Derechos Indígenas

Febrero 11 2016 Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Indígenas piden intervención del Papa Francisco para frenar hidroeléctrica Las Cruces

En una carta entregada en la Nunciatura Apostólica, comunidades indígenas y ribereñas afectadas por el proyecto ubicado sobre el río San Pedro Mezquital, en Nayarit, solicitan que el pontífice interceda por ellas ante el Gobierno durante su visita al país. Denuncian impactos graves en los derechos humanos y el ambiente de ejecutarse el proyecto. Ciudad de México, México. Con motivo de la visita del Papa Francisco al país, comunidades indígenas y ribereñas de Nayarit escribieron una carta pidiendo que el pontífice interceda ante el Presidente Enrique Peña Nieto para evitar la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces sobre el río San Pedro Mezquital. La ejecución del proyecto, denuncian, pone en riesgo sus medios de vida, cultura y Marismas Nacionales, uno de los humedales más importantes de México. La carta fue entregada en la sede de la Nunciatura Apostólica. “…solicitamos respetuosamente a Vuestra Santidad que durante su visita al país interceda por nosotros ante el Presidente Enrique Peña Nieto para que su Gobierno impida las violaciones de los derechos de las comunidades indígenas y ribereñas en nombre del desarrollo, y desista de llevar adelante el proyecto hidroeléctrico Las Cruces por los impactos de éste en las personas y el ambiente”, se lee en la carta. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) otorgó los permisos ambiental y de uso de agua para la operación y construcción de la hidroeléctrica. “Lo hizo sin haber garantizado el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas afectados por el proyecto: Náyeri, Wixárica, Mexicanero y Tepehuano. La SEMARNAT condicionó la autorización a que la Secretaría de Energía compruebe la realización de una consulta a los pueblos indígenas, lo cual debería haber ocurrido antes de emitir las autorizaciones”, dijo Sandra Moguel, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Los indígenas celebran y recuerdan que en su Carta Encíclica Laudato Si’, el Papa Francisco reconoce el aporte esencial de las comunidades indígenas a la promoción y cuidado de los recursos naturales y la cultura. “El río San Pedro no sólo es parte de nuestra vida, sino también fundamento de nuestra espiritualidad; todo su trayecto, cuencas y territorio que atraviesa, son un espacio sagrado para afianzar identidad y valores”, dijo Julián López Cánare, miembro del Consejo Indígena Náyeri, quien entregó la carta. Ese caudal también alimenta a Marismas Nacionales, uno de los humedales más importantes del país, reconocido como Reserva de la Biosfera y Humedal de Importancia Internacional por la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de ese tipo de entornos. Finalmente, las comunidades indígenas denuncian en su carta que la presión sobre ellas para imponer el proyecto ha ido creciendo mediante detenciones ilegales y hostigamiento por parte del Gobierno, así como por actos que simulan una consulta previa, misma que no puede ser tal si el proyecto ya fue autorizado. “Su Santidad, esperanzados en el poder de su intercesión, nos despedimos con el deseo ferviente de que su Carta Encíclica Laudato si’ inspire e impulse cambios profundos en las políticas, prácticas y creencias de gobiernos, empresas, sociedad civil y en la mentalidad de cada prójimo, con miras a construir un mundo más justo, más humano y realmente sostenible”.

Febrero 02 2016 Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Proyecto hidroeléctrico Las Cruces amenaza al humedal más importante del Pacífico mexicano

En el Día Mundial de los Humedales, comunidades indígenas piden a Semarnat no seguir autorizando proyectos que están destruyendo los manglares. El proyecto pretende represar el último río libre de la región, y fuente principal de agua dulce del sistema de Marismas Nacionales, por lo que debe ser cancelado definitivamente. Con motivo del día mundial de los humedales, el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Mezquital y el Consejo Náyeri, en el estado de Nayarit, alertaron sobre el riesgo en el que se encuentra Marismas Nacionales, el humedal más importante del pacífico mexicano, por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico “Las Cruces”. Las comunidades denunciaron que la Manifestación de Impacto Ambiental del citado proyecto fue autorizada de manera condicionada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a pesar de contener numerosas observaciones e irregularidades. “Nos preocupa sobremanera que lo que sucedió en Tajamar se repita en Marismas Nacionales,” dijo Roberto Barrera, presidente de la Cooperativa Ostricamichin del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. “Es evidente que la Semarnat ha autorizado sistemáticamente proyectos que tienen un impacto directo e irreversible en los manglares, a pesar de que México tiene leyes específicas y tratados internacionales que protegen estos importantes ecosistemas,” agregó. “Nuestro temor es que no se respeten las condicionantes y se inicie la construcción como ocurrió en Tajamar, y se afecte no sólo el ecosistema del manglar, sino también las estructuras sociales y forma de vida de las comunidades ribereñas,” dijo Antonio de la Rosa, habitante de la comunidad de Palma Grande municipio de Tuxpan, Nayarit. Por tal motivo, los consejos exigimos la cancelación definitiva del proyecto dados los graves impactos ambientales, culturales, sociales y económicos que conlleva. Con cerca de 200,000 hectáreas, 113 de ellas en Nayarit, Marismas Nacionales posee del 15 al 20% del ecosistema de manglar en el país, con las lagunas costeras más productivas del noroeste mexicano y más de 120,000 aves residentes y migratorias. Es sitio Ramsar desde 1995 y en 2010 se decretó como reserva de la biosfera. El proyecto hidroeléctrico Las Cruces pretende represar San Pedro, último río libre de la región, y fuente principal de agua dulce del sistema de Marismas Nacionales. Contacto de prensa Carlos Licón, [email protected], 66 22 33 82 36

Enero 27 2016 Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Tribual brasileiro atenta contra afetados pela hidroelétrica de Belo Monte ao revocar suspensão de licença ambiental

Brasilia, Brasil. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1), suspendeu o efeito da decisão preliminar que suspendia a licença de operação da hidroelétrica de Belo Monte. Em 11 de janeiro desse ano, a Justiça Federal de Altamira decidiu suspender a licença de operação até que a Norte Energia, empresa encarregada da construção da hidroelétrica, e o Governo Federal cumprissem com a obrigação de reestruturar a Fundação Nacional do Índio. Entretanto hoje, um Desembargador Federal estabeleceu que tal decisão foi desproporcional e “afeta o interesse público, repercutindo gravemente a ordem e economia públicas”. Outro argumento foi que a decisão impediria a implementação de diversos planos destinados a beneficiar os povos indígenas. “É um atentado a mais aos direitos das comunidades indígenas afetadas. A decisão manipula os argumentos de interesse, ordem, segurança e economia publicas, bem como utiliza os planos que deveriam ser implementados quando se outorgou a licença, em 2010, para justificar que não é possível suspender a licença de operação. A licença jamais deveria ser outorgada sem o cumprimento desses planos” afirmou María José Veramendi, advogada da AIDA. Para mais informação, consulte os fatos do caso e as últimas noticias sobre o processo na Comissão Interamericana.

Enero 27 2016 Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Tribunal brasileño atenta contra afectados por represa Belo Monte al revocar suspensión de licencia

Brasilia, Brasil. El Tribunal Regional Federal de la Primera Región (TRF1) dejó sin efecto la decisión judicial preliminar que suspendía la licencia de operación de la represa Belo Monte. El 11 de enero de este año, la Justicia Federal de Altamira decidió suspender la licencia hasta que Norte Energía, empresa a cargo de la construcción de la represa, y el Gobierno Federal cumplan con su obligación de reestructurar la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) de Altamira. Sin embargo, un Juez Federal del TRF1 estableció hoy que esa decisión fue desproporcional y “afecta el interés público, repercutiendo gravemente en el orden y la economía públicas”. Otro argumento fue que la suspensión impediría la implementación de diversos planes destinados a beneficiar a los pueblos indígenas. "Es un atentado más a los derechos de las comunidades indígenas afectadas. La decisión manipula los argumentos de interés, orden, seguridad y economía públicas y utiliza aquellos planes que debieron ser implementados cuando se otorgó la licencia previa, en 2010, para justificar que no es posible suspender la licencia de operación. La licencia jamás debió ser otorgada sin el cumplimiento de esos planes”, dijo María José Veramendi, abogada de AIDA. Para más información, consulte el expediente de hechos del caso y las últimas noticias sobre el proceso ante la CIDH.

Noviembre 26 2015 Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Brasil autoriza a operação da hidrelétrica de Belo Monte, ignorando os direitos da população afetada

O Ibama, órgão ambiental brasileiro, outorgou a licença de operação do projeto, ignorando as evidências de descumprimento das condicionantes para garantir a vida, a saúde e a integridade de indígenas e demais populações afetadas. Altamira, Brasil. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) outorgou nesta terça-feira a licença de operação da hidrelétrica de Belo Monte, que permite que o enchimento do reservatório seja iniciado. A autorização foi dada apesar do descumprimento de condicionantes para garantia da vida, saúde e integridade física das populações afetadas pelo projeto, as mesmas que foram consideradas essenciais pelo órgão em um informe técnico datado do último dia 22 de setembro. A decisão do Ibama sequer faz referência às condicionantes para proteger as comunidades indígenas. "Não podemos acreditar. Tudo é um crime e uma grande responsabilidade do Governo e do Ibama ao conferir licença a este monstro. A presidenta do Ibama esteve em Altamira no dia 5 de novembro e recebeu muitas denúncias; todos - ribeirinhos, representantes indígenas, pescadores, integrantes de movimentos - falaram dos impactos que estamos vivendo, e agora dão a licença com ainda mais condicionantes, apenas para que não sejam cumpridos", disse Antonia Melo, liderança do Movimento Xingu Vivo para Sempre, e desalojada pela represa. No último dia 12 de novembro, em um ofício enviado ao Ibama, o presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) concluiu que as condições para a proteção dos povos indígenas afetados pela represa não haviam sido cumpridas plenamente. Ainda assim, ele deixou os caminhos abertos para que o órgão ambiental outorgasse a licença de operação, "caso julgasse pertinente". "A autorização viola claramente os compromissos internacionais do Brasil em matéria de direitos humanos, especialmente quanto aos povos indígenas afetados que vivem na bacia do Rio Xingu, que estão protegidos por medidas cautelares outorgadas em 2011 pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e que o Estado Brasileiro segue sem cumprir", disse María José Veramendi, advogada da Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). A licença permite o preenchimento de duas barragens da represa sobre o Rio Xingu, afluente do Rio Amazonas. Ela é válida por seis anos, e está sujeita ao cumprimento das condicionantes, o que será supervisionado através de informes semestrais. As condicionantes deveriam ter sido cumpridas antes da outorga da última licença a Belo Monte. "O licenciamento ambiental é uma forma de mitigar os efeitos, controlar os danos e minimizar os riscos que o empreendimento implica para a população e o meio-ambiente. Ao desrespeitar e flexibilizar os procedimentos de licenciamento, o Estado deixa que os interesses econômicos prevaleçam e nega seu dever de zelar pelo interesse público", salientou Raphaela Lopes, advogada da Justiça Global. AIDA, Justiça Global e a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos têm argumentado em âmbito nacional e internacional que não existem condições para que a hidrelétrica de Belo Monte obtenha permissão para operar. Ainda é necessário a garantia de aspectos essenciais, como fornecimento e disponibilidade de água potável, saneamento básico, serviços de saúde e outros direitos mínimos à população afetada e removida. A luz verde para Belo Monte não poderia ter chegado em momento pior. Há poucos dias, em 05 de novembro, uma barragem de rejeitos de mineração da Samarco, empresa de propriedade da Vale e da BHP Billiton, se rompeu na cidade de Mariana, Minas Gerais, causando um dos maiores desastres ambientais do país. Uma inundação de lama e outros produtos químicos destruiu um povoado e deixou, até o momento, 12 mortos e 11 desaparecidos, afetando o abastecimento de água da região e destruindo a fauna e flora. O mar de lama chegou ao mar aberto. A licença de operação de uma das barragens da empresa estava vencida há dois anos. Ainda assim, a permissão de operação para Belo Monte acontece a poucos dias do início da 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, em Paris, a mais decisiva até agora. A operação de Belo Monte emitirá gases que causam efeito estufa, como dióxido de carbono e metano, agravando assim a mudança climática. A autorização para o funcionamento de Belo Monte é, portanto, uma péssima mensagem do governo brasileiro, que ignora seus compromissos com os direitos humanos e com a mudança climática, gerando com esse projeto um exemplo de como não se deve produzir energia no Século XXI.

Noviembre 24 2015 Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Brasil autoriza operación de represa Belo Monte desconociendo los derechos de la población afectada

Para português, clique aqui La autoridad ambiental otorgó la licencia de operación al proyecto ignorando la evidencia del incumplimiento de las condiciones para garantizar la vida, salud e integridad de indígenas y demás población afectada. Altamira, Brasil. El Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) otorgó hoy la licencia de operación a la represa Belo Monte, con lo cual puede comenzar su llenado. La autorización se hizo pese al incumplimiento de las condiciones para garantizar la vida, salud e integridad de la población afectada por el proyecto, mismas que la propia entidad consideró esenciales en un informe técnico del 22 de septiembre pasado. La decisión del IBAMA ni siquiera hace referencia a las condicionantes para proteger a las comunidades indígenas. "No lo podemos creer. Todo es un crimen y una gran responsabilidad del Gobierno e IBAMA por la licencia a ese monstruo. La Presidenta de IBAMA estuvo en Altamira el 5 de noviembre y recibió muchas denuncias; todos —ribereños, representantes indígenas, pescadores, integrantes del movimiento— hablaron de los impactos que estamos viviendo, y ahora dan la licencia con más y más condicionantes, solo para que se incumplan", dijo Antonia Melo, lideresa del Movimiento Xingú Vivo para Siempre y desplazada por la represa. El pasado 12 de noviembre, en un oficio enviado al IBAMA, el presidente de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) concluyó que las condiciones para la protección de los pueblos indígenas afectados por la represa no se habían cumplido plenamente. No obstante, le dio vía libre a la autoridad ambiental para otorgar la licencia de operación “en caso de que lo estime pertinente”. “La autorización viola claramente los compromisos internacionales de Brasil en materia de derechos humanos, especialmente respecto de los pueblos indígenas de la cuenca del río Xingú afectados por Belo Monte, quienes están protegidos por medidas cautelares otorgadas en 2011 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado brasileño sigue sin cumplir", dijo María José Veramendi, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). La licencia permite el llenado de los dos embalses de la represa sobre el río Xingú, tributario del Amazonas. Es válida por seis años y está sujeta al cumplimiento de condicionantes cuyo avance será supervisado a través de informes semestrales. Las condicionantes deberían haber sido cumplidas antes de considerar u otorgar la última licencia de Belo Monte. “El licenciamiento ambiental es una forma de mitigar los efectos, controlar los daños y minimizar los riesgos que el emprendimiento implica para la población y el medio ambiente. Al irrespetar y flexibilizar los procedimientos de licenciamiento, el Estado deja que los intereses económicos prevalezcan y niega su deber de velar por el interés público”, señaló Raphaela Lopes, abogada de Justiça Global. AIDA, Justiça Global y la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos hemos argumentado en los ámbitos nacional e internacional que no existen las condiciones para que la represa Belo Monte obtenga los permisos para operar. Sigue pendiente garantizar aspectos esenciales como el agua potable, el saneamiento, los servicios de salud y otros derechos mínimos a la población afectada y desplazada. "La autorización de Belo Monte, proyecto implicado en escándalos de corrupción, contradice lo expresado por la Presidenta Rousseff hace unas semanas ante las Naciones Unidas, cuando aseguró que Brasil no tolerará la corrupción y que quiere un país donde los gobernantes se comporten estrictamente de acuerdo con sus deberes; esperamos que Brasil entre en razón y que sus acciones estén alineadas con sus discursos", sostuvo Astrid Puentes, codirectora de AIDA. La luz verde para Belo Monte no podría haber llegado en peor momento. Hace poco, el 5 de noviembre, dos represas de desechos mineros de Samarco, empresa propiedad de Vale y BHP Billiton, se rompieron en la ciudad de Mariana, Minas Gerais, causando una de las mayores tragedias ambientales del país. Una inundación de lodo y otros productos químicos arrasó con un poblado, dejó 11 muertos y 12 desaparecidos, afectó el abastecimiento de agua de la región, y destruyó fauna y flora. El mar de lodo llegó al mar abierto. Las licencias de operación de la empresa estaban vencidas hace dos años. Asimismo, el permiso de operación para Belo Monte tiene lugar a seis días de que inicie la 21ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en París, la más decisiva hasta ahora. La operación de Belo Monte emitirá gases de efecto invernadero como dióxido de carbono y metano, agravando así el cambio climático. Por ende, la autorización de Belo Monte es un pésimo mensaje del gobierno de Brasil que ignora sus compromisos en materia de derechos humanos y cambio climático, generando, con este proyecto, un ejemplo de cómo no debe producirse energía en el siglo XXI.

Septiembre 23 2015 Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Belo Monte incumple condiciones para operar: concluye autoridad ambiental

Altamira, Brazil. El Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) publicó ayer el análisis técnico de la represa de Belo Monte concluyendo que las condiciones para otorgar la Licencia de Operación no se han cumplido. Diez de las doce condiciones identificadas por IBAMA son consideradas esenciales para otorgar la licencia. Hasta que el consorcio Norte Energia cumpla esas condiciones la continuidad del proyecto será interrumpida y el embalse no podrá comenzar a llenarse. "Recibimos positivamente la evaluación detallada de IBAMA para Belo Monte, una represa que ya ha causado graves impactos a los derechos humanos y al ambiente" dijo Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA. "En el futuro es crucial que todas las condiciones se cumplan integralmente y que existan medidas efectivas para proteger a las personas del Xingú y al ambiente, antes de otorgar la licencia". Por más de cinco años, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) ha ayudado a organizaciones y a comunidades indígenas y locales en la dura lucha para denunciar las irregularidades del proyecto Belo Monte. Las conclusiones de IBAMA reafirman los argumentos de quienes por años se han opuesto a la represa debido a los impactos socioambientales negativos. "Si el gobierno de Brasil aprueba la licencia de operación sin antes garantizar la protección del ambiente y de los derechos humanos, estará violando sus compromisos internacionales", dijo María José Veramendi, abogada de AIDA. AIDA y organizaciones aliadas hemos argumentado que no existen condiciones para la aprobación de las licencias de Belo Monte. Siguen pendientes aspectos esenciales como agua potable, saneamiento y servicios de salud y la garantía de los derechos mínimos a la población desplazada. En 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de comunidades indígenas afectadas en la cuenca del río Xingú. La gravedad de las violaciones a los derechos humanos se evidencia en un informe del Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil, al que AIDA contribuyó, así como en información de autoridades gubernamentales de protección de pueblos indígenas, de salud y por el Ministerio Público Federal. AIDA espera que el informe técnico de IBAMA sea seriamente atendido en la decisión final con respecto a la licencia de operación. La negación de la licencia podría finalmente servir como un cambio positivo hacia futuros proyectos planeados en la Amazonía de Brasil y en toda la región, enviando un mensaje positivo que proyectos de desarrollo económico no pueden implicar violaciones a derechos humanos.

Julio 09 2015 Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Represa Belo Monte podría empezar a operar pese al incumplimiento de condiciones socioambientales

Las condiciones para la protección de la salud, integridad y vida de la población afectada no se han cumplido. Organizaciones reiteran la vigencia de las medidas cautelares que la CIDH otorgó a favor de las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú, cuya situación de riesgo a causa de la represa persiste y ha empeorado. Altamira, Brasil; Washington, Estados Unidos. La represa Belo Monte está a punto de obtener la autorización para comenzar a operar. Ello podría ocurrir sin que se hayan cumplido las condiciones necesarias para proteger la salud, integridad y vida de la población afectada por el proyecto, incluidas las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú, sobre el cual se construye la hidroeléctrica con un avance de más del 70%. Ante tal situación, organizaciones de la sociedad civil solicitaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantener las medidas cautelares otorgadas en 2011 a favor de las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú. Lo hicieron como respuesta al pedido del Gobierno brasileño de levantar las medidas, que fueron otorgadas para evitar daños irreparables a los derechos de las comunidades. El escrito fue presentado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Justiça Global, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH) y el Movimiento Xingú Vivo para Siempre (MXPVS) en representación de comunidades indígenas y ribereñas afectadas por la represa Belo Monte. Las organizaciones argumentan ante la CIDH que la situación social y ambiental en torno a Belo Monte sigue siendo grave, urgente y que se causarían daños irremediables. Lo hacen con base a un informe reciente del Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil y a datos oficiales del gobierno que incluyen información de las autoridades de salud y de protección indígena, y del Ministerio Público. El informe de ISA analiza a detalle la situación de Altamira, Pará, región donde se construye Belo Monte, enfatizando las violaciones de derechos humanos e irregularidades del proyecto. El informe alerta que no existen las condiciones necesarias para que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) otorgue la Licencia de Operación al proyecto y autorice el llenado de la represa, así como el desvío definitivo del Xingú, para que una parte de la hidroeléctrica comience a operar. Según el informe de ISA, las medidas para evitar los impactos del proyecto en salud, educación y saneamiento básico no se han cumplido. Ello derivará en otros daños como la desmembración de pueblos indígenas, la saturación de los servicios públicos de salud, menor calidad en la educación y mayor degradación forestal. “Las consecuencias que anunciamos hace años son ahora una realidad”, afirmó Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA. “El llenado de la represa, previsto para fin de año, materializará la pérdida de viviendas, territorio y la modificación de los modos de vida tradicionales y fuentes de sustento de las comunidades del Xingú; por ello, las autoridades, de Brasil y la CIDH deben actuar efectivamente para evitar este desastre”. Todo apuntaría a que no existen las condiciones para que Norte Energía, consorcio a cargo del proyecto, obtenga la Licencia de Operación. El vicegobernador de Pará informó que aunque las obras de construcción registran un 70% de avance, sólo el 30% de las condicionantes se han cumplido. Del mismo modo, la Procuradora de República en Altamira, Thais Santi, dijo que el consorcio no está respetando el plan de protección de las tierras indígenas, la principal condicionante para la protección de los pueblos del Xingú. La decisión sobre la autorización del funcionamiento de Belo Monte deberá tomarse además en medio de un escándalo de corrupción que ha salpicado al proyecto. La investigación Lava Jato, iniciada hace un año, evidenció una masiva red de corrupción entre el gobierno y las grandes empresas constructoras en Brasil. Un alto ejecutivo, actualmente en prisión acusado de corrupción, mencionó en sus declaraciones cómo se habían pactado y ejecutado sobornos para la construcción de Belo Monte. Debido a ello la Contraloría General de la Unión (CGU) decidió investigar el uso de recursos públicos en el proyecto. “La falta de control efectivo en la ejecución del proyecto ha hecho que las consecuencias sean mucho peores a las previstas, por lo que dar vía libre a la operación de la represa implicaría en este momento cerrar por completo las opciones de evitar mayores desastres sociales y humanitarios en la zona”, dijo Sandy Faidherb, de la SDDH.

Julio 10 2015 Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Defensores de derechos humanos afectados por hidroeléctrica Las Cruces son víctimas de criminalización e intimidación

Los líderes del movimiento de defensa de los pueblos indígenas afectados por el proyecto en Nayarit llevan detenidos dos meses sin derecho a fianza; denuncian abuso de autoridad. El proyecto fue autorizado por SEMARNAT pese a que no se garantizó el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas afectadas. Nayarit, México. Los incidentes de intimidación contra los líderes indígenas del movimiento de defensa del territorio que será afectado por el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, han aumentado en la primera mitad del año. El Secretario General de Gobierno, José Trinidad Espinoza Vargas, acusó que las movilizaciones tienen el apoyo del crimen, lo cual es falso A ello se suma la criminalización de la que son víctimas autoridades ejidales y tradicionales de los territorios que serán afectados por la hidroeléctrica, ya que cinco de ellos denuncian abuso de autoridad por estar detenidos de manera arbitraria hace dos meses sin derecho a fianza. En el contexto de megaproyectos como la hidroeléctrica Las Cruces, el gobierno ha conformado estrategias de intimidación y criminalización de defensores de derechos humanos que se oponen a la explotación de su territorio; ése es el caso de los cinco presos políticos, acusados de delitos sin pruebas. Los líderes han sido acusados del delito de asociación delictuosa por la Procuraduría local derivado de la intención de crear un sistema de vigilancia comunitaria. Lo anterior fue expresado a manera de opinión en sus reuniones comunitarias. Ante ello, Lucía Chávez, Coordinadora de Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, expresó la necesidad de que el gobierno del Estado de Nayarit, así como todas las dependencias involucradas en el proyecto, reconozcan la legitimidad de las personas defensoras de derechos humanos. En una conferencia de prensa realizada esta mañana, hizo notar que la labor de las y los defensores de derechos humanos es fundamental en un Estado democrático, por lo que se debe transmitir el mensaje de que las agresiones de criminalización hacia su labor están totalmente fuera de lugar y los colocan en riesgo; por lo que deben parar las descalificaciones hacia las personas y colectivos que se oponen al megaproyecto. Asimismo, hizo hincapié en la responsabilidad del Estado mexicano de proteger y asistir a personas y grupos que corren el riesgo de ser desplazados tanto por un megaproyecto, como por los actos de hostigamiento derivados de la defensa de sus derechos. La protección contra el desplazamiento interno es un mandato constitucional que se desprende de las obligaciones de proteger, garantizar y defender los derechos humanos; así como de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Al respecto, tanto el Convenio 169 de la OIT (artículos 15 y 16) como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (artículo 10) establecen que los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios, ni se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, y sin la existencia de un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa, y siempre que sea posible la opción del regreso. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) otorgó el permiso ambiental al proyecto sin haber garantizado el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas Náyeri, Wixárica, Mexicanero y Tepehuano. La SEMARNAT condicionó la autorización a que la Secretaría de Energía compruebe la realización de una consulta a los pueblos indígenas, lo cual debería haber ocurrido antes de emitir el permiso. “Conforme a los estándares internacionales, la consulta previa y el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas no sólo consiste en comunicarles el proyecto como lo condiciona la SEMARNAT en la autorización de impacto ambiental de Las Cruces; en este caso, la Comisión Federal de Electricidad, entidad a cargo del proyecto, debió de consultar de manera, previa, libre, informada y de buena fe a estos pueblos desde el diseño del plan hidroeléctrico, conforme a las instituciones indígenas, y a sus usos y costumbres para proteger su integridad cultural, social y económica”, indicó Astrid Puentes, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en la conferencia de prensa. Por su parte, Manuel Rebolledo, presidente del Grupo Ecológico Manglar, mencionó la falta de adecuación del proyecto con diversos estándares internacionales en materia de derechos humanos como el Convenio 169 de la OIT en virtud de la falta de realización de una consulta libre, previa e informada. Raúl Nacía Coutiño, funcionario de la Comisión Federal de Electricidad informó que la construcción de Las Cruces iniciará en enero de 2016. De construirse la hidroeléctrica, el poblado de San Blasito y algunas tierras comunales cultivables quedarán bajo el agua. En consecuencia, sus pobladores se verán obligados a desplazarse. Al represar el río San Pedro Mezquital, se afectarán sitios sagrados que están sobre el caudal, dañando así la cultura, religión y las fuentes de subsistencia de los pobladores de la zona.

Junio 29 2015 Grandes Represas, Derechos Indígenas, Derechos Indígenas

Belo Monte: Decididos a conseguir justicia

Por Flavia Amaral, abogada de AIDA Mientras la construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte, la tercera más grande del mundo, avanza en la Amazonía brasileña, los impactos sociales y disturbios asociados al proyecto continúan. Se tiene previsto que en los próximos meses cerca de 2.000 familias serán reubicadas de sus casas en Altamira, cerca del río Xingú, a viviendas de reciente construcción. Otras 2.000 familias fueron reasentadas el año pasado. La reconfiguración de la zona sigue creando problemas sociales. Los nuevos asentamientos están lejos del centro de Altamira, donde no existe transporte público. Muchas de las casas nuevas ya muestran problemas estructurales, y en los alrededores existe poca o ninguna infraestructura básica como centros de salud, escuelas e instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Además, para ser reubicadas, las familias deben manifestar que no tienen quejas o preocupaciones respecto de la represa Belo Monte o de la empresa responsable de su construcción, un requisito difícil de cumplir para quienes están perdiendo tanto. Muchas comunidades indígenas afirman que hay una explosión de tala ilegal en sus tierras. Norte Energía, el consorcio que construye Belo Monte, no ha implementado los sistemas de monitoreo requeridos ni ha construido estaciones de vigilancia que podrían evitar la tala. Como resultado, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), entidad gubernamental que vela por los derechos indígenas en Brasil, informa que la situación es crítica y especialmente grave para las tierras del pueblo indígena Arara. Las protestas de quienes buscan justicia, reconocimiento y compensación continúan en toda la zona. El mes pasado, cientos de agricultores realizaron protestas exigiendo tenencia de tierra, crédito y mejoras para la agricultura familiar. Dos personas murieron después de ser golpeadas por un auto que irrumpió en el bloqueo de manifestantes. Esta situación representa la agitación y violencia que se respira en el lugar. Evidentemente, la construcción de Belo Monte ha causado un impacto enorme en la cuenca del río Xingú mucho antes de comenzar a operar. Hace cuatro años, tras la solicitud de AIDA y organizaciones colegas en Brasil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio un importante paso a favor de las personas afectadas por la represa. Solicitó al Gobierno brasileño adoptar medidas cautelares para prevenir daños irreparables a los derechos de las comunidades indígenas cuya integridad cultural y forma de vida estaban en riesgo debido a la construcción de Belo Monte. Claramente, después de todos estos años, las amenazas se mantienen: Brasil no ha cumplido con las medidas cautelares. AIDA continuará trabajando para asegurar que el ambiente y los derechos de las comunidades de la cuenca del río Xingú de Brasil sean respetados plenamente. Creemos que la Comisión aún está a tiempo de actuar, y que el Gobierno de Brasil todavía puede replantear sus políticas y prácticas para convertirse en un modelo global de equidad y justicia. ¡Muchas gracias por el apoyo constante a nuestro trabajo a favor del ambiente y las personas en la Amazonía!