Derechos Indígenas

Derechos Indígenas, Participación Ciudadana, Derechos Humanos

Escuchar a los pueblos indígenas para salvar al planeta

En América Latina hay más de 400 pueblos indígenas, varios de ellos habitan en el 80% de las áreas protegidas de la región, de acuerdo a la FAO. Su conocimiento ancestral para relacionarse con los ecosistemas que les rodean está reconocido como una forma de asegurar un ambiente sano y hacer frente al cambio climático. Sin embargo, pocas veces aprendemos de ellos y escuchamos lo que necesitan para continuar protegiendo los recursos. Pu’amé es la expresión en cora para decir “tú primero”. Se utiliza para ceder el paso, pero también como expresión de respeto cuando alguien está hablando y se le invita a proseguir, “continúa, te estoy escuchando”. Julián López, líder indígena náyeri y hablante de cora, me lo explicó durante una reunión de miembros de la sociedad civil con representantes de comunidades rurales de Nayarit, México. Fuimos a escucharlos. En esta reunión pu’amé se convirtió en una guía perfecta para prestar atención y comprender. Escuchar a los representantes de los pueblos indígenas es enfrentarse a cosmovisiones completamente distintas cuando has vivido en medio de una visión urbana y occidental del mundo. Mientras nuestra forma de vida se enfoca en consumir explotando los recursos para generar una ganancia inmediata y grande para seguir consumiendo, los pueblos indígenas ven en la tierra una fuente que requiere cuidados y agradecimiento por proveer de alimento y salud. Este choque de visiones ha provocado que los derechos de los pueblos indígenas sean violados incesantemente, poniendo en riesgo no sólo su integridad cultural, sino su propia vida. Mientras Julián me enseña algunas palabras en su lengua materna, el cora, me dice que para lograr un diálogo real con los pueblos hay que entenderlos. Visiones opuestas del desarrollo En la reunión, para hablar del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, hay representantes mexicaneros y coras de la zona alta y baja de la cuenca del río San Pedro Mezquital. Las preocupaciones son muchas: de construirse la hidroeléctrica o cualquier otro megaproyecto, ¿cuál sería el destino de sus hijos, de los sitios sagrados que comparten con otros pueblos, del equilibrio natural, de la vida en el río, de la calidad de los peces? Odilón de Jesús López, náyeri, expresa preocupado que “no han valorado que cuidar la naturaleza es para un bien de todos”. Cuestiona los comentarios cerrados que ha recibido por defender el río y los sitios ceremoniales. “¿Para qué nos sirve un lugar sagrado? Llevo ofrendas para dar las gracias de que hay buena vida”. Julián levanta la mano y cuestiona las formas diferentes de ver el desarrollo. “¿El desarrollo a costa de qué? Nosotros no podemos competir con la forma en que ellos ven el desarrollo, porque ellos ven dinero. ¿Qué queremos nosotros en nuestros pueblos?” Julián nos recuerda que la riqueza está en el aire limpio, en un río lleno de peces. Pero también habla de algo crucial: la pobreza. Es cierto que los pueblos indígenas buscan proteger su tierra y su cultura, pero Julián también admite que no hacer nada tampoco es una opción. Hay familias que no tienen ni para ofrecer lo básico a sus hijos: salud, educación y alimentación balanceada. Pero afirma que eso no se obtendrá destruyendo lo que los rodea. “¿Y si nos capacitan para usar los bosques de manera sustentable?”, sugiere. Los representantes de la cuenca baja, mexicaneros casi todos, le dan la razón. Ellos quieren aprender a explotar los recursos río abajo para siempre tener trabajo. Sin embargo, Julián menciona algo que a todos preocupa: la inseguridad. Él mismo ha sido víctima de amenazas y hostigamiento desde que se opone a la hidroeléctrica. En una visita a México, el Relator de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos señaló que las personas activistas indígenas y ambientalistas, cuya labor está relacionada con proyectos a gran escala de minería, energía e infraestructura, son las personas defensoras más criminalizadas. Julián conoce la situación de los defensores en toda la región y dice no sentirse solo en la lucha por proteger los ríos, pero también sabe que el riesgo está en todas partes. “Si en Colombia matan a un defensor, a nosotros también nos hacen daño”. Las mujeres y la Madre Tierra Si en general la situación es complicada para los hombres indígenas que buscan hacer oír sus voces, lo es más para las mujeres que deciden también opinar acerca de su territorio. Marcelina López, líder náyeri, habla con una voz muy suave y baja, mira hacia sus manos, y comienza a quejarse de lo difícil que ha sido luchar por su comunidad. De repente, con la voz clara y fuerte nos muestra su problema: “Las autoridades me tratan mal porque ven que soy indígena y mujer. Claro, somos pobres, indígenas; pero somo ricos con nuestra Madre Tierra”. Marcelina habla luego de lo poco que se les ha consultado para hacer proyectos de desarrollo, de la compra de consentimiento de la comunidad a través de servicios municipales y del discurso constante de que ellos, los pueblos, no saben ver “más allá”, hacia el progreso. “No entienden que no explotamos algunas cosas porque tenemos miedo de contaminarnos y el río está primero”. Gila de la Cruz, náyeri, más tímidamente, da la razón a Marcelina. Nos cuenta que, como mujer, sólo le quieren consultar temas relacionados con los niños y ella tiene una opinión sobre el río, los servicios en su comunidad y la producción de alimentos. Ejemplifica con un proyecto de drenaje que no aprueba ni ella ni gran parte de la comunidad. Los que vivimos en ciudades nos quedamos callados sin entender por qué algo que creemos necesario es rechazado. Nos pide no malentenderla, pero que las cosas no se imponen sólo porque siempre se han hecho así. Está preocupada porque no les han explicado todo. “Ponen los tubos, ¿y luego qué? ¿A dónde se va a ir el agua? ¿Al río? ¿No podemos reutilizar el agua?” Entonces, la queja de Gila tiene todo el sentido:0 el río podría estar en riesgo y las autoridades no les explican nada más y la regañan por cuestionar el proyecto. “Hay otras opciones, lo he visto. Hay alternativas, formas de hacerlo más sustentable y no contaminar el agua”. Enojada, afirma que sus opiniones no han sido escuchadas porque es mujer. necesitamos escuchar a las voces indígenas Todos los representantes de los pueblos coinciden en algo: no quieren ser vistos como una oposición cerrada sin deseos de tener una mejor vida. Piden diálogo. Entre sus actividades como campesinos, artesanos y pescadores, se dan tiempo para organizarse, aprender acerca de sus derechos, dominar un idioma que no es el suyo y llevar sus preocupaciones a las instituciones correspondientes. Cada uno conoce perfectamente que existen vías sustentables para mejorar su calidad de vida sin afectar su entorno. Julián pide que se establezca un entendimiento de todas las partes. “¿Podemos trabajar juntos? ¿Organizaciones, gobiernos e indígenas? Sí”. Julián pide capacitaciones, aprender de infraestructura, de economía socialmente responsable. Gila y Marcelina se han dedicado a buscar otras opciones más sustentables para producir sus alimentos, para construir, de salubridad. “Sólo necesitamos que nos enseñen”, dice Gila. Como humanidad, estamos atravesando un periodo en el que es necesario cuestionar todos los esquemas: nuestra forma de consumir, de utilizar los recursos, de la comodidad. Los pueblos indígenas han vivido por siglos de manera mucho más sustentable que las sociedades construidas bajo la mentalidad de la revolución industrial. Son, de varias maneras, ejemplos y oportunidades para reaprender, cambiar y mejorar. “Un día habrá un espacio público donde no exista miedo, donde pueda decir todo”, dice Gila acerca de los avances conseguidos en los últimos años, del espacio ganando lentamente. “Deben escucharnos a las mujeres, creen que debemos estar en casa, pero nos estamos organizando”. Marcelina le dice con satisfacción: “Sí se siente cuando uno lucha por la vida”.   

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Derechos Indígenas, Minería, Derechos Humanos

Cómo Brasil está amenazando los derechos indígenas y ambientales

Con la nueva presidencia, el Estado brasileño ha iniciado un desafortunado periodo de cambios —a su legislación, su estructura, su política exterior y sus políticas públicas— que amenazan con hacer que Brasil retroceda décadas en asuntos climáticos, ambientales y de derechos humanos. En los primeros meses de la nueva administración hubo varias modificaciones extremadamente cuestionables porque apuntan al debilitamiento de las garantías para los derechos indígenas y ambientales. Entre esas reformas, destacan las siguientes: La transferencia al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de las funciones más importantes del Ministerio de Medio Ambiente. La precarización de entidades gubernamentales responsables de fiscalizar casos de crímenes ambientales. La transferencia de la competencia para la demarcación de tierras indígenas de la Fundación Nacional del Indio a manos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento. La suspensión de contratos firmados entre entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil. El debilitamiento del proceso para otorgar permisos ambientales. La amenaza constante de retirar a Brasil de acuerdos internacionales sobre la protección del ambiente y de los pueblos indígenas, incluida la reciente de retirar al país de la Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos cambios parecen ser solo el comienzo pues el panorama podría agravarse. Hace poco, en uno de los mayores eventos sobre minería a nivel mundial (la convención de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá), el Ministro de Minas y Energía anunció que buscará la autorización de actividades mineras en territorios indígenas y zonas fronterizas. Afirmó que los pueblos indígenas no tendrán autonomía para impedir la instalación de minas en sus tierras. El anuncio da a entender que la prioridad del Estado estará en promover un desarrollo irresponsable y no en garantizar los derechos humanos. La amenaza de la minería a tierras indígenas El año pasado, con la aprobación del Decreto 9.406, se establecieron cambios importantes y flexibilizaciones para las actividades mineras, entre ellas prórrogas sucesivas para los permisos y la consideración de que los fundamentos para la minería son el interés nacional y la utilidad pública. En sí misma, la minería es una actividad que implica grandes daños ambientales porque rompe con el equilibrio natural de los ecosistemas. No puede ser pensada como una forma de desarrollo sostenible, sino como una actividad de muy alto riesgo que genera destrucción y contaminación. Más aún cuando Brasil no ha sido capaz de regular la minería en términos de seguridad mínima. Basta recordar el rompimiento, en menos de cuatro años, de dos presas de desechos mineros en el estado de Minas Gerais. El primer caso es considerado la mayor tragedia ambiental de la historia del país, y el segundo resultó en 197 muertes y 111 personas desaparecidas. Si para el gobierno la necesidad de la minería es innegable, también lo es la necesidad de un control estricto, del uso de las técnicas más seguras, y de una evaluación nacional seria sobre la viabilidad de cada mina. Ante los graves daños ambientales asociados a la minería, su implementación en tierras indígenas implica trasladar esos daños a una población minoritaria y vulnerable que depende directamente de la salud del ambiente para su sobrevivencia física y cultural. Las comunidades indígenas tienen el derecho constitucional a ser escuchadas ante proyectos que puedan afectarles. Algunas comunidades han creado protocolos sobre la forma en que quieren ser consultadas. Construir una mina contra la voluntad de una comunidad es violar sus derechos a la vida, a la autodeterminación, a la autonomía, al mantenimiento de su cultura, a no ser desplazados forzadamente, a beneficiarse de sus territorios originarios y al ambiente sano, entre muchos otros.  Con sus declaraciones, el Ministro de Minas y Energía muestra una falta total de compromiso con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución brasileña y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Revela su intención de apaciguar a los inversores, principalmente a la empresa canadiense detrás del proyecto minero Belo Sun, el cual busca instalar en las tierras indígenas ya afectadas por la construcción de la represa Belo Monte. En defensa de los pueblos indígenas La minería en tierras indígenas no es un tema regulado de forma adecuada y suficiente en Brasil, siendo necesaria una ley aprobada por el Congreso Nacional que respete los derechos fundamentales de las comunidades indígenas. El Congreso debe aprobar una ley que represente la protección de tierras indígenas y que incluya a las comunidades en el proceso. Ante los retrocesos planteados por el gobierno actual, la resistencia de las comunidades indígenas y de quienes las apoyan, se ha fortalecido. Organizaciones de la sociedad civil como AIDA están comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la protección de los territorios indígenas y con la rendición de cuentas de gobiernos y empresas cuando sea necesario.  

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Derechos Indígenas, Minería, Derechos Humanos

Os retrocessos dos direitos ambientais e indígenas brasileiros

Com o novo mandato presidencial, o Estado brasileiro está no início de uma infeliz jornada de mudanças — na sua legislação, na sua estrutura, na sua política externa e nas suas políticas públicas— que ameaçam retroceder o Brasil em décadas nos assuntos de mudança climática, meio ambiente e direitos humanos. Nos primeiros meses da nova administração houve diversas modificações extremamente questionáveis visto que levam ao enfraquecimento da garantia dos direitos humanos indígenas e ambientais. Entre essas mudanças, destacam-se: A transferência das funções mais importantes do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A precarização de órgãos governamentais responsáveis pela fiscalização de crimes ambientais. A transferência da competência para demarcação de terras indígenas da Fundação Nacional do Índio para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A suspensão dos contratos celebrados entre organizações estatais e entidades da sociedade civil. A fragilização do licenciamento ambiental. A constante ameaça de retirar o Brasil de acordos internacionais sobre proteção indígena e ambiental, incluindo a recente ameaça de se retirar da Convenção 169 da OIT Essas alterações são apenas o começo pois o panorama pode piorar. Recentemente, em um dos maiores eventos sobre mineração do mundo (o Prospectors and Developers Association of Canada), o Ministro de Minas e Energia anunciou que buscará a autorização para realizar mineração em territórios indígenas e em faixas de fronteiras. Acrescentando que os povos indígenas não terão autonomia para vetar a instalação das minas em suas terras. O anúncio esclarece que a prioridade do Estado brasileiro está em promover um desenvolvimento irresponsável, e não em garantir os direitos humanos. A AMEAÇA DE MINERAÇÃO EM TERRAS INDÍGENAS Ano passado, com a aprovação do Decreto nº 9.406, se estabeleceram mudanças importantes e flexibilizações para as atividades de mineração, entre elas a previsão expressa do interesse nacional e utilidade pública como fundamentos da atividade mineral; e a possibilidade de prorrogações sucessivas do alvará na hipótese de falta de acesso, bem como na falta de assentimento ou licença do órgão ambiental.  A mineração é por si só uma atividade de imenso impacto ambiental que rompe o equilíbrio de biomas e ecossistemas. Não pode ser pensada como forma de desenvolvimento sustentável, mas sim como uma atividade humana de altíssimo risco que gera destruição e poluição. Principalmente, quando o Brasil demonstra ter dificuldade em regular a mineração de forma minimamente segura. Basta lembrar dos dois grandes rompimentos de barragens, nos últimos quatro anos no estado de Minas Gerais. O primeiro deles sendo a maior tragédia ambiental da história do país, destruindo rios, biodiversidade, e o segundo resultando em 197 mortos e 111 desaparecidos. Se para o governo a necessidade da mineração é inegável, também é inegável a necessidade de um controle rígido, da utilização das técnicas mais seguras, e de uma avaliação nacional séria de viabilidade individual de cada mina. Com todos esses graves impactos ao meio ambiente, o desenvolvimento da mineração em terras indígenas vai alocar os prejuízos ambientais à uma minoria que depende diretamente da saúde do meio ambiente para sua sobrevivência física e cultural. As comunidades indígenas têm o direito constitucional a serem ouvidas diante de projetos que possam afetá-las. Algumas comunidades já criaram protocolos que determinam de que forma querem ser consultadas. Construir uma mina contra a vontade de uma comunidade indígena é violar seus direitos à vida; à autodeterminação; à autonomia; à manutenção de sua cultura; à não serem deslocados contra sua vontade; ao usufruto de seus territórios originais; ao meio ambiente sadio, entre diversos outros. Com suas declarações o Ministro mostra uma total falta de comprometimento com os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição brasileira e com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Revela a intenção de apaziguar investidores, principalmente, a respeito do projeto de Belo Sun (mineradora canadense) em processo de licenciamento para se estabelecer em Terras Indígenas já vulneráveis pela construção da Usina Hidroelétrica Belo Monte. EM DEFESA DOS POVOS INDÍGENAS A mineração em terras indígenas não é um tema regulado de forma adequada e suficiente no Brasil, sendo necessária a aprovação de lei pelo Congresso Nacional que respeite os direitos fundamentais das comunidades indígenas. O Congresso deve aprovar uma lei que garanta a proteção constitucional das terras indígenas e que inclua as comunidades em sua elaboração. Diante de tantos retrocessos pelo atual governo, a resistência das comunidades indígenas e de quem as apoia, tem se fortalecido. Organizações da sociedade civil, como a AIDA, estão comprometidas com a defesa dos direitos humanos, a proteção de territórios indígenas, e com a responsabilização de governos e empresas quando necessário.  

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Grandes Represas, Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Pronunciamento sobre o assassinato de Dilma Ferreira Silva, líder do Movimento dos Atingidos por Barragens do Brasil

Em face do crime brutal cometido, em 22 de março, contra uma coordenadora do Movimento dos Atingidos por Barragens, no Brasil, as organizações defensoras dos direitos humanos e do meio ambiente, signatárias abaixo, instam as autoridades brasileiras e as organizações multilaterais à garantir que as obrigações do Estado relativas à proteção de defensores e defensoras sejam implementadas. Com profunda tristeza e indignação, recebemos a notícia que Dilma Ferreira Silva, uma coordenadora regional do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), juntamente com seu esposo Claudionor Costa da Silva, e Hilton Lopes, um amigo da família, foram assassinados na sexta-feira, 22 de março, no estado do Pará. Os corpos das três vítimas foram encontrados em sua residência com sinais de tortura. Dilma Ferreira Silva era uma ativista proeminente e líder consagrada que, durante mais de três décadas, lutou pelos direitos dos impactados por Tucuruí, grande hidroelétrica construída na Amazônia brasileira durante a ditadura militar que provocou o deslocamento forçado de 32 mil pessoas e graves impactos ambientais. Este não é o primeiro caso de um brutal assassinato perpetrado contra um defensor de direitos humanos na região da hidroelétrica de Tucuruí. Em abril de 2009, Raimundo Nonato do Carmo, um líder sindical que lutou em nome daqueles cujas vidas foram arruinadas por Tucuruí, foi baleado sete vezes por dois homens em uma motocicleta, enquanto saía de um supermercado na rua em que vivia, na cidade de Tucuruí. Dilma dedicou sua vida a promover uma política nacional que levasse em consideração os direitos das e dos atingidos por barragens, incluindo um enfoque de gênero para as mulheres impactadas. Dilma vivia no assentamento Salvador Allende, área regularizada em 2012 pelo governo federal para agricultores familiares como fruto da mobilização do Movimento dos Trabalhadores Sem Terras (MST) com apoio do MAB.  No entanto, a área continuou a ser cobiçada por grileiros e fazendeiros que invadem e tomam controle de terras públicas e comunitárias. Esse é o caso de Fernando Ferreira Rosa Filho (também conhecido como "Fernandinho"), preso pela polícia civil do estado do Pará, como principal suspeito no triplo homicídio de Dilma Ferreira, Claudionor Costa da Silva e Hilton Lopes. O assassinato de Dilma Ferreira Silva evidencia a grave situação enfrentada pelos defensores dos direitos humanos e do meio ambiente no Brasil, que em 2017 foi o país com o maior número de mortes de defensores, com um homicídio registrado a cada seis dias. A nova administração do Presidente Jair Bolsonaro tem intensificado as recentes tentativas de enfraquecer a progressista legislação brasileira sobre proteção ambiental e direitos humanos- especialmente as relativas às comunidades indígenas, quilombolas, pequenos agricultores e outras populações tradicionais. Tais tentativas têm entrado em conflito com a própria Constituição Federal Brasileira, aprovada em 1988 durante o período de redemocratização ocorrido após o regime militar. O retrocesso nas políticas públicas, juntamente com as declarações públicas que incitam a violência em áreas de conflito, estão aumentando seriamente os riscos enfrentados pelos defensores dos direitos humanos e ambientais, como Dilma Ferreira Silva.    As organizações em defesa do meio ambiente e de direitos humanos signatárias deste comunicado expressam sua solidariedade à família de Dilma e ao Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). Sem dúvida, este assassinato é uma enorme perda para a defesa do meio ambiente e dos direitos humanos na Amazônia. Apoiamos o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos em sua declaração que exige uma investigação completa, independente e imparcial do assassinato de Dilma Ferreira Silva, bem como a punição exemplar dos executores e mandantes deste crime horrendo. Além disso, instamos as autoridades brasileiras a garantir que a legislação interna do país e as obrigações internacionais relativas à garantia de direitos humanos e proteção dos defensores do meio ambiente sejam plenamente implementadas, incluindo medidas preventivas para evitar novos atos de violência. Assinado,   1. 350.org 2. Aborigen-Forum 3. AMAR - Associação de Defesa do Meio Ambiente de Araucária 4. Amazon Watch 5. APREC Ecossistemas Costeiros 6. Arctic Consult 7. Articulação Antinuclear Brasileira 8. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente - AIDA 9. Associação Mineira de Defesa do Ambiente – Amda 10. Association green alternative Georgia 11. Association of Journalists-Environmentalists of the Russian Union of Journalists 12. BAI Indigenous Women's Network in the Philippines 13. Bank Information Center (BIC) USA 14. Biodiversity Conservation Center 15. Both ENDS 16. Bretton Woods Project 17. Buryat Regional Association for Baikal 18. Business & Human Rights Center 19. Center for International Environmental Law - CIEL 20. CIDSE - International family of Catholic social justice organizations 21. Coalition for Human Rights in Development 22. Colegiado Mar RBMA/Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - Grupo Conexão Abrolhos -Trindade 23. Coletivo de Mulheres do Xingu 24. Coletivo de Mulheres Negras de Altamira 25. Comisión Ecumenica de Derechos Humanos 26. Comité Ambiental en Defensa de la Vida 27. Conectas Direitos Humanos 28. Conseil Régional des Organisations Non Gouvernementales de Développement en RDC 29. Conselho Indigenista Missionário - CIMI 30. Corporación SOS Ambiental 31. Crescente Fértil 32. Derecho Ambiente y Recursos Naturales - DAR 33. Derechos Humanos y Medio Ambiente - DHUMA 34. Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno - Perú 35. DKA Austria 36. ECOA - Ecologia e Ação 37. Ecological Center DRONT 38. Ecolur Information NGO 39. Environmental Investigation Agency 40. Fastenopfer Switzerland 41. Focsiv - Federation of Italian Christian NGOs 42. Fórum em Defesa de Altamira 43. Foundation Sami Heritage and Development 44. Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil 45. Front Line Defenders 46. Fundação Avina 47. Fundação Grupo ESQUEL 48. Future for Everyone 49. Global Witness 50. Green Dubna 51. Green Peace Brasil 52. ONG Guajiru 53. In Difesa Di - per i Diritti Umani e chi li difende 54. Indigenous Peoples Movement for Self-determination and Liberation (IPMSDL) 55. Instituto Igarapé 56. Instituto Terramar 57. Institutos Ethos 58. International Indigenous Fund for Development and Solidarity "Batani" dos EUA 59. International Land Coalition Secretariat 60. International Rivers 61. Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (Katribu national alliance of indigenous peoples in the Philippines) 62. Kazan Federal University 63. Latin America Working Group 64. London Mining Network 65. Lumiere Synergie pour le Developpement 66. MAB - Movimento dos Atingidos por Barragens 67. Maryknoll Office for Global Concerns 68. MISEREOR 69. Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) 70. Movimento Negro 71. Movimento Paulo Jackson - Ética, Justiça, Cidadania 72. Movimento Tapajós Vivo 73. Movimento Xingu Vivo para Sempre 74. Movimiento de Afectados por Represas de America Latina - MAR 75. O Movimento Nacional das Cidadãs Posithivas (MNCP) 76. Oyu Tolgoi Watch 77. Pax Christi - Comisión Solidaridad Un Mundo Alemania 78. Pax Christi Internacional 79. Pax Christi Toronto 80. Projeto Saúde e Alegria 81. Protection International 82. Public Interest law Center (PILC/CHAD) 83. Red de Comités Ambientales del Tolima 84. Red de Género y Medio Ambiente de México 85. REDE GTA 86. Resource Rights Africa da Uganda 87. Rivers without Boundaries International Coalition 88. Rivers without Boundaries - Mongolia 89. SAPÊ - Sociedade Agrense de Proteção Ecológica 90. SCIAF - Scottish Catholic International Aid Fund 91. Serpaj Chile 92. Siberian Environmental Organization 93. Socio-ecological Union International 94. Tatarstan Organization of the All-Russian Society for the Conservation of Nature 95. Terra 1530 96. The Canadian Catholic Organization for Development and Peace/Caritas 97. The Society for Threatened Peoples International STPI - Gesellschaft für bedrohte Völker-International, GfbV-International 98. The Volunteer Movement Save Utrish 99. Toxisphera - Associação de Saúde Ambiental 100. Tutela Legal Maria Julia Hernández 101. Uma Gota no Oceano 102. Uniafro Brasil 103. Washington Office on Latin America - Wola 104. WoMin African Alliance 105. World Wide Fund for Nature – WWF/Brasil  

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Grandes Represas, Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Pronunciamiento sobre el asesinato de Dilma Ferreira Silva, lideresa del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil

Ante el brutal crimen cometido el 22 de marzo contra una coordinadora del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y del ambiente, abajo firmantes, hacen un llamado a las autoridades brasileñas y a los organismos multilaterales para garantizar que las obligaciones del Estado relativas a la protección de defensores y defensoras sean implementadas. Con profunda tristeza e indignación, recibimos la noticia de que Dilma Ferreira Silva, coordinadora regional del Movimiento de Afectados por Represas (MAB), juntamente con su esposo Claudionor Costa da Silva y Hilton Lopes, un amigo de la familia, fueron asesinados el viernes 22 de marzo en el estado amazónico de Pará (Brasil). Las tres personas fueron encontradas en su casa con signos de tortura. Dilma Ferreira Silva era una destacada activista y reconocida líder que, durante más de tres décadas, luchó por los derechos de las personas afectadas por Tucuruí, una gran hidroeléctrica construida en el río Tocantins de la Amazonía brasileña durante la dictadura militar, que provocó el desplazamiento de 32 mil personas y graves daños ambientales. Este no es el primer caso de un brutal asesinato perpetrado contra una persona defensora de los derechos humanos en la región de la represa de Tucuruí. En abril de 2009, Raimundo Nonato do Carmo, un dirigente sindical que luchó en nombre de aquellos cuyas vidas fueron arruinadas por la represa de Tucuruí, fue asesinado cuando salía de un supermercado en la calle donde vivía, en el pueblo de Tucuruí, por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y que le profirieron siete disparos. Dilma dedicó su vida a promover una política nacional que tuviera en cuenta los derechos de las y los afectados por represas, incluyendo un enfoque de género para las mujeres afectadas. Dilma vivía en el asentamiento Salvador Allende, área regularizada en 2012 por el gobierno federal para agricultores familiares como fruto de la movilización del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierras (MST) con apoyo del MAB. Sin embargo, la zona era objeto de interés económico para ganaderos y especuladores que invaden las tierras comunales. Es el caso de Fernando Ferreira Rosa Filho “Fernandinho”, arrestado por la Policía Civil de Pará y encarcelado como el principal sospecho de encomendar el asesinato de Dilma Ferreira, Claudionor Costa da Silva y Hilton Lopes. El asesinato de Dilma Ferreira Silva evidencia la grave situación en que se encuentran las y los defensores de derechos humanos y de la naturaleza en Brasil, que en 2017 fue el país con mayor número de muertes de personas defensoras, registrándose un asesinato cada seis días.  La nueva administración del presidente Jair Bolsonaro ha intensificado los intentos de minar la legislación progresiva brasileña sobre la protección ambiental y las garantías de los derechos humanos, especialmente de los pueblos indígenas, quilombolas (descendientes de esclavos africanos), campesinos y otras poblaciones tradicionales. Estos intentos han entrado en conflicto con la propia Constitución Federal de Brasil, aprobada en 1988 durante un periodo de redemocratización después de la dictadura militar. Retroceder en las políticas públicas, junto con declaraciones públicas que incitan a la violencia en áreas conflictivas, está incrementando seriamente los riesgos que enfrentan los defensores y defensoras del ambiente y de los derechos humanos como Dilma Ferreira Silva. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos y del ambiente abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con la familia de Dilma y con el Movimiento de Afectados por Represas. Sin duda, su asesinato es una pérdida enorme para la defensa del ambiente y los derechos humanos en la Amazonía. Apoyamos al Concejo de Derechos Humanos de la ONU en su exigencia de investigaciones completas, independientes e imparciales del asesinato de Dilma Ferreira Silva, así como del castigo ejemplar de los autores materiales e intelectuales de este crimen. Además, hacemos un llamado a las autoridades brasileñas para garantizar que se cumplan las obligaciones nacionales e internacionales del país respecto de la protección de los derechos humanos y de las personas defensoras del ambiente, incluyendo mecanismos preventivos para evitar más actos de violencia.   Firmantes:   1. 350.org 2. Aborigen-Forum 3. AMAR - Associação de Defesa do Meio Ambiente de Araucária 4. Amazon Watch 5. APREC Ecossistemas Costeiros 6. Arctic Consult 7. Articulação Antinuclear Brasileira 8. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente - AIDA 9. Associação Mineira de Defesa do Ambiente – Amda 10. Association green alternative Georgia 11. Association of Journalists-Environmentalists of the Russian Union of Journalists 12. BAI Indigenous Women's Network in the Philippines 13. Bank Information Center (BIC) USA 14. Biodiversity Conservation Center 15. Both ENDS 16. Bretton Woods Project 17. Buryat Regional Association for Baikal 18. Business & Human Rights Center 19. Center for International Environmental Law - CIEL 20. CIDSE - International family of Catholic social justice organizations 21. Coalition for Human Rights in Development 22. Colegiado Mar RBMA/Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - Grupo Conexão Abrolhos -Trindade 23. Coletivo de Mulheres do Xingu 24. Coletivo de Mulheres Negras de Altamira 25. Comisión Ecumenica de Derechos Humanos 26. Comité Ambiental en Defensa de la Vida 27. Conectas Direitos Humanos 28. Conseil Régional des Organisations Non Gouvernementales de Développement en RDC 29. Conselho Indigenista Missionário - CIMI 30. Corporación SOS Ambiental 31. Crescente Fértil 32. Derecho Ambiente y Recursos Naturales - DAR 33. Derechos Humanos y Medio Ambiente - DHUMA 34. Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno - Perú 35. DKA Austria 36. ECOA - Ecologia e Ação 37. Ecological Center DRONT 38. Ecolur Information NGO 39. Environmental Investigation Agency 40. Fastenopfer Switzerland 41. Focsiv - Federation of Italian Christian NGOs 42. Fórum em Defesa de Altamira 43. Foundation Sami Heritage and Development 44. Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil 45. Front Line Defenders 46. Fundação Avina 47. Fundação Grupo ESQUEL 48. Future for Everyone 49. Global Witness 50. Green Dubna 51. Greenpeace Brasil 52. In Difesa Di - per i Diritti Umani e chi li difende 53. Indigenous Peoples Movement for Self-determination and Liberation (IPMSDL) 54. Instituto Igarapé 55. Instituto Terramar 56. Institutos Ethos 57. International Indigenous Fund for Development and Solidarity "Batani" dos EUA 58. International Land Coalition Secretariat 59. International Rivers 60. Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (Katribu national alliance of indigenous peoples in the Philippines) 61. Kazan Federal University 62. Latin America Working Group 63. London Mining Network 64. Lumiere Synergie pour le Developpement 65. MAB - Movimento dos Atingidos por Barragens 66. Maryknoll Office for Global Concerns 67. MISEREOR 68. Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) 69. Movimento Negro 70. Movimento Paulo Jackson - Ética, Justiça, Cidadania 71. Movimento Tapajós Vivo 72. Movimento Xingu Vivo para Sempre 73. Movimiento de Afectados por Represas de America Latina - MAR 74. O Movimento Nacional das Cidadãs Posithivas (MNCP) 75. ONG Guajiru 76. Oyu Tolgoi Watch 77. Pax Christi - Comisión Solidaridad Un Mundo Alemania 78. Pax Christi Internacional 79. Pax Christi Toronto 80. Projeto Saúde e Alegria 81. Protection International 82. Public Interest law Center (PILC/CHAD) 83. Red de Comités Ambientales del Tolima 84. Red de Género y Medio Ambiente de México 85. REDE GTA 86. Resource Rights Africa da Uganda 87. Rivers without Boundaries - Mongolia 88. Rivers without Boundaries International Coalition 89. SAPÊ - Sociedade Agrense de Proteção Ecológica 90. SCIAF - Scottish Catholic International Aid Fund 91. Serpaj Chile 92. Siberian Environmental Organization 93. Socio-ecological Union International 94. Tatarstan Organization of the All-Russian Society for the Conservation of Nature 95. Terra 1530 96. The Canadian Catholic Organization for Development and Peace/Caritas 97. The Volunteer Movement Save Utrish 98. The Society for Threatened Peoples International STPI - Gesellschaft für bedrohte Völker-International, GfbV-International 99. Toxisphera - Associação de Saúde Ambiental 100. Tutela Legal Maria Julia Hernández 101. Uma Gota no Oceano 102. Uniafro Brasil 103. Washington Office on Latin America - Wola 104. WoMin African Alliance 105. World Wide Fund for Nature – WWF/Brasil  

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Fortalecimiento de Capacidades, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Seminario virtual "Las Mujeres Somos Agua"

Las organizaciones que integramos la Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) en Latinoamérica nos unimos nuevamente en la campaña "Las Mujeres Somos Agua", que busca visibilizar el rol de las mujeres de la región en la defensa del agua potable, los impactos específicos que sufren por la desaparición y contaminación de sus fuentes de agua, así como apoyar su actuación en la gestión y decisiones sobre este bien común.   La campaña culminó en este seminario en línea, un espacio para el diálogo donde las personas tuvimos oportunidad de intercambiar visiones, conocimientos e ideas sobre el rol y protagonismo de las mujeres diversas en las luchas por la defensa territorial en nuestros países.     Defensoras del agua latinoamericanas compartieron sus experiencias organizativas, demandas y cómo las mujeres responden y se convierten en protagonistas de las luchas colectivas en defensa del agua.     PANELISTAS Mirna Luisa Morataya, Colectiva Feminista para el desarrollo local (El Salvador). Angelina Barrientos, Organización de Mujeres Guaraní de Macharety Laguna Negra, Departamento de Boquerón (Chaco Paraguayo). Dayana Alieth Pinilla Velásquez, Corporación Sihyta, Bogotá (Colombia). Elodia Castillo Vasquez, Alcaldesa indígena maya Ch'orti', Asociación Coordinadora de Asociaciones y Comunidades para el Desarrollo Integral de la Región Ch´orti´ - COMUNDICH (Guatemala). Bernarda Benítez Gudiño, Presidenta de la Asociación de Mujeres de la Provincia O'connor "AMPRO", Municipio de Entre Ríos (Bolivia). Cirpiana Mamani Aramayo, Presidenta de la Integración de Mujeres Organizadas del Municipio de Bermejo - INMUOR-BJO (Bolivia). Moderó: Adela Bonilla, Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador.   GRABACIÓN   Presentaciones 1. Presentación de Mirna Luisa Morataya, Colectiva Feminista para el desarrollo local (El Salvador):   2. Presentación de Angelina Barrientos, Organización de Mujeres Guaraní de Macharety (Chaco Paraguayo):   3. Presentación de Bernarda Benítez Gudiño, Presidenta de la Asociación de Mujeres de la Provincia O'connor "AMPRO" (Bolivia):    4. Presentación de Cirpiana Mamani Aramayo, Presidenta de la Integración de Mujeres Organizadas de Bermejo (Bolivia):  

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Grandes Represas, Derechos Indígenas

Mecanismo de rendición de quejas del BID admite queja contra represas en Guatemala

En la queja, personas afectadas por las represas Pojom II y San Andrés en la microrregión de Ixquisis solicitan que se recomiende al BID retirar su inversión porque incumplió sus propias políticas operativas al financiar las hidroeléctricas, cuya planeación y construcción ha causado daños sociales y ambientales. Washington DC, Estados Unidos. El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) declaró elegible la reclamación presentada contra las represas Pojom II y San Andrés, financiadas por esa entidad, por personas de la microrregión de Ixquisis, departamento de Huehuetenango, al norte de Guatemala. La queja fue presentada el 4 de agosto de 2018 y fue admitida el 31 de enero pasado. En ella, las personas afectadas —representadas por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti y Mestiza— evidencian que el financiamiento de las hidroeléctricas por parte del BID Invest, brazo privado del Grupo del BID, incumple las políticas operativas de la entidad en materia de pueblos indígenas, ambiente y género. “Dada la robusta documentación presentada, esperamos que el MICI concluya que el banco incumplió sus políticas y recomiende, por tanto, que retire su inversión de los proyectos”, señaló Rigoberto Juarez, representante del Gobierno Plurinacional. “Así contribuiría al cese de los ataques contra las personas de Ixquisis, en su mayoría mujeres mayas, por parte de las empresas a cargo de las represas y con apoyo de fuerzas de seguridad nacional”. La hidroeléctrica Pojom II es promovida por la empresa Generadora San Mateo S.A., mientras que San Andrés está a cargo de Generadora San Andrés S.A. Ambas empresas son subsidiarias de Promoción y Desarrollos Hídricos S.A., una compañía nacional. El BID Invest aprobó en 2013 un préstamo de 7 millones de dólares para Pojom II y de 6 millones para San Andrés. La queja documenta que la planeación y construcción de ambos proyectos ha derivado en la vulneración de derechos de hombres y mujeres de la microrregión, así como en considerables daños ambientales en las cuencas de los ríos Pojom, Negro y Yalhuitz, de los que dependen los modos de vida de las comunidades de la zona. En la queja se resaltan además los daños diferenciados en la vida y en el goce efectivo de derechos de las mujeres de Ixquisis, y la grave situación de riesgo que enfrentan las comunidades por la defensa de su agua y territorio. El mecanismo de rendición de cuentas del BID admitió la queja debido a que la misma cumple con los criterios correspondientes, lo cual fue constatado tras numerosas reuniones presenciales y telefónicas con distintos actores, entre ellos los denunciantes, la administración del BID, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de organismos internacionales. “Esta decisión es un paso muy importante en el proceso de rendición de cuentas de las instituciones financieras internacionales”, dijo Anabella Sibrián, de Plataforma Internacional contra la Impunidad. “Es importante que este tipo de proyectos no sean financiados por los daños ambientales y sociales que provocan”. No obstante, el mecanismo excluyó de la admisión el análisis de cumplimiento del banco respecto de la realización de una consulta previa a las comunidades indígenas afectadas, en los términos establecidos en el Convenio 169 de la OIT. Su argumento fue que ese tema está siendo objeto de procesos arbitrales o judiciales a nivel interno. “No existen razones para esa exclusión porque las demandas de amparo presentadas en tribunales nacionales cuestionan la violación de derechos fundamentales y no hacen referencia al financiamiento por parte del banco”, sostuvo Liliana Ávila, abogada sénior de AIDA. “Por tanto, no existen procesos pendientes que impidan indagar la actuación del banco en términos de la consulta previa”. Admitida la queja, la dirección del MICI elaborará términos de referencia para la investigación y recomendaciones en torno a la realización o no de una verificación de la observancia. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

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Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Hidroeléctrica Las Cruces no es viable hoy, ni a futuro; revela nuevo estudio

Retiran el proyecto Las Cruces de los planes de la Secretaría de Energía. El costo del proyecto pasó de $ 7,995 millones de pesos en 2012 a $ 13,300 millones de pesos en 2018. Sus impactos negativos en la salud y la economía local no se consideraron. Estos hechos se suman a la defensa del territorio y derechos humanos de comunidades indígenas de la cuenca del río San Pedro Mezquital. Tepic, Nayarit. El proyecto hidroeléctrico Las Cruces es inviable estratégica y financieramente, según concluye el estudio realizado por la Asociación Civil, SuMar-Voces por la Naturaleza. Dada esta situación, organizaciones de la sociedad civil piden al actual gobierno federal que anuncie la cancelación definitiva de dicho proyecto y que se dé paso a un proceso abierto de diálogo e inclusión con las comunidades para discutir alternativas de desarrollo que generen un verdadero desarrollo sustentable en la región.   Representantes de organizaciones civiles señalaron que la Secretaría de Energía (Sener) ha retirado el proyecto hidroeléctrico Las Cruces del Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen 2016-2030); y en el Prodesen 2017-2031, propone en su lugar una diversificación de la matriz eléctrica con tecnología renovable.   El estudio identifica que, en el nuevo contexto del sector energético, Las Cruces no es necesaria hoy, ni a futuro, para satisfacer los requerimientos del sistema eléctrico nacional. “La inversión en tecnologías renovables a pequeña escala y cerca del lugar de consumo, es más atractivo para los inversionistas, más estratégico para el sistema eléctrico nacional y más eficiente para las redes de distribución”, señaló Ernesto Bolado Martínez, director de SuMar.   La apertura del sector eléctrico a la inversión privada y las tendencias internacionales de generación de energía con fuentes renovables, han cambiado las proyecciones de la Sener respecto al proyecto hidroeléctrico Las Cruces. Lo anterior aunado a un incremento de sus costos en más del 80 por ciento, tanto por el incremento de los materiales de construcción como de la variación en el tipo de cambio respecto al dólar, que elevó su costo a más de 13 mil millones de pesos.   Según documentos de la Secretaría de Energía, el sistema eléctrico en México presenta una pérdida de energía por transmisión y distribución de aproximadamente del 13 por ciento, lo que a su vez representa pérdidas de $ 42,246 millones de pesos anuales. Estas pérdidas no se valoraron para el proyecto Las Cruces, que produciría energía en Nayarit, para enviarla a Jalisco, Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí, quienes demandarían el 73 por ciento de esta energía.   Por otro lado, el proyecto hidroeléctrico Las Cruces se analizó bajo el enfoque de sustentabilidad financiera y ambiental, resultando que en su valoración no se consideraron los costos de impactos ambientales, sociales y económicos en localidades aguas abajo de la presa y sus respectivas medidas de mitigación. Tampoco se incluyeron los costos de operación, mantenimiento y abandono de las instalaciones durante y después de su vida útil.   Otro factor que no se evaluó son los costos a la salud por el incremento de enfermedades relacionadas con la presa durante su construcción y operación. El estudio señala que las mujeres son las más vulnerables y los casos de diarrea se incrementan en un 60 por ciento durante el proceso de construcción. Además, se identifican al menos 12 localidades que deberían reubicarse por estar dentro de la zona de riesgo de contraer enfermedades transmitidas por mosquitos.   Las hidroeléctricas no deberían considerarse fuentes de energía limpia, ya que una hidroeléctrica en un clima tropical, durante sus primeros 10 años de vida, emitirá cuatro veces más gases de efecto invernadero que una planta que funcione con combustibles fósiles, revela la investigación hecha por la asociación civil. Además, el cálculo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la emisión de gases de efecto de invernadero para Las Cruces es incorrecto.   En septiembre de 2014, la Semarnat, autorizó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, promovido por la CFE. La autorización se otorgó de manera condicionada a cumplir con una serie de observaciones. En particular, la Condicionante I del resolutivo de Semarnat (Oficio No. SGPA/DGIRA/DG 07893), exige a la CFE, entre otros, el cumplimiento del artículo 120 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE, 2014), respecto a la obligación de presentar una evaluación de impacto social que “deberá contener la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales que podrán derivarse de sus actividades, así como las medidas de mitigación correspondientes”.   En rueda de prensa, representantes de organizaciones civiles y de las comunidades de la cuenca del río San Pedro, refrendaron su solicitud al gobierno federal para que confirme el retiro del proyecto hidroeléctrico Las Cruces de los planes de la Secretaría de Energía.   Descargue el estudio completo. Contacto de prensa: Ernesto Bolado Martínez, [email protected]    

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Fortalecimiento de Capacidades, Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Defendiendo los derechos de las mujeres para lograr justicia ambiental

Pese a que las mujeres lideran gran parte de las luchas por la defensa y conservación de la naturaleza en todo el mundo, con frecuencia son excluidas de las decisiones sobre el uso de la tierra, el agua y otros recursos naturales. Además, son las principales afectadas cuando proyectos inadecuadamente implementados contaminan el aire y el agua, y causan desplazamientos forzados y otros daños. El cambio climático les afecta también de manera diferente y, muchas veces, más grave. En esos casos, las mujeres —particularmente indígenas— son altamente vulnerables a perder sus modos de vida, sus ingresos y sus hogares. En AIDA trabajamos en la defensa legal del ambiente y de los derechos humanos desde una perspectiva de género, reconociendo que combatir las desigualdades y los daños diferenciados que afectan a las mujeres es fundamental para conseguir justicia ambiental en América Latina. “El enfoque de género permite defender los derechos de las mujeres de forma integral, comprendiendo que los riesgos y daños, así como las políticas para enfrentarlos, son diferentes para hombres y mujeres”, explica Liliana Ávila, abogada sénior. “Hacer visible esto ayuda a romper con escenarios de discriminación y garantizar el derecho a la igualdad de manera efectiva”. Elevando la voz de las mujeres Trabajando bajo el enfoque de género en Guatemala, dice Liliana, ha sido una experiencia profesional fascinante que le permitió entender cómo el daño ambiental tiene impactos diferentes en hombres y mujeres, que las mujeres entienden de otras formas el territorio y lo que pasa en él. En ese país, en la microrregión de Ixquisis, la construcción de las represas Pojom II y San Andrés ha dañado las fuentes de agua, provocando enfermedades y perjudicando la pesca y la agricultura, actividades de subsistencia para los habitantes de la zona, en su mayoría mujeres indígenas de ascendencia maya.  “Por ello es necesario promover metodologías y espacios que hagan visibles las voces de las mujeres, posibiliten y fortalezcan su participación, evidencien las afectaciones diferenciadas que sufren y promuevan trasformaciones para garantizar sus derechos”, afirma. AIDA apoya legalmente la defensa de los ríos y la oposición de las mujeres de Ixquisis a las represas, ante tribunales nacionales y ante el Banco Interamericano de Desarrollo, que financia ambos proyectos incumpliendo sus propias políticas operativas. Nuestro trabajo en Guatemala es posible gracias a la Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA), que apoya la colaboración entre movimientos y organizaciones de base para reforzar su papel en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres y de la justicia ambiental. Desde 2016, la alianza proporciona fondos a movimientos de mujeres y organizaciones ambientales a nivel nacional, regional y mundial en más de 30 países de América Latina, África, Asia y Europa. El rol de las mujeres en la defensa ambiental Al trabajar de la mano de comunidades en toda la región, las y los abogados de AIDA conocen de cerca el rol fundamental que las mujeres cumplen en la protección del ambiente y contribuyen a generar igualdad para ellas. “En el caso de la defensa del río San Pedro Mezquital, en Nayarit, he identificado el papel clave de las mujeres de comunidades indígenas en el cuidado del agua”, cuenta Camilo Thompson, abogado de AIDA en México. “Y en la región del Golfo de California, he conocido a mujeres que lideran los esfuerzos hacia un manejo pesquero adecuado”. Claudia Velarde, abogada de AIDA en Bolivia, dice que en su país se ha reconocido ya que las mujeres campesinas producen mayor cantidad de alimentos, por lo que sus experiencias, visiones y conocimientos deben ser incorporados en las políticas públicas alimentarias. “Personalmente ha sido muy enriquecedor trabajar con mujeres y desde la perspectiva de la mujer. Tuve la oportunidad de conocer a grandes mujeres que luchan por la defensa de sus territorios en contra de actividades extractivas como el fracking, lo cual me ayudó a entender que los impactos de una misma actividad son vividos de forma distinta según los roles sociales asignados”.  

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Derechos Indígenas, Minería, Contaminación Tóxica

Arco Minero amenaza entornos majestuosos de Venezuela

Desde hace décadas se viene desarrollando en Venezuela una de las mayores tragedias socioecológicas de América Latina. En ese país, al sur del río Orinoco, está una de las zonas más biodiversas del continente, que alberga cataratas majestuosas e impresionantes tepuyes (mesetas gigantescas con paredes verticales y cimas planas) y que es hogar de comunidades indígenas. Allí y como ha ocurrido en otros países, la minería de oro de pequeña escala está causando daños ambientales irreversibles. Esa actividad ha avanzado silenciosamente en los estados venezolanos de Amazonas y Bolívar. Hasta hace pocos años, no muchos investigadores le prestaban atención. Dicha situación cambió en 2011, cuando el entonces presidente Hugo Chávez anunció la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, proyecto que se concretó cinco años después, en febrero de 2016, mediante un decreto de su sucesor en el cargo. Foto: Bram Ebus / Infoamazonía.   Daños a gran escala de la minería El proyecto del Arco Minero implica habilitar 111,843 kilómetros cuadrados —un área más grande que Guatemala o Cuba y de casi el doble de tamaño de la Faja Petrolífera del Orinoco— para la realización de proyectos mineros aún no definidos. Su implementación ha legitimado y exacerbado los daños causados por la pequeña minería, entre ellos la contaminación del agua, la deforestación y la destrucción de suelos fértiles. El proyecto apunta además al desarrollo de gran minería en esta región megadiversa. Ahora, investigadores independientes como Carlos Eduardo Pacheco y otros de organizaciones como la Sociedad Venezolana de Ecología y Provita advierten de esos daños y de otros mayores por la falta de regulación ambiental en el país. Gracias a sus estudios, investigaciones y análisis de imágenes satelitales, sabemos que en el área del Arco Minero y sus alrededores existen al menos 5 o 6 grandes focos de deforestación asociada a la minería y cientos de menor tamaño, que los ríos Caroní e Ikabarú y sus cuencas están siendo destrozados por la actividad y que se han provocado daños en los Parques Nacionales Caura y Canaima, así como en los territorios de las comunidades indígenas Pemón, Yekuana, Akawayo y Yanomami, entre otras. Las consecuencias, alertan los investigadores, no son sólo ecológicas, sino también sociales. Una de ellas es el éxodo de miles de personas, desde las ciudades principales hacia la Orinoquía, escapando de la pobreza y en busca de oportunidades económicas en la minería. Foto: Bram Ebus / Infoamazonía.   Además, en torno a la actividad minera, existen múltiples denuncias de trata de personas, prostitución, tráfico de drogas, extorsiones, masacres, presencia de grupos paramilitares e incluso de guerrillas procedentes de Colombia, así como daños a la salud de los mineros informales y sus familias debido al uso de mercurio. Estadísticas del Ministerio del Poder Popular para la Salud dan cuenta de un fuerte incremento en la mortalidad de mínimo 500% y de hasta 700% entre 2002 y 2013 en municipios como Sifontes, El Callao, Cedeño y Roscio. Muchos de los proyectos mineros de la zona están bajo el control de una mafia conocida como “Pranato Minero” de cuyos líderes poco se sabe. Por otro lado, la gran minería transnacional no ha quedado al margen del proyecto. Incluso empresas canadienses que hace poco demandaron internacionalmente a Venezuela por controversias relacionadas con sus inversiones, han vuelto como socias del país en la explotación minera en la Orinoquía. Alertando del problema en la Orinoquía ¿Dónde queda la responsabilidad social y ambiental? Parece no haber lugar para ella en un país con instituciones inexistentes y normas inaplicables. Nos queda entonces preguntarnos qué podemos hacer desde las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil ante esta nueva crónica de una muerte anunciada, la del sur del Orinoco por deforestación y por mercurio. En AIDA brindamos apoyo técnico y científico a las organizaciones que estudian esta problemática en Venezuela. Contribuimos a visibilizarla y a construir las redes necesarias para que la misma adquiera la relevancia que merece en la agenda pública —como uno de los atentados ecológicos y sociales más graves de la región y probablemente del mundo— y para que sea atendida con urgencia.    

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