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Ensayo fotográfico: La vida a la sombra de Belo Monte
En lo profundo de la Amazonía, al norte de Brasil, la tercera represa más grande del mundo se alza sobre el que antes fuera un paisaje de selva exuberante. Bajo su sombra gigantesca viven comunidades indígenas y ribereñas que por mucho tiempo han llamado hogar a la región. Son personas que han vivido y crecido de la generosidad de la selva y del río Xingú. Para la mayoría, la naturaleza circundante es inseparable de su definición de hogar. Pero este hogar está cambiando rápidamente. A medida que la represa Belo Monte está próxima a operar, abriendo sus compuertas, el mundo se ve y siente muy diferente. Grandes extensiones de selva han sido inundadas. Islas han quedado sumergidas por completo. Los peces están muriendo y la vida silvestre huyó. Familias han sido separadas y comunidades enteras, forzadas a dejar sus tierras. La sombra que Belo Monte proyecta es grande y oscura. El estilo de vida de los habitantes de la cuenca del río Xingú ha cambiado drásticamente sin su consentimiento. Sus derechos humanos han sido violados una y otra vez. El cumplimiento de las condicionantes de la licencia por parte de Norte Energía, empresa a cargo de la represa, ha sido inadecuado. Las fotos a continuación muestran a personas y comunidades que viven realidades volátiles de lo que alguna vez fue un espacio pacífico de selva tropical. Son víctimas de la corrupción, la violencia y el abuso que encubren el proyecto de ingeniería más grande de la historia de Brasil. El río Xingú está muriendo. La vitalidad de la Isla Arapujá, visible desde Altamira, le ha sido completamente arrebatada, causando cambios radicales en las corrientes del río. Islas más pequeñas, donde pescadores vivían rodeados de árboles frutales, quedaron sumergidas por el aumento de los niveles del agua causado por el llenado de los embalses de la represa. Un día de enero, las compuertas de la represa se abrieron sin previo aviso y se dice que el río creció siete metros en una hora. Cantidades masivas de peces han ido muriendo. Las personas del lugar dicen que Norte Energía tiene incluso equipos de limpieza que los entierran para ocultar la magnitud de la devastación que sucede a diario. Aguas abajo de la represa, en la Vuelta Grande, el caudal del río se está reduciendo drásticamente; el agua se está volviendo lodo y quedando sin oxígeno. El Xingú muere y también quienes viven de él: el río ha sido por mucho tiempo su hogar, su fuente de alimento y sustento. La construcción de Belo Monte ha tenido impactos severos en la naturaleza, la principal fuente de alimento para las comunidades de la selva durante mucho tiempo. Las comunidades que tienen un modo de vida de subsistencia encuentran que el río y la selva de los que dependen ya no producen lo suficiente, o están demasiado contaminados, para alimentar a sus familias. Los indígenas han sido empujados a la ciudad más cercana, Altamira, para satisfacer sus necesidades básicas. Algunos van allí a comprar comida o al médico; otros han dejado de luchar y han dejado del todo sus aldeas. Muchos de los que llegan a Altamira para quedarse, lo hacen en la Casa del Indio, construida como refugio para el flujo reciente de indígenas. Allí viven en habitaciones atestadas, carecen de instalaciones sanitarias adecuadas y ponen en peligro su salud. Lejos de sus hogares y despojados de su dignidad, enfrentan la dura realidad de una ciudad sobrepoblada y violenta. Siendo la ciudad más próxima a Belo Monte, Altamira ha experimentado cambios drásticos debido a la construcción de la represa. Desde que el proyecto comenzó, su población ha crecido en cerca del 75%; 170,000 personas viven actualmente en una ciudad diseñada para muchas menos. La violencia se ha disparado y barrios enteros han sido destruidos, sus residentes han sido desplazados y casas habitadas por familias toda una vida, han sido demolidas. Incluso los barrios de Norte Energía, que se afirmaba no serían afectados por la represa, están sufriendo sus impactos. El rápido crecimiento ha causado estragos en el sistema de alcantarillado de la ciudad. Los operadores de Belo Monte no han dado ninguna solución al tratamiento de aguas residuales y la ciudad entera está sufriendo la falta de saneamiento básico. Como resultado, es común ver calles inundadas y llenas de lodo. La población demanda respuestas de la autoridad ambiental de Brasil y de Norte Energía, pero sus preguntas no encuentran eco. Los impactos de Belo Monte no solo están forzando que las personas dejen sus tierras, también están desgarrando familias. Con hogares destruidos y aldeas enteras reubicadas, las personas cuyo modo de vida les ha sido arrancado, luchan por adaptarse. Las comunidades están perdiendo contacto con sus tradiciones; hijos están perdiendo contacto son sus padres. Karoline creció en una comunidad rural rodeada de su familia y de una naturaleza abundante que recuerda con mucho cariño. Cuando ella y su familia tuvieron que dejar su tierra, sus opciones eran pocas y se vieron obligados a separarse. Sus padres se quedaron con parientes, y Karoline se fue a Altamira con su hermana. La búsqueda de oportunidades, educación y empleo hizo que también ellas tomaran caminos distintos. Karoline es ahora una adolescente que vive por su cuenta lejos de casa. Como requerimiento para la implementación del proyecto, Norte Energía está obligado a cumplir con ciertas condicionantes en beneficio de las comunidades afectadas. Las condicionantes se han implementado en formas diferentes para situaciones diferentes. Ninguna de ellas podría ser descrita como completa, adecuada o respetuosa culturalmente. Arara da Volta Grande es una de las comunidades que será más afectada por Belo Monte. Sus habitantes viven en la Vuelta Grande del Xingú, donde el caudal del río se ha reducido sustancialmente. Para compensar a la comunidad por los cambios en su modo de vida, Norte Energía les construye “mejores” casas. Aunque están dentro de su territorio, las construcciones están alejadas del río. Son como cajas pequeñas hechas de cemento y con techos que atrapan el calor de la selva en su interior. Están muy lejos de ser las casas de madera, abiertas y con techos de pajas que son tradicionales de la comunidad y cultura de los Arara. En lugar de darles a los Arara un pozo para la provisión de agua limpia, Norte Energía le dio a la comunidad casas en las que sus habitantes no saben cómo vivir; casas que cada día los expulsarán más lejos del lugar donde siempre han estado. Cuando hablamos con miembros de las comunidades indígenas y ribereñas que rodean Belo Monte, escuchamos las mismas respuestas a muchas de nuestras preguntas. La represa está perturbando su forma de vida. Los está aislando de la naturaleza a su alrededor. Está amenazando su cultura, sus conocimientos tradicionales y la estructura misma de sus comunidades. Leoncio Arara, curandero tradicional de los Arara da Volta Grande, dice que ahora vive con miedo. Teme que la represa se rompa, que el agua se desborde e inunde su casa y a su comunidad; teme que los peces mueran, que el agua limpia se seque; teme la disolución de su cultura y la desaparición de su gente, quienes han vivido en y con esta tierra por generaciones. En la selva alguna vez exuberante que rodea a la gran represa Belo Monte, vemos injusticia allí donde miremos. Vemos desplazamiento y devastación ambiental. Lo que no vemos es rendición de cuentas. Por ello hemos llevado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para hacer que Brasil responda a nivel internacional a las denuncias de violaciones de derechos humanos derivadas de la construcción de la represa Belo Monte. Estamos dedicados a defender a quienes representamos y no descansaremos hasta que ellos y todos quienes han visto sus vidas afectadas por Belo Monte, obtengan justicia.
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Mina Don Diego: experimentando con el patrimonio natural de México
La empresa Exploraciones Oceánicas se precia de ser líder mundial en la búsqueda de tesoros en el fondo marino. Ahora la compañía con capital estadounidense busca aventurarse en el campo de la minería submarina con el proyecto Don Diego, el primero de su tipo en el mundo. El lugar escogido para escudriñar es la Bahía de Ulloa, en Baja California Sur, un lugar de importancia vital para especies vulnerables como la ballena gris y la tortuga amarilla o caguama, y para aquellas de interés pesquero como las langostas, almejas y camarones. El proyecto Don Diego pretende extraer, durante 50 años, 350 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino próximo a la Bahía de Ulloa. Esa cantidad de mineral equivale al 60% de la superficie de la Ciudad de México. De la forma en la que ha sido propuesto, el proyecto amenaza con dañar grave e irreversiblemente el entorno marino, las condiciones de vida de la fauna que éste alberga y los medios de sustento de comunidades que dependen del turismo y la pesca en la zona. El pasado abril, la empresa presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Ante esa entidad, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó comentarios en los que evidenció que la MIA carecía de la información técnica suficiente para garantizar que el proyecto no dañará seriamente la Bahía de Ulloa, la pesca del lugar y el hábitat de ballenas y tortugas marinas. En junio de 2015, Exploraciones Oceánicas retiró la propuesta inicial del proyecto. Y, tan solo dos meses después, presentó a la SEMARNAT una nueva propuesta bajo el nombre de Proyecto de Dragado de Arenas Fosfáticas Negras en el Yacimiento Don Diego. “¿Cómo es posible mejorar una Manifestación de Impacto Ambiental en dos meses?”, se pregunta Sandra Moguel, abogada del Programa de Protección Marina y Costera de AIDA. “Aspirando” el lecho marino El proceso planteado en el proyecto se realizaría completamente en alta mar. Implicaría el uso de grandes barcos para dragar el fondo marino en busca de fosfato. La draga de esas embarcaciones se asemeja a una gran aspiradora que succiona todo a su paso, incluidos organismos vivos como conchas y moluscos, así como recursos que contienen nutrientes. La siguiente etapa consistiría en separar el fosfato del material removido y en devolver el material restante al mar, algo que cambiaría la composición química del agua. Por otro lado, el dragado y la consiguiente remoción de material podría desprender elementos tóxicos como partículas de uranio. Para tener certeza al respecto, son necesarios estudios detallados de ecotoxicología. Ante ello, la empresa plantea la construcción de un drenaje a través del cual se controlará el lugar exacto del fondo marino en el que los residuos serán depositados. Sin embargo, es difícil que el sedimento (material sobrante), cuya composición precisa es desconocida, no se esparza. Exploraciones Oceánicas propone también restaurar el fondo marino, aunque no detalla cómo. Especies vulnerables, en riesgo Estudios científicos dan cuenta que ejemplares juveniles de tortuga caguama o amarilla (Caretta caretta) llegan desde Hawái a la Bahía de Ulloa, donde se alimentan. Las poblaciones de tortuga caguama están en peligro de extinción según la Unión Mundial para la Naturaleza y el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. En México, esa especie de tortuga marina sufre ya los impactos de la pesca. Artes de pesca poco selectivas como las redes y el palangre (largas líneas con anzuelos) capturan no solo peces, sino también tortugas marinas (pesca incidental). Por ello organizaciones han solicitado que el Gobierno mexicano adopte medidas para evitar la pesca incidental y realice un ordenamiento pesquero que contribuya a proteger a la tortuga caguama. El proyecto Don Diego constituye una nueva amenaza para esta tortuga debido a la posible interacción de ésta con la maquinaria para el dragado de arena fosfática, y al aumento del ruido en el entorno provocado por la operación minera. Además, como ya se mencionó, la mina provocaría cambios severos en el entorno marino y en la composición de las aguas que son hábitat de la caguama. Otra especie amenazada por Don Diego es la ballena gris. En la Bahía de Ulloa están Puerto López Mateos y San Carlos, sitios a los que cada año llegan miles de ejemplares de ballena gris para dar a luz a sus crías y cuidarlas. La ballena gris, al igual que otras especies de ballena y tortugas marinas que habitan o transitan por la zona (como la caguama), dependen del sonido para comunicarse entre sí, mantenerse unidas y encontrar alimento. El proyecto Don Diego contempla el uso de grandes barcos de dragado, lo que implica la generación de gran ruido en el área. Ese ruido pone en riesgo la sobrevivencia de los cetáceos al causar cambios en su ruta migratoria y comportamiento, e interrumpir la lactancia de los ballenatos, entre otras posibles consecuencias. Dictamen técnico negativo En opinión técnica de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de Baja California Sur, el proyecto Don Diego “no es viable ambientalmente” en los términos planteados en su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Así lo hizo conocer el 29 de septiembre en una carta al Director General de Impacto Ambiental de la SEMARNAT Alfonso Flores Ramírez. La carta da cuenta que la MIA presenta varias omisiones, las cuales derivan en incertidumbres respecto de los impactos del proyecto en el entorno marino y en las especies que lo habitan. Se menciona por ejemplo que “el estudio no presenta avistamientos [de mamíferos marinos] que sean representativos de [las] condiciones oceanográficas del área del proyecto y que contemplen los procesos biológicos de las especies presentes en la misma”. Ello es necesario para establecer a detalle el grado de afectación del proyecto. Se indica también que el estudio empleado por la empresa para establecer las afectaciones por ruido para mamíferos y tortugas “no permite determinar de manera clara los impactos ambientales” producidos por el mismo. Ante las incertidumbres encontradas, la Secretaría recuerda que el Estado mexicano tiene la obligación, en materia nacional e internacional, de aplicar el Principio Precautorio al evaluar el proyecto Don Diego para “impedir la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos y por lo tanto imprevisibles”. Alerta internacional En octubre, AIDA solicitó al Comité Científico de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas (CIT) analizar las amenazas que el proyecto Don Diego implica para la vida de la tortuga caguama en México. Lo hizo durante la reunión del comité en Viña del Mar, Chile. Ese mismo mes, envió una alerta a la Convención de Ramsar, al Convenio sobre la Diversidad Bilógica, a la CIT y a la Comisión Ballenera Internacional. En ella se llama la atención de esas instancias sobre los riesgos que el proyecto Don Diego implica para especies y hábitats vulnerables en México. Se les pide además que exhorten al Estado mexicano a cumplir sus obligaciones internacionales para proteger la biodiversidad de su territorio y garantizar un adecuado proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto. Por otro lado, en su carta, la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de Baja California Sur le recordó a la SEMARNAT que el 15 de agosto, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) extendió una certificación negativa a México por no haber adoptado un programa regulatorio comparable al empleado en el país del Norte para afrontar la pesca incidental de tortuga amarilla en el Golfo de Ulloa. Por ello Estados Unidos analiza la posibilidad de establecer un embargo pesquero para el país. En ese sentido, la entidad concluyó que “el desarrollo de este proyecto minero en una zona la cual presenta un grave conflicto de índole internacional, pudiera exacerbar de una manera muy significativa la problemática antes señalada”. Una zona tan biodiversa y rica económicamente como la Bahía de Ulloa no puede ser objeto de experimentación. ¿Será posible que el proceso de evaluación de impacto ambiental deje de ser un mero trámite en el país y sea una herramienta real para prevenir daños irreversibles al patrimonio natural? Ojalá las decisiones gubernamentales en torno al proyecto Don Diego den señales positivas en ese sentido. De no ser así, México podría violar tratados internacionales que está obligado a cumplir para la protección de entornos marinos y especies vulnerables.
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Berta Cáceres: punto de quiebre contra la impunidad
Hace ya más de un mes del asesinato de Berta Cáceres, incansable defensora de derechos humanos y el ambiente en Honduras. El hecho generó en poco tiempo un movimiento mundial de repudio y búsqueda de justicia. Es un punto de quiebre para la defensa del ambiente, los derechos humanos en general y, en especial, para la lucha por los derechos de las mujeres y pueblos indígenas de América Latina y el mundo. Por ello el 3 de marzo no se olvida. No alcanzan las palabras para describir adecuadamente quién era y es Berta Cáceres. Ella representaba a la mujer, indígena, ambientalista, mamá, hija, hermana, colega y amiga. Como describió la BBC, es la hondureña que le dobló el brazo al Banco Mundial y a China, pues su trabajo condujo al retiro de dichas inversiones. Por ello su asesinato nos ha dolido tanto. Por ello, en una reacción sin precedentes, en cuestión de horas, miles de organizaciones, instituciones y personas —a nivel mundial— repudiamos el hecho y exigimos justicia. Punto de no retorno Irónicamente, la noche que Berta fue asesinada, vi Selma, película que narra un momento clave de la lucha del Dr. Martin Luther King y el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos por el respeto efectivo de los derechos de los afroamericanos. Hace 51 años, el 7 de marzo de 1965, la marcha que partió de Selma hacia Montgomery, en Alabama, fue reprimida violentamente, generando otras tres marchas que sirvieron como catalizador para que la ley de derechos electorales fuera aprobada, con lo que se evitaron obstáculos fundamentales para ejercer el voto. La película me hizo pensar en cómo el asesinato de Berta debe ser el catalizador para romper con la impunidad sistemática de casos como éste en Honduras y en la región. Es tiempo de evidenciar que la indignación y los pedidos de justicia e investigación de organizaciones y autoridades internacionales tienen un impacto. Honduras, como la Alabama de 1965, acumula años de violaciones sistemáticas a los derechos humanos vinculadas en gran parte a proyectos de infraestructura y minería. Días antes de su muerte, Berta y el COPINH, la organización que dirigía, habían denunciado amenazas por su oposición a la represa Agua Zarca y a los desplazamientos de familias que ésta implica. Hacía años que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había otorgado a ella medidas cautelares que Honduras no estaba cumpliendo. Tras el crimen y dada la gravedad de la situación, el 5 de marzo, la CIDH otorgó medidas cautelares a la familia de Berta, al COPINH y a Gustavo Castro, único testigo del asesinato y quien debe recibir protección. Pero, días después, Néstor García, miembro del COPINH, fue asesinado también. A Gustavo se le impidió regresar a su país pese a que cooperó con la investigación y a que puede continuar haciéndolo en virtud del Tratado de Cooperación Judicial entre México y Honduras. El COPINH y familiares de Berta siguen denunciando amenazas. La OEA, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Relatores Especiales de la ONU y congresistas de Estados Unidos, Costa Rica y la Unión Europea exigieron también investigaciones objetivas y efectivas sobre los hechos. Hay pocos avances hasta el momento. Así lo evidencian la falta de respuesta del Gobierno hondureño y las conclusiones de la Misión Internacional de Observación. La situación en Honduras prueba la realidad alarmante de toda América Latina, particularmente grave en Brasil, Colombia, Perú y México. Múltiples informes concluyen que la región está bajo fuego. Las personas que protegen sus derechos, su tierra y la naturaleza, arriesgan su integridad, libertad e incluso su vida. Financiamiento irresponsable El caso de Berta evidencia también la responsabilidad de las empresas, entidades financieras y otras entidades vinculadas con la represa Agua Zarca. Las amenazas a los derechos humanos y al ambiente del proyecto han sido denunciadas hace años. Por ello el Banco Mundial y la empresa Sinohydro se retiraron del proyecto en 2014. El FMO de Holanda y el Banco Finlandés lo hicieron recién el 16 de marzo, después del asesinato de Néstor García. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) congeló también el financiamiento al proyecto hace pocos días. La situación demuestra además que las hidroeléctricas son una pésima solución energética por sus impactos socioambientales. Honduras y la región tienen opciones para producir energía que promuevan realmente el desarrollo y la disminución de la pobreza. Ya es tiempo de aprender y avanzar al siglo XXI implementando dichas alternativas. El indignante asesinato de Berta y la situación de Gustavo y del COPINH me recuerdan a un amigo periodista que tuvo que salir de su país por lo que escribió. Él decía que las industrias extractivas, incluyendo la hidroenergía, son las repúblicas bananeras de nuestro siglo. Creo que tiene razón. La extracción incontrolada de recursos naturales es hoy para los derechos humanos en América Latina lo que las dictaduras en los 60. No podemos darnos el lujo que suceda lo mismo. Esta vez el resultado debe ser diferente. Lo ocurrido en Honduras debe ser un parte aguas para que por fin se apliquen los estándares internacionales en materia de derechos humanos y ambiente. En el caso de Berta, debe haber cuanto antes una investigación seria, independiente y efectiva. Se debe evidenciar la responsabilidad de las empresas involucradas en Agua Zarca. El proyecto debe ser analizado para hallar alternativas adecuadas. Honduras y todos los Estados involucrados deben implementar correctivos para que lo acontecido no se repita. Quienes trabajamos por las causas compartidas con Berta seguiremos exigiendo justicia. Cada país del continente americano la necesita y merece.
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Conservando la parte del mar que es de todos
En Semana Santa visité con mi familia el Parque Nacional Marino Las Baulas en Guanacaste, Costa Rica. Un guardaparques preparado y comprometido nos habló de las amenazas que las tortugas marinas enfrentan cuando desovan en la costa, y de la importancia de cuidar las playas y evitar desarrollos inadecuadamente implementados. Pero lo que más llamó la atención fue la curiosidad de mis dos hijos, de cinco y tres años de edad, al saber lo mucho que las tortugas debían nadar para poner sus huevos. “Si se pierden, ¿las tortuguitas ya no nacen?”, preguntaron. Para muchos la respuesta a esa interrogante es un misterio y de ahí viene la importancia de proteger la vida en alta mar, en aquellas aguas internacionales que no pertenecen a ningún país y que son, por tanto, un bien común global. Lo que sucede en alta mar, más allá de lo que podemos ver y cuidar desde la costa, es lo que mueve a las más de 33 organizaciones no gubernamentales y a las más de 193 delegaciones en Naciones Unidas que están reunidas en Nueva York para trabajar, durante dos semanas, en la construcción de un acuerdo legalmente vinculante para conservar la vida marina en las áreas que están fuera de cualquier jurisdicción nacional. El acuerdo será implementado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). AIDA es la única ONG de América Latina que está presente en la Primera Sesión del Comité Preparatorio que busca crear el nuevo acuerdo en el plazo de dos años. Como parte de la High Seas Alliance (HSA) y gracias al apoyo de The Pew Charitable Trusts, estamos trabajando para llevar la voz de la sociedad civil latinoamericana a las negociaciones. Junto con las otras organizaciones que integran la HSA, estamos abogando para que el nuevo tratado cumpla los siguientes principios: Protección y preservación del medio marino de alta mar, incluyendo el cuerpo de agua. Cooperación entre Estados para conservar los recursos vivos de alta mar. Utilización de la mejor información científica disponible para la toma de decisiones. Buena administración de los recursos de alta mar, garantizándolos para las presentes y futuras generaciones. Implementación del principio de precaución según el cual la ausencia de información no puede constituir una excusa para no proteger los ecosistemas de alta mar. Gestión basada en una planificación a gran escala que tome en cuenta la interrelación de la biodiversidad marina. Sostenibilidad y equidad en referencia a la posibilidad de utilizar los recursos para cubrir las necesidad de las generaciones presentes, respetando las necesidades de las generaciones futura. Deberá prestarse especial atención a los intereses y beneficios para los países en desarrollo. Buena gobernanza (transparencia, participación pública y acceso a procedimientos de revisión y recursos) . “Quien contamina, paga”, lo que implica que los Estados que causen contaminación deben asumir su responsabilidad. Cumplimiento y respeto de los compromisos adquiridos bajo la CONVEMAR. Adicionalmente, consideramos de vital importancia que los Estados incluyan la creación de áreas marinas protegidas fuera de las jurisdicciones nacionales para garantizar la conservación y preservación de la biodiversidad marina. Desde AIDA vemos con mucha ilusión y esperanza el compromiso de los Estados durante este primer tramo del largo camino a recorrer. Sabemos que tras estos dos años de negociaciones veremos surgir con éxito un tratado que proteja la biodiversidad marina que pertenece a todos, aquella que es albergada en la mayor porción de nuestros mares. ¡Apóyanos para seguir trabajando hacia esa meta!
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Seminario Virtual sobre Contaminantes Climáticos de Vida Corta
Los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) son agentes atmosféricos que contribuyen al cambio climático y degradan la calidad del aire. Se les llama así porque tienen una vida útil relativamente corta en la atmósfera, de algunos días hasta décadas. Dadas esas características, la mitigación de los CCVC ofrece una oportunidad imperdible para mitigar el cambio climático en el mediano y corto plazo, así como para mejorar la calidad del aire de las ciudades al mismo tiempo. Se consideran CCVC al carbono negro, al metano, al ozono troposférico y a los hidrofluorocarbonos (HFC). En este seminario virtual se presentó un informe que revisa la actual situación institucional y de regulación de los CCVC en Brasil, Chile y México. El documento aborda el marco legal vigente, las fuentes principales de regulación y los instrumentos de política pública en dichos países, concluyendo con recomendaciones para abordar la regulación y mitigación de los CCVC. En el seminario se hizo además un repaso del contexto internacional que influye en la mitigación de estos contaminantes, incluyendo la revisión de las mejores prácticas llevadas a cabo en otros países. Grabación Presentaciones
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El agua en México, derecho humano embotellado
México consume el 12% del volumen mundial de agua embotellada. La cifra evidencia las fallas del sistema de abastecimiento de agua potable en el país y la vulneración de un derecho humano fundamental. A nadie se le niega un vaso con agua. Es una regla de cordialidad, una muestra de buena educación y de empatía. Y, aunque para muchos no es obvio, también es un asunto de derechos humanos. En la capital de México, hasta hace poco, los restaurantes podían negar un vaso con agua a sus clientes y condicionarles a consumir agua embotellada. En una ocasión, la dueña de una pizzería gourmet reaccionó con furia cuando vio a mi novio sacar un termo con agua para tomar una pastilla. Dijo que estaba prohibido ingerir alimentos y bebidas ajenas al establecimiento. Y, cuando pedimos un vaso con agua, dijo molesta: “Aquí no regalamos agua, aquí vendemos botellas de agua”. Negocio redondo Lo que se vende en el mercado no es el agua, sino la botella. En México, el costo de la extracción y el suministro de agua no es alto porque casi todo el servicio está subsidiado. Según la tarifa más elevada, el vaso con agua habría costado 0.7 centavos (0.007 pesos mexicanos). Por una botella con la misma cantidad del líquido, la pizzería cobraba 28 pesos (alrededor de 1.5 dólares), siete veces más de lo que cuesta en un supermercado. El incidente en la pizzería ocurrió antes que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México obligara a los establecimientos de expendio de comida a dar sin costo vasos con agua potable a los clientes que así lo pidan. Pero, aún después de la disposición legislativa, varias veces he tenido que aclarar que quiero un vaso con agua y no una botella. Los meseros me advierten: “Es agua filtrada”, dándome a entender que no es tan confiable. La dinámica dentro ese tipo de negocios ha cambiado: ahora compran garrafones de agua embotellada o gastan en filtros y en su mantenimiento porque en México no se bebe agua directamente del grifo. Es secreto a voces, casi creencia popular, que el agua del grifo es agua sucia. Es común que incluso quienes no compramos agua embotellada, tengamos en casa algún filtro doméstico. Esta creencia se extendió desde el terremoto de 1985, cuando se rompieron varias tuberías y se dijo que el agua potable se mezclaba con aguas negras. Después, en los años 90, durante una epidemia de cólera, en México se promovió clorar o hervir el agua y ninguna autoridad se hizo responsable de la calidad de las tuberías de agua potable que, por definición, debe ser apta para consumo humano. Por ejemplo, en Chile, se promovían tres fuentes confiables: clorarla, hervirla o tomarla del grifo. Esta amenaza a la salud coincidió con la llegada del agua embotellada. Lo que en esos años promovieron las empresas fue la confianza y la seguridad en la calidad de su agua. Así, poco a poco, pasamos de hervir y añadir cloro al agua a comprar desde garrafones de 20 litros hasta pequeñas botellas individuales de menos de 250 ml. Con el 80% de la población mexicana desconfiando del sistema de agua potable, según el Banco Mundial, las embotelladoras no hacen más que crecer. De acuerdo con la International Bottled Water Association (IBWA), en 2013 consumimos 253 litros de agua embotellada por persona, frente a los 94.3 litros promedio consumidos en Europa (donde es usual ver bebederos públicos) o los 37 litros del consumo promedio global. En México se consume el 12% del volumen global de agua embotellada. Pero las empresas tienen esperado crecer todavía más, pues no consumimos los dos litros de agua al día que se recomienda. Y es que gran parte del agua embotellada es empleada también para cocinar, lavar platos y hasta para bañar a los bebés recién nacidos. En una investigación que estoy realizando para saber qué factores nos llevan a comprar agua embotellada, una pregunta necesaria es: “¿Se puede o no beber agua del grifo?” La respuesta es: “Depende”. La responsabilidad del servicio de agua potable en el país está tan fraccionada que es imposible tener una respuesta contundente. En la capital, cada año se da a conocer la calidad del agua y sólo en dos barrios ésta no cumple con los estándares para el consumo humano. Lamentablemente, quienes tienen la peor calidad de agua tienen, además, menores niveles de vida. La información sobre el tema no llega a nuestras casas, es de difícil acceso y —en algunos casos— los datos son inexistentes, se ocultan o se maquillan. Ninguna autoridad se responsabiliza por la calidad del agua. No lo hace la Comisión Nacional del Agua, tampoco los gobiernos de cada estado, ni los municipios. Vulnerando un derecho humano Sin respuestas contundentes a la confiabilidad del servicio de agua potable, las y los mexicanos optamos por comprar agua embotellada. Al hacerlo evidenciamos que algo no está funcionando en el abastecimiento de agua potable y que el derecho humano al agua no está garantizado. Según la ONU, ese derecho debe ser asequible, suficiente, saludable, aceptable y accesible. El derecho humano al agua fue incluido en la Constitución Mexicana hace cuatro años, pero su implementación y quién es responsable de la misma aún está en discusión. Mientras el debate continúa, millones de mexicanos, comprensiblemente, comprarán agua embotellada para cuidar su salud. La falta de información y rendición de cuentas en torno al sistema de agua potable hace que garantizar este derecho sea sólo un buen deseo. La ONU establece que la gente no gaste más del 3% de sus ingresos en los servicios de agua potable. En México, sólo los hogares con ingresos mayores a 21 mil pesos mensuales (1,200 dólares) gastan 3% o menos en agua embotellada mientras que el resto, el 80% de los hogares mexicanos, gastan hasta el 8%. A ello se suma el pago por el servicio de agua potable o camiones transportadores de agua utilizada para otras actividades domésticas. La gente está compra agua embotellada porque no confía en el sistema de agua potable del país. Al negarle un vaso con agua a su población, el Gobierno mexicano le está negando un derecho humano fundamental.
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Seminario virtual "Resultados de la 12ª reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima"
Del 8 al 10 de marzo, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) se reunió por doceava ocasión en Songdo, Corea del Sur. Allí tomó decisiones clave para guiar la implementación de las futuras propuestas de programas y proyectos a ser financiadas por el Fondo. ¿Cuáles fueron las decisiones más importantes? ¿Qué entidades fueron aprobadas?¿Qué cambios significativos se dieron en cuanto a la transparencia y participación de actores no gubernamentales, incluyendo pueblos indígenas? En este seminario virtual, los panelistas respondieron a ésas y otras preguntas. También hicieron un análisis puntual de las decisiones adoptadas por la Junta Directiva del Fondo. Grabación Presentación
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Belo Monte: El río se apaga, pero la búsqueda de justicia no muere
“¡El río está muerto!”, exclamó Raimundo mientras navegábamos en su lancha a motor desde Altamira —ciudad ubicada al norte de Brasil (estado de Pará) y la más cercana a la construcción de la represa Belo Monte— hacia la Volta Grande del río Xingú. Al frente de Altamira, el paisaje es verdaderamente desolador. La gran isla de Arapujá ha sido completamente deforestada, lo que ha cambiado radicalmente las corrientes del río, y varias de las islas habitadas antes por pescadores, ahora están bajo el agua, dejando ver solo las copas de sus árboles. Junto con colegas de Justiça Global, visité Altamira y las comunidades indígenas y ribereñas aledañas para actualizar el caso e informar a las personas afectadas por Belo Monte de una nueva esperanza de justicia: en diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió el caso contra Brasil por violaciones de derechos humanos a causa de la represa. Destruyendo vidas A finales de enero, Norte Energía, empresa a cargo de la construcción y operación de Belo Monte, abrió las compuertas del aliviadero (sistema hidráulico que controla el paso del agua) de la represa sin avisar a las comunidades asentadas río abajo. El Xingú creció siete metros en una hora, comentan habitantes de la zona. En algunas de las comunidades, la crecida del caudal inundó las áreas más cercanas a las orillas y se llevó canoas, lanchas y ropa. La lancha nos llevó hasta una isla grande con una casa al medio. Raimundo Nonato vivía allí, criaba animales y se dedicaba a la pesca. Era un lugar perfecto para bañarse en el río. En 2013, fue ahí donde Antonia Melo, lideresa del Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, me bautizó como defensora de esas aguas. Ahora la isla está bajo el agua y lo que queda encima son ramas y algunas copas de árboles frutales. Leoncio Arara, indígena de la comunidad Arara da Volta Grande, cuenta que viven con miedo por el aumento inesperado del caudal, la pérdida de su modo de vida y cultura, y la muerte de 16 toneladas de peces. Han visto grietas en el dique de contención del canal de derivación de la represa y temen que éste se rompa, como ocurrió con la represa de desechos mineros de Fundão en Minas Gerais. En nuestro recorrido vimos parches de otro color en el dique, una señal de alarma sin duda. El miedo no los deja dormir, dice Leoncio. En las tierras indígenas Arara da Volta Grande y Paquiçamba la vida de sus habitantes ha cambiado radicalmente. Ahora deben ir a la ciudad (Altamira) para vender su cosecha y alimentarse pues la pesca y caza se han reducido. Leoncio cuenta que el conocimiento tradicional y la vida en comunidad se están perdiendo. Las viviendas ya no son las mismas, tampoco la conformación de la aldea. Norte Energía ha construido casas que rompen con el entorno cultural por el material utilizado y su ubicación. La comunidad no tiene un pozo para bombear agua potable, condición que debió ser cumplida hace más de cinco años. Dolor, injusticia y lucha Estuvimos nueve días en la zona. Escuchamos muchas historias de dolor e injusticia, de niños indígenas que murieron debido la mala atención médica en las aldeas sin poder llegar a la ciudad, de indígenas que dejan sus aldeas buscando amparo en la ciudad y que viven hacinados en la Casa del Indio, rodeados de suciedad y en una mezcla de etnias muchas veces sin afinidad entre sí. Revivimos con las víctimas historias de lucha incansable como la de Socorro Arara, indígena ribereña cuya casa fue destruida, igual que la de todos sus familiares vecinos. Todos tuvieron que negociar con la empresa como si sus derechos fueran negociables. Algunos recibieron una indemnización ridícula y otros la opción de una casa en barrios prefabricados lejos del río. Los padres de Socorro viven en uno de esos barrios. Detrás de su vivienda de cemento construyeron un pequeño anexo con la madera de la casa destruida. Ese anexo es donde verdaderamente viven, a la luz de pequeños lamparines que funcionan con queroseno y durmiendo en hamacas. La energía eléctrica no es lo suyo. Vivimos de cerca las ironías de la ciudad más próxima a la que será la tercera represa más grande del mundo. El 28 de febrero, Altamira y varios municipios del estado de Pará se quedaron sin electricidad. El corte, calificado por la recepcionista de nuestro hotel como “de rutina”, se debió a pruebas en una de las turbinas de la represa. Falta poco para que la represa inicie operaciones. Si para los países de la región Belo Monte representa el sueño anhelado de desarrollo, para mí es una pesadilla de la que quiero despertar ya. Es una pesadilla de dolor y violaciones de derechos humanos, en la que un río vivo y hermoso se va apagando y con él las vidas y sueños de quienes viven y dependen de su caudal. ¡Los derechos no se negocian y las víctimas de Belo Monte necesitan justicia ya! Ojalá que ese sueño sí se haga realidad. -- Escribí estas líneas en honor a todas las personas que han dedicado su vida a defender nuestra vida y nuestros ríos.
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Recordando a Berta Cáceres ante el Fondo Verde del Clima
El 3 de marzo, Berta Cáceres, una defensora de los derechos indígenas en Honduras, fue asesinada. Como lideresa de COPINH, Berta estaba luchando contra la implementación de un proyecto de una gran represa financiado internacionalmente. Estaba luchando por la salud del río Gualarque, y por las vidas y medios de subsistencia de las comunidades indígenas que dependen del mismo. Su muerte es una muestra de los impactos que los megaproyectos pueden tener en la vida real. Es por eso que, en el cierre de la 12ª reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima, presenté un mensaje a la Junta a nombre de las organizaciones de la sociedad civil que monitorean el desarrollo y el proceso de toma de decisiones del mecanismo. El mensaje fue pensado como un recordatorio del cuidado con el que las decisiones financieras deben ser tomadas, dado que la Junta prepara la revisión y autorización de más proyectos: “Nos gustaría pedir un momento para recordar a Berta Cáceres, la indígena defensora de la justicia ambiental y los derechos humanos asesinada brutalmente la semana pasada en Honduras. Ella estaba liderando la lucha contra una gran represa financiada internacionalmente que amenazaba su agua, su tierra, y a su gente. Nos gustaría pedir a todos ustedes que hagan lo posible para garantizar justicia para Berta, y el retorno seguro de Gustavo Castro, coordinador de Amigos de la Tierra México, quien resultó herido durante el asesinato y cuya vida está ahora en peligro. El asesinato de Berta sirve como un trágico recordatorio para el FVC de los riesgos enormes que los defensores de derechos enfrentan, y de la profunda necesidad de salvaguardar sus derechos y los derechos de las personas y territorios por los que ellos luchan. El FVC no debe apoyar proyectos cuestionables como aquel que le costó la vida a Berta y debe obtener en todos sus programas y proyectos el consentimiento libre, previo e informado de las personas y comunidades para proteger sus medios de vida y supervivencia.”
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Taller de Fortalecimiento de Capacidades sobre el Fondo Verde del Clima
La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), con el apoyo de LARCI y de la Charles Stewart Mott Foundation —y en colaboración con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe ( GFLAC), el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) y Transparencia Mexicana—, organizaron un taller de dos días (18 y 19 de febrero de 2016) en Ciudad de México, dirigido a la sociedad civil de América Latina. En el taller se discutió cómo opera el Fondo Verde del Clima en la región, qué actividades financia, y qué oportunidades específicas existen para la participación pública en el diseño, desarrollo e implementación de programas y proyectos a ser financiados por la institución. Resumen: Consulta aquí el resumen del evento. Presentaciones:
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