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Abril 08 2013

La falsedad de un enfado y el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa

Por Paulo Ilich Bacca, asesor legal de AIDA En su Ética a Nicómaco, Aristóteles plantea que cualquiera puede enfadarse y, que en efecto, es algo muy sencillo. Sin embargo, a decir del filósofo griego, “hacerlo con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo”. En lo que va del año, el Gobierno de Colombia no ha parado de mostrar su enojo sobre las implicaciones del derecho fundamental a la consulta previa que cobija a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Un derecho humano —apelando a la terminología de los instrumentos internacionales sobre la materia ratificados por Colombia— se ha convertido de pronto en un “chantaje”, un “laberinto” y una “demora” según los términos empleados en los últimos meses por los Ministros/as de Minas y Energía, Federico Rengifo; de Agricultura, Juan Camilo Restrepo; y de Transporte, Cecilia Álvarez, respectivamente. Los grados, momentos, propósitos y modos del disgusto expresado por quienes “califican” este derecho no han sido diligentes, adecuados, imparciales ni correctos. Por el contrario, desconocen los estándares del derecho a la consulta y rememoran políticas racistas. Estos estándares, producidos en los mecanismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, han sido ingentes. Remito para su verificación a sendos informes del Relator Especial sobre la situación y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este texto, invocando la conocida frase según la cual “aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla”, explicaré las razones para sostener que el Gobierno colombiano está reproduciendo supuestos del discurso colonial y de los lastres latentes de su legado. En la segunda mitad del siglo XX, la elaboración de la Carta de Naciones Unidas fue precedida por la ruina de las teorías que defendían la empresa colonial de las potencias europeas. La estructura de las normas de descolonización promovidas por el sistema internacional en ese periodo histórico ilustra tanto el ánimo de distanciarse del prototipo colonial como las resistencias que ese modelo impuso para garantizar su subsistencia: una de las más notables fue la negación de las formas indígenas de organización política y su carácter previo a cualquier forma de asociación posterior a la colonización europea. El Convenio 107 sobre poblaciones indígenas y tribuales de la OIT (1957) incorporaba las características más notables del paradigma colonial. Su carácter lesivo y retardatario suscitó un debate en el marco del derecho internacional contemporáneo que impulsó, en 1986, a que la OIT convocara a una “Reunión de Expertos” que consideró necesario reparar y revisar los supuestos que sostenían al Convenio 107. En 1989, el cambio de perspectiva se concretó al elaborarse el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la primera norma internacional que garantiza los derechos de los pueblos indígenas. En su Artículo 6, el Convenio 169 determina que el consentimiento indígena es un requisito sine qua non de las consultas llevadas a cabo en aplicación del instrumento. Con ello se pretendía suplir el derecho a la libre determinación, denegado en el Convenio 107. Tal equivalencia obliga a que las medidas susceptibles de afectar a dichos pueblos sean consultadas con sus instituciones representativas; a que la autonomía sea alcanzada cuando el Estado proporcione los recursos para tal fin; y a que, por tanto, no pueda tomarse una decisión sin su consentimiento previo. Hoy el Convenio 169 se complementa con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 (DDPI), la cual es un desarrollo de las normas universales de derechos humanos, particularmente del extremo descolonizador de la Declaración de los Derechos Humanos y lo que le faltaba para tornarse ciertamente universal. Sólo así se puede entender la identidad entre los axiomas contenidos en la DDPI y los principios de los pactos de derechos humanos más importantes. Por ejemplo, el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación consagrado en el Artículo 3 de la DDPI no es más que la reformulación del Artículo 1 de los dos pactos internacionales de 1966. En esa lógica, el aparato normativo de la DDPI se inscribe en el marco general de normas internacionales vinculantes que se fundamentan en otros instrumentos y costumbres, independientemente de su inclusión en la carta de derechos de los pueblos indígenas. La DDPI ha hecho una puntualización decisiva sobre el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados previamente, estableciendo la obligación de alcanzar su “consentimiento libre, previo e informado”. Este estándar constituye jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional de Colombia. Puestos los textos de la historia en contexto y no propiamente para hacerle “más sencillo” el enfado al Gobierno de Colombia, considero que éste debería acompañar el peso de sus labores con altas dosis de ciencia y altísimas de conciencia. En el primer ámbito, tiene a su disposición herramientas suficientes para hacer cumplir los derechos gracias al desarrollo producido en los mecanismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. En el segundo, los funcionarios del Gobierno que “califican” deberían hacer suya la admonición que hiciera el presidente Woodrow Wilson ante la anarquía europea de la primera Guerra Mundial, y que hoy utiliza el Relator Especial sobre la situación y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, James Anaya, en su ya clásico Los Pueblos Indígenas en el Derecho Internacional, para explicar su visión del derecho a la autodeterminación: “No existe en ninguna parte algún derecho que permita pasar pueblos de un soberano a otro como si fueran objetos de propiedad”. Informe del Relator Especial sobre la situación y libertades fundamentales de los pueblos indígenas (2009) Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo

Abril 01 2013

Producción masiva de carne: ¿Qué implica un bistec de supermercado?

Por Florencia Ortúzar, asesora legal de AIDA El tema de la ganadería industrial empezó a llamar mi atención hace ya algún tiempo. Elegí por fin sapr de la cómoda ignorancia para indagar en las imppcaciones que conlleva la carne que llevamos a nuestros platos. Personalmente, me conmueve sobre todo lo que la industria cárnica significa en términos de maltrato y absoluta carencia de respeto hacia los animales, situación inaceptable bajo cualquier punto de vista. Sin embargo, no me dedicaré a tan doloroso aspecto en esta ocasión, sino a algo mucho más práctico. De lo aprendido me sorprendió saber que los impactos ambientales de las granjas industriales que funcionan en Estados Unidos y en todos los países que han industriapzado la forma de producir carne, compiten en igualdad de condiciones con muchas de las actividades humanas que más nos preocupan por la degradación ambiental y la contaminación que producen. Al respecto, me parece importante el aporte de Jonathan Safran Foer, quien reapzó una minuciosa investigación para Comer Animales, su pbro de no ficción pubpcado en 2009.Este autor usó los datos estadísticos más fiables (casi siempre del gobierno, fuentes académicas y de la industria, información que goza de amppo consenso) y además contrató a dos asesores externos para corroborarlos. En términos estadísticos, estudios recientes reapzados por Naciones Unidas y por la Comisión Pew demuestran de manera concluyente que el sector ganadero produce másgases de efecto invernadero que todo el sector de transporte: incluidos vehículos, camiones, aviones, trenes y barcos. La Comisión Pew sobre Producción Industrial Animal fue financiada a través de una beca de The Pew Charitable Trusts al Johns Hopkins Bloomberg School of Pubpc Health para investigar los problemas asociados con la producción industrial de animales de granja, y para hacer recomendaciones que ayuden a resolverlos. Quince miembros de la Comisión, de persos sectores, comenzaron a reunirse a principios del 2006 para iniciar una investigación basada en la evidencia de los perjuicios causados por la industria cárnica, llegando a resultados altamente preocupantes (ver el reporte en la parte final del texto). Además, el método industrial de producción de carne provoca otros gravísimos problemas como: Aumento de la resistencia de las bacterias a los antibióticos debido al uso excesivo; Generación de potenciales pandemias en razón de las nefastas condiciones en que mantienen a los animales (ver un post pubpcado en la web del Programa de las Américas sobre el origen de la influenza porcina); Contaminación del aire, aguas y tierra con residuos animales concentrados; y Desperdicio de vaposos recursos como tierra, comida, agua y energía por la forma desmedida en que son requeridos por este rubro. Los perjuicios derivados de estas granjas no han pasado desapercibidos. Comunidades de todo el mundo han luchado para protegerse de la contaminación y los problemas que ocasionan. En Chile, por ejemplo, tenemos el caso de Freirina, locapdad ubicada en la nortina Región de Atacama, cuyos habitantes se vieron afectados por una planta faenadora de cerdos de la industria Agrosuper, el mayor grupo agroindustrial de Chile. Además de pestilencias insoportables que no dejaron dormir a los vecinos por meses, se sumaron problemas sanitarios que aún continúan impactando directamente en la salud de las personas y en el medio ambiente (ver un recuento del caso en la revista Somos). El grave daño ambiental asociado a estas industrias se exppca principalmente por la cantidad abismal de desechos que producen los millones de animales hacinados, la cual es además tan mal manejada que se vuelve letal para la salud humana y el ambiente. En las granjas tradicionales del pasado, los desechos animales se usaban para fertipzar los campos, que a su vez eran fuente de apmento para los animales, generando así un círculo virtuoso de producción. Pero este equipbrio no puede darse cuando la acumulación de desechos resulta tan gigantesca. La Oficina de Contabipdad General de Estados Unidos ha informado que las granjas industriales pueden generar más residuos que las poblaciones de ciudades completas. De este modo, la fuerza contaminadora de estos residuos es 160 veces mayor que la de los vertederos municipales, y sin que exista la infraestructura para su tratamiento. Lo que sucede es que las fosas donde los depositan —que tienen la extensión de campos de fútbol y profundidades de alrededor de 10 metros— terminan por saturarse y, cuando ello ocurre, rebalsan, contaminando cuerpos de agua y tierra; o bien son esparcidos en los campos como estiércol líquido o se pulverizan al aire. Los beneficios económicos que estas fábricas de carne reportan son enormes, pero sólo porque los costos son externapzados a la población. La contaminación, las dolencias de las personas y la degradación del valor de las propiedades vecinas son aspectos asumidos por todos, menos por quienes se llevan el crédito económico de esta industria. Sin desplazar estos costos al púbpco, Agrosuper y todas las mega agroindustrias que funcionan bajo los parámetros mencionados serían incapaces de producir carne a los bajos precios que lo hacen sin caer en quiebra. El método de la producción industrial de carne, además de aberrante éticamente, no es sostenible en el tiempo. No me siento cómoda dándole lecciones a la gente sobre lo que debería o no poner en sus platos de comida, pero me parece que al menos es justo que salgamos de la cómoda ignorancia sobre lo que imppcan nuestros hábitos apmentarios. Como bien dijo Paul McCartney, quizás con ese despertar llegaríamos más lejos. “A menudo he dicho que si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos seríamos vegetarianos. Los animales criados en granjas modernas y muertos en mataderos tienen que soportar sufrimiento casi inimaginable”. (Paul McCartney) Conoce el documento completo de la Comisión Pew Comission Pew Report: Putting Meaton the Table:Industrial Farm Animal Productionin America by Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Marzo 25 2013

El mar es de todos/as: Cuando la playa es fuente de discriminación

By María José Veramendi Villa, legal adviser AIDA, @MaJoVeramendi "... It is my beach just for my family, out of here, this is restricted area, a whole beach just for my friends, only people like me will be welcome. " (Fragment is my beach , lyrics and music of Chabelos) Every December, when to start the summer in the southern hemisphere, the inhabitants of Lima (Peru) are prepared for the heat and enjoy the cold sea in the South Pacific. Once the first rays of sun, many / as undertake course to the beaches north and south coast of Lima. Unfortunately, the summer also a story that repeats itself every year is given discrimination on the beaches , stark reality reflected, mockingly, in the song of the Chabelos. The Law 26856 , enacted by the Peruvian Congress in December 1997, provides that the coastal beaches are public property, inalienable and use and establishes areas restricted domain. This means that in Peru THERE private beaches . While developments adjacent to the beach are allowed, there must be, at least a thousand yards away a path to free entry to it. Unfortunately, on the beaches of Lima we see many resorts, housing developments and clubs under a slogan of reserve and exclusivity intended to privatize a natural resource which is for use and enjoyment of all / as: the sea . Some social clubs and buildings surround the entire perimeter of access to the beaches by the arrival of the sea is an almost impossible task. As this could cite a whole list of obstacles to reach vacationers enjoy the long - awaited sea in some areas a privileged social class has decided to reserve for personal use . Unfortunately, the situation does not end there. Who actually manage to overcome the obstacles and reach the sea, they encounter security guards who care revenue "private" beaches. Deny access by their standards, color of "suitable" skin or who do not appear to be a "wealthy" social class under the excuse that they are not residents of the resort or club members. Discrimination in Lima society reaches its highest point in spas where domestic workers can only swim in the sea at certain times, usually from five in the afternoon. In addition, employers are forced to wear uniforms on the beach and in social clubs. The Supreme Decree 004-2009-TR established that constitutes an act of discrimination to domestic workers required to wear the aprons, aprons or any other distinctive garment spaces or public places such as parks, plazas, beaches, restaurants, hotels, shops , social and similar clubs. However, it appears that the law does not apply to certain beaches. In 2007, in the exclusive resort of Asia (south of Lima), an operation called "Employee Daring" was performed. In it, nearly 700 people , including domestic workers, journalists, human rights activists and artists, among others banded together to form a human chain in front of the sea and claim the end of racism at the spa. Five years of operating, would give the impression that little has changed and that despite having legal protection and ratifying international instruments of human rights protection prohibiting discrimination, it washes the shores of Lima same way as its cold water. That part of Lima society that encourages or is indifferent to such acts of discrimination requires lose its exclusivity cloud; You need strong authorities to require the strict compliance with the law and a dose of reality and humility to recognize your neighbor as a person with the same rights . Only in this way it will be possible to live in an egalitarian society where the unquestionable fact of nature that respects the sea is all / as . Video Operation "Employee Audacious" (2007). Source: YouTube / Kinuatv

Marzo 19 2013

Caminemos hacia un desarrollo sostenible de frente al mar

Por Haydée Rodríguez, asesora legal de AIDA El territorio marino de Costa Rica, que abarca 580,000 km2, es 11 veces más grande que su territorio terrestre: 51,100 km2. Sin embargo, a pesar de la relevancia que debería darse a los océanos en ese país, éste se ha desarrollado de espaldas al mar. No existen datos oficiales que reflejen el valor económico total de los océanos en Costa Rica. Sin embargo, se estima que tan sólo la pesca turística genera cerca de un 2% del PIB, equivalente a US$1.1 miles de millones. El pasado 21 de enero, 280 tortugas lora y verde fueron encontradas muertas en el Golfo Dulce (Pacífico sur de Costa Rica), según información publicada por el diario La Nación. A casi 2 meses después de lo ocurrido, el Gobierno no ha hecho nada para evitar que situaciones de ese tipo se repitan. Barcos de mediana y avanzada escala buscan peces vela y dorado en las afueras del Golfo Dulce. Usan como arte de pesca el palangre (cordel largo y grueso que se extiende por kilómetros del que cuelgan a ramales con anzuelos en sus extremos), que ha sido reconocido a nivel internacional como causa de muerte incidental de tortugas. En Hawái, por ejemplo, se ha logrado prohibir el uso de palangre en una determinada época del año y a cierta distancia de la costa, lo que ha reducido el número de especies atrapadas incidentalmente. Un primer informe realizado por la organización WideCast señaló que la causa de la muerte de las tortugas halladas en el Golfo Dulce está relacionada directamente con la actividad pesquera, ya sea por enredamiento en líneas de pesca o por traumatismos con anzuelos. El informe del Gobierno, emitido algunos días después, menciona como la principal causa la presencia de parásitos intestinales producto de la marea roja y las fuertes lluvias en la zona. Tras conocerse esta versión oficial, el seguimiento de los medios de prensa al caso desapareció y los informes relativos al mismo se encuentran ahora archivados en algún escritorio. Cuando algo sucede en tierra, en nuestra ciudad o vecindario, parece que nos sentimos más identificados, parece que lo recordamos más y que es más difícil darle la espalda. La historia es distinta cuando la tragedia tiene lugar en el mar. Es cierto que existe una conciencia y sensibilidad emergentes hacia la conservación de los espacios marinos en Costa Rica. Ello se refleja en los esfuerzos por crear áreas marinas protegidas y áreas marinas de pesca responsable. Lo anterior ha generado un debate sobre los temas marinos, algo relegado años atrás y que ahora se convierte en un reto vigente. Sin embargo, esto no es suficiente. Las políticas públicas y el actuar del Estado deberían desarrollarse siempre de frente al mar. ¿Qué hacer? Pese a que de forma aislada no constituye una solución a todos los problemas, considero que la mejor opción es iniciar un proceso de ordenamiento especial marino que permita coordinar acciones, realizar zonificaciones y plantear estrategias claras sobre el manejo de los recursos marinos en Costa Rica. De manera complementaria, deben realizarse reformas a la ley para prohibir del todo o para al menos regular efectivamente el uso de palangres. Esto puede hacerse especificando tiempos máximos de remojo de las artes de pesca (por cuánto tiempo y a qué hora es posible dejar el palangre en el mar), eliminando el uso de carnada viva y permitiendo únicamente el uso de anzuelos grandes que permitan la liberación de especies no objeto de pesca. Está claro que ni el ordenamiento espacial marino ni las reformas legales serán mecanismos efectivos sin instrumentos que permitan llevarlos a la práctica. Deberíamos considerar la obligatoriedad de llevar observadores a bordo de las embarcaciones que den fe del manejo adecuado de las artes de pesca y de la liberación de la pesca incidental. Escribo estas líneas con la esperanza de que el olvido quede atrás. La única forma de recordar y actuar es comprendiendo nuestro vínculo con el océano en todas nuestras acciones. No le demos más la espalda. Vivamos de frente al mar.

Marzo 13 2013 Grandes Represas, Cambio Climático, Derechos Humanos

La sociedad civil y su lucha contra las mega represas en América Latina

Por Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, @sandra_moguel Hace ya más de diez años que la Comisión Mundial de Represas concluyó que estas grandes represas no son la opción adecuada para la generación de energía y que su operación y construcción generan un costo medioambiental y social enorme. Sin embargo, este tipo de proyectos todavía se siguen promoviendo en América Latina. En el marco del Día Internacional de las Acciones por los Ríos en contra de las Represas, a celebrarse este 14 de marzo, quiero recordar algunos de los casos en los que trabaja la sociedad civil, cuyo papel se ha mostrado vital para enfrentar el problema. La tercera Perspectiva Mundial sobre la persidad Biológica de la ONU (reapzada en mayo de 2010) encontró que las especies de agua dulce se están perdiendo a un ritmo aterrador debido a las represas. La construcción de hidroeléctricas ocasiona la pérdida de bosques y hábitats naturales, de poblaciones de especies endémicas como el huemul (un tipo de ciervo), en el sur de Chile. La lucha contra HydroAysén en Chile Ello motivó a que un grupo de organizaciones, académicos, comunidades e interesados crearan un movimiento denominado La Patagonia Chilena pbre de Represas. Éste se opone a las mega represas promovidas por HydroAysén en esa zona y busca una reflexión de las opciones que se tienen para generar energía pmpia en Chile, así como una revisión de las lecciones aprendidas en el tema de las hidroeléctricas y los derechos humanos. Las represas Elwha y Cañón del Gpnes en Estados Unidos En Estados Unidos, la presión social y de grupos ambientapstas consiguió que se emitiera la Ley de Recuperación de las Pesquerías y de los Ecosistemas del Río Elwha de 1992, con la cual se obtuvo autorización para demoler y decomisar las represas Elwha y Cañón del Gpnes, ubicadas dentro del Parque Nacional Olympic. El río Elwha es un sitio sagrado para la tribu Klallam, la cual venera al salmón endémico salvaje que habita en sus aguas. La represa Baba en Ecuador Destaca en la mayoría de los casos que los estudios de impacto ambiental de las hidroeléctricas son en general incompletos. Por ejemplo, el caso de la represa Baba en Ecuador. El auditor oficial del Contralor de la Repúbpca de Ecuador estableció que los planes fundamentales del proyecto estaban incompletos y carecían de medidas de mitigación para reducir el daño ambiental producido por la acumulación de sedimentos en la represa. En 2007, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Corporación de Derecho y Gestión Ambiental (ECOLEX) presentaron argumentos para anular los permisos de esta represa que violaba el derecho ambiental y las obpgaciones internacionales de Ecuador. Belo Monte en Brasil También es muy común que los desarrolladores las construyan sin una adecuada participación de las comunidades afectadas y sin estudios previos de impacto social como es el caso de la hidroeléctrica Belo Monte en Brasil. En lugares tropicales, estos proyectos pueden llegar a emitir tantos gases de efecto invernadero como una planta de carbón, lo que no es considerado por los evaluadores. Entretanto, las comunidades locales asumen los costos e impactos extremadamente negativos y las grandes industrias consumidoras de energía reciben los beneficios. Es por ello que AIDA trabaja junto con otras organizaciones y el Movimiento Xingú Vivo para combatir la ilegapdad de Belo Monte. Las Cruces en México En México, las batallas contra las hidroeléctricas han sido pbradas por el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y Defensa de los Ríos (MAPDER), mismo que ha interpuesto demandas para hacer valer los derechos humanos de las comunidades afectadas. Tomando en cuenta el argumento anterior, un grupo de diplomáticos y expertos de la Convención Ramsar —un tratado que protege humedales de importancia prioritaria internacional— visitó la región de Marismas Nacionales, ubicada en Nayarit (México), donde se pretende construir el proyecto hidroeléctrico Las Cruces. La delegación hizo Recomendaciones de manejo ambiental y social al Gobierno mexicano en las que le piden tomar en cuenta la Resolución VIII de la Convención (ilneamientos para la asignación y el manejo de los recursos hídricos a fin de mantener las funciones ecológicas de los humedales). Esas Recomendaciones urgen además a: la evaluación de los impactos del proyecto Las Cruces; la formulación de medidas de manejo con la activa participación de las comunidades indígenas Náyeri asentadas en el área de influencia del proyecto; y a la caracterización de los sitios sagrados, costumbres y famipas a reubicar, así como de la comunidad receptora. Hidroeléctricas Aguamilpa y El Cajón en México Millones de personas que viven río abajo de las represas han visto sus medios de subsistencia seriamente dañados y la productividad futura de sus recursos, en pepgro. Así ocurrió con las comunidades afectadas por las hidroeléctricas Aguamilpa y El Cajón en México, a cuyos pobladores las autoridades les prometieron capacitación, equipo, permisos y asesoría para generar turismo enfocado en la pesca deportiva. Costo beneficio AIDA generó una publicación que analiza las Recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas (CMR) y los casos de grandes represas en América Latina, entre los que se mencionana algunos de los descritos este texto. En conclusión, las ganancias económicas para los constructores y vendedores de la energía producida por las represas son altísimas. Sin embargo, en el anápsis del costo/beneficio no se toman en cuenta los impactos sociales y ambientales. Por esta razón, el trabajo de la sociedad civil es y seguirá siendo trascendental para evitar que estos proyectos sean todavía una alternativa, sobre todo en ecosistemas frágiles o sagrados.

Marzo 04 2013

Páramos = agua = vida

Por Héctor Herrera, asesor legal de AIDA, @RJAColombia Es imperativo proteger a los páramos de los riesgos que actualmente amenazan su existencia, como la minería o la agricultura extensiva. Esto porque, entre otras razones, estos entornos son la fuente del 70% del agua dulce en Colombia, un recurso sin el cual difícilmente se puede vivir. Los páramos son ecosistemas de montaña que se desarrollan por encima de los bosques andinos, a alturas que pueden ser superiores a los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Por su ubicación en la zona ecuatorial, tienen clima frío todo el año, y sus suelos de origen volcánico suelen ser muy fértiles. La gran mayoría de los páramos se encuentra en Colombia (42,48%) y Ecuador (37%), aunque también los hay en el norte de Perú, el occidente de Venezuela y en Costa Rica. Los páramos tienen características que los hacen vitales, pues prestan servicios ecosistémicos muy relevantes. Son hogar de especies únicas en el mundo: seis de cada 10 especies de plantas que se encuentran en los páramos sólo habitan allí. Cumplen funciones de mitigación y adaptación al cambio climático importantísimas; la concentración de materia orgánica en los suelos de los páramos permite almacenar carbono en mayor proporción que en otros ecosistemas. Asimismo, cualquiera que haya tenido el privilegio de visitarlos puede dar fe de la espectacularidad de los paisajes que conforman. Tomando en cuenta estos rasgos, los páramos son un lugar privilegiado y con potencial para la investigación científica. Además, su característica más significativa para la vida es que son una gran fuente de agua dulce. Debido a su clima frío y suelo orgánico, son ideales para recoger, filtrar y regular el agua que llega por lluvias, neblinas y deshielos. El páramo libera luego agua limpia y pura de forma constante. Al conocer la importancia de estos ecosistemas, resulta increíble que estén enfrentando numerosos y graves riesgos en la actualidad. Uno de ellos es el cambio climático, que aumenta la temperatura en los páramos, mismos que al estar ubicados en alta montaña, no tienen pisos térmicos más fríos a los cuales desplazarse. Por otro lado, la ganadería y la agricultura extensivas (en especial de papa) afectan extensiones considerables de páramos. La deforestación o reforestación con especies foráneas son también una amenaza, así como la falta de conocimiento sobre su importancia y características. No podemos olvidar que los páramos son islas geográficas en las cordilleras en las que se ubican, separadas de sus similares por miles de kilómetros de planicies. Como si todo lo mencionado fuera poco, a raíz del mayor interés que la extracción de minerales ha cobrado últimamente, ahora hay algunas iniciativas para desarrollar proyectos mineros en páramos colombianos, sea en sus fases de exploración o de explotación. Puede conocer más detalles al respecto en el artículo Minería en los páramos: el agua vale más que el oro de la revista digital Razón Pública. Entonces, considerando el carácter vital de los páramos, destacando que de ellos depende el acceso al 70% del agua dulce de los colombianos, y reconociendo los riesgos que enfrentan hoy en día; la necesidad de protegerlos, cuidarlos y recuperarlos es indudable. ¿Qué puedo hacer para que las futuras generaciones puedan maravillarse con la belleza de los páramos y beber su agua dulce? Esa es la pregunta que les invito a responder. Por ahora les sugiero revisar el libro Páramos del mundo, editado por Robert Hofstede, y el Atlas de Páramos, editado por el Instituto Humboldt, para aprender más sobre estos valiosos ecosistemas y verificar la información aquí mencionada. Pueden además enterarse de lo que se está haciendo para proteger el páramo de Santurbán (Santander, Colombia) visitando el sitio web de AIDA. Finalmente, les insto a firmar la petición de Avaaz ¡Operación páramo ya! Para más información sobre la defensa del ambiente, pueden seguir a @RJAColombia en Twitter.

Febrero 25 2013

CAPS: Cuando la comunidad trabaja por el acceso al agua potable

Por Tania Paz, asistente general de AIDA,@TaniaNinoshka “Si estamos en problemas, la misma agua es viva, se nos seca; entonces ¿qué tenemos que hacer? Organizarnos más...querernos más”. Luis Adolfo Fargas, CAPS- San Francisco de Asís, Rivas, Nicaragua Millones de personas carecen de agua potable alrededor del mundo. La mayoría de ellas vive en el campo. UNICEF (2012) determinó que “de los 783 millones de personas aún sin fuentes mejoradas de agua potable en 2010, 653 millones son de las zonas rurales”. Lleva agua a casa. En países con altos niveles de pobreza como Nicaragua, donde los gobiernos centrales y locales no pueden abastecer de agua potable a toda la población, cobran relevancia otros actores que buscan defender este derecho humano. Uno de estos actores son los llamados Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) que trabajan en la zona rural del país. Según la ley especial para los Comités de Agua Potable y Saneamiento (Ley 722), los CAPS son organizaciones comunitarias sin fines de lucro e integradas por personas naturales electas democráticamente por la comunidad, como instrumentos que contribuyen al desarrollo económico y social, a la democracia participativa y la justicia social de la nación; creando, en este caso, las condiciones necesarias para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento a la población en general. En Nicaragua existen unos 5,200 CAPS que benefician a casi 1 millón 200 mil personas. La Red Centroamericana de Acción del Agua FANCA indica que “en Centroamérica existen más de 30 mil comunidades abastecidas por sistemas de acueductos comunales, autogestionarios, sin fines de lucro que proveen de agua a cerca de 15 millones de personas, lo que representa casi un 30% de la población regional”. ¿Cómo llevan agua a la comunidad? “La necesidad es la madre de los todos los inventos”, versa un famoso refrán. Y es que la necesidad constituye precisamente el primer paso para la formación de un CAPS. Cuando la comunidad visualiza que carecer de agua potable afecta fuertemente su calidad de vida, y que los gobiernos no darán respuesta a este problema, deciden financiar la construcción de sistemas de agua potable. Para ello, los pobladores no sólo donan parte de su dinero, sino también mano de obra para las labores de construcción: de ella participan hombres, mujeres, adolescentes y niños de la propia comunidad. Una vez construido el sistema de agua, la comunidad formula y diseña las normas de operación del sistema, y las reglas que regirán su aprovechamiento. Es por eso que los CAPS se conocen como grupos auto gestionados en los que ninguna autoridad gubernamental interviene. La instalación de sistemas de agua en las comunidades mejora la calidad de vida de las personas, dado que sus habitantes ya no tienen que caminar más de 1 o 2 km diarios para ir por agua hasta otra población. Ahora acceden a agua más limpia y de calidad y, en el caso de las mujeres, esto representa un cambio significativo en su forma de vida. Algunos de los retos Son muchos los desafíos que grupos de ciudadanos como los CAPS enfrentan para dar continuidad a su trabajo y/o para lograr el pleno cumplimiento del derecho humano al agua potable y saneamiento. En el documental El Agua junta a la Comunidad, Reyneris Soza, miembro de la Asociación para el Desarrollo de Municipios (ADM), señala que algunos de los retos son la promoción de tecnologías para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como la obtención de tecnologías que permitan un mejor uso y aprovechamiento del agua. Por su parte, una experiencia en Tanzania (2008) reveló que en las comunidades se asignómayor prioridad al abastecimiento de agua potable que a las labores de saneamiento e higiene, debido a que este último rubro es considerado como cuestión privada e inpidual (dentro del hogar o la familia) y no como algo público o comunitario. Se trata de un desafío clave para grupos como los CAPS y para usuarios de servicios de provisión de agua en general. Por último, una de las principales tareas que los CAPS deben cumplir es pasar de un modelo de aseguramiento del acceso al agua potable a uno de protección de las fuentes de agua, a través, por ejemplo, de la incidencia en las políticas públicas. La existencia de los CAPS en el contexto local y nacional de Nicaragua representa no sólo un gran paso para el cumplimiento del derecho humano al agua potable y saneamiento. Son muestra también de la generación de nuevos espacios de participación, aquellos que, a decir de Andrea Cornwall (2002), generan sociedad civil y, sobre todo, ciudadanía.

Febrero 20 2013

El agua embotellada en México, en manos de empresas de EU y Francia

La francesa Danone y las estadounidenses Coca Cola y PepsiCo controlan 82% de las ventas de agua embotellada en México, informó el diario El Economista de México en octubre de 2010. Esta acumulación de mercado en manos de empresas extranjeras muestra un triple fracaso de los gobiernos de México: Por incumplir su obligación de proporcionar agua potable de llave. Por no informar sobre la calidad del agua y dar paso a la desconfianza. Por dejar avanzar el domino de empresas de otros países. Por miedo a enfermedades intestinales o por una verdadera deficiencia en la calidad de este recurso natural, los mexicanos tenemos que gastas entre 2 y 5 mil pesos al año en agua de garrafa y botella, cuando el derecho al agua quedó establecido en la Constitución de México en 2011 y como un derecho humano por las Naciones Unidas en 2010. Las marcas de agua embotellada con más presencia son: Bonafont (adquirida por los franceses en 1985) del Grupo Danone, que recauda 38% de los ingresos que genera el rubro; Ciel de Coca Cola (que llegó a México en 1996), con 25% de recaudación y EPura (creada en 2004) de Pepsico, con 19%. Electropura, ahora también de capital extranjero, fue adquirida por Pepsico en 2002. De acuerdo con información de su sitio en internet, la empresa registra ganancias anuales por 65 mil millones de dólares, es decir, 845 mil millones de pesos, aproximadamente cuatro veces el presupuesto anual con el que cuenta la Secretaría de Educación en México. Con esos presupuestos, pueden armar campañas inmensas en medios que el gobierno ni siquiera crea. También podos hablar del caso Peñafiel. La firma poblana creada en los años 20 cambió de nombre a Manantiales Peñafiel en 1958 y fue adquirida en 1992 por el grupo británico Cadbury Schweppes. Años después, tomó el nombre de Dr. Pepper Snapple Group. Aunque en México la empresa recuperó la denominación de Grupo Peñafiel, la mayoría de sus ganancias se van al extranjero. Esta multinacional es hoy la tercera refresquera más importante del país, según El Financiero. Pureza Vital y Santa María de Nestlé, también envían sus ganancias a Francia. Santa María es producida por Water Partners Mexico, empresa conformada por Nestle Waters y Grupo Modelo. Esta última es quien distribuye el producto desde hace algunos años. El director general de Water Partners Mexico, Gerard C. Signoret, dijo que el mercado del agua embotellada en México está siendo impulsado por la estrategia del gobierno y de la comunidad para modificar los hábitos de la gente. “El mercado crece y se mantiene esa tendencia”, afirmó el prominente empresario, a finales de 2011, en declaraciones a El Financiero. La botella De acuerdo con El Economista, aproximadamente 90% del costo del agua embotellada se debe al envase y el líquido puede llegar a venderse hasta 10,000 veces más caro que su costo de obtención. Así lo menciona el texto firmado por Leticia Gasca Serrano. Así, por el mismo precio de una botella de agua (que varía entre 3 y 40 pesos) podríamos obtener 3,000 litros del líquido vital de grifo. En algunos casos, sorprendentemente, un litro de agua embotellada resulta más caro que uno de gasolina. Una botella PET, en la que se comercializa el agua, puede tardar hasta 1,000 años en biodegradarse. Ello significa que lo que se consume hoy terminará su proceso “ecológico” en al menos 15 generaciones, informó El Economista. Pero las marcas ponen el logotipo de reciclado en sus botellas y se anuncian como empresas responsables y hasta diseñan los envases con colores verdes y sellos de “ecológicos”. Un ejemplo de la desfachatez con la que proceden algunas empresas del rubro se dio en 1994 en Reino Unido, donde se comprobó que la nueva marca de Coca Cola, llanada Dasani, era agua de la llave que se vendía como un producto sometido a un “alto y sofisticado proceso de purificación”, basado en tecnología de la Nasa, cuando en realidad era procesado en unidades de purificación domésticas. Responsabilidad personal Muchos ciudadanos responsables hierven el agua, pero aún así tienen dudas sobre si es verdaderamente potable. Otros consumen agua embotellada de garrafón, la más común, pero la llevan en termos y recipientes para no comprar botellas inpiduales. Un ejemplo de la poca información disponible sobre la calidad del agua que proviene de la llave es el caso de la capital de Coahuila. La Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo ha cuestionado la presencia en la ciudad de la empresa extranjera Aguas de Barcelona (de España), que sorprendentemente administra la empresa paramunicipal Aguas de Saltillo. El presidente de la organización, el ciudadano Rodolfo Garza, ha puesto en duda la calidad y los informes gubernamentales sobre la calidad del agua con la que se abastece a la población. “La Secretaría de Salud proporcionó información incompleta, según exámenes externos el agua contiene gran cantidad de sales y carbonato de calcio, lo cual hace que el líquido forme sedimentos en las tuberías y las tape", denunció el activista en 2012. ¿Cuándo dejamos los mexicanos de tomar agua de la llave?¿Cuántas campañas recientes y exitosas hemos visto sobre el tema de la calidad del agua a cargo de la Conagua y los organismos estatales? La mayoría de las campañas se centran en el cuidado del recurso natural, pero omiten hablar de la calidad. ¿Qué tan responsables son los gobiernos que dieron pie a desconfiar del agua de la llave? La siguiente campaña, de Conagua, por ejemplo, trata más de prevención que de confianza: La complicidad de las autoridades para incrementar la desconfianza es lo que ha hecho que las empresas extranjeras expandan su dominio en el mercado mexicano. En otros países, por ejemplo, cada recibo de agua contiene los resultados de estudios de calidad del agua potable en la zona a la que corresponde, algo que en nuestro país y en muchos de América Latina es impensable. Este mes de febrero, el Congreso debería discutir la Ley General de Aguas en México. Varios grupos de la sociedad civil y académicos expertos ya enviaron propuestas sobre lo que debería contener, como lo ha señalado la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) que agrupa a organizaciones civiles. Veremos si el nuevo gobierno y el Congreso de la Unión continúan validando este manantial de impunidad.

Febrero 11 2013

Si fuera Estado, ¿obedecería sólo cuando me guste o me convenga?

Por Astrid Puentes Riaño, co-directora de AIDA, @astridpuentes En 2012, Colombia y Guatemala recibieron importantes sentencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), respectivamente. Ambos Estados están en desacuerdo con las decisiones, la primera por diferendo limítrofe y la segunda por violaciones a derechos humanos por masacres y desapariciones durante los años 80, y por ello amenazaron con incumplirlas o reinterpretarlas. ¿Estarán perdiendo fuerza el derecho internacional y sus cortes y disminuyendo la voluntad de los —o de algunos— Estados para acatar los fallos? O ¿se estarán volviendo demagógicos los gobiernos y para complacer a algunos, amenazan con incumplir las sentencias internacionales? Estas reacciones evidencian que estamos ante una parte de ambos escenarios, los dos igualmente preocupantes. Espero que los gobiernos y los Estados analicen la situación y rectifiquen. 2007: “Lo que defina la corte de La Haya, lo respetamos totalmente”, ¿y ahora? En noviembre de 2012, la CIJ decidió el conflicto limítrofe por las Islas de San Andrés y Providencia, los cayos y el mar territorial, entre Colombia y Nicaragua. Aunque la Corte le dio la razón a Colombia en la mayoría de los puntos, redefinió el límite del mar territorial dando a Nicaragua una importante franja marina, hasta el momento colombiana. Esto fue lo que más trascendió en Colombia y generó una dura reacción en algunos sectores, quienes exigieron al presidente Juan Manuel Santos incumplir la decisión. Incluso el ex presidente Álvaro Uribe dijo que “Colombia no debe acatar el fallo”, aunque en 2007, siendo Presidente prometió a Daniel Ortega, su par nicaragüense, respetar “totalmente” la decisión, cualquiera que fuera. La rebeldía contra la CIJ llegó a tal punto que Colombia anunció su retiro del Pacto de Bogotá: el tratado firmado en 1948 para solucionar pacíficamente controversias entre estados. Es irónico que el país donde se firmó el Pacto se retire del mismo para evitar que se cumpla. Esto además no tiene efectos prácticos a futuro. Colombia renuncia también a la tradición de respeto a las normas internacionales. ¿Habría entonces que cambiarle de nombre al Pacto? Corte IDH: Guatemala violó derechos humanos para construir la represa Chixoy La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en septiembre de 2012 una sentencia contra Guatemala por la violación de derechos humanos derivada de la masacre a la comunidad de Río Negro, realizada durante los años 80 para construir la represa de Chixoy. En consecuencia, la Corte ordenó a Guatemala investigar los hechos y sancionar a los responsables; indemnizar a los familiares de las víctimas; y mejorar la infraestructura de la comunidad afectada por los hechos, entre otras cosas. Tres meses y otras dos sentencias condenatorias de la Corte IDH después, el Gobierno guatemalteco publicó un acuerdo “reinterpretando” la voluntad del Estado, y en consecuencia, desconociendo las sentencias referidas ahechos ocurridos antes de 1987, es decir, prácticamente todos los cubiertos por las tres sentencias. Tras grandes presiones internas y externas de persos sectores, incluyendo la propia Procuraduría de Guatemala, el gobierno echó para atrás este acuerdo y por ende se presume que reitera su voluntad de cumplir. Dura lex, sed lex (Dura es la ley, pero es la ley) Jurídicamente, rechazar el resultado de estas cortes es inviable, dado que ambos Estados han reconocido su jurisdicción (autoridad) para decidir sobre casos relacionados con dichos países y las circunstancias que se discuten. Los Estados pueden arrepentirse de que las cortes decidan, pero esto tiene una consecuencia futura. La razón es obvia: todos los Estados que pierdan una decisión buscarían excusas para incumplirla, justamente como hacen ahora Colombia y Guatemala. Desde el punto de vista político, los Estados pueden negarse a cumplir. Sin embargo, ello viola la buena fe de las partes, elemento fundacional del derecho internacional que garantiza que los Estados que se someten a ciertas reglas tengan la expectativa cierta que sean cumplidas, sin discriminación respecto de quién se trate. Después de todo, es algo esencial en la existencia del derecho que evita arbitrariedades y la solución de controversias por la fuerza. Al final, se trata de la protección que tenemos todos: Estados y ciudadanos. Por ello, el mensaje que mandan los gobiernos de Colombia y Guatemala (que afortunadamente rectificó) es peligroso porque incluso cuando estos Estados necesiten protección frente a posibles agresiones o malos entendidos con otros Estados, habrán perdido su autoridad para recurrir al derecho internacional en su defensa. De otra parte y según estas reacciones, los ciudadanos podríamos obedecer las normas y las decisiones de los jueces sólo cuando éstas favorezcan nuestros intereses. Así, podría comenzar a pagar los impuestos que me parezcan justos y a pararen los semáforos cuando lo considere conveniente. Sin duda, esto suena extremo, pero interpretar o rechazar la decisión de una corte internacional, que es la suprema autoridad en la materia, me parece igualmente extremo. Celebro que Guatemala haya retrocedido en su decisión y reconocido su error. Entiendo que las violaciones a derechos humanos por las que se le condenó son duras y vergonzosas para el país. Justamente ahora tienen la oportunidad de admitirlo y remediar la situación, demostrando que los años de impunidad para estas violaciones han terminado. En cuanto a Colombia, espero que después de la aparentemente patriótica reacción al anunciar el retiro del Pacto de Bogotá, el gobierno de Santos recapacite y decida continuar honrando la tradición y el Pacto que lleva su nombre. Ojalá haga un balance de lo que perdería el país al rechazar la decisión y busque alternativas, en el marco de las normas, para proteger a las comunidades afectadas con la decisión de la CIJ. Mi postura puede explicarse quizás porque soy abogada y tengo el hábito de pensar que todo se debe resolver mediante las normas, pero me parece la decisión más inteligente y más honrosa que se puede tomar.

Enero 28 2013

Cumbre sobre Cambio Climático: El 18avo intento…y aún sin gloria

Por Florencia Ortúzar, asesora legal de AIDA La XVIII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático terminó sin gloria el pasado mes de noviembre del 2012. Es triste reconocer que la desilusión que se da año tras año ya no sorprende a nadie, aunque sí revive el sabor amargo de una preocupación cada vez más alarmante. Parece una cruel paradoja que los países que causaron el aumento de temperatura mediante una historia de emisiones descontroladas, sean hoy los privilegiados del mundo. Así lo entienden los expertos cuando predicen los impactos distribucionales del cambio climático en países pobres y ricos, concluyendo que los menos desarrollados son los condenados a mayores dificultades. Interesantemente, si bien factores como la riqueza y la tecnología influyen en las posibilidades de adaptación, la razón más importante para la vulnerabilidad de los países pobres tiene que ver con su ubicación en el globo, ya que, a menor latitud, mayores temperaturas, de acuerdo a lo publicado por el académico de la Universidad de Yale, Robert Mendelshon en un texto llamado "The distributional impact of climate change on rich and poor countries". (Ver PDF) Peor aún es el hecho de que los países más afectados no cuentan con los medios económicos o capacidades para adoptar medidas efectivas de mitigación, adaptación o para hacer frente a pérdidas y daños. Están atados de manos y con la sola esperanza de ser salvados por sus hermanos ricos, quienes miran indecisos desde el otro lado del planeta. Lo concreto en Doha El logro más importante de esta COP18 fue la resolución de prolongar el Protocolo de ioto por un segundo período: de 2013 a 2020. Si bien se rescató el único documento vinculante que existe actualmente, los compromisos que éste contiene son sabidamente insuficientes frente a las necesidades del caso. Los países firmantes se comprometieron a reducir sus emisiones en 18% para 2020, comparando éstas con las de 1990. Sin embargo, la ciencia establece que deben reducirse en 40% si se busca evitar los efectos irreversibles del cambio climático que ya se asoman. Entre los efectos que ya se observan y que podemos atribuir al calentamiento global, se encuentran la reducción de los glaciares y las superficies heladas, el cambio en las precipitaciones, el área de distribución de ciertas especies que se ha ido desplazando hacia los polos, entre muchas otras. El panorama se agrava si tenemos en cuenta que este débil compromiso sólo fue adquirido por la Unión Europea y unos pocos países más; mientras que algunos de los mayores emisores entre los países desarrollados —como EEUU, Japón, Rusia, Canadá y Nueva Zelandia— no lo han firmado. Los demás grandes emisores, que no son países desarrollados (como Brasil, China e India), no tienen compromisos de reducción bajo el Protocolo. En total, los países firmantes representan apenas un 15% de las emisiones globales. Otros resultados En la COP18 se aprobó además el denominado “Portal Climático de Doha”, el cual contiene una serie de acuerdos que al final constituyen un avance poco real, siendo más bien decisiones procedimentales que dejan lo concreto a ser decidido a futuro. En lo económico, se reconoció la necesidad de extender el programa de financiamiento a largo plazo hasta 2013, con el objetivo de que los países desarrollados identifiquen maneras de movilizar los 100 mil millones de dólares comprometidos para 2020. ¿De dónde vendrán esos recursos? La interrogante continúa sin respuesta. En cuanto al Fondo Verde Climático (FVC), a pesar de que se reconoce su importancia y se insta a su rápida operacionalización, no se avanzó en su financiamiento ni respecto a la responsabilidad y monitoreo que deberá tener con la COP. Nuestro equipo, así como la delegación de Filipinas, esperaba que se decidieran de una vez los lineamientos que determinarían tal relación (FVC-COP), considerando a la sesión plenaria de la COP como la mejor alternativa. Lamentablemente, sucedió que la tarea no sólo fue postergada, sino que también quedó a cargo del Comité Permanente, lo que resulta preocupante puesto que este último es un órgano independiente sin mucho camino recorrido. Destacable, aunque de nuevo insuficiente, fue la decisión de instaurar un mecanismo de “pérdidas y daños”, que corresponde a un procedimiento de compensación por el cual los países que fueron los principales emisores aceptan compensar los daños ocasionados a los países en desarrollo. Aún si la iniciativa parece acertada, únicamente se decidió que sus arreglos institucionales debieran completarse a fines de 2013. Al final del día, y como cada año, las decisiones tomadas en Doha no impactan en la mitigación del cambio climático ni en la capacidad de los países más pobres para adaptarse al mismo. Parece increíble que cada año se llame a una conferencia mundial, con el esfuerzo y los recursos que implica, para volver a quedar en nada, para no satisfacer a nadie, para seguir discutiendo una y otra vez sobre asuntos que no se deciden. Lo rescatable de la situación actual es quizás la creciente conciencia ciudadana, que se manifiesta cada vez con mayor firmeza para exigir a las autoridades la implementación de otra forma de desarrollo. Por desgracia, en cuanto a una voluntad política que conduzca a verdaderos cambios y avances hacia la solución del problema, lo conseguido es poco.