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Junio 11 2012

Otro montaje mediático del Gobierno de México, ahora sobre Wirikuta

Por Alejandro Cárdenas, asesor en comunicaciones de AIDA, @cardenaslopeza Dos días antes de que se realizara en la ciudad de México uno de los conciertos más importantes a favor de la conservación del patrimonio de la zona sagrada en San Luis Potosí, llamado Wirikuta Fest que se realizó el 26 de mayo, súbitamente funcionarios federales de primer nivel anunciaron que cedían una parte de las concesiones mineras de la zona y se declaraba “como Reserva Minera Nacional”, a lo cual los defensores de la zona llamaron teatro “lleno de falsedades”. Si el montaje televisivo de la ciudadana francesa Florence Cassez acusada de secuestro en México generó un debate nacional sobre el uso indiscriminado de los medios de comunicación para intereses del gobierno federal y políticos, hace un par de semanas, lo hicieron con el pueblo sagrado de Wirikuta. Con la presencia de tres secretarios de estado, se realizó el jueves 24 de mayo un magno evento en el Museo Nacional de Antropología e Historia: el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré; el Secretario de Economía, Bruno Ferrari y el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira. Publicaron además desplegados en medios nacionales y la agencia del gobierno, Notimex, manejó un comunicado tan confuso que persos medios lo difundieron como si el gobierno hubiera resuelto el problema de los grupos indígenas, cuando ha sido la sociedad civil la que ha presionado. comunicado-wirikuta1.pdf Con este tipo de comunicados, la información que se difundía era muy diferente a la realidad, como se puede ver la siguiente noticia: ¿No es cauteloso el gobierno federal a realizar montajes en plena elección y en la efervescencia de las redes sociales y la crítica estudiantil a la manipulación mediática del movimiento #YoSoy132? El gobierno federal ha sido acusado por organizaciones civiles, nacionales e internacionales en los últimos 12 años de permitir que empresas extranjeras y nacionales exploten sin cumplir con normatividad internacional los recursos naturales en México, y han sido duramente criticados las formas en que viola decretos internacionales y no toma en cuenta a los grupos locales vía ejercicios legales de participación ciudadana como la “consulta previa”. La mayoría son proyectos turísticos como los arrecifes de coral Cabo Pulmo, los manglares en Marismas Nacionales y las minas en Wirikuta, entre muchas otras zonas del país, como lo han denunciado Greenpeace, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Los puntos en los cuales el Gobierno Federal engañó y armó una estrategia mediática, según la oranización civil Conservación Humana, para desestimar un concierto de apoyo donde participaron artistas internacionales, que en plena elección, pone en evidencia que organicen un evento para recaudar fondos porque la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no está cumpliendo cabalmente con su tarea. Ante la mala imagen del gobierno panista en el tena, inflan sus convenios con medios de comunicación para seguir con sus “montaje” y confundir a la ciudadanía por su deplorable actuación en el caso de San Luis Potosí. Impugnación No le bastó al gobierno de Felipe Calderón con el ruido armado hace dos semanas con su montaje con la mina First Magestic Group, sino que ahora hacen el ridículo porque el Pueblo Wixárika (huichol) impugnó a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) la candidatura presentada por el Estado mexicano para que la peregrinación que esa cultura indígena realiza desde tiempos inmemoriales sea inscrita en la Lista de Salvaguardia Urgente del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, en contraste de lo que se ha pedido en la Lista de Patrimonio Mundial Cultural y Natural, de acuerdo a lo publicado por La Jornada. La diferencia es que con eso se defienden todas las zonas específicas, todo el hábitat, cosa que con la inscripción como Patrimonio Inmaterial no ocurre, porque ésta sólo protege ciertas actividades, explica el especialista en materia indígena, publicó el Frente para la Defensa de Wirikuta. La estrategia permisiva del gobierno federal fue materializada a través de un evento difundido en un comunicado, la agencia estatal Notimex y entrevistas con persos medios de comunicación donde poco fue cuestionado, con un evento y comunicado del 24 de mayo a las 12:44 horas llamado “Declaran zona Wirikuta como Reserva Minera Nacional”: El gobierno federal declaró Reserva Minera Nacional una región de 45 mil hectáreas en la zona sagrada de Wirikuta y estudia convertirla en un Área Natural Protegida (ANP), informó el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré. El Frente, respondió al tema: Las autoridades wixárika consideran incompleta la información y llena de datos falsos que distorsionan la realidad del lugar sagrado. Toda la zona tiene 140 mil 212 hectáreas de la reserva de Wirkuta y el 70% aún tiene concesiones mineras. Los 45 mil kilómetros de lo que se menciona el 30% no concesionado. El engaño: hacer creer y manipular que las 45 mil hectáreas era lo que se estaba peleando por los habitantes y las organizaciones civiles. Además, no se mencionó una mina a cielo abierto que abarcará un 30% de la "zona protegida". El gobierno federal debería proteger las tierras y a los grupos étnicos de México en realidad en lugar de usar engaños o manipulación de medios.

Junio 04 2012

¿Quién podrá defendernos si se debilita el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?

Por Astrid Puentes, co directora de AIDA, @astridpuentes Escribo este blog desde Cochabamba, a donde vine para asistir a la 42ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Es la primera vez que vengo, tanto a Bolivia como a una Asamblea General. Consideramos que había que participar para, entre otros, aportar nuestro esfuerzo hacia verdaderamente “fortalecer el Sistema Interamericano” y prevenir que algunas propuestas de Estados puedan resultar en menor independencia y efectividad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro objetivo es reiterar la autonomía y rol de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por ende, la posibilidad para proteger los derechos humanos en la región. O sea, proteger sus derechos, los míos y los nuestros. El resumen de una historia compleja: el proceso de “fortalecimiento” lo iniciaron algunos Estados en el 2011, después de sólo dos años en que se habían modificado los Reglamentos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunas reacciones de los Estados vinieron después de llamados de atención de la Comisión por situaciones de derechos humanos en sus países. El año pasado se creó un Grupo de Trabajo para evaluar cómo se podría “fortalecer” al Sistema Interamericano. Este Grupo produjo su informe, que la Comisión ya respondió, respecto al cual también nos pronunciamos las ONG. Hace unos días el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, publicó un informe al respecto, que personalmente considero inadecuado, dado que varias de sus recomendaciones implicarían debilitar, en lugar de fortalecer, el Sistema. Por ejemplo, dice el Secretario que “Existe pues un vacío en el Estatuto de la Comisión sobre la figura de las medidas cautelares que puede ser llenado por… la Asamblea General de la OEA”. Vale la pena mencionar que es la Comisión quien determina su propio Reglamento, justamente como una de las herramientas que aseguran su independencia. El informe de Insulza dejó por fuera elementos respecto a los cuales se le había pedido pronunciarse, como opciones para mejorar el financiamiento al Sistema Interamericano. Por ende, de acogerse sus recomendaciones, el resultado sería contrario al objetivo que tanto el Secretario Insulza como los Estados, han establecido como meta última. Afortunadamente en las declaraciones durante la Asamblea General, el Secretario desestimó algunas de las recomendaciones lo que podría implicar que ya van perdiendo fuerza. Tres de los puntos importantes del proceso de “fortalecimiento” que se discutirán durante los próximos días en la Asamblea en Cochabamba y que seguramente continuarán después, incluyen: Financiamiento para la operación del Sistema Interamericano: un elemento sin duda esencial pues no puede pedirse a la Comisión ser eficiente con sus funciones con un presupuesto irrisorio; “Unificar de manera constructiva” lo que los Estados y la CIDH entienden por las medidas cautelares: un tema presentando por algunos Estados y recogido por el Secretario Insulza. Esto último francamente sorprende justo por venir del propio informe del Secretario por dos razones: a) acatar lo que el Sistema dicte es parte del acuerdo mismo de los Estados al crearlo, y b) porque la Corte Interamericana ha sido muy clara al concluir que las medidas son obligatorias. De los Estados puede preverse, ¿a quién le gusta un jalón de orejas, aunque sea suave, que además sean públicas en los medios? Lo que no implica que no estén razonadas. Si la Comisión debería tener un rol más de promoción que de protección. Es decir si debería asesorar más a los Estados respecto a los derechos humanos, o dedicarse a atender las quejas que por violaciones a los derechos humanos llegan. Los jalones de orejas Para entender el proceso es importante tener en cuenta las motivaciones que han surgido de los Estados para promover estos cambios. Así, casualmente Estados como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela quieren “fortalecer” el Sistema, contra los cuales la CIDH ha dictado importantes decisiones recientemente: 1.-A Brasil le solicitó suspender la construcción de la represa Belo Monte por violar derechos indígenas y destruir el ambiente, 2.-El Informe de Democracia y Derechos Humanos en Venezuela evidenció serias violaciones, 3.-Las graves violaciones a derechos humanos en Colombia han sido varias veces incluidas en el capítulo IV del informe anual, 4.-A Ecuador le han llamado múltiples ocasiones la atención de la Relatoría de Libertad de Expresión, entre otros. Juez y parte Si en lugar de Estados habláramos de un director cuya organización está a punto de contratar a un familiar suyo, sin duda debería declararse impedido para involucrarse en el proceso por el conflicto de intereses. O si, en la final del Mundial de Futbol el árbitro fuera de la misma nacionalidad de uno de los equipos, claramente habría protestas del otro equipo. Dado que estos impedimentos no existen en la OEA, pues obviamente son los mismos Estados contra los cuales llegan quejas a la Comisión quienes en la Asamblea podrían modificar sus funciones, es justo por ello que se requiere la voluntad para no intervenir aún cuando no compartan sus decisiones. Es vital que los Estados reconozcan en el discurso y en la realidad, la independencia del Sistema Interamericano. Que reiteren su compromiso con los acuerdos suscritos hace más de 60 años y respalden a los órganos que crearon, justamente para garantizar justicia en caso que a nivel interno hubiera fallas para el respecto de los derechos humanos. (Ver texto en inglés).

May 07 2012

Consulta previa: Oportunidad para la vida, el respeto y la diversidad

Por Héctor Herrera, asesor legal de AIDA, @RJAColombia Los grupos étnicos en Colombia cuentan con leyes y decretos para proteger la diversidad cultural, para defender la vida individual y colectiva de estos pueblos y comunidades, originarias y ancestrales. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su artículo 6 estipula que los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta previa. Es decir, deben participar en la definición de medidas que puedan impactarles, sean legislativas, como leyes o decretos; o administrativas, como licencias ambientales de carreteras, represas, minas, o pozos petroleros, entre otros casos. Dicha negociación se realiza en un contexto de buena fe y procurando lograr acuerdos entre las partes. Lo anterior cobra importancia en Colombia que es un país multiétnico, pluricultural y megadiverso. De acuerdo la Biblioteca Luis Ángel Arango en este país se hablan 65 lenguas indígenas agrupadas en 12 familias lingüísticas, de las cuales 34 tienen menos de mil hablantes; además, se hablan dos lenguas criollas de grupos ancestrales afro. Todas en gran riesgo. Colombia es, también, megadiverso en especies biológicas; primero en aves, segundo en anfibios y mariposas, tercero en reptiles, cuarto en mamíferos, de acuerdo al Instituto Humboldt. Cifras del 2011 del diario El Espectador muestran que 10% de toda la biodiversidad se encuentra en el 1% de la superficie del planeta, esto es, el territorio de Colombia, del cual 29,8% es territorio colectivo indígena y 5% es territorio colectivo ancestral afro. En este escenario, la consulta previa surge como una oportunidad para proteger la diversidad cultural y étnica de Colombia, para defender la vida individual y colectiva de estos pueblos y comunidades, originarias y ancestrales. Al mismo tiempo, podría ser una oportunidad para proteger los ecosistemas donde habitan estos grupos étnicos y para proteger la vida en todas sus formas. No se trata de imponer un modelo conservacionista o extractivo o de desarrollo, sino de garantizar un espacio efectivo de diálogo intercultural y de buena fe con los grupos étnicos, ante medidas que los puedan afectar, sean legislativas o administrativas, sean leyes nacionales oproyectos extractivos, como lo ordena el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT. Este derecho ha sido reconocido también en múltiples instrumentos jurídicos internacionales y nacionales. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 (archivo en pdf), por ejemplo en el nivel internacional. O para el caso colombiano, la Constitución Política, que además protegió los derechos al territorio colectivo de los grupos étnicos colombianos y a un ambiente sano de toda la sociedad. Entonces, con sustento en instrumentos jurídicos internacionales y la Constitución Política, la Corte Constitucional de Colombia ha amparado el derecho a la consulta previa: Al “pueblo indígena embera” ante la construcción de la represa Urrá en 1998 y a los pueblos indígenas del amazonas por la fumigación de cultivos ilícitos en 2003. Igualmente, por no haber consultado a los grupos étnicos, la alta Corte declaró inconstitucionales; el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, la ley forestal de 2006 y la reforma del código de minas de 2010. Entre otros casos. Lo anterior sin entrar al contexto regional, donde, por ejemplo, países como Bolivia en la Constitución Plurinacional de 2009 y Ecuador en la Constitución intercultural y plurinacional de 1998, reconocen el derecho a la consulta previa, o en Perú donde se acaba de reglamentar este año. Una cultura, una cosmovisión, una lengua, es algo vivo que puede permanecer en el tiempo si lo respetamos y garantizamos los derechos, como el de la consulta previa. Además, podría fortalecer la protección de ecosistemas claves y de la diversidad biológica, asunto vital, en un contexto de cambio climático y de degradación ambiental sin precedentes.

Marzo 28 2012

O Brasil: O anfitrião da Rio +20 em alguns números

Por Joelson Cavalcante, asesor legal de AIDA O Brasil sediará a Rio+20, quando mostrará seus índices sociais, e econômicos, também a controversa política ambiental, com violações de direitos humanos. Assim, economia verde e erradicação da pobreza estarão no cerne da discussão. Com a aproximação do evento da Rio+20, o país sede se prepara para mostrar aos seus pares se fez o dever de casa, mediante a implementação do conceito da sustentabilidade. Isto é, embasado no tripé da sustentabilidade econômica, com justiça social e preservação ambiental. Os números do desmatamento na Amazônia apresentaram uma redução de 11.%, o que inicialmente parece satisfatório, entretanto, ainda representam 6.238 km. Ademais, a política controversa do Governo Federal que editou Medida Provisória (MP) nº 558/2012 , publicada em janeiro de 2012, excluiu 86.288 hectares de sete Unidades de Conservação (UCs) federais na Amazônia, contrariando a legislação em vigor e divergindo dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Assim, o Código Florestal apresenta-se como emblemático nessa postura ao conduzir a questão ambiental, pois concede anistia para desmatadores irregulares. Além de reduzir as reservas legais e Áreas de Proteção Permanente, na contramão da tendência mundial de aumentar sua cobertura florestal, no contexto de mudanças climáticas. Em tempo, houve a promulgação da Lei da Política Nacional de Mudanças Climáticas, em consonância com os Acordos internacionais, no âmbito do Protocolo de Quioto. Entretanto, não há políticas concretas para mitigação dos eventos extremos que já assolaram o Brasil, como a seca na Amazônia (2005) , bem como as inundações no sudeste brasileiro , que segundo as previsões dos especialistas , tendem a agravar-se no decorrer do século. Ao mesmo tempo, há algumas semanas foram publicados os números da economia brasileira, referentes ao PIB que apresentou crescimento de 2.7% e totalizou R$ 4,143 trilhões. Contudo, tais números estão abaixo das projeções do governo que previam algo em torno de 5%. Entretanto, o que se percebe é um tom de celebração pelo fato de a economia brasileira ter ultrapassado a Grã-Bretanha . Ademais, o governo celebra o fato de que 10 milhões de brasileiros não mais se encontram sob a condição de pobreza , e que a classe média já ultrapassou 52% da população em 2009. Todavia, a demanda por saúde, educação e cultura aumentam na mesma proporção. Ao tomarmos como referência o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, o Brasil ainda encontra-se na posição de número 84º, atrás de países vizinhos como o Peru (80º), ou até mesmo a Líbia (64º), lembrando que o Reino Unido ocupa a 28ª posição no mesmo índice. Ou seja, há muito que avançar em sustentabilidade social. Além disso, há as mais diversas violações dos direitos humanos, especialmente no campo, bem como denúncias de censura por parte de agentes públicos, de quem esperávamos uma proteção especial. Que na Rio +20 trabalhemos para um futuro mais equânime, seguro e sustentável para a população brasileira, bem como para o planeta.

Marzo 26 2012

Derecho ambiental y mujeres

Por Natalia Jiménez, asesora legal de AIDA 26-marzo-2012 El papel del derecho ambiental está débil con respecto al tema de género, especialmente por la constante aprobación en América Latina de proyectos económicos y de desarrollo que afectan la cosmovisión particular de las mujeres, y que pueden llegar a constituir nuevas formas de violación de los derechos de nosotras. Al igual que las comunidades étnicas, hay grupos sociales con cosmovisiones que albergan valores únicos de protección ambiental, por eso, proteger y brindar garantías a estas formas de pensar implica proteger al ambiente. Las mujeres tenemos un rol determinante en la protección ambiental de forma diferenciada y particular. Aunque no es igual para todas, y seguramente muchas no sientan la necesidad de este reconocimiento, la forma de concebir la naturaleza o la creación, por un lado, y los daños ambientales por el otro, son diferentes entre hombres y mujeres, y por ello, promovemos de forma variada propuestas de manejo o de gestión ambiental. Al respecto hay mucha bibliografía valiosa en español. Cito tres libros como ejemplos: a) “Abrazar la vida. Mujer, ecología y desarrollo” de Vandana Shiva publicado en Uruguay b) “Desarrollo y feminización de la pobreza”, Ecofeminismo: hacia una redefinición filosófico-política de "Naturaleza" y "ser humano, los últimos de Alicia Puleo y publicados en España. La experiencia del Ecuador en protección de los ecosistemas de páramos, es un hermoso e inspirador ejemplo de lucha ambiental femenina en Latinoamérica y prueba de lo que se ha dicho, por ejemplo, sobre porqué las mujeres son las mejores defensoras en las negociaciones en cambio climático, y porqué sus ideas son, incluso más efectivas efectivas y sostenibles para combatir el hambre y la pobreza. Pero mientras los grupos étnicos han logrado cierto nivel de protección jurídica a través de la figura de la consulta previa hay grupos sociales que aún se encuentran a la espera de abogados creativos que puedan llevar a litigio la defensa de sus visiones. La consulta previa es un derecho de los grupos étnicos para decidir sobre proyectos o iniciativas legislativas que afecten sus territorios, para proteger su integridad cultural, social y económica. Ha sido un derecho reconocido en países como Colombia. Así, hemos visto que en Latinoamérica el aspecto social que por lo general más se resalta de las grandes luchas jurídicas en defensa ambiental es la afectación al derecho a la consulta previa de los grupos étnicos, en tanto que vulneración de su propia existencia y cultura. Pero poco o nada se ha dicho jurídicamente de la ilegalidad e inconveniencia social de un proyecto de desarrollo por la violación, por ejemplo, de los derechos de las mujeres y de su cosmovisión. Hacen falta herramientas jurídicas como precedentes jurisprudenciales, que permitan litigar y determinar, por ejemplo, que ciertos proyectos de desarrollo son o constituyen un acto discriminatorio contra la mujer. Con esto no estoy hablando de multiplicar los ya existentes mecanismos comunes de participación en los espacios de toma de decisiones, ni la cuantificación femenina en la participación o toma de decisiones. Necesitamos precedentes jurisprudenciales que protejan el ambiente basado en la cosmovisión femenina. Necesitamos herramientas jurídicas mucho más creativas que ayuden a que, del mismo modo que lo intenta hacer la consulta previa, se puedan integrar los valores ambientales femeninos a las prácticas ambientales locales y globales de forma real y eficiente. Video de experiencias en Colombia sobre la importancia de una visión de género en proyectos de manejo de agua dulce: TheWaterChannel

Marzo 21 2012

Arrecifes de coral en AL, un espectáculo natural en riesgo

Gladys Martínez de Lemos, asesora legal de AIDA El 25% de todas las especies marinas utilizan los hábitat de coral en algún momento de su ciclo de vida; en Costa Rica el daño a estos recursos naturales ha sido causado en gran medida por la deforestación de cuencas y otras acciones humanas. Los arrecifes de coral son un elemento escencial para el equilibro del ambiente marino porque proveen hábitat para muchas especies de consumo humano, brindan protección a las costas de la erosión y embates de huracanes, y son fuente de ingresos de las comunidades costeras que viven del turismo de buceo. Pero la falta de políticas y regulaciones claras los mantienen en peligro. Estas bellezas naturaes contribuyen al equilibrio ecológico pues son fuente de alimento de otros organismos superiores, formando redes alimentarias importantes. Su valor ambiental es tan alto que los economistas han calculado que una hectárea de arrecife coralino supera el millón de dólares por año. Aunque los arrecifes de coral cubren sólo cerca de un décimo del suelo océanico, las estimaciones sugieren que 25% de todas las especies marinas utilizan los hábitat de coral en algún momento de su ciclo de vida. Pero aún con su importancia, los arrecifes se encuentran amenazados. El calentamiento global, la acidificación de los océanos, la pesca destructiva, el desarrollo insostenible de las costas y la contaminación, entre otros, ponen en riesgo la supervivencia de los arrecifes en Costa Rica al igual que en el resto del mundo. Por ejemplo, en Costa Rica, el Decimo Quinto Informe sobre el Estado de la Nación señala que la “reducción en un 75% del coral vivo en el arrecife de Cahuita obedece fundamentalmente a la sedimentación, causada en gran medida por la deforestación de cuencas y otras acciones humanas”. Falta de acción de gobiernos La crisis por la que pasan los arrecifes de coral es evidente. La falta de políticas y regulaciones claras e integrales que aborden el problema; la ausencia de mecanismos de control, monitoreo y protección adecuada para estos recursos; y el bajo nivel de cumplimiento de las obligaciones internacionales vigentes relacionadas al tema. Esta situación no pueden ser más un pretexto para evadir el compromiso de conservar la biopersidad marina y los ecosistemas e incluso, que las generaciones futuras, puedan disfrutar de una visita a ver la impresionante belleza y persidad de los arrecifes. Todos tenemos un hijo, un sobrino, un primo pequeño que queremos tenga la oportunidad de gozar de las riquezas escénicas de los corales y que no se quede sin probar la valiosa proteína del pescado. Los tomadores de decisiones de países latinoamericanos que no han creado, en la mayoría de países, leyes especiales de protección para proteger específicamente los corales están ante un gran reto y ante una responsabilidad.

Marzo 15 2012

Cambio climático: Ciudadanos de las Américas en riesgo

Por Andrés Pirazzoli , asesor legal de AIDA, @apirapino La disminución de los niveles actuales de concentración de Gases de Efecto Invernadero en el mundo fue uno de los temas tratados en la reciente COP17 realizada en diciembre del 2011 en Sudáfrica, lugar donde se esbozaron propuestas muy interesantes. Desde que, en 1988 comenzara su trabajo el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (PICC, o IPCC por sus siglas en inglés)[1], la ciencia ha sido prácticamente unánime: tenemos un grave problema entre manos, probablemente el mayor desafío socio ambiental de la historia de la humanidad. En base a las conclusiones periódicamente emitidas por el PICC (AR1, AR2, AR3, y más recientemente el AR4), hemos intentado globalmente entrar en acuerdos que nos permitan estabilizar el sistema climático vía la disminución de los niveles actuales de concentración de gases de efecto invernadero, de 391 a 350 partes por millón (ppm). Lamentablemente, hemos fracasado sistemáticamente y aunque se han firmado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Protocolo de Kioto (PK), que actualmente agoniza después de la deserción de Japón, Rusia y Canadá en la última Conferencia de las Partes (COP por sus siglas en inglés) en Durban y el Plan de Acción de Bali. Estos acuerdos multilaterales han sido insuficientes, y los países que los suscriben, se han mostrado incapaces de cumplir sus promesas con las generaciones presentes y futuras.[2] Por su gravedad, los afectados han adoptado el rostro de un tierno oso polar luchando por mantenerse en un bloque de hielo; y por su urgencia, simula también el rostro humano de los Inuit quienes demandaron en 2004 a Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hoy, persos pueblos comienzan a tomar acción legal y se unen a los afectados por el Cambio Climático, e incluso comienzan a explorar la adquisición de nuevos territorios para su reubicación. Nuestro hemisferio no es la excepción. En la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) hemos documentado el rostro del cambio climático en América Latina, con la esperanza de llamar la atención de la CIDH y a su vez de la Organización de Estados Americanos (OEA) y los países que la integran, para alertar nuevamente sobre lo que está en juego: vidas humanas, familias vulnerables, territorios y culturas ancestrales. De hecho, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recientemente ha vuelto a insistir: “las obligaciones…en materia de derechos humanos pueden guiar y reforzar la formulación de las políticas… en la esfera del cambio climático...” En Ginebra, durante la 19ª sesión del Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un seminario discutió la urgencia y el innegable vínculo entre el cambio climático y las violaciones a los derechos humanos. En AIDA creemos que aún hay esperanzas, porque la solución aún depende de nosotros: el AR4 señaló con escaso margen de error que el cambio climático es causado por la actividad humana, principalmente asociado a la quema de combustibles fósiles para la obtención de energía. Por ello, está en nosotros y en nuestros gobiernos instrumentar los cambios hoy para que las generaciones futuras tengan acceso a un mejor mañana. Si bien la COP17 en Sudáfrica reflotó las esperanzas hacia un acuerdo global con responsabilidades comunes pero diferenciadas, es fundamental recordar las principales críticas de actores relevantes y organizaciones civiles a nuestros líderes políticos: Incluir medidas de eficiencia de manera agresiva y más fuentes de energía renovable; Incorporar el análisis de los posibles impactos del cambio climático a los derechos humanos en sus planes de mitigación y adaptación; Asegurar la participación activa de los interesados y el acceso a la información pública en la elaboración de dichos planes; Enfatizar en medidas de adaptación y mitigación que protejan ecosistemas críticos como los manglares, glaciares, humedales y páramos, que ayudan a reducir los impactos del cambio climático; y finalmente; Incluir el análisis de los impactos del cambio climático en los documentos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), tanto de los proyectos en el clima, como del clima en los proyectos. El cambio climático es un hecho y depende de nosotros estar listos para enfrentarlo. [1] Resolución 43/53 del 6 de Diciembre de 1988, que crea y describe sus primeras tareas. Fue creado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). [2] La promesa del Art. 3. 1) de la CMNUCC, aún de lenguaje débil, ha demostrado ser de difícil cumplimiento: “Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras…”

Marzo 06 2012

Se retrasa la protección de manglares en Sinaloa

Por Sandra Moguel, asesora legal de AIDA,@sandra_moguel Marismas Nacionales,el humedal más grande de México, sigue en peligro, hoy a casi 4 años de la expedición de un aviso de decreto para protegerlo de amenazas como mega proyectos turísticos. México es el país con mayor número de lugares designados como humedalesde importanciaprioritaria en América Latina, pero paradójicamente han sido descuidados. Mediante la ratificación de laConvención Ramsar[i], el gobierno de México se obligó a planificar, custodiar y fomentar eluso racionalde estos ecosistemas, así como a expandir su sistema de áreas protegidas[ii]. Marismas Nacionales es el humedal más grande de México, localizado entre los estados de Sinaloa y Nayarit y es sitio Ramsar desde el22 de junio de 1995, es decir pertenece al sistema internacional de protección y regulación de humedales prioritarios en el mundo. LasRecomendaciones de la Misión Ramsar de Asesoramientopara el sitio de 2010 señala que políticamente el ecosistema se pide en dos regiones distintas, pero ecológicamente tienen características comunes, por lo que su manejo debe hacerse bajo esta integralidad. El gobierno federal ya protegió la parte Nayarita, pero a casi 4 años desde la publicación delAviso de Decreto de la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales Sinaloa, todavía no se termina el procedimiento para la creación de esta ANP por una superficie de 47 mil 556 hectáreas de bosque de manglar. Mientras tanto, la construcción de infraestructura masiva amenaza a Marismas. El Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico -ahora Playa Espíritu- y el Desarrollo Isla de Palma son proyectos que amenazan el sitio. El primero tiene permiso ambiental para la construcción de un resort de 10,000 cuartos (aunque la presentación oficial fue de 44 mil cuartos), mientras que el segundo propone edificaciones para mil 200 huéspedes, localizado en zona núcleo según la propuesta de la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales Sinaloa. La SEMARNAT autorizó el proyecto Centro Integralmente Planeado justificando la carencia de Decreto de ANP. Ahora evalúa el estudio de impacto ambiental de Isla de Palma y posiblemente el argumento de afectación a zona de manglar y al hábitat de aves altamente migratorias no sea suficiente para negar la autorización ambiental. En suPrograma Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012,el gobierno federal se comprometió a incrementar --de 22 millones de hectáreas de superficie decretada comoÁrea NaturalProtegida (ANP) en el 2007 al 25.6 en el 2012 ¿Cómo se puede alcanzar esta meta en la conservación si la porción de las áreas protegidas que se tienen esperadas para finales de sexenio no han sido “protegidas”? La Reserva de la Biósfera de Marismas Nacionales Sinaloa no es la única declaratoria con rezago, tales son los casos deLa Sierra La Lagunay Balandra en Baja California Sur, Santuario Madera en Chihuahua y Ejido el Palmito en Sinaloa, entre otros. La descoordinación de las unidades administrativas y órganos desconcentrados del sector ambiental, así como la carencia de instrumentos de planeación como los Decretos deANP obstruyen la toma de decisionesen pro de la conservación. El rezago de los Decretoses injustificablea pesar de que exista sobre carga del departamento jurídico de la SEMARNAT para la revisión de estudios de justificación de las ANP o razones políticas para retrasar tales aprobaciones. La expedición del decreto de Marismas Nacionales Sinaloa es una medida encaminada a garantizar elderecho constitucional al medio ambiente sano,así como al cumplimiento de los compromisos internacionales como Ramsar; también salvaguarda actividades económicas de las comunidades que de ellos dependen. [i]Ratificado por México el 20 de diciembre de 1984 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 1985. [ii]Resolución IX. 22 del Secretariado de Ramsar sobre humedales y sistemas de áreas protegidas, 9ª Reunión de la Conferencia de las Partes, Uganda, 8 al 15 de noviembre de 2005

Marzo 01 2012

Brasil y el desarrollo sostenible, ¿ficción o realidad?

Por Astrid Puentes Riaño, co-directora de AIDA, @astridpuentes Brasil busca ser pionero en desarrollo social y ambientalmente sostenible mediante, por ejemplo, el uso de energías limpias. La presidenta Dilma Rousseff lo ha reiterado, queriendo continuar con la línea verde del ex-presidente Lula da Silva, y fortaleciendo la protección de derechos humanos. El "desarrollo verde" será central en la Conferencia de Río+20, en junio, y se considerará en la Copa del Mundo de 2014 y las Olimpiadas de 2016, eventos organizados por Brasil. Al mismo tiempo, el Gobierno brasileño inició la polémica construcción de Belo Monte en el río Xingú, que sería la tercera más grande del mundo. Las obras comenzaron contrariando solicitudes de suspensión del proyecto de entidades políticas, jurídicas y técnicas, internacionales y nacionales, y en contra de las comunidades. Además, Brasil pretende construir 11 represas más en países vecinos para importar energía. ¿El discurso se volverá realidad? La hidroeléctrica costaría USD$15billones y generaría normalmente 4mil MW y un máximo cercano a 11 mil MW. Según el gobierno, la energía es esencial para asegurar la demanda nacional y brindará también desarrollo en Altamira, municipio donde se construye la obra. Pero Belo Monte afectará a entre 20 y 40 mil personas de comunidades indígenas y ribereñas, y pueblos en aislamiento voluntario, causando graves daños socioeconómicos. Se inundarían más de 500km2, causando la pérdida irreversible del bioperso ecosistema de Volta Grande del río Xingú, uno de los más importantes tributarios del río Amazonas. La represa y la biomasa inundada emitirían grandes cantidades de metano (gas 25 veces más dañino para el cambio climático que el dióxido de carbono). Incluso estudios económicos expertos concluyeron que hay sólo 28% de probabilidades que la represa sea financieramente viable. El proyecto ha sido muy controversial que incluso dos presidentes del Instituto Brasilero del Ambiente (IBAMA, entidad federal ambiental) renunciaron en 2009 y 2010, argumentando presiones para aprobar la represa. Otros funcionarios han sido callados o sus informes técnicos, ignorados. En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó suspender la obra para proteger los derechos de las comunidades indígenas. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil, la Sociedad Brasilera para el Progreso de la Ciencia, la Asociación Brasilera de Antropología, 350 científicos brasileros y cientos de organizaciones nacionales e internacionales también pidieron suspender obras y acatar la ley. El Ministerio Público Federal (organismo de protección de derechos humanos) ha presentado más de diez demandas contra el proyecto argumentado, entre otros, falta de consulta a las comunidades indígenas, evaluaciones ambientales inapropiadas, e incumplimiento de la normatividad. El IBAMA multó a la empresa por incumplimiento y FUNAI (entidad federal de protección de los derechos indígenas) evidenció la desprotección a las comunidades indígenas en aislamiento voluntario; falta de reconocimiento y saneamiento de las tierras indígenas y de otras; y ausencia de compensación por los daños causados. Tampoco se han calculado las emisiones de metano y dióxido de carbono, causantes de cambio climático. A pesar de ello, el gobierno sigue construyendo la represa, argumentado que las solicitudes de suspensión son infundadas. Me pregunto si realmente todas son infundadas… Al final, ¿cuánto realmente costarán los entre 4 y 11mil MW? En la era de la tecnología, de las energías renovables y de innovaciones energéticas, ¿será realmente necesario inundar un área semejante a la ciudad de Chicago para dar energía a unos miles de hogares e industrias?, ¿podrá (y querrá) Brasil superar el reto y demostrar que es posible lograr el desarrollo sin sacrificar miles de personas y áreas ambientalmente esenciales, como el Amazonas? Las respuestas quedan en cancha brasilera. Brasil debería demostrar su liderazgo y no arriesgar su prestigio ambiental, justo con los ojos del mundo puestos en sus decisiones; debería probar que su discurso de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos va en serio. Visite esta impresionante galería de fotos con imágenes de las obras y los desplazamientos de personas que ocurren en estos días: Primera colaboración BLOG DE AIDA: Esta es la primera colaboración del nuevo espacio de reflexión, el "Blog de AIDA". Invitamos a nuestros lectores a estar atentos a los nuevos envíos que se publicarán los lunes y miércolesa cargo de los miembros del equipo. También les pedimos que nos compartan ideas para ponerle un nombre. Los interesados pueden enviar un correo electrónico a [email protected]

Noviembre 22 2011

La “Ley Chorizo” aún carece de reglamento

En junio de 2010, el Gobierno de Panamá sancionó la Ley 30, conocida también como "Ley Chorizo, la cual dictaba medidas para promover el desarrollo de la aviación comercial en ese país. Una de ellas era la eliminación de las evaluaciones de impacto ambiental para obras que sean declaradas de interés social. La norma introducía reformas en los códigos Penal, de Trabajo y el de Justicia, y en seis leyes, incluidas la Ley Orgánica de la Policía, la de Contrataciones Públicas y la del Medio Ambiente. Estas modificaciones causaron grandes manifestaciones públicas entre junio y julio de 2010 por parte de la sociedad civil panameña, las cuales fueron objeto de una violenta represión. La situación fue tan seria que muchos panameños expresaron su indignación. “Nos recuerda lo vivido durante la dictadura de Noriega”, comentó Jacob Kopas, abogado de AIDA. Entre otras cuestiones, la ley le restaba control a la actividad del Ejecutivo en materia ambiental y limitaba el derecho sindical a realizar huelgas y llevar a cabo convenios colectivos de trabajo. La polémica norma establecía también que cuando un policía sea denunciado o querellado por la presunta comisión de un delito en el cumplimiento de su deber, por motivos de uso excesivo de la fuerza, no se ordenaría su detención preventiva ni se decretaría la suspensión provisional de su cargo. En el pasado, el Gobierno panameño había declarado su intención de remplazar las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) por mejores prácticas como una forma de eliminar impedimentos para la inversión extranjera y el desarrollo. Las EIAs, cuya aplicación es obligatoria prácticamente en todos los países del mundo, constituyen un documento de salvaguarda esencial que previene proyectos potencialmente perjudiciales para el ambiente. En septiembre de 2010, gracias a la incansable presión de la sociedad civil, el Gobierno panameño subrogó la Ley 30 con otra ley. Sin embargo, a más de un año de esto, aún no se ha emitido el reglamento. Debido a la tardanza, la nueva ley carece de efecto práctico, aunque se espera que los proyectos que requieran evaluación de impacto ambiental no queden exentos de ella. Además, el borrador del reglamento debe ser sometido a participación ciudadana, a fin de definir cuáles proyectos no requerirán EIA. Ante tal situación, todavía existe cautela sobre las potenciales amenazas al ambiente y a los derechos humanos que la falta de EIA podría implicar. En AIDA estaremos atentos al tema y apoyaremos a las organizaciones panameñas, en especial al Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, nuestra organización amiga, con herramientas de derecho ambiental internacional.