Derechos Indígenas

Autorización de pozos de fracking en Argentina viola obligaciones internacionales

AIDA presentó un escrito para respaldar el amparo interpuesto por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. En él evidenciamos las obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos incumplidas al autorizar la explotación de cuatro pozos petroleros mediante fracking, dentro de la formación Vaca Muerta, actividad que daña fuentes de agua y vulnera derechos de comunidades Mapuches. Mendoza, Argentina. En respaldo a la demanda de amparo interpuesta por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó un escrito (Amicus Curiae) ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza. En él evidenció las obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos incumplidas por la Dirección de Protección Ambiental al autorizar la explotación de cuatro pozos petroleros mediante fracking por la empresa El Trébol S.A. “La explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de fracking fue autorizada en Mendoza sin haberse realizado una evaluación de impacto ambiental”, dijo Claudia Velarde, abogada de AIDA. “La actividad fue presentada como ‘adecuación de infraestructura’ en el proceso de autorización y la autoridad ambiental otorgó los permisos en un tiempo récord de seis días”. Los pozos están dentro de Vaca Muerta, la principal formación de gas no convencional (gas shale o de esqusito) de Argentina y de América Latina. Y en la zona habitan comunidades Mapuches, reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y cuyos miembros deben ser consultados para obtener su consentimiento previo, libre e informado a cualquier actividad que afecte su territorio. Ese derecho no fue respetando, vulnerando —como se detalla en el escrito— el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, normas internacionales reconocidas por Argentina. “Los químicos usados en el fracking pueden contaminar aguas superficiales como subterráneas, incluyendo las de la laguna de Llancanelo, un humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar, tratado ratificado por el Estado argentino”, afirmó Velarde. “El sitio es zona de paso y descanso para más de 130 especies de aves residentes y migratorias” Además, las actividades de fracking requieren grandes cantidades de agua y Mendoza es una provincia que por años sufre de escasez de ese recurso, problema agravado por el cambio climático. Finalmente, en el escrito se resalta que no se cuenta con datos geológicos detallados de la zona ni con información de calidad sobre la dinámica de las aguas subterráneas. “Ante esa incertidumbre científica, las autoridades deben aplicar el principio de precaución”, explicó Velarde. “Con base en ese principio, una actividad con las características del fracking no debe ser autorizada si quienes buscan implementarla no pueden probar que no causará daños graves e irreversibles en el ambiente”. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107  

Belo Monte: Expediente de fatos do caso

Atualização de agosto de 2018   Belo Monte é a terceira maior usina hidrelétrica do mundo, construída em um dos ecossistemas mais importantes do planeta: a floresta amazônica. A usina tem uma capacidade instalada de 11.233,1 MW e foi construída no rio Xingu, no estado do Pará, norte do Brasil.   Belo Monte causou e continuará causando mudanças dramáticas no rio Xingu e nas terras que o rodeiam. Atualmente, a usina está em funcionamento, com as obras civis praticamente concluídas. Em 5 de maio de 2016 a usina foi inaugurada, desviando de seu curso 80% do rio Xingu através de um canal de 500 metros de largura e 75 quilômetros de cumprimento.  Entre o canal e o reservatório, 516 km2 de terra foram inundados, uma área maior que a cidade de Chicago.  Desta área, 400 km2 eram de floresta nativa. Já estão em funcionamento 15 das 24 turbinas totais, com uma capacidade instalada de 5.733 MW Belo Monte não tem um estudo de impacto ambiental adequado. O estudo de impacto ambiental (EIA) não contém informações completas sobre os potenciais impactos do projeto ou sobre as medidas de mitigação a serem adotadas para garantir os direitos das comunidades ribeirinhas, indígenas e urbanas atingidas.  Houve violação ao direito à consulta e ao consentimento livre, prévio e informado das comunidades indígenas. Ainda que o Governo brasileiro tenha realizado reuniões com algumas comunidades indígenas, não cumpriu as normas internacionais para a realização de consultas e para obter o consentimento livre, prévio e informado das comunidades atingidas. O governo não proporcionou interpretes, as reuniões utilizaram uma extensa linguagem técnica, e foram realizadas anteriormente a finalização do EIA, de forma que não foi informada a totalidade dos impactos do projeto. O Hidrograma de Consenso, procedimento de revezamento de vazões artificiais de água que passam no trecho da Volta Grande do Rio Xingu que será implementado em 2019, levará à morte do rio e causará impactos irreversíveis. Este hidrograma busca o “consenso” entre a produção de energia e a manutenção da vida do rio, por meio da alternância entre vazões de água anualmente. Mesmo na sua maior vazão (Hidrograma B, com vazão de 8.000 m³/s), o hidrograma propõe um nível de água insuficiente para a manutenção das espécies aquáticas e da vida ribeirinha. Na região da Volta Grande do Xingu existem ao menos 26 espécies endêmicas que estão ameaçadas, e em 2016, com um volume de água de 10.000 m³/s, maior que o melhor cenário do hidrograma de consenso, toneladas de peixes e cracajás foram encontrados mortos ou com ovas secas. Um estudo publicado na revista Biological Conservation, e o monitoramento independente dos indígenas comprovam que as espécies que só existem nessa região correm o risco de extinção. Apesar do descumprimento das condicionantes sociais e ambientais exigidas pela licença ambiental prévia e as medidas cautelares outorgadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), o Brasil construiu e segue com a operação de Belo Monte.  Entre julho e agosto de 2015 completaram-se a primeira e a segunda etapa do processo de represamento do rio. Isto consistiu em barramentos provisórios para avançar a construção. Foram abertas comportas hidráulicas do vertedouro da Usina complementar para redirecionar as águas do Rio Xingu a seu leito original.  Sem embargo, devido a movimentação na corrente do rio, ocorre o arraste de materiais argilosos e a erosão das margens do vão, que ocasionam o aumento da turbidez nas águas do rio Xingu à jusante das operações. O fluxo de águas turvas é percebido pelas comunidades, que a associam a problemas da qualidade da água, à saúde e à produção pesqueira.     CONSULTA O DOCUMENTO COMPLETO  

Comunidades indígenas de Guatemala presentan reclamo ante el BID por los daños de dos represas

Solicitan que el mecanismo de rendición de cuentas del Banco Interamericano de Desarrollo recomiende que la entidad financiera retire su inversión de las hidroeléctricas Pojom II y San Andrés porque al financiarlas incumplió sus propias políticas operativas. La planificación y ejecución de los proyectos ha causado daños a fuentes de agua y a los medios de vida de pueblos indígenas y mujeres. Washington D.C. Comunidades afectadas por las represas Pojom II y San Andrés en la microrregión de Ixquisis —representadas por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Gobierno Ancestral Plurinacional Q'anjob’al, Popti, Chuj y Akateko — presentaron una queja ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En ella solicitan que se recomiende al BID retirar su inversión debido a que incumplió sus propias políticas operativas al financiar las hidroeléctricas, cuya planeación y construcción ha resultado en daños sociales y ambientales. “Los daños causados por la implementación de ambos proyectos son el resultado del incumplimiento de las políticas operativas del BID, en particular de su política ambiental y de sostenibilidad, la de pueblos indígenas, la de género y la de divulgación de información”, explicó Liliana Ávila, abogada de AIDA. En la queja se detalla que las represas fueron autorizadas sin que las comunidades fueran adecuadamente consultadas y que éstas no han recibido información suficiente sobre los riesgos de los proyectos. Además, ante su resistencia pacífica a los mismos, las personas afectadas han sufrido ataques, amenazas, hostigamiento e incluso se denunció el asesinato aún no esclarecido de una de ellas en 2017. De otro lado, la construcción de las represas ha causado daños ambientales como la escasez de agua y la contaminación de ríos, afectando la pesca, la agricultura y los modos de vida tradicionales de las comunidades de Ixquisis, departamento de Huehuetenango, mayormente indígenas mayas y donde sobresalen las etnias Chuj, Q’anjob’al y Akateko. “Esos daños son sufridos de manera diferenciada por las mujeres, aspecto destacado en la queja, pues son ellas las que administran el uso del agua en sus hogares”, dijo Anabella Sibrián, de la Plataforma Internacional contra la Impunidad. “Las mujeres de Ixquisis enfrentan la estigmatización y viven con miedo a represalias hacia ellas o sus familias por su oposición a las represas”. La hidroeléctrica Pojom II es promovida por la empresa Generadora San Mateo S.A., mientras que San Andrés está a cargo de Generadora San Andrés S.A. Ambas empresas son subsidiarias de Promoción y Desarrollos Hídricos S.A., una compañía nacional. En 2013, el BID Invest, brazo privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, aprobó un préstamo de hasta 9 millones de dólares para la construcción de Pojom II y de hasta de 6 millones para el proyecto San Andrés. “Esperamos que el mecanismo de rendición de cuentas del BID concluya que el banco incumplió sus políticas y recomiende, por tanto, que el BID Invest retire la inversión de los proyectos”, enfatizó Ávila. La lucha de las comunidades de Ixquisis por el agua y el territorio fue recientemente galardonada por la organización internacional Front Line Defenders con el Premio para Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo 2018. Encuentra aquí más información del caso. Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

Nuestras razones para proteger los derechos humanos en América Latina

Quienes conforman el equipo legal de nuestro Programa de Derechos Humanos y Ambiente trabajan para proteger a personas y comunidades cuyos derechos han sido vulnerados o están en riesgo debido a la degradación de su entorno natural. Tienen claro que el nexo entre derechos humanos y ambiente es innegable. Para ellas y ellos, garantizar el derecho a un ambiente sano en América Latina importa y mucho. Conoce sus razones:   “LO HAGO PORQUE LO LLEVO EN LA SANGRE” Astrid Puentes, Codirectora de AIDA “Trabajo en la protección del ambiente y los derechos humanos, dos aspectos esenciales y vinculados. Lo hago porque lo llevo en la sangre: mi papá fue campesino, mis abuelos y bisabuelos también. Parte de mi conexión con la naturaleza viene de familia, es una herencia. Mi esencia ha sido poder contribuir a que las cosas en el mundo estén mejores, sobre todo en Colombia, que tiene tantas riquezas naturales y desafortunadamente tantas diferencias sociales e injusticia. Dediqué mi carrera como abogada a contribuir a que mi país estuviera mejor y luego, al ser mamá, esa motivación creció y ahora siento una responsabilidad gigante por hacer lo mejor posible para que mis hijos tengan un mejor planeta”. Al comienzo de su carrera, Astrid ayudó a frenar una propuesta absurda de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos: la fumigación de un hongo transgénico en el Amazonas, que implicaba graves daños a un entorno único y del que dependen muchas personas. Fue el primer caso en el que se involucró directamente y con éxito. “DEFIENDO LOS DERECHOS HUMANOS PORQUE CREO EN LA DIGNIDAD Y EN LA IGUALDAD COMO PRINCIPIOS ESENCIALES” Liliana Ávila, Abogada Sénior “Defiendo los derechos humanos porque creo en la dignidad y en la igualdad como principios esenciales. Creo en el valor de las diferencias y en las luchas de quienes no han conocido sus derechos. Estas convicciones me hacen sentir indignación, rabia y vergüenza ante la vulneración de derechos humanos en Colombia, mi país, en América Latina y en el mundo. Los defiendo porque para mí los derechos humanos son la realización de las aspiraciones de hombres y mujeres de construir un mundo más justo”. En mayo pasado, Liliana quedó conmovida con el relato de una mujer indígena en Guatemala, cuya comunidad se está quedando sin el agua de sus ríos debido a la construcción de una represa. Con esa agua, la mujer riega las flores de su jardín, aquellas que le alegran la vida cuando está triste. Esa historia llena a Liliana de fuerza pues sabe que con su trabajo puede ayudar a que esas flores sigan brotando. “MI MAYOR MOTIVACIÓN NACE DE TOMAR CONCIENCIA DE LAS DESIGUALDADES E INJUSTICIAS” Daniel Iglesias, Becario “Mi mayor motivación para defender los derechos humanos y el ambiente nace de tomar conciencia de las desigualdades e injusticias que caracterizan al mundo contemporáneo, dominado por los efectos de la globalización capitalista. Es nuestra responsabilidad luchar por eliminar estas desigualdades. Y la defensa de los derechos humanos es una herramienta fundamental para lograrlo, basada en la solidaridad y en la indignación ante las injusticias”. Como abogado en materia de derechos humanos, Daniel ha visto de cerca situaciones injustas como la que sufren pueblos indígenas despojados de sus tierras, la de personas privadas de su libertad de expresión y la de aquellas afectadas por los daños ambientales causados por industrias extractivas. Esa experiencia la vuelca en su trabajo con AIDA desde México y lo alienta a seguir aprendiendo y aportando a lograr justicia social y ambiental en la región. “YO CRECÍ PENSANDO QUE TENÍA DERECHOS” Marcella Ribeiro, Asesora Legal “Yo crecí pensando que tenía derechos, que nunca me debía faltar agua ni comida y que la playa frente a mi casa, en Brasil, no podría ser contaminada porque tenía derecho a la salud. Pero cuando entendí que las personas que viven en favelas o aquellas afectadas por sequías no creían, como yo, que tenían derechos y no se organizaban para reclamarlos, decidí unirme a quienes luchan para que la voz de esas personas sea escuchada, para que su humanidad sea reconocida”. Marcela trabajó en proyectos de educación sobre derechos humanos en favelas de Brasil. Desde entonces tiene claro que la justicia social es posible siempre y cuando las personas gocen de sus derechos humanos de carácter social, cultural, ambiental y económico.  

Denuncia pública de la Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis

Las comunidades Pojom, Yulchen Frontera, Ixquisis, Bella Linda, Nuevo San Mateo, Nueva Concepción, El Rincón, San Francisco, El Platanar y Primavera de la microrregión de Ixquisis, del municipio de San Mateo Ixatán, departamento de Huehuetenango, ante los recientes actos represivos por parte de las fuerzas de seguridad y la tergiversación de la información en medios digitales, EXPONEMOS que desde el sábado 14 de julio de julio nos reunimos para realizar manifestaciones pacíficas en rechazo a la presencia de la Policia Nacional Civil y del Ejército Nacional en nuestro territorio, tomando en cuenta que se han dedicado únicamente a proteger los intereses y a los empleados de la empresa hidroeléctrica Energía y Renovación, mientras que a las comunidades nos han reprimido e intimidado. Es necesario hacer mención que las mujeres de la microrregión han sido víctimas de abusos sexuales, agresiones verbales, intimidaciones y amenazas por parte de los elementos de las fuerzas de seguridad.  Tanto la Subestación de la Policía Nacional Civil y el Destacamento Militar se encuentran en terrenos de propiedad de la empresa hidroeléctrica Energía y Renovación, que anteriormente se denominaba PDH S.A., y ha invadido nuestro territorio sin previa consulta, imponiendo así sus proyectos hidroeléctricos que únicamente han traído conflicto y división en nuestras comunidades.  Queremos recalcar que mujeres y hombres nos identificamos como comunitarios indígenas y campesinos, defensores de derechos humanos y de la Madre Naturaleza. No somos terroristas, no somos personas que buscan desestabilización social. Además, no portamos armas, menos de grueso calibre, ni pertenecemos a grupos criminales organizados, como se ha aseverado en artículos que circulan en las redes sociales y otros medios. Como hombres y mujeres de campo, lo único que portamos son nuestras herramientas de trabajo. Nosotros y nosotras pertenecemos a la organización comunitaria pacífica que se dedica al cuidado y protección de nuestro territorio, de los bienes naturales y de la vida. Nuestro movimiento, la Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis, es reconocida a nivel mundial y es ganadora regional para las Américas del premio de Frontline Defenders 2018 por nuestra lucha pacífica en defensa de nuestro derecho al territorio y para la justicia ambiental. Sabemos que el Estado debe garantizar la seguridad ciudadana, pero debe garantizar que la seguridad efectivamente sea para la población y no para proteger intereses empresariales tal como actualmente sucede en la microrregión de Ixquisis, donde desde el 2014 la PNC y el Ejército se han instalado para resguardar la propiedad privada y no la vida de las personas allí asentadas. Por ello manifestamos nuestro total rechazo a: La presencia policial y militar en las comunidades de la microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixatán, Huehuetenango. Los señalamientos en contra de los liderazgos comunitarios que nos encontramos organizados para la protección y cuidado de nuestro territorio, bienes naturales y de la vida. Las campañas de difamación, estigmatización y la represión de la cual somos víctimas día y noche por parte de las fuerzas de seguridad.  Los actos de intimidación por parte de la seguridad de la empresa hidroeléctrica Energía y Renovación. La violación al derecho de manifestación establecido en la Constitución Política de la República.  Los trabajos que pretende llevar a cabo la empresa porque dañan los ríos, las montañas y la naturaleza donde vivimos y a nuestros medios de vida. SOLICITAMOS: Al Estado de Guatemala que se garantice el Estado de Derecho con transparencia, eficacia y siempre en busca del buen vivir, la armonía y la paz en nuestro territorio. Al Ministerio de Gobernación y al Ministro de la Defensa Nacional que ordenen el retiro inmediato de las fuerzas de seguridad del territorio. Al Organismo de Justicia de Guatemala que reconozca las irregularidades con las que se han impuesto estos proyectos en nuestro territorio y las violaciones de derechos humanos que sufrimos como resultado de su presencia en la microrregión de Ixquisis.  A los organismos nacionales e interncionales de derechos humanos propiciar medidas inmediatas que resguarden la vida de las comunidades en el marco de proteger la vida, su territorio y sus recursos humanos, rechazan la construcción de los proyectos hidroeléctricos Pojom I, Pojom II y San Andrés.  A la comunidad internacional que denuncie ante las instituciones financieras internacionales y de desarrollo que invierten en los proyectos hidroeléctricos en la microrregión, las numerosas violaciones de derechos humanos.  

Brasil debe responder por violaciones de derechos humanos

¡Lo hicimos! Nos llena de orgullo decir que recientemente presentamos los argumentos finales en nuestro caso contra Brasil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ellos, demostramos los daños que Belo Monte ha causado a comunidades indígenas y tradicionales, y a residentes de Altamira, la ciudad más próxima a la represa. Estamos trabajando por ellos: para llevar al gobierno de Brasil ante la justicia. “Las violaciones de derechos humanos son algo cotidiano para quienes somos afectados por la represa”, explicó Antônia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, colectivo ciudadano creado para enfrentar la implementación de la hidroeléctrica. “Es urgente que nuestra petición ante la Comisión avance para sancionar al gobierno y garantizar nuestros derechos”. Nosotros argumentamos que los daños a comunidades locales resultaron de una falta grave de previsión y de una evaluación adecuada de impactos ambientales, así como del incumplimiento de las condiciones de operación establecidas por el gobierno. Los riesgos denunciados antes de la construcción de la represa se han convertido en daños de largo plazo. Muchos de ellos han afectado de forma distinta a hombres y mujeres, personas jóvenes y ancianas. Nuestro informe documenta el desplazamiento de comunidades indígenas y tradicionales, forzadas a dejar sus territorios sin alternativas adecuadas, poniendo en riesgo su sobrevivencia cultural. Entre las poblaciones afectadas están comunidades dedicadas a la pesca, quienes no han sido compensadas por la pérdida de sus medios de sustento. La represa ha causado la muerte masiva de peces y, aunque las autoridades han impuesto multas millonarias, el informe demuestra que el problema de fondo no ha sido resuelto. Las comunidades locales ahora tienen un uso limitado del río Xingú como fuente de alimento, sustento, transporte y diversión. También identificamos, entre otros daños serios, la pérdida de oficios tradicionales, como los de ladrilleros y carreteros, y de prácticas culturales tradicionales. Las mujeres, por ejemplo, han dejado de dar a luz en sus casas y ahora deben ir a un hospital, una realidad que ha empeorado drásticamente debido a la saturación de los servicios de educación y salud en Altamira a causa del reciente aumento poblacional. Nuestro caso está ahora en manos de la Comisión. La Comisión elaborará su propio informe, concluyendo si hubo o no violaciones de derechos humanos a causa de la represa Belo Monte. De establecer que sí hubo, la Comisión puede emitir recomendaciones para su remediación. Si Brasil no responde a ellas, el caso puede ser remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo condenando a Brasil. La presentación de este informe nos acerca —y sobre todo a las comunidades que representamos— a lograr justicia por los muchos errores cometidos en nombre de la represa Belo Monte y del desarrollo energético en la Amazonía.  

AIDA respalda demanda de comunidades de Guatemala contra represa Pojom II

Presentamos ante la Corte Suprema de Justicia de ese país un escrito que evidencia el incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de ambiente y derechos humanos en la autorización y construcción del proyecto hidroeléctrico. Ciudad de Guatemala, Guatemala. En respaldo a las demandas de amparo interpuestas por miembros de comunidades de la microrregión de Ixquisis, Huehuetenango, afectadas por el proyecto hidroeléctrico Pojom II, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente presentó un escrito (Amicus Curiae) ante la Corte Suprema de Justicia. En él evidenciamos las obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos incumplidas en el proceso de autorización y construcción de la represa. “La construcción de la hidroeléctrica fue autorizada sin haberse realizado una consulta previa, libre e informada que permitiera a la población afectada, en su mayoría indígena, otorgar su consentimiento a una actividad que les afecta directamente”, explicó Liliana Ávila, abogada de AIDA. “La consulta, el consentimiento y la participación son derechos humanos individuales y colectivos que están garantizados por tratados internacionales ratificados por Guatemala”. El proyecto Pojom II está financiado por el BID Invest, brazo privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue autorizado pese a que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa promotora incumplió estándares nacionales e internacionales. No fue realizado por una entidad independiente ni bajo la supervisión del Estado, no respetó las tradiciones y cultura de las comunidades indígenas afectadas y no tomó en cuenta los impactos acumulativos de la concentración de proyectos hidroeléctricos en la zona. “Esos proyectos no representan beneficios para las comunidades y, por el contrario, causan daños irreversibles a sus medios de subsistencia y modos de vida tradicionales al afectar fuentes de agua y otros entornos naturales”, señaló Ávila. “Generan además situaciones de grave conflictividad social”. En el escrito presentado por AIDA se detallan las obligaciones internacionales incumplidas por el Estado de Guatemala respecto al proyecto Pojom II. Entre ellas están las contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y otras que hacen parte del Derecho internacional ambiental. “Las demandas de amparo presentadas por las comunidades son una oportunidad para que el gobierno suspenda el proyecto por los graves daños causados”, dijo Ávila. “Y en nuestro escrito apoyamos esa acción al demostrar la responsabilidad del Estado en el incumplimiento de normas internacionales”. Contacto de prensa: Victor Quintanilla, AIDA (México), [email protected], +521 5570522107  

La lucha ante el BID de mujeres indígenas en Guatemala

Decreto que levanta la veda de la cuenca del río San Pedro Mezquital

Autorización de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces