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Conservando la parte del mar que es de todos
En Semana Santa visité con mi familia el Parque Nacional Marino Las Baulas en Guanacaste, Costa Rica. Un guardaparques preparado y comprometido nos habló de las amenazas que las tortugas marinas enfrentan cuando desovan en la costa, y de la importancia de cuidar las playas y evitar desarrollos inadecuadamente implementados. Pero lo que más llamó la atención fue la curiosidad de mis dos hijos, de cinco y tres años de edad, al saber lo mucho que las tortugas debían nadar para poner sus huevos. “Si se pierden, ¿las tortuguitas ya no nacen?”, preguntaron. Para muchos la respuesta a esa interrogante es un misterio y de ahí viene la importancia de proteger la vida en alta mar, en aquellas aguas internacionales que no pertenecen a ningún país y que son, por tanto, un bien común global. Lo que sucede en alta mar, más allá de lo que podemos ver y cuidar desde la costa, es lo que mueve a las más de 33 organizaciones no gubernamentales y a las más de 193 delegaciones en Naciones Unidas que están reunidas en Nueva York para trabajar, durante dos semanas, en la construcción de un acuerdo legalmente vinculante para conservar la vida marina en las áreas que están fuera de cualquier jurisdicción nacional. El acuerdo será implementado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). AIDA es la única ONG de América Latina que está presente en la Primera Sesión del Comité Preparatorio que busca crear el nuevo acuerdo en el plazo de dos años. Como parte de la High Seas Alliance (HSA) y gracias al apoyo de The Pew Charitable Trusts, estamos trabajando para llevar la voz de la sociedad civil latinoamericana a las negociaciones. Junto con las otras organizaciones que integran la HSA, estamos abogando para que el nuevo tratado cumpla los siguientes principios: Protección y preservación del medio marino de alta mar, incluyendo el cuerpo de agua. Cooperación entre Estados para conservar los recursos vivos de alta mar. Utilización de la mejor información científica disponible para la toma de decisiones. Buena administración de los recursos de alta mar, garantizándolos para las presentes y futuras generaciones. Implementación del principio de precaución según el cual la ausencia de información no puede constituir una excusa para no proteger los ecosistemas de alta mar. Gestión basada en una planificación a gran escala que tome en cuenta la interrelación de la biodiversidad marina. Sostenibilidad y equidad en referencia a la posibilidad de utilizar los recursos para cubrir las necesidad de las generaciones presentes, respetando las necesidades de las generaciones futura. Deberá prestarse especial atención a los intereses y beneficios para los países en desarrollo. Buena gobernanza (transparencia, participación pública y acceso a procedimientos de revisión y recursos) . “Quien contamina, paga”, lo que implica que los Estados que causen contaminación deben asumir su responsabilidad. Cumplimiento y respeto de los compromisos adquiridos bajo la CONVEMAR. Adicionalmente, consideramos de vital importancia que los Estados incluyan la creación de áreas marinas protegidas fuera de las jurisdicciones nacionales para garantizar la conservación y preservación de la biodiversidad marina. Desde AIDA vemos con mucha ilusión y esperanza el compromiso de los Estados durante este primer tramo del largo camino a recorrer. Sabemos que tras estos dos años de negociaciones veremos surgir con éxito un tratado que proteja la biodiversidad marina que pertenece a todos, aquella que es albergada en la mayor porción de nuestros mares. ¡Apóyanos para seguir trabajando hacia esa meta!
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Seminario Virtual sobre Contaminantes Climáticos de Vida Corta
Los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) son agentes atmosféricos que contribuyen al cambio climático y degradan la calidad del aire. Se les llama así porque tienen una vida útil relativamente corta en la atmósfera, de algunos días hasta décadas. Dadas esas características, la mitigación de los CCVC ofrece una oportunidad imperdible para mitigar el cambio climático en el mediano y corto plazo, así como para mejorar la calidad del aire de las ciudades al mismo tiempo. Se consideran CCVC al carbono negro, al metano, al ozono troposférico y a los hidrofluorocarbonos (HFC). En este seminario virtual se presentó un informe que revisa la actual situación institucional y de regulación de los CCVC en Brasil, Chile y México. El documento aborda el marco legal vigente, las fuentes principales de regulación y los instrumentos de política pública en dichos países, concluyendo con recomendaciones para abordar la regulación y mitigación de los CCVC. En el seminario se hizo además un repaso del contexto internacional que influye en la mitigación de estos contaminantes, incluyendo la revisión de las mejores prácticas llevadas a cabo en otros países. Grabación Presentaciones
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El agua en México, derecho humano embotellado
México consume el 12% del volumen mundial de agua embotellada. La cifra evidencia las fallas del sistema de abastecimiento de agua potable en el país y la vulneración de un derecho humano fundamental. A nadie se le niega un vaso con agua. Es una regla de cordialidad, una muestra de buena educación y de empatía. Y, aunque para muchos no es obvio, también es un asunto de derechos humanos. En la capital de México, hasta hace poco, los restaurantes podían negar un vaso con agua a sus clientes y condicionarles a consumir agua embotellada. En una ocasión, la dueña de una pizzería gourmet reaccionó con furia cuando vio a mi novio sacar un termo con agua para tomar una pastilla. Dijo que estaba prohibido ingerir alimentos y bebidas ajenas al establecimiento. Y, cuando pedimos un vaso con agua, dijo molesta: “Aquí no regalamos agua, aquí vendemos botellas de agua”. Negocio redondo Lo que se vende en el mercado no es el agua, sino la botella. En México, el costo de la extracción y el suministro de agua no es alto porque casi todo el servicio está subsidiado. Según la tarifa más elevada, el vaso con agua habría costado 0.7 centavos (0.007 pesos mexicanos). Por una botella con la misma cantidad del líquido, la pizzería cobraba 28 pesos (alrededor de 1.5 dólares), siete veces más de lo que cuesta en un supermercado. El incidente en la pizzería ocurrió antes que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México obligara a los establecimientos de expendio de comida a dar sin costo vasos con agua potable a los clientes que así lo pidan. Pero, aún después de la disposición legislativa, varias veces he tenido que aclarar que quiero un vaso con agua y no una botella. Los meseros me advierten: “Es agua filtrada”, dándome a entender que no es tan confiable. La dinámica dentro ese tipo de negocios ha cambiado: ahora compran garrafones de agua embotellada o gastan en filtros y en su mantenimiento porque en México no se bebe agua directamente del grifo. Es secreto a voces, casi creencia popular, que el agua del grifo es agua sucia. Es común que incluso quienes no compramos agua embotellada, tengamos en casa algún filtro doméstico. Esta creencia se extendió desde el terremoto de 1985, cuando se rompieron varias tuberías y se dijo que el agua potable se mezclaba con aguas negras. Después, en los años 90, durante una epidemia de cólera, en México se promovió clorar o hervir el agua y ninguna autoridad se hizo responsable de la calidad de las tuberías de agua potable que, por definición, debe ser apta para consumo humano. Por ejemplo, en Chile, se promovían tres fuentes confiables: clorarla, hervirla o tomarla del grifo. Esta amenaza a la salud coincidió con la llegada del agua embotellada. Lo que en esos años promovieron las empresas fue la confianza y la seguridad en la calidad de su agua. Así, poco a poco, pasamos de hervir y añadir cloro al agua a comprar desde garrafones de 20 litros hasta pequeñas botellas individuales de menos de 250 ml. Con el 80% de la población mexicana desconfiando del sistema de agua potable, según el Banco Mundial, las embotelladoras no hacen más que crecer. De acuerdo con la International Bottled Water Association (IBWA), en 2013 consumimos 253 litros de agua embotellada por persona, frente a los 94.3 litros promedio consumidos en Europa (donde es usual ver bebederos públicos) o los 37 litros del consumo promedio global. En México se consume el 12% del volumen global de agua embotellada. Pero las empresas tienen esperado crecer todavía más, pues no consumimos los dos litros de agua al día que se recomienda. Y es que gran parte del agua embotellada es empleada también para cocinar, lavar platos y hasta para bañar a los bebés recién nacidos. En una investigación que estoy realizando para saber qué factores nos llevan a comprar agua embotellada, una pregunta necesaria es: “¿Se puede o no beber agua del grifo?” La respuesta es: “Depende”. La responsabilidad del servicio de agua potable en el país está tan fraccionada que es imposible tener una respuesta contundente. En la capital, cada año se da a conocer la calidad del agua y sólo en dos barrios ésta no cumple con los estándares para el consumo humano. Lamentablemente, quienes tienen la peor calidad de agua tienen, además, menores niveles de vida. La información sobre el tema no llega a nuestras casas, es de difícil acceso y —en algunos casos— los datos son inexistentes, se ocultan o se maquillan. Ninguna autoridad se responsabiliza por la calidad del agua. No lo hace la Comisión Nacional del Agua, tampoco los gobiernos de cada estado, ni los municipios. Vulnerando un derecho humano Sin respuestas contundentes a la confiabilidad del servicio de agua potable, las y los mexicanos optamos por comprar agua embotellada. Al hacerlo evidenciamos que algo no está funcionando en el abastecimiento de agua potable y que el derecho humano al agua no está garantizado. Según la ONU, ese derecho debe ser asequible, suficiente, saludable, aceptable y accesible. El derecho humano al agua fue incluido en la Constitución Mexicana hace cuatro años, pero su implementación y quién es responsable de la misma aún está en discusión. Mientras el debate continúa, millones de mexicanos, comprensiblemente, comprarán agua embotellada para cuidar su salud. La falta de información y rendición de cuentas en torno al sistema de agua potable hace que garantizar este derecho sea sólo un buen deseo. La ONU establece que la gente no gaste más del 3% de sus ingresos en los servicios de agua potable. En México, sólo los hogares con ingresos mayores a 21 mil pesos mensuales (1,200 dólares) gastan 3% o menos en agua embotellada mientras que el resto, el 80% de los hogares mexicanos, gastan hasta el 8%. A ello se suma el pago por el servicio de agua potable o camiones transportadores de agua utilizada para otras actividades domésticas. La gente está compra agua embotellada porque no confía en el sistema de agua potable del país. Al negarle un vaso con agua a su población, el Gobierno mexicano le está negando un derecho humano fundamental.
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Seminario virtual "Resultados de la 12ª reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima"
Del 8 al 10 de marzo, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) se reunió por doceava ocasión en Songdo, Corea del Sur. Allí tomó decisiones clave para guiar la implementación de las futuras propuestas de programas y proyectos a ser financiadas por el Fondo. ¿Cuáles fueron las decisiones más importantes? ¿Qué entidades fueron aprobadas?¿Qué cambios significativos se dieron en cuanto a la transparencia y participación de actores no gubernamentales, incluyendo pueblos indígenas? En este seminario virtual, los panelistas respondieron a ésas y otras preguntas. También hicieron un análisis puntual de las decisiones adoptadas por la Junta Directiva del Fondo. Grabación Presentación
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Belo Monte: El río se apaga, pero la búsqueda de justicia no muere
“¡El río está muerto!”, exclamó Raimundo mientras navegábamos en su lancha a motor desde Altamira —ciudad ubicada al norte de Brasil (estado de Pará) y la más cercana a la construcción de la represa Belo Monte— hacia la Volta Grande del río Xingú. Al frente de Altamira, el paisaje es verdaderamente desolador. La gran isla de Arapujá ha sido completamente deforestada, lo que ha cambiado radicalmente las corrientes del río, y varias de las islas habitadas antes por pescadores, ahora están bajo el agua, dejando ver solo las copas de sus árboles. Junto con colegas de Justiça Global, visité Altamira y las comunidades indígenas y ribereñas aledañas para actualizar el caso e informar a las personas afectadas por Belo Monte de una nueva esperanza de justicia: en diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió el caso contra Brasil por violaciones de derechos humanos a causa de la represa. Destruyendo vidas A finales de enero, Norte Energía, empresa a cargo de la construcción y operación de Belo Monte, abrió las compuertas del aliviadero (sistema hidráulico que controla el paso del agua) de la represa sin avisar a las comunidades asentadas río abajo. El Xingú creció siete metros en una hora, comentan habitantes de la zona. En algunas de las comunidades, la crecida del caudal inundó las áreas más cercanas a las orillas y se llevó canoas, lanchas y ropa. La lancha nos llevó hasta una isla grande con una casa al medio. Raimundo Nonato vivía allí, criaba animales y se dedicaba a la pesca. Era un lugar perfecto para bañarse en el río. En 2013, fue ahí donde Antonia Melo, lideresa del Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, me bautizó como defensora de esas aguas. Ahora la isla está bajo el agua y lo que queda encima son ramas y algunas copas de árboles frutales. Leoncio Arara, indígena de la comunidad Arara da Volta Grande, cuenta que viven con miedo por el aumento inesperado del caudal, la pérdida de su modo de vida y cultura, y la muerte de 16 toneladas de peces. Han visto grietas en el dique de contención del canal de derivación de la represa y temen que éste se rompa, como ocurrió con la represa de desechos mineros de Fundão en Minas Gerais. En nuestro recorrido vimos parches de otro color en el dique, una señal de alarma sin duda. El miedo no los deja dormir, dice Leoncio. En las tierras indígenas Arara da Volta Grande y Paquiçamba la vida de sus habitantes ha cambiado radicalmente. Ahora deben ir a la ciudad (Altamira) para vender su cosecha y alimentarse pues la pesca y caza se han reducido. Leoncio cuenta que el conocimiento tradicional y la vida en comunidad se están perdiendo. Las viviendas ya no son las mismas, tampoco la conformación de la aldea. Norte Energía ha construido casas que rompen con el entorno cultural por el material utilizado y su ubicación. La comunidad no tiene un pozo para bombear agua potable, condición que debió ser cumplida hace más de cinco años. Dolor, injusticia y lucha Estuvimos nueve días en la zona. Escuchamos muchas historias de dolor e injusticia, de niños indígenas que murieron debido la mala atención médica en las aldeas sin poder llegar a la ciudad, de indígenas que dejan sus aldeas buscando amparo en la ciudad y que viven hacinados en la Casa del Indio, rodeados de suciedad y en una mezcla de etnias muchas veces sin afinidad entre sí. Revivimos con las víctimas historias de lucha incansable como la de Socorro Arara, indígena ribereña cuya casa fue destruida, igual que la de todos sus familiares vecinos. Todos tuvieron que negociar con la empresa como si sus derechos fueran negociables. Algunos recibieron una indemnización ridícula y otros la opción de una casa en barrios prefabricados lejos del río. Los padres de Socorro viven en uno de esos barrios. Detrás de su vivienda de cemento construyeron un pequeño anexo con la madera de la casa destruida. Ese anexo es donde verdaderamente viven, a la luz de pequeños lamparines que funcionan con queroseno y durmiendo en hamacas. La energía eléctrica no es lo suyo. Vivimos de cerca las ironías de la ciudad más próxima a la que será la tercera represa más grande del mundo. El 28 de febrero, Altamira y varios municipios del estado de Pará se quedaron sin electricidad. El corte, calificado por la recepcionista de nuestro hotel como “de rutina”, se debió a pruebas en una de las turbinas de la represa. Falta poco para que la represa inicie operaciones. Si para los países de la región Belo Monte representa el sueño anhelado de desarrollo, para mí es una pesadilla de la que quiero despertar ya. Es una pesadilla de dolor y violaciones de derechos humanos, en la que un río vivo y hermoso se va apagando y con él las vidas y sueños de quienes viven y dependen de su caudal. ¡Los derechos no se negocian y las víctimas de Belo Monte necesitan justicia ya! Ojalá que ese sueño sí se haga realidad. -- Escribí estas líneas en honor a todas las personas que han dedicado su vida a defender nuestra vida y nuestros ríos.
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Recordando a Berta Cáceres ante el Fondo Verde del Clima
El 3 de marzo, Berta Cáceres, una defensora de los derechos indígenas en Honduras, fue asesinada. Como lideresa de COPINH, Berta estaba luchando contra la implementación de un proyecto de una gran represa financiado internacionalmente. Estaba luchando por la salud del río Gualarque, y por las vidas y medios de subsistencia de las comunidades indígenas que dependen del mismo. Su muerte es una muestra de los impactos que los megaproyectos pueden tener en la vida real. Es por eso que, en el cierre de la 12ª reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima, presenté un mensaje a la Junta a nombre de las organizaciones de la sociedad civil que monitorean el desarrollo y el proceso de toma de decisiones del mecanismo. El mensaje fue pensado como un recordatorio del cuidado con el que las decisiones financieras deben ser tomadas, dado que la Junta prepara la revisión y autorización de más proyectos: “Nos gustaría pedir un momento para recordar a Berta Cáceres, la indígena defensora de la justicia ambiental y los derechos humanos asesinada brutalmente la semana pasada en Honduras. Ella estaba liderando la lucha contra una gran represa financiada internacionalmente que amenazaba su agua, su tierra, y a su gente. Nos gustaría pedir a todos ustedes que hagan lo posible para garantizar justicia para Berta, y el retorno seguro de Gustavo Castro, coordinador de Amigos de la Tierra México, quien resultó herido durante el asesinato y cuya vida está ahora en peligro. El asesinato de Berta sirve como un trágico recordatorio para el FVC de los riesgos enormes que los defensores de derechos enfrentan, y de la profunda necesidad de salvaguardar sus derechos y los derechos de las personas y territorios por los que ellos luchan. El FVC no debe apoyar proyectos cuestionables como aquel que le costó la vida a Berta y debe obtener en todos sus programas y proyectos el consentimiento libre, previo e informado de las personas y comunidades para proteger sus medios de vida y supervivencia.”
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Taller de Fortalecimiento de Capacidades sobre el Fondo Verde del Clima
La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), con el apoyo de LARCI y de la Charles Stewart Mott Foundation —y en colaboración con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe ( GFLAC), el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) y Transparencia Mexicana—, organizaron un taller de dos días (18 y 19 de febrero de 2016) en Ciudad de México, dirigido a la sociedad civil de América Latina. En el taller se discutió cómo opera el Fondo Verde del Clima en la región, qué actividades financia, y qué oportunidades específicas existen para la participación pública en el diseño, desarrollo e implementación de programas y proyectos a ser financiados por la institución. Resumen: Consulta aquí el resumen del evento. Presentaciones:
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El invaluable legado de Douglas Tompkins
El pasado 8 de diciembre, la Patagonia —uno de los últimos lugares prístinos del planeta— vio partir a uno de sus protectores: Douglas Tompkins. A los 72 años, el multimillonario y gran conservacionista perdió la vida en un accidente. Mucho se ha dicho del excéntrico hombre que vendió las empresas que lo hicieron rico y lo dejó todo para emprender un proyecto ambicioso de conservación en Chile y Argentina. Fue visto con recelo cuando comenzó una frenética compra de tierras en el cono sur con el único objetivo de protegerlas. Tompkins pensaba que la conservación efectiva debía ser "grande, salvaje y conectada". Por ello apostó a crear grandes parques nacionales que fueran protegidos aun en su ausencia. Su metodología consistía en adquirir grandes extensiones de tierra, quitar cercos y recuperar ecosistemas para protegerlos permanentemente. Sin cercos, la vida silvestre se mueve libremente, lo que es fundamental para su prosperidad. El plan de conservación A poco más de un mes de enviudar, Kris McDivitt, esposa de Tompkins por 20 años, se reunió con la Presidenta de Chile Michelle Bachelet para ofrecerle la donación de más de 400 mil hectáreas de tierra en la Patagonia chilena, incluyendo millones de dólares en infraestructura. Con ello busca concretar el último de los grandes proyectos de la pareja en Chile: la creación de una red de parques en la Patagonia. Pero los regalos de los Tompkins vienen condicionados: por cada hectárea que reciben, los Estados deben proteger otras tantas. A cambio de la donación póstuma en Chile, por ejemplo, al Estado se le pide crear nuevos parques nacionales sumando propiedades fiscales a las tierras donadas, ampliar parques nacionales existentes y reclasificar cuatro reservas nacionales. Se espera que las negociaciones concluyan en 2018. Si resultan, se crearía la red de parques nacionales más importante de Chile. En Chile, ya fue donado el Parque Corcovado en la Patagonia y el Yendegaia, compuesto de 38 mil hectáreas al sur de Tierra del Fuego. Además, está en proceso de ser entregado el parque Pumalín, que junto al Corcovado sumarán 600 mil hectáreas en la Patagonia, de las cuales 500 serían donadas por los Tompkins. Protección en Argentina En Argentina, Tompkins también donó tierras, entre ellas las ubicadas en la provincia Entre Ríos, donde inició un proyecto de recuperación de suelos, implementando cultivos orgánicos con alta diversificación para revertir el daño del monocultivo industrial. La Patagonia Argentina también recibió su protección con una donación de tierras al Parque Nacional Monte León (66 mil hectáreas) y al Parque Nacional Perito Moreno (15 mil hectáreas). El último proyecto en ese país culminó el diciembre pasado cuando el Estado argentino recibió a Kris Tompkins para aceptar la donación de 150 mil hectáreas de terreno en los Esteros del Iberá, el segundo humedal más grande del planeta. Esa superficie, sumada a las 50 mil hectáreas donadas antes y a las 500 mil que ya son parte del Parque Iberá, crearán una de las reservas más grandes del país. ¡Patagonia sin Represas! Además de contribuir a la creación de parques nacionales, Tompkins apoyó el activismo de grupos conservacionistas en la Patagonia. Una de las iniciativas patrocinadas fue la campaña Patagonia sin Represas. Ésta logró poner freno al proyecto HidroAysén, el cual pretendía construir cinco megarepresas en los ríos Baker y Pascua, los dos ríos libres más caudalosos del país, ubicados en el corazón de la Patagonia. Cuentan testigos que el lema “¡Patagonia sin represas!” se escuchó muy fuerte entre los asistentes al entierro luego de que el último puñado de tierra fue arrojado sobre la tumba de Doug. A finales de los 90, cuando la compra de tierras en Chile y Argentina llegaba a su pico, Tompkins fue acusado de comprar barato y desplazar a los habitantes de la zona, dejándolos sin trabajo. Luego las acusaciones se pusieron más sofisticadas: se le acusó de comprar tierras para crear un nuevo estado Sionista, de ser espía de la CIA o de buscar adueñarse del agua para exportarla a lugares con sequía. Muchos vieron su labor con sospecha. Quizás les resultaba difícil creer que alguien invierta sumas multimillonarias con el solo objetivo de preservar la perfecta armonía natural que nos rodea. Cualquier acusación era más válida que dar crédito a su única intención: comprar tierras para evitar su explotación y entregarlas al Estado, no a cambio de dinero, sino de compromisos de protección. Digan lo que digan, y sean cuales sean los reparos de sus detractores, en la práctica, el legado que Douglas Tompkins dejó a la humanidad es gigantesco. Conservó más tierras que ninguna otra persona en la historia de Chile y Argentina. Su obra se traduce en manchones verdes en los mapas de la Patagonia. Por ello le estaré eternamente agradecida. ¡FELICITACIONES DOUG Y MUCHAS MUCHAS GRACIAS!
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Marismas Nacionales: Sitio digno de proteger en México
En la costa norte del Pacífico mexicano, manglares verdes llevan sus raíces hasta un suelo poco profundo, beben el agua dulce y fresca que fluye de las montañas, y albergan la vida abundante y diversa que rebosa en su interior. Cangrejos se arrastran por la tierra fangosa, peces zigzaguean a lo largo de los sistemas de raíces, cocodrilos esperan pacientemente en las aguas poco profundas, y tortugas marinas se alimentan en su camino a las zonas costeras de anidación. Esta comunidad que vive y respira, extendiéndose por 2,000 kilómetros cuadrados a través de los estados de Nayarit y Sinaloa, es el bosque de manglar más grande de la costa del Pacífico en México. Pese a la importancia de este rico entorno, Marismas Nacionales está en riesgo. Su salud y vitalidad están amenazadas por el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, el cual represaría e río San Pedro Mezquital, el último río que fluye libre en las montañas de la Sierra Madre. Después de la destrucción sin sentido de los manglares de Tajamar en Cancún, México debe, más que nunca, ponerse a la altura de su responsabilidad para preservar humedales vitales como Marismas Nacionales. El río San Pedro Mezquital nace en las cumbres más altas de la Sierra Madre, fluye a través de densos bosques verdes y cruza valles antes de llegar a las planicies costeras de Nayarit, donde sus aguas frescas alimentan Marismas Nacionales. Alterar el flujo natural del río incrementaría la sedimentación en los humedales y el riesgo de que ese sistema sensible se sofoque. Los vastos humedales costeros del Golfo de California son hogar de hasta el 20% de los manglares de México. Una especie de súper sistema biológico alberga una gran diversidad de peces, aves, insectos y anfibios. Marismas Nacionales es uno de los entornos más productivos del noroeste de México. Las comunidades costeras también viven en armonía con Marismas Nacionales y dependen de los humedales para su supervivencia. El entorno marino costero proporciona un medio de vida sostenible para las poblaciones locales, las cuales pescan y cosechan mariscos. Por tanto, las comunidades están ligadas a la salud y bienestar de los humedales. Marismas Nacionales es un paraíso aviar. Es hogar de más de 250 especies de aves, casi la mitad de las cuales son migratorias. Marismas ofrece un hábitat importante de invierno para las aves de la región costera del Pacífico: en partes del año, 80 por ciento de las aves playeras migratorias del Pacífico se refugian allí. Muchas especies locales también buscan en los manglares refugio de las zonas circundantes cuando el clima es particularmente duro. Sin un río saludable, la vida en estos vastos bosques de manglar y lagunas costeras puede perderse para siempre. Con la construcción de la represa Las Cruces, México está poniendo en riesgo otro de sus sitios naturales sagrados. AIDA está comprometida a proteger Marismas Nacionales, y la salud y modo de vida de los seres vivos que dependen de ese entorno. Esperamos que estés con nosotros. Conoce más de nuestro trabajo para detener la represa Las Cruces
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Mi primera visita a La Oroya
“¿Qué piensas de La Oroya?”, un residente local me preguntó al conocerme. Siendo sincero, no estaba seguro qué responder. Percibiendo rápidamente mi incomodidad, él bromeó: “Es muy bonito, hay mucha biodiversidad y el cielo es tan azul…”. Aliviado, me reí con él y, desde ese momento, he estado buscando las palabras que describan este sitio. La Oroya es una ciudad de 33.000 habitantes, ubicada al margen del río Mantaro, en la región central de Perú, a casi 5.000 metros de altitud. Fue mi primera vez allí y me quedé solo dos días. Son cinco horas de viaje desde Lima por una carretera con curvas terribles y vistas impresionantes de las montañas alrededor. Una vez en La Oroya, el paisaje cambia drásticamente. La ciudad está cubierta por un manto gris, tiene poco o nada de vida natural, sus calles están llenas de camiones transportando hierro y otros metales pesados…Nada más destaca. Lo que más quería al estar en La Oroya era conocer a las personas que representamos en nuestro caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de trabajar en él por seis meses, quería finalmente ponerle rostros a los nombres que tan bien había llegado a conocer en el papel. Nuestra reunión fue programada para el final del día, cuando los residentes estaban libres de sus compromisos laborales y familiares. Allí les presentamos a estudiantes de la Universidad de Yale, quienes están elaborando un informe importante sobre la relación entre la calidad del aire de La Oroya y la salud de sus habitantes. Aunque interesados en el estudio, y felices de oír del mismo, los residentes nos bombardearon pronto con preguntas acerca del caso. Lo que más querían saber —algo que han estado esperando desde que presentamos nuestra petición hace siete años— era cuándo la Comisión tomaría su decisión. Nos hicieron saber los muchos comentarios ofensivos que han tenido que soportar, tanto de los trabajadores del complejo metalúrgico como de sus propios vecinos, durante su larga espera por un fallo. Ellos han sufrido amenazas de otros residentes de La Oroya, quienes erróneamente creen que el propósito del caso es cerrar el complejo, lo cual dejaría sin trabajo a muchas personas. En una ocasión especialmente preocupante, un “doctor” dijo en televisión que la contaminación por plomo no causaba ningún problema de salud. Afirmó que los habitantes de la Oroya eran la prueba de que las personas, aunque contaminadas con plomo y otros metales pesados, aún podían tener una vida normal. Nosotros les recordamos que un proceso ante un organismo internacional involucra años de espera, y que nos solidarizábamos con ellos por todo lo que habían tenido que pasar en los pasados años. Pero la verdad es que yo también sentí tal frustración. Fue la primera vez que vi, así de cerca, ese deseo personal por una decisión internacional. Entendí que una decisión en el papel podría en realidad constituir una forma de reparación. El largamente esperado informe de la Comisión mostrará al mundo que los efectos de la contaminación con metales pesados en una población constituyen de hecho una violación a su integridad personal y a su derecho a la salud. El objetivo de este caso no es cerrar el complejo metalúrgico, sino forzar la adopción de medidas para garantizar cierta calidad de vida para los residentes de La Oroya. En este caso, el informe de la Comisión será el instrumento por el cual las normas internacionales y de derechos humanos se harán reales, efectivas y transformadoras. Regresé de La Oroya hace casi una semana y aún estoy buscando las palabras para describir un lugar como ése. A decir verdad, La Oroya no se veía muy bien al principio. Pero rápidamente me di cuenta que la belleza de un lugar no proviene solo de sus atracciones naturales o aquellas hechas por el hombre; también resulta, y tal vez de una manera más importante, de la belleza de su gente. En ese sentido, nunca he visto una ciudad tan hermosa como La Oroya. Esta entrada está dedicada a todas las víctimas del caso de La Oroya. Espero que logren justicia y que, gracias a ellas, un caso como éste no se repita nunca en ningún lugar del mundo. También está dedicada a Astrid Puentes y María José, las abogadas de AIDA a cargo del caso, quienes me inspiran cada día a trabajar por un mundo más justo.
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