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Febrero 25 2013

CAPS: Cuando la comunidad trabaja por el acceso al agua potable

Por Tania Paz, asistente general de AIDA,@TaniaNinoshka “Si estamos en problemas, la misma agua es viva, se nos seca; entonces ¿qué tenemos que hacer? Organizarnos más...querernos más”. Luis Adolfo Fargas, CAPS- San Francisco de Asís, Rivas, Nicaragua Millones de personas carecen de agua potable alrededor del mundo. La mayoría de ellas vive en el campo. UNICEF (2012) determinó que “de los 783 millones de personas aún sin fuentes mejoradas de agua potable en 2010, 653 millones son de las zonas rurales”. Lleva agua a casa. En países con altos niveles de pobreza como Nicaragua, donde los gobiernos centrales y locales no pueden abastecer de agua potable a toda la población, cobran relevancia otros actores que buscan defender este derecho humano. Uno de estos actores son los llamados Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) que trabajan en la zona rural del país. Según la ley especial para los Comités de Agua Potable y Saneamiento (Ley 722), los CAPS son organizaciones comunitarias sin fines de lucro e integradas por personas naturales electas democráticamente por la comunidad, como instrumentos que contribuyen al desarrollo económico y social, a la democracia participativa y la justicia social de la nación; creando, en este caso, las condiciones necesarias para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento a la población en general. En Nicaragua existen unos 5,200 CAPS que benefician a casi 1 millón 200 mil personas. La Red Centroamericana de Acción del Agua FANCA indica que “en Centroamérica existen más de 30 mil comunidades abastecidas por sistemas de acueductos comunales, autogestionarios, sin fines de lucro que proveen de agua a cerca de 15 millones de personas, lo que representa casi un 30% de la población regional”. ¿Cómo llevan agua a la comunidad? “La necesidad es la madre de los todos los inventos”, versa un famoso refrán. Y es que la necesidad constituye precisamente el primer paso para la formación de un CAPS. Cuando la comunidad visualiza que carecer de agua potable afecta fuertemente su calidad de vida, y que los gobiernos no darán respuesta a este problema, deciden financiar la construcción de sistemas de agua potable. Para ello, los pobladores no sólo donan parte de su dinero, sino también mano de obra para las labores de construcción: de ella participan hombres, mujeres, adolescentes y niños de la propia comunidad. Una vez construido el sistema de agua, la comunidad formula y diseña las normas de operación del sistema, y las reglas que regirán su aprovechamiento. Es por eso que los CAPS se conocen como grupos auto gestionados en los que ninguna autoridad gubernamental interviene. La instalación de sistemas de agua en las comunidades mejora la calidad de vida de las personas, dado que sus habitantes ya no tienen que caminar más de 1 o 2 km diarios para ir por agua hasta otra población. Ahora acceden a agua más limpia y de calidad y, en el caso de las mujeres, esto representa un cambio significativo en su forma de vida. Algunos de los retos Son muchos los desafíos que grupos de ciudadanos como los CAPS enfrentan para dar continuidad a su trabajo y/o para lograr el pleno cumplimiento del derecho humano al agua potable y saneamiento. En el documental El Agua junta a la Comunidad, Reyneris Soza, miembro de la Asociación para el Desarrollo de Municipios (ADM), señala que algunos de los retos son la promoción de tecnologías para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como la obtención de tecnologías que permitan un mejor uso y aprovechamiento del agua. Por su parte, una experiencia en Tanzania (2008) reveló que en las comunidades se asignómayor prioridad al abastecimiento de agua potable que a las labores de saneamiento e higiene, debido a que este último rubro es considerado como cuestión privada e inpidual (dentro del hogar o la familia) y no como algo público o comunitario. Se trata de un desafío clave para grupos como los CAPS y para usuarios de servicios de provisión de agua en general. Por último, una de las principales tareas que los CAPS deben cumplir es pasar de un modelo de aseguramiento del acceso al agua potable a uno de protección de las fuentes de agua, a través, por ejemplo, de la incidencia en las políticas públicas. La existencia de los CAPS en el contexto local y nacional de Nicaragua representa no sólo un gran paso para el cumplimiento del derecho humano al agua potable y saneamiento. Son muestra también de la generación de nuevos espacios de participación, aquellos que, a decir de Andrea Cornwall (2002), generan sociedad civil y, sobre todo, ciudadanía.

Febrero 20 2013

El agua embotellada en México, en manos de empresas de EU y Francia

La francesa Danone y las estadounidenses Coca Cola y PepsiCo controlan 82% de las ventas de agua embotellada en México, informó el diario El Economista de México en octubre de 2010. Esta acumulación de mercado en manos de empresas extranjeras muestra un triple fracaso de los gobiernos de México: Por incumplir su obligación de proporcionar agua potable de llave. Por no informar sobre la calidad del agua y dar paso a la desconfianza. Por dejar avanzar el domino de empresas de otros países. Por miedo a enfermedades intestinales o por una verdadera deficiencia en la calidad de este recurso natural, los mexicanos tenemos que gastas entre 2 y 5 mil pesos al año en agua de garrafa y botella, cuando el derecho al agua quedó establecido en la Constitución de México en 2011 y como un derecho humano por las Naciones Unidas en 2010. Las marcas de agua embotellada con más presencia son: Bonafont (adquirida por los franceses en 1985) del Grupo Danone, que recauda 38% de los ingresos que genera el rubro; Ciel de Coca Cola (que llegó a México en 1996), con 25% de recaudación y EPura (creada en 2004) de Pepsico, con 19%. Electropura, ahora también de capital extranjero, fue adquirida por Pepsico en 2002. De acuerdo con información de su sitio en internet, la empresa registra ganancias anuales por 65 mil millones de dólares, es decir, 845 mil millones de pesos, aproximadamente cuatro veces el presupuesto anual con el que cuenta la Secretaría de Educación en México. Con esos presupuestos, pueden armar campañas inmensas en medios que el gobierno ni siquiera crea. También podos hablar del caso Peñafiel. La firma poblana creada en los años 20 cambió de nombre a Manantiales Peñafiel en 1958 y fue adquirida en 1992 por el grupo británico Cadbury Schweppes. Años después, tomó el nombre de Dr. Pepper Snapple Group. Aunque en México la empresa recuperó la denominación de Grupo Peñafiel, la mayoría de sus ganancias se van al extranjero. Esta multinacional es hoy la tercera refresquera más importante del país, según El Financiero. Pureza Vital y Santa María de Nestlé, también envían sus ganancias a Francia. Santa María es producida por Water Partners Mexico, empresa conformada por Nestle Waters y Grupo Modelo. Esta última es quien distribuye el producto desde hace algunos años. El director general de Water Partners Mexico, Gerard C. Signoret, dijo que el mercado del agua embotellada en México está siendo impulsado por la estrategia del gobierno y de la comunidad para modificar los hábitos de la gente. “El mercado crece y se mantiene esa tendencia”, afirmó el prominente empresario, a finales de 2011, en declaraciones a El Financiero. La botella De acuerdo con El Economista, aproximadamente 90% del costo del agua embotellada se debe al envase y el líquido puede llegar a venderse hasta 10,000 veces más caro que su costo de obtención. Así lo menciona el texto firmado por Leticia Gasca Serrano. Así, por el mismo precio de una botella de agua (que varía entre 3 y 40 pesos) podríamos obtener 3,000 litros del líquido vital de grifo. En algunos casos, sorprendentemente, un litro de agua embotellada resulta más caro que uno de gasolina. Una botella PET, en la que se comercializa el agua, puede tardar hasta 1,000 años en biodegradarse. Ello significa que lo que se consume hoy terminará su proceso “ecológico” en al menos 15 generaciones, informó El Economista. Pero las marcas ponen el logotipo de reciclado en sus botellas y se anuncian como empresas responsables y hasta diseñan los envases con colores verdes y sellos de “ecológicos”. Un ejemplo de la desfachatez con la que proceden algunas empresas del rubro se dio en 1994 en Reino Unido, donde se comprobó que la nueva marca de Coca Cola, llanada Dasani, era agua de la llave que se vendía como un producto sometido a un “alto y sofisticado proceso de purificación”, basado en tecnología de la Nasa, cuando en realidad era procesado en unidades de purificación domésticas. Responsabilidad personal Muchos ciudadanos responsables hierven el agua, pero aún así tienen dudas sobre si es verdaderamente potable. Otros consumen agua embotellada de garrafón, la más común, pero la llevan en termos y recipientes para no comprar botellas inpiduales. Un ejemplo de la poca información disponible sobre la calidad del agua que proviene de la llave es el caso de la capital de Coahuila. La Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo ha cuestionado la presencia en la ciudad de la empresa extranjera Aguas de Barcelona (de España), que sorprendentemente administra la empresa paramunicipal Aguas de Saltillo. El presidente de la organización, el ciudadano Rodolfo Garza, ha puesto en duda la calidad y los informes gubernamentales sobre la calidad del agua con la que se abastece a la población. “La Secretaría de Salud proporcionó información incompleta, según exámenes externos el agua contiene gran cantidad de sales y carbonato de calcio, lo cual hace que el líquido forme sedimentos en las tuberías y las tape", denunció el activista en 2012. ¿Cuándo dejamos los mexicanos de tomar agua de la llave?¿Cuántas campañas recientes y exitosas hemos visto sobre el tema de la calidad del agua a cargo de la Conagua y los organismos estatales? La mayoría de las campañas se centran en el cuidado del recurso natural, pero omiten hablar de la calidad. ¿Qué tan responsables son los gobiernos que dieron pie a desconfiar del agua de la llave? La siguiente campaña, de Conagua, por ejemplo, trata más de prevención que de confianza: La complicidad de las autoridades para incrementar la desconfianza es lo que ha hecho que las empresas extranjeras expandan su dominio en el mercado mexicano. En otros países, por ejemplo, cada recibo de agua contiene los resultados de estudios de calidad del agua potable en la zona a la que corresponde, algo que en nuestro país y en muchos de América Latina es impensable. Este mes de febrero, el Congreso debería discutir la Ley General de Aguas en México. Varios grupos de la sociedad civil y académicos expertos ya enviaron propuestas sobre lo que debería contener, como lo ha señalado la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) que agrupa a organizaciones civiles. Veremos si el nuevo gobierno y el Congreso de la Unión continúan validando este manantial de impunidad.

Febrero 11 2013

Si fuera Estado, ¿obedecería sólo cuando me guste o me convenga?

Por Astrid Puentes Riaño, co-directora de AIDA, @astridpuentes En 2012, Colombia y Guatemala recibieron importantes sentencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), respectivamente. Ambos Estados están en desacuerdo con las decisiones, la primera por diferendo limítrofe y la segunda por violaciones a derechos humanos por masacres y desapariciones durante los años 80, y por ello amenazaron con incumplirlas o reinterpretarlas. ¿Estarán perdiendo fuerza el derecho internacional y sus cortes y disminuyendo la voluntad de los —o de algunos— Estados para acatar los fallos? O ¿se estarán volviendo demagógicos los gobiernos y para complacer a algunos, amenazan con incumplir las sentencias internacionales? Estas reacciones evidencian que estamos ante una parte de ambos escenarios, los dos igualmente preocupantes. Espero que los gobiernos y los Estados analicen la situación y rectifiquen. 2007: “Lo que defina la corte de La Haya, lo respetamos totalmente”, ¿y ahora? En noviembre de 2012, la CIJ decidió el conflicto limítrofe por las Islas de San Andrés y Providencia, los cayos y el mar territorial, entre Colombia y Nicaragua. Aunque la Corte le dio la razón a Colombia en la mayoría de los puntos, redefinió el límite del mar territorial dando a Nicaragua una importante franja marina, hasta el momento colombiana. Esto fue lo que más trascendió en Colombia y generó una dura reacción en algunos sectores, quienes exigieron al presidente Juan Manuel Santos incumplir la decisión. Incluso el ex presidente Álvaro Uribe dijo que “Colombia no debe acatar el fallo”, aunque en 2007, siendo Presidente prometió a Daniel Ortega, su par nicaragüense, respetar “totalmente” la decisión, cualquiera que fuera. La rebeldía contra la CIJ llegó a tal punto que Colombia anunció su retiro del Pacto de Bogotá: el tratado firmado en 1948 para solucionar pacíficamente controversias entre estados. Es irónico que el país donde se firmó el Pacto se retire del mismo para evitar que se cumpla. Esto además no tiene efectos prácticos a futuro. Colombia renuncia también a la tradición de respeto a las normas internacionales. ¿Habría entonces que cambiarle de nombre al Pacto? Corte IDH: Guatemala violó derechos humanos para construir la represa Chixoy La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en septiembre de 2012 una sentencia contra Guatemala por la violación de derechos humanos derivada de la masacre a la comunidad de Río Negro, realizada durante los años 80 para construir la represa de Chixoy. En consecuencia, la Corte ordenó a Guatemala investigar los hechos y sancionar a los responsables; indemnizar a los familiares de las víctimas; y mejorar la infraestructura de la comunidad afectada por los hechos, entre otras cosas. Tres meses y otras dos sentencias condenatorias de la Corte IDH después, el Gobierno guatemalteco publicó un acuerdo “reinterpretando” la voluntad del Estado, y en consecuencia, desconociendo las sentencias referidas ahechos ocurridos antes de 1987, es decir, prácticamente todos los cubiertos por las tres sentencias. Tras grandes presiones internas y externas de persos sectores, incluyendo la propia Procuraduría de Guatemala, el gobierno echó para atrás este acuerdo y por ende se presume que reitera su voluntad de cumplir. Dura lex, sed lex (Dura es la ley, pero es la ley) Jurídicamente, rechazar el resultado de estas cortes es inviable, dado que ambos Estados han reconocido su jurisdicción (autoridad) para decidir sobre casos relacionados con dichos países y las circunstancias que se discuten. Los Estados pueden arrepentirse de que las cortes decidan, pero esto tiene una consecuencia futura. La razón es obvia: todos los Estados que pierdan una decisión buscarían excusas para incumplirla, justamente como hacen ahora Colombia y Guatemala. Desde el punto de vista político, los Estados pueden negarse a cumplir. Sin embargo, ello viola la buena fe de las partes, elemento fundacional del derecho internacional que garantiza que los Estados que se someten a ciertas reglas tengan la expectativa cierta que sean cumplidas, sin discriminación respecto de quién se trate. Después de todo, es algo esencial en la existencia del derecho que evita arbitrariedades y la solución de controversias por la fuerza. Al final, se trata de la protección que tenemos todos: Estados y ciudadanos. Por ello, el mensaje que mandan los gobiernos de Colombia y Guatemala (que afortunadamente rectificó) es peligroso porque incluso cuando estos Estados necesiten protección frente a posibles agresiones o malos entendidos con otros Estados, habrán perdido su autoridad para recurrir al derecho internacional en su defensa. De otra parte y según estas reacciones, los ciudadanos podríamos obedecer las normas y las decisiones de los jueces sólo cuando éstas favorezcan nuestros intereses. Así, podría comenzar a pagar los impuestos que me parezcan justos y a pararen los semáforos cuando lo considere conveniente. Sin duda, esto suena extremo, pero interpretar o rechazar la decisión de una corte internacional, que es la suprema autoridad en la materia, me parece igualmente extremo. Celebro que Guatemala haya retrocedido en su decisión y reconocido su error. Entiendo que las violaciones a derechos humanos por las que se le condenó son duras y vergonzosas para el país. Justamente ahora tienen la oportunidad de admitirlo y remediar la situación, demostrando que los años de impunidad para estas violaciones han terminado. En cuanto a Colombia, espero que después de la aparentemente patriótica reacción al anunciar el retiro del Pacto de Bogotá, el gobierno de Santos recapacite y decida continuar honrando la tradición y el Pacto que lleva su nombre. Ojalá haga un balance de lo que perdería el país al rechazar la decisión y busque alternativas, en el marco de las normas, para proteger a las comunidades afectadas con la decisión de la CIJ. Mi postura puede explicarse quizás porque soy abogada y tengo el hábito de pensar que todo se debe resolver mediante las normas, pero me parece la decisión más inteligente y más honrosa que se puede tomar.

Enero 28 2013

Cumbre sobre Cambio Climático: El 18avo intento…y aún sin gloria

Por Florencia Ortúzar, asesora legal de AIDA La XVIII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático terminó sin gloria el pasado mes de noviembre del 2012. Es triste reconocer que la desilusión que se da año tras año ya no sorprende a nadie, aunque sí revive el sabor amargo de una preocupación cada vez más alarmante. Parece una cruel paradoja que los países que causaron el aumento de temperatura mediante una historia de emisiones descontroladas, sean hoy los privilegiados del mundo. Así lo entienden los expertos cuando predicen los impactos distribucionales del cambio climático en países pobres y ricos, concluyendo que los menos desarrollados son los condenados a mayores dificultades. Interesantemente, si bien factores como la riqueza y la tecnología influyen en las posibilidades de adaptación, la razón más importante para la vulnerabilidad de los países pobres tiene que ver con su ubicación en el globo, ya que, a menor latitud, mayores temperaturas, de acuerdo a lo publicado por el académico de la Universidad de Yale, Robert Mendelshon en un texto llamado "The distributional impact of climate change on rich and poor countries". (Ver PDF) Peor aún es el hecho de que los países más afectados no cuentan con los medios económicos o capacidades para adoptar medidas efectivas de mitigación, adaptación o para hacer frente a pérdidas y daños. Están atados de manos y con la sola esperanza de ser salvados por sus hermanos ricos, quienes miran indecisos desde el otro lado del planeta. Lo concreto en Doha El logro más importante de esta COP18 fue la resolución de prolongar el Protocolo de ioto por un segundo período: de 2013 a 2020. Si bien se rescató el único documento vinculante que existe actualmente, los compromisos que éste contiene son sabidamente insuficientes frente a las necesidades del caso. Los países firmantes se comprometieron a reducir sus emisiones en 18% para 2020, comparando éstas con las de 1990. Sin embargo, la ciencia establece que deben reducirse en 40% si se busca evitar los efectos irreversibles del cambio climático que ya se asoman. Entre los efectos que ya se observan y que podemos atribuir al calentamiento global, se encuentran la reducción de los glaciares y las superficies heladas, el cambio en las precipitaciones, el área de distribución de ciertas especies que se ha ido desplazando hacia los polos, entre muchas otras. El panorama se agrava si tenemos en cuenta que este débil compromiso sólo fue adquirido por la Unión Europea y unos pocos países más; mientras que algunos de los mayores emisores entre los países desarrollados —como EEUU, Japón, Rusia, Canadá y Nueva Zelandia— no lo han firmado. Los demás grandes emisores, que no son países desarrollados (como Brasil, China e India), no tienen compromisos de reducción bajo el Protocolo. En total, los países firmantes representan apenas un 15% de las emisiones globales. Otros resultados En la COP18 se aprobó además el denominado “Portal Climático de Doha”, el cual contiene una serie de acuerdos que al final constituyen un avance poco real, siendo más bien decisiones procedimentales que dejan lo concreto a ser decidido a futuro. En lo económico, se reconoció la necesidad de extender el programa de financiamiento a largo plazo hasta 2013, con el objetivo de que los países desarrollados identifiquen maneras de movilizar los 100 mil millones de dólares comprometidos para 2020. ¿De dónde vendrán esos recursos? La interrogante continúa sin respuesta. En cuanto al Fondo Verde Climático (FVC), a pesar de que se reconoce su importancia y se insta a su rápida operacionalización, no se avanzó en su financiamiento ni respecto a la responsabilidad y monitoreo que deberá tener con la COP. Nuestro equipo, así como la delegación de Filipinas, esperaba que se decidieran de una vez los lineamientos que determinarían tal relación (FVC-COP), considerando a la sesión plenaria de la COP como la mejor alternativa. Lamentablemente, sucedió que la tarea no sólo fue postergada, sino que también quedó a cargo del Comité Permanente, lo que resulta preocupante puesto que este último es un órgano independiente sin mucho camino recorrido. Destacable, aunque de nuevo insuficiente, fue la decisión de instaurar un mecanismo de “pérdidas y daños”, que corresponde a un procedimiento de compensación por el cual los países que fueron los principales emisores aceptan compensar los daños ocasionados a los países en desarrollo. Aún si la iniciativa parece acertada, únicamente se decidió que sus arreglos institucionales debieran completarse a fines de 2013. Al final del día, y como cada año, las decisiones tomadas en Doha no impactan en la mitigación del cambio climático ni en la capacidad de los países más pobres para adaptarse al mismo. Parece increíble que cada año se llame a una conferencia mundial, con el esfuerzo y los recursos que implica, para volver a quedar en nada, para no satisfacer a nadie, para seguir discutiendo una y otra vez sobre asuntos que no se deciden. Lo rescatable de la situación actual es quizás la creciente conciencia ciudadana, que se manifiesta cada vez con mayor firmeza para exigir a las autoridades la implementación de otra forma de desarrollo. Por desgracia, en cuanto a una voluntad política que conduzca a verdaderos cambios y avances hacia la solución del problema, lo conseguido es poco.

Enero 22 2013

Genocidio en curso: Los pueblos indígenas y la transnacionalización de la naturaleza

Por Paulo Ilich Bacca, asesor legal de AIDA En 1557, se imprimió en Toledo la colección Cortes de Casto Amor y Cortes de la Muerte, la cual contiene Cenas, pieza teatral en la que un personaje llamado Cacique y su acompañante identificado como “Otro Indio”, comparecen ante un tribunal presidido por Muerte e integrado por San Agustín, San Francisco, Santo Domingo, Satanás, Carne y Mundo. El alegato de los personajes —intitulado males, agravios y rabias— expone sin reticencias que la conversión de sus comunidades al cristianismo conllevó la destrucción de sus territorios y el expolio sistemático de la “India Occidental”. En el veredicto colegiado de la Corte, la culpa de tales hechos recae en la cultura de las víctimas. Por tanto, según los jueces, India resulta responsable de los males, pecados, reyertas y desventuras de Europa. Como lo explica el Relator Especial sobre Derecho Penal Internacional y Defensa Judicial de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Bartolomé Clavero, en su artículo El Genocidio de América ante la Corte de la Muerte, en aquella época no existía voz para calificar la serie de males, agravios y rabias que padecían los indios occidentales. La voz jurídica surgiría cuatro siglos después en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Aunque, en el caso de los pueblos indígenas, permanecería vigente la teoría avanzada por Carl Schmitt, el filósofo político más importante del nacional socialismo, según la cual en el mundo moderno “ya no hay más que conceptos jurídicos indeterminados”. En 1947, el Secretario General de Naciones Unidas presentó un proyecto que incluía explícitamente el genocidio a pueblos indígenas. Sin embargo, Brasil —secundado por Gran Bretaña, Francia y Bélgica, aún metrópolis coloniales— arguyó que dicha cualificación desvanecería cualquier posibilidad de construir Estados, debido a que las minorías terminarían fracturando los valores necesarios para erigir ciudadanías. Dicha interpretación se validó, ya que la vigencia de la Convención se limitó al territorio de los Estados ratificantes; y sólo por petición expresa de los Estados con dominios coloniales a la Secretaria General, los territorios bajo su “responsabilidad” quedarían incluidos (Art. 12). Si bien hoy el Estatuto de la Corte Penal Internacional trae como novedades la superación del paradigma que restringía la competencia de presentar denuncias formales y asumir responsabilidades penales en cabeza de los Estados (Art. 6); la ampliación de los delitos de lesa humanidad al asesinato selectivo y a la desaparición provocada (Art. 7 inc. 1); y el establecimiento de que la Corte puede actuar de oficio (art. 15.1 y 2), el genocidio a los pueblos indígenas sigue en curso. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional by Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) El caso colombiano, tanto por la continuidad del delito de lesa humanidad como por las políticas ambientales que lo están sustentando, resulta paradigmático. La alerta fue lanzada por el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, en su informe La situación de los pueblos indígenas en Colombia: seguimiento a las recomendaciones hechas por el Relator Especial anterior; y ratificada de forma contundente por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Para el Foro, en su informe sobre Derecho Penal Internacional y Defensa Judicial de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el Auto 004 de 2009 “la Corte Constitucional presenta evidencia de crímenes de lesa humanidad y hasta de genocidio sin identificarlas como tales” y dadas las evidencias judiciales “lo que puede sorprender es que de momento el toque de atención del Relator Anaya no haya tenido mayor efecto que sea público”, ni al interior de la justicia penal colombiana ni de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En seguimiento a las órdenes proferidas en el Auto 004 respecto de las personas y pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural, la Corte Constitucional de Colombia ha aportado nuevos indicios de genocidio de los pueblos indígenas Hitnu del departamento de Arauca; Awá de los departamentos de Nariño y Putumayo; y Jiw y Nukak de los departamentos de Meta y Guaviare (Autos 382 de 2010, 174 de 2011 y 173 de 2012, respectivamente). La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha señalado que el genocidio que padecen los pueblos indígenas está conectado con los escenarios de transnacionalización de la naturaleza; y que al menos tres causas estructurales de su continuidad, tienen que ver con la política minero-energética del Estado colombiano. El Sistema de Información de la ONIC demuestra, en primer lugar, que hay una relación directa entre el asentamiento de empresas de extracción minera o de hidrocarburos y el incremento en la violación de los derechos humanos colectivos e inpiduales de los pueblos indígenas. En segundo término, la correlación entre modelo económico y crisis humanitaria, ya que el control de los recursos naturales de los territorios indígenas se ha convertido en una renta de guerra usufructuada por los actores armados. Finalmente, el interés transnacional de controlar los recursos naturales y la biopersidad ha provocado un profundo déficit instrumental de las normas internacionales de derechos humanos. Mientras los Estados aceptan taimadamente dichas preceptivas, aplican de hecho el catálogo normativo del Modelo Corporativo: el caso hito es la omisión repetida del derecho fundamental a la consulta previa que cobija a estos pueblos. En Homo sacer II, el pensador italiano Giorgio Agamben, plantea que la estructura jurídico-política del campo de concentración no es un hecho histórico perteneciente al pasado, sino la matriz oculta del espacio político en que seguimos viviendo. El genocidio en curso a los pueblos indígenas responde al ordenamiento de dicho campo y es una muestra execrable de un estado de excepción convertido en regla. En la era del derecho internacional de los derechos humanos, las responsabilidades por genocidio son imprescriptibles. Sin embargo, el pasaje del enemigo victorioso del filósofo Walter Benjamin está lejos de perder vigencia, pues sigue siendo la justicia sesgada e incapaz de la Corte de la Muerte, la que dicta el veredicto: “Even the dead will not be safe from the enemy if he wins. And this enemy has not ceased to be victorious”. Ni los muertos quedan a salvo del enemigo victorioso y éste no deja de vencer y vencer.

Enero 17 2013

Fotos: AIDA y la Universidad de Tarragona organizan seminario sobre víctimas de daños ambientales

Por Redacción Ambiente y Voz/s Represntantes de persas ONGs de habla hispana se reunieron del 9 al 10 de enero en Tarragona, Cataluña, para asistir al seminario "El Acceso a la Justicia de las Víctimas de Daños Ambientales", organizado por el Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). (Foto: CEDAT) Al encuentro en España asistió elpresidente de nuestra Junta Directiva, Rafael González Ballar, y el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Rovira i Virgili de Tarragona, Alfonso González Bondia. Presentamos algunas fotos que nos proporcionó la asesora legal de AIDA, María José Veramendi, quien participó del evento: El presidente de nuestra Junta Directiva, Rafael González Ballar, y el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Rovira i Virgili de Tarragona, Alfonso González Bondia, inaugurando el seminario "Acceso a la Justicia de las Víctimas de Daños Ambientales". El pasado 8 y 9 de enero, miembros de distintas ONGs se reunieron en Tarragona para ser parte del seminario "Acceso a la Justicia de las Víctimas de Daños Ambientales". El encuentro fue organizado por el CEDAT en colaboración con AIDA. Rafael González Ballar, Presidente de la Junta Directiva de AIDA en la inauguración del evento. Presentación de María José Veramendi, asesora legal de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Presentación de María José Veramendi, asesora legal de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Presentación de María José Veramendi, asesora legal de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Presentación de Rafael González Ballar, Presidente de la Junta Directiva de AIDA. Juan Picolotti, del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) de Argentina. Tania Arosamena, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá y Antoni Pigrau Solé, Director del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT). Úrsula Garzón, del Centro Mexicano de Derecho Amiental (CEMDA) de México y Antoni Pigrau Solé, Director del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT). Manuel Morales, de la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental (ECOLEX) de Ecuador. María Ángelez López Lax, de la Red de Abogados para la Defensa Ambiental (RADA) de España y Antoni Pigrau Solé, Director del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT). De izquierda a derecha sentados: María Ángelez López Lax, de la Red de Abogados para la Defensa Ambiental (RADA) de España; Gabriela Burdiles, de laFiscalía Del Medio Ambiente(FIMA) de Chile; Juan Picolotti, del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) de Argentina; Antoni Pigrau Solé, Director del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT); y Úrsula Garzón, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) de México. De izquierda a derecha de pie: María José Veramendi, asesora legal de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Rafael González Ballar, Presidente de la Junta Directiva de AIDA; Manuel Morales, de la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental (ECOLEX) de Ecuador; y Tania Arosamena, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá. (Fotos: CEDAT) (Con información deMaría JoséVeramendi y Laura Yaníz) Ver el programa del evento: Seminario Internacional: EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS VÍCTIMAS DE DAÑOS AMBIENTALES by Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Enero 14 2013 Transparencia y Rendición de Cuentas, Cambio Climático

¿Por qué es tan difícil obtener financiamiento para enfrentar el cambio climático?

Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna Para hacerle frente al cambio climático, se necesita una serie de acciones que conlleven una solución real. Una de ellas es el financiamiento de acciones de mitigación y adaptación al fenómeno. A pesar de que parece algo muy simple, el conseguir fondos es uno de los desafíos más grandes que tenemos quienes trabajamos en este tema. La verdad es que los países desarrollados tienen la obligación legal de otorgar financiamiento a los países en desarrollo a fin de que éstos desarrollen proyectos para adaptarse al cambio climático y mitigar sus efectos. Lamentablemente, la falta de un compromiso efectivo para dar cumplimiento a ese imperativo se ve año tras año. Esto ocurre pese a que evidenciamos cada vez más las consecuencias que el cambio climático está trayendo al planeta. Pero ¿por qué es tan difícil financiar acciones que vayan en favor de nuestra seguridad, sobrevivencia y la de generaciones futuras? La respuesta no es fácil, aunque debería serlo porque mientras más esperamos, más disminuyen las posibilidades de lograr un desarrollo sostenible y controlar los impactos que el cambio climático tendrá en nuestras vidas. Parece que nos hemos cerrado a mirar sólo el ahora y, como muchas veces no percibimos los golpes generados por el fenómeno, ya que no somos víctimas directas del mismo, subestimamos sus implicaciones en nuestra existencia y en la de los que están por llegar. Un funcionario público me dijo una vez que lo que pasa es que a nuestros políticos les importa únicamente el presente pues creen que lo que viene será responsabilidad de otros. El argumento de muchos es que no existen posibilidades de financiamiento debido a la crisis económica que aún vivimos. Pero bien sabemos que sí hay dinero para financiar guerras (4 billones de dólares gastados sólo por Estados Unidos) y que sí se tienen los recursos para financiar la malversación de instituciones financieras que nos llevaron a una desaceleración en primer lugar (ello le costó al Reino Unido 7 mil millones de libras esterlinas en un año nada más). A pesar de esto, los gobiernos continúan afirmando que no existen fondos para el cambio climático. 18 años después El año pasado se realizó la 18ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Sin embargo, después de 18 años, todavía no vemos compromisos claros que coadyuven a lograr el financiamiento necesario. Al momento tenemos un acuerdo para movilizar hasta 100 mil millones de dólares anuales hasta el 2020, pero nunca hemos dicho cómo, cuándo ni quién es responsable de asegurar que este monto se cumpla. Mientras más esperan nuestros gobernantes para actuar, los desastres naturales son cada vez mayores, los gastos públicos para enfrentar estos cambios se elevan, y las posibilidades para brindar un futuro mejor a nuestros hijos disminuyen. ¿Qué pasa si no hacemos nada, si seguimos postergando la posibilidad de una solución real al cambio climático? Conocí a una mujer de la isla de Kiribati en la COP 18 en Doha, quien, con lágrimas en los ojos, dijo que para ellos el cambio climático se trata de derechos humanos: derecho a un territorio, a un aire limpio, a la cultura, a la sobrevivencia, al sentido de pertenencia y, en definitiva, derecho a la vida. Kiribati es el lugar que ellos llaman hogar, el cual hoy tendrá que ser relocalizado ya que la vida allí no es más posible. Tal vez debamos pensar que ya no es tarea exclusiva de nuestros gobiernos, sino de todos nosotros. Al final del día, el financiamiento que se busca proviene del dinero que pagamos por concepto de impuestos. Pensemos en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, en el mundo que vamos a dejarles en caso de que no exijamos financiamiento claro y oportuno para afrontar los efectos del cambio climático.

Diciembre 18 2012

¿En qué va el proceso de reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos?

Por Astrid Puentes Riaño, co-directora de AIDA, @astridpuentes En junio les conté acerca del proceso que algunos Estados de la OEA iniciaron contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano, para realizar duras reformas que debilitarían su funcionamiento y por ende, nuestra protección a los derechos humanos. Ahora quiero actualizarlos acerca de en qué van las discusiones. Les escribo especialmente ahora para invitarlos a participar, firmando la petición a los Estados para que fortalezcan y no debiliten el Sistema Interamericano. Somos más de 3,000 personas quienes firmamos, únete tu también! Vean nuestro video al Consejo Permanente de la OEA Las perspectivas en junio pasado se veían bien complicadas. Pocas veces había habido una Asamblea General tan tensa como las últimas dos, en especial la última donde el Sistema Interamericano fue duramente atacado, en donde varios Estados incluso solicitaron refundarlo. La Asamblea terminó con un llamado a reformar el Estatuto en Asamblea Extraordinaria de los Estados, algo que nunca ha pasado en la historia de la CIDH. La buena noticia es que parece que los Estados han bajado un poco de intensidad y se vislumbran espacios para el diálogo. La última intervención del representante de Brasil hizo referencia a este proceso en la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente con sociedad civil, concluyendo que la confianza y opciones de negociación han mejorado y que este proceso nos debería llevar a conclusiones donde lo sustantivo que es la protección de los derechos humanos, prevalezca sobre lo procesal. Vean nuestro video al Consejo Permanente de la OEA Es un honor que el Representante citara nuestras palabras. Estamos pendientes que este buen mensaje se transforme en acciones, atendiendo a las solicitudes que la CIDH ha hecho a Brasil, incluyendo respecto a la represa de Belo Monte, y que el gobierno brasileño responda y brinde su perspectiva del caso. Las no tan buenas noticias es que aún el proceso no ha terminado, por lo cual seguimos pendientes de definir cuáles serán y cómo se implementarán las reformas. Por ejemplo, parte de las recomendaciones de algunos Estados incluye que si la Corte Interamericana rechaza medidas cautelares entonces la CIDH también debería hacerlo, lo cual y como lo dijimos, desconoce la diferente naturaleza de la Corte y la CIDH y arriesgaría. La CIDH se ha comprometido a hacer varios informes, que tomaría muchos de sus recursos, que podría afectar la función de protección, es decir avance en los casos presentados violaciones a derechos de millones de personas en el hemisferio. Por ello y partiendo del reconocimiento que el Sistema Interamericano y todos sus actores, no somos perfectos y que hay mucho por mejorar, es esencial que el proceso termine en buenas recomendaciones que busquen su efectividad. Así, AIDA y nuestros demás colegas en el hemisferio continuamos trabajando ante los Estados, la OEA y la CIDH misma, para presentar nuestros comentarios, compartir nuestra experiencia como personas usuarias del Sistema, para evitar que se debilite. Así que te pedimos HOY que te sumes con tu firma y nos ayudes a defender el SIDH y con ello, defender nuestros derechos humanos. Si eres una persona que a nivel inpidual o en tu comunidad crees que alguna decisión de la Comisión pueden usarla en sus casos de represas, minería, proyectos turísticos, libertad de expresión, protección de las mujeres, entre otros… levanta tu voz y une tu firma! ¿Si no eres tú, si no lo hacemos nosotros, entonces quién? Video completo de la sesión En este audio se oye al representante de Brasil citar a AIDA (los últimos 5 minutos).

Diciembre 17 2012 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

¿Hasta cuándo esperará La Oroya?

Por María José Veramendi Villa, asesora legal de AIDA, @MaJoVeramendi “No a las ONGs antimineras…fuera de La Oroya c…”, es una de las pintas que se lee a un costado del camino al ingresar a La Oroya. Esta ciudad —ubicada en los Andes centrales peruanos, a 3.750 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) y a unos 175 kilómetros de Lima— es una de las más contaminadas del mundo y alberga en casa al principal agente contaminante. Al llegar a la ciudad, la vista recae inevitablemente en la enorme chimenea del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), fundado en 1922 por la Cerro de Pasco Copper Corporation y operado por CENTROMIN Perú entre 1974 y 1997, año en que fue adquirido por la empresa Doe Run Company-Doe Run Perú (DRP). Actualmente, y hasta que un banco de inversión concrete su venta, el CMLO es operado por la liquidadora Right Business. Cuenta con circuitos de fundición y refinado de cobre, zinc y plomo, y con un sub-circuito para el procesamiento de otros metales como cadmio, plata y oro. El manejo del CMLO por parte de DRP y Right Business ha sido, por decirlo menos, impune. La compañía ha incumplido las obligaciones asumidas conforme al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), cuyo plazo de cumplimiento fue ampliado en dos oportunidades. Así, el complejo permaneció cerrado desde 2009 y por casi tres años debido a graves problemas económicos y al incumplimiento del PAMA. Tras varios intentos fallidos de DRP por lograr una nueva ampliación del plazo para cumplir con el PAMA, éste venció en marzo de 2012. Sin embargo, el 28 de julio de 2012, el CMLO reinició las operaciones del circuito de zinc sin haberse evidenciado el cumplimiento integral de sus compromisos ambientales. Pero entonces ¿con base en qué instrumento de gestión ambiental se reiniciaron operaciones? La respuesta aún es un misterio y la explicación de las autoridades, inexistente. Demás está decir que mientras el CMLO permaneció cerrado, la remediación de la contaminación brilló por su ausencia. Cabe destacar que para el 28 de agosto y tras el reinicio de las operaciones del circuito de zinc, la Dirección General de Salud (DIGESA) ya había registrado tres situaciones de emergencia, siete de peligro y 15 de cuidado. Hace poco se iniciaron las pruebas de calibración para poner en funcionamiento el circuito de plomo. Según el diario El Comercio, un ejecutivo de Right Business señaló que ello implica que “podrían existir momentos en los que se dispare la emisión de dióxido de azufre. Si esto ocurre, se dan las alertas necesarias para detener las pruebas y ajustar el procedimiento hasta lograr controlar plenamente la operación”. Al hacer una consulta sobre la calidad del aire en La Oroya entre el 3 y el 9 de diciembre, el buscador arrojó cuatro situaciones de cuidado y una de peligro por niveles elevados de dióxido de azufre en la estación de Sindicato, y tres situaciones de cuidado en la estación de Hotel Inca. Esto quiere decir que mientras se realizan las pruebas, la población se sigue contaminando. La Oroya es una ciudad de grandes contrastes. Alberga por un lado a un sector de la población que en su mayoría trabaja en el CMLO y para quienes la contaminación es invisible y los altos niveles de plomo y otros metales pesados en la sangre no representan ningún peligro. Por el contrario, los indicadores son considerados por ese grupo como parte un discurso obstruccionista de las “ONGs antimineras” y de otros oroínos, frecuentemente estigmatizados por, según ellos, querer frenar el desarrollo de La Oroya y del país entero. Del otro lado está el sector de la población que ha decidido poner un alto a la situación y luchar por sus derechos y los de sus hijos y, aunque resulte irónico, por el derecho de todos los habitantes de La Oroya a vivir en un ambiente sano. Hace dos semanas estuve con algunos de estos luchadores y luchadoras, beneficiarios y beneficiarias de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2007 y víctimas de un caso por violaciones a sus derechos humanos, que está en curso ante dicho organismo. Las medidas cautelares obligan al Estado peruano a proveer de un diagnóstico médico especializado para los beneficiarios y tratamiento médico especializado y adecuado para aquellos cuyo diagnóstico demuestre que se encuentran en una situación de peligro de daño irreparable a su integridad personal o a su vida. A la fecha, ello no se ha cumplido a cabalidad y, salvo unas cuantas honrosas excepciones, la atención que han recibido estos hombres y mujeres ha sido, en muchos casos, deplorable. Han sido maltratados y re-victimizados por el sistema de salud. Frases como “esto ya no tiene solución” han sido recurrentes al hacer referencia a su estado de salud o al de sus hijos o hijas. En 2002, Anna Cederstav y Alberto Barandiarán publicaron un excelente libro, fruto de un análisis y seguimiento de los reportes de emisiones atmosféricas de DRP entre 1996 y 2001. En el texto, titulado “La Oroya no espera”, se recomendó a la DIGESA, entre otros, “[i]mplementar en conjunto con la empresa un sistema de evaluación médica y monitoreo para todos los pobladores de la ciudad de La Oroya, particularmente a niños y mujeres gestantes, con la finalidad de atender situaciones de emergencia y evitar más impactos graves a la salud de la población”. Han transcurrido diez años de la publicación y cinco desde las medidas cautelares y pese a que existen protocolos de atención y recomendaciones de grupos de expertos, estos luchadores y luchadoras siguen esperando a que el Estado atienda adecuadamente su situación de salud, repare la violación a sus derechos y ponga un alto a una empresa que opera y contamina de manera impune. ¿Hasta cuándo…?

Diciembre 11 2012

Buenas noticias al cerrar el 2012: ¡Menos azufre, más aire limpio!

Por Gladys Martínez, asesora legal de AIDA Trabajar en AIDA ha significado una búsqueda constante de la defensa del ambiente, no sólo desde escritorio, mediante llamadas y reuniones. Pero también en mi vida privada: reciclar al limpiar (lavar y guardar tarros, botellas, latas, etc. hasta que llegue el día de recolección); cerrar la llave de la ducha aunque el agua esté deliciosa; utilizar la lavadora sólo en horarios de tarifa reducida; no poner el aire acondicionado en casa aunque en los calores de Semana Santa nos derritamos como helados bajo el sol... Sin embargo, y desde los últimos años, tengo todavía un cargo de conciencia: una preocupación grande cada vez que debo manejar a la ciudad; no me refiero a una gran urbe como Bogotá, México D.F. o Lima, sino a San José, la capital Costa Rica. Me veo obligada a conducir ya que nuestro sistema de transporte público está apenas en desarrollo y vivo a 45 minutos de casi todos los sitios de reuniones. ¡Pero la situación promete ser otra! A partir de enero de 2013 los costarricenses podrán respirar un poco mejor, pues el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) anunció que a partir de entonces, la cantidad de azufre en la gasolina y el diesel se reducirá en un 70%. Actualmente, los combustibles utilizados en el país tienen 50 partes por millón de azufre, pero la nueva disposición del Gobierno obligará a los distribuidores a dar productos con apenas 15 partes por millón. Esta decisión apunta a ubicar a Costa Rica como el país centroamericano con combustibles más limpios y a la altura de la normativa más avanzada de países europeos. Abajo se puede ver un gráfico ilustrativo con los niveles de azufre (partes por millón) en el diesel en algunos países del continente, comparados con la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Qué repercusiones positivas traerá esto? El azufre está relacionado con efectos nocivos en la salud de las personas como dificultad para respirar, irritación ocular por formación de ácido sulfuroso e inflamación de las vías respiratorias, edema pulmonar, alteraciones psíquicas, problemas de asma y bronquitis crónica. Al combatir las consecuencias negativas de la elevada presencia de azufre en los combustibles, la medida gubernamental beneficiará sobre todo a quienes son más vulnerables a estos males: niños, mujeres gestantes y ancianos. Por otro lado, la disminución de los niveles de azufre ayudará al mejor rendimiento de los automotores, pues entre más “limpio” sea el combustible, mejor funcionará la computadora del motor. Más avances en la UE El pleno del Parlamento y el Consejo de la Unión Europea acaban de aprobar una disminución del 3.5% al 0.5% —entre 2012 y 2020— en el contenido de azufre de los combustibles utilizados por los buques en aguas europeas. Esto debido a que la contaminación ambiental que estas emisiones provocan deriva en 50 mil muertes cada año.