Derechos Indígenas

Nuestras razones para proteger los derechos humanos en América Latina

Quienes conforman el equipo legal de nuestro Programa de Derechos Humanos y Ambiente trabajan para proteger a personas y comunidades cuyos derechos han sido vulnerados o están en riesgo debido a la degradación de su entorno natural. Tienen claro que el nexo entre derechos humanos y ambiente es innegable. Para ellas y ellos, garantizar el derecho a un ambiente sano en América Latina importa y mucho. Conoce sus razones:   “LO HAGO PORQUE LO LLEVO EN LA SANGRE” Astrid Puentes, Codirectora de AIDA “Trabajo en la protección del ambiente y los derechos humanos, dos aspectos esenciales y vinculados. Lo hago porque lo llevo en la sangre: mi papá fue campesino, mis abuelos y bisabuelos también. Parte de mi conexión con la naturaleza viene de familia, es una herencia. Mi esencia ha sido poder contribuir a que las cosas en el mundo estén mejores, sobre todo en Colombia, que tiene tantas riquezas naturales y desafortunadamente tantas diferencias sociales e injusticia. Dediqué mi carrera como abogada a contribuir a que mi país estuviera mejor y luego, al ser mamá, esa motivación creció y ahora siento una responsabilidad gigante por hacer lo mejor posible para que mis hijos tengan un mejor planeta”. Al comienzo de su carrera, Astrid ayudó a frenar una propuesta absurda de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos: la fumigación de un hongo transgénico en el Amazonas, que implicaba graves daños a un entorno único y del que dependen muchas personas. Fue el primer caso en el que se involucró directamente y con éxito. “DEFIENDO LOS DERECHOS HUMANOS PORQUE CREO EN LA DIGNIDAD Y EN LA IGUALDAD COMO PRINCIPIOS ESENCIALES” Liliana Ávila, Abogada Sénior “Defiendo los derechos humanos porque creo en la dignidad y en la igualdad como principios esenciales. Creo en el valor de las diferencias y en las luchas de quienes no han conocido sus derechos. Estas convicciones me hacen sentir indignación, rabia y vergüenza ante la vulneración de derechos humanos en Colombia, mi país, en América Latina y en el mundo. Los defiendo porque para mí los derechos humanos son la realización de las aspiraciones de hombres y mujeres de construir un mundo más justo”. En mayo pasado, Liliana quedó conmovida con el relato de una mujer indígena en Guatemala, cuya comunidad se está quedando sin el agua de sus ríos debido a la construcción de una represa. Con esa agua, la mujer riega las flores de su jardín, aquellas que le alegran la vida cuando está triste. Esa historia llena a Liliana de fuerza pues sabe que con su trabajo puede ayudar a que esas flores sigan brotando. “MI MAYOR MOTIVACIÓN NACE DE TOMAR CONCIENCIA DE LAS DESIGUALDADES E INJUSTICIAS” Daniel Iglesias, Becario “Mi mayor motivación para defender los derechos humanos y el ambiente nace de tomar conciencia de las desigualdades e injusticias que caracterizan al mundo contemporáneo, dominado por los efectos de la globalización capitalista. Es nuestra responsabilidad luchar por eliminar estas desigualdades. Y la defensa de los derechos humanos es una herramienta fundamental para lograrlo, basada en la solidaridad y en la indignación ante las injusticias”. Como abogado en materia de derechos humanos, Daniel ha visto de cerca situaciones injustas como la que sufren pueblos indígenas despojados de sus tierras, la de personas privadas de su libertad de expresión y la de aquellas afectadas por los daños ambientales causados por industrias extractivas. Esa experiencia la vuelca en su trabajo con AIDA desde México y lo alienta a seguir aprendiendo y aportando a lograr justicia social y ambiental en la región. “YO CRECÍ PENSANDO QUE TENÍA DERECHOS” Marcella Ribeiro, Asesora Legal “Yo crecí pensando que tenía derechos, que nunca me debía faltar agua ni comida y que la playa frente a mi casa, en Brasil, no podría ser contaminada porque tenía derecho a la salud. Pero cuando entendí que las personas que viven en favelas o aquellas afectadas por sequías no creían, como yo, que tenían derechos y no se organizaban para reclamarlos, decidí unirme a quienes luchan para que la voz de esas personas sea escuchada, para que su humanidad sea reconocida”. Marcela trabajó en proyectos de educación sobre derechos humanos en favelas de Brasil. Desde entonces tiene claro que la justicia social es posible siempre y cuando las personas gocen de sus derechos humanos de carácter social, cultural, ambiental y económico.  

Denuncia pública de la Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis

Las comunidades Pojom, Yulchen Frontera, Ixquisis, Bella Linda, Nuevo San Mateo, Nueva Concepción, El Rincón, San Francisco, El Platanar y Primavera de la microrregión de Ixquisis, del municipio de San Mateo Ixatán, departamento de Huehuetenango, ante los recientes actos represivos por parte de las fuerzas de seguridad y la tergiversación de la información en medios digitales, EXPONEMOS que desde el sábado 14 de julio de julio nos reunimos para realizar manifestaciones pacíficas en rechazo a la presencia de la Policia Nacional Civil y del Ejército Nacional en nuestro territorio, tomando en cuenta que se han dedicado únicamente a proteger los intereses y a los empleados de la empresa hidroeléctrica Energía y Renovación, mientras que a las comunidades nos han reprimido e intimidado. Es necesario hacer mención que las mujeres de la microrregión han sido víctimas de abusos sexuales, agresiones verbales, intimidaciones y amenazas por parte de los elementos de las fuerzas de seguridad.  Tanto la Subestación de la Policía Nacional Civil y el Destacamento Militar se encuentran en terrenos de propiedad de la empresa hidroeléctrica Energía y Renovación, que anteriormente se denominaba PDH S.A., y ha invadido nuestro territorio sin previa consulta, imponiendo así sus proyectos hidroeléctricos que únicamente han traído conflicto y división en nuestras comunidades.  Queremos recalcar que mujeres y hombres nos identificamos como comunitarios indígenas y campesinos, defensores de derechos humanos y de la Madre Naturaleza. No somos terroristas, no somos personas que buscan desestabilización social. Además, no portamos armas, menos de grueso calibre, ni pertenecemos a grupos criminales organizados, como se ha aseverado en artículos que circulan en las redes sociales y otros medios. Como hombres y mujeres de campo, lo único que portamos son nuestras herramientas de trabajo. Nosotros y nosotras pertenecemos a la organización comunitaria pacífica que se dedica al cuidado y protección de nuestro territorio, de los bienes naturales y de la vida. Nuestro movimiento, la Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis, es reconocida a nivel mundial y es ganadora regional para las Américas del premio de Frontline Defenders 2018 por nuestra lucha pacífica en defensa de nuestro derecho al territorio y para la justicia ambiental. Sabemos que el Estado debe garantizar la seguridad ciudadana, pero debe garantizar que la seguridad efectivamente sea para la población y no para proteger intereses empresariales tal como actualmente sucede en la microrregión de Ixquisis, donde desde el 2014 la PNC y el Ejército se han instalado para resguardar la propiedad privada y no la vida de las personas allí asentadas. Por ello manifestamos nuestro total rechazo a: La presencia policial y militar en las comunidades de la microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixatán, Huehuetenango. Los señalamientos en contra de los liderazgos comunitarios que nos encontramos organizados para la protección y cuidado de nuestro territorio, bienes naturales y de la vida. Las campañas de difamación, estigmatización y la represión de la cual somos víctimas día y noche por parte de las fuerzas de seguridad.  Los actos de intimidación por parte de la seguridad de la empresa hidroeléctrica Energía y Renovación. La violación al derecho de manifestación establecido en la Constitución Política de la República.  Los trabajos que pretende llevar a cabo la empresa porque dañan los ríos, las montañas y la naturaleza donde vivimos y a nuestros medios de vida. SOLICITAMOS: Al Estado de Guatemala que se garantice el Estado de Derecho con transparencia, eficacia y siempre en busca del buen vivir, la armonía y la paz en nuestro territorio. Al Ministerio de Gobernación y al Ministro de la Defensa Nacional que ordenen el retiro inmediato de las fuerzas de seguridad del territorio. Al Organismo de Justicia de Guatemala que reconozca las irregularidades con las que se han impuesto estos proyectos en nuestro territorio y las violaciones de derechos humanos que sufrimos como resultado de su presencia en la microrregión de Ixquisis.  A los organismos nacionales e interncionales de derechos humanos propiciar medidas inmediatas que resguarden la vida de las comunidades en el marco de proteger la vida, su territorio y sus recursos humanos, rechazan la construcción de los proyectos hidroeléctricos Pojom I, Pojom II y San Andrés.  A la comunidad internacional que denuncie ante las instituciones financieras internacionales y de desarrollo que invierten en los proyectos hidroeléctricos en la microrregión, las numerosas violaciones de derechos humanos.  

Brasil debe responder por violaciones de derechos humanos

¡Lo hicimos! Nos llena de orgullo decir que recientemente presentamos los argumentos finales en nuestro caso contra Brasil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ellos, demostramos los daños que Belo Monte ha causado a comunidades indígenas y tradicionales, y a residentes de Altamira, la ciudad más próxima a la represa. Estamos trabajando por ellos: para llevar al gobierno de Brasil ante la justicia. “Las violaciones de derechos humanos son algo cotidiano para quienes somos afectados por la represa”, explicó Antônia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, colectivo ciudadano creado para enfrentar la implementación de la hidroeléctrica. “Es urgente que nuestra petición ante la Comisión avance para sancionar al gobierno y garantizar nuestros derechos”. Nosotros argumentamos que los daños a comunidades locales resultaron de una falta grave de previsión y de una evaluación adecuada de impactos ambientales, así como del incumplimiento de las condiciones de operación establecidas por el gobierno. Los riesgos denunciados antes de la construcción de la represa se han convertido en daños de largo plazo. Muchos de ellos han afectado de forma distinta a hombres y mujeres, personas jóvenes y ancianas. Nuestro informe documenta el desplazamiento de comunidades indígenas y tradicionales, forzadas a dejar sus territorios sin alternativas adecuadas, poniendo en riesgo su sobrevivencia cultural. Entre las poblaciones afectadas están comunidades dedicadas a la pesca, quienes no han sido compensadas por la pérdida de sus medios de sustento. La represa ha causado la muerte masiva de peces y, aunque las autoridades han impuesto multas millonarias, el informe demuestra que el problema de fondo no ha sido resuelto. Las comunidades locales ahora tienen un uso limitado del río Xingú como fuente de alimento, sustento, transporte y diversión. También identificamos, entre otros daños serios, la pérdida de oficios tradicionales, como los de ladrilleros y carreteros, y de prácticas culturales tradicionales. Las mujeres, por ejemplo, han dejado de dar a luz en sus casas y ahora deben ir a un hospital, una realidad que ha empeorado drásticamente debido a la saturación de los servicios de educación y salud en Altamira a causa del reciente aumento poblacional. Nuestro caso está ahora en manos de la Comisión. La Comisión elaborará su propio informe, concluyendo si hubo o no violaciones de derechos humanos a causa de la represa Belo Monte. De establecer que sí hubo, la Comisión puede emitir recomendaciones para su remediación. Si Brasil no responde a ellas, el caso puede ser remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo condenando a Brasil. La presentación de este informe nos acerca —y sobre todo a las comunidades que representamos— a lograr justicia por los muchos errores cometidos en nombre de la represa Belo Monte y del desarrollo energético en la Amazonía.  

AIDA respalda demanda de comunidades de Guatemala contra represa Pojom II

Presentamos ante la Corte Suprema de Justicia de ese país un escrito que evidencia el incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de ambiente y derechos humanos en la autorización y construcción del proyecto hidroeléctrico. Ciudad de Guatemala, Guatemala. En respaldo a las demandas de amparo interpuestas por miembros de comunidades de la microrregión de Ixquisis, Huehuetenango, afectadas por el proyecto hidroeléctrico Pojom II, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente presentó un escrito (Amicus Curiae) ante la Corte Suprema de Justicia. En él evidenciamos las obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos incumplidas en el proceso de autorización y construcción de la represa. “La construcción de la hidroeléctrica fue autorizada sin haberse realizado una consulta previa, libre e informada que permitiera a la población afectada, en su mayoría indígena, otorgar su consentimiento a una actividad que les afecta directamente”, explicó Liliana Ávila, abogada de AIDA. “La consulta, el consentimiento y la participación son derechos humanos individuales y colectivos que están garantizados por tratados internacionales ratificados por Guatemala”. El proyecto Pojom II está financiado por el BID Invest, brazo privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue autorizado pese a que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa promotora incumplió estándares nacionales e internacionales. No fue realizado por una entidad independiente ni bajo la supervisión del Estado, no respetó las tradiciones y cultura de las comunidades indígenas afectadas y no tomó en cuenta los impactos acumulativos de la concentración de proyectos hidroeléctricos en la zona. “Esos proyectos no representan beneficios para las comunidades y, por el contrario, causan daños irreversibles a sus medios de subsistencia y modos de vida tradicionales al afectar fuentes de agua y otros entornos naturales”, señaló Ávila. “Generan además situaciones de grave conflictividad social”. En el escrito presentado por AIDA se detallan las obligaciones internacionales incumplidas por el Estado de Guatemala respecto al proyecto Pojom II. Entre ellas están las contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y otras que hacen parte del Derecho internacional ambiental. “Las demandas de amparo presentadas por las comunidades son una oportunidad para que el gobierno suspenda el proyecto por los graves daños causados”, dijo Ávila. “Y en nuestro escrito apoyamos esa acción al demostrar la responsabilidad del Estado en el incumplimiento de normas internacionales”. Contacto de prensa: Victor Quintanilla, AIDA (México), [email protected], +521 5570522107  

La lucha ante el BID de mujeres indígenas en Guatemala

Decreto que levanta la veda de la cuenca del río San Pedro Mezquital

Autorización de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces

Las defensoras del agua en Guatemala

Lo primero que María hace al levantarse cada mañana es abrir el grifo de su casa para ver si hay agua. Con ella preparará café y, dentro de unas horas, la comida para su familia. Su casa está llena de plantas y de animales. Perros, gatos y gallinas la rodean mientras enciende la cocina de leña, cargando a su hijo pequeño en la espalda. Donde vive, en Ixquisis —región ubicada en el departamento de Huehuetenango, al noroccidente de Guatemala, cerca de la frontera con México—, existen muchos nacimientos de agua y ríos caudalosos, entre ellos el Pojom y el Negro. Para María, el río es un lugar especial. Allí lava ropa, una actividad tradicional de las mujeres de su comunidad, la mayoría indígenas. Pero también es un lugar de encuentro para ellas. Cada tarde, mientras el caudal avanza sin reparo, hablan de sus familias, de las tareas diarias y de sus preocupaciones. El mes pasado, junto con otras mujeres de Ixquisis, María habló de los riesgos que las represas Pojom II y San Andrés, que se construyen en la zona, implican para sus modos de vida. Lo hizo en un taller organizado por AIDA, en colaboración con colegas de Protección Internacional y de la Plataforma Internacional contra la Impunidad. La vida de María ha cambiado mucho en los últimos años debido a la construcción de las represas, algo que no la deja dormir. Antes que la construcción de las represas iniciara, María solía pescar. Con ayuda de un canasto que sumergía en el río, recogía —como si se tratara de magia— caracoles, camarones y peces pequeños. Pero el río ya no le ofrece qué pescar. Los ríos se han convertido de a poco en basureros. Quienes trabajan en las obras tiran allí escombros y otros desechos. Sus aguas, antes limpias, se usan para lavar coches y maquinaria. “Un día nos vamos a quedar sin agua y no vamos a poder vivir, nuestros hijos van a sufrir”. La frase de María resume el principal temor entre las mujeres de Ixquisis. Ese miedo no es infundado. La construcción de las represas ha dañado ya las fuentes de agua de la región. Familias como la de María padecen enfermedades estomacales y en la piel que antes no tenían. Las asocian con la contaminación del agua. Hasta antes del taller, las mujeres de Ixquisis no habían tenido la oportunidad de hablar espontáneamente de la importancia del agua y los ríos en sus vidas y de cómo las mismas comenzaron a cambiar debido a la construcción de las represas. Nadie les había dado tampoco información sobre los proyectos. Aun desconociendo los detalles, María y sus vecinas tiene claro que el agua en sus casas ya no llega tan limpia como antes y con la misma frecuencia. Y han expresado pacíficamente su oposición a las hidroeléctricas. Su voz se ha topado con la estigmatización y con el miedo a represalias. Si antes caminaba tranquila, incluso al caer la noche, ahora María sale de su casa con temor. Pero la gente de Ixquisis tiene el apoyo de personas y organizaciones que trabajan para proteger el ambiente y los derechos humanos. La organización internacional Front Line Defenders, por ejemplo, les entregó el Premio para Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo 2018. Un día después del taller con mujeres, organizamos un segundo encuentro al que asistieron los hombres de la región. La falta de agua ha afectado su principal actividad de subsistencia: el cultivo de banano, cardamomo, hortalizas y otros productos que luego venden. Sus cosechas han disminuido y ahora deben trabajar más horas para obtener la misma ganancia. Aprendí mucho de conocer a María. Su fortaleza, así como la de todos y todas en Ixquisis, viene de su respeto por la naturaleza y por lo que ésta les brinda. Comparto ese sentimiento y lo vuelco en mi trabajo como abogada en AIDA, asesorando legalmente a los hombres y mujeres de Ixquisis para que defiendan su territorio, para que sigan viendo agua salir de sus grifos y para que caminen sin miedo en busca de un futuro sano para sus hijos.  

Brasil deve responder à CIDH por violações dos direitos humanos causados pela Usina de Belo Monte

Organizações que representação as comunidades afetadas enviam argumentos finais à Comissão Interamericana de Direitos Humanos como parte do processo contra o Estado brasileiro. Foram encaminhadas denúncias sobre o deslocamento forçado de indígenas e ribeirinhos, a mortandade de peixes, as violações sofridas pelas mulheres e as ameaças à sobrevivência das comunidades da região. Washington D.C., Estados Unidos e Altamira, Brasil. Organizações da sociedade civil apresentaram suas alegações finais no caso da Usina de Belo Monte à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como parte da denúncia formal contra o Estado brasileiro pelas violações de direitos humanos causadas pela construção da hidrelétrica. Os documentos  apresentam os danos causados aos povos indígenas, comunidades ribeirinhas e os moradores de Altamira, a cidade mais próxima da hidrelétrica. "As violações de direitos humanos continuam acontecendo. Desejamos que a Comissão seja célere e que anuncie sanções ao governo brasileiro com a finalidade de garantir nossos direitos", declarou Antônia Melo, coordenadora do Movimento Xingu Vivo para Sempre. O relatório apresentado à Comissão mostra que os danos causados pela barragem é resultado de uma falta de previsão, avaliação adequada e do descumprimento das condições impostas pelo governo para a sua implementação. Os riscos relatados antes de sua construção são hoje danos que afetam homens e mulheres de diferentes faixas etárias. "O informe é um passo vital para os povos do rio Xingu tenham justiça. O Brasil deve responder pelas violações cometidas e impedir que isso aconteça novamente", explicou Astrid Puentes Riaño, co-diretora da Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA). A AIDA, em conjunto com a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH) e a Justiça Global, representa as comunidades afetadas perante a Comissão. As organizações também comprovam o deslocamento forçado sofrido por povos indígenas e comunidades ribeirinhas, que tiveram que deixar seus territórios sem opções de realocação adequadas, o que coloca em risco sua sobrevivência. Comunidades dedicadas à pesca estão entre a população mais afetadas e até hoje não foram compensadas pela perda de seus meios de subsistência. A barragem causou a morte em massa de peixes e, embora as autoridades tenham imposto milhões em multas, o problema  não foi resolvido, como evidencia o relatório. Os pescadores agora tem uso limitado do rio Xingu em termos de fonte de alimento, sustento, transporte e recreação. No relatório, as organizações documentam, entre outros sérios danos, o desaparecimento de ofícios tradicionais, como o de tijoleiros, e de práticas culturais tradicionais. Algumas mulheres, por exemplo, pararam de dar à luz em suas casas e agora precisam ir para um hospital. A perspectiva é pior porque os serviços de saúde e educação em Altamira estão saturados devido ao aumento populacional causado pela barragem. A queixa contra o Brasil perante a Comissão foi apresentada em 2011, ano em que a agência outorgou medidas urgentes de proteção aos povos indígenas afetados. O caso começou formalmente em dezembro de 2015. Em outubro do ano passado, para acelerar o processo, a Comissão decidiu excepcionalmente fundir duas etapas que, como regra geral, são processadas separadamente. Nesse contexto, as organizações apresentaram suas alegações finais e o Estado também deve fazê-lo para que a Comissão tome uma decisão. "Nós esperamos que, assim que possível, a Comissão remeta o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos e que, em seu relatório sobre o mérito, recomende que o Estado brasileiro adote as medidas necessárias para proteger a vida, a integridade e o direito de propriedade da comunidades indígenas e ribeirinhas afetadas pela hidrelétrica ", afirma Raphaela Lopes, advogada da Justiça Global. "Depois de serem submetidos a todos os tipos de violações, essas comunidades precisam de reparação integral porque viram seus direitos violados desde as origens do projeto; o seu direito à consulta livre, prévia e informada não foi respeitado", completa. A Comissão deve preparar um relatório no qual conclua se houve ou não violações de direitos humanos e pode emitir recomendações para o Brasil repará-las. Se não for atendido, poderá remeter o caso à Corte, que tem o poder de emitir uma sentença condenando o Brasil e recomendar medidas de reparação. Embora a barragem esteja em operação desde o início de 2015, sua construção ainda não foi concluída devido a suspensões judiciais decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas nas outorgas concedidas. O Estado brasileiro ainda pode evitar mais danos, por isso, é importante uma decisão imediata da Comissão. Saiba mais Contatos com a imprensa: Raphaela Lopes (Brasil), Justiça Global, [email protected], + 55 21 99592-7017 Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107

Brasil debe responder ante la CIDH por violaciones de derechos humanos derivadas de la represa Belo Monte

En representación de las comunidades afectadas, organizaciones enviamos argumentos finales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte del caso contra el Estado brasileño. Presentamos evidencia científica sobre el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades ribereñas, la muerte masiva de peces, daños diferenciados a hombres y mujeres, y amenazas a la sobrevivencia de las comunidades de la zona, ubicada en plena Amazonía. Washington D.C., Estados Unidos y Altamira, Brasil. Como parte de la denuncia formal contra el Estado brasileño por las violaciones de derechos humanos causadas por la construcción de la represa Belo Monte, organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sus argumentos finales en el caso. Los mismos evidencian científicamente los daños causados a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y habitantes de Altamira, la ciudad más próxima a la hidroeléctrica. “La situación de violación de derechos humanos persiste para los pueblos afectados y la continuidad de nuestra petición ante la Comisión es urgente para sancionar al gobierno y garantizar nuestros derechos”, dijo Antônia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú vivo para siempre, colectivo creado para enfrentar la implementación de la represa. El informe presentado a la Comisión demuestra que los daños causados por la represa son resultado de la falta de previsión y de una evaluación adecuada, y del incumplimiento de las condicionantes impuestas por el gobierno para su implementación. Los riesgos denunciados antes de su construcción son hoy daños de largo plazo que afectan de forma distinta a hombres y mujeres, y a diferentes grupos de edad. “Es un paso vital para que los pueblos de la cuenca del río Xingú obtengan justicia, el Estado de Brasil responda por las violaciones cometidas y para evitar que esto se repita”, explicó Astrid Puentes Riaño, Codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Junto con la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH) y Justiça Global, AIDA representa a las comunidades afectadas ante la Comisión. Las organizaciones prueban también el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades ribereñas, quienes tuvieron que dejar sus hogares sin opciones adecuadas de reubicación, lo que pone en riesgo su sobrevivencia. Entre la población afectada están comunidades dedicadas a la pesca, que no han sido compensadas por la pérdida de sus modos de subsistencia. La represa ha provocado la muerte masiva de peces y aunque las autoridades han impuesto multas millonarias, el problema de fondo no ha sido resuelto, hecho evidenciado en el informe. La población local tiene ahora un uso limitado del río Xingú en cuanto a fuente de alimento, sustento, transporte y diversión. En el informe, las organizaciones documentan —entre otros daños graves— la desaparición de oficios tradicionales, como los de ladrilleros y carreteros, y de prácticas culturales tradicionales. Las mujeres, por ejemplo, dejaron de dar a luz en sus casas y deben ir ahora a un hospital. El panorama empeora pues los servicios de salud y educación en Altamira están saturados debido al aumento poblacional ocasionado por la represa. La denuncia contra Brasil ante la Comisión fue presentada en 2011, año en el que ese organismo otorgó medidas de protección urgente para los pueblos indígenas afectados. El caso inició formalmente en diciembre de 2015. En octubre del año pasado y para agilizar el proceso, la Comisión decidió excepcionalmente unir dos etapas que, por regla general, se tramitan de forma separada. En ese marco, las organizaciones presentaron sus argumentos finales y el Estado deberá hacerlo también para que la Comisión tome una decisión. “Esperamos que lo más pronto posible la Comisión remita el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que en su informe de fondo recomiende que el Estado brasileño adopte las medidas necesarias para proteger la vida, la integridad y el derecho a la propiedad de las comunidades indígenas y ribereñas afectadas por la hidroeléctrica”, afirmó Raphaela Lopes, abogada de Justiça Global. “Después de ser sometidas a todo tipo de violaciones, esas comunidades necesitan reparación integral pues vieron vulnerados sus derechos desde los orígenes del proyecto; no se respetó su derecho a la consulta libre, previa e informada.” La Comisión debe preparar un informe en el que concluya si hubo o no violaciones a los derechos humanos y puede emitir recomendaciones para que Brasil las repare. De ser incumplidas, puede remitir el caso a la Corte, órgano que tiene la facultad de emitir un fallo que condene a Brasil y recomendar medidas de reparación. Aunque la represa está en funcionamiento desde principios de 2015, su construcción no ha finalizado debido a suspensiones judiciales derivadas del incumplimiento de condiciones establecidas en los permisos otorgados. El Estado de Brasil aún puede evitar mayores daños de los ya ocurridos, por la que una decisión pronta de la Comisión es importante. Encuentra aquí más información del caso. Contactos de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Raphaela Lopes (Brasil), Justiça Global, [email protected], + 55 21 99592-7017