Derechos Indígenas

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Instancias internacionales, alertadas de las violaciones a derechos humanos que implica construir la hidroeléctrica Las Cruces en México

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relatores Especiales de la ONU están enterados del caso. La SEMARNAT decidirá pronto si autoriza o no el proyecto. Distrito Federal, México. Organizaciones ambientales y comunitarias alertaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a Relatores Especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces violaría los derechos de pueblos indígenas y comunidades ribereñas en Nayarit. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) decidirá en estos días si otorga o no el permiso ambiental al controversial proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El sábado pasado, miembros del Consejo Indígena Náyeri, pueblo originario que sería afectado por la hidroeléctrica, se reunieron con comisionados de la CIDH. Allí explicaron que la construcción del proyecto sobre el caudal del río San Pedro Mezquital implica el desalojo forzoso de habitantes de territorios indígenas, en su mayoría Cora, así como la afectación de 14 sitios sagrados de Coras y Huicholes. Ello, añadieron, vulneraría los derechos humanos a la vivienda adecuada, al agua, a los medios de subsistencia, a la cultura y a la educación. Similares argumentos fueron parte de una alerta enviada en marzo pasado a Relatores Especiales de Naciones Unidas. En ella se resalta que las comunidades indígenas Cora, Huichol, Tepehuana y Mexicanera nunca fueron consultadas sobre el proyecto en los términos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Solicitamos a los Relatores instar al Estado mexicano a garantizar  los derechos a la información y la participación, consulta y consentimiento, a la alimentación, al agua potable y saneamiento y al disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible de los pueblos indígenas y comunidades ribereñas del río San Pedro Mezquital”, dijo Sandra Moguel, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). La alerta fue enviada por AIDA en representación de los distintos sectores económicos, organizaciones ambientales y comunitarias de la región afectada: el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro, el Consejo Indígena Náyeri, Nuiwari, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Grupo Ecológico Manglar, SuMar y representantes de la Federación Ribereña de Nayarit y la localidad Boca de Camichín. De construirse Las Cruces, la reducción del caudal del río afectaría la agricultura, ganadería, pesca, ostricultura y otras actividades de las que dependen económicamente para vivir más de 20 comunidades de la zona. Asimismo, al bloquear el curso del San Pedro, “la hidroeléctrica retendrá 90% de los sedimentos que alimentan la actividad agrícola y pesquera en Marismas Nacionales, humedal protegido a nivel internacional y que también depende del caudal para sobrevivir”, señaló Ernesto Bolado, director de SuMar. También está el hecho de que la hidroeléctrica estará sin operar dos tercios de su vida útil y solo generará 0.9 % de la energía demandada por la región Centro-Occidente. Las organizaciones ambientales y comunitarias esperan que la SEMARNAT considere los argumentos científicos y legales en contra de la hidroeléctrica Las Cruces para rechazar el proyecto. Instancias internacionales de derechos humanos estarán también pendientes de esa decisión.

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Organizaciones presentan ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil escrito que demuestra la ilegalidad de la autorización que el Congreso dio a la represa Belo Monte

La autorización vulnera normas nacionales e internacionales porque las comunidades afectadas por el proyecto no fueron consultadas. La construcción de la represa avanza causando daños a personas, comunidades y al ecosistema en la Amazonía brasileña. Brasilia, Brasil. La construcción de la represa Belo Monte continúa mientras la biodiversidad y las comunidades de la zona ya sufren serios daños. Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el Supremo Tribunal Federal (STF) un escrito legal (amicus curiae, en portugués) que demuestra que el decreto por el cual el Congreso autorizó la controversial represa es ilegal porque el proyecto no fue consultado con las comunidades afectadas. El escrito contiene argumentos de derecho nacional e internacional sobre la protección del ambiente y los derechos humanos que respaldan la acción legal iniciada por el Ministerio Público Federal (MPF) para que el STF emita un fallo que anule el decreto del Congreso. Fue elaborado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) en colaboración con el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DEJUSTICIA), el Instituto Socioambiental (ISA), la Associação Indígena Yudjá Mïratu da Volta Grande do Xingu (AYMÏX) y el Conselho Indigenista Missionário (CIMI). “El proyecto Belo Monte se aprobó sin que el Estado consultara ni obtuviera el consentimiento de las comunidades indígenas y poblaciones tradicionales afectadas. Esto, junto con la degradación ambiental que comenzó con el inicio de las obras, ha puesto a las personas y comunidades de la zona en una situación de extrema vulnerabilidad”, explicó María José Veramendi Villa, abogada de AIDA. La autorización del proyecto por el Congreso violó la Constitución brasileña y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al no haber garantizado el derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades afectadas. Si bien se realizaron reuniones públicas sobre el proyecto, éstas no constituyen consultas previas porque se realizaron cuando el proyecto ya había sido aprobado. Esas reuniones se efectuaron sin que la información presentada fuera traducida a las lenguas de las poblaciones indígenas. No todos los afectados tuvieron acceso a las reuniones y quienes sí estuvieron en ellas recibieron información incompleta sobre el proyecto y la misma no les fue entregada con anticipación. Además de lo relativo al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, el escrito fortalece los argumentos del MPF en cuanto al derecho de acceso a la justicia. Ese derecho de las comunidades afectadas por la represa Belo Monte también fue violado. Ello ocurrió con la aplicación de la llamada “Suspensión de Seguridad”, una figura jurídica que permitió que decisiones judiciales contrarias al proyecto y favorables a la población afectada, emitidas por tribunales inferiores, fueran suspendidas bajo argumentos de protección de la seguridad y la economía públicas.  “En caso de obtener una decisión favorable del STF, la obligación del Estado brasileño será doble: primero tendrá que suspender la autorización que dio para la construcción de la represa y después deberá reparar los daños que ha y está causando a las comunidades indígenas y demás poblaciones impactadas por Belo Monte”, comentó César Rodríguez Garavito, director internacional de Dejusticia. “Las poblaciones tradicionales afectadas por la represa se encuentran en una situación inaceptable en época de democracia.  Existe una decisión judicial que reconoce que el derecho a la consulta previa fue violado, pero al mismo tempo hay otra decisión preliminar y provisional que garantiza que las obras continúen”, señaló Leonardo Amorim, abogado de la organización brasileña Instituto Socioambiental. “En vista de lo anterior, esa población sufre el empeoramiento de su situación de salud y la invasión de sus tierras. Esperamos que el Supremo Tribunal revierta esa situación”. Este martes, el Movimiento Xingú Vivo (MXVPS), con apoyo de diversas organizaciones, presentó un pedido de audiencia (en portugués) a la Presidencia del STF a fin de solicitar que se adopte una decisión inmediata de la presente acción legal así como de las demás acciones que cuestionan otros grandes proyectos hidroeléctricos en la Amazonía.

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Más de 49,000 firmas respaldan la defensa del río San Pedro Mezquital frente al proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit

Las firmas fueron entregadas a la SEMARNAT. Pueblos indígenas y comunidades ribereñas esperan que esa entidad niegue el permiso ambiental a un proyecto que pone en peligro su economía y cultura. Distrito Federal, México. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) recibió las más de 49,000 firmas que le piden negar el permiso ambiental para el proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit. El proyecto es cuestionado porque amenaza la economía y la cultura de pueblos indígenas y comunidades ribereñas. De las firmas entregadas, más de 37,000 respaldan la petición ciudadana que circuló en internet a través de Change.org. Las otras 12,000 fueron recabadas de forma física entre grupos comunitarios de Nayarit. Este respaldo a la defensa del río San Pedro Mezquital, en cuyo cauce se pretende construir la hidroeléctrica, se suma a una serie de argumentos sólidos sobre la inviabilidad del proyecto. El documento que evalúa sus impactos ambientales ha sido cuestionado por expertos nacionales e internacionales. El Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó, por ejemplo, que el mismo “carece de rigor”. Además, los pueblos indígenas de la zona no fueron consultados sobre el proyecto con bases en sus usos y costumbres. Otro punto en contra es la ineficiencia de la hidroeléctrica, la cual estaría sin operar el 63% de su vida útil y generaría menos del 1% de la demanda de energía de la región Centro Occidente para el 2026. El próximo 24 de junio, como cada año, los indígenas Cora celebrarán el Día de San Juan en el río San Pedro y junto a La Muxatena, importante sitio sagrado y centro ceremonial. “Ése y otros sitios serán afectados por el proyecto; nuestra vida espiritual está ligada al río”, manifestó Marcelina López, indígena mexicanera y representante del Consejo Intercomunitario del Río San Pedro. Sandra Moguel, abogada de AIDA, recordó que de ejecutarse el proyecto “la sedimentación causada por bloquear el curso natural del río dañará Marismas Nacionales, uno de los mayores sistemas de humedales de México, un sitio prioritario para la biodiversidad amparado por tratados internacionales”. “Los ingresos económicos de miles de personas —agricultores, ganaderos, pescadores, prestadores de servicios turísticos y comerciantes— dependen de que Marismas Nacionales y el río San Pedro Mezquital mantengan sus condiciones de existencia intactas”, afirmó Marcos Moreno, ostricultor de Boca de Camichín, zona ubicada en la desembocadura del río. Con la entrega de las 49,000 firmas se busca que la SEMARNAT tome una decisión favorable al ambiente y a las personas, una como la adoptada recientemente cuando rechazó el permiso ambiental para el proyecto turístico Cabo Dorado, el cual ponía en peligro el arrecife de coral Cabo Pulmo y el abastecimiento de agua de los habitantes del lugar.

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Organizaciones apoyan cuestionamiento a proyecto hidroeléctrico en Panamá por violar derechos de los pueblos indígenas

Ciudad de México,  México – Organizaciones de la sociedad civil presentaron ayer un amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá apoyando la demanda contra la evaluación de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco presentada por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) en representación del pueblo indígena Ngäbe-Buglé.   El amicus presentado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Center for International Environmental Law (CIEL) y Earthjustice, sostiene que el gobierno panameño violó el derecho internacional al aprobar el proyecto sin consultar adecuadamente ni obtener el consentimiento libre, previo e informado del pueblo indígena Ngäbe - Buglé, y por no haber evaluado adecuadamente los impactos ambientales sobre su territorio.   “Queremos agradecer a las organizaciones internacionales que apoyaron nuestra lucha para proteger nuestras tierras y recursos naturales, que son los aspectos mas importantes de nuestra cultura,” señaló Goejet Miranda, Presidente de la comunidad en el movimiento en defensa del río Tabasará frente a proyectos de desarrollo.   Una vez finalizada la construcción, la represa inundará hogares y sitios religiosos, históricos y culturales del territorio del pueblo Ngӓbe-Buglé.  La represa Barro Blanco también hará que el río Tabasará pase de ser un ecosistema lótico a uno léntico, lo que ocasionará la reubicación forzada de familias indígenas.  El Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, tras su visita a las comunidades indígenas de Panamá el mes pasado, concluyó que el gobierno debió haber consultado adecuadamente al pueblo Ngäbe antes del otorgamiento de la concesión para el proyecto hidroeléctrico.   “Los pueblos indígenas gozan de una protección especial bajo el derecho internacional” señaló la abogada sénior de CIEL Alyssa Johl.  “En el caso Barro Blanco, Panamá violó el derecho internacional al haber ignorado el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado del pueblo Ngäbe, el cual requiere a los Estados garantizar que los pueblos indígenas se involucren activamente y se apropien de las decisiones que puedan afectar sus vidas y modos de vida”.   El amicus apoya los argumentos de la demanda contencioso administrativa presentada CIAM mediante la cual se solicita que se declare la nulidad de la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Barro Blanco y la suspensión de la construcción de la represa, hasta tanto no se lleve a cabo un EIA adecuado.  “De conformidad con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de Panamá” explicó María José Veramendi, abogada sénior de AIDA, “esperamos que la Corte falle en favor del pueblo Ngäbe fortaleciendo la protección de las comunidades indígenas frente a proyectos de desarrollo en Panamá y contribuyendo al desarrollo de una jurisprudencia sólida y coherente en asuntos relativos a la protección de los derechos humanos y el ambiente en la región”.   Barro Blanco también ha sido objeto de críticas por su registro en el Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas (MDL), un esquema de compensación de carbono establecido por el Protocolo de Kyoto.  En teoría, el MDL – con su doble objetivo de reducir las emisiones de carbono y alcanzar un desarrollo sostenible – podría ser una herramienta valiosa en la lucha contra el cambio climático.  Sin embargo, entre otros problemas, el MDL falla en asegurar que los proyectos registrados no violen los derechos humanos.   “Los mecanismos para hacer frente al cambio climático deberían hacer más que proveer beneficios económicos a las compañías que desarrollan los proyectos” señaló la abogada de Earthjustice, Abby Rubinson.  “Éstos deben asegurar la protección de los derechos humanos y soluciones equitativas en terreno”.    Para más información: AMICUS CURIAE Barro Blanco

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Organizaciones alertan a Naciones Unidas sobre violaciones a derechos humanos de construirse la hidroeléctrica Las Cruces en Nayarit, México

Piden a Relatores Especiales de la ONU exhortar al Estado mexicano a garantizar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades ribereñas afectadas por el proyecto. Distrito Federal, México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) envío una alerta urgente a los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada, sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre el derecho a la alimentación, sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, y sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; y al Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible por la inminente violación a los derechos humanos que la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces implica para las comunidades ribereñas y para los pueblos indígenas Cora, Tepehuano, Huichol y Mexicanero asentados a lo largo de la cuenca del río San Pedro Mezquital en el estado de Nayarit. Esta acción fue presentada en representación de los distintos sectores económicos,  organizaciones ambientales y comunitarias de la región afectada por el proyecto: el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro, el Consejo Indígena Náyeri, la Federación Ribereña de Nayarit, Nuiwari, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Grupo Ecológico Manglar, SuMar y representantes de la localidad Boca de Camichín. En la alerta se solicita a los Relatores Especiales instar al Estado mexicano “a garantizar  los derechos a la información y la participación, consulta y consentimiento, a la alimentación, al agua potable y saneamiento y al disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible de los pueblos indígenas y comunidades ribereñas del río San Pedro Mezquital”. Se les pide además visitar el sitio donde se prevé construir la hidroeléctrica para que conozcan “de primera mano” las afectaciones que el proyecto ocasionará en el ambiente y los derechos humanos. La afectación al territorio indígena, en su mayoría Cora, el desalojo forzoso de sus habitantes y los daños a sus sitios sagrados implican la inminente violación de los derechos humanos a la vivienda adecuada, al agua y a los medios de subsistencia, así como a la cultura y a la educación. “Nuestras tierras y recursos naturales son los aspectos más importantes de nuestra cultura; todos los días tememos que inunden o afecten nuestros sitios sagrados", dijo Julián López Cánare, coordinador del Consejo Indígena Náyeri y miembro del Consejo Intercomunitario del Río San Pedro. Por su parte, Ernesto Bolado, director de SuMar, señaló que la acción presentada ante la ONU resalta el hecho de que los miembros de las comunidades Cora, Huichol, Tepehuana y Mexicanera nunca fueron consultados en los términos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y el consentimiento para el cambio de uso de suelo y expropiación de sus tierras fue solicitado a las asambleas comunales bajo engaños, condicionamiento de apoyos gubernamentales y hasta la intimidación. La Comisión Federal de Electricidad propone construir y operar la hidroeléctrica Las Cruces sobre el río San Pedro Mezquital, 65 kilómetros al norte de la ciudad de Tepic, Nayarit, con una capacidad proyectada de 240MW generada por tres turbinas y con una cortina de 188 metros de alto en una superficie de 5,349 hectáreas. El proyecto operará de manera regular sólo cuatro meses al año, y cubrirá el 0.9 % de la demanda energética del Centro Occidente de México para el 2026, apenas el 0.28% del total de la capacidad instalada en el país[1]. “La acción urgente es una solicitud para que los Relatores de Naciones Unidas realicen una investigación sobre los hechos que afectan el goce efectivo de los derechos humanos de las personas y comunidades que serán afectadas por el proyecto hidroeléctrico”, precisó Sandra Moguel, abogada de AIDA. El estudio de impacto ambiental de la hidroeléctrica Las Cruces reconoce que a raíz del proyecto la agricultura prácticamente de subsistencia y la ganadería en pequeña escala serían sustituidas por la pesca dentro del embalse. “Es impensable convertir agricultores de subsistencia en pescadores o en operadores turísticos”, afirmó Marcos Moreno, ostricultor de Boca de Camichín e integrante del Consejo Intercomunitario del río San Pedro. Consulte la alerta enviada a los Relatores Especiales de la ONU.

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Belo Monte: ¡Nunca nos rendiremos!

Por María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, @MaJoVeramendi  No vamos a darnos por vencidos. Ese es el lema de AIDA en defensa de los derechos de los brasileños que se enfrentan a la reubicación forzosa a medida que la construcción de la mega-represa Belo Monte continúa avanzando en la Amazonía. El Gobierno de Brasil está construyendo la tercera represa más grande del mundo sobre el río Xingú bajo el pretexto de satisfacer una creciente demanda de energía. Uno de los costos de la represa es, según cifras oficiales, el desplazamiento de al menos 20,000 personas de comunidades indígenas y ribereñas. Sus tierras tradicionales serán inundadas y sus formas de vida, destruidas. Pero la gente del Xingú no se dejará acallar y se ha organizado para luchar por sus derechos. El gobierno está tan decidido que ha hecho uso de espías para infiltrarse en el movimiento que se opone a la represa. Ha desplegado a las fuerzas de seguridad pública para patrullar el sitio de construcción y disolver las protestas. Y planea reforzar los controles en junio y julio, cuando la atención del mundo se centrará en Brasil por la Copa Mundial de Fútbol.  Además, ahora el Gobierno brasileño quiere criminalizar las protestas contra proyectos de infraestructura, aun cuando las comunidades afectadas sólo están expresando su consternación tras habérseles negado el derecho constitucional básico e internacionalmente reconocido de manifestar su posición sobre lo que ocurre. ¿Tirar la toalla? Nosotros no. Con tus donativos, AIDA está trabajando para asegurar que a la gente del Xingú se le garantice el derecho a ser escuchada, a ser consultada, y a vivir en un ambiente sano.  Uno de los objetivos de la estrategia de AIDA es hacerle frente a un instrumento legal llamado Suspensión de Seguridad, establecido en Brasil durante la dictadura militar. Los Tribunales han utilizado dicho instrumento en reiteradas ocasiones para “proteger el interés público” e invalidar decisiones de tribunales inferiores que, como en el caso de Belo Monte, han ordenado detener la construcción de la represa hasta que el gobierno consulte a las comunidades afectadas y les brinde protección y compensación adecuadas. El 10 de marzo, en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Alexandre Sampaio, abogado de AIDA, explicará cómo Brasil está usando la Suspensión de Seguridad para violar los derechos humanos de los pueblos indígenas de Brasil. Además, a través de la preparación y presentación de escritos legales, estamos abogando para que el Supremo Tribunal rechace la aplicación de la Suspensión de Seguridad y determine que el proyecto Belo Monte fue ilegal desde el inicio. También hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que analice las implicaciones de la Suspensión de Seguridad para los derechos humanos. AIDA realiza todo este trabajo de forma gratuita para las personas a las que ayuda. Tus donaciones a través de Global Giving son un apoyo fundamental para que los abogados y abogadas de AIDA lleven adelante este importante y desafiante trabajo legal, el cual empodera a las comunidades amazónicas para que defiendan sus derechos.  Considera por favor hacer otro donativo en apoyo a este trabajo, ayudando a nuestra “nunca-nos-rendiremos” lucha contra Belo Monte. Con gran aprecio, El equipo de AIDA

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Lideresa indígena condena violaciones de derechos por parte de Brasil ante las Naciones Unidas

Ponentes destacan violaciones derivadas de la construcción de represas en la Amazonía en el Consejo de Derechos Humanos. Ginebra, Suiza. En un innovador evento realizado durante el 25º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Coordinadora Nacional de la Asociación de Pueblos Indígenas del Brasil (APIB), Sônia Guajajara, denunció la alarmante indiferencia del Gobierno brasileño frente a los derechos de los pueblos indígenas, al mismo tiempo que se apresura en promover una ola de construcción de grandes represas sin precedentes en la cuenca del Amazonas con efectos devastadores sobre sus territorios y medios de vida. En su testimonio, Guajajara afirmó que la violación del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa con relación a los planes de construcción de represas del gobierno federal, ha sentado un precedente problemático para el Estado de Derecho y el futuro de los pueblos indígenas de Brasil. En el evento paralelo denominado “El derecho a la consulta de los pueblos indígenas frente a proyectos de grandes represas en Brasil”, también participó el abogado brasileño de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Alexandre Andrade Sampaio, quien criticó el uso del mecanismo legal conocido como “Suspensión de Seguridad” (Suspensão de Segurança), el cual permite a los administradores de justicia, por solicitud del gobierno, suspender indefinidamente decisiones en favor de los derechos de los pueblos indígenas. Entre los usos más escandalosos de este artificio legal que originalmente fue creado durante la dictadura militar, es la suspensión de decisiones judiciales que declaran la ilegalidad de grandes proyectos hidroeléctricos, como Belo Monte, donde el gobierno federal ha fallado en garantizar los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa, tal como lo estipula la Constitución brasileña. De acuerdo con Sampaio, la Suspensión de Seguridad también constituye un obstáculo para que Brasil cumpla efectivamente con sus obligaciones internacionales en materia de consulta y consentimiento libre, previo e informado, incluyendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Congreso brasileño en 2002, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. “La alianza entre intereses económicos y poder político representa una fuerte crisis para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas en el Brasil de hoy en día”, dijo Guajajara. “Sin embargo, incluso si el gobierno negara nuestros derechos, no puede negar su responsabilidad frente a este Convenio”. “La Suspensión de Seguridad viola derechos humanos. Las mismas personas que pueden desestimarla son aquellas que se benefician de su existencia”, señaló Sampaio. “Por eso es importante que la comunidad internacional centre su atención en este asunto e inste al Gobierno brasileño a adoptar medidas efectivas que conduzcan al respeto de los derechos humanos”. Declaraciones conjuntas fueron remitidas a la Asamblea General de las Naciones Unidas por parte de una coalición de organizaciones brasileñas e internacionales, incluyendo la ONG francesa France Libertés. Al discutir las crecientes amenazas a los derechos de los pueblos indígenas, esos documentos destacan que el Gobierno brasileño planea construir un complejo masivo de más de 29 grandes represas a lo largo del río amazónico Tapajós y de sus afluentes en los próximos diez años. Menos conocido que el controversial proyecto Belo Monte en el río vecino Xingú, el complejo Tapajós provocaría la inundación y consecuencias devastadoras para pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales tanto río arriba como abajo de las represas planeadas, incluyendo la eliminación de peces migratorios que constituyen la base de la dieta de las comunidades y de las economías locales. La prisa del gobierno federal para construir la serie de grandes represas en la región del Tapajós sin llevar a cabo consultas previas con los pueblos indígenas, ha ocasionado crecientes protestas por parte de tribus locales, tales como los Mundurukú, Kayabi and Apiaká. “Estamos presenciando la repetición de una oscura historia en los ríos del Amazonas donde la tragedia de Belo Monte amenaza con reproducirse en el Tapajós”, dijo Christian Poirier de Amazon Watch. “Mientras el Gobierno brasileño afirma respetar a sus pueblos indígenas, en realidad está trabajando por desmantelar sus derechos para poner sus tierras y ríos a disposición de la explotación sin restricciones”. Antes del evento paralelo, delegados se reunieron con la Embajadora de la Misión Permanente de Brasil ante las Naciones Unidas, Regina Dunlop, con el fin de presentar sus preocupaciones. Mientras que la Embajadora afirmó que dicha información sería más relevante si se presentara a los representantes del gobierno en Brasilia, Guajajara y Sampaio respondieron que estas críticas son ignoradas frecuentemente por tomadores de decisiones gubernamentales hasta que los problemas son expuestos en foros internacionales como las Naciones Unidas. “La reputación de Brasil está en juego ante este escenario internacional”, señaló Sônia Guajajara. “Estamos aquí para dar visibilidad al inaceptable perjuicio y a la discriminación sufrida por los pueblos indígenas y para exigir que se detenga”. El evento paralelo en Ginebra fue organizado por France Liberté (Fundación Danielle Mitterand) con el apoyo de Amazon Watch e International Rivers.

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Organizaciones hacen un llamamiento a las Naciones Unidas a fin de detener el inminente desalojo forzoso de familias indígenas Ngöbe

Acción urgente busca detener el desalojo de una comunidad indígena en Panamá. Panamá, Washington D.C., San Francisco, Lima. Organizaciones ambientales y de derechos humanos presentaron una acción urgente ante Relatores Especiales de la Organización de las Naciones Unidas en representación de miembros de la comunidad indígena Ngöbe, quienes enfrentan el inminente desalojo forzoso de sus tierras a causa de la implementación del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco al oeste de Panamá. Este desalojo desplazaría a las comunidades Ngöbe de su tierra, la cual constituye su principal fuente de alimento, agua y medios de subsistencia, así como de su cultura. La acción urgente, presentada por la organización Ngöbe Movimiento 10 de Abril para la Defensa del Río Tabasará (M10) y tres ONG internacionales -la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), y Earthjustice-, solicita a los Relatores Especiales hacer un llamado al Estado de Panamá para que detenga los procesos de desalojo y la construcción de la represa hasta cumplir con sus obligaciones internacionales. Dado que el proyecto es financiado por los Bancos de Desarrollo alemán y holandés (DEG and FMO, respectivamente), así como por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), las organizaciones instaron a los Relatores Especiales a requerir a Alemania, Holanda y a los países miembros del BCIE, que suspendan el financiamiento hasta que cada país tome medidas para reparar y prevenir violaciones de derechos humanos adicionales en perjuicio del pueblo Ngöbe. Los desalojos forzosos de los Ngöbe son la más reciente amenaza derivada del proyecto Barro Blanco. Éstos implican la inminente violación de sus derechos humanos a la vivienda adecuada, a la propiedad, al consentimiento libre, previo e informado, a la alimentación, al agua y a los medios de subsistencia, así como a la cultura y a la educación. "Nuestras tierras y recursos naturales son los aspectos más importantes de nuestra cultura. Todos los días tememos ser desplazados de nuestro hogar", dijo Weni Bagama del M10. Esta acción resalta el hecho de que los miembros de la comunidad Ngöbe nunca fueron consultados ni otorgaron su consentimiento para abandonar sus tierras. "Panamá debe respetar los derechos del pueblo indígena Ngöbe y abstenerse de llevar a cabo el desalojo. Ejecutar estos desasolojos forzosos constituiría una violación del derecho internacional de los derechos humanos", señaló María José Veramendi Villa de AIDA. Asimismo, un punto central de la acción es el rol de los gobiernos cuyos bancos financian la represa. "De acuerdo al derecho internacional, los Estados deben asegurar que su bancos de desarrollo no financien proyectos que violen derechos humanos, incluso extraterritorialmente. Llevar a cabo los desalojos forzosos de los Ngöbe sin su consentimiento es una razón suficiente para suspender el financiamiento de este proyecto", manifestó Abby Rubinson de Earthjustice. El registro del proyecto Barro Blanco bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto (MDL) es otro punto de preocupación. "La omisión de Panamá de proteger a los Ngöbe de ser desplazados forzosamente de sus tierras sin su consentimiento arroja serias dudas sobre la capacidad del MDL para asegurar el respeto de los derechos humanos de acuerdo al derecho internacional", dijo Alyssa Johl de CIEL. "Los proyectos del MDL deben ser diseñados e implementados de tal forma que respeten las obligaciones en materia de derechos humanos". 

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Vidas sin retorno: Algunas historias detrás de la construcción de la represa Belo Monte

Por María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, @MaJoVeramendi  Al iniciar el descenso en avión hacia la ciudad de Altamira (Pará, Brasil), la oscuridad de la noche se interrumpe por las fuertes luces de los canteros, ubicados a pocos kilómetros de esa ciudad, y donde se realizan las obras de construcción de la represa Belo Monte. Desde ese momento, el panorama se torna desolador. En un reciente viaje a la zona pude constatar cómo la situación de los miles de residentes —indígenas, ribereños y habitantes de la ciudad de Altamira— continúa en deterioro. Sus comunidades y modos de vida están siendo irreversiblemente afectados y sus derechos humanos, sistemáticamente violados a causa de la construcción de la hidroeléctrica. Cuando la noche se vuelve día Desde el avión, las luces provenientes de los canteros son sólo destellos momentáneos. Pero para las comunidades indígenas y ribereñas cercanas a ellos, esas luces han significado un cambio radical en su forma de vida. El señor José Alexandre vive con su familia en Arroz Cru, comunidad ribereña ubicada en la margen izquierda (ribera o lado izquierdo de un río o arroyo) de la Volta Grande del río Xingú (municipio de Vitoria do Xingu), frente al cantero de obras Pimental. Su vida entera ha transcurrido en ese lugar, con la caza y pesca como actividades principales. Sin embargo, todo cambió desde que inició la construcción de la represa. La fuerza de las luces que iluminan el cantero es tal que ya no es posible pescar ni cazar como antes. Asustados por la luz y las explosiones, los animales no se asoman más. José Alexandre se ha visto obligado a vivir del trabajo agrícola de sus hijos: un giro radical en su modo de subsistencia. La noche, que antes era verdaderamente penumbra, ahora está permanentemente iluminada…Las estrellas ya no se ven igual. Pero eso no es todo. A medida que la construcción avance, la Volta Grande del río será cerrada con diques y con ello su caudal se reducirá drásticamente. José Alexandre tendrá entonces que dejar su hogar para reubicarse muy probablemente en una zona urbana. Aunque recibirá un pago por su tierra, ¿cuánto es suficiente?, ¿es posible compensar la pérdida de su hogar, vida y cultura? Ante la inminente salida de su territorio, José Alexandre vivió otro doloroso proceso: los cuerpos enterrados en el cementerio de la comunidad, entre ellos los de sus seres queridos, fueron exhumados hace algunas semanas para ser trasladados al cementerio de Altamira. Cuando los muertos ya no son nuestros El cementerio de la comunidad de Santo Antonio es ahora propiedad del Consorcio Constructor de Belo Monte (CCBM). El camposanto era lo único que quedaba de esa comunidad. Sus habitantes tuvieron que dejarla por estar enclavada entre los canteros de las obras.   En el lugar se colocó un letrero con el siguiente texto: COMUNICADO Interdicción de Cementerio Norte Energía informa a los moradores de la Villa Santo Antonio y comunidades vecinas que el cementerio de la Villa Santo Antonio será restringido por la Prefectura de Vitória de Xingu a partir del 1 de enero de 2012, estando prohibido todo y cualquier entierro en el local. El entierro que sea necesario en el periodo de la interdicción y hasta la construcción del nuevo cementerio será realizado en el cementerio municipal de Altamira. Los fallecimientos que ocurran a partir de esa fecha deberán ser comunicados a Norte Energía a los teléfonos […] para las debidas providencias. El letrero, colocado en el tiempo en el que se estaba discutiendo el reasentamiento de la comunidad, parece una prohibición a morir. Ahora es posible ver en cada tumba una estaca de madera con las siglas de la represa y un número de registro a manera de inventario. Demás está decir que el proceso de reasentamiento e indemnización fue seriamente cuestionado, siendo los antiguos moradores de Santo Antonio los más perjudicados y cuyo modo de vida fue destruido. Cuando se pierde todo vínculo con el hogar Toda su vida se dedicó a pescar. Ahora sus días transcurren con bolsas de cemento de aproximadamente 50 kilos a cuestas y fuertes dolores de espalda. A raíz del inicio de obras de la represa Belo Monte, Élio se vio forzado a dejar su hogar en la comunidad de San Antonio y a mudarse a Altamira, donde ahora trabaja en la industria de la construcción para subsistir. En Altamira, Élio vive en casa de unos amigos, en un cuarto que le cedieron por caridad. Tras salir de Santo Antonio, su familia se separó y cada quien buscó sus propios medios de sustento. Élio ha perdido contacto con sus amigos y con el resto de su comunidad. Con profunda tristeza reconoce no saber dónde ni cómo viven. Son algunas de las miles de historias Como éstas hay miles de historias en torno a la construcción de Belo Monte. Son historias de muerte, destrucción y desplazamiento forzoso. Describen familias separadas, culturas y tradiciones pérdidas, tierras abandonadas; daños a la vida, a la salud y al ambiente; y la criminalización de defensores, movimientos sociales y víctimas. Narran la impunidad. Son el fiel reflejo de las violaciones de derechos humanos perpetradas por un Estado que supuestamente persigue el desarrollo, pero que lo hace a toda costa y, en particular, a costa de miles de vidas que jamás volverán a ser las mismas. 

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Controversias sobre derechos indígenas relacionadas con la represa Belo Monte consumen el sistema de justicia brasileño

La licencia de la represa podría ser suspendida por incumplimiento de las condicionantes socioambientales. Altamira, Brasil. Las demandas interpuestas recientemente por el Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) relacionadas con la represa de Belo Monte reclaman la responsabilidad del consorcio constructor Norte Energía, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) y la agencia ambiental estatal IBAMA por su incumplimiento con las medidas de mitigación ordenadas a favor de los pueblos indígenas Juruna y Xikrin Kayapó, los cuales son afectados por el mega proyecto. Las demandas demuestran que las condicionantes impuestas en el proceso de licenciamiento ambiental no han sido cumplidas y por ende requieren que se efectúe una compensación por los impactos socioambientales de la represa que está actualmente siendo construida en el río Xingú en la Amazonía Brasileña.   El MPF interpuso una demanda a finales de agosto demostrando que Norte Energía estaba deliberadamente incumpliendo con su obligación de comprar tierras y proveer servicios de salud para la comunidad indígena Juruna del Km 17, una de las más vulnerables frente a los impactos de la construcción de Belo Monte dada su cercanía al movimiento constante de maquinaria pesada y de trabajadores. Esta demanda llevó a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) a presentar una queja ante IBAMA, requiriendo que Norte Energía sea responsabilizado por su incumplimiento con esta condición formal de las licencias ambientales para Belo Monte. La Corte Federal de Pará respondió esta semana dando 60 días a Norte Energía para comprar las tierras Juruna y proveer servicios de salud, bajo pena de multas diarias por R$200,000 (US$87,000).   “La situación aquí solo ha empeorado”, señaló Sheyla Juruna, integrante de la comunidad Juruna del Km 17 y conocida por su activismo nacional e internacional en defensa de sus derechos y los de su comunidad. “Belo Monte creó la ilusión de que las personas tendrían todo lo que antes no tenían. Ahí es donde comenzaron los problemas. El apoyo de la FUNAI nunca vino y nuestra situación de salud es precaria. La sociedad civil cree que los indígenas tienen derechos pero nuestros derechos están siendo violados todos los días”.   Tras el fallo a favor de la comunidad Juruna el MPF interpuso otra demanda que apunta hacia la negligencia del BNDES, IBAMA y Norte Energía, derivada de la ausencia de un análisis previo de los impactos y medidas de compensación asociadas para las comunidades Xikrin Kayapó que también son afectadas por Belo Monte. La demanda alega que estas tres instituciones violaron los derechos de los Xikrin Kayapó al permitir que la construcción iniciara sin medir los impactos que causaría a los pueblos indígenas cuyas comunidades se ubican en el río Bacajá, un afluente del Xingú directamente adyacente a los impactos más serios de la represa.   El MPF solicitó al Poder Judicial que suspendiera la licencia de instalación de Belo Monte, con el fin de parar el proyecto hasta que Norte Energía presente conclusiones sobre los impactos del proyecto y las compensaciones correspondientes en favor de las comunidades indígenas. El alcance de esta demanda no tiene precedentes pues podría obligar al Consorcio y al BNDES, financiador del 80% de la represa, a indemnizar las comunidades indígenas afectadas del Xingú por la demora al medir y mitigar las repercusiones socioambientales.   “Realmente tenemos una razón para celebrar al ver que el BNDES finalmente está siendo considerado parte responsable de los desastrosos impactos de Belo Monte” señaló Maíra Irigaray Castro de Amazon Watch. “Es hora de que los financiadores respondan por su negligencia criminal ejemplificada en el incumplimiento de los condicionantes, las cuales también deberían monitorear en todos los proyectos que financian”.   El incumplimiento de Norte Energía con las condicionantes de Belo Monte no es nueva. IBAMA emitió un reporte en julio, confirmando que el grado de cumplimiento ha empeorado mientras que la construcción de la represa se ha acelerado. El reporte muestra que solo cuatro de las 23 condicionantes relacionadas con la población urbana han sido cumplidas.   “La semana pasada tuvimos una reunión con representantes del gobierno y personas locales, y su inconformidad es clara” dijo Antonia Melo, coordinadora del Movimiento Xingu Vivo para Siempre. “No hay agua potable, ni electricidad, atención en salud, escuelas o saneamiento básico. No podemos aceptar que las condicionantes, que son derechos fundamentales garantizados en la Constitución, sean desconocidas de esta manera. IBAMA debe suspender la construcción, tal como está definido en la ley, hasta que estas condiciones sean cumplidas”.   “Estas acciones legales se suman a la evidencia existente de los severos impactos que la represa Belo Monte está teniendo en los derechos humanos y el ambiente en el Xingú, y de la responsabilidad de todas las agencias brasileras involucradas en el proyecto” dijo María José Veramendi de AIDA. “Esperamos que el resultado de estas acciones legales sea positivo y que Brasil cumpla efectivamente con la normativa nacional e internacional aplicable, tomando en cuenta que todas las agencias involucradas pueden ser legalmente responsables y el Estado puede ser internacionalmente responsable por estas violaciones de derechos humanos”, señaló Veramendi.   Por solicitud de la FUNAI, así como por las demandas interpuestas por el Ministerio Público, tanto el IBAMA como los jueces federales podrían suspender la licencia de instalación de la represa hasta que los requerimientos y las condicionantes sean cumplidas.   “La caracterización de las represas en la Amazonía como fuentes de energía limpia y barata se basa en la capacidad de los emprendedores, incluyendo el BNDES, de “externalizar” sus verdaderos impactos y riesgos sociales y ambientales. Estas demandas son significativas en la medida en que envían un mensaje de que están siendo responsabilizados por sus decisiones y el daño que causan al ambiente y a los pueblos indígenas,” señaló Brent Millikan, Director del Programa de Amazonía de International Rivers.

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