Fracking

Detener al fracking: ¡La unión hace la fuerza!

Según muchos expertos y funcionarios gubernamentales, debido a la sobreexplotación de los yacimientos de petróleo y gas natural, el mundo se ha quedado sin los hidrocarburos más fáciles de extraer, de mejor calidad, y cuyos yacimientos están más cercanos a la superficie. Ello ha dado paso a la fractura hidráulica (fracking en inglés), una técnica empleada para explorar y explotar hidrocarburos de difícil obtención como el gas y petróleo de esquistos (un tipo de rocas). Sin embargo, al ser una técnica experimental, el fracking implica riesgos muy altos para la salud de las personas y el ambiente. ¿Qué podemos hacer al respecto? AIDA, al igual que otras organizaciones de la sociedad civil e instituciones, trabajamos para generar información y debate, y unimos esfuerzos para evitar los impactos negativos del fracking en América Latina. Los riesgos del fracking El fracking consiste en taladrar verticalmente bajo tierra (de mil a cinco mil metros) y luego horizontalmente (de mil a cuatro mil metros), e inyectar un fluido (una mezcla de agua, arena y químicos contaminantes) a muy alta presión para fracturar las rocas que contienen hidrocarburos de difícil acceso y así liberarlos. Se ha evidenciado que entre los riesgos de impactos graves e irreversibles asociados al fracking están: El uso intensivo de agua. La contaminación del aire y de fuentes de aguas superficiales y subterráneas. Daños a la salud de las personas (nacimientos de bajo peso y con defectos congénitos,  incremento de deficiencias cardiacas congénitas, malformaciones, alergias y otros) y de otros seres vivos. Las emisiones fugitivas de metano con un potencial de calentamiento 25 veces mayor al del dióxido de carbono. La generación de sismos. Afectación de actividades de subsistencia como la producción agropecuaria. En contra y a favor del fracking Ante esos riegos y la falta de información suficiente sobre el alcance de los impactos y cómo prevenirlos, países como Francia, Bulgaria, Irlanda y el Estado de Nueva York en Estados Unidos, le han dado la espalda al fracking, prohibiéndolo o declarando la moratoria del mismo en sus territorios. Otros países, por el contrario, están dando pasos decididos para explotar hidrocarburos no convencionales a través de esta técnica. Lo están haciendo con poca o ninguna información sobre sus impactos, y en ausencia de procesos adecuados de información, consulta y participación de las comunidades. A continuación les presento unos ejemplos del avance del fracking en América Latina: México le  abrió las puertas al fracking a través de la Reforma Energética de 2013. En ese país se perforaron 20 pozos con esa técnica hasta 2014. Argentina posee la mayor presencia de operaciones de fracking en la región, y las mayores reservas de gas de esquisto del continente americano. Hasta 2014, existían allí más de 500 pozos de fracking en las Provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro[6], incluyendo pozos perforados en Auca Mahuida, área natural protegida, y en territorios indígenas de mapuches. En Chile, en 2013, la empresa estatal ENAP perforó un pozo de fracking en la Isla de Tierra del Fuego y produjo gas natural. Se tienen previstas nuevas perforaciones en los próximos años. Colombia y Brasil han realizado licitaciones públicas y suscrito contratos con empresas petroleras para la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking. La empresa estatal petrolera de Bolivia suscribió en 2013 un convenio con su par de Argentina para estudiar la potencialidad de hidrocarburos no convencionales en territorio boliviano. Unidos es mejor En octubre de 2014, con la facilitación de AIDA, se conformó la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking para la generación de información, la articulación de esfuerzos y la incidencia con relación al fracking. El Grupo busca contribuir a que el derecho a la vida, la salud de las personas y un ambiente sano sean respetados en América Latina. La idea partió de iniciativas previas de coordinación regional promovidas por el Observatorio Petrolero Sur y la Fundación Heinrich Böll.  Actualmente, el Grupo está integrado por 26 organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas de siete países de la región. Su estrategia de trabajo prioriza las siguientes acciones: Hacer un diagnóstico que identifique las operaciones de fracking en la región, sus impactos y comunidades afectadas, y las estrategias para detenerlas desde la sociedad civil. Organizar seminarios virtuales y presenciales de capacitación sobre los impactos de esta técnica. Desarrollar estrategias de incidencia para detener el fracking a nivel internacional. Realizar una campaña regional de comunicación sobre el tema.  El Grupo tiene como valor agregado la experticia de sus miembros, su visión regional y el apoyo institucional que brindará a las organizaciones de cada país. Dada su naturaleza plural, está abierto a la participación de nuevas instituciones y personas interesadas en el tema. Logros importantes Muchas organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, e instituciones de la región han desarrollado estrategias para generar información, sensibilizar a la población, promover el debate público, e incidir ante tomadores de decisiones para detener al fracking. Sus esfuerzos han resultado en: Más de 30 ordenanzas municipales que declaran la prohibición o moratoria del fracking en municipios de Argentina, Brasil y Uruguay. Muchas de ellas se han basado en la aplicación del principio de precaución; y en la preservación de las aguas superficiales y subterráneas, la salud y vida de las personas. Resoluciones judiciales que suspenden la ejecución de contratos petroleros susceptibles de realizar fracking en cuencas petroleras de Estados brasileños como Sao Paulo, Piauí, Bahía y Paraná. Jueces han ordenado además que la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil no realice nuevas licitaciones en las cuencas comprometidas hasta que los impactos ambientales y riesgos del fracking sean suficientemente conocidos en Brasil. Esas decisiones judiciales han respondido a acciones promovidas por el Ministerio Público Federal de Brasil. Publicaciones sobre los impactos del fracking, sensibilización a comunidades y un proyecto de ley apoyado por más de 60 diputados nacionales y casi 20,000 personas para prohibir el fracking en México. Información sobre los impactos del fracking, sensibilización de la sociedad civil, y promoción del debate público en Colombia y Bolivia. Estos logros nos animan a profundizar la articulación y el trabajo conjunto entre organizaciones. Estamos avanzando en los esfuerzos regionales para evitar los impactos del fracking en nuestras comunidades, y promover un futuro energético humano y renovable.

Prohíben el fracking en Nueva York y en Colombia lo promueven

Por Héctor Herrera Santoyo, coordinador de la Red por la Justicia Ambiental @RJAColombia y asesor legal de @Aidaespanol La fracturación hidráulica o fracking es una forma no convencional de extraer petróleo y gas. Esta técnica consiste en realizar perforaciones primero verticales y luego horizontales e inyectar a muy alta presión una combinación de agua, arena y químicos tóxicos. De ese modo se fracturan capas del subsuelo conocidas como lutitas y es posible extraer el petróleo y gas allí contenidos.  El fracking genera impactos en el ambiente y en la salud: contaminación de fuentes de agua superficiales y subterráneas, generación de sismos, contaminación del aire y liberación de gases que contribuyen al cambio climático, entre otros. Así lo han evidenciado estudios del Ministerio de Ambiente alemán, la Oficina de Control del Gobierno de Estados Unidos, el Consejo Canadiense de las Academias de la Ciencia, y de individuos como Anthony Ingraffea, profesor de la Universidad de Cornell. El 17 de diciembre de 2014, el Gobernador de Nueva York anunció la prohibición del fracking en ese Estado por "riesgos significativos a la salud". Ese argumento resultó de un estudio realizado durante dos años por el Departamento de Conservación Ambiental del Estado. El mismo analiza los impactos del fracking en la salud humana, la calidad del aire y el agua, y en las comunidades. La decisión fue celebrada por defensores del ambiente y criticada por algunos inversionistas que dicen que ella le niega a Nueva York la posibilidad de obtener los rendimientos económicos del negocio extractivo. El debate sobre permitir o no el fracking se ha dado también en otras latitudes. En Francia, el fracking fue prohibido en 2011 mediante ley nacional. Una empresa petrolera demandó la ley ante la Corte Constitucional, instancia que ratificó la prohibición en 2013. Bulgaria prohibió el fracking en 2012 y Alemania mantiene vigente la moratoria a esa técnica. Prohibiciones o moratorias se han dado además en municipios de Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Suiza, Italia, Irlanda, Holanda y Australia. Pese a este escenario internacional, el Gobierno de Colombia ha promovido el fracking. En 2008, la Agencia Nacional de Hidrocarburos contrató un estudio para identificar de forma preliminar las potencialidades en hidrocarburos no convencionales del país. En 2012, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales autorizó un proyecto de fracturación hidráulica en Boyacá. Ese año, la Contraloría General de la República expidió al respecto una Función de Advertencia en la que recomienda que "se tenga en cuenta el Principio de Precaución, ante el riesgo latente para el patrimonio ambiental por la posible contaminación de aguas subterráneas, la afectación de fuentes hídricas, el riesgo para centros urbanos en el área de influencia, la salubridad pública y el riesgo geológico, por la forma de explotación mediante fracturamiento hidráulico". En enero de 2015, en Actuación Especial de Seguimiento a la Función de Advertencia, la Contraloría consideró que el Estado no ha adoptado las medidas necesarias. A finales de 2012, el Gobierno colombiano inició el proceso de creación de un marco regulatorio para el ingreso del fracking a Colombia. Contrató expertos internacionales para identificar los impactos de la técnica y regularla. Varios de estos expertos están vinculados al sector petrolero. Así lo evidenció una investigación realizada por La Silla Vacía. El Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos expidieron ya los instrumentos jurídicos que servirán de marco para la entrada del fracking al país. Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, dijo públicamente que sin fracking "tendríamos una debacle fiscal" dentro de seis o siete años. Y el Ministro de Minas, Tomas González, advirtió que el fracking es necesario para financiar parte del proceso de paz en el país. Ante la entrada del fracking a Colombia, las voces de alerta se han escuchado desde varios sectores. En agosto de 2014, AIDA instó públicamente al Gobierno a evitar las consecuencias graves e irreversibles del fracking y aplicar el principio de precaución. Posteriormente, en septiembre, el Foro Nacional Ambiental y otras organizaciones solicitaron moratoria condicionada al fracking en Colombia. Además, el Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, se mostró preocupado por los efectos que el fracking pueda tener en el agua. Declaró: "A mí, como Ministro del Agua, me da mucho miedo el fracking (...) cuando uno ve lo que está pasando en Santa Marta se da cuenta de que uno puede invertir mucho en tubos, pero si no tiene el recurso hídrico no va a tener sino que transportar aire por esos tubos". Por todo lo mencionado, la pregunta que salta a la vista es ¿por qué el fracking, que ha sido prohibido o restringido en varios países y municipios, está siendo promovido por el Gobierno colombiano? La respuesta más evidente es que ello aumentará la extracción de hidrocarburos y, como consecuencia, los ingresos del gobierno y la industria privada. Pero lo que el gobierno y la industria no ven es que ninguna cantidad de ingresos es lo suficientemente grande como para compendar los impactos ambientales y sociales del fracking, o de los nuevos conflictos que puedan surgir debido a sus efectos en los recursos hídricos. Ya hemos visto a nivel nacional (Guajira y Arauca) e internacional (Los Ángeles y Sao Paulo) que sin agua potable cualquier economía e incluso la vida misma son inviables.

COP20: Fracking, una técnica experimentaly riesgosa

La Cumbre de los Pueblos, evento paralelo a la COP20 en Lima, fue el escenario para reiterar un argumento central en torno al fracking o fracturación hidráulica: que es una técnica experimental que implica riesgos graves para la salud y el ambiente, entre ellos el empeoramiento del cambio climático. El fracking es una técnica empleada para la exploración y/o explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos. Consiste en la inyección en el subsuelo de una mezcla de agua, arena y productos químicos a presiones tales que permitan la ruptura de las rocas de lutitas, en cuyos poros se encuentran atrapados gas y petróleo. "Estos químicos tienen efectos desconocidos debido al contacto con elementos del subsuelo; la fractura de pozos horizontales es altamente compleja e impredecible, esto hace del fracking una técnica experimental", explicó Eduardo Delia ingeniero petrolero y miembro de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos en Argentina, en Fracking: Desafío para América Latina, evento organizado por la Fundación Heinrich Böll en la Cumbre de los Pueblos. El uso de fracking impacta en las condiciones de vida de las personas debido, entre otras cosas, al uso masivo de agua (de 9 a 29 millones de litros de agua por pozo) y a la contaminación de fuentes de agua superficiales y subterráneas. Los químicos empleados conllevan además daños a la salud: cáncer, alergias, malformaciones y otros. Por otro lado, el fracking no es una opción para enfrentar el cambio climático. Aroa de la Fuente, miembro de Fundar y la Alianza Mexicana contra el Fracking, indicó que en los proyectos de fracturación hidráulica, hasta 8% de la producción de gas natural (metano) se escapa directamente a la atmósfera con un potencial de calentamiento 25 veces superior al dióxido de carbono. "En 20 años, el impacto sobre el cambio climático de la generación eléctrica a través del gas extraído por fracking superaría en 20% el del carbón". Países como Argentina, Bolivia, Colombia y México pretenden desarrollar ampliamente la técnica del fracking en los próximos años. ¿Qué puede hacer la población frente a estos planes y sus riesgos. Ariel Pérez, abogado de AIDA, enfatizó en el evento que existen herramientas legales para precautelar la salud humana y ambiental frente al fracking. La principal, detalló, es el principio de precaución, reconocido en el derecho internacional y el cual debe ser aplicado por los Estados y la sociedad civil para enfrentar las amenazas del fracking. Este principio establece que "cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". [1] Ello quiere decir que ante la duda sobre la ocurrencia de un severo daño ambiental, sobre sus alcances o magnitud, los Estados deben tomar medidas proactivas y eficaces que eviten ese posible daño. "Con base en este principio, los Estados tienen tres obligaciones respecto al fracking: generar información amplia, integral e imparcial; proteger al ambiente y a las personas con mecanismos como la suspensión de las operaciones de fracking mientras no se demuestre que son inofensivas; y promover espacios de debate público sobre el tema", señaló Pérez. Asistentes al evento en Lima destacaron que la movilización social es clave para apoyar las acciones legales que se adopten respecto al fracking en los países. A nivel regional, varias organizaciones de la sociedad civil articulan esfuerzos para generar información, discusión pública y prevención de daños en torno al fracking. Con motivo de la COP20, estas organizaciones emitieron un pronunciamiento en el que alertan que el fracking tendrá consecuencias desastrosas para el ambiente y la población de América Latina, y que agravará el cambio climático. [1] Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, principio 15.

Frenando la expansión del fracking en América Latina

Pronunciamiento regional por el Día Mundial contra el Fracking

El desarrollo de la fracturación hidráulica tendrá desastrosas consecuencias para el medio ambiente, la población y la sostenibilidad energética de América Latina por lo que no debe ser permitida - En el marco del Día Mundial contra el Fracking (Global Frackdown)  organizaciones de la sociedad civil latinoamericana alertamos sobre los impactos irreversibles que tendrá la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking en los territorios y poblaciones de la región. - Hacemos un llamado urgente para que los gobiernos latinoamericanos impidan el desarrollo de esta actividad en sus territorios y demuestren así su compromiso con la protección del medio ambiente, la garantía de los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad energética de la región. - Existen alternativas energéticas sustentables, más baratas y eficientes que, asegurando el pleno respeto de las comunidades en las que éstas se desarrollan, deben ser fomentadas e impulsadas por los Estados para asegurar la provisión de energía futura y la sostenibilidad ambiental. Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) se estima que diversos países de América Latina cuentan con recursos prospectivos de hidrocarburos de lutitas en sus territorios.[1] Es el caso de Argentina, México, Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile, en los que el desarrollo de la técnica de la fracturación hidráulica o fracking se encuentra en diversas fases. Por ejemplo en Argentina ha habido un mayor desarrollo de proyectos de este tipo. Mientras otros países como México, Colombia, Bolivia y Brasil se encuentran en fase prospectiva o exploratoria,  y pretenden desarrollar ampliamente esta técnica en los próximos años. La fracturación hidráulica consiste en la inyección en el subsuelo de una mezcla de agua, arena y productos químicos a presiones tales que permitan la ruptura de las rocas de lutitas, en cuyos poros se encuentran atrapados el gas y el petróleo. Para ello, primero es necesario realizar una perforación vertical hasta alcanzar la profundidad a la que se encuentran estas formaciones geológicas (entre uno y cinco kilómetros) y luego una serie de perforaciones horizontales de 1 a 5 km de extensión. El uso de esta técnica traerá, como ya se ha demostrado en EE.UU., fuertes impactos sobre al ambiente, la salud y calidad de vida de la población, ya sumamente castigados. Debido a su gran complejidad, esta actividad implica una serie de daños en su mayoría inevitables e irreversibles, como son: - Uso intensivo y contaminación del agua. La fracturación de un solo pozo de fracking requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua que queda completamente inservible para otros usos. Esto se debe a los 300,000 litros de químicos que se le añaden para la fracturación y por los metales pesados y radioactivos presentes en el subsuelo. Este líquido, se filtra a los flujos de agua subterránea y superficial contaminándola, dejando a las poblaciones sin agua potable.[2] - Supone graves afectaciones a la salud.[3] Estudios científicos realizados en Estados Unidos muestran que 75% de los químicos utilizados en el líquido de perforación afecta directamente la piel, ojos, sistema respiratorio y gastrointestinal; 40-50% afecta al sistema nervioso, inmunológico, cardiovascular y los riñones; mientras que 37% afecta el sistema endocrino y 25% provoca cáncer y mutaciones.[4] - Genera impactos de cambio climático. Pese a lo que las empresas petroleras y algunos gobiernos de la región están señalando, la explotación del gas mediante fracking no es una opción para la lucha contra el cambio climático. En estos proyectos hasta 8 por ciento de la producción de gas natural (metano) se escapa directamente a la atmósfera con un potencial de calentamiento 25 veces superior al dióxido de carbono. Debido a ello, en 20 años el impacto sobre el cambio climático de la generación eléctrica a través del gas extraído por fracking superaría en 20% el del carbón.[5] - La reinyección de las aguas residuales en el subsuelo están directamente vinculadas con la inestabilidad sísmica y generación de sismos, que han llegado a alcanzar 5.7° de magnitud. Esto es sumamente grave, ya que pone en riesgo a la población y la infraestructura de las regiones donde tienen lugar.[6] - Todas estas afectaciones e impactos suponen violaciones a los derechos humanos, derechos que los Estados latinoamericanos tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, así como de prevenir sus violaciones. Entre otros, vulneran la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento, a un medio ambiente sano, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, de los derechos laborales y otros derechos económicos, sociales y culturales, así como de los derechos civiles y políticos como el derecho de acceso a la información, al consentimiento previo, libre e informado, y a la participación. - Por último, la explotación de hidrocarburos a través del fracking no es una opción energética sustentable. Las altas tasas de declinación de los pozos (entre 29 y 52% anual), la escasa recuperación de los hidrocarburos presentes en los yacimientos (de entre el 4.7 y 10%) y los altos costos que conlleva esta tecnología, la hacen inviable para la generación de energéticos en el mediano y largo plazo. Por todas estas razones, las organizaciones firmantes exigimos a los gobiernos de los países latinoamericanos: - Exigimos a los gobiernos latinoamericanos que impidan el uso de la fracturación hidráulica en sus territorios, y aseguren la protección de los recursos hídricos y de la salud de las personas. - Demandamos a nuestros Estados la generación y divulgación de información exhaustiva e imparcial sobre las características de los procesos, volúmenes y origen de agua usada  y sustancias empleadas en el fracking y sus impactos en las personas y el ambiente con un horizonte de largo plazo, a fin de garantizar los derechos de las generaciones presentes y futuras. - Resaltamos que las poblaciones y gobiernos locales tienen el pleno derecho de negar actividades de fracking que puedan afectar sus entornos.    - Demandamos la implementación de políticas públicas que permitan la transición energética hacia fuentes de energía verdaderamente sustentables, en pleno respeto a los derechos humanos, que aseguren la provisión energética futura. - Instamos a los Estados que garanticen que las políticas energéticas de la región respeten  los derechos humanos, aseguren la protección ambiental y social, y contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Para sumarse a este posicionamiento, escribir a [email protected] Alianza Mexicana contra el Fracking formada por: 132 Ambiental Amigos del Río San Rodrigo Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo (AUAS) Asociación Humanitaria Internacional Gilberto Bosques Blue Planet Project Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR) Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) Chihuahua vs Fracking Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua Comcausa Consejo Ecológico de Participación Ciudadana de Coahuila Región Carbonífera (CEPACI) Consejo Tiyat Tlali Conservación Humana AC DECA Equipo Pueblo El Barzón Chihuahua El Barzón Nacional El Poder del Consumidor Encuentro Ciudadano Lagunero Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Espacio DESC Food and Water Watch Frente Amplio Ambientalista Fundar Centro de Análisis e Investigación Greenpeace México Grupo de Estudios Ambientales (GEA) Guardianes de los Volcanes Hij@s de la Tierra La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) Medio Ambiente y Sociedad Organización Mexicana para la Conservación del medio Ambiente (OMCA) Oxfam México PODER Radio Huayacocotla, de Fomento Cultural y Educativo, A.C. Red de Acción por el Agua (FAN-México) Red Unidos por los Derechos Humanos Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable (Sendas AC) Y otras organizaciones 350.org Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos, Argentina Asamblea de Cooperación e Integración de Territorios Libres de Fracking desde los Concejos Deliberantes para América Latina, Argentina Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional BiosIguana, México Censat, Agua Viva - Amigos de la Tierra, Colombia Observatorio Petrolero Sur, Argentina Otros Mundos, Chiapas - Amigos de la Tierra, México Ríos Vivos, Colombia Unión de Asambleas Patagónicas, Argentina Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, Perú   [1] http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/fullreport.pdf [2] http://www.foodandwaterwatch.org/reports/fracking-the-new-global-water-crisis-europe/ [3] http://www.propublica.org/article/drilling-for-certainty-the-latest-in-fracking-health-studies [4] http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=18376 [5] http://www.eeb.cornell.edu/howarth/Howarth%20et%20al%20%202011.pdf. [6] http://concernedhealthny.org/wp-content/uploads/2014/07/CHPNY-Fracking-Compendium.pdf  

Antes de autorizar fracking, Colombia debe garantizar protección al ambiente y la salud

AIDA insta al Gobierno a evitar las consecuencias graves e irreversibles del fracking y aplicar el principio de precaución.  Bogotá, Colombia. Ante la anunciada adjudicación de zonas para la explotación no convencional de hidrocarburos, la cual incluye el fracking, la Asociación Interamericana para la Defensa de Ambiente (AIDA) exhorta a las autoridades colombianas a aplicar el principio de precaución. Por ello, antes de autorizar operaciones de fracking y dado el riesgo de daños graves e irreversibles que implica, el Gobierno colombiano debe asegurar que esta actividad no afectará el ambiente y la salud de las personas. La Agencia Nacional de Hidrocarburos lleva adelante hoy la segunda fase del proceso de licitación Ronda Colombia 2014 para adjudicar 69 áreas para la explotación de hidrocarburos, las cuales incluyen bloques no convencionales (aquellos en los que se puede hacer fracking). "En países como Estados Unidos e Inglaterra, con estructuras de control más fuertes que en Colombia, ha habido contaminación de agua dulce, enfermedades en familias cercanas a pozos de fracking e incluso terremotos", dijo Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA. "El principio de precaución existe justamente para evitar que en situaciones como esta, en la que los riesgos son altos y aunque no haya certeza científica total de los daños ambientales y en la salud humana, las autoridades sean precavidas y no autoricen actividades como el fracking cuyos impactos sean irreparables." El fracking o fracturación hidráulica es un método de extracción de yacimientos no convencionales que consiste en taladrar un kilómetro o más, bajo tierra y luego horizontalmente, e inyectar fluido (agua, arena y químicos) al suelo, a muy alta presión, para fracturar rocas cargadas con hidrocarburos y liberar los mismos. Este método puede tener graves e irreversibles impactos que incluyen el uso de millones de litros de agua (cada pozo requiere de 9 a 29 millones de litros), la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, y el uso de más de 750 productos químicos que pueden dañar el sistema nervioso y el sistema endócrino, provocar cáncer, malformaciones y alergias. Hay evidencia científica que vincula al fracking con el aumento de terremotos como es el caso de Oklahoma en Estados Unidos, Nuevo León en México y Blackpool en el Reino Unido.  Por otro lado, el fracking genera 30% más de emisiones de metano, un poderoso gas de efecto invernadero, que la extracción convencional de hidrocarburos. Por ello no es una fuente de energía limpia pues contribuye al cambio climático. Dados estos impactos y citando el principio de precaución, Francia prohibió el fracking, y Alemania estableció una moratoria a esa actividad hasta que la industria pueda garantizar que no causará impactos ambientales o a la salud. "La institucionalidad ambiental en Colombia desafortunadamente sigue siendo débil y poco efectiva. Por ello nos preocupa lo que puede pasar con los acuíferos, los ecosistemas y las personas cerca de las zonas donde se usaría este método", puntualizó Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA. En AIDA esperamos que Colombia y otros países de la región asuman una actitud similar a la de sus pares europeos y garanticen la protección de la salud ambiental y humana antes de dar vía libre a la explotación de yacimientos no convencionales. El costo económico, ambiental y social de permitir una actividad como el fracking sin la prevención necesaria en un país con grandes riquezas naturales y acuíferas sería mayor que el beneficio que podría traer.

Lideresa indígena condena violaciones de derechos por parte de Brasil ante las Naciones Unidas

Ponentes destacan violaciones derivadas de la construcción de represas en la Amazonía en el Consejo de Derechos Humanos. Ginebra, Suiza. En un innovador evento realizado durante el 25º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Coordinadora Nacional de la Asociación de Pueblos Indígenas del Brasil (APIB), Sônia Guajajara, denunció la alarmante indiferencia del Gobierno brasileño frente a los derechos de los pueblos indígenas, al mismo tiempo que se apresura en promover una ola de construcción de grandes represas sin precedentes en la cuenca del Amazonas con efectos devastadores sobre sus territorios y medios de vida. En su testimonio, Guajajara afirmó que la violación del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa con relación a los planes de construcción de represas del gobierno federal, ha sentado un precedente problemático para el Estado de Derecho y el futuro de los pueblos indígenas de Brasil. En el evento paralelo denominado “El derecho a la consulta de los pueblos indígenas frente a proyectos de grandes represas en Brasil”, también participó el abogado brasileño de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Alexandre Andrade Sampaio, quien criticó el uso del mecanismo legal conocido como “Suspensión de Seguridad” (Suspensão de Segurança), el cual permite a los administradores de justicia, por solicitud del gobierno, suspender indefinidamente decisiones en favor de los derechos de los pueblos indígenas. Entre los usos más escandalosos de este artificio legal que originalmente fue creado durante la dictadura militar, es la suspensión de decisiones judiciales que declaran la ilegalidad de grandes proyectos hidroeléctricos, como Belo Monte, donde el gobierno federal ha fallado en garantizar los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa, tal como lo estipula la Constitución brasileña. De acuerdo con Sampaio, la Suspensión de Seguridad también constituye un obstáculo para que Brasil cumpla efectivamente con sus obligaciones internacionales en materia de consulta y consentimiento libre, previo e informado, incluyendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Congreso brasileño en 2002, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. “La alianza entre intereses económicos y poder político representa una fuerte crisis para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas en el Brasil de hoy en día”, dijo Guajajara. “Sin embargo, incluso si el gobierno negara nuestros derechos, no puede negar su responsabilidad frente a este Convenio”. “La Suspensión de Seguridad viola derechos humanos. Las mismas personas que pueden desestimarla son aquellas que se benefician de su existencia”, señaló Sampaio. “Por eso es importante que la comunidad internacional centre su atención en este asunto e inste al Gobierno brasileño a adoptar medidas efectivas que conduzcan al respeto de los derechos humanos”. Declaraciones conjuntas fueron remitidas a la Asamblea General de las Naciones Unidas por parte de una coalición de organizaciones brasileñas e internacionales, incluyendo la ONG francesa France Libertés. Al discutir las crecientes amenazas a los derechos de los pueblos indígenas, esos documentos destacan que el Gobierno brasileño planea construir un complejo masivo de más de 29 grandes represas a lo largo del río amazónico Tapajós y de sus afluentes en los próximos diez años. Menos conocido que el controversial proyecto Belo Monte en el río vecino Xingú, el complejo Tapajós provocaría la inundación y consecuencias devastadoras para pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales tanto río arriba como abajo de las represas planeadas, incluyendo la eliminación de peces migratorios que constituyen la base de la dieta de las comunidades y de las economías locales. La prisa del gobierno federal para construir la serie de grandes represas en la región del Tapajós sin llevar a cabo consultas previas con los pueblos indígenas, ha ocasionado crecientes protestas por parte de tribus locales, tales como los Mundurukú, Kayabi and Apiaká. “Estamos presenciando la repetición de una oscura historia en los ríos del Amazonas donde la tragedia de Belo Monte amenaza con reproducirse en el Tapajós”, dijo Christian Poirier de Amazon Watch. “Mientras el Gobierno brasileño afirma respetar a sus pueblos indígenas, en realidad está trabajando por desmantelar sus derechos para poner sus tierras y ríos a disposición de la explotación sin restricciones”. Antes del evento paralelo, delegados se reunieron con la Embajadora de la Misión Permanente de Brasil ante las Naciones Unidas, Regina Dunlop, con el fin de presentar sus preocupaciones. Mientras que la Embajadora afirmó que dicha información sería más relevante si se presentara a los representantes del gobierno en Brasilia, Guajajara y Sampaio respondieron que estas críticas son ignoradas frecuentemente por tomadores de decisiones gubernamentales hasta que los problemas son expuestos en foros internacionales como las Naciones Unidas. “La reputación de Brasil está en juego ante este escenario internacional”, señaló Sônia Guajajara. “Estamos aquí para dar visibilidad al inaceptable perjuicio y a la discriminación sufrida por los pueblos indígenas y para exigir que se detenga”. El evento paralelo en Ginebra fue organizado por France Liberté (Fundación Danielle Mitterand) con el apoyo de Amazon Watch e International Rivers.