Derechos Indígenas

Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Pronunciamiento ante situación de riesgo de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis, Guatemala

Las organizaciones, colectivos y personas firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de riesgo que enfrentan las comunidades y personas defensoras de derechos humanos de la Microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, Guatemala. Las personas defensoras del territorio y del medio ambiente de la Microrregión de Ixquisis enfrentan desde el año 2009 violaciones de derechos humanos en el marco de su oposición a los proyectos hidroeléctricos San Andrés, Pojom I, Pojom II. Los tres proyectos son promovidos por la empresa Energía y Renovación S.A. (antes PDH S.A.), que es propiedad actualmente de las familias Mata Monteros y Mata Castillo, vinculadas al grupo empresarial corporativo The Central America Bottling Corporation (CABCORP), y cuentan con financiamiento del brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de Cordiant Cap, un intermediario financiero canadiense que dispone entre otros de fondos del banco alemán KfW. Desde mayo del presente año, la Resistencia Pacífica de Ixquisis ha realizado una serie de acciones públicas, manifestaciones y plantones para expresar y reiterar su oposición a los proyectos hidroeléctricos en su territorio. Actualmente, tres acciones de amparo en contra de las licencias de operación de la hidroeléctrica Pojom II se encuentran a la espera de resolución en las cortes nacionales. En junio, las comunidades de Ixquisis recibieron el premio Front Line Defenders en reconocimiento a su esfuerzo colectivo y su lucha pacífica. En agosto, las comunidades afectadas presentaron una queja formal ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID, solicitando la investigación y el retiro de su inversión debido al incumplimiento de las propias políticas operativas del banco. En este contexto, organizaciones de derechos humanos que acompañan el caso han observado un aumento significativo de las difamaciones y agresiones en contra de la población que participa en la Resistencia Pacífica y de la población de la microrregión, que culminaron en el asesinato de dos pobladores de la comunidad de Ixquisis, los hermanos Neri Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, el pasado 16 de diciembre. Sus cuerpos fueron encontrados a la orilla del Río Yal Witz, cerca de la hidroeléctrica San Andrés en la carretera de la Franja Transversal del Norte con impactos de bala en la cabeza. Este hecho hace recordar el asesinato del defensor Sebastián Alonso Juan, quien falleció a causa de disparos en el marco de una manifestación pacífica en enero del 2017, asesinato que sigue sin esclarecerse. Además de este doble asesinato, se destacan los siguientes hechos acaecidos en 2018: Julio y octubre: Violación del derecho de manifestación y del derecho de libre locomoción por parte de la PNC; y uso desmedido de la fuerza en contra de manifestantes, resultando en seis (6) personas heridas, tres de ellas con necesidad de ser hospitalizadas. 12 de octubre: En el transcurso del día, dos integrantes de la Resistencia Pacífica sufrieron ataques armados; Alfonso Miguel Francisco Pedro, de la aldea Pojom tuvo que ser hospitalizado durante siete (7) días. 20 de octubre y 7 de noviembre: Hostigamiento y uso de gas lacrimógeno en contra de comunitarios, provocando intoxicación en niños y en una mujer embarazada. 9 de diciembre: Agresión física en contra de Lucas Jorge García, presidente del Consejo de Desarrollo de Segundo Nivel de la Microrregión de Ixquisis y dos mujeres de su familia, una de ellas en estado de embarazo. Dos hombres atacaron al defensor en su casa, golpeándolo en la cabeza con piedras y palos. Al querer defenderlo, su hija María Jorge Gómez y su nuera Ana Gómez Domingo también fueron golpeadas.  La constante campaña de difamación y desprestigio emprendida en contra de la Resistencia Pacífica desde hace más de un año nuevamente ha aumentado de intensidad, impactando además a organizaciones aliadas como el Gobierno Ancestral Maya Plurinacional de las naciones Akateko Chuj, Popti’, Q’anjob’al y pueblo mestizo, y en particular en uno de sus coordinadores, Rigoberto Juárez. A principios de noviembre de 2018, fue anunciado en los diferentes medios de comunicación la firma de un “Acuerdo para la Paz y el Desarrollo” en el municipio de San Mateo Ixtatán, acuerdo que concluye como el principal resultado de una mesa de diálogo en la que participaron únicamente actores que están a favor de las hidroeléctricas y con vínculos directos con la empresa Energía y Renovación, S.A. La legitimidad de este acuerdo y representatividad de las personas que en nombre de la Microrregión de Ixquisis firmaron dicho acuerdo, ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por la Resistencia Pacífica de esta Microrregión, que desde el inicio de este proceso de diálogo han registrado un aumento de ataques en su contra. Ante esta grave situación de riesgo las organizaciones, colectivos y personas abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con las personas defensoras de la Microrregión de Ixquisis, y solicitamos:  Al Ministerio Público que investigue y procese a los responsables materiales e intelectuales de todos los ataques cometidos en contra de la Resistencia Pacífica de Ixquisis, incluyendo las agresiones físicas en contra de Lucas Jorge García, Presidente del Consejo de Desarrollo de Segundo Nivel de la Microrregión de Ixquisis, así como los asesinatos de los hermanos Nery y Domingo Pedro Esteban y Sebastián Alonso Juan. Al Estado de Guatemala que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los miembros de las comunidades de Ixquisis y el derecho de manifestación y de defender derechos. Al Estado de Guatemala que tome todas las medidas para garantizar que las mujeres tengan una vida libre de violencia y que tome medidas de protección específicas para las mujeres y lideresas de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis.  Al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Gobernación que se cumpla con el retiro de las fuerzas de seguridad estatales, Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala, de las instalaciones privadas donde funciona la empresa Energía y Renovación, propietaria de los proyectos hidroeléctricos que se construyen en esta Microrregión, para garantizar la independencia de las fuerzas públicas en la Microrregión de Ixquisis. A la comunidad internacional presente en Guatemala, que observe de cerca la situación de las personas defensoras de derechos humanos, realizando visitas el territorio referido. A las instituciones financieras internacionales involucradas en el financiamiento de estos proyectos hidroeléctricos, que adopten medidas para que sus inversiones se den bajo condiciones de pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Descarga el pronunciamiento completo para ver las organizaciones firmantes   

Leer más
Arrecifes de coral, Fracking, Derechos Indígenas

10 buenas noticias ambientales para América Latina en 2018

Este año se caracterizó por triunfos en la creación de protecciones legales y en el establecimiento de políticas favorables al ambiente y los derechos humanos en la región. Pocas veces existen, en un solo año, tantos avances institucionales que sientan precedentes.   Aquí te presentamos diez ejemplos:   1. Por primera vez, la Corte Interamericana reconoció el ambiente sano como derecho “fundamental” La Corte concluyó que el ambiente sano es un derecho autónomo, “fundamental para la existencia de la humanidad”, y se pronunció por primera vez respecto del contenido del mismo. La relación entre ambiente y derechos humanos puede sonar obvia, pero hasta febrero de este año, cuando la decisión de la Corte se dio a conocer públicamente, no había precedentes de esta magnitud en el reconocimiento de ese vínculo. La decisión es una opinión que responde a una consulta hecha por Colombia. En ella, la Corte reconoció además que el cambio climático impacta en el goce de los derechos humanos, en especial en las poblaciones más vulnerables. La OC-23, como se le conoce, estableció un precedente histórico para la protección de los derechos humanos en el continente y será una herramienta importante para lograr justicia ambiental en la región. CONOCE MÁS 2. Se aprueba el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región   Hasta finales de este año, 16 países han firmado el Acuerdo de Escazú, único en su tipo. No sólo es el primer tratado sobre asuntos ambientales de América Latina y el Caribe, es también el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Su objetivo principal es garantizar los derechos al acceso a la información ambiental, a la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales. CONOCE MÁS 3. Peces loro reciben protección especial en México Los peculiares y coloridos peces loro se alimentan de las macroalgas que crecen sobre los corales quitándoles luz y oxígeno. Debido a la sobrepesca y otros factores, las poblaciones de peces loro han disminuido y, por lo tanto, los corales están en mayor riesgo. Por ello, diez especies de este pez están en proceso de ser incluidas por el gobierno en la lista mexicana de fauna protegida. CONOCE MÁS 4. Pueblos indígenas reconocidos en el financiamiento climático Tras años de trabajo por parte de organizaciones indígenas alrededor del mundo, el Fondo Verde del Clima aprobó una Política de Pueblos Indígenas con el objetivo de proteger, reconocer, respetar y promover sus derechos dentro del financiamiento de proyectos climáticos. La decisión fue recibida con esperanza en un mundo que requiere acciones inmediatas de mitigación y adaptación al cambio climático. Políticas como ésta contribuyen a evitar que el financiamiento climático vulnere los derechos de las personas más afectadas. CONOCE MÁS 5. Un plan regional para proteger a los jaguares Catorce países y organizaciones conservacionistas lanzaron el Plan Jaguar 2030, con la intención de proteger los corredores o rutas naturales de vinculación de las poblaciones de esta especie, el carnívoro más grande de América Latina sin depredadores naturales. Las poblaciones del jaguar se extienden por 18 países, pero disminuyen aceleradamente por la caza furtiva, la fragmentación de su hábitat y los conflictos con actividades humanas. En El Salvador y Uruguay, se ha declarado extinto. El el plan es una esperanza para su protección a nivel internacional y entre fronteras. CONOCE MÁS 6. Colombia le dice no a pruebas piloto de fracking La Autoridad de Licencias Ambientales de Colombia (ANLA) negó el permiso para que la empresa ConocoPhillips realizara las primeras pruebas piloto de fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos en San Martin y Aguachica, Cesar. La ANLA argumentó que la información presentada por la empresa era “insuficiente” para conocer el manejo y disposición del agua, también cuestionó su evaluación ambiental y su plan de contingencia. Por lo pronto, la iniciativa está archivada. Continuar apostando por los combustibles fósiles nos aleja de las metas climáticas, es importante apostar por una transición energética. CONOCE MÁS 7. Una lucha regional ante el fracking llega a la CIDH Organizaciones y comunidades de toda la región unieron esfuerzos para llevar por primera vez ante la Comisión Interamericana casos de violaciones de derechos humanos y amenazas al ambiente provocados por la extracción de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica. Después de varias luchas locales, éste fue el primer momento en que se evidenció ante un organismo regional los daños documentados en varios países, desde Estados Unidos hasta Argentina. La información presentada llamó el interés de la Comisión. ¡La unión hace la fuerza! A propósito de este tema, el nuevo presidente de México dijo que no se hará más fracking. CONOCE MÁS 8. Un tratado para proteger dos terceras partes de los océanos Tras una década de debates, este año inició la negociación en la ONU de un tratado jurídicamente vinculante para proteger la biodiversidad en alta mar, como se conoce a las áreas marinas que están fuera de jurisdicciones nacionales. Las negociaciones se llevarán a cabo hasta 2020. Pese a que alta mar representa el 64% de la superficie total de los océanos y a que los mares absorban el 90% del calor provocado por el calentamiento global, no existe un tratado que proteja este ecosistema, solo regulaciones fragmentadas. CONOCE MÁS 9. Chile clausura definitivamente la mina Pascua Lama En octubre de este año, autoridades chilenas confirmaron la clausura definitiva de Pascua Lama, un proyecto minero de explotación de oro en la frontera entre Chile y Argentina. Barrick Gold, la empresa a cargo del proyecto, fue multada por 33 violaciones a la normativa ambiental chilena. Pascua Lama generó daños a fauna y flora nativa. Pueblos indígenas de la región, que documentaron la contaminación de un río y afectaciones a los glaciares, fuente importante de agua, celebraron la decisión. Ahora se busca detener el proyecto en el lado argentino. CONOCE MÁS 10. Argentina rompe récord de creación de parques nacionales Antes de terminar el año, Argentina anunció la creación de dos áreas marinas protegidas: Estricta y Namuncurá-Banco Burdwood II, importantes para la cría y desove de peces con alto valor comercial. Con este par, el país suma seis áreas naturales declaradas como parques nacionales solo en 2018, algo histórico. Los otros parques son: Traslasierra, Aconquija, Ciervo de los pantanos e Iguerá. Argentina se ha propuesto lograr para 2020 la protección del 10% de sus mares. CONOCE MÁS  

Leer más
Derechos Indígenas, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Leydy Pech, la guardiana de las abejas

“Son parte de mi ser”, dice Leydy Araceli Pech Martin de sus abejas. Las alimenta con dulce de calabaza y se identifica con ellas. Verlas cómo se organizan y trabajan en la colmena para producir miel, reafirma su confianza en la acción colectiva. En su pueblo natal, Ich Eq —nombre que en maya significa “Ojo de Estrella”—, municipio de Hopelchén, en el estado mexicano de Campeche, las familias viven de esa forma: unidas y apoyándose entre sí. De todos los objetivos que Leydy comparte con su comunidad, quizás el más vital sea la defensa de su territorio y sus modos de vida tradicionales, amenazados por la creciente deforestación y por la contaminación tóxica proveniente de la agricultura industrial. La expansión del cultivo de soya en Hopelchén está terminando con grandes extensiones de selva tropical y esparciendo de manera indiscriminada pesticidas nocivos para la salud humana y para el ambiente, en especial para aquellos ecosistemas de los que dependen las abejas, así como las y los apicultores de la zona. Derribando obstáculos De mirada dulce y voz suave, Leydy es una mujer muy ágil. Puede hacer muchas cosas al día. Distribuye su tiempo entre cuidar a sus abejas, realizar labores domésticas, atender a su mamá y a su tío, y estar pendiente de su hijo, Diego Alberto, de 17 años. También atiende el pequeño negocio de Koolel-Kab (“mujeres que trabajan con abejas”), una organización que ella y otras mujeres de Hopelchén fundaron en 1995. Con ellas comparte la crianza y preservación de la abeja melipona beecheii, una especie silvestre sin aguijón que ha sido domesticada por los pueblos mayas de México desde hace cientos de años. De esta abeja se obtienen varios productos —miel, jabones y cremas— que se venden en la tienda de la organización. Pero dedicarse a la apicultura, actividad que su abuelo le enseñó y que en la zona es realizada mayormente por hombres, no le ha sido fácil. Al comienzo, Leydy y sus compañeras fueron subestimadas. “Nos decían que no íbamos a lograr nada, poco a poco fuimos demostrando nuestras capacidades; los señores vieron resultados y reconocieron públicamente que la organización era un ejemplo de lucha”, cuenta. Las mujeres de Koolel-Kab trabajan también por el reconocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas de la zona. Leydy recuerda que esa lucha comenzó cuando se dio cuenta que otras personas estaban decidiendo sobre el territorio y los recursos naturales de su pueblo, sobre las oportunidades de trabajo y de una mejor calidad de vida para los más jóvenes.  Menonitas y empresarios agroindustriales están cultivando soya genéticamente modificada en Hopelchén, deforestando selva y poniendo en riesgo la salud de las personas. El gobierno mexicano autorizó el cultivo sin consultar a las comunidades afectadas. Y, aunque la justicia reconoció esta vulneración de derechos humanos, la siembra ilegal de ese tipo de soya no ha cesado y la siembra de soya tradicional se ha expandido. Un problema relacionado es la fumigación aérea de los cultivos con una mezcla de químicos que no se queda en los campos, sino que llega a casas, fuentes de agua y flores. “No me puedo quedar de brazos cruzados cuando sé lo que está pasando, se ha vuelto una responsabilidad, no hacer nada sería como traicionar mi propia identidad”, dice Leydy con la firmeza que la caracteriza. La búsqueda de justicia es lo que la mueve. Pero también en esa lucha ha tenido que derribar barreras. “Vivimos en un mundo donde solo los hombres pueden hablar, tomar decisiones. Yo he roto con eso y me han cuestionado”. La organización de mujeres mayas forma parte del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, que ha presentado acciones legales nacionales e internacionales para frenar los daños de la agroindustria. AIDA, junto con organizaciones aliadas, apoya esos esfuerzos y ha llevado el caso, en representación de las comunidades, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La fuerza de la unión La fortaleza del Colectivo está en su unidad. De eso Leydy está convencida. Quienes lo conforman trabajan por las necesidades de sus propias comunidades, pero también están en proceso de verse como uno solo, algo que no solo aplica a los pueblos de Campeche sino a los de los estados cercanos de Yucatán y Quintana Roo. “Los mayas somos muchos, cada cosa que hemos logrado no es para una sola persona, es para todos”. Leydy contagia su liderazgo y su capacidad de trabajar en equipo. Su hijo, Diego Alberto, es parte de ese esfuerzo conjunto. “Él se siente contento, sabe mucho de abejas y tiene sus propias iniciativas”. Como Diego Alberto, otros miembros jóvenes de la familia de Leydy se dedican ahora a la apicultura. “Eso me dice que estoy haciendo bien las cosas”, dice orgullosa.  

Leer más
Grandes Represas, Derechos Indígenas

Comissão Interamericana de Direitos Humanos pede reparação aos impactados por Belo Monte

A Comissão destacou o caso do povo Juruna, da Terra Indígena Paquiçamba (PA), que vive próximo a barragem e sofre graves causadas pela implantação do empreendimento. Rio de Janeiro, Brasil. No encerramento de sua visita ao país, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) chamou a atenção das autoridades e da sociedade em geral para visibilizar, atender e solucionar urgentemente a situação de repetida violação dos direitos humanos dos povos indígenas. A CIDH também destacou o caso do povo Juruna, afetado pelos danos socioambientais causados pela implementação da usina hidrelétrica (UHE) Belo Monte, no Pará. No Brasil, os povos indígenas "sofrem episódios de frequentes episódios de violência e falta de atenção por parte dos serviços públicos, além de enfrentar dificuldades e obstáculos crescentes na demarcação de suas terras",disse Antônia Urrejola Noguera, relatora da CIDH para o Brasil, ao apresenataras conclusões preliminares. "O Brasil tem sido um dos maiores violadores dos direitos humanos dos povos indígenas. Nessa audiência com a CIDH, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) levou esses casos e a preocupação com o cenário político atual, onde o discurso de ódio e racismo tem sido cada vez maior, inclusive pela via institucional" relatou Luiz Eloy Terena, assessor jurídico da Apib. No último dia 7 de novembro, a delegação da CIDH visitou a aldeia Mïratu, na Terra Indígena Paquiçamba, do povo Juruna, uma das comunidades indígenas afetadas pela barragem de Belo Monte. É a primeira vez que a Comissão visita o local. Ali, a CIDH ouviu os depoimentos de indígenas e ribeirinhos que lutam para manter seu modo de vida tradicional apesar da morte de milhares de peixes, da contaminação do Xingu, do despejo forçado de suas terras sem um remanejamento para perto do rio e o desenvolvimento de projetos produtivos inadequados. As lideranças relataram que esses impactos afetam de maneira diferenciada à mulheres e crianças. A Comissão também ouviu representantes da cidade de Altamira. "Nós ressaltamos a importância da visita histórica da Comissão à TI Paquiçamba, , que reconheceu os impactos negativos que Belo Monte causou nos direitos humanos dos habitantes do Xingu", disse Astrid Puentes, codiretora da Associação Interamericana para a Defesa do meio ambiente (AIDA). "Corresponde agora ao governo do Brasil adotar decisões e recomendações da CIDH, cumprindo com normas de direito e à proteção das pessoas de seu país". Durante a visita as pessoas se mostraram particularmente preocupadas com a implementação, no próximo ano, do plano de manejo para o fluxo do rio Xingu, chamado de Hidrograma de Consenso. O hidrograma não prevê um fluxo de água suficiente que garanta a sobrevivência das comunidades indígenas e ribeirinhas da região, e pode levar à extinção diversas espécies de plantas e animais. "Os comissionários tiveram a oportunidade de confirmar a gravidade dos impactos e a urgência de revisar os critérios para definir a vazão residual que o rio Xingu deve manter na região da Volta Grande para garantir a subsitência física e cultura dos ribeirinhos e indígenas", comenta Biviany Rojas, Instituto Socioambiental (ISA). Em 2011, as comunidades do indígenas e ribeirinhas do Xingu, representadas pela AIDA, Sociedade Paraense para a Defesa dos Direitos Humanos (SDDH), Movimento Xingu Vivo para Sempre, Prelazia do Xingu, CIMI e Justiça Global, apresentaram uma denúncia contra o Brasil pelo caso. No mesmo ano, a Comissão concedeu medidas urgentes de protecção aos povos indígenas afetados. O caso foi iniciado formalmente em dezembro de 2015 e, em maio deste ano, as organizações apresentaram os argumentos finais. Com base nesse documento e nos argumentos do estado brasileiro, a Comissão publicará um relatório no qual concluirá se houve ou não violações aos direitos humanos, podendo emitir recomendações de reparação que deverão ser cumpridas pelo Brasil. Contatos de Imprensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], + 521 5570522107 Isabel Harari (Brasil), ISA, [email protected], + 5561998261213  

Leer más
Grandes Represas, Derechos Indígenas

Comisión Interamericana pide atender con urgencia daños a pueblos indígenas a causa de la represa Belo Monte

Entre las conclusiones preliminares de su visita a Brasil, la Comisión llamó la atención de autoridades y de la sociedad para solucionar urgentemente las reiteradas violaciones de derechos que sufren pueblos indígenas. Resaltó el caso de la comunidad indígena Muratú de Paquiçamba (Pará) afectada por la implementación de la represa Belo Monte. Río de Janeiro, Brasil. Al finalizar su visita al país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a las autoridades y sociedad en general visibilizar, atender y resolver con urgencia la violación reiterada de los derechos humanos de pueblos indígenas. Resaltó el caso de la comunidad indígena Muratú, afectada por los daños ambientales causados por la implementación de la represa Belo Monte. En Brasil, los pueblos indígenas “sufren episodios frecuentes de violencia y falta de atención por parte de los servicios públicos, además de enfrentar dificultades y obstáculos crecientes para la demarcación de sus tierras…”, dijo la Comisionada Antonia Urrejola Noguera, Relatora para Brasil, al presentar las conclusiones preliminares. "Brasil ha sido uno de los mayores violadores de derechos humanos de los pueblos indígenas. En la reunión con la Comisión, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) presentó estos casos y expresó su preocupación en el escenario político actual, en el cual el discurso de odio y de racismo ha sido casa vez mayor, incluso por la vía institucional", afirmó Luiz Eloy Terena, asesor jurídico de la APIB. El pasado 7 de noviembre, una delegación de la CIDH visitó la Aldea Muratú, en la Tierra Indígena Paquiçamba, estado de Pará, una de las comunidades indígenas afectadas por la represa Belo Monte. Es la primera vez que la Comisión visita el área. Allí escucharon testimonios de indígenas y ribereños, que luchan por mantener su modo de vida tradicional pese a la muerte de miles de peces, la contaminación del rio Xingú, el despojo forzado de sus tierras sin una reubicación adecuada y el desarrollo de proyectos productivos inadecuados culturalmente. Líderes de la aldea denunciaron que estos daños afectan en mayor medida a mujeres y niños y niñas. La Comisión también escuchó a representantes de la ciudad de Altamira, la más próxima a la hidroeléctrica. “Resaltamos la importancia de la visita histórica de la Comisión a la Aldea Muratú, y el reconocimiento de los impactos negativos que la represa Belo Monte ha causado en los derechos humanos de los habitantes del Xingú”, expresó Astrid Puentes Riaño, Codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Corresponde ahora al gobierno de Brasil adoptar las decisiones y recomendaciones de la Comisión, cumpliendo con las normas de derecho y la protección de las personas en su país”. En esa visita, las personas afectadas se mostraron especialmente preocupadas por la implementación, el próximo año, de un plan de manejo del caudal del río Xingú, denominado hidrograma de consenso, que dejaría sin agua suficiente para subsistir a las comunidades indígenas y ribereñas de la zona, así como a especies de plantas y animales. “Los comisionados tuvieron la oportunidad de confirmar la gravedad de los impactos y la urgencia de revisar los criterios para definir el caudal residual que el río Xingu debe mantener en la región de la Vuelta Grande para garantizar la subsistencia física y la cultura de los ribereños e indígenas”, comentó Biviany Rojas, del Instituto Socioambiental (ISA). En 2011, las comunidades indígenas y ribereñas del Xingú —representadas por AIDA, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH) y Justiça Global— presentaron una denuncia contra Brasil por el caso ante la CIDH. Ese mismo año, la Comisión otorgó medidas de protección urgente para los pueblos indígenas afectados. El caso inició formalmente en diciembre de 2015 y, en mayo de este año, las organizaciones presentamos nuestros argumentos finales. Con base en ellos y los argumentos del Estado brasileño, la Comisión publicará un informe en el que concluya si hubo o no violaciones a los derechos humanos, pudiendo emitir recomendaciones para que Brasil las repare. Demostrar avances y respeto a los derechos de los pueblos indígenas —en casos como Xucuru, el de los pueblos del Xingú y Guyraroka— representan una oportunidad importante para Brasil hacia el fortalecimiento del estado de derecho y del progreso del país. Contactos de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Isabel Harari (Brasil), ISA, [email protected], +5561998261213  

Leer más
Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Belo Monte pode deixar comunidades, animais e plantas do Xingu sem água para sobreviver

O risco provem da proposta de gerenciamento da vazão do rio Xingú para o funcionamento da Usina Hidroelétrica de Belo Monte. A Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente informou a situação para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, solicitando que inste o Estado brasileiro a evitar a aplicação da proposta e estabelecer uma alternativa social e ambientalmente adequada. Washington D.C., Estados Unidos e Altamira, Brasil. Ao autorizar a construção da Hidrelétrica de Belo Monte em plena Amazônia, o governo brasileiro aprovou, como medida de mitigação, um plano de manejo da vazão do rio Xingu que deixaria as comunidades indígenas e ribeirinhas da região, assim como espécies de plantas e animais sem água suficiente para sua subsistência. O plano de manejo deveria estar na fase de testes, mas será efetivamente aplicado no próximo ano quando forem instaladas todas as turbinas da usina. A Associação Interamericana para Defesa do Ambiente (AIDA) enviou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos um informe que detalha a situação de grave risco socioambiental, solicitando que a Comissão inste ao Estado brasileiro a evitar a aplicação da proposta e defina uma medida alternativa que de fato garantisse a manutenção da biodiversidade e os modos de vida das comunidades.  “O esquema autorizado para o manejo da vazão do rio ameaça a permanência de povos indígenas e ribeirinhos,  põe em risco de extinção espeécies endêmicas da região e compromete as condições ambientais para a dependênciafísica e cultural das comunidades”, explicou Liliana Ávila, advogada sênior da AIDA. O plano, chamado hidrograma de consenso, estabelece o volume de água que passará por uma parte do rio, denominada Volta Grande do Xingu, e o volume que será desviado para a produção de energia. Com isso se pretende reproduzir artificialmente a vazão natural do rio em épocas de cheia e de seca. O hidrograma de consenso consiste em na época de cheia garantir um fluxo mínimo médio de 4,000 m3/s durante um ano e de 8,000 m3/s para o ano seguinte, a partir de 2019. A medida propõe também uma vazão mínima de 700 m3/s para a época de seca. Apesar disso, o informe enviado a Comissão contém evidência científica e empírica comprovando que esses níveis de água são significativamente menores que os fluxos históricos do rio e não garantem que os peixes e as florestas aluviais possam sobreviver à redução proposta no curto e médio prazo. As evidências, que incluem informações do próprio Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e do monitoramento feito pelas comunidades, mostra que algumas espécies aquáticas, como os quelônios, só podem se alimentar e se reproduzir com vazões mínimas de 13,000 m³/s nos meses de cheia do rio, e, além disso, que o volume proposto para a época seca não garante que o rio continue sendo navegável. “O plano de manejo da vazão tampouco levou em consideração o monitoramento feito pelo povo Juruna em colaboração com a Universidade Federal do Pará (UFPA) e o Instituto Socioambiental (ISA)”, ressaltou Marcella Ribeiro, advogada da AIDA. “Já em 2016 e com níveis maiores de água do que os que se propõe aplicar, as comunidades reportaram graves impactos peixes e quelônios”. AIDA enviou o informe a Comissão como parte da denúncia formal contra o Estado brasileiro pelas violações de direitos humanos causadas pela construção da hidrelétrica. Em maio, junto com organizações aliadas, apresentamos nossos argumentos finais sobre o caso, evidenciando danos já ocorridos, entre eles o deslocamento forçado de povos indígenas e comunidades ribeirinhas, a morte massiva de peixes, danos diferenciados a homens e mulheres, e ameaças a sobrevivência das comunidades. Clique aqui para mais informações sobre o caso. Contato de comunicação Isabel Harari (Brasil), ISA, [email protected], +5561998261213 Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

Leer más
Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Brasil dejaría a comunidades, animales y plantas de la Amazonía sin el agua necesaria para subsistir

El riesgo proviene de la propuesta de manejo del caudal del río Xingú para la operación de la represa Belo Monte. AIDA informó de la situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitándole que exhorte al Estado brasileño a evitar la aplicación de la propuesta y a establecer una alternativa social y ambientalmente adecuada.  Washington D.C., Estados Unidos y Altamira, Brasil. Al autorizar la construcción de la represa Belo Monte en plena Amazonía, el gobierno brasileño avaló, como medida de mitigación, un plan de manejo del caudal del río Xingú que dejaría sin agua suficiente para subsistir a las comunidades indígenas y ribereñas de la zona, así como a especies de plantas y animales. El plan debería estar en fase de prueba, pero será aplicado el próximo año, cuando estén instaladas todas las turbinas de la hidroeléctrica. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe que detalla la situación de grave riesgo socioambiental, solicitando que la Comisión inste al Estado brasileño a evitar la aplicación de la propuesta y a definir una medida alternativa que sí garantice el mantenimiento de la biodiversidad y los modos de vida de las comunidades. “El esquema autorizado para el manejo del caudal del río amenaza la permanencia de pueblos indígenas y ribereños, y pone en riesgo de extinción a peces y bosques, recursos naturales de los que depende la vida física y cultural de las comunidades”, explicó Liliana Ávila, abogada sénior de AIDA. El plan, denominado hidrograma de consenso, establece el volumen de agua que pasará por una parte del río, denominada Vuelta Grande del Xingú, y el volumen que será desviado para la producción de energía. Con ello se pretende reproducir artificialmente el caudal natural del río en épocas de inundación y de sequía. Norte Energía, consorcio a cargo de la represa, propone para la época de inundación un caudal mínimo promedio de 4,000 m3/s durante un año y de 8,000 m3/s para el año siguiente, a partir del 2019. Y plantea además un caudal mínimo de 700 m3/s para la época seca. Sin embargo, el informe enviado a la Comisión contiene evidencia científica y social que da cuenta que esos niveles de agua son significativamente menores a los caudales históricos del río y que no garantizan que los peces y los bosques aluviales puedan sobrevivir a la reducción propuesta en el corto y mediano plazo. La evidencia, que incluye información del propio Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables y del monitoreo hecho por las comunidades, muestra además que algunas especies acuáticas, como los quelonios, sólo pueden alimentarse y reproducirse con caudales mínimos de 13,000 m³/s en los meses de inundación del río, y que el volumen propuesto para la época seca no garantiza que el río continúe siendo navegable. “El plan de manejo del caudal tampoco tomó en cuenta el monitoreo hecho por el pueblo Juruna en colaboración con la Universidad Federal del Estado del Pará y el Instituto Socioambiental (ISA)”, señaló Marcella Ribeiro, abogada de AIDA. “Ya en 2016 y con niveles mayores de agua de los que se propone aplicar, las comunidades reportaron la muerte de peces”. AIDA envío el informe a la Comisión como parte de la denuncia formal contra el Estado brasileño por las violaciones de derechos humanos causadas por la construcción de la represa. En mayo, junto con organizaciones aliadas, presentamos nuestros argumentos finales en el caso, evidenciando daños ya ocasionados, entre ellos el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades ribereñas, la muerte masiva de peces, daños diferenciados a hombres y mujeres, y amenazas a la sobrevivencia de las comunidades. Encuentra aquí más información del caso. Contactos de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Isabel Harari (Brasil), ISA, [email protected], +5561998261213  

Leer más
Fracking, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Autorización de pozos de fracking en Argentina viola obligaciones internacionales

AIDA presentó un escrito para respaldar el amparo interpuesto por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. En él evidenciamos las obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos incumplidas al autorizar la explotación de cuatro pozos petroleros mediante fracking, dentro de la formación Vaca Muerta, actividad que daña fuentes de agua y vulnera derechos de comunidades Mapuches. Mendoza, Argentina. En respaldo a la demanda de amparo interpuesta por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó un escrito (Amicus Curiae) ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza. En él evidenció las obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos incumplidas por la Dirección de Protección Ambiental al autorizar la explotación de cuatro pozos petroleros mediante fracking por la empresa El Trébol S.A. “La explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de fracking fue autorizada en Mendoza sin haberse realizado una evaluación de impacto ambiental”, dijo Claudia Velarde, abogada de AIDA. “La actividad fue presentada como ‘adecuación de infraestructura’ en el proceso de autorización y la autoridad ambiental otorgó los permisos en un tiempo récord de seis días”. Los pozos están dentro de Vaca Muerta, la principal formación de gas no convencional (gas shale o de esqusito) de Argentina y de América Latina. Y en la zona habitan comunidades Mapuches, reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y cuyos miembros deben ser consultados para obtener su consentimiento previo, libre e informado a cualquier actividad que afecte su territorio. Ese derecho no fue respetando, vulnerando —como se detalla en el escrito— el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, normas internacionales reconocidas por Argentina. “Los químicos usados en el fracking pueden contaminar aguas superficiales como subterráneas, incluyendo las de la laguna de Llancanelo, un humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar, tratado ratificado por el Estado argentino”, afirmó Velarde. “El sitio es zona de paso y descanso para más de 130 especies de aves residentes y migratorias” Además, las actividades de fracking requieren grandes cantidades de agua y Mendoza es una provincia que por años sufre de escasez de ese recurso, problema agravado por el cambio climático. Finalmente, en el escrito se resalta que no se cuenta con datos geológicos detallados de la zona ni con información de calidad sobre la dinámica de las aguas subterráneas. “Ante esa incertidumbre científica, las autoridades deben aplicar el principio de precaución”, explicó Velarde. “Con base en ese principio, una actividad con las características del fracking no debe ser autorizada si quienes buscan implementarla no pueden probar que no causará daños graves e irreversibles en el ambiente”. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107  

Leer más
Grandes Represas, Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Belo Monte: Expediente de fatos do caso

Atualização de agosto de 2018   Belo Monte é a terceira maior usina hidrelétrica do mundo, construída em um dos ecossistemas mais importantes do planeta: a floresta amazônica. A usina tem uma capacidade instalada de 11.233,1 MW e foi construída no rio Xingu, no estado do Pará, norte do Brasil.   Belo Monte causou e continuará causando mudanças dramáticas no rio Xingu e nas terras que o rodeiam. Atualmente, a usina está em funcionamento, com as obras civis praticamente concluídas. Em 5 de maio de 2016 a usina foi inaugurada, desviando de seu curso 80% do rio Xingu através de um canal de 500 metros de largura e 75 quilômetros de cumprimento.  Entre o canal e o reservatório, 516 km2 de terra foram inundados, uma área maior que a cidade de Chicago.  Desta área, 400 km2 eram de floresta nativa. Já estão em funcionamento 15 das 24 turbinas totais, com uma capacidade instalada de 5.733 MW Belo Monte não tem um estudo de impacto ambiental adequado. O estudo de impacto ambiental (EIA) não contém informações completas sobre os potenciais impactos do projeto ou sobre as medidas de mitigação a serem adotadas para garantir os direitos das comunidades ribeirinhas, indígenas e urbanas atingidas.  Houve violação ao direito à consulta e ao consentimento livre, prévio e informado das comunidades indígenas. Ainda que o Governo brasileiro tenha realizado reuniões com algumas comunidades indígenas, não cumpriu as normas internacionais para a realização de consultas e para obter o consentimento livre, prévio e informado das comunidades atingidas. O governo não proporcionou interpretes, as reuniões utilizaram uma extensa linguagem técnica, e foram realizadas anteriormente a finalização do EIA, de forma que não foi informada a totalidade dos impactos do projeto. O Hidrograma de Consenso, procedimento de revezamento de vazões artificiais de água que passam no trecho da Volta Grande do Rio Xingu que será implementado em 2019, levará à morte do rio e causará impactos irreversíveis. Este hidrograma busca o “consenso” entre a produção de energia e a manutenção da vida do rio, por meio da alternância entre vazões de água anualmente. Mesmo na sua maior vazão (Hidrograma B, com vazão de 8.000 m³/s), o hidrograma propõe um nível de água insuficiente para a manutenção das espécies aquáticas e da vida ribeirinha. Na região da Volta Grande do Xingu existem ao menos 26 espécies endêmicas que estão ameaçadas, e em 2016, com um volume de água de 10.000 m³/s, maior que o melhor cenário do hidrograma de consenso, toneladas de peixes e cracajás foram encontrados mortos ou com ovas secas. Um estudo publicado na revista Biological Conservation, e o monitoramento independente dos indígenas comprovam que as espécies que só existem nessa região correm o risco de extinção. Apesar do descumprimento das condicionantes sociais e ambientais exigidas pela licença ambiental prévia e as medidas cautelares outorgadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), o Brasil construiu e segue com a operação de Belo Monte.  Entre julho e agosto de 2015 completaram-se a primeira e a segunda etapa do processo de represamento do rio. Isto consistiu em barramentos provisórios para avançar a construção. Foram abertas comportas hidráulicas do vertedouro da Usina complementar para redirecionar as águas do Rio Xingu a seu leito original.  Sem embargo, devido a movimentação na corrente do rio, ocorre o arraste de materiais argilosos e a erosão das margens do vão, que ocasionam o aumento da turbidez nas águas do rio Xingu à jusante das operações. O fluxo de águas turvas é percebido pelas comunidades, que a associam a problemas da qualidade da água, à saúde e à produção pesqueira.     CONSULTA O DOCUMENTO COMPLETO  

Leer más
Grandes Represas, Derechos Indígenas

Comunidades indígenas de Guatemala presentan reclamo ante el BID por los daños de dos represas

Solicitan que el mecanismo de rendición de cuentas del Banco Interamericano de Desarrollo recomiende que la entidad financiera retire su inversión de las hidroeléctricas Pojom II y San Andrés porque al financiarlas incumplió sus propias políticas operativas. La planificación y ejecución de los proyectos ha causado daños a fuentes de agua y a los medios de vida de pueblos indígenas y mujeres. Washington D.C. Comunidades afectadas por las represas Pojom II y San Andrés en la microrregión de Ixquisis —representadas por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Gobierno Ancestral Plurinacional Q'anjob’al, Popti, Chuj y Akateko — presentaron una queja ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En ella solicitan que se recomiende al BID retirar su inversión debido a que incumplió sus propias políticas operativas al financiar las hidroeléctricas, cuya planeación y construcción ha resultado en daños sociales y ambientales. “Los daños causados por la implementación de ambos proyectos son el resultado del incumplimiento de las políticas operativas del BID, en particular de su política ambiental y de sostenibilidad, la de pueblos indígenas, la de género y la de divulgación de información”, explicó Liliana Ávila, abogada de AIDA. En la queja se detalla que las represas fueron autorizadas sin que las comunidades fueran adecuadamente consultadas y que éstas no han recibido información suficiente sobre los riesgos de los proyectos. Además, ante su resistencia pacífica a los mismos, las personas afectadas han sufrido ataques, amenazas, hostigamiento e incluso se denunció el asesinato aún no esclarecido de una de ellas en 2017. De otro lado, la construcción de las represas ha causado daños ambientales como la escasez de agua y la contaminación de ríos, afectando la pesca, la agricultura y los modos de vida tradicionales de las comunidades de Ixquisis, departamento de Huehuetenango, mayormente indígenas mayas y donde sobresalen las etnias Chuj, Q’anjob’al y Akateko. “Esos daños son sufridos de manera diferenciada por las mujeres, aspecto destacado en la queja, pues son ellas las que administran el uso del agua en sus hogares”, dijo Anabella Sibrián, de la Plataforma Internacional contra la Impunidad. “Las mujeres de Ixquisis enfrentan la estigmatización y viven con miedo a represalias hacia ellas o sus familias por su oposición a las represas”. La hidroeléctrica Pojom II es promovida por la empresa Generadora San Mateo S.A., mientras que San Andrés está a cargo de Generadora San Andrés S.A. Ambas empresas son subsidiarias de Promoción y Desarrollos Hídricos S.A., una compañía nacional. En 2013, el BID Invest, brazo privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, aprobó un préstamo de hasta 9 millones de dólares para la construcción de Pojom II y de hasta de 6 millones para el proyecto San Andrés. “Esperamos que el mecanismo de rendición de cuentas del BID concluya que el banco incumplió sus políticas y recomiende, por tanto, que el BID Invest retire la inversión de los proyectos”, enfatizó Ávila. La lucha de las comunidades de Ixquisis por el agua y el territorio fue recientemente galardonada por la organización internacional Front Line Defenders con el Premio para Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo 2018. Encuentra aquí más información del caso. Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

Leer más