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Septiembre 04 2012

Cambio climático y desplazados

Por Tania Paz, asistente general de AIDA, @TaniaNinoshka Tenía 6 años cuando experimenté mi primer desastre natural, el huracán Juana (Joan) en 1988; de ese suceso recuerdo, los árboles de almendra de mi barrio caídos en el suelo, no quedó uno solo en pie, una tragedia ambiental. Un hombre evacua a sus hijos a través de las aguas profundas después de las fuertes inundaciones en Nowshera, Khyber-Pakhtunkhwa, en la provincia paquistaní de agosto de 2010. Recuerdo los testimonios de mi papá, en ese entonces miembro del Ejército de Nicaragua, quien realizó labores de evacuación en las costas del lago de Managua (una zona muy vulnerable a inundaciones). Según él, las personas no querían abandonar sus viviendas por miedo a perder todos sus bienes, corriendo el riesgo de perder su vida. De eso ya casi 24 años y actualmente miles de personas deben dejar sus casas, su ciudad o su país (temporal o permanentemente) a causa de los cada vez más destructores desastres naturales. Los desplazados medioambientales “Las migraciones poblacionales, forzadas o no, serán sin duda una de las consecuencias más significativas de la degradación medioambiental y del cambio climático en las próximas décadas afirmó Achim Steiner, (2008) el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). ¿Qué es un desplazado/ migrante/ /refugiado por causas medioambientales? Los migrantes medioambientales son aquellas personas, comunidades o sociedades que deciden o se ven obligadas a migrar como resultado de factores climáticos y medioambientales perjudiciales. “Aquí se incluyen: aquellas personas forzadas a huir de una catástrofe natural y los agricultores empobrecidos, que abandonan tierras degradadas y migran a los núcleos urbanos en busca de medios de subsistencia alternativos”, explican Morton, Boncour y Laczko (2008). En el informe de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): “Cambio climático y derechos humanos en América Latina: Una crisis humana”, se indica que los impulsores de desalojo relacionados con el cambio climático son: a) Los desastres relacionados con el clima y de evolución lenta, como la desertificación, el hundimiento de las zonas costeras y la inmersión de países isleños que se encuentran al nivel del mar; Un aumento del riesgo de desastre que causa la reubicación de zonas de alto riesgo; Agitación social y violencia atribuible a factores relacionados con el cambio climático. Las estadísticas Definir cuántas personas actualmente son desplazadas a causa de la degradación ambiental o cuántas serán afectadas en el futuro es complicado, porque “no hay manera de aislar la variable de degradación ambiental de otros factores causantes de la migración” (Dun y Gemene, 2008). El Centro de Vigilancia de Desplazados Internos IDMC por sus siglas en inglés, indica que en el año 2011, 14.9 millones de personas fueron desplazadas a causa de desastres naturales como: inundaciones y tormentas siendo los países asiáticos lo más afectados. En Latinoamérica, el mayor desplazamiento de personas ocurrió en el Estado de Veracruz en México, donde 280 mil personas perdieron sus viviendas a causa de la tormenta tropical Arlene. Norman Myers, académico de la Universidad de Oxford ha pronosticado que para el año 2050 “cuando el calentamiento global cobre fuerza, podría haber hasta 200 millones de personas [desplazadas] por alteraciones de los sistemas monzónicos y otros sistemas de lluvias, por sequías de una gravedad y duración inusitadas, así como por la subida del nivel del mar y la inundación de los litorales”. Algunos de los retos…. El diseño de políticas para la atención antes, durante y posterior a un desastre natural de las magnitudes que se esperan. Políticas que además sean acordes con los principios de derechos humanos. Empoderar a las comunidades vulnerables para que sean agentes activos en el diseño de las políticas de atención ante desastres naturales, al final, ellos son las posibles víctimas Los impactos de los fenómenos climáticos extremos, el potencial catastrófico de los mismos en conjunto con la vulnerabilidad (social, económica, medioambiental) de muchas poblaciones son factores claves para el manejo de riesgo de desastres naturales. Aun cuando no existe un concepto claro para definir que es un desplazado medioambiental o cómo se cuantifican, es un tema a ser tomado en cuenta por los organismos internacionales y los gobiernos a la hora de establecer las medidas de adaptación y de mitigación al cambio climático.

Agosto 27 2012

Educación y libertad de expresión: Indispensables en el cuidado del planeta

Por Héctor Herrera, coordinador de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, @RJAColombia Qué sería de la humanidad sin agua dulce o alimentos, belleza paisajística o aire para respirar; no hay duda, dependemos de la naturaleza para pervivir. Es más, si bien somos una unidad con la naturaleza, ésta puede continuar sin nosotras y nosotros, en cambio la vida para el ser humano es imposible sin la naturaleza. Respetar y cuidar la naturaleza es vital, y para este esfuerzo la libertad de expresión y la educación son indispensables. Esto en el contexto de las relaciones que se dan entre seres humanos y sus instituciones, entre otras; democracia, justicia, derechos humanos, o el concepto de sostenibilidad. En palabras de Amartya Sen: “¿Qué rol juega la ciudadanía en la política ambiental? Primero, debe implicar la habilidad de pensar, valorar y actuar, y esto nos requiere considerar a los seres humanos como agentes y no como meros pacientes. Esto tiene relevancia para muchas discusiones ambientales vitales”. Entonces, la educación al definir en gran medida la visión que del mundo tienen las personas se constituye en gran factor de cambio y en herramienta para lograr una comunidad y un planeta sostenible. Esto, a mi juicio, se complementa con la libertad de expresión, que permite a los seres humanos difundir sus preocupaciones e iniciativas ambientales, en cualquier espacio físico, social o virtual. Buenos ejemplos de ambas cosas, son los proyectos de educación ambiental, como la década por la educación para la sostenibilidad promovida por Naciones Unidas que inició en 2005 y las campañas ambientales desarrolladas por grupos u organizaciones, como la promovida para proteger el río Xingú del Amazonas. A mi parecer, todo esto se conecta con el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la educación, ambos de gran importancia en los sistemas democráticos y que además están protegidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto porque sin la adecuada comprensión de su entorno, que genera la educación, el ser humano no contará con el conocimiento necesario para optar por las decisiones más adecuadas, que generen mayor bienestar y que por ende permitan respetar y cuidar la naturaleza. Además, gracias a la libertad de expresión y pensamiento, los movimientos sociales han podido compartir y dar a conocer las problemáticas que afronta el planeta, crisis climática por ejemplo, consecuencia de nuestro accionar irresponsable, resultado de nuestra falta de comprensión del entorno y de nosotros mismos. Comportamientos que protejen la naturaleza Si bien, en todos los ámbitos de la vida en sociedad existen intereses encontrados, gracias a la protección que de común acuerdo ha planteado la sociedad en convenciones internacionales y constituciones políticas, es posible enseñar y expresar los problemas ambientales de nuestro planeta. Así esto afecte intereses económicos poderosos. Felizmente, tenemos el derecho a expresarnos libremente, a difundir nuestras ideas, a aprender. En esto, a mi juicio, hay dos ámbitos a tener en cuenta: Yo como inpiduo y yo como parte de una sociedad. Como inpiduo, puedo adoptar comportamientos que protejan la naturaleza, como reciclar, usar menos electricidad, votar por políticos comprometidos con lo ambiental, utilizar menos empaques, disminuir el consumo de carnes, ser una ciudadana consciente que analiza los productos que va a consumir, etcétera. Se puede decir que todos los pequeños actos que conforman mi comportamiento son susceptibles de ser más ambientales, y esto multiplicado por siete mil millones tiene grandes consecuencias. Por supuesto, uno de los grandes determinantes de un comportamiento más ambiental será la educación, formal o informal, pública o privada, primaria o universitaria. Igualmente, como ciudadano consciente de las problemáticas ambientales puedo hacer uso de mi derecho a la libertad de expresión y comunicar, participar, informar o pulgar acerca de la situación ambiental crítica que el planeta afronta. Nuestra viabilidad como especie depende del respeto y cuidado que tengamos de la naturaleza, esto en parte depende de la generación de conciencia pública ambiental, lo cual se logra, pienso yo, mediante educación y libre expresión.

Agosto 21 2012

‘Baja nivel’ de compromisos de Ramsar en la cumbre sobre humedales

Por Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, @sandra_moguel Muy similar a las críticas a los resultados de la Cumbre de Río+20, los avances de la 11ª Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar realizada del 6 al 13 de julio de 2012 en Rumania son escasos y hay poco compromiso de las Partes Contratantes. Lo que más puedo destacar del evento es que quedó reconocido en el plan estratégico del trienio de la Convención, la importancia de la elaboración de un estudio sobre el caudal hidrológico de los humedales, especialmente el tema de volúmenes de agua. Es decir, ahora será de suma importancia revisar los volúmenes de agua de este ecosistema, el cual muchas veces puede aumentar o disminuir y por ello generar efectos colaterales en el medio ambiente. Además se inicia un proceso para que algunos humedales podrían quedar registrados como reservas de agua o “reservorios” y esa designación ayudaría a que no se pudieran instalar proyectos turísticos o represas. Durante la 11ª reunión de las Partes Contratantes de la Convención en Bucarest, la Conferencia tuvo como lema “Los Humedales: hogares y destinos turísticos”. La Convención de Humedales de Importancia Internacional Prioritaria, mejor conocida como la Convención Ramsar, se firmó en Irán en 1971 con el fin de que los Estados Partes implementen el uso racional de los humedales en su territorio. Este evento estuvo poco cubierto por los medios de México. Como asistentes mexicanos participaron la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas del gobierno federal y el Programa de Agua del Fondo Mundial para la Conservación (WWF). Mucho ruido... AIDA asistió como organización no gubernamental observadora por lo que en este texto comparto a los lectores de Ambiente y Vos/z algunas reflexiones a título personal de estas negociaciones internacionales: Esta Conferencia de las Partes 11 (COP 11) confirmó el gran apoyo financiero que recibe del sector privado como cooperantes de la Convención, lo cual resulta preocupante por la posible mercantilización de los bienes comunes como lo son los humedales. También este financiamiento económico podría generar una tendencia de la Secretaría Ramsar a favorecer intereses empresariales más que a considerar la protección total de los humedales. Destacan también que ya se empieza a vincular el cambio climático con los humedales, pero aún con esos avances es necesario reformar la estructura de gobierno y financiamiento de la Convención para que pueda obtener los resultados esperados en pro del uso racional de los humedales. En la resolución sobre cambio climático y humedales, las Partes Contratantes evadieron la discusión del tema y delegaron la responsabilidad de enfrentar este tema al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y la Convención Marco sobre Cambio Climático. Sobre energía y humedales, las Partes Contratantes solicitaron el reconocimiento de la importancia y fragilidad de los humedales pero no hubo un compromiso específico y serio. Uno de los momentos cruciales de la COP 11 fue la discusión respecto a la acogida institucional de la Convención Ramsar. Existía la posibilidad de alojarla en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) o continuar con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El resultado fue que la Convención Ramsar continúa alojada en UICN pero se evidenciaron reglamentos y procedimientos establecidos poco transparentes, incluso se impidió la participación y opinión de Partes Contratantes y se impuso la toma de decisiones sin consenso. A pesar de que la Convención Ramsar cada vez es más conocida, el punto de su alojamiento cuestionó la credibilidad de la Convención y dejó ver su debilitamiento.

Agosto 12 2012

Después de Río+20, a llenar el vaso medio vacío que dejaron

Por Astrid Puentes Riaño, co-directora de AIDA, @astridpuentes Casi dos meses después de Río+20 hay un gran número de anápsis de lo que tiene y lo que no tiene la Declaración. Después de todo, ¿el vaso está medio lleno o medio vacío? En este blog aportaré mi granito de arena en este anápsis. Una conclusión evidente es que la Declaración reconoce mucho y obpga poco a los Estados. De hecho, en los 283 párrafos del documento de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la palabra “reconocemos” aparece 181 veces, y “reafirmamos” y “destacamos” están 56 y 33 veces, respectivamente; para un total de 270 veces (95% de los párrafos) que contienen algunas de estas expresiones. En contraste, las palabras obpgación u obpgaciones están cinco veces y responsabipdad nueve (para el 5% faltante de la Declaración); siempre relacionadas con el contenido de tratados ambientales internacionales anteriores, más no con nuevos compromisos. Evidentemente no hace falta mucho anápsis para concluir que la Declaración en efecto reconoció muchos de los principios del derecho ambiental internacional contenidos en tratados anteriores, lo cual es bueno, pero no avanzó aspectos nuevos. Ante esta situación podemos criticar y quejarnos por la falta de voluntad política de los Estados. Por otra parte podemos también “reconocer”, que esta no fue ni la instancia ni la oportunidad para tener los avances necesarios, poner el ejemplo e implementar las acciones que el planeta y nosotros necesitamos. La decisión está en nuestras manos, ¿qué acciones en nuestra vida personal, famipar, empresarial, nacional y regional podemos implementar, que sumadas, podrían significar un gran avance? Aquí van algunas ideas de lo que podríamos hacer: Participar, participar y participar ante los persos espacios gubernamentales para exigir, y contribuir a, que los gobiernos logren los resultados que tanto necesitamos. Aunque no parezca, los ciudadanos tenemos una gran posibipdad de influir para que los gobiernos (e incluso las empresas) realmente tomen las decisiones que favorezcan a sus gobernados. Es evidente que en muchas situaciones esto no ocurre y la Declaración de Río+20 fue un ejemplo de ello, por lo cual se requiere continuar para pedir rendición de cuentas y asegurar que quienes nos representan realmente defiendan el interés púbpco. Es tanto nuestro derecho, como nuestra responsabipdad. Incorporar un compromiso voluntario a Río+20 respecto a acciones positivas para mejorar la protección ambiental mundial. En AIDA ya comenzamos, concretamente comprometiéndonos a trabajar juntos con nuestros colegas en la Red Latinoamericana de Contaminantes de Corta Duración, para promover un mayor control y disminución de contaminantes de cambio cpmático de corta duración como el carbono negro, que pueden ayudar contra el cambio cpmático y a mejorar la salud humana. Incorporar a tu vida momentos de concientización del planeta y de lo que puedes hacer para mejorarlo. Leer el artículo de Tania Paz pubpcado en este blog llamado acerca del derecho al agua y su experiencia de niña con el racionamiento de agua, me recordó de razonamientos de electricidad que viví en Bogotá. El título es: Agua para todos ¿En igual cantidad y capdad? En 1979 hubo algunos racionamientos de energía eléctrica luz y aunque evidentemente tuvo muchos impactos negativos, también fueron noches increíbles, cuando mi hermana bailaba cumbia a la luz de las velas, contábamos historias y jugábamos a las escondidas con nuestros papás. Esas noches sin luz nos obpgaban a ser creativos para no aburrirnos. ¿Qué tal si de vez en cuando asumiéramos que no hay electricidad, tenemos auto racionamientos y jugamos en la oscuridad? Sin duda esto no arreglará los problemas ambientales mundiales pero sí nos ayudarán a aumentar nuestra consciencia respecto a lo que tenemos que hacer, no dar por sentado todas las comodidades actuales y poder pensar creativamente acerca de soluciones de vida menos impactantes para el ambiente. Identificar tres aspectos en nuestro negocio, famipa y vida personal que más impacten al ambiente y hacer un plan de mejora. Después de hacer el plan, cumpprlo y contagiar a otros a que se unan. Hay mucho por hacer todavía. ¿Nos seguimos quejando del vaso medio vacío que nos dejaron los gobiernos, o actuamos decididamente para poner un buen ejemplo, mientras las obpgaciones y resultados que requerimos se materiapzan? Los invito a actuar, quizás no cambiemos el mundo, pero seguro cada paso ayudará y sumados, podemos hacer la diferencia. Ver Declaratoria en español El futuro que dueremos: Declaración de Rio+20

Agosto 07 2012

Un milagro llamado Reglamento de Pesca de Costa Rica

Por Gladys Martínez, asesora legal de AIDA Tengo dos hijos, Daniela y Agustín. Con mi esposo, vamos frecuentemente a la playa. Dani y Agus disfrutan muchísimo la arena y el mar y les encanta ver la naturaleza en su máxima exposición. Si observan las aves las siguen y si nos metemos al mar y algo que se mueve les toca los piecitos se ponen felices y buscan lo que puede ser, hasta encontrarse con algún pececito que los vino a visitar. Ver la naturaleza desde los ojitos de Dani y Agus me ha renovado las energías para seguir luchando por la defensa del ambiente, aún cuando implique años de esfuerzo. Transcurrieron cinco años, cinco meses y cinco días para que en Costa Rica se emitiera el Reglamento a la Ley de Pesca de Acuicultura (LPA). El pasado 30 de septiembre de 2011 fue muy emocionante ver publicado en el Diario Oficial el nuevo Reglamento. AIDA fue una ONG líder en esto proceso y la constancia fue el factor determinante para que se lograra obtener el producto final y es muy valioso recuperar lo que sucedió para dejar el registro de una acción positiva en favor del medio ambiente vía la gestión con gobierno. El origen Todo inicia el 25 de abril de 2005 cuando se aprueba la LPA y se otorgan 90 días al Poder Ejecutivo (INCOPESCA en este caso sería la autoridad responsable) para emitir el Reglamento. Durante el primer año INCOPESCA argumentó que ha contratado un consultor externo que está trabajando en el texto. AIDA monitoró el proceso cercanamente e invitan a ONG ticas a dar seguimiento. Transcurren tres años de múltiples comunicaciones, reuniones y excusas (por parte de INCOPESCA), sin que la sociedad civil tuviera aún un borrador de Reglamento. Los recursos En el 2009 AIDA decide demandar al Estado por incumplimiento del plazo de emisión. Buscamos a la “academia” para realizar un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional. Hicimos un estudio de diferentes Facultades de Derecho en Costa Rica y seleccionamos a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica; con el objetivo que presenten un amparo colectivo contra INCOPESCA por la falta de emisión del Reglamento y por la negativa de permitir la participación de la sociedad civil en el proceso. AIDA brindó la información legal necesaria y trabaja con el grupo de estudiantes y profesor que los supervisa. La conclusión Para acompañar el amparo AIDA y otras ONG presentamos una coadyuvancia, la cual fue clave ya que brinda los argumentos de derecho comparado e internacional que utilizan los jueces en su sentencia. Finalmente el 13 de mayo de 2009 ganamos el amparo ante la Sala Constitucional, la cual falla a favor de AIDA señalando en la sentencia lo siguiente: 1) Otorga al Poder Ejecutivo (en la figura de INCOPESCA) un plazo de 3 meses para emitir el Reglamento; y 2) Obliga a que haya un proceso participativo de la sociedad civil en la redacción del Reglamento. El proceso participativo fue irreal pues solamente se otorgaron tres días para analizar 72 páginas. Sin embargo AIDA ofreció comentarios y recomendaciones. Pasan dos años más sin tener un reglamento…. En julio del 2011 AIDA solicita la ejecución de la sentencia y finalmente ¡En septiembre de 2011 tenemos un Reglamento a la Ley Pesca y Acuicultura! Todo este largo y desgastante proceso finalmente se ve recompensado con la emisión del Reglamento y puedo dormir más tranquila pensando que Dani va a poder probar un pescadito de vez en cuando.

Agosto 03 2012

Omisión en cobertura del Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto

Alejandro Cardenas, communications advisor AIDA, @cardenaslopeza Except for the daily La Jornada, Image Gulf and mentions in social networks, it goes unnoticed in Mexico one of the countries with mining in the world. Only two media in Mexico covered on Sunday July 22 the " World Day Against Mining Tóxica Open Air " promoted by Persian civil organizations in Mexico and otroas countries held protests against the worst type of mining being done, by the use of hazardous chemicals and explosives, as it has documented AIDA. The newspaper La Jornada in the city of Mexico and Image Gulf in Veracruz covered the protests by citizens, one in the Ministry of Economy in Mexico City, one in the Canadian embassy and one in Orizaba. It is important that the media cover mining in Mexico because according to the " Summary of Basic Indicators Mining " held by the Federal Government, in 2011, the production value of Mexican mining reached a total of 259.5 billion pesos, an amount representing an increase of 38.4% over the previous year. " That amount, which means eight times the budget of the National Autonomous University of Mexico (UNAM), reflects that it is a very important in the country, industry where most foreign companies that have concessions from Canada. The little coverage was confirmed after a thorough review in social networks, Google and specialized information services by words and topics . Perhaps you have covered most but what is clear is that was omitted in major national media, television and radio. PAN government and concessions At the end of the presidency of Felipe Calderon, Mexico reached the 27 000 mining concessions, 15.7% of the national territory, "and many of these indigenous communities. Some, like Wirikuta or the Mountain of Guerrero, fighting to defend their territory and They demand its cancellation , "published in April this year, the Sunday magazine El Universal. This contradiction to the overwhelming mining presence in Mexico, shows the power of the industry that mutes any kind of expression linked to this business. For decades they have demonstrated systematic abuses of mining companies that have been evidenced both environmental authorities corruption, violation of international law and attacks against local villagers. Media companies in Mexico little space and importance give coverage of environmental issues. Also the Congress has responsibility since the protest urge to immediately ban this method of mining work and remove the public amenity value to the extraction of minerals , including reforms to the 1992 Act. More information " The exploitation of mining will destroy 30% of the country in 10 years s " La Jornada Last Sunday the World Day was held against opencast mining. University voice Protest under the World Day against opencast mining Cencos World Day Against Megaminería: Organizations demand the full implementation of the Glaciers Law in San Juan Greenpeace Argentina July 22, World Day Against Mining open pit Broad Opposition Front Mina San Xavier Opencast mining Mexico Do Something

Julio 16 2012

Corte abre la puerta a reconocer derechos de grupos étnicos en Colombia

Por Héctor Herrera, asesor legal de AIDA, @RJAColombia Ante proyectos que pongan en riesgo la pervivencia física o cultural de grupos étnicos en Colombia, por ejemplo mineros o turísticos, se deberá contar con el consentimiento previo para que el Estado pueda dar permisos. Lo anterior fue reiterado por la Corte Constitucional de Colombia el pasado 12 de abril de 2012, hace tres meses, mediante el pronunciamiento judicial (Auto) 053 donde reitera la protección al consentimiento previo, libre e informado en cabeza de los grupos étnicos. Esto constituye una reiteración en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afro y un avance legal del máximo Tribunal colombiano. La decisión da esperanzas y expectativas en el sendero demarcado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. AIDA en su boletín de mayo registró la noticia. Pero aún con esa decisión, los grupos étnicos siguen en riesgo en Colombia, no sólo por el conflicto armado que los desplaza y confina, sino por iniciativas económicas legales o ilegales que implican la ocupación de sus territorios. Los pueblos indígenas y las comunidades afro además poseen propiedad colectiva de una parte considerable del territorio colombiano, y han demostrado poder vivir y convivir con la naturaleza. De esto da cuenta el hecho que muchos de los territorios de reserva forestal en Colombia coinciden con territorios colectivos étnicos. En un escenario así, la figura legal del “consentimiento previo” es clave para la protección de los grupos étnicos y de los ecosistemas donde habitan. El reconocimiento judicial en esta materia ha sido paulatino. Acciones judiciales que implicaban el consentimiento previo fueron negadas en el pasado. De hecho, el proceso que concluyó en la Sentencia T-769 y el Auto 053 confirmatorio, relacionado con el pueblo indígena Embera Dobida, nos muestra cómo jueces de menor jerarquía y organizaciones públicas y privadas se negaban a reconocer los derechos de los grupos étnicos. En este caso, los Embera Dobida y Consejos Comunitarios afro de la cuenca del río Jiguamiandó en el noroeste de Colombia, exigieron el derecho al consentimiento previo ante un proyecto minero que afectaba sus sitios sagrados. Así, a principios de 2009 mediante acción de amparo solicitaron al Tribunal Superior de Bogotá la garantía de sus derechos, tribunal que no aceptó las exigencias de los grupos étnicos demandantes. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que también negó la acción en mayo de 2009. Entonces, la Corte Constitucional revisó el caso y concedió la tutela de los derechos en la Sentencia T-769 de 2009. Como respuesta a lo anterior, la empresa minera Muriel Mining y el Ministerio del Interior de Colombia, buscaron la nulidad mediante dos solicitudes interpuestas en el año 2009, pero la Corte Constitucional no encontró sustento en los argumentos y reiteró la Sentencia mediante el Auto 053 de 2012. Entonces, es relevante que los jueces de menor jerarquía así como las entidades públicas y las empresas, reconozcan y respeten los derechos de los grupos étnicos. Así se evitará que se repitan situaciones como las del caso mencionado, donde el reconocimiento de los derechos fue negado o desconocido por múltiples actores públicos y privados, y tuvo que llegar hasta el máximo tribunal de los colombianos para contar con un reconocimiento efectivo de los derechos. Igualmente, es recomendable una legislación más actualizada y una política pública que materialice estos derechos. En el entretanto, las autoridades étnicas y ambientales podrán aprovechar esta nueva jurisprudencia para seguir progresando en la ruta de la protección de los derechos, para que el respeto de los derechos de los grupos étnicos sea la regla general y no casos aislados que llegan hasta el máximo tribunal judicial de Colombia.

Julio 09 2012

O direito ao consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas

By Joelson Cavalcante, legal counsel of AIDA The right to consent of indigenous peoples enshrined in international law, remains to be clarified and implementation in the Brazilian legislation. The Convention no. 169 of the International Labour Organisation (ILO) which was ratified by Brazil in 2002 is presented as a new reference standard in cases constitutional, legislative and institutional reform that presence in the region . Thus, indigenous peoples have used to support their demands, such as the reference to legislative changes in line with the international obligations of States on the rights of indigenous people. The Inter-American Commission has also emphasized the importance of the consultation process is the protection granted to other rights. So speaks the right of indigenous peoples to be consulted about decisions that may affect them. In this sense, the state must respect, protect and promote the traditions and customs of indigenous and tribal peoples. Similarly, the free, prior and informed should be culturally appropriate, taking into account the language, cultural identity and traditions d the people involved . In addition, consultations around projects affecting the territorial integrity of indigenous peoples are of particular importance, given the special relationship that these people enjoy their land. The right to consent is linked to the right to participation enshrined in Article 23 of the American Convention, as interpreted by the Inter-American Court in the case Yatama Vs. Nicaragua . Thus, indigenous peoples have the right to participate in decision making on matters that affect their ways of being and living. In the same way that relates to the right to cultural identity, as this may be affected by such decisions. The Brazilian Constitution of 1988 ensures the protection of indigenous peoples, in Article 231, recognizing their social organization, customs, languages, beliefs and traditions, and the s rights to the lands they traditionally occupy. No doubt that states should give an effective practical implementation of the constitutional, legal and regulatory its national law in order to enshrine the rights of indigenous peoples to enjoy their rights . In this sense, it is understood that the regulation of this law shall be made through a broad process of indigenous participation in accordance with rules and procedures agreed with the indigenous peoples and their representative organizations. The government should ensure sufficient time for discussion, reflection and deliberation on the subject. So, should ensure sufficient information appropriate and timely for the process to consult to, as well as the resources needed for its realization. For all that, the consent procedures, prior and informed should be regulated by Brazilian law for the rights of indigenous peoples can be adequately observed. Inter-American Court of Human Derechos if Yatama Vs. Nicaragua

Julio 02 2012

Agua para todos ¿en igual cantidad y calidad?

Por Tania Paz, asistente general de AIDA, @TaniaNinoshka Uno de los primeros valores que aprendí de niña, es que “Un vaso de agua no se le niega a nadie”, eso era pecado, algo que todos sabían. Hoy, casi 25 años después, el 37% de la población nicaragüense no tiene acceso a agua potable de acuerdo al Censo de Población 2005, INIDES, de los cuales el 27% se ubica en la zona rural del país. En las comunidades rurales donde no hay acceso a agua potable en mi país, los pobladores consumen de fuentes abiertas como: ríos, quebradas, o pozos comunitarios, que en muchos casos no cumplen con las condiciones necesarias de salubridad. Las Naciones Unidas establecen que una persona necesita entre 20 a 50 litros de agua al día para cubrir sus necesidades básicas, sin embargo 894 millones de personas alrededor del mundo carecen de este servicio (0MS-UNICEF, 2012) y se espera que al 2025 sean 3 mil millones los afectados. El “Acceso al Agua Potable y Saneamiento” es un Derecho Human reconocido por las Naciones Unidas a través de la Resolución 64/292 . Es responsabilidad de los gobiernos garantizar dicho derecho a sus ciudadanos. Para tal fin, deben tomar en cuenta la protección a las fuentes de agua dulce y las medidas de adaptación a cambio climático. a ¿Qué implica vivir con carencia de agua potable? Nací y crecí en Managua, la capital de Nicaragua, uno de los países más ricos en recursos naturales de la región centroamericana, pero con más de la mitad de su población viviendo en pobreza (55%) de acuerdo Censo de Población 2005, INIDES y con una historia de dictadura, revolución, bloqueo económico y guerra civil. Aproximadamente a partir de 1997 inició una crisis en el aprovisionamiento de agua potable que afectó mi barrio y otras zonas aledañas. En los primeros meses de 1997, el suministro del servicio fue suspendido por un lapso de 2 a 3 horas diarias pero en los años siguientes el horario de racionamiento incrementó 6 ó 7 horas, hasta el punto que teníamos disponible agua menos de 4 horas al día Dicha crisis representó implicaciones económicas para mi familia (con un ingreso medio) porque parte del presupuesto familiar se destinó a la compra de recipientes para almacenar agua y/o compra de agua purificada para el consumo. Es decir el ingreso que antes era destinado para recreación o compra de vestimenta fue destinado para el agua. Las actividades del hogar y de la familia se modificaron a causa del racionamiento. Limitamos el agua para el consumo, para bañarnos tanto así que ya sabía exactamente cuánta cantidad necesaria para estar limpia. También racionamos el agua para la preparación de los alimentos y el lavado de ropa, siendo esta última actividad una de las más complicadas al ser una familia numerosa de 8 miembros. Cambio de horarios por el agua En los peores años de la crisis el suministro de agua se realizaba durante la madrugada, lo que implicó reducir nuestras horas de sueño para estar preparados a la hora de llenar los recipientes. Recuerdo exactamente la sensación de dormir plácidamente y de pronto ser despertada por el ruido del grifo. Sin duda, era desagradable despertarse tan temprano, pero lo era más, no tener agua durante el día. Durante varios días prácticamente las actividades de la casa comenzaban a la dos ó tres de la madrugada, hora en la cual, un miembro de mi familia llenaba los recipientes de agua y otro lavaba su ropa o limpiaba la casa. Evidentemente la crisis en el aprovisionamiento de agua potable afectó el nivel de bienestar de mi familia porque implicó la reducción en el presupuesto familiar, reorganizar las labores del hogar, que se volvieron más pesadas; y afectó nuestra salud, dado que disminuyeron las horas de sueño, la cantidad de agua para consumo y para preparar los alimentos Finalmente, reitero, que es responsabilidad de los gobiernos cumplir con el derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento, con lo cual, no sólo mejorará el nivel de bienestar de su población, sino contribuirá al desarrollo socioeconómico del país.

Junio 18 2012

Cuatro años sin haberse creado el reglamento de pesca en México

Por Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, @sandra_moguel Una de las causas por las cuales los recursos pesqueros escasean en México es la falta de políticas y reglamentos claros e integrales que ataquen problemas de sobrepesca. Desde el 24 de julio de 2007 se publicó la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en el Diario Oficial de la Federación con los objetivos de mejorar la calidad de vida de los pescadores, generar aprovechamiento de estos recursos por parte de las comunidades y grupos indígenas, y desarrollar ordenamientos pesqueros, entre otros. La misma Ley cataloga al manejo de los recursos pesqueros como asunto de seguridad, por lo que en su artículo Sexto Transitorio obliga a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) a expedir el Reglamento de esta ley en un término de seis meses a partir de su entrada en vigor, es decir, a más tardar el 22 de octubre de 2007. A casi cuatro años, esto todavía no sucede. La Ley mencionada no desarrolla suficiente y detalladamente aspectos como cuotas de captura, el procedimiento para la creación de zonas de refugio, derechos de propiedad en las concesiones, aspectos de inspección y vigilancia, incluyendo sanciones a las violaciones a la misma ley. Indiferencia a la presión social y política Varios grupos de la sociedad civil han solicitado a las autoridades pesqueras que se expida el Reglamento; también los Senadores exhortaron a la CONAPESCA con carácter de urgente para expedir el Reglamento. En elexhorto señalan que se trata de un vacío injustificable que no sólo afecta al ambiente marino y su biopersidad, sino también impactalos derechos humanos a la alimentación y trabajo de las personas. Es lamentable que CONAPESCA ignore la participación de los pescadores y sector conservación ambiental incumpliendo así disposiciones delCódigo de Conducta de Pesca Responsable de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, cuyo texto señala que los Estados deberían facilitar la consulta y la efectiva participación de la industria, trabajadores de la pesca, las organizaciones ambientalistas y otras interesadas, en la toma de decisiones con respecto a la elaboración de normas y políticas relacionadas con la ordenación y el desarrollo pesqueros, y el crédito y la ayuda internacionales. México tiene la obligación de aplicar el principio precautorio de laDeclaración de Río en todas sus acciones gubernamentales; este principio reconoce que la ciencia puede no ser exacta, por lo que es necesario prevenir la ocurrencia de más daños como los que se han presentado. Por esto, el Reglamento de Pesca debe expedirse a la brevedad posible para evitar daños severos en los ecosistemas marinos causados por la sobrepesca. Para ello, cuando exista la posibilidad de ocasionar “daños graves e irreversibles”, se deberán implementar medidas eficaces para evitarlos. Dicho principio ha sido aplicado en los tribunales mexicanos. Costa Rica, el ejemplo Una legislación pesquera estricta y adecuada de la pesca podría evitar la extinción masiva; desafortunadamente, los gobiernos con frecuencia deben presionarse por sectores sociales o por grupos de la sociedad civil organizada para lograr que se apeguen a las leyes de protección al ambiente y de conservación marina. Esto sucedió en Costa Rica cuando AIDA junto con otras organizaciones socias presentaron unademanda de amparo en donde se requiere la expedición del Reglamento de la Ley de Pesca y Acuicultura de Costa Rica; este caso es muy parecido al de México, en donde la autoridad pesquera había incumplido su obligación de reglamentar las disposiciones de la Ley en un plazo de ocho meses a partir de su entrada en vigor. Como resultado de esta acción legal, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ordenó a la autoridad de pesca a promulgar el Reglamento mencionado con la participación de la sociedad civil. El Estado mexicano a través de la CONAPESCA debe expedir el Reglamento para cumplir con el artículo 4 Constitucional que protege el derecho al medio ambiente sano de los mexicanos, el principio precautorio, los derechos humanos, así como las obligaciones contenidas en los tratados internacionales. Las organizaciones civiles difundiremos dicho incumplimiento y coordinaremos a los afectados para que la presión social y política, al menos, no por su profesionalismo, sino por la presión mediática, atiendan esta necesidad urgente para el país.