Derechos Indígenas

Marcelina
Cambio Climático, Derechos Indígenas, Grandes Represas

Marcelina, la voz del río San Pedro Mezquital

A sus 57 años, Marcelina López tiene una vida sumamente activa. Confecciona su propia ropa, hace hermosa joyería, cría pollos, vende huevos, cocina, es partera y, entre muchas otras cosas, organiza a las mujeres de su comunidad. Conserva aún y sigue al pie de la letra sus tradiciones, las del pueblo indígena Wixárika. Pero quizás lo que más la distingue es su carácter y convicción, cualidades que ha plasmado en su apoyo a una gran causa: la defensa del río San Pedro Mezquital frente al proyecto hidroeléctrico Las Cruces en México. En AIDA nos conmueve profundamente la entrega de Marcelina y nos honra ser parte de la misma lucha. Al igual que ella, queremos que el río San Pedro, el único que aún fluye libre en la Sierra Madre Occidental mexicana, lo siga haciendo. Ha sido inspirador conocer más de esta mujer y de lo que hace. Hablando en nombre del San Pedro    Marcelina vive en una casa de barro, construida en lo más alto de una loma, en una pequeña comunidad del estado de Nayarit. Para salir de ella, tiene que caminar hasta una hora y media. Realiza todas sus actividades a pie. Es sin duda una mujer especial. Todos en la región la conocen. Su aspecto es inconfundible. Tiene la mirada de la indígena sabia, su vestimenta colorida, al igual que los collares de chaquira que lleva a diario. Ella misma los elabora multicolor y son una muestra profunda de la importancia de su cultura. Usa siempre una especie de paño ceñido en la cabeza que le da una apariencia de seguridad y sabiduría ancestral. Puede parecer seria, pero Marcelina es en realidad muy amistosa y cariñosa. Marcelina no ha sido ajena a la violencia y al machismo en todas sus expresiones. Ha luchado por tener derecho a voz en las asambleas agrarias y ha sacado a sus hijos adelante como madre soltera en una época. Su pueblo, los Wixárikas o Wixáricas (se pronuncia “wirráricas”) —conocidos en español como Huicholes— son un grupo mayoritario en Nayarit. Habitan la zona oeste central del país, en la Sierra Madre Occidental, principalmente en los estados de Nayarit y Jalisco, y en parte de Durango y Zacatecas. En su lengua nativa, perteneciente a la familia de las lenguas uto-aztecas, wixárika quiere decir “la gente”). Los wixáricas no pasan desapercibidos por lo vistoso de su indumentaria. Para ellos, las ceremonias son fundamentales para la reproducción social del grupo. Son ceremonias en las que piden lluvias, agradecen su cosechas, bendicen su frutos y piden salud. Son, en suma, ceremonias en las que piden vida.  Un caudal de vida en riesgo El río San Pedro Mezquital es para Marcelina y su gente el pilar de su vida social, espiritual y económica. En torno a sus aguas se realizan actividades de sustento como la agricultura y la pesca. A lo largo de ellas están al menos 14 sitios sagrados para los Wixárikas. Además, el río alimenta en su desembocadura a Marismas Nacionales, una de las zonas de manglar más importantes de México. Esa fuente de vida es hoy amenazada por el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, propuesto por de la Comisión Federal de Electricidad. El mega proyecto estaría ubicado a 65 kilómetros al norte de la ciudad de Tepic y tendría una capacidad de 240 MW, divididos en tres unidades generadoras con capacidad de 80 MW. Estaría provisto de una cortina de concreto de 188 metros de altura, medida desde su base. Con su excelente español y un acento que tiene huellas claras de otras lenguas, Marcelina se ha puesto de pie en numerosas ocasiones frente a micrófonos y cámaras para defender al río San Pedro y quienes depende de él. “La construcción de esta presa tendrá un impacto demasiado fuerte en nuestra cultura y espiritualidad, puesto que en este río se encuentran algunos de los centros ceremoniales o lugares sagrados para nosotros”, dice Marcelina. “Ahí vamos a dejar nuestras ofrendas para agradecer o pedir no solo por nuestra comunidad, sino por el mundo entero”. Cuando se le pregunta por qué decidió ser parte y voz del movimiento en defensa del San Pedro, ella responde: “Como mujer indígena, me duele, me lastima que nos quieran quitar nuestro río.  ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos consultaron (sobre el proyecto) como pueblos indígenas? ¿Cuál es el respeto que nos tienen? ¿Por qué nos tratan así?”. Sus cuestionamientos aún no han encontrado respuesta.  La construcción del proyecto hidroeléctrico tendría impactos negativos en el territorio, los recursos naturales y en la forma de vida de pueblos indígenas de la zona. Inundaría 4 mil 506 hectáreas. El poblado de San Blasito, algunas tierras comunales y al menos 14 lugares sagrados y un centro ceremonial, quedarían bajo el agua.  En AIDA trabajamos para preservar las fuentes de agua dulce y sustento como el río San Pedro Mezquital. Nos motiva saber que hay —y siempre habrá— voces como la de Marcelina, que hablan en nombre de los ríos, que los escuchan y cuidan. Esas voces nos recuerdan que nunca debemos dejar de pelear para que los derechos humanos, las culturas ancestrales, la tierra, el agua, el aire y la vida silvestre sean honrados y respetados. “Nosotros somos las raíces de México", concluye Marcelina. "No es tan fácil que puedan cambiar los lugares sagrados, son como un árbol que se encuentra enraizado; por los ríos corre la sangre de los dioses”.

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Grandes Represas, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Brasil inauguró Belo Monte: ¡No hay nada que celebrar!

El Gobierno brasileño inauguró a lo grande la represa Belo Monte sobre el río Xingú, en plena selva amazónica. Desde AIDA y como organización que representa legalmente a las comunidades indígenas y ribereñas, así como a moradores de la ciudad de Altamira afectados por la hidroeléctrica, consideramos que no hay motivos para festejar. La represa ha sido construida pasando por alto normas nacionales e internacionales en materia ambiental y de derechos humanos.  ¡CONOCE MÁS de esta injusticia en palabras de nuestra abogada sénior María José Veramendi Villa! 

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Grandes Represas, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Ensayo fotográfico: La vida a la sombra de Belo Monte

En lo profundo de la Amazonía, al norte de Brasil, la tercera represa más grande del mundo se alza sobre el que antes fuera un paisaje de selva exuberante. Bajo su sombra gigantesca viven comunidades indígenas y ribereñas que por mucho tiempo han llamado hogar a la región. Son personas que han vivido y crecido de la generosidad de la selva y del río Xingú. Para la mayoría, la naturaleza circundante es inseparable de su definición de hogar. Pero este hogar está cambiando rápidamente. A medida que la represa Belo Monte está próxima a operar, abriendo sus compuertas, el mundo se ve y siente muy diferente. Grandes extensiones de selva han sido inundadas. Islas han quedado sumergidas por completo. Los peces están muriendo y la vida silvestre huyó. Familias han sido separadas y comunidades enteras, forzadas a dejar sus tierras. La sombra que Belo Monte proyecta es grande y oscura. El estilo de vida de los habitantes de la cuenca del río Xingú ha cambiado drásticamente sin su consentimiento. Sus derechos humanos han sido violados una y otra vez. El cumplimiento de las condicionantes de la licencia por parte de Norte Energía, empresa a cargo de la represa, ha sido inadecuado. Las fotos a continuación muestran a personas y comunidades que viven realidades volátiles de lo que alguna vez fue un espacio pacífico de selva tropical. Son víctimas de la corrupción, la violencia y el abuso que encubren el proyecto de ingeniería más grande de la historia de Brasil. El río Xingú está muriendo. La vitalidad de la Isla Arapujá, visible desde Altamira, le ha sido completamente arrebatada, causando cambios radicales en las corrientes del río. Islas más pequeñas, donde pescadores vivían rodeados de árboles frutales, quedaron sumergidas por el aumento de los niveles del agua causado por el llenado de los embalses de la represa. Un día de enero, las compuertas de la represa se abrieron sin previo aviso y se dice que el río creció siete metros en una hora. Cantidades masivas de peces han ido muriendo. Las personas del lugar dicen que Norte Energía tiene incluso equipos de limpieza que los entierran para ocultar la magnitud de la devastación que sucede a diario. Aguas abajo de la represa, en la Vuelta Grande, el caudal del río se está reduciendo drásticamente; el agua se está volviendo lodo y quedando sin oxígeno. El Xingú muere y también quienes viven de él: el río ha sido por mucho tiempo su hogar, su fuente de alimento y sustento. La construcción de Belo Monte ha tenido impactos severos en la naturaleza, la principal fuente de alimento para las comunidades de la selva durante mucho tiempo. Las comunidades que tienen un modo de vida de subsistencia encuentran que el río y la selva de los que dependen ya no producen lo suficiente, o están demasiado contaminados, para alimentar a sus familias. Los indígenas han sido empujados a la ciudad más cercana, Altamira, para satisfacer sus necesidades básicas. Algunos van allí a comprar comida o al médico; otros han dejado de luchar y han dejado del todo sus aldeas. Muchos de los que llegan a Altamira para quedarse, lo hacen en la Casa del Indio, construida como refugio para el flujo reciente de indígenas. Allí viven en habitaciones atestadas, carecen de instalaciones sanitarias adecuadas y ponen en peligro su salud. Lejos de sus hogares y despojados de su dignidad, enfrentan la dura realidad de una ciudad sobrepoblada y violenta. Siendo la ciudad más próxima a Belo Monte, Altamira ha experimentado cambios drásticos debido a la construcción de la represa. Desde que el proyecto comenzó, su población ha crecido en cerca del 75%; 170,000 personas viven actualmente en una ciudad diseñada para muchas menos. La violencia se ha disparado y barrios enteros han sido destruidos, sus residentes han sido desplazados y casas habitadas por familias toda una vida, han sido demolidas. Incluso los barrios de Norte Energía, que se afirmaba no serían afectados por la represa, están sufriendo sus impactos. El rápido crecimiento ha causado estragos en el sistema de alcantarillado de la ciudad. Los operadores de Belo Monte no han dado ninguna solución al tratamiento de aguas residuales y la ciudad entera está sufriendo la falta de saneamiento básico. Como resultado, es común ver calles inundadas y llenas de lodo. La población demanda respuestas de la autoridad ambiental de Brasil y de Norte Energía, pero sus preguntas no encuentran eco.  Los impactos de Belo Monte no solo están forzando que las personas dejen sus tierras,  también están desgarrando familias. Con hogares destruidos y aldeas enteras reubicadas, las personas cuyo modo de vida les ha sido arrancado, luchan por adaptarse. Las comunidades están perdiendo contacto con sus tradiciones; hijos están perdiendo contacto son sus padres. Karoline creció en una comunidad rural rodeada de su familia y de una naturaleza abundante que recuerda con mucho cariño. Cuando ella y su familia tuvieron que dejar su tierra, sus opciones eran pocas y se vieron obligados a separarse. Sus padres se quedaron con parientes, y Karoline se fue a Altamira con su hermana. La búsqueda de oportunidades, educación y empleo hizo que también ellas tomaran caminos distintos. Karoline es ahora una adolescente que vive por su cuenta lejos de casa. Como requerimiento para la implementación del proyecto, Norte Energía está obligado a cumplir con ciertas condicionantes en beneficio de las comunidades afectadas. Las condicionantes se han implementado en formas diferentes para situaciones diferentes. Ninguna de ellas podría ser descrita como completa, adecuada o respetuosa culturalmente. Arara da Volta Grande es una de las comunidades que será más afectada por Belo Monte. Sus habitantes viven en la Vuelta Grande del Xingú, donde el caudal del río se ha reducido sustancialmente. Para compensar a la comunidad por los cambios en su modo de vida, Norte Energía les construye “mejores” casas. Aunque están dentro de su territorio, las construcciones están alejadas del río. Son como cajas pequeñas hechas de cemento y con techos que atrapan el calor de la selva en su interior. Están muy lejos de ser las casas de madera, abiertas y con techos de pajas que son tradicionales de la comunidad y cultura de los Arara. En lugar de darles a los Arara un pozo para la provisión de agua limpia, Norte Energía le dio a la comunidad casas en las que sus habitantes no saben cómo vivir; casas que cada día los expulsarán más lejos del lugar donde siempre han estado. Cuando hablamos con miembros de las comunidades indígenas y ribereñas que rodean Belo Monte, escuchamos las mismas respuestas a muchas de nuestras preguntas. La represa está perturbando su forma de vida. Los está aislando de la naturaleza a su alrededor. Está amenazando su cultura, sus conocimientos tradicionales y la estructura misma de sus comunidades. Leoncio Arara, curandero tradicional de los Arara da Volta Grande, dice que ahora vive con miedo. Teme que la represa se rompa, que el agua se desborde e inunde su casa y a su comunidad; teme que los peces mueran, que el agua limpia se seque; teme la disolución de su cultura y la desaparición de su gente, quienes han vivido en y con esta tierra por generaciones. En la selva alguna vez exuberante que rodea a la gran represa Belo Monte, vemos injusticia allí donde miremos. Vemos desplazamiento y devastación ambiental. Lo que no vemos es rendición de cuentas. Por ello hemos llevado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para hacer que Brasil responda a nivel internacional a las denuncias de violaciones de derechos humanos derivadas de la construcción de la represa Belo Monte. Estamos dedicados a defender a quienes representamos y no descansaremos hasta que ellos y todos quienes han visto sus vidas afectadas por Belo Monte, obtengan justicia.

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Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Belo Monte y cómo no producir energía en el siglo XXI

El 12 de diciembre de 2015, la represa Belo Monte, en Brasil, comenzó a ser llenada. El proyecto más importante del programa energético de la presidenta Dilma Rousseff es también un monumento a cómo no debe producirse energía en el siglo XXI. Además de su alto costo, la represa está asociada con corrupción y grandes impactos socioambientales. Belo Monte sería la tercera represa más grande del mundo. Se construye al noreste de Brasil, en el río Xingú, afluente clave del Amazonas. Produciría en promedio solo la tercera parte de su capacidad máxima. Inundará 516 km2 (el tamaño de la ciudad de Chicago) de bosque amazónico, áreas cultivables y zonas urbanas de Altamira, Pará. “…el gobierno y la sociedad brasileños no toleran y no tolerarán la corrupción. La democracia brasileña se fortalece cuando la autoridad asume el límite de la ley como su propio límite. Muchos de nosotros luchamos para eso justamente cuando las leyes y los derechos fueron vilipendiados durante la dictadura…”, dijo Rousseff ante la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre pasado. Habló de incluir las “cuestiones de las comunidades indígenas” en los compromisos climáticos del país. También en septiembre, la casa de doña Antonia Melo en Altamira fue demolida por Norte Energía, consorcio constructor de Belo Monte. Antonia lidera el Movimiento Xingú Vivo para Siempre que defiende los derechos de los habitantes de la cuenca del Xingú. La de Antonia es una de las cerca de 3,000 familias desplazadas por una represa que afectará a 40,000 personas en total, muchas de ellas indígenas. El 24 de noviembre de 2015, la autoridad ambiental autorizó la operación de Belo Monte pese al incumplimiento de condicionantes socioambientales esenciales e ignorando dictámenes técnicos ambientales y de la autoridad de protección de los indígenas. Desde 2011, cuando la construcción comenzó, varias comunidades indígenas han sufrido daños serios a su salud, integridad, territorio y cultura. Éstos han empeorado ante la proximidad de la operación de la represa. Los servicios públicos, incluyendo los de centros de salud y de atención a la niñez —de por sí precarios—, colapsaron. La violencia creció exponencialmente: los asesinatos se duplicaron, los accidentes de tránsito aumentaron 144% y la violencia sexual y prostitución estallaron, afectando a niñas y adolescentes sin que las denuncias al respecto sean atendidas. Aunque se entregaron más de 2,600 viviendas a las familias desplazadas, éstas denuncian defectos estructurales, falta de transporte público y servicios esenciales. Las casas no tienen conexión al alcantarillado, una de las condicionantes de la licencia. El discurso de Rousseff resulta paradójico frente a la realidad. Ella fue víctima de la dictadura, pero ahora usa recursos de ese régimen para implementar Belo Monte. El Ministerio Público Federal presentó más de 20 demandas contra el proyecto y jueces ordenaron la suspensión de sus obras en al menos seis ocasiones. Dichos fallos fueron anuladas por petición del gobierno de Rousseff, aplicando la suspensión de seguridad, intrumento legal irónicamente creado por la dictadura. La última vez fue en enero pasado cuando el Tribunal Federal de Justicia suspendió el llenado de la represa por el incumplimiento de obligaciones referidas a la protección de las comunidades indígenas. El fallo fue anulado día después. La corrupción también salpicó al proyecto. Según confesaron ejecutivos de las empresas Camargo Correa y Andrade Gutiérrez, se pagaron sobornos millonarios para su implementación. El tema es parte de Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción de la historia de Brasil. Los impactos de Belo Monte han sido denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas. Las respuestas fueron lentas o inexistentes. En abril de 2011, la CIDH urgió a Brasil suspender las obras por la falta de consulta libre, previa e informada con las comunidades indígenas. La reacción de Brasil fue contundente: retiró su candidato a la CIDH, a su embajador ante la OEA, dejó de enviar sus aportes anuales a ese organismo e inició un proceso de “fortalecimiento” del Sistema Interamericano que terminó reformando el reglamento de la Comisión. La CIDH dejó de pedir la suspensión de obras, pero sí acciones urgentes para proteger a las comunidades indígenas afectadas. En 2011, éstas demandaron a Brasil y cuatro años después, en diciembre de 2015, la Comisión inició el trámite del caso. Ese organismo podría priorizar el caso, tomar una decisión pronto y evitar mayores daños. Como dice doña Antonia, la lucha continúa. Rousseff aún puede demostrar que su gobierno no tolera la corrupción y que, a diferencia de la dictadura, no vilipendia las normas. La CIDH y otras autoridades tienen la oportunidad histórica de exigir respetar los derechos humanos y ayudar a que los países alcancen un desarrollo que no sacrifique las personas. Deben hacerlo pronto, pues Belo Monte ya esta llenándose

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Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Berta Cáceres: punto de quiebre contra la impunidad

Hace ya más de un mes del asesinato de Berta Cáceres, incansable defensora de derechos humanos y el ambiente en Honduras. El hecho generó en poco tiempo un movimiento mundial de repudio y búsqueda de justicia. Es un punto de quiebre para la defensa del ambiente, los derechos humanos en general y, en especial, para la lucha por los derechos de las mujeres y pueblos indígenas de América Latina y el mundo. Por ello el 3 de marzo no se olvida. No alcanzan las palabras para describir adecuadamente quién era y es Berta Cáceres. Ella  representaba a la mujer, indígena, ambientalista, mamá, hija, hermana, colega y amiga. Como describió la BBC, es la hondureña que le dobló el brazo al Banco Mundial y a China, pues su trabajo condujo al retiro de dichas inversiones. Por ello su asesinato nos ha dolido tanto. Por ello, en una reacción sin precedentes, en cuestión de horas, miles de organizaciones, instituciones y personas —a nivel mundial— repudiamos el hecho y exigimos justicia. Punto de no retorno Irónicamente, la noche que Berta fue asesinada, vi Selma, película que narra un momento clave de la lucha del Dr. Martin Luther King y el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos por el respeto efectivo de los derechos de los afroamericanos. Hace 51 años, el 7 de marzo de 1965, la marcha que partió de Selma hacia Montgomery, en Alabama, fue reprimida violentamente, generando otras tres marchas que sirvieron como catalizador para que la ley de derechos electorales fuera aprobada, con lo que se evitaron obstáculos fundamentales para ejercer el voto. La película me hizo pensar en cómo el asesinato de Berta debe ser el catalizador para romper con la impunidad sistemática de casos como éste en Honduras y en la región. Es tiempo de evidenciar que la indignación y los pedidos de justicia e investigación de organizaciones y autoridades internacionales tienen un impacto.  Honduras, como la Alabama de 1965, acumula años de violaciones sistemáticas a los derechos humanos vinculadas en gran parte a proyectos de infraestructura y minería. Días antes de su muerte, Berta y el COPINH, la organización que dirigía, habían denunciado amenazas por su oposición a la represa Agua Zarca y a los desplazamientos de familias que ésta implica. Hacía años que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había otorgado a ella medidas cautelares que Honduras no estaba cumpliendo. Tras el crimen y dada la gravedad de la situación, el 5 de marzo, la CIDH otorgó medidas cautelares a la familia de Berta, al COPINH y a Gustavo Castro, único testigo del asesinato y quien debe recibir protección. Pero, días después, Néstor García, miembro del COPINH, fue asesinado también. A Gustavo se le impidió regresar a su país pese a que cooperó con la investigación y a que puede continuar haciéndolo en virtud del Tratado de Cooperación Judicial entre México y Honduras. El COPINH y familiares de Berta siguen denunciando amenazas. La OEA, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Relatores Especiales de la ONU y congresistas de Estados Unidos, Costa Rica y la Unión Europea exigieron también investigaciones objetivas y efectivas sobre los hechos. Hay pocos avances hasta el momento. Así lo evidencian la falta de respuesta del Gobierno hondureño y las conclusiones de la Misión Internacional de Observación.    La situación en Honduras prueba la realidad alarmante de toda América Latina, particularmente grave en Brasil, Colombia, Perú y México. Múltiples informes concluyen que la región está bajo fuego. Las personas que protegen sus derechos, su tierra y la naturaleza, arriesgan su integridad, libertad e incluso su vida. Financiamiento irresponsable El caso de Berta evidencia también la responsabilidad de las empresas, entidades financieras y otras entidades vinculadas con la represa Agua Zarca. Las amenazas a los derechos humanos y al ambiente del proyecto han sido denunciadas hace años. Por ello el Banco Mundial y la empresa Sinohydro se retiraron del proyecto en 2014. El FMO de Holanda y el Banco Finlandés lo hicieron recién el 16 de marzo, después del asesinato de Néstor García. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) congeló también el financiamiento al proyecto hace pocos días. La situación demuestra además que las hidroeléctricas son una pésima solución energética por sus impactos socioambientales. Honduras y la región tienen opciones para producir energía que promuevan realmente el desarrollo y la disminución de la pobreza. Ya es tiempo de aprender y avanzar al siglo XXI implementando dichas alternativas. El indignante asesinato de Berta y la situación de Gustavo y del COPINH me recuerdan a un amigo periodista que tuvo que salir de su país por lo que escribió. Él decía que las industrias extractivas, incluyendo la hidroenergía, son las repúblicas bananeras de nuestro siglo. Creo que tiene razón. La extracción incontrolada de recursos naturales es hoy para los derechos humanos en América Latina lo que las dictaduras en los 60. No podemos darnos el lujo que suceda lo mismo. Esta vez el resultado debe ser diferente. Lo ocurrido en Honduras debe ser un parte aguas para que por fin se apliquen los estándares internacionales en materia de derechos humanos y ambiente. En el caso de Berta, debe haber cuanto antes una investigación seria, independiente y efectiva. Se debe evidenciar la responsabilidad de las empresas involucradas en Agua Zarca. El proyecto debe ser analizado para hallar alternativas adecuadas. Honduras y todos los Estados involucrados deben implementar correctivos para que lo acontecido no se repita. Quienes trabajamos por las causas compartidas con Berta seguiremos exigiendo justicia. Cada país del continente americano la necesita y merece.  

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Grandes Represas, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Belo Monte: El río se apaga, pero la búsqueda de justicia no muere

“¡El río está muerto!”, exclamó Raimundo mientras navegábamos en su lancha a motor desde Altamira —ciudad ubicada al norte de Brasil (estado de Pará) y la más cercana a la construcción de la represa Belo Monte— hacia la Volta Grande del río Xingú.  Al frente de Altamira, el paisaje es verdaderamente desolador. La gran isla de Arapujá ha sido completamente deforestada, lo que ha cambiado radicalmente las corrientes del río, y varias de las islas habitadas antes por pescadores, ahora están bajo el agua, dejando ver solo las copas de sus árboles. Junto con colegas de Justiça Global, visité Altamira y las comunidades indígenas y ribereñas aledañas para actualizar el caso e informar a las personas afectadas por Belo Monte de una nueva esperanza de justicia: en diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió el caso contra Brasil por violaciones de derechos humanos a causa de la represa. Destruyendo vidas A finales de enero, Norte Energía, empresa a cargo de la construcción y operación de Belo Monte, abrió las compuertas del aliviadero (sistema hidráulico que controla el paso del agua) de la represa sin avisar a las comunidades asentadas río abajo. El Xingú creció siete metros en una hora, comentan habitantes de la zona. En algunas de las comunidades, la crecida del caudal inundó las áreas más cercanas a las orillas y se llevó canoas, lanchas y ropa.  La lancha nos llevó hasta una isla grande con una casa al medio. Raimundo Nonato vivía allí, criaba animales y se dedicaba a la pesca. Era un lugar perfecto para bañarse en el río. En 2013, fue ahí donde Antonia Melo, lideresa del Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, me bautizó como defensora de esas aguas. Ahora la isla está bajo el agua y lo que queda encima son ramas y algunas copas de árboles frutales. Leoncio Arara, indígena de la comunidad Arara da Volta Grande, cuenta que viven con miedo por el aumento inesperado del caudal, la pérdida de su modo de vida y cultura, y la muerte de 16 toneladas de peces. Han visto grietas en el dique de contención del canal de derivación de la represa y temen que éste se rompa, como ocurrió con la represa de desechos mineros de Fundão en Minas Gerais. En nuestro recorrido vimos parches de otro color en el dique, una señal de alarma sin duda. El miedo no los deja dormir, dice Leoncio. En las tierras indígenas Arara da Volta Grande y Paquiçamba la vida de sus habitantes ha cambiado radicalmente. Ahora deben ir a la ciudad (Altamira) para vender su cosecha y alimentarse pues la pesca y caza se han reducido. Leoncio cuenta que el conocimiento tradicional y la vida en comunidad se están perdiendo. Las viviendas ya no son las mismas, tampoco la conformación de la aldea. Norte Energía ha construido casas que rompen con el entorno cultural por el material utilizado y su ubicación. La comunidad no tiene un pozo para bombear agua potable, condición que debió ser cumplida hace más de cinco años.   Dolor, injusticia y lucha Estuvimos nueve días en la zona. Escuchamos muchas historias de dolor e injusticia, de niños indígenas que murieron debido la mala atención médica en las aldeas sin poder llegar a la ciudad, de indígenas que dejan sus aldeas buscando amparo en la ciudad y que viven hacinados en la Casa del Indio, rodeados de suciedad y en una mezcla de etnias muchas veces sin afinidad entre sí. Revivimos con las víctimas historias de lucha incansable como la de Socorro Arara, indígena ribereña cuya casa fue destruida, igual que la de todos sus familiares vecinos. Todos tuvieron que negociar con la empresa como si sus derechos fueran negociables. Algunos recibieron una indemnización ridícula y otros la opción de una casa en barrios prefabricados lejos del río. Los padres de Socorro viven en uno de esos barrios. Detrás de su vivienda de cemento construyeron un pequeño anexo con la madera de la casa destruida. Ese anexo es donde verdaderamente viven, a la luz de pequeños lamparines que funcionan con queroseno y durmiendo en hamacas. La energía eléctrica no es lo suyo. Vivimos de cerca las ironías de la ciudad más próxima a la que será la tercera represa más grande del mundo. El 28 de febrero, Altamira y varios municipios del estado de Pará se quedaron sin electricidad. El corte, calificado por la recepcionista de nuestro hotel como “de rutina”, se debió a pruebas en una de las turbinas de la represa. Falta poco para que la represa inicie operaciones. Si para los países de la región Belo Monte representa el sueño anhelado de desarrollo, para mí es una pesadilla de la que quiero despertar ya. Es una pesadilla de dolor y violaciones de derechos humanos, en la que un río vivo y hermoso se va apagando y con él las vidas y sueños de quienes viven y dependen de su caudal.  ¡Los derechos no se negocian y las víctimas de Belo Monte necesitan justicia ya! Ojalá que ese sueño sí se haga realidad. -- Escribí estas líneas en honor a todas las personas que han dedicado su vida a defender nuestra vida y nuestros ríos. 

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Derechos Indígenas

Carta Pública al Presidente de Honduras sobre el asesinato de Berta Cáceres

Estimado Presidente Juan Orlando Hernández En representación de 50+ organizaciones internacionales, nos dirigimos a usted para expresarle nuestra conmoción y preocupación por el reciente asesinato de Berta Cáceres, activista ambiental y dirigente de la organización indígena COPINH. Como bien sabrá, unos hombres armados asesinaron a tiros a Cáceres durante la madrugada del 2 de marzo de 2016. Durante años Cáceres recibió múltiples amenazas de muerte y sufrió varios intentos de secuestro por su labor de defensa de la tierra indígena del pueblo lenca frente al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca en Río Blanco. Estas amenazas se habían intensificado en las últimas semanas tras retomarse la construcción de la presai. Exigimos que se lleve a cabo una investigación internacional e independiente de las circunstancias en torno a la muerte de Cáceres y que se garantice la protección de su familia y sus compañeros. A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado a Cáceres medidas cautelares de emergencia por su situación de extrema vulnerabilidad, ella llegó a denunciar que el Gobierno de Honduras no las había aplicado plenamente. Exigimos también acción urgente para proteger a Gustavo Castro Soto, un activista mexicano quien fue testigo al asesinato, y para asegurar un regreso seguro para él a México. El caso de Berta Cáceres es el asesinato de mayor notoriedad de la tendencia cada vez mayor que se observa en Honduras de asesinatos, violencia e intimidación contra personas que defienden los derechos de los indígenas sobre la tierra. Honduras es el país más peligroso per cápita del mundo para los defensores del medio ambiente y la tierra, ya que, entre 2010 y 2015, se asesinó a al menos 109 de estos activistas. El caso de Berta Cáceres no ha escapado a la atención de la comunidad internacional. El Senador estadunidense Patrick Leahy ha llamado a Usted Presidente a castigar a los responsables por “este crimen despreciable”. El año pasado, la Senadora estadounidense Barbara Boxer escribió una carta al Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, para insistir en que se ofrezca una mejor protección a los defensores del medio ambiente en Honduras. Este llamamiento se produjo como respuesta directa a la entrega a Cáceres del Premio Goldman de Medio Ambiente de 2015, un prestigioso galardón con el que se premia a activistas ambientales locales de todo el mundo. La noticia de su muerte ha acaparado la atención de los medios de comunicación internacionales. Las 50+ organizaciones internacionales que se especifican a continuación por la presente instan al Gobierno de Honduras a que se asegure de que se respete el derecho de los pueblos indígenas sobre su tierra y de que los defensores hondureños del medio ambiente puedan desempeñar su labor legítima sin temer por su seguridad. 

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Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Indígenas piden intervención del Papa Francisco para frenar hidroeléctrica Las Cruces

En una carta entregada en la Nunciatura Apostólica, comunidades indígenas y ribereñas afectadas por el proyecto ubicado sobre el río San Pedro Mezquital, en Nayarit, solicitan que el pontífice interceda por ellas ante el Gobierno durante su visita al país. Denuncian impactos graves en los derechos humanos y el ambiente de ejecutarse el proyecto. Ciudad de México, México. Con motivo de la visita del Papa Francisco al país, comunidades indígenas y ribereñas de Nayarit escribieron una carta pidiendo que el pontífice interceda ante el Presidente Enrique Peña Nieto para evitar la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces sobre el río San Pedro Mezquital. La ejecución del proyecto, denuncian, pone en riesgo sus medios de vida, cultura y Marismas Nacionales, uno de los humedales más importantes de México. La carta fue entregada en la sede de la Nunciatura Apostólica. “…solicitamos respetuosamente a Vuestra Santidad que durante su visita al país interceda por nosotros ante el Presidente Enrique Peña Nieto para que su Gobierno impida las violaciones de los derechos de las comunidades indígenas y ribereñas en nombre del desarrollo, y desista de llevar adelante el proyecto hidroeléctrico Las Cruces por los impactos de éste en las personas y el ambiente”, se lee en la carta. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) otorgó los permisos ambiental y de uso de agua para la operación y construcción de la hidroeléctrica. “Lo hizo sin haber garantizado el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas  afectados por el proyecto: Náyeri, Wixárica, Mexicanero y Tepehuano. La SEMARNAT condicionó la autorización a que la Secretaría de Energía compruebe la realización de una consulta a los pueblos indígenas, lo cual debería haber ocurrido antes de emitir las autorizaciones”, dijo Sandra Moguel, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Los indígenas celebran y recuerdan que en su Carta Encíclica Laudato Si’, el Papa Francisco reconoce el aporte esencial de las comunidades indígenas a la promoción y cuidado de los recursos naturales  y la cultura. “El río San Pedro no sólo es parte de nuestra vida, sino también fundamento de nuestra espiritualidad; todo su trayecto, cuencas y territorio que atraviesa, son un espacio sagrado para afianzar identidad y valores”, dijo Julián López Cánare,  miembro del Consejo Indígena Náyeri, quien entregó la carta. Ese caudal también alimenta a Marismas Nacionales, uno de los humedales más importantes del país, reconocido como Reserva de la Biosfera y Humedal de Importancia Internacional por la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de ese tipo de entornos. Finalmente, las comunidades indígenas denuncian en su carta que la presión sobre ellas para imponer el proyecto ha ido creciendo mediante detenciones ilegales y hostigamiento por parte del Gobierno, así como por actos que simulan una consulta previa, misma que no puede ser tal si el proyecto ya fue autorizado. “Su Santidad, esperanzados en el poder de su intercesión, nos despedimos con el deseo ferviente de que su Carta Encíclica Laudato si’ inspire e impulse cambios profundos en las políticas, prácticas y creencias de gobiernos, empresas, sociedad civil y en la mentalidad de cada prójimo, con miras a construir un mundo más justo, más humano y realmente sostenible”.

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Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Proyecto hidroeléctrico Las Cruces amenaza al humedal más importante del Pacífico mexicano

En el Día Mundial de los Humedales, comunidades indígenas piden a Semarnat no seguir autorizando proyectos que están destruyendo los manglares. El proyecto pretende represar el último río libre de la región, y fuente principal de agua dulce del sistema de Marismas Nacionales, por lo que debe ser cancelado definitivamente. Con motivo del día mundial de los humedales, el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Mezquital y el Consejo Náyeri, en el estado de Nayarit, alertaron sobre el riesgo en el que se encuentra Marismas Nacionales, el humedal más importante del pacífico mexicano, por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico “Las Cruces”. Las comunidades denunciaron que la Manifestación de Impacto Ambiental del citado proyecto fue autorizada de manera condicionada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a pesar de contener numerosas observaciones e irregularidades. “Nos preocupa sobremanera que lo que sucedió en Tajamar se repita en Marismas Nacionales,” dijo Roberto Barrera, presidente de la Cooperativa Ostricamichin del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.  “Es evidente que la Semarnat ha autorizado sistemáticamente proyectos que tienen un impacto directo e irreversible en los manglares, a pesar de que México tiene leyes específicas y tratados internacionales que protegen estos importantes ecosistemas,” agregó. “Nuestro temor es que no se respeten las condicionantes y se inicie la construcción como ocurrió en Tajamar, y se afecte no sólo el ecosistema del manglar, sino también las estructuras sociales y forma de vida de las comunidades ribereñas,” dijo Antonio de la Rosa, habitante de la comunidad de Palma Grande municipio de Tuxpan, Nayarit. Por tal motivo, los consejos exigimos la cancelación definitiva del proyecto dados los graves impactos ambientales, culturales, sociales y económicos que conlleva. Con cerca de 200,000 hectáreas, 113 de ellas en Nayarit, Marismas Nacionales posee del 15 al 20% del ecosistema de manglar en el país, con las lagunas costeras más productivas del noroeste mexicano y más de 120,000 aves residentes y migratorias.  Es sitio Ramsar desde 1995 y en 2010 se decretó como reserva de la biosfera.  El proyecto hidroeléctrico Las Cruces pretende represar San Pedro, último río libre de la región, y fuente principal de agua dulce del sistema de Marismas Nacionales. Contacto de prensa Carlos Licón, [email protected], 66 22 33 82 36 

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Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Tribual brasileiro atenta contra afetados pela hidroelétrica de Belo Monte ao revocar suspensão de licença ambiental

Brasilia, Brasil. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1), suspendeu o efeito da decisão preliminar que suspendia a licença de operação da hidroelétrica de Belo Monte.   Em 11 de janeiro desse ano, a Justiça Federal de Altamira decidiu suspender a licença de operação até que a Norte Energia, empresa encarregada da construção da hidroelétrica, e o Governo Federal cumprissem com a obrigação de reestruturar a Fundação Nacional do Índio. Entretanto hoje, um Desembargador Federal estabeleceu que tal decisão foi desproporcional e “afeta o interesse público, repercutindo gravemente a ordem e economia públicas”. Outro argumento foi que a decisão impediria a implementação de diversos planos destinados a beneficiar os povos indígenas.   “É um atentado a mais aos direitos das comunidades indígenas afetadas. A decisão manipula os argumentos de interesse, ordem, segurança e economia publicas, bem como utiliza os planos que deveriam ser implementados quando se outorgou a licença, em 2010, para justificar que não é possível suspender a licença de operação. A licença jamais deveria ser outorgada sem o cumprimento desses planos” afirmou María José Veramendi, advogada da AIDA.   Para mais informação, consulte os fatos do caso e as últimas noticias sobre o processo na Comissão Interamericana. 

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