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Septiembre 30 2013

El Convenio UPOV y la privatización de las semillas: ¿Cuánto está en riesgo?

Por Florencia Ortúzar, asesora legal de AIDA "El problema de la agricultura actual, es que no es un sistema orientado a la producción de comida, sino a la producción de dinero" (Bill Molpson: Investigador, científico, profesor y naturapsta austrapano, padre de la permacultura). Lasemilla es el inicio de la vida misma. Es la parte del fruto mediante la cual se propaga la naturaleza. Las semillas son entonces los bloques con los que se construye la vida. Patentarlas, dar derechos privados sobre ellas a unos pocos, causa rechazo inmediato entre muchos. ¿Qué realmente significa esto? La UPOV: Un convenio internacional La Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas(UPOV), es una organización intergubernamental cuyo objetivo es otorgar derechos de propiedad intelectual a los llamados “obtentores”: quienes hayan creado o descubierto una nueva variedad de semilla. Algunos países de la región han firmado la Convención de la UPOV, establecida en París en 1961 y revisada en tres ocasiones (la última en 1991), y otros lo están considerando. Para que una variedad pueda ser patentada debe ser nueva. Esta novedad puede obtenerse a través de técnicas tradicionales naturales de mejora de la agricultura o por transgenia, en laboratorios. Las imppcaciones de algo tan novedoso como privatizar la vida contenida en una semilla son difíciles de medir de antemano y, con justa razón, preocupan a la mayoría. La situación en Chile (y en otros países): ¿entrar o no entrar? Actualmente se debate en el Congreso una ley, conocida como “Ley Monsanto”, que busca implementar el Convenio y con ello la patentación de nuevas especies de semillas. Esto significa que una semilla nativa puede ser intervenida y el resultado pasa a ser de quién la inventó. La persona que tiene dicha patente es dueña de la semilla para venderla, cobrar cada vez que se use, prohibir su intercambio y elaborar un contrato que incluso detalle lo que puede y no hacerse con el producto de la cosecha (Escucha como dato de referencia la entrevista al co-fundador de Chile sin Transgénicos). Quienes están a favor de la ley alegan que se trata de una protección necesaria para incentivar la innovación en la agricultura del país. Inquietudes Obsolescencia de semillas nativas: ¿Qué posibipdad de sobrevivir tiene una semilla nativa cuando compite con una semilla modificada, más productiva y eficiente? Por reglas del mercado, los cultivos de semillas “nuevas” desplazarían a las nativas. Peor aún, los cultivos transgénicos podrían fácilmente contaminar a los naturales que van quedando. Monopopos: Quienes tienen los recursos para crear semillas nuevas, especialmente transgénicas (las más rentables), son las mega corporaciones que hoy dominan la producción de apmentos transgénicos como Monsanto. De autorizarse el sistema de patentes de semillas en Chile, estas empresas tendrían vía pbre para tomar las tierras del país como ya lo hacen con gran eficiencia en Argentina. Además, las empresas más rentables irían ganando las tierras cultivables, expandiendo sus monocultivos y sacando del mercado las semillas menos rentables, aunque sean más apmenticias. Intercambio de semillas: La ley en debate le da tal poder al obtentor de la semilla que quien la compra queda obpgado por un contrato que regula todo sobre la cosecha y las semillas que se generan. Las prácticas de multippcación, venta, regalo e intercambio de semillas que son tan antiguas como la agricultura misma, quedarían prohibidas. La ley no solo extirpa a los agricultores de parte esencial de su oficio, sino que epmina una de sus fuentes de ingreso: comerciar con las semillas de su cultivo. Esto imppca que el agricultor pierde poder e identidad, transformándose en un engranaje más de una gran corporación. Transgénicos: Al beneficiar a grandes empresas, favorecemos inevitablemente la entrada de transgénicos, productos con el mayor retorno económico. Aún no se conocen oficialmente los efectos colaterales del consumo de transgénicos, por lo que, en aras del Principio Precautorio parecería sabio evitar la prueba descontrolada sobre la población humana. Con la vigencia de esta ley, los transgénicos quedarían protegidos. Los productos naturales, menos eficientes pero quizás más benéficos, desaparecerían para ceder espacio a los más productivos. Hay muchas razones para tratar a los transgénicos con recelo. En lugar de acabar con el hambre en el mundo han aumentado el uso de pesticidas, arrasado con la biopersidad, provocado desigualdad entre agricultores y contaminado variedades autóctonas, entre otros. Por otra parte, sí está probada la pepgrosidad de habitar en inmediaciones de cultivos transgénicos, como ejemppfica el caso argentino. Impactos ambientales: Al permitir los monopopos, los cultivos se homogenizan para albergar sólo a las cosechas más eficientes. Así se da lugar a monocultivos, en muchos casos de semillas resistentes a plaguicidas que usen cantidades alarmantes de químicos. El uso desmedido de agroquímicos genera resistencia y la necesidad de más toxicidad, disminuyendo aún más la biopersidad en los campos. Más aún, los monocultivos pierden la capacidad de resipencia, con lo que dejan de ser resistentes a cambios como los asociados al calentamiento cpmático, en desmedro de la capacidad de adaptación de los países (Vea aquí una nota sobre los impactos que la expansión de monocultivos de soja transgénica ha tenido en Argentina). Riesgos imprevisibles: Al cambiar drásticamente el sistema tradicional de agricultura, nos enfrentamos a riesgos difíciles de prever. Ejemplo de ello serían incentivos siniestros para que una empresa provoque una peste obpgando a que los agricultores compren la especie resistente. También es riesgoso lo que puede suceder con la penapzación del uso de semillas patentadas: muchos agricultores no están informados o no tienen la educación para entrar en un sistema absolutamente diferente. ¿Quedarán los agricultores sometidos a juicios, condenas, quemas y confiscaciones? Conclusión La appcación del Convenio UPOV amenaza con cambiar drásticamente parte de un ciclo esencial de la naturaleza. Lo más pepgroso es que se trata de una iniciativa global que va sumando adeptos. No parece justo que una persona pueda cobrar por el uso de una semilla, la cual nunca será realmente creación de una persona. El “obtentor” podrá haber cambiado un gen, pero no tiene autoría sobre el resto de la información, sobre la geniapdad de una semilla. En Europa sólo dos países han permitido la entrada de transgénicos. Chile tiene enormes potenciales para producir cultivos orgánicos, y podría posicionarse bien en el mercado europeo; pero esto no se ha considerado. La aprobación de la ley sobre patentes de nuevas semillas favorece a los grandes monopopos y da pasa a la entrada de transgénicos que desplazarían y contaminarían las variedades originales sin vuelta atrás. En Perú, en cambio, se aprobó recientemente una ley que prohíbe el ingreso y producción de transgénicos por 10 años. Ése si es un ejemplo a seguir.

Septiembre 23 2013

Agua virtual: Lo que no vemos

Por Haydée Rodríguez, asesora legal de AIDA Vivimos en una época de creaciones virtuales. Tenemos realidad virtual, universidades, conferencias y hasta mascotas virtuales. No es sorprendente entonces que el término “agua virtual” sea utilizado con más frecuencia. Pero ¿qué significa y qué tiene que ver con nuestro día a día? Agua virtual se define como la cantidad de agua necesaria para crear determinado producto. Esta estimación toma en cuenta el volumen de agua consumida y contaminada en las diferentes etapas del proceso de producción. Naciones Unidas estima que el requerimiento de agua diario por persona es de 2 a 4 litros. Sin embargo, se requieren de 2,000 a 5,000 litros para elaborar la comida diaria de una persona. The Virtual Water Project hizo estimaciones del agua virtual necesaria para muchos de los productos que consumimos a diario. Incluso es posible descargar una aplicación para realizar esos cálculos desde nuestros teléfonos móviles. A continuación algunos de los datos que más llaman mi atención: 15,000 litros de agua para 1 kg. de carne. 8,000 litros de agua para unos jeans. 1,000 litros de agua para 1 litro de leche. 2,500 litros de agua para un trozo de queso de 500 g. 25 litros de agua para una papa. 3,600 litros de agua para 1kg. de arroz. 109 litros de agua para una copa de vino (125 ml.). Nuestra huella hídrica El cálculo del agua virtual permite también medir nuestra huella hídrica. La huella hídrica de una persona, una actividad económica o un país es la suma del agua virtual que se utilizó para generar todos los productos y servicios. Para un país, la fórmula incluye el agua utilizada para usos domésticos e industriales internos, y el agua que se usa en otros países para producir los bienes y servicios importados y consumidos por sus habitantes. El mapa anterior muestra la huella hídrica por países a nivel mundial (puede consultar los datos de cada país aquí). Es interesante observar que países desarrollados como Canadá tienen un nivel elevado de producción e importaciones y una huella hídrica muy alta. No obstante, según el mapa de disponibilidad hídrica de Naciones Unidas, no todos esos países sufren de escasez de agua. En general, ello se debe a que productos altamente demandantes de agua son importados y no producidos localmente; generando así mayor presión en países que sufren de estrés hídrico: alta demanda de agua con poca disponibilidad del recurso por escasez o contaminación. También es posible calcular la huella hídrica de inpiduos con base en características sociales y patrones de consumo. Si quiere calcular la suya, puede ingresar sus datos en este link. Agua virtual, acciones reales Conocer el concepto de agua virtual y de huella hídrica es importante para promover una mayor información y transparencia respecto de los productos que consumimos. De ese modo, podemos cambiar nuestros hábitos, optar por productos más sostenibles y con un bajo contenido de agua virtual. Siempre podemos preguntarnos qué hay detrás de los jeans que queremos, pero que quizás no necesitamos. Ambos conceptos son además imprescindibles para diseñar cualquier estrategia orientada a la protección del agua y la disminución de impactos en los ecosistemas acuáticos. Los países deberían tomar en cuenta el agua virtual de los productos importados y exportados en los planes de manejo de recursos hídricos. Aún hay mucho que aprender en este campo. El agua virtual proveniente de acuíferos o páramos puede tener mayor valor e impacto para las poblaciones y ecosistemas asociados que aquélla proveniente de aguas superficiales. Para tener una mejor idea de la presión que ejercemos sobre el recurso hídrico deberíamos incorporar en la medición del agua virtual el valor económico de los servicios ambientales que ofrecen las diferentes fuentes. El agua virtual es una herramienta para conocer el impacto que tenemos en los recursos naturales. El agua, más allá de lo que podemos ver, está presente en todas nuestras actividades y decisiones. Actuar para proteger nuestras fuentes de agua y tomar decisiones informadas puede garantizar el derecho humano de acceso al agua de muchas personas en el mundo.

Septiembre 17 2013

La protección de los páramos en Colombia: Algo más que normas

Por Carlos Lozano, asesor legal de AIDA, @CLozanoAcosta Existe un consenso en la sociedad colombiana sobre la importancia de los páramos y la necesidad de protegerlos. En efecto, estos ecosistemas suministran agua dulce a millones de personas, albergan biodiversidad estratégica y tienen un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático. La mitad de los páramos se encuentran en Colombia y proveen el 70% del agua potable del país [1]. Los medios escritos normalmente realizan un cubrimiento favorable a esa protección y existe una masa crítica de opinión que respalda esa postura. Hay avances normativos y de política pública en la materia. Sin embargo, también existen algunos desafíos como la poca implementación de esos avances, la presión antrópica persistente, la capacidad de incidencia de la industria minera y más recientemente el paro agrario nacional [2]. La normatividad nacional es clara en la protección de los páramos por medio de la prohibición de actividades mineras, entre otras. A pesar de que la Corte Constitucional declaró contraria a la carta política la reforma al Código de Minas (Ley 1382 de 2010), que incluía una disposición que prohibía expresamente la minería en páramos, hay una serie de reglas domésticas que, interpretadas en conjunto, mantienen esa prohibición. La Constitución Política de Colombia hace referencia a la protección del ambiente en general (artículos 8, 58, 79, 80, 333 y 334). La Ley del Sistema Nacional Ambiental (99 de 1993) dice que las zonas de páramos son objeto de protección especial y que el uso del agua para consumo humano es prevalente. La Corte Constitucional ha dicho que las zonas excluidas de minería no se limitan a los parques naturales (sentencia C-339 de 2002) y la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (1450 de 2011) estipula que en los ecosistemas de páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias, ni de exploración o explotación de hidrocarburos y minerales, ni construcción de refinerías de hidrocarburos. La normatividad internacional vinculante para Colombia también es clara en la protección de los páramos. Los Convenios de Biodiversidad Biológica, de Humedales de Importancia Internacional Ramsar y de Cambio Climático —de los que Colombia es parte— ofrecen argumentos importantes para la protección de los páramos. Pese que el marco jurídico descrito es claro, había un debate técnico en Colombia sobre qué son y dónde están los páramos. Esa discusión fue zanjada con los resultados del esfuerzo de delimitación del Instituto Humboldt, en un principio a escala 1:100,000 y posteriormente a escala 1:25,000 en algunas zonas, conforme lo dispone la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. El trabajo es serio y riguroso, tanto que ganó un premio a la excelencia de la Fundación Alejandro Ángel Escobar por su aporte significativo y riguroso al avance de la ciencia. La Ley del Plan Nacional de Desarrollo dispone que la delimitación debe ser adoptada mediante acto administrativo, lo que significa que se convierte en una norma de obligatorio cumplimiento. No hay argumentos jurídicos para no adoptar esa delimitación lo más antes posible. Es probable que la adopción de una delimitación estricta de los páramos genere efectos sociales y económicos. No obstante, esos efectos no sobrepasan los que traería consigo permitir actividades de alto impacto, como la minería en los páramos, en particular para la provisión de agua dulce. Además, delimitar de una forma más laxa los páramos con el fin de permitir ciertas actividades económicas, no sólo afecta estos espacios naturales sino que significaría desconocer la realidad ecosistémica de estas zonas. El curso de acción recomendado al Estado colombiano es: i) adoptar la delimitación del Instituto Humboldt, en la escala más detallada disponible, conforme a la Ley del Plan Nacional de Desarrollo; ii) realizar esfuerzos graduales y concertados con las comunidades para hacer efectivas las consecuencias de la delimitación, en lo relativo a la exclusión de ciertas actividades económicas; y iii) diseñar mecanismos para compensar los efectos de las consecuencias de la delimitación, incluyendo reconversión productiva en los casos que sea necesario. [1] INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT. Proyecto páramo andino. El gran libro de los páramos. p. 61. [2] Desde el mes de agosto, sectores campesinos protagonizan una movilización con alcance nacional en Colombia contra los efectos del libre comercio en la producción local de alimentos. http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-23829482 Esto ha generado una drástica caída en la popularidad del presidente Santos y sus posibilidades de reelección. Algunos analistas sostienen que el margen de gobernabilidad de la administración es mínimo y que distintos sectores, incluyendo los mineros, tienen incentivos para movilizarse y obtener fácilmente concesiones, dada la coyuntura. Esas concesiones pueden incluir la delimitación deficiente de los páramos.

Septiembre 17 2013

¿Por qué defender el ambiente?

By Tania Paz, assistant general AIDA, @TaniaNinoshka "The earth will be like men" (Nahuatl saying) " They murdered a company of the group in Amatlan , " was the message that touched my cell Friday afternoon August 2. They had killed Noah Vazquez Ortiz: artisan, farmer and member of the collective defense Green Nature Forever , a group of citizens in the municipality of Amatlán de los Reyes (Veracruz, Mexico) since 2011 fighting against the construction of hydroelectric El Naranjal . The project will affect the rivers in the area and a total of 30,000 people in five surrounding municipalities. Noah was killed while picking flowers and seeds for the ritual would begin the tenth anniversary of the Mexican Movement of People Affected by Dams and Defense of Rivers (MAPDER). I did not know even know Noah and Amatlán de los Reyes. However, for three years the struggle of the people amatleco its territory is not unknown to me. The tragedy made me think: why defend the environment? What motivates people who risk their lives for that cause? In this article I share the reasons why I think you should defend the environment. I do not pretend of course say that the reasons set forth herein are theirs, but I think we approach a little to their motivations. Right to a healthy environment Living in a healthy environment is a human right established in the Stockholm Declaration of 1972 and reaffirmed in the Rio Declaration of 1992. This law allows the enjoyment of others such as the right to life, the right to food and food security, and the right to access to safe drinking water and sanitation through the protection of water sources, forests and wildlife. Environmental advocates are especially human rights defenders as he once said Maria Jose Veramendi, lawyer AIDA . Defend our identity as peoples Natural resources have played a significant role in the development of civilizations throughout human history. This role is manifested in the construction of culture and identity of peoples. In Mesoamerica, legends, tales, myths, some traditions and idiosyncrasies of peoples are elements intrinsically related to the gifts of nature . The famous legend of "La Llorona", linked to the rivers, is an example. In Nicaragua, at Easter, one is made Via Crucis water in Lake Nicaragua, the largest source of freshwater in the country. In Mexico, in the territory inhabited by the rarámuris, "corn is the backbone of the indigenous culture of the Sierra Tarahumara , as of all ethnic groups of the country and all that implies changes in production, consumption and distribution this grain means a transformation in own social, cultural and biological reproduction of the ethnic groups that live there, "said Almanza Mayor (2004) . What will happen to all the cultural wealth and identity of peoples when natural resources are exhausted ? Will we lose our identity of peoples? These are questions worth asking. Continuity of the human species For me, environmental sustainability is a way of preserving the continuity of the human species with a high level of welfare and quality of life. A well - known text of a Chief Seattle of the tribe Suwamish -in response to supply the US president, Franklin Pierce, to buy the Northwest Territories Country (1854) - versa: "Everything that affects the earth, affects to earth's children. When men spit on the ground, they spit upon themselves. " And it is that apparently the damage caused to the environment we are charging bill. According to the latest estimates (2013) of the World Health Organization (WHO), more than two million people die each year due to the inhalation of small particulate pollutants from indoor air and outdoor spaces, as well as malaria , because of the death of about one million children under five, mostly in Africa. The threat of malaria may be exacerbated as a result of handling and poor storage of water, inadequate housing, deforestation and loss of biopersidad . In conclusion, defend the environment is certainly not an easy task. At different levels - whether in communities, international organizations and civil associations and non - governmental organizations such as the case of AIDA the task requires many hours of work and time and hours of family and friends is sacrificed. Also they spend many hours in the study to improve the quality of work performed . And in many cases, the defense of the environment involves risking life for the benefit of others , of society. This confirms that it is the duty of governments, national and international authorities, providing the necessary protection and guarantees to the defenders of the environment.

Septiembre 09 2013

Suelos andisoles: Importancia y amenazas

¿Ha oído hablar de los suelos andisoles? Dada su relevancia para ecosistemas como los bosques andinos y los páramos, y para el cultivo de alimentos, en este texto hablaré de ellos y de la necesidad de preservarlos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define a los andisoles como suelos negros de origen volcánico que típicamente se encuentran en zonas montañosas. Los andisoles ocupan más o menos el 1% del suelo libre de hielo en el mundo, principalmente en el Cinturón de Fuego del Pacífico (larga cadena de volcanes y otras estructuras tectónicas activas que rodean el Océano Pacífico), el cual incluye a Chile, Ecuador, México, Japón, Java y Nueva Zelanda, entre otros países. Colombia es uno de los países con más suelos andisoles. Los suelos andisoles permiten variedad de cultivos: caña de azúcar, tabaco, papa, té, vegetales, trigo y arroz, entre otros. Estos suelos son una fuente esencial de alimentos, además de ser sustento de valiosos ecosistemas en las cordilleras, bosques andinos y páramos, a los cuales proveen de nutrientes y les permiten regular su ciclo hídrico. En suma, los andisoles son suelos vitales para Colombia. En un contexto de incremento sostenido de la población mundial, la protección de los suelos es tarea clave. En el 2050 habrá 9000 millones de personas y se deberán “producir al año otros 1000 millones de toneladas de cereales y 200 millones de toneladas adicionales de productos pecuarios”, según la FAO. La conservación de suelos, la protección de ecosistemas y la producción sostenible de alimentos son temas trascendentales para la humanidad en este momento. Un uso racional y respetuoso de los suelos es estratégico. En el 2050, una persona no podrá comer billetes, artefactos electrónicos, carros, lingotes de oro, joyas, ni gasolina. De no existir suelos fértiles donde cultivar los alimentos, estaremos en graves aprietos. Al mencionar dicho panorama no podemos desconocer que actualmente ya hay millones de personas que padecen hambre, fruto de una distribución injusta de los alimentos. Datos de la FAO, correspondientes a 2011, dan cuenta que “casi 1,000 millones de personas están subnutridas, en particular en el África subsahariana (239 millones) y Asia (578 millones)”. Es contradictorio que caracterizándose los andisoles por su fertilidad e importancia ecosistémica, por ser sustento de procesos ecológicos y agrícolas, y por servir al cultivo de alimentos; en Colombia se esté desarrollando al mismo tiempo un modelo extractivo, minero-energético, con altos impactos sobre estos suelos. Es necesario entonces una política pública que regule y garantice su uso respetuoso y ambientalmente adecuado. De ello dependerá la seguridad y soberanía alimentaria del país, así como la conservación de ecosistemas en las cordilleras colombianas. Los andisoles requieren de una figura legal especial que les brinde protección efectiva y permita por un lado su uso racional y la producción ambientalmente adecuada de alimentos y, por el otro, garantice el no desarrollo de actividades extractivas perjudiciales. La Carta Mundial de los Suelos de la FAO de 1982 da la siguiente directriz a los países, incluido Colombia: “Elaborar una política para una apropiada utilización de las tierras según la adecuación de las mismas a los diferentes tipos de utilización y las necesidades del país”. Independientemente de lo señalado por las Naciones Unidas o cualquier otro organismo internacional, en nuestras manos está, como sociedad colombiana, pensar o no en cómo garantizar nuestra viabilidad, supervivencia y, por supuesto, nuestra comida. Podemos además deliberar sobre cómo cumplir con la responsabilidad que nos ha sido otorgada al ser bendecidos con uno de los países más biopersos del mundo, con tal cantidad de ecosistemas, especies, sistemas hídricos y suelos andisoles.

Septiembre 05 2013

Costa Rica, Panamá y México: Mucho turismo poco sostenible

Por Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, @sandra_moguel En la actualidad, el turismo de sol y playa es uno de los sectores de más rápido crecimiento económico. Una tendencia en este rubro es el desarrollo de viviendas para extranjeros, sobre todo estadounidenses y canadienses, que se retiran y optan por vivir en alguna playa de América Latina. El turismo masivo y de gran escala ha impactado negativamente en costas y océanos. En este texto, les platicaré un poco de lo que sucede al respecto en países como Costa Rica, Panamá y México. Ecoturismo y problemas sociales Costa Rica ha sido reconocido por impulsar una industria de ecoturismo exitosa desde finales de los 80. Los viajes de placer son ahora el primer generador de pisas del país. Según cifras oficiales, entre 1986 y 2005, las visitas de turistas internacionales aumentaron seis veces y el ingreso bruto por ese concepto se incrementó 12 veces. Al haber introducido el ecoturismo, Costa Rica, captura más de mil dólares por visitante. Pero no todo es miel sobre hojuelas. A pesar de la fama de turismo sostenible que Costa Rica promueve a nivel mundial, el país ha caído también en la tentación de favorecer las ocupaciones masivas en mega resorts con servicios “all inclusive”, lo cual genera varios problemas sociales. Cuando se favorece el turismo masivo surgen desalojos masivos, distribución inequitativa de la riqueza y escasez de servicios públicos como recolección de basura y suministro de energía. Otros impactos son la pérdida de identidad de las poblaciones locales, la competencia por recursos hídricos y el acceso a las playas, así como daños ambientales. La Bahía de Panamá Panamá no está exenta de problemas. Las políticas ambientales y de turismo en ese país favorecen la violación de derechos indígenas y los impactos negativos en esa materia. Tan sólo un ejemplo: desarrolladores turísticos presentaron varias demandas cuestionando la legalidad del decreto de creación del área protegida Bahía de Panamá. El objetivo de los intereses privados era tener menos restricciones para hacer sus proyecciones de construcción y operación de mega resorts en el sitio. En 2012, AIDA apoyó a sus socios en Panamá para defender la Bahía, la cual mantiene su estatus de protección. México y la competitividad del turismo En 2011, 22.3 millones de turistas internacionales arribaron a México y los ingresos por ello sumaron $1.18 billones de dólares, según estadísticas de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Asimismo, el Reporte de Competitividad de Turismo sitúa al país en el lugar 43 por la certeza que brinda para la inversión en turismo. Durante la presidencia de Felipe Calderón se hicieron algunos ajustes para mejorar la posición global de México en materia de viajes y el gobierno mantuvo el discurso de transformar a la industria turística en competitiva y sostenible. Aunque se iniciaron algunas políticas públicas y se aprobó la Ley General de Turismo, el plan de acción para incrementar la visita de extranjeros a México todavía es escaso. Por ejemplo, la ley no tiene un reglamento que detalle las nuevas figuras que se crean y que otorgue certeza jurídica no sólo a inversionistas, sino también a las comunidades locales sobre su involucramiento en la toma de decisiones relativas al lugar donde viven. El Centro para el Turismo Responsable (CREST) elaboró el documento Modelos Alternativos de Desarrollo y Buenas Prácticas para el Turismo Costero Sostenible: Un Marco para la Toma de Decisiones en México, el cual presenta datos interesantes sobre el uso de energía en mega resorts. Los Centros Integralmente Planeados (CIP), promovidos por el gubernamental Fondo Nacional de Turismo (FONATUR), se basan en la quema de combustibles fósiles para obtener energía. Malas prácticas como la destrucción de manglares o arrecifes de coral afectan la competitividad del turismo e impiden que México cumpla las obligaciones internacionales de proteger sus humedales y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático. Por ello AIDA y su socio Earthjustice, en representación de 11 organizaciones de la sociedad civil, presentaron el pasado 16 de agosto una petición ciudadana revisada a la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte. En ella se señala que México no está aplicando su legislación ambiental al evaluar los impactos ambientales de mega resorts en el Golfo de California. Esto supone que el gobierno reduce sus salvaguardas para atraer mayor inversión al país, generando así una competencia —posiblemente desleal— con sus socios comerciales: Estados Unidos y Canadá. En el turismo de escala masiva, las comunidades locales no son consultadas sobre los proyectos de mega resorts y el modelo de desarrollo que con ellos se plantea. El Código Global de Ética para Turismo de la OMT dispone que los profesionales en turismo, particularmente inversionistas, “deben entregar, con la mayor transparencia y objetividad, información sobre sus futuros programas y sus previsibles repercusiones, y buscar el diálogo con las poblaciones locales concernientes”. Los desarrollos masivos vienen acompañados de hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos y otros proyectos de infraestructura para dotar al nuevo centro turístico de servicios públicos. Esto no necesariamente favorece a las comunidades locales. La Resolución XI.7 de la Convención de Ramsar —un tratado internacional que protege humedales de importancia prioritaria internacional—, del cual México, Panamá y Costa Rica son parte, apunta a la necesidad de realizar “una colaboración más estrecha entre los sectores del turismo y de la conservación y el uso racional de los humedales a fin de maximizar y conservar a largo plazo los beneficios derivados de contar con los conocimientos especializados de ambos sectores”. Vale la pena resaltar la propuesta de Ramsar porque se observan incongruencias entre las políticas de ambientales y de turismo. Al respecto, llama la atención el caso de Argentina, cuya Administración de Parques Naturales (APN) es un organismo público a cargo del Ministerio de Turismo. La infraestructura de baños, centros de visitantes, señalización, caminos trazados, entre otros, refleja la sostenibilidad del plan de negocios y de manejo de los sitios. Hay una estrecha coordinación entre las políticas de turismo y medio ambiente. Hay mucho trabajo pendiente en América Latina con miras a un turismo sostenible. Sin embargo, se pueden dar pasos agigantados si se logra estrechar las políticas de turismo y las medioambientales, y establecer metodologías de consulta pública o involucramiento de las comunidades locales.

Agosto 20 2013

Bicicleta: ¿Es posible usarla como principal medio de transporte en nuestros países?

¿Alguien ha considerado esa posibilidad o ya utiliza la bicicleta de ese modo? Les cuento que yo sí y ¡vivo en Ciudad de México! Me encanta movilizarme sobre dos ruedas por varias razones: es amigable con el ambiente, es facilísimo, rápido, barato y divertido. Muchas veces he dejado atrás a varios carros en el tráfico y llegado más rápido que si hubiera usado cualquier otro medio de transporte. Aunque parezca increíble, casi no me desplazo en automóvil. Viviendo en este siglo y en el Distrito Federal, podría parecer hasta tonto, pero se logra. Uso Ecobici, el servicio público de bicicletas. No es perfecto, pero funciona suficientemente bien. No digo que la bicicleta debería ser la única opción para todas las personas. A mí me funciona sobre todo porque la mayoría de mis desplazamientos cubren distancias razonables. Confieso que cuando debo ir a sitios más lejanos o acompañada de mi niño de casi dos años, tengo que usar otros medios o el único carro de nuestra familia. Como muchos sabemos, el uso creciente de bicicletas y otros medios de transporte que no emiten gases de efecto invernadero contribuye a contrarrestar el cambio climático en nuestras ciudades. El transporte sostenible no es la única solución a nuestros problemas, pero ayudaría bastante. El caso de Holanda Es cierto que andar en bicicleta, especialmente en América Latina, más que una aventura, es a veces un reto. Por ello me llamó la atención un artículo de la BBC sobre Holanda, donde un gran número de personas se desplaza en bicicleta. Las razones son sorprendentemente sencillas. Ese país tiene: una excelente infraestructura de ciclovías, con amplios carriles que permiten a todos, incluidos niños y niñas, transitar sin problemas; una cultura amigable hacia quienes usan bicicletas: los conductores de carros los respetan porque tienen a alguien muy cercano que es ciclista o porque ellos mismos seguramente también lo son; normas de tránsito que se cumplen estrictamente para todos, incluidos los ciclistas. Si alguien deja mal estacionada su bicicleta, transita en contravía o con las luces sin funcionar, es sancionado con multas de varias docenas de euros; tolerancia por parte de los vecinos para el estacionamiento de bicicletas afuera de sus casas (¡lugar obviamente seguro para dejarlas!). ¿Cómo lo lograron? Lo más interesante de la experiencia holandesa es que la presión de la sociedad civil y la crisis del petróleo fueron factores decisivos para los cambios en torno al transporte. Durante los 50 y 60, Holanda, como la mayoría de los países, vivió un aumento del parque automotor y —con ello— un incremento en las muertes relacionadas con accidentes de tránsito. En 1971, según la BBC, murieron 3,000 personas: entre ellas 450 niños y niñas. Esto originó un movimiento social llamado “Paren los asesinatos de los niños” que pedía al gobierno mayor seguridad para desplazarse en bicicleta. Lo anterior —unido a la crisis del petróleo de los 70— permitió que el gobierno holandés cambiara la política, construyera la infraestructura actual, desarrollara normas de seguridad y todo el marco para que Holanda anduviera en bici. Casco o no casco… Un dato curioso es que en Holanda, como en la mayoría de Europa, el uso del casco para andar en bicicleta no es obligatorio. No se considera necesario porque el nivel de accidentes en muy bajo y la seguridad para los ciclistas, muy alta. La obligatoriedad del casco es vista por muchos como un atentado a la cultura y a la promoción de la bicicleta como medio de transporte. En España, incluso hubo múltiples protestas ante la intención del gobierno de imponer esa exigencia. En contraste: Australia y Dubai exigen el uso del casco a cualquier edad; En Canadá, algunas provincias lo exigen, otras no; Estados Unidos no tiene ley federal, pero el casco es obligatorio para todas las edades en algunas ciudades como Dallas y, en California y Washington DC, sólo para menores de 16 y 18 años, respectivamente. Sin duda la decisión al respecto es un elemento adicional y complicado a la hora de determinar la política sobre el uso de bicicletas en nuestras ciudades. Por un lado están el peligro real de enfrentarse al tráfico y a los aún no muy acostumbrados conductores de automóvil; y, por el otro, la posibilidad de que la exigencia del casco desincentive el uso de bicicletas. Algo a tener en cuenta es que los accidentes que los cascos pueden evitar no son los únicos. Accidentes sencillos como caídas que provocan heridas en niños y niñas, o hechos más graves como atropellamientos se presentan en Bogotá y otras ciudades de la región cuando no se toman las medidas de seguridad apropiadas. Yo misma sufrí uno de esos accidentes a los tres años cuando un tío me llevó en su súper Monareta a dar una vuelta cerca de la casa de mi abuela. Mi pie izquierdo quedó engarzado en los rayos de la rueda trasera, causando una herida en el 60% de mi empeine y la pérdida definitiva del zapato más elegante que tenía. El incidente, por fortuna, sólo terminó en una cicatriz, pero podría haber sido peor. Avances en América Latina Reconozco que comparar a cualquiera de nuestros países con Holanda es casi irreal. Pero considero que las lecciones y avances obtenidos allá son útiles y clave. La buena noticia es que varias capitales latinoamericanas han implementado acciones para motivar el uso de la bicicleta. Las ciclovías se están expandiendo: Bogotá tiene 297 km, en la zona metropolitana de Santiago de Chile se prevén 400 km adicionales, Ciudad de México llegó a 42 km en 2012, y Buenos Aires tenía previsto contar con 90 km en total para 2010. Lo cierto es que aún queda mucho camino por recorrer y que, afortunadamente, la ciudadanía se involucra cada vez más en el tema, exigiendo mejor infraestructura, seguridad y calidad de aire para hacer de la bicicleta algo más que un juguete infantil. Esperemos que los avances continúen y que finalmente veamos un cambio positivo hacia formas de transporte más divertidas, ambientalmente sostenibles y baratas como la bicicleta. ¿Qué opinan?, ¿se animan a andar en bici?

Agosto 12 2013

La Junta del Fondo Verde le dice "no, gracias," a la transparencia y a la participación de la sociedad civil

Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna Una vez más, las organizaciones de la sociedad civil expresaron su decepción ante la falta de transparencia y ante su limitada participación en la última reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde Climático (FVC), entidad operadora del mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Los 24 miembros de la Junta Directiva se reunieron entre el 25 y 28 de junio en Songdo, Corea del Sur, para acelerar el proceso de puesta en operación del FVC. El Fondo operará como un mecanismo de transferencia de recursos económicos de los países desarrollados hacia los países en desarrollo con el fin de ayudar a estos últimos a financiar la adaptación y las prácticas de mitigación del cambio climático. De forma reiterada, las organizaciones de la sociedad civil han solicitado a la Junta ser incluidas efectivamente en el proceso de toma de decisiones relativas al Fondo. Han enviado cartas a los miembros de la Junta, asesores y al Secretariado Interino del FVC. Sin embargo, los intentos de dirigir la atención y consideración hacia la sociedad civil no han conseguido resultado alguno. La Junta Directiva ha cerrado constantemente sus puertas a la participación activa y efectiva de ese grupo. En las reuniones de la Junta Directiva, la sociedad civil cuenta sólo con dos observadores activos dentro de la sala de reuniones, uno representando al norte y otro al sur, quienes tienen derecho a participar e intervenir en todas las reuniones formales pero no pueden votar en ellas. Los demás observadores acreditados se sientan en una sala paralela a ver la reunión. Los observadores activos sólo pueden intervenir en la reunión por invitación de los copresidentes de la Junta. Además, sólo pueden hacerlo una vez por cada punto del orden del día y por no más de tres minutos cada vez. En el último día de la reunión de la Junta Directiva en Songdo, los copresidentes restringieron la participación de la sociedad civil, argumentando la falta de tiempo. Irónicamente, la mayoría de las decisiones importantes se tomaron en esa oportunidad. Debido a las limitaciones impuestas por los copresidentes, los observadores activos se acercaron a varios miembros de la Junta para compartir puntos clave sobre diferentes documentos desde la perspectiva de la sociedad civil. No obstante, los copresidentes sancionaron esta acción y les prohibieron hablar con los miembros de la Junta. A pesar de la frustración por haber sido socavada y excluida, la sociedad civil esperaba ganar al menos una batalla: conseguir que la Junta se decida a favor del "webcasting" otransmisión en vivo de sus reuniones. El "webcasting" muestra un compromiso con la responsabilidad y la transparencia. Brinda la oportunidad de que la gente sin recursos para viajar a las reuniones de la Junta esté al tanto de lo que ocurre en ellas. Al mismo tiempo, limita la cantidad de emisiones de CO2 mediante la reducción del número de vuelos internacionales que se toman para asistir a dichas reuniones. El "webcasting" es ampliamente utilizado por otros fondos climáticos, incluso por la CMNUCC, el tratado internacional del cual el FVC es parte. En Songdo, la Junta del FVC votó en contra del "webcasting" argumentando que sería demasiado costoso: de USD 20,000 a USD 30,000 por reunión transmitida. Sin embargo, los precios de referencia utilizados por la Junta son mucho más elevados que los precios promedio del mercado, de USD 1,200 por día. Según la Secretaría del Fondo de Adaptación (AF, del inglés Adaptation Fund) y sus proveedores del servicio “webcast”, las transmisiones en vivo de las reuniones de la Junta del AF cuestan entre USD 1,000 y USD 1,250 por día según los problemas que puedan surgir en cada lugar. En lugar del "webcasting", la Junta del FVC decidió que las grabaciones de las reuniones sean accesibles al público tres semanas después de realizadas las mismas y bajo registro. Las organizaciones de la sociedad civil creen que esta demora de tres semanas les impide incidir en los temas relacionados con los debates y decisiones que realiza la Junta. El Fondo Verde Climático ha decidido tener un enfoque estratégico en la mitigación y adaptación al cambio climático y en buscar un mayor desarrollo sostenible. Sin embargo, es difícil entender cómo el Fondo podrá alguna vez maximizar el "desarrollo sostenible" si sus decisiones no se hacen con el apoyo, participación e involucramiento efectivo de diferentes actores durante todo el proceso.

Agosto 05 2013

Hay una mancha en medio del mar…

Por Florencia Ortúzar, asesora legal de AIDA La primera vez que escuché acerca de la misteriosa “isla de basura” me sorprendí muchísimo. ¿Cómo puede una enorme mole flotante, tan grande como un país, pasar desapercibida en el océano sin que esté en boca de todos? Increíblemente muchas personas ni siquiera han oído de la existencia de este “séptimo continente” que crece cada día, convirtiéndose en el vertedero más grande del planeta. ¿Una sopa de qué? El Gran Parche de Basura del Pacífico, como se le conoce oficialmente, es uno de los cinco vertederos flotantes que pululan en el mar. Fue el primero en ser descubierto y el más grande. Se ubica en medio del Océano Pacífico, entre los estados de Hawaii y California (Estados Unidos), a unos mil kilómetros de la costa de Hawái. El tamaño de la mancha es difícil de determinar: los estimados van desde los 15 mil kilómetros cuadrados (equivalentes a la superficie de la Antártida y a un 8.1% de la superficie del Océano Pacífico) hasta los 700 mil kilómetros cuadrados (casi la superficie de Chile). Pero permítanme explicar un poco más este insólito y triste fenómeno. La “isla de basura” no se asemeja a una isla sólida como tal, ni a una sábana flotante. Se trata más bien de una sopa de partículas plásticas flotando en lento espiral. Lo que sucede es que por las corrientes del océano las miles de toneladas de basura que llegan al mar, especialmente plástico, se juntan y rotan, formando una especie de remolino gigantesco que gira lentamente impidiendo que la basura se disperse. Esta sopa tiene de todo: redes de pesca abandonadas, botellas de plástico, tapas, cepillos de dientes y zapatos, entre otros desperdicios. Pero en su mayoría está compuesta por pequeñas partículas de plástico que se han generado a partir de pedazos más grandes por la degradación que causan las olas y el sol. Esta gigantesca masa se mantiene debajo de la superficie del agua, formando una columna que se estima alcanza los 30 metros de profundidad. Paradójicamente, resulta que a pesar de su enorme extensión, la mancha de basura no es fácil de visualizar y de hecho no ha sido captada en imágenes satelitales. El colmo es que al encontrarse en aguas internacionales, ninguna nación se hace cargo del fenómeno. Los buques turísticos le hacen el quite y sólo quedan ambientalistas y científicos preocupados por la situación. Se trata, por tanto, de un gigante desapercibido que crece lenta y constantemente en tierra de nadie, sin Dios ni ley. Un descubrimiento casual En 1988, expertos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del Gobierno de EEUU predijeron la existencia de la mancha de basura en el Pacífico Norte por el sistema de corrientes marinas del lugar. Sin embargo, fue el investigador oceánico Charles Moore quien, una década más tarde, certificaría su presencia real y la bautizaría como la "Eastern Garbage Patch" ("Mancha de Basura Oriental"). En julio de 1997, el capitán Moore navegaba la zona en su velero cuando se encontró con kilómetros y kilómetros de hojuelas sintéticas e inmensas masas de basura flotando en el mar. El estadounidense tardó una semana en atravesar la acumulación de desechos. Moore, que en 1994 había fundado la fundación Algalita Marine Research (en inglés) —enfocada en la protección y restauración de los bosques de algas y humedales de la costa de California—, cambió drásticamente de rumbo, tras su descubrimiento, para dedicarse a la difusión y concientización respecto de la mancha de basura (Vea la charla de Moore en TED, en inglés). Expediciones a la isla olvidada Desde su descubrimiento, ha habido varias expediciones científicas a ésta y las demás islas de basura. Lamentablemente, lo denunciado luego de esos viajes aún no ha tenido suficiente repercusión fuera del ámbito ecológico. Nadie parece hacerse responsable ni emprender acción alguna. La última expedición se realizó el pasado mayo en un buque llamado L´Elan y con integrantes de la Sociedad de Exploradores de Francia (en francés), asesorados por el Capitán Moore, a bordo. Los resultados de la misión aún no se han publicado. Esperemos que ahora, gracias a la eficiencia de las redes sociales para difundir información, el tema cause revuelo y sirva para que cada quien contribuya haciéndose consciente del plástico que consume. ¿Qué podemos hacer? Como ya dijimos, la mayoría de la basura que conforma la mancha se ha convertido en miles de millones de hojuelas de plástico, demasiado pequeñas para ser vistas. Ello hace muy difícil que se puedan limpiar los mares. Habría que pasar una red muy fina por toda la superficie, lo que perturbaría los ecosistemas llevándose también elementos cruciales como el plancton, alimento base de la vida marina. Además, para acceder a la zona contaminada se requieren recursos humanos y materiales costosos, pues estamos hablando de un minucioso trabajo que debe realizarse en pleno mar abierto. La tarea se torna más improbable si recordamos que la mancha está en aguas internacionales, donde ningún país es soberano (la tragedia de los comunes). Por ahora, y hasta dar con una tecnología que nos permita regresar en el tiempo, lo mejor y más sensato es dejar de producir tanta basura, limitando en especial nuestro consumo de plástico desechable. También es importante contribuir al conocimiento del problema para que la gente tome consciencia de los efectos del consumismo reinante, cambie su estilo de vida y eduque a los que en el futuro estarán a cargo del planeta. El plástico que abunda en la isla es un material que revolucionó al mundo en su momento. Hoy estamos rodeados del mismo: comemos y bebemos de él, lo usamos a diario y a cada momento, y está presente en casi todos nuestros artefactos. El plástico es un material casi milagroso: barato, efectivo y virtualmente indestructible. No se deshace, sólo se desintegra en partes cada vez más pequeñas. Su durabilidad significa que casi todas las moléculas de plástico que han sido fabricadas en la tierra permanecen en algún lugar del planeta. Ahora al menos tenemos una mejor idea de a dónde van a parar: a la isla de basura.

Photo: A mine in the city of Cerro de Pasco, Peru. Credit: María José Veramendi

Julio 29 2013

Perú y sus conflictos socioambientales

Por María José Veramendi Villa, asesora legal de AIDA, @MaJoVeramendi “En el Perú, el escenario general de los confpctos sociales está fuertemente influenciado por la dinámica de crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos años, la cual no ha imppcado, necesariamente, el establecimiento de medidas que generen una percepción de bienestar social y de representatividad política de ciertos sectores de la sociedad”. (Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial No. 156: Violencia en los confpctos sociales / Marzo de 2012) Perú es un país rico en recursos naturales, entre ellos minerales. Una muestra de ello es que, a junio de 2012, el 20.3% del territorio nacional estaba concesionado para actividades mineras, según un informe de la ONG Cooperación elaborado con datos del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET). Hace algunas semanas, la Defensoría del Pueblo de Perú dio a conocer su Reporte Mensual de Confpctos Sociales Nº 112 correspondiente a junio de 2013. El informe da cuenta que en el país se registraron 223 confpctos sociales: 170 activos (76,2%) y 53 en estado latente (23,8%). A pesar de que hubo una disminución en el número de confpctos, respecto del mes anterior, el dato más revelador y consistente es que los confpctos socioambientales aún son los más numerosos: 145 a junio. De esa cifra —se detalla en el reporte— 105 casos están relacionados con minería, 18 con hidrocarburos, 8 con actividades energéticas y 4 con actividades forestales, entre otros. La Defensoría del Pueblo define el confpcto social como “un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia”. Sobre las causas En su informe Los Confpctos Socioambientales por Actividades Extractivas en el Perú, presentado en 2007, la Defensoría del Pueblo identificó al menos cinco causas de los confpctos de ese tipo: Temor justificado de la población a la potencial contaminación que pueden ocasionar las actividades extractivas; Situación de vulnerabipdad de las comunidades que habitan en las zonas donde se desarrollan esas actividades; Falta de confianza por parte de la población en la capacidad del Estado para prevenir la contaminación y la degradación de su espacio vital; Actividades extractivas débilmente reguladas y controladas que pueden ser fuentes de contaminación que, muchas veces, se traducen en daños colaterales a terceros, imponiendo cargas o sobrecostos a actividades como la agricultura, cuya existencia y desarrollo pueden pepgrar por la disminución de la capdad y/o cantidad de agua disponible; e Impactos negativos de las actividades extractivas. Esas causas siguen tan vigentes hoy como en 2007. Sin embargo, las autoridades parecen ignorar tal situación y, por mencionar sólo algunos factores, el temor justificado de la población y la desconfianza en el Estado se siguen agudizando. Un ejemplo reciente: la implementación de la consulta previa En Perú, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entró en vigor el 2 de febrero de 1995. Desde entonces nuestro país está obpgado a cumppr con sus disposiciones, mismas que garantizan, entre otros, el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la consulta sobre temas que les afecten. El Convenio dispone también que estos pueblos pueden participar de manera previa, pbre e informada en los procesos de desarrollo y formulación de políticas que les afecten. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional peruano, el Convenio tiene rango constitucional. Sin embargo, su implementación era inexistente al punto de ser un derecho negado sistemáticamente en el país. Ante ello, el 23 de agosto de 2011, el Congreso peruano aprobó la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios, promulgada y pubpcada el 6 de septiembre de 2011 y vigente desde diciembre de ese año. El Reglamento a la norma se pubpcó el 3 de abril de 2012 y entró en vigor un día después. No obstante, dichos instrumentos legales, que podrían ser vistos como actos de buena fe para implementar un derecho que ya existía en nuestro ordenamiento jurídico, han sido duramente criticados por tener falencias técnicas y por reducir los estándares de protección alcanzados tras muchos años de lucha de los pueblos indígenas que se vieron cristapzados en el Convenio 169 de la OIT (1989), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y en la jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, en especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiero destacar dos hechos en torno a esas falencias: De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Consulta, éste appca sólo en actos posteriores a su aprobación. Esto quiere decir que durante los 16 años que transcurrieron entre la aprobación del Convenio 169 y la Ley de Consulta y su Reglamento, este último era un simple instrumento decorativo. Lo anterior desconoce además la Sentencia 00025-2009-PI/TC del Tribunal Constitucional, la cual señala específicamente que “[l]a exigibipdad del derecho a la consulta está vinculada con la entrada en vigencia en nuestro ordenamiento jurídico del Convenio 169 de la OIT”. Funcionarios del gobierno han señalado que la Ley de Consulta Previa no es vinculante. El propio Presidente de la Repúbpca dijo que esa norma “debe ser tomada como un instrumento que permite legitimar una inversión y no verse como un obstáculo”. Recordemos que en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que la consulta es un principio general de derecho internacional. Es momento de estar alertas. La adecuada implementación del derecho a la consulta y al consentimiento previo, pbre e informado es clave para avanzar hacia una protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas. En un país donde los confpctos socioambientales, cuyas causas —algunas de ellas— fueron identificadas líneas arriba, están a la orden del día, es vital generar confianza y certidumbre en la población sobre la salvaguarda de sus derechos. De lo contrario, que no nos sorprenda el surgimiento de nuevos confpctos.