Derechos Indígenas

Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Informe independiente concluye que Bancos de Desarrollo de Alemania y Holanda incumplieron normas ambientales y de derechos humanos al financiar la represa Barro Blanco en Panamá

Comunidades indígenas y sociedad civil, conmocionadas por la respuesta inadecuada de los bancos ante los hallazgos. Kiad, Panamá/Ámsterdam/Bogotá. El viernes pasado se conoció un informe largamente esperado y realizado por un panel independiente que concluyó que los Bancos de Desarrollo de Holanda y Alemania (FMO y DEG, respectivamente) violaron sus propias políticas al no evaluar adecuadamente los riesgos para el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas antes de aprobar un préstamo de US$ 50 millones para GENISA, empresa a cargo de desarrollar el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco en Panamá. En su respuesta a los hallazgos, los bancos reconocen algunas deficiencias en su evaluación, pero no se comprometen a tomar ninguna medida para abordar las violaciones graves a sus políticas. Aunque el informe concluye que "los prestamistas no han considerado de forma suficiente la resistencia de las comunidades afectadas", parece que los bancos insisten en actuar así. En mayo de 2014, el Movimiento 10 de Abril (M-10), en representación de los pueblos indígenas directamente afectados por el proyecto y con el apoyo de Both ENDS y SOMO, presentó la primera queja ante el Mecanismo Independiente de Quejas (ICM) del FMO y el DEG.  La queja arguye que la represa Barro Blanco afectará parte del territorio indígena Ngöbe-Buglé, inundando hogares, escuelas y sitios religiosos, arqueológicos y culturales. Pese a sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, el Gobierno panameño, GENISA y los bancos no obtuvieron el consentimiento previo, libre e informado (CPLI) de los Ngöbe-Buglé antes de que el proyecto sea aprobado. El ICM encontró que "los prestamistas deberían haber buscado mayor claridad sobre si hubo consentimiento al proyecto por parte de las autoridades indígenas apropiadas antes de la aprobación del mismo". "No dimos nuestro consentimiento a este proyecto antes de su aprobación, y no tiene nuestro consentimiento actualmente", dijo Manolo Miranda, representante del M-10. "Exigimos que el gobierno, GENISA y los bancos respeten nuestros derechos y detengan este proyecto". El ICM encontró que "si bien el acuerdo [de préstamo] se alcanzó antes de la etapa de construcción clave, los temas significativos relacionados con impactos sociales y ambientales y, en especial, con los derechos de los pueblos indígenas, no fueron evaluados de forma completa antes del acuerdo". La omisión de los bancos de identificar los potenciales impactos del proyecto conllevó, a su vez, el incumplimiento de requerir a su cliente la adopción de medidas para mitigar dichos impactos. El Plan de Acción Ambiental y Social (ESAP), anexado al acuerdo de préstamo, "no contiene disposiciones sobre adquisición de tierras y reasentamiento, ni sobre biodiversidad y gestión de recursos naturales. Tampoco incluye referencias a asuntos relacionados con el patrimonio cultural". "Esta omisión constituye una violación de estándares internacionales sobre la obligación de elaborar Estudios de Impacto Ambiental y Social adecuados e integrales antes de implementar cualquier proyecto de desarrollo, con el fin de garantizar el derecho al consentimiento libre, previo e informado, y a la información y participación efectiva de la comunidad potencialmente afectada", explicó Ana María Mondragón, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Aunque el FMO y el DEG reconocieron, en su respuesta oficial al informe del ICM, que "no realizaron una valoración total en la aprobación del crédito", no hicieron compromisos concretos para asegurar que los derechos de los afectados por la represa serán respetados. Los bancos afirmaron que enfrentan "limitaciones a su influencia" sobre los procesos gubernamentales para llegar a un acuerdo satisfactorio con todos los actores involucrados. Sus acciones, sin embargo, revelan una historia diferente. En febrero, el Gobierno de Panamá suspendió provisionalmente la construcción de la represa Barro Blanco.  Posteriormente, convocó a una mesa de diálogo con los Ngöbe-Buglé facilitada por Naciones Unidas para discutir el futuro del proyecto. En lugar de impulsar al Gobierno panameño a respetar los derechos de la comunidad Ngöbe, el FMO y el DEG solicitaron que la autoridad nacional del ambiente reconsiderara la suspensión, y permitiera a su cliente reiniciar la construcción de la represa. En febrero, enviaron una carta al Vicepresidente de Panamá, expresando su "gran preocupación y consternación" por dicha suspensión, y señalando que ésta "podría pesar sobre decisiones futuras de inversión y perjudicar el flujo de inversiones a largo plazo en Panamá". Los bancos afirmaron que sus consultores no encontraron nada para justificar la suspensión del proyecto. Sin embargo, no mencionaron que su propio Mecanismo Independiente de Quejas estaba realizando una investigación de ese proyecto. En efecto, en ese momento los bancos ya conocían el borrador del informe del ICM, el cual concluía que el proyecto no estada de acuerdo con sus propias políticas. "Nos sorprendió descubrir el rol de los bancos para influir en el proceso nacional, ya que ello contradice sus afirmaciones de que no están en condiciones de intervenir en la toma de decisiones a nivel doméstico", dijo Anouk Franck, Oficial Principal de Políticas de Both ENDS, con sede en Ámsterdam. "Ahora deben demostrar su compromiso para llegar a una solución y comenzar a tomar en serio el CLPI en el caso de Barro Blanco, donde debido a los retrasos para abordar el problema, los bancos podrían tener que aceptar pérdidas en sus préstamos. También tienen que encontrar formas para asegurar que el CLPI sea obtenido donde sea relevante a través, por ejemplo, de evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos." El manejo de la queja fue un proceso largo y en ocasiones frustrante. GENISA se negó a cooperar con el ICM y a proporcionarles acceso a los documentos del proyecto, lo que llevó a los bancos a un acuerdo secreto y paralelo con GENISA. Dicho acuerdo reemplazó los procedimientos públicos del ICM, y permitió que GENISA revisara el borrador del informe y los informes finales de investigación antes de compartirlos con los denunciantes. "El FMO y el DEG están más preocupados en proteger los intereses de su cliente que en proteger los derechos de las personas afectadas por los proyectos que financian", dijo Kris Genovese, investigadora sénior del Centro de Investigaciones sobre Empresas Multinacionales (SOMO). "Es una trágica ironía que los bancos pidieran el consentimiento de la empresa para publicar el informe de investigación del ICM, y no el consentimiento de los Ngöbe-Buglé para llevar a cabo el proyecto". El proyecto Barro Blanco fue registrado bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio, sistema que bajo el Protocolo de Kyoto permite acreditar proyectos de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero en países en desarrollo. "Si bien se espera que los flujos del financiamiento climático fluyan a través de diversos canales en el futuro, las lecciones de Barro Blanco deben tomarse muy en serio. Para evitar que futuros proyectos de mitigación de cambio climático tengan impactos negativos, se requiere un fuerte sistema institucional de salvaguardas que respete todos los derechos humanos", dijo Pierre-Jean Brasier, coordinador de redes de Carbon Market Watch. "La oportunidad de establecer dicho sistema de salvaguardias es ahora, antes del acuerdo de París, a fin de poner el respeto de los derechos humanos en el tope de la agenda de la CMNUCC". El ICM monitoreará la aplicación por parte de los bancos de las medidas y recomendaciones correctivas. Mientras tanto, el M-10 espera que el FMO y el DEG retiren su inversión del proyecto, y piden que los Gobiernos de Holanda y Alemania muestren su compromiso público para garantizar los derechos de los Ngöbe-Buglé afectados. Al mismo tiempo, los bancos deben abstenerse de ejercer presión sobre el Gobierno de Panamá. Notas: Véase el Informe del Mecanismo Independiente de Quejas del FMO-DEG y la respuesta de los bancos aquí: http://www.fmo.nl/complaints-disclosure Consulte el Resumen de los hallazgos del Mecanismo Independiente de Quejas respecto a Barro Blanco y la respuesta de la gerencia de FMO-DEG aquí: http://www.aida-americas.org/sites/default/files/press_releases/resumen_hallazgos_icm.pdf

Leer más
Grandes Represas, Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Belo Monte: La urgencia de proteger efectivamente los derechos humanos

Un día como hoy, hace cuatro años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado brasileño adoptar medidas cautelares para prevenir daños irreparables a los derechos de los miembros de las comunidades indígenas de la cuenca del Río Xingú (afluente del Amazonas), incluidas aquellas en aislamiento voluntario. La vida e integridad de esas personas estaba, y aún está, en riesgo por el impacto de la construcción de la represa Belo Monte, la tercera más grande del mundo. Lo que en ese momento fue una victoria para las comunidades y las y los defensores de derechos humanos se fue diluyendo con el tiempo, así como la confianza en la CIDH como órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) a cargo de velar por la protección de los derechos humanos en el continente. En noviembre de 2010, AIDA y organizaciones colegas en Brasil solicitamos las medidas cautelares a la Comisión en un contexto de gravedad y urgencia caracterizado por: Un proceso de licenciamiento irregular. Una evaluación de impacto ambiental y social (EIAS) insuficiente, sólo estaba en portugués y no contenía todos los posibles impactos del proyecto ni las medidas de mitigación para garantizar los derechos de las comunidades. El incumplimiento de las más de 60 condicionantes ambientales, sociales e indígenas establecidas comosalvaguardas de los derechos de los afectados en la licencia previa del proyecto. Ausencia de consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas. En respuesta, la CIDH solicitó a Brasil suspender inmediatamente el proceso de licenciamiento de la hidroeléctrica e impedir cualquier obra hasta que se cumplan ciertas condiciones: Realizar procesos de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para llegar a un acuerdo con cada comunidad afectada. Garantizar que las comunidades indígenas afectadas accedan a la EIAS del proyecto en un formato comprensible que incluya la traducción a idiomas indígenas. Adoptar medidas para proteger la vida e integridad personal de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y para prevenir la diseminación de enfermedades y epidemias entre las comunidades indígenas afectadas. La respuesta de Brasil y la OEA El Gobierno brasileño rechazó las medidas, calificándolas de precipitadas e injustificadas; llamó a consulta a su Embajador ante la OEA; retiró a su candidato para Comisionado de la CIDH; y, argumentando austeridad económica, ordenó la suspensión de los fondos para la Comisión y para su contribución anual a la OEA. Foto: Una de las 3000 casas demolidas por Norte Energía para paso al embalse de la represa. Crédito: Letícia Leite/Instituto Socioambiental (ISA) El panorama se tornó más sombrío cuando el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, declaró a la BBC: "La CIDH hace recomendaciones. Nunca son ordenes obligatorias para los países…ningún país estará violando ningún tratado si no hiciera lo que la Comisión le pide. La Comisión como tal no tiene fuerza obligatoria". Esas declaraciones destructivas dieron pie a que los Estados inconformes con decisiones de la CIDH iniciaran unproceso de reforma al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH) que duró más de dos años e intentó debilitar los mecanismos de la Comisión. Un paso atrás El 29 de julio de 2011, a cuatro meses de otorgar las medidas cautelares, la Comisión las modificó. Retiró su solicitud de suspensión del licenciamiento y de las obras del proyecto bajo el argumento de que el asunto de fondo era el debate sobre la consulta previa y el consentimiento informado. De ese modo, la CIDH solicitó a Brasil adoptar medidas para proteger la vida y la integridad personal y cultural de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, así como la salud y el territorio de todas las comunidades indígenas afectadas. Esta modificación representó un gran retroceso no solo para las comunidades indígenas del Xingú, sino también para las miles de comunidades de la región cuyas vidas e integridad personal están en riesgo por la inadecuada implementación de proyectos como Belo Monte. Las comunidades indígenas de Brasil tenían la esperanza de que la Comisión mantuviera la solicitud de suspensión de la represa, y los protegiera mientras tomaba una decisión sobre su caso, el cual fue presentado en 2011 por AIDA y organizaciones colegas de Brasil. Contra reloj Tras cuatro años, Brasil no solo ha incumplido las medidas cautelares, sino que ha solicitado reiteradamente que éstas sean levantadas bajo sus propias condiciones. Peor aún, el Estado ha permitido la continuidad de la construcción de la represa Belo Monte, la cual tiene un avance del 70%. Foto: Construcción de la represa Belo Monte sobre el río Xingú, Brasil, junio de 2014. Crédito: Programa de Aceleración del Crecimiento (Creative Commons). Hace un par de meses, Norte Energía S.A., la empresa a cargo de la construcción, solicitó la licencia de operaciónde la represa al Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Una vez otorgada la licencia, comenzará el relleno del embalse de la hidroeléctrica y con él la inundación de una parte de la selva del Amazonas casi de la mitad de tamaño de la ciudad de Río de Janeiro. Por otro lado, la Comisión aún no ha transmitido al Estado brasileño la petición del caso en el que se debería tratar la existencia o no de un proceso de consulta previa a la autorización del proyecto. Ello ocurre pese a que, al modificar las medidas cautelares, la propia Comisión señaló que dicha discusión se debía realizar en el marco de una petición.¿Cuál es el riesgo? Que la Comisión tome una decisión sobre el caso cuando sea demasiado tarde. Un gran reto Aunque se han registrado avances mínimos en la protección de las comunidades indígenas afectadas por Belo Monte como consecuencia directa de las medidas cautelares, los cuales no han sido reconocidos oficialmente por el Estado, el camino recorrido ha evidenciado que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no es perfecto y que es vulnerable a presiones políticas. Es urgente superar esa vulnerabilidad siendo que el objetivo final es tener un Sistema realmente eficiente para los destinatarios de su protección: las víctimas de violaciones de derechos humanos. En ese contexto y a cuatro años de lo que parecía una importante conquista, Belo Monte nos ha enseñado que el acceso a un sistema de protección de derechos humanos no puede estar supeditado a la agenda económica y política de algunos Estados, no si buscamos la protección efectiva de los derechos humanos en la región. En el actual contexto regional, el Sistema tiene y tendrá bajo su conocimiento muchos más casos como Belo Monte. Si bien no son casos fáciles de resolver, no podemos elegir la inacción frente al sufrimiento de miles de víctimas. La CIDH está aún a tiempo de actuar y esperamos que Belo Monte pase de un ser un retroceso a ser un ejemplo de avance en el acceso a la justicia. AIDA no cesará en sus esfuerzos por lograr que el ambiente y los derechos de las comunidades de la cuenca del Xingú en Brasil sean plenamente respetados.

Leer más
Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Organizaciones piden a la CIDH fortalecer la obligación de los Estados de supervisar la actividad de las empresas ante violaciones de derechos humanos

En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se refirieron a las oportunidades que tiene esa entidad para atender la problemática mediante la creación, fortalecimiento e implementación de estándares internacionales en materia de derechos humanos y empresas. Washington D.C. En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil solicitaron que esa entidad brinde una atención adecuada a la problemática, cada vez más reiterada en el hemisferio, de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas. La audiencia fue solicitada de forma conjunta por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional; la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú; el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) de Argentina; y Justiça Global de Brasil. Las organizaciones destacaron positivamente la apertura de la Comisión para tratar por primera vez y de manera directa al tema de empresas y derechos humanos en una audiencia pública.  “A través de diferentes mecanismos y en años recientes, la Comisión ha recibido un gran volumen de información sobre situaciones y casos de violaciones de derechos humanos en los que actores empresariales han jugado un papel central, pero la problemática se profundiza ante la falta de soluciones efectivas. En ese sentido, uno de los mayores retos de la Comisión es encontrar vías para abordar el tema adecuadamente y ayudar a que los Estados y las mismas empresas cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos”, explicó Astrid Puentes, codirectora ejecutiva de AIDA. Como parte de su trabajo, las organizaciones han visto que entre los aspectos más recurrentes del problema están los impactos de megaproyectos e industrias extractivas en los derechos humanos y el ambiente; las dificultades para garantizar el derecho a la participación y acceso a la información de personas y comunidades afectadas por actividades empresariales; la ausencia de Evaluaciones de Impacto sobre los Derechos Humanos; violaciones sistemáticas de derechos laborales y prácticas de trabajo forzado; la privatización de la fuerza pública para resguardar actividades empresariales; así como agresiones y criminalización de personas que defienden el ambiente, el territorio y los derechos humanos. En la audiencia, las organizaciones recordaron que ya existe camino recorrido en el desarrollo de estándares internaciones en materia de derechos humanos y empresas. Un ejemplo de ello, detallaron, son los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “Sin embargo, dicho instrumento no ha sido lo suficientemente efectivo para evitar que la vulneración de derechos humanos continúe porque su cumplimiento es voluntario y porque presenta vacíos jurídicos. Tampoco existe una regulación efectiva de las obligaciones territoriales y extraterritoriales del Estado con relación a la responsabilidad de las corporaciones transnacionales en los ámbitos nacionales, regionales e internacionales. Ese vacío impide la salvaguarda de los derechos de los pueblos y el acceso a la justicia y a la compensación de las víctimas”, dijo Alexandra Montgomery, de Justiça Global. En ese sentido, las organizaciones presentaron información sobre las oportunidades que tiene la Comisión para fortalecer la implementación de los estándares existentes. Al respecto, resaltaron los siguientes puntos: La Comisión debe impulsar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Ello incluye la necesidad de que los Estados supervisen adecuadamente la actividad empresarial y establezcan obligaciones vinculantes para las empresas, ya que el carácter voluntario de los Principios Rectores compromete y pone en riesgo la protección de los derechos humanos. Con base en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos relativa a las obligaciones estatales de respeto y garantía, la Comisión puede desarrollar medidas específicas para que los Estados supervisen las actividades empresariales para asegurar que en ellas no se violen los derechos humanos. El respeto de los derechos humanos por parte del Estado y las empresas no está sujeto a consideraciones económicas o políticas. Es necesario fortalecer el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de actores empresariales a través de recomendaciones para el mejoramiento e implementación de mecanismos de rendición de cuentas de las empresas y de espacios internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Esperamos que como resultado de la audiencia, la Comisión inicie un proceso de diálogo en el que incorpore la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil y de instituciones de Naciones Unidas para fortalecer el respeto y garantías de los derechos humanos en la región”, concluyó Gloria Cano, de APRODEH. CONSULTE LA TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA AUDIENCIA VIDEO DE LA AUDIENCIA:    

Leer más
Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Proyecto Barro Blanco, registrado bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la ONU, es suspendido por incumplimiento de su Evaluación de Impacto Ambiental

Ciudad de Panamá, Panamá y Ginebra, Suiza. En una decisión histórica, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) de Panamá ordenó ayer la suspensión temporal de la construcción del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco debido al incumplimiento de su Evaluación de Impacto Ambiental. La represa fue registrada bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la ONU pese a que amenaza con inundar el territorio de las comunidades Ngäbe Buglé. En momentos en que los delegados de los gobiernos están reunidos en Ginebra, Suiza, para elaborar el borrador del texto de negociación de un nuevo acuerdo climático global, la decisión tomada por la ANAM ilustra por qué la necesidad de que el acuerdo incorpore el respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas. En Ginebra, varios países ya han insistido en la necesidad de que las acciones climáticas respeten, protejan, promuevan y cumplan con los derechos humanos de todos y todas. "Panamá ha dado un primer y fundamental paso para proteger los derechos de las comunidades Ngäbe que no fueron consultadas adecuadamente sobre el proyecto Barro Blanco, registrado bajo el MDL. Pero aún se necesita mucho trabajo", señaló Alyssa Johl, abogada sénior del Centro para el Derecho Ambiental Internacional. "Panamá debe reconocer urgentemente sus obligaciones de proteger los derechos humanos en las acciones climáticas, como Barro Blanco; y debe hacerlo apoyando el llamado a incluir la protección de los derechos humanos en el régimen climático de la ONU".  Los actuales mecanismos climáticos como el Mecanismo de Desarrollo Limpio no brindan incentivos para la implementación sostenible de acciones climáticas ni ofrecen recursos en caso de impactos adversos. "La Junta Directiva del MDL aprobó el proyecto cuando era claro que la represa inundaría los hogares de numerosas familias indígenas. Esta decisión es una señal de advertencia para introducir salvaguardas para proteger los derechos humanos, incluidas consultas adecuadas con los afectados y un mecanismo de queja", comentó Eva Filzmoser, directora de Carbon Market Watch. La decisión de la ANAM fue motivada por una investigación administrativa que determinó un incumplimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. Ello incluye la falta de definición de acuerdos con las comunidades indígenas afectadas, deficiencias en los procesos de negociación, ausencia de un plan de manejo arqueológico para la protección de los petroglifos y otros hallazgos, incumplimientos reiterados en el manejo de la erosión y sedimentación, mal manejo de residuos sólidos y peligrosos, y extracción de madera sin autorización. El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá consideró apropiado que la ANAM haya tomado medidas efectivas e inmediatas para frenar esta obra ante hallazgos que reflejan una inadecuada gestión ambiental de la empresa, y que requieren una investigación y sanción ejemplares. "Durante 15 años de oposición al proyecto Barro Blanco, hemos denunciado violaciones a nuestros derechos humanos e irregularidades en los procedimientos ambientales. Estas denuncias nunca fueron escuchadas.  Hoy vemos con satisfacción que las autoridades nacionales las han reconocido y han suspendido el proyecto como primer paso para el diálogo. Sin embargo, mantenemos la posición de la comunidad de solicitar la cancelación de este proyecto como única vía para proteger nuestros derechos humanos y territorio. Esperamos que esto sea un ejemplo para la comunidad internacional, para otros proyectos hidroeléctricos en Panamá y en todos los países", señaló Weni Bagama, integrante del Movimiento 10 de abril (M-10). "Cualquier diálogo entre las comunidades afectadas, el gobierno y la empresa tiene que ser transparente, de buena fe y respetuoso de los derechos de las comunidades, e incluir todas las garantías para que éstas participen en igualdad de condiciones y para que los acuerdos sean plenamente respetados", señaló María José Veramendi Villa, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "En ese diálogo, el Estado debe tomar en cuenta todas las violaciones de derechos humanos denunciadas por las comunidades desde la aprobación del proyecto".  La suspensión de la represa hidroeléctrica Barro Blanco es celebrada por grupos ambientales en todo el mundo después de años de esfuerzo para apoyar a los pueblos indígenas de la comarca Ngäbe Buglé, la cual ha enfrentado opresión y violaciones de sus derechos.  Ahora los ojos están puestos en la reacción de los bancos involucrados en el financiamiento del proyecto. Entre ellos están el Banco de Desarrollo Alemán (DEG) y el Banco de Desarrollo Holandés (FMO), entidades ante las cuales el M-10 presentó una queja en representación de las comunidades indígenas. "Urgimos a los bancos a frenar el desembolso de los fondos restantes hasta que los problemas sean resueltos y las comunidades indígenas estén de acuerdo con el proyecto", dijo Kathrin Petz de Urgewald.

Leer más
Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

AIDA solicita a Relatores Especiales de la ONU investigar ilegalidad de autorización otorgada al proyecto hidroeléctrico Las Cruces en México

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) indicó que el Estado mexicano incumplió con su obligación de consultar y obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados por el proyecto. Ciudad de México, México. En representación de las personas y comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) solicitó a Relatores Especiales de la Organización de las Naciones Unidas investigar la ilegalidad de la autorización otorgada al proyecto por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 18 de septiembre de 2014. La autoridad ambiental avaló el proyecto que sería construido sobre el río San Pedro Mezquital sin que los pueblos indígenas afectados hubieran sido consultados, y sin contar con un estudio que evaluara integralmente sus impactos sociales y ambientales. Aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE), promotora del proyecto, asegura haber llevado a cabo un proceso de consulta con los pueblos indígenas, las comunidades afectadas por la hidroeléctrica no reconocen haber sido consultadas. Asimismo, representantes del gobierno indígena tradicional Cora y Huichol han manifestado su rechazo total a la hidroeléctrica, y la urgencia de defender sus derechos territoriales. La propia Semarnat confirmó en su autorización al proyecto que las poblaciones de San Blasito y Saycota desconocen la realización de una consulta previa por lo que dicha entidad autorizó el proyecto condicionándolo a realizar una consulta.  "Ese condicionamiento no es obstáculo para que exista un incumplimiento de la obligación del Estado, dado que la consulta debió llevarse a cabo antes de la autorización del proyecto para cumplir con el requisito básico de ser previa. Incluso si en este momento se llevara a cabo una consulta, ello no evitaría la violación, ya consumada, de los derechos de las comunidades a ser consultadas previamente y a obtener su consentimiento libre, previo e informado", explicó María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA. Una de las más graves violaciones de derechos humanos se presenta en perjuicio de los pobladores de San Blasito. Este lugar será inundado y sus residentes desplazados forzosamente, sin contar con medidas de reubicación ni compensación adecuadas. Asimismo, la construcción de la hidroeléctrica también representa un riesgo inminente para la garantía de otros derechos humanos de las comunidades indígenas y ribereñas de la zona. "Denunciamos ante los Relatores que los derechos al medio ambiente sano, la vivienda adecuada, la salud, el acceso al agua potable, y a la vida digna de las comunidades se verán seriamente vulnerados en caso de implementarse este proyecto", señaló Sandra Moguel, abogada de AIDA. "El río San Pedro Mezquital, además de ser un ecosistema estratégico y albergar lugares ceremoniales centrales para estos pueblos indígenas, constituye fuente principal de alimentación y agua potable para éstos".  Estos impactos no fueron evaluados integralmente antes de autorizar el proyecto. Por ello, AIDA pidió que los Relatores de la ONU evalúen la ausencia de un Estudio de Impacto Social que respalde la autorización de Las Cruces. "La falta de evaluación de los impactos sociales implica que tampoco se plantearon medidas de mitigación adecuadas", indicó Moguel. "Esto constituye a su vez una afectación directa al derecho de las comunidades a acceder a información completa sobre los impactos del proyecto". La omisión del Estado de garantizar el derecho a la consulta previa en este caso se presentó también en el marco de la emisión del decreto que levantó la veda del río San Pedro Mezquital. Tres días antes de autorizarse el proyecto hidroeléctrico, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tomaron esta decisión con el fin de permitir el aprovechamiento de parte del caudal del río para la generación de electricidad, abriendo paso al proyecto hidroeléctrico y sin consultar con las comunidades afectadas. AIDA solicitó a los Relatores Especiales de la ONU investigar los hechos mencionados, y llevar a cabo una visita al sitio donde está previsto construir la hidroeléctrica para que conozcan de primera mano las afectaciones al ambiente y a los derechos humanos de las comunidades ribereñas y pueblos indígenas Cora, Tepehuano, Mexicanero y Huichol. De construirse Las Cruces, el caudal del río San Pedro Mezquital cambiará drásticamente, afectando sitios sagrados indígenas, actividades productivas de las que depende el sustento de los pobladores de la zona, e impactando Marismas Nacionales, humedal de importancia prioritaria internacional y ecosistema estratégico protegido. Consulte el informe enviado a Relatores Especiales de la ONU.  

Leer más
Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Autorización de hidroeléctrica Las Cruces es ilegal

El permiso otorgado por la Semarnat para la construcción del proyecto sobre el río San Pedro Mezquital, en Nayarit, viola normas nacionales e internacionales en materia ambiental y de derechos humanos. México, Distrito Federal. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces en el río San Pedro Mezquital, Nayarit. Dicho permiso es ilegal porque viola legislación nacional e internacional en materia ambiental y de derechos humanos. En representación de las comunidades ribereñas y los pueblos indígenas afectados, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) informará de esa vulneración a las instancias nacionales e internacionales pertinentes. La ilegalidad del permiso radica en que los miembros de los pueblos indígenas Cora, Huichol, Tepehuano y Mexicanero nunca fueron consultados ni se obtuvo su consentimiento previo, libre e informadosobre el proyecto en los términos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por otro lado, el consentimiento para el cambio de uso de suelo y expropiación de sus tierras fue solicitado a las asambleas comunales bajo engaños, condicionamientos y hasta intimidación. Además, el mismo documento de la autorización reconoce que las comunidades de San Blasito y Saycotal, las que serán desalojadas a causa de la construcción de la hidroeléctrica, desconocen las actas de la supuesta consulta que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entidad que promueve el proyecto, habría hecho. "Segúnlos estándares internacionales, consultary obtener el consentimiento previo, libre e informadode los pueblos indígenas no sólo consiste en comunicarles el proyecto, lo que hizo la CFE en este caso[1]; sino también en que los pueblos afectados participenen procesos de diálogo y negociación de buena fe,desde la fase de planificación de la hidroeléctrica, conforme a sus costumbres y tradiciones, a través de procedimientos culturalmente adecuados yconforme a sus métodos tradicionales para la toma de decisiones, contando con información precisa sobre la naturaleza yconsecuencias del proyecto antes y durante la consulta, y con el objetivo de llegar a un acuerdo", afirmó María José Veramendi, abogada senior de AIDA.  La construcción de Las Cruces implicará el desalojo forzoso de habitantes de territorios indígenas, en su mayoría Cora, y la afectación de 14 sitios sagrados de Coras y Huicholes. Todo ello tendrá consecuencias negativas sobre sus derechos a la vivienda adecuada, al agua, a los medios de subsistencia, a la cultura y a la educación. En materia ambiental, la Semarnat no tomó en cuenta los criterios y lineamientos establecidos por la Convención Ramsar, tratado intergubernamental firmado por México para la protección de Marismas Nacionales, humedal de importancia prioritaria internacional bajo la Convención y en el cual desembocan las aguas del río San Pedro. Ese sitio, así como la actividad pesquera y agrícola que sostiene, se verán afectados por la disminución en el caudal del río causada por la hidroeléctrica. En 2009, la Secretaría de la Convención Ramsar exhortó al Gobierno mexicano a considerar los bienes y servicios ambientales, y el patrimonio cultural vivo de la zona antes de autorizar Las Cruces. Dicha recomendación fue ignorada. "La Convención Ramsar no prohíbe infraestructura en este tipo de ecosistemas, pero establece criterios y estándares internacionales para la toma de decisiones en el manejo de tales sitios[2]. Es muy lamentable que la Semarnat, como autoridad encargada de velar por los compromisos internacionales en materia ambiental de México, no haya tomado en consideración las guías de la Convención, y mucho menos las recomendaciones específicas de esos diplomáticos para Marismas Nacionales", dijo Sandra Moguel, abogada de AIDA. La Semarnat también ignoró las opiniones técnicas de autoridades como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). Esa instancia señaló que las especies pesqueras de Nayarit y el sur de Sinaloa disminuirán drásticamente de construirse Las Cruces ya que dependen de Marismas Nacionales, sitio que a su vez depende del agua dulce y los nutrientes del río San Pedro. Los estudios del proyecto tienen carencias y las medidas de mitigación y compensación por los daños que la construcción de la hidroeléctrica pueda causar en los ecosistemas, la flora y fauna de la zona son cuestionables. "Es un retroceso para los protección del ambiente y los derechos humanos en México que pone en riesgo al río San Pedro Mezquital, a Marismas Nacionales, y a las especies y comunidades que dependen de esos entornos naturales", añadió Moguel. Desde marzo de 2014, AIDA, en representación de las comunidades y pueblos cuyos derechos han sido vulnerados, envió comunicaciones a diversos Relatores Especiales de Naciones Unidas y a la Convención Ramsar alertando sobre los riesgos para el ambiente y los derechos humanos que implicaba autorizar la hidroeléctrica. Con el otorgamiento de la autorización, AIDA comunicará a dichas instanciasla materialización del riesgo y solicitará que se exija al Estado mexicano revocar la autorización por ilegal yconsultar a los pueblos indígenas afectados. [1] Autorización de Impacto Ambiental del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, p. 57 [2] Autorización de Impacto Ambiental del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, p. 62

Leer más
Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Brasil protege las obras de Belo Monte, pero no los derechos humanos de los afectados

El tiempo no se detiene y, lamentablemente, tampoco la construcción de la represa Belo Monte sobre el río Xingú, en la Amazonía brasileña. Las obras avanzan a un grado que impresiona, 65% al momento, y con ellas el deterioro del ecosistema y de la vida de las personas que habitan la zona. La gigantesca edificación principal de la represa se abre paso entre la vegetación del lugar. Verla desde el aire no provoca más que impotencia. Y en tierra, es frustrante evidenciar que la situación de los pueblos indígenas, las comunidades ribereñas y residentes de la ciudad de Altamira empeora. María José Veramendi Villa y Alexandre Andrade Sampaio, abogados de AIDA, visitaron la zona y estuvieron en la comunidad indígena Arara, asentada en la Volta Grande del río Xingú. Una vez que Belo Monte aprisione el río, su caudal se reducirá drásticamente y la pesca, medio de sustento de las personas del lugar, ya no será posible. Además, los Arara perderán la vía que los lleva a sus sitios sagrados. Esperan la llegada de vehículos, la construcción de una carretera y también de un pozo adecuado, pues la calidad del agua que beben no es la mejor. En Altamira, la situación de deterioro es similar. AIDA también estuvo allí. A raíz de la construcción de la represa, la población de esa ciudad creció masivamente. Ello ocasionó la saturación de los servicios de salud y saneamiento básico, así como un incremento en los casos de violencia sexual y trata de personas. Al pagar más por unas tierras que por otras, Norte Energía, el consorcio de empresas estatales y privadas a cargo de la construcción de la represa, ha provocado pisiones entre la población afectada.  Son muchas las personas que se vieron obligadas a vender sus hogares a un precio mínimo ante la amenaza del desalojo. Y las casas destinadas a la reubicación de familias desplazadas no cumplen las condiciones de una vivienda adecuada. La reubicación implica además un cambio en el modo de vida: de la pesca a la agricultura o a cargar bolsas de cemento. "Todo esto genera la descomposición del tejido social. Trabajamos diariamente, junto con nuestros colegas de Brasil, para hacer visible en el país y a nivel internacional que lo que está sucediendo en torno a Belo Monte son violaciones de derechos humanos. Estamos trabajando constantemente para que el Gobierno de Brasil cumpla con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", explica Veramendi. El 1º de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas para proteger la vida, la salud, y la integridad personal y cultural de las comunidades indígenas en aislamiento voluntario; la salud de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto; y la demarcación de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Nuestro trabajo, así como el de defensores del ambiente y los derechos humanos a quienes apoyamos en Brasil, no es fácil. La zona de construcción de la represa y Altamira están resguardadas por fuerzas de seguridad del Estado. "Nos sentimos rodeados, intimidados y hostigados; no hay garantías para nuestro trabajo", señala Sampaio. Con tu ayuda seguiremos luchando para que el caso Belo Monte avance en la CIDH y para que el Gobierno de Brasil cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en lugar de hacer campaña electoral con la inmensidad de la represa y a costa de los daños presentes y futuros al ambiente y a las personas.

Leer más
Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Instancias internacionales, alertadas de las violaciones a derechos humanos que implica construir la hidroeléctrica Las Cruces en México

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relatores Especiales de la ONU están enterados del caso. La SEMARNAT decidirá pronto si autoriza o no el proyecto. Distrito Federal, México. Organizaciones ambientales y comunitarias alertaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a Relatores Especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces violaría los derechos de pueblos indígenas y comunidades ribereñas en Nayarit. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) decidirá en estos días si otorga o no el permiso ambiental al controversial proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El sábado pasado, miembros del Consejo Indígena Náyeri, pueblo originario que sería afectado por la hidroeléctrica, se reunieron con comisionados de la CIDH. Allí explicaron que la construcción del proyecto sobre el caudal del río San Pedro Mezquital implica el desalojo forzoso de habitantes de territorios indígenas, en su mayoría Cora, así como la afectación de 14 sitios sagrados de Coras y Huicholes. Ello, añadieron, vulneraría los derechos humanos a la vivienda adecuada, al agua, a los medios de subsistencia, a la cultura y a la educación. Similares argumentos fueron parte de una alerta enviada en marzo pasado a Relatores Especiales de Naciones Unidas. En ella se resalta que las comunidades indígenas Cora, Huichol, Tepehuana y Mexicanera nunca fueron consultadas sobre el proyecto en los términos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Solicitamos a los Relatores instar al Estado mexicano a garantizar  los derechos a la información y la participación, consulta y consentimiento, a la alimentación, al agua potable y saneamiento y al disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible de los pueblos indígenas y comunidades ribereñas del río San Pedro Mezquital”, dijo Sandra Moguel, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). La alerta fue enviada por AIDA en representación de los distintos sectores económicos, organizaciones ambientales y comunitarias de la región afectada: el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro, el Consejo Indígena Náyeri, Nuiwari, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Grupo Ecológico Manglar, SuMar y representantes de la Federación Ribereña de Nayarit y la localidad Boca de Camichín. De construirse Las Cruces, la reducción del caudal del río afectaría la agricultura, ganadería, pesca, ostricultura y otras actividades de las que dependen económicamente para vivir más de 20 comunidades de la zona. Asimismo, al bloquear el curso del San Pedro, “la hidroeléctrica retendrá 90% de los sedimentos que alimentan la actividad agrícola y pesquera en Marismas Nacionales, humedal protegido a nivel internacional y que también depende del caudal para sobrevivir”, señaló Ernesto Bolado, director de SuMar. También está el hecho de que la hidroeléctrica estará sin operar dos tercios de su vida útil y solo generará 0.9 % de la energía demandada por la región Centro-Occidente. Las organizaciones ambientales y comunitarias esperan que la SEMARNAT considere los argumentos científicos y legales en contra de la hidroeléctrica Las Cruces para rechazar el proyecto. Instancias internacionales de derechos humanos estarán también pendientes de esa decisión.

Leer más
Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Organizaciones presentan ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil escrito que demuestra la ilegalidad de la autorización que el Congreso dio a la represa Belo Monte

La autorización vulnera normas nacionales e internacionales porque las comunidades afectadas por el proyecto no fueron consultadas. La construcción de la represa avanza causando daños a personas, comunidades y al ecosistema en la Amazonía brasileña. Brasilia, Brasil. La construcción de la represa Belo Monte continúa mientras la biodiversidad y las comunidades de la zona ya sufren serios daños. Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el Supremo Tribunal Federal (STF) un escrito legal (amicus curiae, en portugués) que demuestra que el decreto por el cual el Congreso autorizó la controversial represa es ilegal porque el proyecto no fue consultado con las comunidades afectadas. El escrito contiene argumentos de derecho nacional e internacional sobre la protección del ambiente y los derechos humanos que respaldan la acción legal iniciada por el Ministerio Público Federal (MPF) para que el STF emita un fallo que anule el decreto del Congreso. Fue elaborado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) en colaboración con el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DEJUSTICIA), el Instituto Socioambiental (ISA), la Associação Indígena Yudjá Mïratu da Volta Grande do Xingu (AYMÏX) y el Conselho Indigenista Missionário (CIMI). “El proyecto Belo Monte se aprobó sin que el Estado consultara ni obtuviera el consentimiento de las comunidades indígenas y poblaciones tradicionales afectadas. Esto, junto con la degradación ambiental que comenzó con el inicio de las obras, ha puesto a las personas y comunidades de la zona en una situación de extrema vulnerabilidad”, explicó María José Veramendi Villa, abogada de AIDA. La autorización del proyecto por el Congreso violó la Constitución brasileña y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al no haber garantizado el derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades afectadas. Si bien se realizaron reuniones públicas sobre el proyecto, éstas no constituyen consultas previas porque se realizaron cuando el proyecto ya había sido aprobado. Esas reuniones se efectuaron sin que la información presentada fuera traducida a las lenguas de las poblaciones indígenas. No todos los afectados tuvieron acceso a las reuniones y quienes sí estuvieron en ellas recibieron información incompleta sobre el proyecto y la misma no les fue entregada con anticipación. Además de lo relativo al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, el escrito fortalece los argumentos del MPF en cuanto al derecho de acceso a la justicia. Ese derecho de las comunidades afectadas por la represa Belo Monte también fue violado. Ello ocurrió con la aplicación de la llamada “Suspensión de Seguridad”, una figura jurídica que permitió que decisiones judiciales contrarias al proyecto y favorables a la población afectada, emitidas por tribunales inferiores, fueran suspendidas bajo argumentos de protección de la seguridad y la economía públicas.  “En caso de obtener una decisión favorable del STF, la obligación del Estado brasileño será doble: primero tendrá que suspender la autorización que dio para la construcción de la represa y después deberá reparar los daños que ha y está causando a las comunidades indígenas y demás poblaciones impactadas por Belo Monte”, comentó César Rodríguez Garavito, director internacional de Dejusticia. “Las poblaciones tradicionales afectadas por la represa se encuentran en una situación inaceptable en época de democracia.  Existe una decisión judicial que reconoce que el derecho a la consulta previa fue violado, pero al mismo tempo hay otra decisión preliminar y provisional que garantiza que las obras continúen”, señaló Leonardo Amorim, abogado de la organización brasileña Instituto Socioambiental. “En vista de lo anterior, esa población sufre el empeoramiento de su situación de salud y la invasión de sus tierras. Esperamos que el Supremo Tribunal revierta esa situación”. Este martes, el Movimiento Xingú Vivo (MXVPS), con apoyo de diversas organizaciones, presentó un pedido de audiencia (en portugués) a la Presidencia del STF a fin de solicitar que se adopte una decisión inmediata de la presente acción legal así como de las demás acciones que cuestionan otros grandes proyectos hidroeléctricos en la Amazonía.

Leer más
Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Más de 49,000 firmas respaldan la defensa del río San Pedro Mezquital frente al proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit

Las firmas fueron entregadas a la SEMARNAT. Pueblos indígenas y comunidades ribereñas esperan que esa entidad niegue el permiso ambiental a un proyecto que pone en peligro su economía y cultura. Distrito Federal, México. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) recibió las más de 49,000 firmas que le piden negar el permiso ambiental para el proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit. El proyecto es cuestionado porque amenaza la economía y la cultura de pueblos indígenas y comunidades ribereñas. De las firmas entregadas, más de 37,000 respaldan la petición ciudadana que circuló en internet a través de Change.org. Las otras 12,000 fueron recabadas de forma física entre grupos comunitarios de Nayarit. Este respaldo a la defensa del río San Pedro Mezquital, en cuyo cauce se pretende construir la hidroeléctrica, se suma a una serie de argumentos sólidos sobre la inviabilidad del proyecto. El documento que evalúa sus impactos ambientales ha sido cuestionado por expertos nacionales e internacionales. El Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó, por ejemplo, que el mismo “carece de rigor”. Además, los pueblos indígenas de la zona no fueron consultados sobre el proyecto con bases en sus usos y costumbres. Otro punto en contra es la ineficiencia de la hidroeléctrica, la cual estaría sin operar el 63% de su vida útil y generaría menos del 1% de la demanda de energía de la región Centro Occidente para el 2026. El próximo 24 de junio, como cada año, los indígenas Cora celebrarán el Día de San Juan en el río San Pedro y junto a La Muxatena, importante sitio sagrado y centro ceremonial. “Ése y otros sitios serán afectados por el proyecto; nuestra vida espiritual está ligada al río”, manifestó Marcelina López, indígena mexicanera y representante del Consejo Intercomunitario del Río San Pedro. Sandra Moguel, abogada de AIDA, recordó que de ejecutarse el proyecto “la sedimentación causada por bloquear el curso natural del río dañará Marismas Nacionales, uno de los mayores sistemas de humedales de México, un sitio prioritario para la biodiversidad amparado por tratados internacionales”. “Los ingresos económicos de miles de personas —agricultores, ganaderos, pescadores, prestadores de servicios turísticos y comerciantes— dependen de que Marismas Nacionales y el río San Pedro Mezquital mantengan sus condiciones de existencia intactas”, afirmó Marcos Moreno, ostricultor de Boca de Camichín, zona ubicada en la desembocadura del río. Con la entrega de las 49,000 firmas se busca que la SEMARNAT tome una decisión favorable al ambiente y a las personas, una como la adoptada recientemente cuando rechazó el permiso ambiental para el proyecto turístico Cabo Dorado, el cual ponía en peligro el arrecife de coral Cabo Pulmo y el abastecimiento de agua de los habitantes del lugar.

Leer más