia se maneja de forma discrecional y dejando importantes vacíos. En el contexto de grave crisis de derechos humanos que vive el país, el Programa no contempla mecanismos sólidos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ni reconoce la figura de los informantes (whistleblowers) como recomienda la sociedad civil. Tampoco se insta a las empresas a manifestarse pública y contundentemente en contra de los ataques e intimidación a estos actores, como recomendó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. La consulta previa, libre e informada, para obtener o negar el consentimiento, no se reconoce como derecho y su aplicación se restringe a los pueblos y comunidades indígenas, lo que excluye a comunidades campesinas y otras equiparables con problemáticas similares. Además, este derecho no se vincula con la responsabilidad de la debida diligencia de las empresas como recomienda Naciones Unidas. La responsabilidad del Estado de garantizar los derechos humanos cuando funge como actor económico no está explicitada. Faltan lineamientos fuertes para las empresas de participación o control estatal, y para los procedimientos de compras públicas, que den el ejemplo al sector privado, tal y como establecen los Principios Rectores. El Grupo Focal se conformó en 2015 en el marco del inicio de la elaboración del PNEDH. El objetivo era participar para que esta política pública garantice el respeto a los derechos humanos frente a la actividad empresarial. Las organizaciones que forman el Grupo Focal —Centro  de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Oxfam México; y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), acompañadas por la Asociación Interamericana para Defensa del Ambiente (AIDA) y Brigadas Internacionales de Paz (PBI)— seguirán trabajando para mejorar los marcos jurídicos y otros mecanismos para asegurar que las corporaciones nacionales e internacionales no cometan violaciones a los derechos humanos. Lee la carta en la que las OSC se desmarcan del proceso de creación del PNEDH. Contactos de prensa: Astrid Puentes Riaños, Codirectora de AIDA, 044 55 2301 6639, [email protected] Rosario Taracena, Responsable de Comunicación Externa de PODER,  044 55 2765 9451, [email protected]

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La contradicción de apoyar grandes represas con financiamiento climático

Durante la 16° reunión de su Junta Directiva, el Fondo Verde del Clima, entidad diseñada para financiar la lucha de los países en desarrollo contra el cambio climático, aprobó dos proyectos relacionados con grandes represas. Ahora, 136 millones de dólares irán a promover la hidroelectricidad a gran escala, contradiciendo el objetivo del Fondo de contribuir a un “cambio transformacional hacia un futuro bajo en emisiones y resiliente al clima”. Ya lo hemos dicho antes: las grandes represas no son parte del cambio de paradigma que requerimos, pues exacerban el cambio climático, son muy vulnerables a sus efectos y generan graves impactos socioambientales y económicos, que hacen imposible concebirlas en el marco de un desarrollo sostenible. Los proyectos beneficiados Los dos proyectos apoyados por la Junta del FVC no son de los más destructivos de su tipo, sin embargo, siguen siendo energía hidroeléctrica a gran escala, con todo lo que ello implica. El primer proyecto que recibirá financiamiento del Fondo Verde del Clima es una represa que prevé generar 15 MW de electricidad en las Islas Salomón, país archipiélago del Pacífico muy pobre y vulnerable al cambio climático. La represa, que se construirá sobre el río Tina, será el primer proyecto energético de gran infraestructura en ese país. Hoy día, las Islas Salomón dependen casi por completo de diésel importado para producir energía. Se trata de una fuente poco confiable, altamente contaminante, y por la que se debe pagar una de las tarifas más caras de la región. Si bien nos habría gustado ver a las Islas Salomón saltar hacia una alternativa más sostenible, esquivando la era de las represas, el Banco Mundial, entidad acreditada que presentó el proyecto ante el Fondo, llevó a cabo un proceso participativo y destacable de integración de las comunidades locales, que le concedió la legitimidad para realizar el proyecto. El segundo proyecto rehabilitará una represa construida en los 50 en Tajikistan, país ubicado en Asia Central. Las reparaciones son para volverla más resiliente al clima y menos peligrosa a posibles accidentes. Al tratarse de una rehabilitación, el proyecto no genera los impactos socioambientales propios de la construcción de una represa desde cero. Sin embargo, Tajikistan ya depende en un 98% de energía hidroeléctrica, que debido al cambio climático falla cada vez más. En efecto, en los meses más fríos, cuando más se requiere energía, más del 70% de su población sufre cortes por el mal funcionamiento de las represas. Por tanto, no es razonable usar financiemiento climático para profundizar esa dependencia, en lugar de hacerlo para diversificar la matriz energética del país, haciéndola más resiliente al clima. Nuestra campaña Antes de la 14ª reunión de la Junta Directiva del Fondo, cuando recién supimos de las propuestas relacionadas con grandes represas que buscarían financiamiento del Fondo, escribimos una carta abierta explicando por qué las grandes represas no son adecuadas para recibir esos recursos. Luego, anticipándonos a la 16ª reunión, en la que se discutirían los dos proyectos, enviamos a los miembros de la Junta una carta firmada por nuestros aliados más cercanos, que incluía información de cada uno de los proyectos de represas en trámite ante el Fondo. Finalmente, durante las reuniones de la Junta, circulamos una declaración firmada por 282 organizaciones, fortaleciendo nuestra postura. Obtuvimos respuestas oficiales de algunos miembros de la Junta, del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, a cargo del proyecto en Tajikistan, y de la Autoridad Nacional Designada de las Islas Salomón. Delegados de Canadá y Francia quisieron conversar del tema con nosotros. Además, los medios The Guardian y Climate Home publicaron artículos al respecto. Avanzando con optimismo   Pese a que el financiamiento fue otorgado finalmente a los dos proyectos hidroeléctricos, logramos llamar la atención a nivel internacional sobre la incongruencia de apoyar grandes represas con dinero destinado a combatir el cambio climático. Varios miembros de la Junta del Fondo Verde del Clima expresaron dudas acerca de la conveniencia de promover este tipo de iniciativas, y confiamos en que alzarán la voz cuando se enfrenten a proyectos hidroeléctricos mucho más dañinos que los aprobados recientemente. Actualmente existen alternativas energéticas mucho más flexibles, baratas y amigables con el medio ambiente, que necesitan del impulso que el Fondo Verde puede dar. La energía solar y la eólica, por ejemplo, han probado ser eficientes y menos costosas que la hidroeléctrica de gran escala; y otras tecnologías menos desarrolladas, como la geotérmica, tienen un potencial aún inexplorado que debemos destapar. Las organizaciones de la sociedad civil, que hacemos seguimiento a las decisiones del Fondo, seguiremos trabajando para que el financiamiento a grandes represas no se vuelva un precedente.

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Belo Monte debe cumplir con condiciones antes de seguir operando

Un tribunal federal de Brasil suspendió la licencia de operación de la represa Belo Monte debido a que Norte Energía, empresa a cargo del proyecto, no ha completado los trabajos de saneamiento básico en la ciudad de Altamira, directamente afectada por la hidroeléctrica.  La decisión del tribunal responde a un recurso legal presentado por el Ministerio Público Federal. Las obras de saneamiento eran una condición para la licencia otorgada por el Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) y debían completarse antes del llenado del embalse de la represa, lo que no ocurrió. "Esta es la primera vez que un tribunal federal suspende un recurso de suspensão de segurança respecto a Belo Monte; ese recurso garantizaba el funcionamiento de la hidroeléctrica aunque la empresa no hubiera completado las condicionantes de la licencia. En la práctica, la decisión significa que las operaciones de la represa deben parar inmediatamente, aunque la construcción de obras pendientes pueda continuar”, explicó Marcella Ribeiro, abogada de AIDA. “Más allá de una cuestión relacionada a la falta de saneamiento básico, este fallo representa un paso fundamental para que la empresa a cargo del proyecto cumpla adecuadamente con las condiciones para operar, las cuales favorecen a la población afectada. Esperamos que la justicia brasileña continúe garantizando la protección de los derechos de las comunidades afectadas por la represa frente al interés corporativo”.

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Denuncian ante la CIDH violaciones de derechos humanos y ataques a defensores/as por proyectos hidroeléctricos en Guatemala

Comunidades y organizaciones hacen un llamado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado guatemalteco, empresas e inversionistas garanticen los derechos humanos de personas y comunidades afectadas por esos proyectos.  Presentaron un informe que documenta 10 casos y 273 incidentes de amenazas, criminalización y ataques contra defensores/as, autoridades tradicionales, medios de comunicación y comunidades.  La criminalización se evidencia en 103 órdenes de captura; el encarcelamiento de 36 personas defensoras y el asesinato de 11.   Washington D.C., Estados Unidos. Un grupo de organizaciones y comunidades denunciaron, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aquellas personas que reivindican sus derechos y los de comunidades indígenas frente a proyectos hidroeléctricos en Guatemala, sufren violaciones de derechos humanos y son víctimas de amenazas, agresiones e incluso asesinatos. Las denuncias están contenidas en un informe presentado ante la Comisión que se basa en 10 casos. El documento da cuenta que, ante ese tipo de proyectos, las comunidades han visto vulnerado su derecho a la consulta, previa, libre, informada y culturalmente adecuada; a la autodeterminación; al debido proceso, y a la vida. En el informe se evidencia además que quienes defienden a las personas y comunidades afectadas  son víctimas de amenazas y agresiones. Los ataques más comunes fueron órdenes de captura (103), agresiones que resultan en heridas (56), encarcelamiento (36), detenciones (25), criminalización (16), amenazas (15). Se documentaron también 11 asesinatos y tres muertes relacionadas con conflictos en las comunidades que se oponen a los proyectos. Al menos 19 empresas están vinculadas con los proyectos hidroeléctricos: 55% nacionales, 40% trasnacionales y 5% estatales. Los denunciantes resaltaron ante la Comisión que es deber del Estado garantizar la protección de los derechos de las comunidades, de las personas que los defienden. Dicha  obligación de respeto de los derechos humanos se extiende a las empresas y a los financiadores de dichos proyectos. Por ello, las organizaciones y comunidades solicitamos al Estado guatemalteco: Respetar los derechos de los pueblos indígenas de forma integral, incluyendo la libre determinación y el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado y culturalmente adecuado. Garantizar la seguridad de las y los defensores de derechos humanos. Incluir la participación de las comunidades indígenas en el diseño y en la implementación de sus políticas de desarrollo energético. Y a las empresas: Cumplir con la debida diligencia en materia de empresas y derechos humanos. Abstenerse de tomar acciones, como demandas penales, que resulten en la criminalización y en ataques a defensores y defensoras de derechos humanos. Reconocer públicamente el papel positivo y fundamental que tienen las personas defensoras de derechos humanos en la democracia. Consulte aquí el informe completo. Acompañamiento de Austria (ADA); Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango (ADH); Asociación de Abogados Mayas de Guatemala, Asociación Indígena Ch`Orti` Nuevo Día, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Consejo del Pueblo Maya (CPO) Consejo Mam; Guatemala Human Rights Commission, USA (GHRC); Guatemala Solidarity Network; Microregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán; Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR); PAYXAIL YAJAW KONOB (Gobierno Ancestral Plurinacional) AKATEKA, CHUJ, POPTI’, Q’ANJOB’AL; Plataforma Internacional contra la Impunidad Protection International; Proyecto Acompañamiento Quebec Guatemala Montréal, Canadá Resistencia Río Dolores y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA). Contactos de prensa: Karen Hudlet, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, [email protected] Rodrigo da Costa Sales, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), [email protected]  

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Sociedad civil alerta sobre omisiones en la creación del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos en México

El Gobierno mexicano ha desatendido recomendaciones de las OSC que integran el Grupo Focal. Falta de inclusión de comunidades afectadas, poca transparencia y ausencia de actores vitales para el Programa, entre las principales omisiones. Ciudad de México, México. A mediados del 2015 el gobierno mexicano inició los trabajos para la creación del Programa Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos en México (PNEDH), y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), dependencia que lidera este proceso, hasta la fecha no ha presentado una hoja de ruta adecuada ni una línea de tiempo que permita conocer los pasos que seguirá su creación. El PNEDH debería ser un instrumento que permita la implementación de medidas de protección a los derechos humanos frente al comportamiento de empresas y gobiernos, incluyendo cambios o ajustes en la legislación, la planeación del desarrollo y las políticas públicas, por lo que resulta indispensable que durante su creación cuente con mecanismos de acceso a información, transparencia, monitoreo y divulgación de todo el proceso, además de la participación oportuna de todos los actores interesados. La apertura a la participación de la sociedad civil ha sido un paso importante para la creación del PNEDH, sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que conforman el Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México han solicitado a SEGOB la integración de comunidades indígenas, campesinas, agrarias, ejidales, urbanas y sindicatos independientes que han sido afectados por las actividades de las empresas en el país, pero la demanda de incluirlas de forma transparente, participativa, incluyente e informada desde el inicio y durante la elaboración  del Programa no ha sido atendida. Las OSC denuncian que aún no se cuenta con un borrador del documento del Programa ni una metodología clara para compartir con los grupos afectados (comunidades y colectivos) y otros actores relevantes como secretarías e instancias gubernamentales, personas u organismos que defienden los derechos humanos, representaciones diplomáticas, empresas, bancos y agencias de cooperación para el desarrollo e instituciones financieras internacionales. De acuerdo con este Grupo, este Plan debe de contener requisitos que aseguren el respeto a los derechos ambientales y laborales en los proyectos y las cadenas de valor de todas las empresas, así como de evaluaciones de impacto en derechos humanos, fortaleciendo las evaluaciones de impacto ambiental y social ya creadas por la Ley vigente, garantizando que la planeación del desarrollo nacional se construya con base en criterios de sustentabilidad social, ambiental y de derechos humanos, y así proteger a las personas defensoras de derechos humanos. De igual forma, las empresas públicas del Estado deben de contar con mecanismos de respeto y protección a los derechos humanos, tanto al interior como hacia el exterior de las mismas. Esta denuncia de las omisiones del proceso se basa en el trabajo de las organizaciones del Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México, las cuales han identificado prioridades a través de un diagnóstico nacional y hecho recomendaciones al gobierno que no han sido atendidas. Las OSC mencionadas seguirán informando a la sociedad civil sobre el proceso de creación del PNEDH, en conjunto con las otras organizaciones y grupos que se integren. El Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México es una coalición de OSC que promueve y defiende los marcos jurídicos existentes para asegurar que las corporaciones nacionales e internacionales no cometan violaciones a los derechos humanos, y está conformado por: Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); y Oxfam México, y es acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).

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