Derechos Indígenas

Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Pronunciamiento por el asesinato de la defensora ambiental y de los derechos humanos Guadalupe Campanur Tapia

A LA COMUNIDAD INDÍGENA DE CHERÁN MICHOACÁN A LA OPINIÓN PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL MEDIOS DE COMUNICACIÓN Las 37 organizaciones reunidas en el ENCUENTRO DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DEL TERRITORIO repudiamos el asesinato de nuestra compañera Guadalupe Campanur Tapia, quien luchó por la defensa del bosque de Cherán, la construcción de su autonomía y la implementación del gobierno por usos y costumbres en esta comunidad indígena del estado de Michoacán. Responsabilizamos a los diferentes órdenes de gobierno que con sus acciones y omisiones son también partícipes de este hecho. Exigimos la verdad sobre este asesinato, justicia y castigo a los responsables. Estamos convencidos de seguir el ejemplo de nuestra compañera y continuar en la lucha por la defensa de la vida y contra los proyectos de muerte. ¡NI UNA DEFENSORA NI DEFENSOR ASESINADO MÁS! ¡RESPETO A LOS DERECHOS Y SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS DE MÉXICO!   ORGANIZACIONES FIRMANTES: Fondo Acción Solidaria, AC (FASOL) Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) Fundación Semillas de Vida – UNITONIA Asamblea Veracruzana de Iniciativas en Defensa de la Vida (VIDA) Molimiento de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER). Movimiento Ciudadano en Defensa de La Loma. Consejo Indígena Nayeri Pobladores, A.C. Defensores de la Cuenca Antigua Alianza de Comunidades en Defensa del Río Bobos-Nautla y Tecolutla. Frente Ciudadano en Defensa del Agua y La Vida. Ciudadanos Unidos por San Blas Comité Ixtepecano en la Defensa de la Vida y el Territorio Geocomunes Red para la Protección del Ambiente y el Territorio de Quintana Roo. Colegio de Ciencias Ambientales de Solidaridad Federación de Cooperativas Pesqueras “Pescadores Siglo XXI”. SCPP "Enrique Atondo Favela" Maderas del Pueblo del Sureste, A.C. C.I. Repechique. C.I. San Ignacio, Chihuahua Alianza Jaguar C.I. Loma de Bakum Evolución Civil 2050 Consejo para la Seguridad Transparencia y Buen Gobierno de Puerto Vallarta Alianza por la Costa Verde de Jalisco C.I. Nuevo San Juan Parangaricutiro Mipaltik  

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El Cacique Raoni, líder indígena brasileño, denuncia las amenazas a los derechos humanos del proyecto Belo Monte
Grandes Represas, Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Uniéndome a la búsqueda de justicia para las víctimas de Belo Monte

El 1 de abril de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de los pueblos indígenas afectados por la construcción de una gran represa sobre el río Xingú, en la Amazonía brasileña. Fue entonces que supe de la represa Belo Monte. Ese año, trabajaba como defensora de derechos humanos en Colombia, mi país natal. La Comisión había ordenado suspender cualquier permiso y obra relacionada con la represa hasta que se garantizara la protección de los derechos de las comunidades indígenas afectadas. Recuerdo que la decisión generó gran conmoción y un fuerte rechazo del gobierno de Brasil a través de diferentes decisiones diplomáticas. Su postura fue respaldada por otros Estados de la región que, con una solidaridad inusual, cuestionaban la competencia del organismo internacional para otorgar ese tipo de medidas en relación con proyectos de “desarrollo”. Debido a la presión, la Comisión, por primera vez en su historia, modificó una decisión: Brasil debía seguir garantizando la vida e integridad de las personas afectadas, pero la construcción no se podía suspender. Nunca entendí la reacción de Brasil y de los demás países. La Comisión solo había cumplido uno de sus mandatos, buscando evitar daños irreparables a los derechos de un grupo de personas a causa de un proyecto sobre el cual no se les consultó. Un proyecto que no contaba con estudios adecuados sobre sus impactos sociales y ambientales y que desde entonces anticipaba graves daños en ambos sentidos. Las comunidades indígenas y ribereñas, que por años han sabido cuidar del río Xingú, quedaron a expensas de un proyecto que, al interrumpir el caudal, afectaría irreversiblemente sus modos de vida y medios de subsistencia. La esperanza continúa Han pasado más de 6 años desde que el caso fue puesto en conocimiento de la Comisión que, como órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, está llamado a proteger los derechos humanos en el continente. En ese tiempo, el proyecto Belo Monte siguió su curso y las amenazas de daños ecológicos y sociales se volvieron una realidad. La represa ha causado el desplazamiento forzado de más de 40.000 personas, agravado la pobreza y los conflictos sociales en la zona donde fue construida; saturado los sistemas de salud, educación y seguridad pública en la ciudad más próxima; vulnerado el derecho a la vivienda digna de miles de familias; e incrementado la violencia contra personas defensoras de derechos humanos. Causó y sigue causando daños al ecosistema de la Amazonía, contribuyendo a profundizar el cambio climático y sus impactos. Pese a todo, la esperanza de conseguir justicia para las personas afectadas también ha sido alimentada con el tiempo. Y este año la vida me llevó a involucrarme activamente en esa tarea.  Desde septiembre, soy la abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. Me honra unirme a una ONG regional que, en alianza con organizaciones locales, ha dedicado años de trabajo para que las comunidades del río Xingú obtengan reparación por los daños sufridos, y para generar estándares de protección ambiental y de los derechos humanos. En 2010, AIDA y sus socios solicitaron las medidas cautelares a la Comisión y un año después presentaron ante ella la denuncia formal contra el Estado brasileño por las violaciones de derechos humanos relacionadas con Belo Monte. En diciembre de 2015, la Comisión abrió el caso a trámite. El 31 de octubre de este año, la Comisión le dio un nuevo impulso al proceso de litigio interpuesto contra Brasil: decidió unir dos etapas que, por regla general, se tramitan de forma separada. En la primera se verifican los aspectos necesarios sobre la admisibilidad del caso. Y en la segunda se toma una decisión de fondo que analiza si un Estado incumplió o no las obligaciones internacionales que se comprometió respetar al firmar la Convención Americana de Derechos Humanos. Tanto el Estado como los denunciantes deben presentar ahora alegatos y respuestas respecto de la admisibilidad y la decisión de fondo. La Comisión emitirá luego una decisión que cubra esos dos aspectos. La Comisión hizo una excepción que puede agilizar el proceso. Las circunstancias que permiten ello, y que están en su reglamento, se refieren a la existencia de las medidas cautelares. La Comisión puede emitir recomendaciones para que Brasil repare las violaciones cometidas. De ser incumplidas, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano que tiene la facultad de emitir un fallo que condene a Brasil y recomendar medidas de reparación. Lecciones valiosas Belo Monte es, sin duda, una lección para el continente. El caso demuestra que los proyectos de ese tipo son ambientalmente inviables y generan daños irreparables en los derechos humanos, por lo que no son una forma posible de desarrollo. Belo Monte evidencia además que los Estados deben replantear sus modelos energéticos y volcar sus esfuerzos a promover energías limpias y sostenibles. Es también una señal de alerta para que las instituciones financieras eviten invertir en proyectos con impactos socioambientales. Y es una oportunidad para que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos genere precedentes valiosos que eviten otros “Belo Monte” en la región. ¡Desde AIDA, estoy preparada para contribuir a la lucha por un ambiente sano en este y en otros casos! ¡El viaje apenas comienza  

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Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Pronunciamiento por el fallecimiento del defensor de derechos humanos Carlos Isaías Güitz Pop

Las organizaciones firmantes, lamentamos profundamente el fallecimiento de Carlos Isaías Güitz Pop el día 12 de diciembre en el Hospital General San Juan de Dios, en la ciudad de Guatemala. Carlos, de 36 años de edad, maya q’eqchi’, era un defensor de derechos humanos de la organización comunitaria en Defensa del Río Dolores, municipio de Cobán, Alta Verapaz. El 8 de noviembre del año 2013, Carlos, su hermano y otras personas de las comunidades, fueron atacados con armas de fuego. A raíz de este ataque armado, Carlos resultó gravemente herido, quedando desde ese entonces y hasta los últimos días de su vida, postrado en una silla de ruedas. Según denuncias realizadas por las comunidades, el ataque referido fue perpetrado por el terrateniente David Leonel Ponce Ramírez y sus dos hijos, Augusto Sandino Ponce y Carlos Ponce, quien violentando el proceso de negociación de compra-venta de tierras que sostenía con estas comunidades, decidió finalmente negociar estas tierras con la empresa Hidroeléctrica Santa Rita, S.A., lo que fue una de las causas que ocasionó el desalojo violento e ilegal que finalmente, llevó a la muerte de Carlos Isaías Güitz Pop. Este grave incidente ocurrió en la comunidad Monte Olivo, Cobán, Alta Verapaz, en el marco de la instalación de la hidroeléctrica Santa Rita sobre los ríos Cangüinic y Dolores, sin haberse realizado una consulta previa e informada a las comunidades afectadas por dicho proyecto, tal como lo establece el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional de Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A pesar de que se realizó una denuncia ante las autoridades correspondientes, el caso de Carlos Isaías al igual que los asesinatos y agresiones contra las y los defensores de derechos humanos del Río Dolores, siguen en total impunidad. Contrario a ello, la criminalización en contra de las y los comunitarios organizados en defensa del Río Dolores está avanzando. Ante el ataque que dejó en silla de ruedas a Carlos Isaías Güitz Pop y los asesinatos y las graves agresiones contra las comunidades que se oponen al proyecto hidroeléctrico Santa Rita, instamos a las autoridades competentes a que: Emprendan una investigación pronta y eficaz con el fin de identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del ataque contra Carlos Isaías Güitz Pop, al igual que de los asesinatos y las graves agresiones contra las y los defensores del Río Dolores. Emprendan acciones de resarcimiento de los casos en los cuales las y los defensores de las comunidades en resistencia Río Dolores han sido heridos y asesinados. Tomen todas las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad física de las y los defensores de derechos humanos del Río Dolores. Tomen todas las medidas necesarias para que cesen los casos de criminalización de las y los defensores del Río Dolores, quienes, en defensa de bienes naturales, se oponen al proyecto hidroeléctrico Santa Rita.  

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Derechos Indígenas

Pueblos indígenas de América Latina exigen respeto a su derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado

Advierten que los procesos de consulta se están usando como trámites administrativos y no garantizan sus derechos. Exigen que se tomen en cuenta los estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas. Ciudad de México. Pueblos y comunidades indígenas de México y América Latina, junto con organizaciones de la sociedad civil, demandaron a los gobiernos de la región garantizar con firmeza la seguridad jurídica de sus territorios, frente a la constante vulneración de sus derechos durante los procesos de consulta indígena.   América Latina es la región que ha registrado los mayores avances normativos y jurisprudenciales sobre el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado (CPLI). De los 22 Estados que forman parte del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), 14 se encuentran en América Latina. “Cabe reiterar que, para generar la institucionalidad estatal en materia de consulta y CPLI, no se requiere una ley o reglamento de consulta; además, no es posible imponer los mismos tiempos, condiciones y procedimientos a todas las comunidades indígenas, en tanto no comparten las mismas formas de toma de decisión, cosmovisión e instituciones jurídico-políticas”, dijo Daniel Cerqueira, oficial de programa sénior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).   En México y en otros países de la región existen marcos normativos que privilegian a las empresas del sector extractivo, energético y agroindustrial a costa de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables, generando una asimetría de poder. Si bien existen cuerpos normativos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, así como protocolos y marcos nacionales normativos de consulta y el consentimiento libre, previo e informado, estos no se toman en cuenta para garantizar este derecho ni para evitar el estallido de conflictos sociales.   Honduras es un caso emblemático en la región, donde la consulta previa se ha omitido en diferentes situaciones. Olivia Zúñiga, representante de la etnia Lenca, e hija de Berta Cáceres, defensora ambiental asesinada en marzo de 2016, sostuvo que en su país las élites políticas y empresariales se siguen imponiendo a cualquier derecho de los pueblos originarios. “No es una casualidad que después del golpe de 2009 se hayan otorgado más de 300 concesiones para proyectos extractivos, sin realizar los procesos de consulta previa, libre e informada como lo establece el Convenio 169 de la OIT”. Su madre, Berta Cáceres, se opuso al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que planeaba la construcción de una represa hidroeléctrica que iba derivar agua del Río Gualcarque, un lugar sagrado para este grupo originario. Esa oposición le costó la vida.   “El Estado de Derecho suele estar comprometido por la élites políticas y económicas, quienes mediante la concentración de riqueza, ejercen una influencia desmedida sobre diferentes políticas públicas que les permite mantener sus privilegios a costa de otros, entre ellos, los procesos de acaparamiento y exclusión en el acceso a los bienes comunes naturales”, sostuvo Ricardo Fuentes-Nieva, director ejecutivo de Oxfam México. “La falta de consulta a los pueblos indígenas, o el uso de este proceso como mero trámite administrativo, profundiza las brechas de desigualdad en la región”, concluyó.   Más allá de la dimensión normativa, los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos humanos por encima de cualquier interés económico. Por ello, es necesario que las decisiones estatales, incluyendo el diseño de políticas económicas y la gobernanza sobre los bienes comunes naturales, sean respetuosas de la autodeterminación, formas de vida y prioridades de desarrollo expresadas por los pueblos y comunidades indígenas.   Este pronuncianiento se realizó en el marco del Foro Internacional “Consulta, consentimiento previo libre e informado y autodeterminación: Perspectivas críticas sobre leyes y mecanismos de implementación”, co-convocado por: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA); Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR Perú), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Oxfam México; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Proyecto de derechos Económicos Sociales y Culturales A.C (PRODESC), Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ).   Encuentra material del foro en: www.foroconsulta.net    

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Honrando la conexión de los pueblos indígenas con el río San Pedro Mezquital
Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Honrando la conexión de los pueblos indígenas con el río San Pedro Mezquital

Las montañas de la Sierra Madre Occidental, en el noroeste de México, se elevan como gigantes desde los humedales costeros del Golfo de California hasta el Altiplano Central del país. En estas tierras aisladas, comunidades indígenas han encontrado por mucho tiempo refugio y el espacio sagrado para mantener su cultura y su forma de vida.  El ultimo río que corre libre en la región corta suavemente estas montañas, tallando valles fértiles, llevando agua y vida a los humedales de Marismas Nacionales. Los pueblos Náyeri y Wixárika veneran al río San Pedro Mezquital, que trae vida a sus tierras y a muchos de sus sitios sagrados, esparcidos a lo largo de su curso sinuoso.   A pesar de su importancia, el río —y con él los derechos de más de 15,000 indígenas— está en riesgo debido al proyecto hidroeléctrico Las Cruces. El embalse de la represa inundaría 14 de sus sitios sagrados ceremoniales y amenaza su cultura y forma de vida. En mayo, tuve el honor de caminar al lado de los Náyeri y Wixárika, y de participar de una ceremonia conjunta destinada a mostrar su compromiso con la defensa de sus derechos ante el megaproyecto impulsado por el gobierno. Es un compromiso que fue reafirmado recientemente, cuando representantes de esos pueblos indígenas expusieron su caso ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  Las imágenes que capturé del peregrinaje son un testimonio de la belleza y de la fuerza de los pueblos indígenas que habitan la Sierra Madre Occidental.  Dejamos la ciudad de Rosamorada en Nayarit para peregrinar hacia Keiyatsita, un sitio ceremonial sagrado en las márgenes del río San Pedro Mezquital. Caminamos en una sola fila, serpenteando entre las montañas, y luego bajamos a la orilla del río. Cuando llegamos al caudal, hicimos un ritual en el que nos marcaron con ceniza y harina de maíz criollo para que estar protegidos durante el viaje. Caminar junto a tantas personas indígenas, de todas las edades —padres y madres, niños, niñas, ancianos y ancianas— fue una experiencia enriquecedora e inspiradora.  Esta peregrinación en particular fue histórica, porque hizo de dos comunidades diferentes —los Náyeria y los Wixárika— una sola, para honrar los espacios sagrados que comparten. En una declaración conjunta, escribieron que, más allá de las razones espirituales para la ceremonia, ellos se unieron para: “unificar las fuerzas contra el proyecto hidroeléctrico 'Las Cruces' de igual forma para demostrarle al estado mexicano que no estamos solos y que no estamos aislados… Ambos pueblos originarios después de esta ceremonia histórica fortaleceremos más nuestra lucha y defensa en contra del proyecto hidroeléctrico antes mencionado desde el ámbito cultural, espiritual, política y jurídica, así mismo consolidaremos nuestros lazos con otros pueblos indígenas de México y del mundo”. Caminaron para honrar al río, para cuidar de la madre Tierra y para demostrar su compromiso con la protección de sus sitios sagrados. Los dos grupos indígenas se ven a sí mismos como guardianes de esos espacios, sitios como Keiyatsita que les brinda conocimiento y sabiduría para proteger a la Tierra. Estos sitios son vitales no sólo para su memoria histórica, sino también para su cultura e identidad.  La ceremonia sagrada en Keiyatsita comenzó por la tarde. Hubo canciones, rezos y bailes con lo que ellos expresaron su devoción a Tatei Niwetsika o Madre Maíz, la diosa nativa del maíz, en sus cinco colores: amarillo, azul, rosa, blanco y rojo. A mitad de la noche, los animales que caminaron con nosotros en medio de las montañas, fueron ofrecidos a los dioses en las aguas del río. Los rezos, las canciones y la ceremonia duraron toda la noche.  Estos sitios sagrados a lo largo del río San Pedro Mezquital son espacios vivos y parte de lo que hace a México tan rico. Son el reflejo de las culturas y tradiciones indígenas que continúan muy vivas en las montañas de la Sierra Madre Occidental. Son lugares que, por su importancia cultural y espiritual, deben ser honrados y protegidos como parte de nuestro patrimonio internacional. Los pueblos indígenas son los mayores guardianes de nuestro planeta. Y ahora, les hacemos un nuevo llamado para proteger este único y preciado lugar: el último río que fluye libre en el noroeste de México y las tierras que recorre, desde las cimas de Durango hasta los manglares de Nayarit, que tiene su salida al mar del Golfo de California. Representantes de las comunidades indígenas de Nayarit se presentaron ante Victoria Tauli-Corpuz, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y expresaron su oposición a la hidroeléctrica que amenaza su territorio y su modo de vida. Explicaron que no han dado ni darán su consentimiento para un proyecto que destruiría sus sitios sagrados y al río que les da vida.  ¡Conoce más de la lucha para proteger al río San Pedro Mezquital  

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Derechos Indígenas

Informe sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en México

El informe y su anexo (con casos emblemáticos) tienen como objetivo visibilizar las principales violaciones a los derechos de las personas y comunidades indígenas en México. Este esfuerzo es un resultado colectivo de las organizaciones de la sociedad civil mexicana, comunidades y colectivos que históricamente se han dedicado a la defensa de los derechos humanos en el país. El documento se compone de nueve apartados que abordan el contexto nacional que describe los límites, obstáculos y desafíos para garantizar los derechos de los pueblos indígenas en el país para posteriormente entrar al análisis de violaciones que se han agrupado en temáticas como la autonomía y la libre determinación, una demanda colectiva que continúa siendo una deuda histórica del Estado mexicano hacia los pueblos indígenas, situación que ha provocado otras violaciones a sus derechos. Además, se aborda el tema de las violaciones al derecho al territorio derivado de una multiplicidad de causas como la implementación desmedida de megaproyectos de infraestructura y desarrollo que se autorizan, construyen y operan sin respetar la tierra y territorios de los pueblos, ocasionando impactos significativos en su integridad cultural, social, y económica entre otros derechos.   Otro tema a tratar es la cuestión de la falta de acceso a la justicia como un gran obstáculo para proteger sus derechos humanos, y sobre todo, reparar de manera integral las violaciones a los mismos. Finalmente, se analiza la situación de inseguridad y violencias que enfrentan las personas y comunidades indígenas y de las cuales también son víctimas, este hecho agudiza y profundiza el impacto de las violaciones a sus derechos humanos. El último apartado es un anexo que compila fichas de casos sobre violaciones a los derechos de los pueblos en todo el territorio mexicano, si bien, no podemos decir que se trata de todos los casos en el país, si refleja una aproximación de la situación crítica y de las principales violaciones que sufren los pueblos y comunidades indígenas.   Cabe señalar, que este documento ha sido elaborado con motivo de la visita oficial a México de Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en noviembre del presente año. Esperamos que la información proporcionada por la sociedad civil mexicana sea de gran utilidad para su Informe de Misión ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

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Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Relatora de la ONU se encontrará con representantes de pueblos indígenas para conocer su situación de derechos humanos y colectivos

La Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas visitará Chiapas, Chihuahua y Guerrero para conocer las problemáticas específicas en los territorios. Los temas principales que se abordarán son discriminación, autonomía y territorios indígenas, armonización de la legislación interna, megaproyectos, acceso a la justicia e impactos de la violencia en las mujeres y pueblos indígenas. La situación de los derechos de las mujeres indígenas es de especial interés para la Relatora, por lo que proporcionará espacios especiales de diálogo con ellas durante su visita. Ciudad de México. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, llevará a cabo una visita oficial a México del 8 al 17 de noviembre. Durante esos días recibirá información de los pueblos y comunidades indígenas, los gobiernos estatales y federal, así como de empresarios, sobre las diferentes problemáticas que les afectan, como las diversas formas de despojo del territorio y bienes naturales; megaproyectos violatorios de los derechos de los pueblos indígenas; discriminación; agresiones, desplazamiento e inseguridad a causa de la defensa del territorio y de la violencia creciente en el país; e impunidad y obstáculos en el acceso a la justicia. Será en la Ciudad de México y en los estados de Guerrero, Chiapas y Chihuahua donde la Relatora escuchará los planteamientos que representantes indígenas y organizaciones aliadas le harán. Le hablarán de casos emblemáticos, como el de la hidroeléctrica Las Cruces, en Nayarit; el de la siembra de transgénicos en la Península de Yucatán; los impactos de la violencia y devastación de los bosques en Chihuahua; el Acueducto Independencia en Sonora; las Eólicas del Sur en Juchitán; el proyecto hidroeléctrico en la Sierra Norte de Puebla; el proyecto minero de San Miguel del Progreso en Guerrero; la sistemática tortura y privación arbitraria de la libertad, así como la falta de justicia en Chiapas en un contexto de guerra de baja intensidad; el impacto de los sismos en Chiapas; y la discriminación en las políticas públicas que mantiene empobrecidos a los pueblos indígenas, entre otros. Particularmente, la Relatora se encuentra interesada en conocer las situaciones de exclusión y violencia que viven las mujeres indígenas en México. Es por ello que destinará espacios especiales para dialogar con mujeres cuyos derechos han sido negados. Con ella compartirán casos de feminicidio, violencia obstétrica, muerte materna, esterilización forzada, defensoras de derechos humanos en riesgo, entre otros.     Como resultado de su visita, la Relatora presentará un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que elaborará señalamientos y recomendaciones, de modo que dicho organismo los considere para evaluar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano adoptadas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y demás tratados internacionales adoptados en la materia. La importancia de este documento radica en que es un instrumento de rendición de cuentas internacional que señalará nuevamente los pendientes del Estado mexicano. En 2003, el entonces Relator Rodolfo Stavenhagen realizó una visita a México en la que evidenció la grave situación de violación de los derechos de los pueblos indígenas. A 14 años de dicha visita, la situación de los pueblos indígenas no ha mejorado. Al contrario, las causas estructurales responsables del despojo y agresiones que viven día con día se han agudizado y los actores no estatales, especialmente las empresas mineras, que contribuyen a esto, se han multiplicado. Por ello, la visita y su posterior informe representan una oportunidad para abordar seriamente las razones de la negación de sus derechos y establecer un consenso sobre la necesidad de corregir el modelo económico y político que el Estado mexicano promueve.     A pesar de las omisiones y complicidades estatales e histórica exclusión social, hoy las personas y pueblos indígenas de México permanecen de pie, enfrentando nuevos desafíos y demostrando su respeto y capacidad para vivir y cuidar de su cultura, sus valores, sus territorios y el medio ambiente, con base en su organización tradicional y sistemas normativos propios. Bienvenida la visita de la Relatora.   Organizaciones firmantes:    Alerta Temprana Red, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), Fundación Diego Lucero A.C., Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Comité de Familiares de Personas desaparecidas en México, Alzando Voces y Comité de Defensa de Derechos Humanos CHOLOLLAN, Actuar Familiares contra la Tortura, Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (EN VERO), Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FREMDEHU), Zihuame., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC), Red en defensa de los territorios indígenas de la Sierra Tarahumara (Consultoría Técnica Comunitaria, Alianza Sierra Madre y Awé Tibúame), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, A. C., Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", DECA Equipo Pueblo A.C., Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero , Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), OXFAM México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).Fundación Diego Lucero, Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, En Vero, Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban , A.C. , Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violación de Derechos Humanos en México, ANAD, RUMODH, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), MA OGM Colectivo, Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Business y Human Rights Resource Centre, Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Indignación, A.C), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Victoria A.C., CONECTA CULTURA AC (Ciudad de México).   Y  la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana).  

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Grandes Represas, Derechos Indígenas

¿Crecer a costa de la Amazonía?

(Columna publicada originalmente en Animal Político) La extensión de la Amazonia brasileña es de 5,5 millones de km2, de los cuales 44 % están protegidos legalmente. Durante la última semana, la atención del mundo se enfocó en una zona específica: la Reserva Nacional de Cobre y Asociados (Renca), un área de aproximadamente 47 mil km2. La razón fue el decreto emitido el 23 de agosto pasado por el presidente brasileño Michel Temer, que abrió las puertas de la reserva para la explotación de oro, manganas, cobre, hierro y otros. Según el gobierno, la medida ayudaría a revitalizar la minería brasileña, que el año pasado representó 4 % del PIB de Brasil. Algunos días después, luego de críticas de celebridades y del movimiento ambientalista nacional e internacional, el presidente Michel Temer revocó el decreto y publicó otro con prácticamente el mismo contenido. Sin embargo, el 30 de agosto, el juez federal Rolando Valcir Spanhol anuló el decreto de Temer, considerando que hubo una violación constitucional al proceso legislativo de Brasil. Asimismo, consideró que cualquier decreto futuro que facilite la exploración de la reserva sería considerado automáticamente suspendido. La decisión del juez trae consigo una fuerte carga de democracia, la que actualmente se encuentra debilitada en varios países de América Latina. Pone un límite a la actuación de los presidentes y establece el precedente de que asuntos jurídico ambientales no pueden ser tratados con acciones políticas. Es decir, un tema de esa naturaleza debe ser ampliamente discutido nacionalmente, debe respetarse las normas nacionales e internacionales en la materia; se debe garantizar la consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas y otras comunidades tradicionales, y sobre todo garantizar la soberanía ciudadana. Pero, en lugar de discutir el tema con la población brasileña, Temer prefirió hacerlo con empresas de minería canadienses. Según medios nacionales y extranjeros, en marzo de este año el Ministro de Minas y Energía habría anunciado en Toronto, Canadá, la extinción de la Renca y la posibilidad de subastas para la exploración minera allí. Esto representa una fuerte evidencia de cómo el Estado está capturado por empresas, poniendo nuestras vidas y recursos naturales versus por debajo de intereses corporativos. Es importante mencionar que está ampliamente documentado que empresas mineras canadienses han sido responsables por proyectos que han generado en América Latina impactos ambientales, impactos en la salud, desplazamiento forzado, división de comunidades, criminalización de defensoras(es) de la tierra, el territorio y el ambiente, entre otros. El tema de la minería en la Amazonia brasileña es particularmente preocupante por dos razones. La primera es que los proyectos a gran escala ubicados allí no han contribuido al desarrollo, pero sí han generado impactos ambientales y en derechos humanos. La represa Belo Monte, ubicada también en el estado de Pará (como la Renca), es el ejemplo más emblemático de cómo un megaproyecto contribuyó a la deforestación, la disminución drástica del caudal del río Xingú, la muerte de peces, la desaparición de especies, el quiebre de tejidos sociales, la división de comunidades, el incremento de la violencia, la prostitución infantil, etc. Solo el Ministerio Público Federal ha interpuesto un total de 27 acciones civiles públicas, entre ellas una que alega que hubo un etnocidio de los pueblos indígenas de la Volta Grande del río Xingú. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene en sus manos una petición sobre el tema y reconoce, desde el año 2011, que hay una situación de gravedad y urgencia para las comunidades indígenas aledañas a la construcción de la hidroeléctrica. La segunda razón es que el estado de Pará ha sido considerado uno de los estados más violentos de Brasil. Según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra, Pará concentra 30% de las muertes relacionadas con conflictos agrarios en Brasil. En mayo de este año, por ejemplo, el estado fue escenario de la Chacina de Pau Darco (matanza en la ciudad de Pau D’arco), en la cual más de 10 personas murieron durante una incursión policial en una hacienda en una zona rural del país. No hay duda de que la instalación de un proyecto minero en la Renca implicaría un incremento de los conflictos en Pará. Finalmente —pese a que seguramente existen muchas razones más—, la ruptura de un dique de relaves mineros, desastre ambiental ocurrido en el municipio de Mariana en 2015, fue clave para saber que Brasil no está listo para lidiar con los riesgos de la minería. El hecho causó la muerte del río Doce, contaminación de otras fuentes de agua, proliferación de enfermedades, pérdida de fauna y flora, etc. El Estado no ha tenido la capacidad de reparar y compensar a las víctimas. Y, casi dos años después, todavía hay presencia de desechos tóxicos en la zona. En suma, es importante que Brasil repiense su modelo de crecimiento y desarrollo: megaproyectos en la Amazonía han representado un retroceso en términos ambientales y sociales, de derechos humanos , pero no en materia de desarrollo. La verdad es evidente y obvia: si Brasil efectivamente quiere crecer, la mejor manera de hacerlo es protegiendo la Amazonía y sus pueblos.  

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Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Participación Ciudadana

Berta vive: Manteniendo la lucha, pese a los riesgos

El 30 de junio, Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres —la activista ambiental hondureña asesinada—, sobrevivió a un atentado contra su vida. Viajaba a casa con dos colegas cuando unos hombres, machetes en mano, detuvieron su vehículo. Cuando los sujetos levantaron sus armas, el chofer de Zúñiga aceleró y esquivó a los atacantes, pero no antes que uno de ellos lanzara una roca que golpeó el parabrisas. Los atacantes persiguieron a los activistas, intentando llevar su auto por el borde de un acantilado. Por fortuna, Zúñiga y sus compañeros lograron escapar. Seis días después, el FMO y el FinnFund, dos bancos de desarrollo europeos, anunciaron el retiro oficial de su inversión de la represa Agua Zarca, contra la cual Zúñiga está peleando porque inundaría un sitio sagrado para comunidades indígenas Lenca. “El momento de nuestro anuncio de salida no está relacionado con el ataque a la Sra. Berta Zúñiga Cáceres”, dijo Christiaan Buijnsters, vocero del FMO. “Es una coincidencia”. En un comunicado de prensa, el FMO y el FinnFund informaron que su retiro “buscaba reducir las tensiones internacionales y locales en la zona”. Antes de ser asesinada en su casa el 2016, Berta Cáceres llevó adelante una campaña enérgica contra la represa, ganando por su trabajo el prestigioso Premio Ambiental Goldman. Zúñiga, de 26 años, asumió el rol de liderazgo de su madre en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en junio de 2017. Activistas ambientales en Honduras aún están luchando contra la represa, pero el Banco Centroamericano de Integración Económica todavía no retira su apoyo financiero del proyecto. “Yo nací en un pueblo con gran dignidad y fortaleza”, dijo Zúñiga en una entrevista con Democracy Now, un medio independiente de Estados Unidos. “Mi madre, Berta Cáceres, nos inculcó desde muy jóvenes que la lucha está arraigada en la dignidad y que debemos continuar defendiendo los derechos de nuestra gente”. Sistemas de corrupción e impunidad El ataque a Zúñiga es el más reciente en la región más peligrosa del mundo para las y los defensores ambientales. En Honduras, entre el 95 y el 98 por ciento de los crímenes quedan impunes. La complicidad entre gobiernos y corporaciones encubre con frecuencia a los asesinos y a quienes los contratan para silenciar a activistas ambientales y de derechos humanos. Desafortunadamente, las familias de activistas como Cáceres rara vez obtienen justicia. Pero aún hay esperanza. A raíz de una protesta mundial por la muerte de Cáceres y de pedidos de investigación, nueve personas fueron arrestadas en relación con su asesinato. Algunas tienen conexión con Desarrollos Energéticos S. A., la empresa que construye la represa Agua Zarca. Documentos judiciales sugieren además que el asesinato fue planificado por especialistas en inteligencia militar ligados a las Fuerzas Especiales de Honduras, entrenadas en Estados Unidos. Pese a estos arrestos, los principales autores intelectuales del asesinato aún no han sido sindicados. COPINH ha denunciado en las audiencias del caso que la acusación, a cargo de la Fiscalía, está llena de defectos e irregularidades. Mientras, asesinatos y ataques como aquel a Zúñiga, continúan. “Sabemos que en Honduras es muy fácil pagar a personas para cometer asesinatos”, dijo Zúñiga a TeleSur en 2016. “Pero sabemos que quienes están detrás de esto son otras personas poderosas con dinero y todo un aparato que les permite cometer estos crímenes”. Pero Zúñiga y el COPINH permanecen fieles a su lucha. “Vamos a seguir adelante con nuestra lucha”, dijo Zúñiga a Democracy Now. “Parte de ella es romper este ciclo de impunidad”. Su motivación viene del consejo de su madre: “¡Despertemos¡ ¡Despertemos Humanidad¡ Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal… Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la Tierra y los espíritus”. Si tomamos esas palabras con el corazón, la lucha por un mundo más verde y más justo —junto con el espíritu de Berta Cáceres— continuará.  

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Altamira, Brasil
Grandes Represas, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Belo Monte: La esperanza persiste pese a la promesa fallida de desarrollo

La hidroeléctrica Belo Monte fue prometida por sus promotores como una posibilidad de desarrollo para Brasil y en particular para Altamira, la ciudad más cercana a la represa. Hace poco visité esa urbe y me queda claro que seis años después del inicio de su construcción y aproximadamente un año luego de que comenzara a operar, Belo Monte no contribuye al desarrollo sostenible. Una evidencia de ello es que, en junio pasado, Altamira fue clasificada como la ciudad más peligrosa de Brasil en un estudio elaborado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada de ese país. Según el estudio, el crecimiento rápido y desordenado ocurrido en Altamira en los últimos seis años ha tenido serias implicaciones en la cantidad de crímenes cometidos en la ciudad. El 2000, de acuerdo con datos del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística, Altamira tenía poco más de 77 mil habitantes. Sin embargo, debido a la construcción de la hidroeléctrica, la cifra se disparó a 110 mil el año pasado. El resultado: Altamira registró la mayor tasa de homicidios del país en 2015 con 105,2 casos por cada 100 mil personas. Los números se enmarcan en un contexto muy preocupante, recogido este mes por Global Witness, cuyo informe reciente ubica a Brasil como el país con el mayor número absoluto de muertes, debido especialmente al trabajo de quienes dan sus vidas por defender la Amazonía, pues 16 de las 49 muertes ocurridas en 2016 están relacionadas con la protección del ecosistema amazónico. Condiciones insalubres Además de la violencia generalizada, la otra gran preocupación en Altamira es el saneamiento básico, el cual tiene que ver con fuentes y sistemas de abastecimiento de agua, así como con el manejo sanitario de residuos. Imagínate que durante los últimos seis años, cuando la dinámica urbana y social de la ciudad fue alterada totalmente debido a la represa, no se construyó un sistema de saneamiento básico adecuado. Así ocurrió pese a que era una condición para la construcción y operación de la represa. Pero lo único construido fue la gigantesca infraestructura hidroeléctrica. En abril de este año, un tribunal de Brasil ordenó la suspensión judicial de las operaciones Belo Monte hasta que exista una implementación adecuada del saneamiento básico en los barrios de reasentamiento urbano colectivo de Altamira. Pero la empresa a cargo de la represa se ha negado a cumplir con la sentencia, argumentando que tiene el permiso para operar. Eso demuestra la incapacidad del gobierno de evitar los abusos de la empresa. En Altamira los alcantarillados están tapados. Hay agua sucia, bichos y basura en las casas de los reubicados por la represa de #BeloMonte pic.twitter.com/5kkyNkfAM1 — Rodrigo Costa Sales (@rodrigojcsales) 13 de junio de 2017 Inversión cuestionable El escenario en torno a Belo Monte se agrava porque la empresa estatal china Grid Brazil Holding ganó la subasta para hacerse cargo del segundo sistema de transmisión de la energía a ser generada por la hidroeléctrica. La empresa ofreció 988 millones de reales (aproximadamente 300 millones de dólares), lo que me hace cuestionar las afirmaciones previas del Gobierno brasileño sobre el hecho de que la energía hidroeléctrica es barata, además de limpia. La inversión china preocupa porque la empresa ya ha sido multada varias veces por el incumplimiento de los plazos relacionados con el primer sistema de transmisión de energía. Peor aún, China no es reconocida internacionalmente por proteger los derechos humanos y el ambiente, razón por la cual la situación en Altamira puede complicarse aún más. La esperanza continúa Pese al panorama desalentador, la población urbana, así como las comunidades indígenas y ribereñas, todavía tienen esperanza de que Altamira sea una ciudad tranquila y linda otra vez. Escuché en muchos el deseo de volver a vivir los tiempos en los que se sentaban en sillas para conversar en la calle y se bañaban en las aguas del río Xingú; los tiempos de pescas colectivas y fiestas en el parque. Ello me muestra que no hay que tener miedo ni perder la esperanza. Hay muchas personas que creen en mi trabajo como defensor de la Amazonía. Por ellos seguiré trabajando para que instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual AIDA presentó el caso, considere que Brasil violó derechos humanos en razón de la construcción y operación de la represa Belo Monte. Continuaré buscando que las personas afectadas obtengan justicia y reparación.

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