Fracking


Fracking, Derechos Humanos

Comisión Interamericana analizará violaciones a los derechos humanos provocadas por fracking

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una audiencia informativa el próximo 3 de octubre para conocer la situación general de la utilización de la fracturación hidráulica (fracking) y la violación a los derechos humanos de comunidades y personas defensoras a consecuencia de esta actividad en el continente americano. La audiencia responde a una solicitud realizada por 126 organizaciones de América Latina, encabezadas por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF). La audiencia se realizará en la ciudad de Boulder, Colorado, Estados Unidos, en el marco del 169 período ordinario de sesiones de la CIDH. En ella, personas defensoras y representantes de comunidades afectadas presentarán información detallada sobre los impactos a los derechos humanos, así como los impactos ya documentados y los riesgos potenciales derivados de las actividades de fracking en América Latina. Las organizaciones agrupadas en la ALFF buscan proponer una serie de recomendaciones a la CIDH y a los gobiernos de la región para garantizar los derechos humanos frente a los riesgos de este método de explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos. De acuerdo con la solicitud de audiencia, en Latinoamérica existen cerca de 5,000 pozos de fracking. En Argentina, aproximadamente existen 2000 pozos. Mientras en Chile, según datos oficiales, actualmente se ha aprobado la fracturación de 182 pozos, la gran mayoría en la isla de Tierra del Fuego. En el caso de México, el número de pozos de fracking supera los 3,350, aunque las organizaciones firmantes señalaron que existen retos en materia de acceso a esta información. Por su parte, en Brasil y Colombia se han firmado contratos que permiten la exploración y explotación, y en Bolivia se ha comenzado la prospección y los estudios de muestras de yacimientos no convencionales. Organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay firmaron en julio pasado la solicitud de audiencia a la CIDH. “El avance del fracking en América latina se realiza a ciegas porque no se conoce con certeza la totalidad de las sustancias químicas empleadas, ni sus efectos combinados o sinérgicos, los riegos reales y potenciales, ni la efectividad de las medidas de mitigación”, resaltó Claudia Velarde, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Lo que sí se conoce son sus daños en el ambiente, en la cantidad y calidad del agua, en la salud y en los derechos humanos colectivos”. Mientras en diversos países de América Latina se promueve el fracking, otros países, estados y provincias de Europa, América y Oceanía lo han prohibido por los impactos y riesgos ambientales y para la salud que implica. La solicitud a la CIDH destaca que “ninguno de los países donde se aplica el fracking posee un conocimiento integral de los riesgos e impactos irreversibles que puede ocasionar al ambiente y a la vida de las personas y comunidades. Sin embargo, se cuenta con sobrada evidencia científica de sus efectos negativos sobre la población, a partir de la experiencia de uso intensivo de esta técnica en Estados Unidos.” Sigue las actualizaciones sobre esta audiencia con el hashtag #AméricaSinFracking Contacto de prensa Victor Quintanilla, AIDA (México), [email protected], +521 5570522107  

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Autorización de pozos de fracking en Argentina viola obligaciones internacionales

AIDA presentó un escrito para respaldar el amparo interpuesto por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. En él evidenciamos las obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos incumplidas al autorizar la explotación de cuatro pozos petroleros mediante fracking, dentro de la formación Vaca Muerta, actividad que daña fuentes de agua y vulnera derechos de comunidades Mapuches. Mendoza, Argentina. En respaldo a la demanda de amparo interpuesta por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó un escrito (Amicus Curiae) ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza. En él evidenció las obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos incumplidas por la Dirección de Protección Ambiental al autorizar la explotación de cuatro pozos petroleros mediante fracking por la empresa El Trébol S.A. “La explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de fracking fue autorizada en Mendoza sin haberse realizado una evaluación de impacto ambiental”, dijo Claudia Velarde, abogada de AIDA. “La actividad fue presentada como ‘adecuación de infraestructura’ en el proceso de autorización y la autoridad ambiental otorgó los permisos en un tiempo récord de seis días”. Los pozos están dentro de Vaca Muerta, la principal formación de gas no convencional (gas shale o de esqusito) de Argentina y de América Latina. Y en la zona habitan comunidades Mapuches, reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y cuyos miembros deben ser consultados para obtener su consentimiento previo, libre e informado a cualquier actividad que afecte su territorio. Ese derecho no fue respetando, vulnerando —como se detalla en el escrito— el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, normas internacionales reconocidas por Argentina. “Los químicos usados en el fracking pueden contaminar aguas superficiales como subterráneas, incluyendo las de la laguna de Llancanelo, un humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar, tratado ratificado por el Estado argentino”, afirmó Velarde. “El sitio es zona de paso y descanso para más de 130 especies de aves residentes y migratorias” Además, las actividades de fracking requieren grandes cantidades de agua y Mendoza es una provincia que por años sufre de escasez de ese recurso, problema agravado por el cambio climático. Finalmente, en el escrito se resalta que no se cuenta con datos geológicos detallados de la zona ni con información de calidad sobre la dinámica de las aguas subterráneas. “Ante esa incertidumbre científica, las autoridades deben aplicar el principio de precaución”, explicó Velarde. “Con base en ese principio, una actividad con las características del fracking no debe ser autorizada si quienes buscan implementarla no pueden probar que no causará daños graves e irreversibles en el ambiente”. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107  

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Seminario virtual "Viviendo de cerca los daños de la extracción de gas y petróleo"

La extracción de gas y petróleo causa diversos daños en las personas que viven en o cerca de donde la explotación ocurre. Lamentablemente, muchas comunidades sufren a diario consecuencias graves como la contaminación del agua, el aire y el suelo. Ello afecta directamente la salud, particularmente la de niños y niñas, mujeres (más si están embarazadas) y adultos mayores.  Ni las mejores regulaciones, aun cuando fueran adecuadamente aplicadas, pueden evitar estos daños. En este seminario en línea se dieron a conocer las experiencias de comunidades de Caigua, Bolivia; Los Ángeles, Estados Unidos; y Papantla, México. Panelistas Jorge Campanini, Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB): Actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas, el caso de la comunidad de Caigua en Bolivia. Nalleli Cobo, STAND-L.A.: Impactos de la extracción de hidrocarburos en Los Ángeles. Alejandra Jiménez, Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan: Afectaciones del fracking en Papantla, Veracruz (México). ​Grabación   Presentaciones 1. Presentación de Jorge Campanini, Centro de Documentación e Información Bolivia:   2. Presentación de Alejandra Jiménez, Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan:  

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Derechos Humanos, Fracking

Defendiendo a comunidades del avance del fracking en Argentina

En un país altamente dependiente de los hidrocarburos, los derechos humanos y de la naturaleza no suelen ser lo más importante. Por ello AIDA y sus socios apoyan los esfuerzos de organizaciones y comunidades  para evitar los daños del fracking en Argentina. En la provincia Neuquén, al noroeste de la Patagonia argentina, una gran estructura de metal se levanta entre árboles de manzana. Se trata de uno de los pozos de fracking instalados en la zona. Un solo pozo requiere cerca de 11 millones de litros de agua, lo que equivale a 18 años de consumo de agua para una familia.Pese a ser una técnica experimental, riesgosa y contaminante para la explotación de hidrocarburos no convencionales, el fracking se está extendiendo rápidamente en Argentina, afectando a territorios mapuches y poblaciones locales.La expansión ocurre en Vaca Muerta, el yacimiento con la reserva probada de gas no convencional más grande de América Latina. Con 30 mil kilómetros cuadrados, el yacimiento abarca cuatro provincias argentinas: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.Pero la expansión ha traído también problemas como la contaminación y el consiguiente perjuicio de los modos de vida de las comunidades locales, incluyendo a mapuches, quienes se ven obligadas a buscar otras opciones de subsistencia para seguir viviendo en sus territorios y no migrar a las ciudades.Las empresas petroleras generan fuentes de trabajo que son inestables y de corto plazo. Y, debido también al aumento en el precio de la tierra, los pobladores de la zona deben ganar más dinero para mantener su nivel de vida.En un país cuya energía depende en 90% de los hidrocarburos, es difícil que el gobierno priorice los derechos de los pueblos indígenas, de los niños y niñas, y de la naturaleza, frente a los ingresos económicos de una industria no sostenible.Por ello es fundamental el esfuerzo de comunidades y organizaciones de la sociedad civil para resistir el avance ciego del fracking.“Lo que me motiva es el cuidado de la tierra y del agua; la naturaleza no es nuestra, nosotros le pertenecemos”, dice Santiago Cané, miembro de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales FARN (FARN), organización que está recurriendo a la justicia para evitar los daños del fracking.FARN presentó un amparo para invalidar las autorizaciones otorgadas para la explotación de cuatro pozos de fracking en Mendoza.Los permisos fueron otorgados por la autoridad ambiental en julio de 2017, en un tiempo récord de seis días y sin requerir un Evaluación de Impacto Ambiental. La demanda aún está en proceso y AIDA colabora con FARN desde su experiencia en derecho ambiental internacional y derechos humanos.“En Mendoza, el fracking está avanzando a un ritmo muy acelerado”, cuenta Santiago. “Los gobiernos nacional y provincial no están tomando en cuenta que se puede contaminar de manera irreversible fuentes de agua que sirven a varias ciudades”.De hecho, Mendoza es una provincia que por años sufre de escasez de agua, problema agravado por el cambio climático.Quienes impulsan el fracking en Mendoza también pasan por alto que, al contaminar tanto aguas superficiales como subterráneas, los químicos usados pueden llegar a la laguna de Llancanelo, un humedal de importancia internacional, ubicado en la falda de la cordillera de los Andes, y que es zona de paso y descanso obligatorio para más de 130 especies de aves residentes y migratorias.Además, la zona es hogar de mapuches. Según la legislación internacional, ellos deben dar su consentimiento previo, libre e informado a cualquier actividad que afecte su territorio. Ese derecho no está siendo respetado.“Me motiva también la idea de una economía diferente que no deprede la naturaleza y que no genere acumulación de riqueza en pequeños grupos de la sociedad”, dice Santiago.FARN, junto con AIDA, es parte de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, una coalición de organizaciones que trabajamos por una América Latina libre de fracking.Juntos seguiremos evitando los daños del fracking. Estamos convencidos que el poder para hacerlo está en la gente.

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Fracking Colorado

Seminario virtual "La regulación del fracking: una falsa solución"

Los gobiernos y el sector privado se empeñan en hacer que la población crea que, con regulaciones ambientales, la explotación de hidrocarburos no convencionales vía fracturamiento hidráulico o frackingpuede hacerse de manera segura y responsable. Pero la experiencia internacional y la evidencia científica existente demuestran que esta actividad conlleva daños que son inherentes a la misma y que ni las mejores regulaciones, aun cuando fueran adecuadamente aplicadas, pueden evitarlos. En este seminario en línea se abordó la situación de las regulaciones aplicables al fracking en Argentina, Colombia y México y sus limitaciones para atender los riesgos que la actividad representa para la población, el ambiente y el clima. Grabación Presentaciones  

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Paramos

Ocho temas claves para la agenda ambiental de Colombia en 2018

Para Colombia, el 2017 fue un año marcado por el debate en torno al derecho de las comunidades de ser consultadas sobre decisiones que afecten sus territorios y ecosistemas. Lo vimos con la organización de consultas populares y movilizaciones que cuestionaron proyectos mineros y de fracking y, en suma, la continuidad del modelo extractivista. Fue evidente además con la decisión de la Corte Constitucional, uno de los máximos tribunales del país, del máximo tribunal del país, de invalidar la delimitación del páramo de Santurbán, fuente de agua para millones, porque la decisión gubernamental no tomo en cuenta a la población. Por otro lado, el país se unió al debate global acerca del cambio climático y la necesidad de promover un desarrollo económico libre de combustibles fósiles. Ahora bien, en 2018, frente a las elecciones presidenciales y ante la implementación de los acuerdos de paz, la participación ambiental, la autonomía territorial y el fracking se muestran como temas especialmente importantes para el año que inicia. A continuación, ocho temas que considero claves para la agenda ambiental del 2018: Participación ambiental: Las consultas populares, como expresión de comunidades empoderadas y en búsqueda de decidir respecto de proyectos que les afecten, seguirán teniendo un lugar privilegiado en el debate público. Autonomía territorial: Aunque reconocida constitucionalmente, la facultad de los departamentos y municipios de gobernarse de forma autónoma en diversos ámbitos, incluido el ambiental, no está del todo definida. Quedan por responder preguntas como ¿quién debe decidir? y ¿sobre qué se puede decidir? Autoridades indígenas: Siguiendo la línea del punto anterior, la autonomía y el nivel de decisión de las autoridades indígenas con relación a temas ambientales dará mucho que hablar este año. Fracking: La pregunta clave es: Frente a la expansión de esa técnica en la región ¿adoptará Colombia la postura de organizaciones sociales sobre la aplicación del principio de precaución para evitar los daños al ambiente y a la salud humana asociados al fracking? Descarbonización: Como país productor, ¿se sumará Colombia a la tendencia iniciada por Francia, Reino Unido e Italia, naciones que firmaron recientemente una alianza para cerrar las centrales de carbón antes de 2030 y cumplir así con el acuerdo climático de París? La Niña: Las lluvias y vientos fuertes del fenómeno climático de La Niña retornarán al país este año. Las acciones adecuadas para mitigar el riesgo serán fundamentales, al igual que la aplicación de las lecciones aprendidas el 2010, cuando el fenómeno dejó cientos de muertes y pérdidas millonarias. Páramos: A partir de la decisión de la Corte Constitucional sobre la delimitación del páramo de Santurbán, este año promete estar lleno de controversias sobre la nueva delimitación de ese entorno y acerca de la participación de las comunidades en la demarcación del resto de los páramos colombianos, medida orientada a su protección frente a proyectos nocivos como los mineros.  Principio 10: La negociación de un acuerdo regional sobre el acceso de toda persona a la información, a la justicia y a la participación pública en temas ambientales, aún está en marcha. El acuerdo busca la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, clave para garantizar el derecho a un ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras. Desde AIDA, y a través de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, seguiremos promoviendo este año soluciones a los conflictos ambientales en el país con base en la aplicación efectiva de las normas nacionales e internacionales.

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Seminario virtual "Prohibiendo el fracking: un avance posible para evitar sus daños"

Seminario virtual "Prohibiendo el fracking: un avance posible para evitar sus daños"

Paralelamente a la expansión del fracking a nivel mundial, cada vez más gobiernos nacionales y subnacionales, preocupados y conscientes de los graves daños que la técnica implica para el ambiente y la salud humana, la han prohibido o han declarado la moratoria del fracking en tanto no se garantice que evitar sus impactos será posible. La participación de la sociedad civil organizada, informando y presionando a legisladores y tomadores de decisión, ha sido imprescindible para lograr y mantener estos avances importantes en la reglamentación de una actividad con riesgos irreversibles. ¡Conoce más sobre las prohibiciones al fracking! Grabación Presentaciones  

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Pozo de fracking en Pensilvania
Fracking, Derechos Humanos

Recurriendo a la justicia para evitar los daños del fracking

El fracking se está expandiendo con rapidez en América Latina. Si dejamos que se desarrolle a ciegas, podría causar daños irreparables no solo al ambiente, sino también a la salud de las personas. Para Claudia Velarde, abogada ambientalista boliviana, la Madre Tierra y las personas no deben ser entendidas como seres diferentes o aislados. “Las actividades que afecten la conservación de la naturaleza, necesariamente van a tener una repercusión en nuestra vida”. Esa firme creencia la llevó a unirse al equipo de abogados de AIDA a comienzos de este año, y a ser parte de los esfuerzos para proteger el ambiente de actividades extractivas tan dañinas como el fracking y la minería a gran escala. Desde el Programa de Agua Dulce, Claudia ayuda a coordinar el trabajo de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, una coalición de organizaciones que promueve el debate público, la concientización y la educación entre grupos de la sociedad civil, y que apoya esfuerzos de resistencia de comunidades en toda la región frente al avance del fracking. Riesgos confirmados La extracción de gas y petróleo mediante la fracturación hidráulica o fracking podría tener “un efecto nefasto” en la calidad y la disponibilidad de agua potable. Así lo concluyó el estudio más completo realizado hasta la fecha en Estados Unidos por la Agencia de Protección Ambiental del país pionero en el uso de esa técnica. Según el estudio, los impactos se deben a que en los pozos de fracking se utilizan grandes cantidades de agua, la cual es inyectada en el subsuelo junto con altas concentraciones de químicos para fracturar rocas que llevan hidrocarburos dentro. Esos fluidos pueden contaminar yacimientos subterráneos de agua. Además, las estructuras de salida de los pozos no son lo suficientemente sólidas como para evitar la contaminación. Al dañar fuentes de agua, el fracking también afecta la vida de personas, animales, plantas y ecosistemas enteros que dependen de ese recurso. Cerca de la Laguna de Llancanelo, una de las más importantes del norte argentino, se busca desarrollar actividades de fracking.  Ignorando el peligro “La dependencia a los combustibles fósiles nos está llevando a una crisis ambiental y climática sin precedentes”, afirma Claudia. “El fracking tiene graves impactos por lo que es importante que la población tenga la información real y completa sobre las políticas y los procedimientos relacionados con esta técnica”. Uno de esos procedimientos es la evaluación adecuada de los posibles daños ambientales y la identificación de medidas para mitigarlos, paso previo a la autorización de cualquier operación de fractura hidráulica. Sin embargo, gobiernos en la región no están haciendo respetar ese requisito. En Mendoza, una de las principales ciudades de Argentina, la autoridad ambiental dio el permiso para que la empresa Petrolera El Trebol S.A. explore y explote cuatro pozos petroleros del modo convencional, es decir, sin usar fracking. El procedimiento para otorgar el permiso sí incluyó una Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, meses después, la empresa decidió cambiar su forma de trabajo por la técnica de fracturación hidráulica. Y mediante un proceso abreviado, el gobierno autorizó el cambio sin exigir un nuevo estudio de los posibles daños ambientales de la actividad, a ser desarrollada cerca de la Laguna de Llancanelo, humedal de importancia internacional. Ante ello, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, recurrió a la justicia y presentó un amparo para invalidar las autorizaciones emitidas por el gobierno. Entre sus argumentos está que además de vulnerar la obligación de presentar y requerir una Evaluación de Impacto Ambiental, el gobierno tampoco respetó el derecho a la consulta previa e informada de las comunidades que podrían verse afectadas por la operación de fracking en Mendoza. “Acudimos a la justicia para que le pongan un freno a este atropello y la sociedad tenga la oportunidad de discutir, con información, si quiere o no este tipo de actividades que dañan el ambiente irremediablemente”, dice Santiago Cané, Asistente de Participación de FARN. “En caso de aceptar el fracking, éste deberá hacerse teniendo los cuidados necesarios, regulación específica y las medidas suficientes para evitar daños o mitigarlos”. AIDA apoyará el trabajo legal de FARN con argumentos de derecho internacional. El más importante se basa en el principio de precaución, que debe ser aplicado ante la existencia de peligro o riesgo de daños graves al ambiente y la salud humana, y la incertidumbre sobre los mismos. “Dado que no existe un estudio con la información técnica suficiente sobre los posibles daños del fracking, debe aplicarse este principio para la adopción de medidas que eviten la consolidación de dichos impactos en este y otros casos”, explica Claudia. Pese a la evidencia científica sobre las consecuencias nefastas del fracking, el uso de la técnica se está expandiendo en América Latina. Ante esa tendencia y junto con nuestros aliados, en AIDA seguiremos trabajando para encontrar, mediante el uso de la ley, soluciones locales que repercutan en toda la región.

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Seminario virtual "¿Cómo América Latina defiende su territorio del fracking?

Varios países de América Latina están apostando por la explotación de gas y petróleo no convencionales mediante la técnica de la fractura hidráulica (fracking). Esta práctica, prohibida ya en diversas partes del mundo, tiene impactos negativos serios sobre los territorios y la vida de las personas. Ante esta amenaza, la respuesta de comunidades campesinas e indígenas afectadas ha sido contundente: exigen que se protejan, respeten y garanticen sus derechos, que no se den permisos para actividades de fracking en sus tierras y territorios, y que esa técnica se prohíba. Grabación​   Presentaciones     Otros documentos   La lucha en México contra la fractura hidráulica ​

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Marcha contra el fracking en Colombia.

En Colombia, el poder para detener al fracking está en su gente

En la lucha contra el fracking en Colombia, una pequeña ciudad está dando una gran batalla. Desde comienzos de 2016, los habitantes de San Martín, municipio ubicado a unos 480 kilómetros al norte de Bogotá, en el departamento de Cesar, se han movilizado y han protestado y resistido pacíficamente los planes del gobierno de realizar operaciones de fracking en su territorio. Organizando marchas de protesta y bloqueando el acceso de empleados de una empresa petrolera a los sitios de exploración, ciudadanos preocupados están alzando sus voces contra una industria ambientalmente dañina. Pero San Martín es sólo uno de los muchos municipios afectados por la fiebre del fracking que está desplazando a la industria del gas y el petróleo en Colombia. Ese país tiene grandes reservas de combustibles fósiles no convencionales, atrapados en depósitos estrechos de rocas de esquisto. El fracking o fractura hidráulica rompe esas rocas  —usando una mezcla de agua, arena y químicos— y libera esos depósitos, los cuales, dicen analistas, pueden generar 6.800 millones de barriles de petróleo y 55 billones de pies cúbicos de gas natural, según  la Administración de Información Energética (AIE) de Estados Unidos. Eso basta para satisfacer por décadas la demanda energética de Colombia. Si bien aún no se han iniciado operaciones de fracking en el país, existen a la fecha 12 bloques de exploración de fracking, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y una concesión han sido ya otorgada a una corporación multinacional. Se prevé que ésa y las futuras concesiones afecten a municipios en todo el territorio nacional. Colombia ha seguido el ejemplo de otros países de América Latina que han adoptado el fracking como solución rápida y sucia a su adicción a los combustibles fósiles, la cual alimenta a poblaciones necesitadas de energía. Actualmente, Argentina, Chile y México son las potencias del fracking en la región. “No podemos darnos el lujo de no hacer fracking”, dijo en 2015 Juan Carlos Echeverry, entonces presidente de Ecopetrol, la empresa estatal petrolera de Colombia. Pero los pobladores de San Martín —como muchas otras personas preocupadas por el futuro de sus comunidades, del país y del planeta— opinan diferente. En apoyo a las y los ciudadanos de San Martín, la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (CORDATEC) ha estado organizando una resistencia en el mismo lugar para restringir la exploración de fracking en Cesar. Otra organización, la Alianza Colombia Libre de Fracking, también está luchando: recientemente firmó una carta abierta pidiéndole al presidente Juan Manuel Santos aprobar una moratoria al fracking. Aunque estos esfuerzos son parte integral de la lucha contra el fracking, también es importante librar la batalla en el ámbito local. Siempre que sea posible, ciudades y municipios pueden adoptar soluciones creativas como leyes estrictas de zonificación o referéndums para conseguir prohibir el fracking a nivel local. Esa estrategia ha tenido un éxito significativo en Brasil, donde más de 70 municipios han prohibido el fracking, frenando la expansión de la industria de los combustibles fósiles y, al mismo tiempo, protegiendo su ambiente. En Estados Unidos, estados como Nueva York, Maryland y parte de California han prohibido también con éxito las operaciones de fracking. De la mano de organizaciones en toda la región, AIDA trabaja con empeño para detener la expansión del fracking en América Latina. A través de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking y de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, nos enfocamos en soluciones locales que tengan potenciales implicaciones regionales. “La Alianza trabaja para promover el debate público, la concientización y la educación entre organizaciones de la sociedad civil en América Latina”, dice Claudia Velarde, abogada de AIDA. “También apoyamos los esfuerzos de resistencia local contra la expansión del fracking en el continente”. La Alianza está solicitando una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual sus integrantes demostrarán los impactos del fracking en los derechos humanos de las comunidades afectadas. Si nuestros gobiernos están decididos a seguir perforando en busca de combustibles fósiles, es tiempo de que las comunidades se pongan de pie y demanden un futuro con energía limpia y renovable. Al enfocarnos en el poder de las bases, como la gente de San Martín, nosotros también podemos demandar un futuro mejor y hacer retroceder a la industria de los combustibles fósiles.  Más Información  

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