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Photo: Andrés Ángel / AIDAApoyando la lucha de Cajamarca para defender su territorio de la minería
Debido a su gran producción agrícola, la ciudad de Cajamarca es conocida también como “la despensa de Colombia”. Además de fértiles tierras, alimentadas por ríos y 161 nacimientos de agua, el municipio cuenta con paisajes bellos de quebradas y bosques de niebla. De la salud de esos entornos naturales depende las principales actividades económicas de su población: la siembra de alimentos y el turismo ecológico.
Cajamarca también posee minerales y por ello la empresa AngloGold Ashanti busca desarrollar en la zona un proyecto de extracción de oro a cielo abierto, un tipo de minería muy agresivo con el ambiente, pues implica arrasar con áreas verdes y generar enormes cantidades de residuos potencialmente tóxicos para obtener el metal.
El proyecto, denominado apropiadamente La Colosa, sería el segundo más grande de su clase en América Latina y el primero en Colombia. Los elementos tóxicos que una operación de esa magnitud dejaría, podrían contaminar suelos, aire, y aguas superficiales y subterráneas.
Además, los diques en los que se almacenan los residuos pueden romperse por tormentas, terremotos o errores de diseño. Eso ya ocurrió en países como Perú y Brasil con trágicas consecuencias.
El 26 de marzo de 2017, en una consulta popular, el 98% de los votantes de Cajamarca le dijo no a la minería en su territorio, rechazando así el proyecto La Colosa. AIDA contribuyó a esa victoria. Fue parte del equipo legal que asesoró a la comunidad y que desarrolló una estrategia, que incluía la consulta, para detener el proyecto. No obstante, aún queda trabajo por hacer.
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La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) llama a los Estados Parte de la Convención de Ramsar a proteger efectivamente los humedales en las Américas. Las Partes Contratantes de América Latina deben proteger y usar racionalmente los arrecifes de coral, manglares y páramos en su territorio. Para alcanzar esta visión, demanda que las Partes Contratantes realicen una adecuada evaluación de impacto ambiental, planificación y ordenamiento en relación con los humedales. En particular, para proyectos de infraestructura turística, portuaria e hidroeléctrica, así como para industrias extractivas de minería y aquellas que usa fractura hidráulica. Solicita la inclusión en el Registro Montreux de humedales clave como Bahía de Panamá (Panamá), Marismas Nacionales, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (México), el Complejo Lagunar del Otún y la Ciénaga Grande de Santa Marta (Colombia). Alienta a las Partes Contratantes a que amplíen los mecanismos de participación existentes, para asegurar que se incluya a la sociedad civil en el manejo de los humedales.
Leer másRegistro Montreux: Herramienta valiosa para salvar humedales esenciales
Por Haydée Rodríguez La contaminación, deforestación y el crecimiento acelerado de las ciudades amenazan seriamente la integridad de los humedales en todo el mundo. Es por ello que ninguna herramienta orientada a la protección de esos ecosistemas puede ser desaprovechada. Los 168 países que son parte de la Convención Ramsar, tratado que impulsa las acciones nacionales y la cooperación internacional para la conservación y uso racional de los humedales, inscriben a sitios que se encuentran en sus territorios en la Lista de Humedales de Importancia Internacional. Al hacerlo, los países están obligados a proteger estos sitios. Sin embargo, a veces ello no es suficiente para asegurar que estos entornos naturales mantendrán sus características ecológicas intactas. Por esta razón, la Convención Ramsar creó el Registro Montreux, una herramienta para proteger, de manera prioritaria, a humedales que estén amenazados gravemente o que vayan a estarlo como consecuencia del desarrollo tecnológico, la contaminación u otra actividad humana. El Registro incluye sitios que ya son parte de la Lista de Humedales de Importancia Internacional. Lejos de ser una lista negra o una marca negativa para el país, este registro es una oportunidad para que los gobiernos se muestren responsables con sus recursos naturales cuando éstos requieren atención urgente. A continuación les presento los cinco aspectos más importantes de esta herramienta: Al incluir un humedal en el Registro Montreux un país llama la atención sobre la importancia de tomar medidas para conservar las características ecológicas del sitio por medio de la cooperación nacional e internacional. Para obtener esta protección especial, el gobierno debe solicitarlo formalmente al Secretariado de la Convención Ramsar y completar un cuestionario con información sobre el humedal. Si se determina que la inclusión del sitio en el registro es necesaria para promover su adecuada protección, una misión de asesoramiento de Ramsar brinda al país apoyo y recomendaciones técnicas sobre las acciones de conservación adecuadas. El país puede solicitar que el humedal sea excluido del registro una vez que las amenazas que originaron su inclusión hayan desaparecido, cuando considere que se han cumplido los objetivos de manejo y el sitio haya recuperado su equilibrio ecológico. El país debe solicitar una nueva misión de asesoramiento que visite el sitio y completar un cuestionario de salida que demuestre los avances obtenidos. El Registro de Montreux es una forma rápida para que los países atiendan con prioridad un sitio y obtengan el apoyo técnico y financiero necesario para hacerlo. El apoyo recibido del Secretariado de Ramsar se suma a los esfuerzos que los países ya están desarrollando a nivel nacional. De ese modo, un humedal en riesgo pasa a ser un sitio clave para el equilibrio ecológico del país bajo el amparo internacional. En la región, varios gobiernos han optado por atraer la mirada internacional hacia la preservación de humedales vulnerables. Por ejemplo, Costa Rica ha incluido en el Registro Montreux al Parque Nacional Palo Verde, Estados Unidos al Parque Nacional Everglades, y Chile al Santuario Carlos Anwandter. Como parte de su participación en el 12ª Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar, que actualmente se realiza en Uruguay, AIDA abogará por la inclusión en el Registro Montreux del Humedal Bahía de Panamá y del Sistema Arrecifal Veracruzano, en México, sitios amenazados por el desarrollo urbanístico y portuario, respectivamente.
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Informe independiente concluye que Bancos de Desarrollo de Alemania y Holanda incumplieron normas ambientales y de derechos humanos al financiar la represa Barro Blanco en Panamá
Comunidades indígenas y sociedad civil, conmocionadas por la respuesta inadecuada de los bancos ante los hallazgos. Kiad, Panamá/Ámsterdam/Bogotá. El viernes pasado se conoció un informe largamente esperado y realizado por un panel independiente que concluyó que los Bancos de Desarrollo de Holanda y Alemania (FMO y DEG, respectivamente) violaron sus propias políticas al no evaluar adecuadamente los riesgos para el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas antes de aprobar un préstamo de US$ 50 millones para GENISA, empresa a cargo de desarrollar el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco en Panamá. En su respuesta a los hallazgos, los bancos reconocen algunas deficiencias en su evaluación, pero no se comprometen a tomar ninguna medida para abordar las violaciones graves a sus políticas. Aunque el informe concluye que "los prestamistas no han considerado de forma suficiente la resistencia de las comunidades afectadas", parece que los bancos insisten en actuar así. En mayo de 2014, el Movimiento 10 de Abril (M-10), en representación de los pueblos indígenas directamente afectados por el proyecto y con el apoyo de Both ENDS y SOMO, presentó la primera queja ante el Mecanismo Independiente de Quejas (ICM) del FMO y el DEG. La queja arguye que la represa Barro Blanco afectará parte del territorio indígena Ngöbe-Buglé, inundando hogares, escuelas y sitios religiosos, arqueológicos y culturales. Pese a sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, el Gobierno panameño, GENISA y los bancos no obtuvieron el consentimiento previo, libre e informado (CPLI) de los Ngöbe-Buglé antes de que el proyecto sea aprobado. El ICM encontró que "los prestamistas deberían haber buscado mayor claridad sobre si hubo consentimiento al proyecto por parte de las autoridades indígenas apropiadas antes de la aprobación del mismo". "No dimos nuestro consentimiento a este proyecto antes de su aprobación, y no tiene nuestro consentimiento actualmente", dijo Manolo Miranda, representante del M-10. "Exigimos que el gobierno, GENISA y los bancos respeten nuestros derechos y detengan este proyecto". El ICM encontró que "si bien el acuerdo [de préstamo] se alcanzó antes de la etapa de construcción clave, los temas significativos relacionados con impactos sociales y ambientales y, en especial, con los derechos de los pueblos indígenas, no fueron evaluados de forma completa antes del acuerdo". La omisión de los bancos de identificar los potenciales impactos del proyecto conllevó, a su vez, el incumplimiento de requerir a su cliente la adopción de medidas para mitigar dichos impactos. El Plan de Acción Ambiental y Social (ESAP), anexado al acuerdo de préstamo, "no contiene disposiciones sobre adquisición de tierras y reasentamiento, ni sobre biodiversidad y gestión de recursos naturales. Tampoco incluye referencias a asuntos relacionados con el patrimonio cultural". "Esta omisión constituye una violación de estándares internacionales sobre la obligación de elaborar Estudios de Impacto Ambiental y Social adecuados e integrales antes de implementar cualquier proyecto de desarrollo, con el fin de garantizar el derecho al consentimiento libre, previo e informado, y a la información y participación efectiva de la comunidad potencialmente afectada", explicó Ana María Mondragón, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Aunque el FMO y el DEG reconocieron, en su respuesta oficial al informe del ICM, que "no realizaron una valoración total en la aprobación del crédito", no hicieron compromisos concretos para asegurar que los derechos de los afectados por la represa serán respetados. Los bancos afirmaron que enfrentan "limitaciones a su influencia" sobre los procesos gubernamentales para llegar a un acuerdo satisfactorio con todos los actores involucrados. Sus acciones, sin embargo, revelan una historia diferente. En febrero, el Gobierno de Panamá suspendió provisionalmente la construcción de la represa Barro Blanco. Posteriormente, convocó a una mesa de diálogo con los Ngöbe-Buglé facilitada por Naciones Unidas para discutir el futuro del proyecto. En lugar de impulsar al Gobierno panameño a respetar los derechos de la comunidad Ngöbe, el FMO y el DEG solicitaron que la autoridad nacional del ambiente reconsiderara la suspensión, y permitiera a su cliente reiniciar la construcción de la represa. En febrero, enviaron una carta al Vicepresidente de Panamá, expresando su "gran preocupación y consternación" por dicha suspensión, y señalando que ésta "podría pesar sobre decisiones futuras de inversión y perjudicar el flujo de inversiones a largo plazo en Panamá". Los bancos afirmaron que sus consultores no encontraron nada para justificar la suspensión del proyecto. Sin embargo, no mencionaron que su propio Mecanismo Independiente de Quejas estaba realizando una investigación de ese proyecto. En efecto, en ese momento los bancos ya conocían el borrador del informe del ICM, el cual concluía que el proyecto no estada de acuerdo con sus propias políticas. "Nos sorprendió descubrir el rol de los bancos para influir en el proceso nacional, ya que ello contradice sus afirmaciones de que no están en condiciones de intervenir en la toma de decisiones a nivel doméstico", dijo Anouk Franck, Oficial Principal de Políticas de Both ENDS, con sede en Ámsterdam. "Ahora deben demostrar su compromiso para llegar a una solución y comenzar a tomar en serio el CLPI en el caso de Barro Blanco, donde debido a los retrasos para abordar el problema, los bancos podrían tener que aceptar pérdidas en sus préstamos. También tienen que encontrar formas para asegurar que el CLPI sea obtenido donde sea relevante a través, por ejemplo, de evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos." El manejo de la queja fue un proceso largo y en ocasiones frustrante. GENISA se negó a cooperar con el ICM y a proporcionarles acceso a los documentos del proyecto, lo que llevó a los bancos a un acuerdo secreto y paralelo con GENISA. Dicho acuerdo reemplazó los procedimientos públicos del ICM, y permitió que GENISA revisara el borrador del informe y los informes finales de investigación antes de compartirlos con los denunciantes. "El FMO y el DEG están más preocupados en proteger los intereses de su cliente que en proteger los derechos de las personas afectadas por los proyectos que financian", dijo Kris Genovese, investigadora sénior del Centro de Investigaciones sobre Empresas Multinacionales (SOMO). "Es una trágica ironía que los bancos pidieran el consentimiento de la empresa para publicar el informe de investigación del ICM, y no el consentimiento de los Ngöbe-Buglé para llevar a cabo el proyecto". El proyecto Barro Blanco fue registrado bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio, sistema que bajo el Protocolo de Kyoto permite acreditar proyectos de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero en países en desarrollo. "Si bien se espera que los flujos del financiamiento climático fluyan a través de diversos canales en el futuro, las lecciones de Barro Blanco deben tomarse muy en serio. Para evitar que futuros proyectos de mitigación de cambio climático tengan impactos negativos, se requiere un fuerte sistema institucional de salvaguardas que respete todos los derechos humanos", dijo Pierre-Jean Brasier, coordinador de redes de Carbon Market Watch. "La oportunidad de establecer dicho sistema de salvaguardias es ahora, antes del acuerdo de París, a fin de poner el respeto de los derechos humanos en el tope de la agenda de la CMNUCC". El ICM monitoreará la aplicación por parte de los bancos de las medidas y recomendaciones correctivas. Mientras tanto, el M-10 espera que el FMO y el DEG retiren su inversión del proyecto, y piden que los Gobiernos de Holanda y Alemania muestren su compromiso público para garantizar los derechos de los Ngöbe-Buglé afectados. Al mismo tiempo, los bancos deben abstenerse de ejercer presión sobre el Gobierno de Panamá. Notas: Véase el Informe del Mecanismo Independiente de Quejas del FMO-DEG y la respuesta de los bancos aquí: http://www.fmo.nl/complaints-disclosure Consulte el Resumen de los hallazgos del Mecanismo Independiente de Quejas respecto a Barro Blanco y la respuesta de la gerencia de FMO-DEG aquí: http://www.aida-americas.org/sites/default/files/press_releases/resumen_hallazgos_icm.pdf
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