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¿En qué va el proceso de reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
Por Astrid Puentes Riaño, co-directora de AIDA, @astridpuentes En junio les conté acerca del proceso que algunos Estados de la OEA iniciaron contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano, para realizar duras reformas que debilitarían su funcionamiento y por ende, nuestra protección a los derechos humanos. Ahora quiero actualizarlos acerca de en qué van las discusiones. Les escribo especialmente ahora para invitarlos a participar, firmando la petición a los Estados para que fortalezcan y no debiliten el Sistema Interamericano. Somos más de 3,000 personas quienes firmamos, únete tu también! Vean nuestro video al Consejo Permanente de la OEA Las perspectivas en junio pasado se veían bien complicadas. Pocas veces había habido una Asamblea General tan tensa como las últimas dos, en especial la última donde el Sistema Interamericano fue duramente atacado, en donde varios Estados incluso solicitaron refundarlo. La Asamblea terminó con un llamado a reformar el Estatuto en Asamblea Extraordinaria de los Estados, algo que nunca ha pasado en la historia de la CIDH. La buena noticia es que parece que los Estados han bajado un poco de intensidad y se vislumbran espacios para el diálogo. La última intervención del representante de Brasil hizo referencia a este proceso en la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente con sociedad civil, concluyendo que la confianza y opciones de negociación han mejorado y que este proceso nos debería llevar a conclusiones donde lo sustantivo que es la protección de los derechos humanos, prevalezca sobre lo procesal. Vean nuestro video al Consejo Permanente de la OEA Es un honor que el Representante citara nuestras palabras. Estamos pendientes que este buen mensaje se transforme en acciones, atendiendo a las solicitudes que la CIDH ha hecho a Brasil, incluyendo respecto a la represa de Belo Monte, y que el gobierno brasileño responda y brinde su perspectiva del caso. Las no tan buenas noticias es que aún el proceso no ha terminado, por lo cual seguimos pendientes de definir cuáles serán y cómo se implementarán las reformas. Por ejemplo, parte de las recomendaciones de algunos Estados incluye que si la Corte Interamericana rechaza medidas cautelares entonces la CIDH también debería hacerlo, lo cual y como lo dijimos, desconoce la diferente naturaleza de la Corte y la CIDH y arriesgaría. La CIDH se ha comprometido a hacer varios informes, que tomaría muchos de sus recursos, que podría afectar la función de protección, es decir avance en los casos presentados violaciones a derechos de millones de personas en el hemisferio. Por ello y partiendo del reconocimiento que el Sistema Interamericano y todos sus actores, no somos perfectos y que hay mucho por mejorar, es esencial que el proceso termine en buenas recomendaciones que busquen su efectividad. Así, AIDA y nuestros demás colegas en el hemisferio continuamos trabajando ante los Estados, la OEA y la CIDH misma, para presentar nuestros comentarios, compartir nuestra experiencia como personas usuarias del Sistema, para evitar que se debilite. Así que te pedimos HOY que te sumes con tu firma y nos ayudes a defender el SIDH y con ello, defender nuestros derechos humanos. Si eres una persona que a nivel inpidual o en tu comunidad crees que alguna decisión de la Comisión pueden usarla en sus casos de represas, minería, proyectos turísticos, libertad de expresión, protección de las mujeres, entre otros… levanta tu voz y une tu firma! ¿Si no eres tú, si no lo hacemos nosotros, entonces quién? Video completo de la sesión En este audio se oye al representante de Brasil citar a AIDA (los últimos 5 minutos).
Leer más¿Hasta cuándo esperará La Oroya?
Por María José Veramendi Villa, asesora legal de AIDA, @MaJoVeramendi “No a las ONGs antimineras…fuera de La Oroya c…”, es una de las pintas que se lee a un costado del camino al ingresar a La Oroya. Esta ciudad —ubicada en los Andes centrales peruanos, a 3.750 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) y a unos 175 kilómetros de Lima— es una de las más contaminadas del mundo y alberga en casa al principal agente contaminante. Al llegar a la ciudad, la vista recae inevitablemente en la enorme chimenea del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), fundado en 1922 por la Cerro de Pasco Copper Corporation y operado por CENTROMIN Perú entre 1974 y 1997, año en que fue adquirido por la empresa Doe Run Company-Doe Run Perú (DRP). Actualmente, y hasta que un banco de inversión concrete su venta, el CMLO es operado por la liquidadora Right Business. Cuenta con circuitos de fundición y refinado de cobre, zinc y plomo, y con un sub-circuito para el procesamiento de otros metales como cadmio, plata y oro. El manejo del CMLO por parte de DRP y Right Business ha sido, por decirlo menos, impune. La compañía ha incumplido las obligaciones asumidas conforme al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), cuyo plazo de cumplimiento fue ampliado en dos oportunidades. Así, el complejo permaneció cerrado desde 2009 y por casi tres años debido a graves problemas económicos y al incumplimiento del PAMA. Tras varios intentos fallidos de DRP por lograr una nueva ampliación del plazo para cumplir con el PAMA, éste venció en marzo de 2012. Sin embargo, el 28 de julio de 2012, el CMLO reinició las operaciones del circuito de zinc sin haberse evidenciado el cumplimiento integral de sus compromisos ambientales. Pero entonces ¿con base en qué instrumento de gestión ambiental se reiniciaron operaciones? La respuesta aún es un misterio y la explicación de las autoridades, inexistente. Demás está decir que mientras el CMLO permaneció cerrado, la remediación de la contaminación brilló por su ausencia. Cabe destacar que para el 28 de agosto y tras el reinicio de las operaciones del circuito de zinc, la Dirección General de Salud (DIGESA) ya había registrado tres situaciones de emergencia, siete de peligro y 15 de cuidado. Hace poco se iniciaron las pruebas de calibración para poner en funcionamiento el circuito de plomo. Según el diario El Comercio, un ejecutivo de Right Business señaló que ello implica que “podrían existir momentos en los que se dispare la emisión de dióxido de azufre. Si esto ocurre, se dan las alertas necesarias para detener las pruebas y ajustar el procedimiento hasta lograr controlar plenamente la operación”. Al hacer una consulta sobre la calidad del aire en La Oroya entre el 3 y el 9 de diciembre, el buscador arrojó cuatro situaciones de cuidado y una de peligro por niveles elevados de dióxido de azufre en la estación de Sindicato, y tres situaciones de cuidado en la estación de Hotel Inca. Esto quiere decir que mientras se realizan las pruebas, la población se sigue contaminando. La Oroya es una ciudad de grandes contrastes. Alberga por un lado a un sector de la población que en su mayoría trabaja en el CMLO y para quienes la contaminación es invisible y los altos niveles de plomo y otros metales pesados en la sangre no representan ningún peligro. Por el contrario, los indicadores son considerados por ese grupo como parte un discurso obstruccionista de las “ONGs antimineras” y de otros oroínos, frecuentemente estigmatizados por, según ellos, querer frenar el desarrollo de La Oroya y del país entero. Del otro lado está el sector de la población que ha decidido poner un alto a la situación y luchar por sus derechos y los de sus hijos y, aunque resulte irónico, por el derecho de todos los habitantes de La Oroya a vivir en un ambiente sano. Hace dos semanas estuve con algunos de estos luchadores y luchadoras, beneficiarios y beneficiarias de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2007 y víctimas de un caso por violaciones a sus derechos humanos, que está en curso ante dicho organismo. Las medidas cautelares obligan al Estado peruano a proveer de un diagnóstico médico especializado para los beneficiarios y tratamiento médico especializado y adecuado para aquellos cuyo diagnóstico demuestre que se encuentran en una situación de peligro de daño irreparable a su integridad personal o a su vida. A la fecha, ello no se ha cumplido a cabalidad y, salvo unas cuantas honrosas excepciones, la atención que han recibido estos hombres y mujeres ha sido, en muchos casos, deplorable. Han sido maltratados y re-victimizados por el sistema de salud. Frases como “esto ya no tiene solución” han sido recurrentes al hacer referencia a su estado de salud o al de sus hijos o hijas. En 2002, Anna Cederstav y Alberto Barandiarán publicaron un excelente libro, fruto de un análisis y seguimiento de los reportes de emisiones atmosféricas de DRP entre 1996 y 2001. En el texto, titulado “La Oroya no espera”, se recomendó a la DIGESA, entre otros, “[i]mplementar en conjunto con la empresa un sistema de evaluación médica y monitoreo para todos los pobladores de la ciudad de La Oroya, particularmente a niños y mujeres gestantes, con la finalidad de atender situaciones de emergencia y evitar más impactos graves a la salud de la población”. Han transcurrido diez años de la publicación y cinco desde las medidas cautelares y pese a que existen protocolos de atención y recomendaciones de grupos de expertos, estos luchadores y luchadoras siguen esperando a que el Estado atienda adecuadamente su situación de salud, repare la violación a sus derechos y ponga un alto a una empresa que opera y contamina de manera impune. ¿Hasta cuándo…?
Leer másBuenas noticias al cerrar el 2012: ¡Menos azufre, más aire limpio!
Por Gladys Martínez, asesora legal de AIDA Trabajar en AIDA ha significado una búsqueda constante de la defensa del ambiente, no sólo desde escritorio, mediante llamadas y reuniones. Pero también en mi vida privada: reciclar al limpiar (lavar y guardar tarros, botellas, latas, etc. hasta que llegue el día de recolección); cerrar la llave de la ducha aunque el agua esté deliciosa; utilizar la lavadora sólo en horarios de tarifa reducida; no poner el aire acondicionado en casa aunque en los calores de Semana Santa nos derritamos como helados bajo el sol... Sin embargo, y desde los últimos años, tengo todavía un cargo de conciencia: una preocupación grande cada vez que debo manejar a la ciudad; no me refiero a una gran urbe como Bogotá, México D.F. o Lima, sino a San José, la capital Costa Rica. Me veo obligada a conducir ya que nuestro sistema de transporte público está apenas en desarrollo y vivo a 45 minutos de casi todos los sitios de reuniones. ¡Pero la situación promete ser otra! A partir de enero de 2013 los costarricenses podrán respirar un poco mejor, pues el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) anunció que a partir de entonces, la cantidad de azufre en la gasolina y el diesel se reducirá en un 70%. Actualmente, los combustibles utilizados en el país tienen 50 partes por millón de azufre, pero la nueva disposición del Gobierno obligará a los distribuidores a dar productos con apenas 15 partes por millón. Esta decisión apunta a ubicar a Costa Rica como el país centroamericano con combustibles más limpios y a la altura de la normativa más avanzada de países europeos. Abajo se puede ver un gráfico ilustrativo con los niveles de azufre (partes por millón) en el diesel en algunos países del continente, comparados con la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Qué repercusiones positivas traerá esto? El azufre está relacionado con efectos nocivos en la salud de las personas como dificultad para respirar, irritación ocular por formación de ácido sulfuroso e inflamación de las vías respiratorias, edema pulmonar, alteraciones psíquicas, problemas de asma y bronquitis crónica. Al combatir las consecuencias negativas de la elevada presencia de azufre en los combustibles, la medida gubernamental beneficiará sobre todo a quienes son más vulnerables a estos males: niños, mujeres gestantes y ancianos. Por otro lado, la disminución de los niveles de azufre ayudará al mejor rendimiento de los automotores, pues entre más “limpio” sea el combustible, mejor funcionará la computadora del motor. Más avances en la UE El pleno del Parlamento y el Consejo de la Unión Europea acaban de aprobar una disminución del 3.5% al 0.5% —entre 2012 y 2020— en el contenido de azufre de los combustibles utilizados por los buques en aguas europeas. Esto debido a que la contaminación ambiental que estas emisiones provocan deriva en 50 mil muertes cada año.
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Filipinas destaca en las negociaciones de la COP18
Por Andrea Rodríguez (en Doha, @arodriguezosuna) y Florencia Ortúzar, asesoras legales de AIDA Filipinas ha llegado a ocupar un sitial importante en las negociaciones de la COP18. AIDA participó de una reunión entre la delegación de ese país en Doha y miembros de la sociedad civil. En ella, Naverev M. Saño, Viceministro de Medio Ambiente de Filipinas, compartió sus impresiones sobre la Cumbre. La acertada participación filipina cobró relevancia por los lamentables hechos ocurridos a causa del tifón Bopha, que azotó la isla de Mindanao el pasado martes, ocasionando muertes y destrozando todo a su paso. Este desastre natural se suma a otros de su tipo que han estado acaeciendo con más frecuencia de lo normal y que se atribuyen, cada vez con menores dudas, a los efectos del cambio climático, al parecer fuera de control. Llama la atención la forma en que los delegados de Filipinas se manejan ante las negociaciones. Parecen tener una estrategia superior. Se muestran siempre activos, aportan opiniones relevantes cada vez que hay ocasión y han presentado ya múltiples peticiones. Pese a que no tienen mucho poder, su excelente maniobra y dinámica les han hecho brillar en el mar de posiciones y discursos que conforman la COP. Filipinas ha dicho que exigirá un segundo período para el Protocolo de Kyoto (PK) con las enmiendas necesarias para combatir efectivamente el problema del cambio climático (CC). Se debe garantizar el PK continúe y sin vacíos. El único instrumento vinculante respecto del CC a nivel mundial tiene sus días contados y, sin una prórroga o uno que le siga, todo lo avanzado podría colapsar. La excusa de que “no hay dinero” no es ya viable, expresaron los miembros de la delegación filipina. Hoy en día, ya se conocen las grandes sumas de dinero que se gastan en Afganistán para la guerra o en Grecia para rescatar bancos en crisis, recordaron. Por otro lado, Filipinas tiene claro que una de las razones que ha ensombrecido las negociaciones y su posibilidad de avanzar es la falta de participación de la sociedad civil y de los propios delegados. Los ministros se reúnen sólo con sus pares, llevan tres días de negociaciones y son asesorados por otros ministros, en lugar de tener contacto con delegados y representantes de la sociedad civil, lamentaron los filipinos. La actitud de la delegación de Filipinas se ha mostrado además ambiciosa, sin dar señal alguna de retroceso. No aceptarán nada a medias, pelearán para lograr algo concreto. Youngo, el grupo oficial de jóvenes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) manifestó su apoyo a Filipinas en una carta que terminó con una frase que ilustra el sentimiento de muchos ante la injusticia y las frustraciones que emanan de negociaciones que no avanzan: “Por ahora, estamos con Las Filipinas. Nos unimos a las millones de personas en todo el mundo que pagan por la ignorancia y la arrogancia de los países y las empresas de combustibles fósiles que ponen los intereses de las ganancias económicas por delante de las necesidades de las personas. No echaremos pie atrás. Solidariamente, YOUNGO” Ir a la página de CEMDA y AIDA sobre noticias y actividades de la COP18 en Doha
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COP18: Derechos humanos y cambio climático, un vínculo necesario
Por Andrea Rodríguez (en Doha, @arodriguezosuna) y Florencia Ortúzar, asesoras legales de AIDA El evento “El Avance de los Derechos Humanos en el Marco Climático: ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?”, que AIDA co-auspició, sirvió para poner al día a los asistentes sobre el camino recorrido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en cuanto al reconocimiento de la obligación de proteger los derechos humanos. Organizado por CIEL (Centro Internacional de Derecho Ambiental) y la Universidad de Lapland, el evento buscaba explorar nuevas oportunidades para avanzar en la protección de los derechos humanos dentro de los procesos y mecanismos actuales y los de reciente creación como el Fondo Verde Climático (FVC) y el mecanismo de pérdidas y daños. El resultado fue muy interesante. Diferentes panelistas ilustraron de manera emotiva la situación desesperada que viven las pequeñas naciones islas, que ven cómo el mundo avanza hacia un aumento global de temperatura, haciendo cada vez más inevitable la desaparición de sus tierras y cultura. Entre los casos que se compartieron está el del pequeño Estado de Kiribati, compuesto por varios atolones de coral. Estas islas son muy vulnerables a las subidas de la marea, los días allí son cada vez más calurosos y las lluvias más intensas. Las sequías también se han intensificado y han provocando estragos como la muerte de árboles. Además, a causa del cambio climático, el agua subterránea en Kiribati está contaminada, situación que amenaza la provisión de agua potable y la seguridad alimentaria de sus habitantes. Es terrible ver cómo la gente que permanece en la isla, aferrada a su cultura, trabaja cada vez más duro para sobrevivir, sin lograr mejorar una realidad que ya escapa a sus manos. La situación es similar en las islas de Maina y Melont Tuvalu. Se trata de ocho pequeñas islas que en total suman 26 kilómetros cuadrados. En el lugar se generan vientos cada vez más fuertes, así como intensas mareas que provocan mucha destrucción. El cambio climático ha contaminado, como en el caso anterior, las aguas subterráneas y las mareas altas están forzando migraciones, re-localizaciones y el surgimiento de los llamados “refugiados del cambio climático”. Los problemas descritos sólo pueden derivar en conflictos aún peores: cuestiones de soberanía, pérdidas de lengua, identidad y cultura. Al quedarse sin territorio, las poblaciones afectadas por el cambio climático pierden el espacio donde plasmar sus modos de vida. El derecho a permanecer en sus tierras de origen es un derecho establecido por las Naciones Unidas. ¡Estas naciones tienen el derecho de vivir para siempre! En este sentido, el mensaje concreto del evento fue que, mientras los países desarrollados temen a lo sumo un aumento en el precio de las energías; la suerte que les espera a los países en desarrollo podría ser apocalíptica. Para los primeros, el cambio climático es acerca de ponerle un precio al carbono. Para los segundos, se refiere a algo más fundamental: la existencia misma, los derechos humanos (a la tierra, al aire, etc.), la pérdida de cultura, la sobrevivencia, la posibilidad de perder sus raíces y el lugar que reconocen como hogar. El tema merece una profunda reflexión en torno a la necesidad de incluir los derechos humanos en la discusión sobre el cambio climático. Se deben integrar los ecosistemas a los modos de vida. Debe avanzarse hacia el respeto de la sabiduría tradicional y el reconocimiento de la importancia de la participación total y efectiva de las comunidades y de su consentimiento libre, previo e informado. Las salvaguardas son la herramienta para resguardar los derechos humanos. Pero, ¿qué hemos conseguido hasta ahora? Al menos se han considerado los derechos indígenas en textos, pero esto no es suficiente. Está pendiente aún la tarea de integrar los derechos humanos a las salvaguardas del régimen global del cambio climático. Quizás podría establecerse un mecanismo de quejas bajo la CMNUCC que esté alineado con los compromisos internacionales. Ir a la página de CEMDA y AIDA sobre noticias y actividades de la COP18 en Doha
Leer másEl Fondo Verde Climático: Las salvaguardas y los pueblos indígenas
Por Andrea Rodríguez (en Doha, @arodriguezosuna) y Florencia Ortúzar, asesoras legales de AIDA AIDA participó en Doha (Qatar) del evento paralelo denominado “Cómo hacer al FVC (Fondo Verde Climático) Relevante y Sensible ante los Pueblos Indígenas”, organizado por la Fundación Tebtebba. En él se abordó la importancia de que el FVC contemple espacios para discutir las necesidades de los pueblos indígenas. Y es que en las reuniones de la Junta del Fondo Verde Climático existen apenas cuatro cupos para la asistencia de externos. Peor aún, dos de ellos están reservados para el sector privado. De ese modo, los pueblos indígenas están en grave peligro de no ser considerados en el proceso de implementación del mecanismo financiero de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Son muchos los aspectos que se desconocen del Fondo. La representante de CIEL (Center for International Environmental Law) consideró relevante que el FVC cuente con salvaguardas apropiadas para garantizar el respeto al ambiente, así como a los derechos humanos de las comunidades afectadas. Entre los asuntos pendientes figura también la operacionalización del Fondo, punto que no debería pasarse por alto. Por eso es preciso empezar a sacar las cosas en limpio y así determinar qué tipo de salvaguardas deben ser, si se tratará de delineamientos descriptivos específicos o si es que simplemente se dispondrán principios a seguir. También es importante que no sólo el FVC como tal contemple salvaguardas, sino que además las tengan los órganos a través de los cuales funcionará el mismo. Por ejemplo, si el Banco Mundial actúa como catalizador de recursos, es menester que el organismo contemple salvaguardas específicas al respecto. Ir a la página de CEMDA y AIDA sobre noticias y actividades de la COP18 en Doha
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Minería: ¿Un riesgo para el derecho humano al agua?
Nací en octubre de 1982 en Managua, capital de Nicaragua. Mi país es el más grande de Centroamérica, con 130,373.4 kilómetros cuadrados, pero el menos densamente poblado con 5.1 millones de habitantes. Esconocido como la “tierra de lagos y volcanes” por sus 21 cuencas hidrográficas —que albergan 85 ríos, 47 lagunas y dos grandes lagos— y su extensa cadena volcánica. Pero los recursos hídricos de Nicaragua se encuentran en peligro por actividades humanas (no sostenibles) como agricultura, pesquería y minería, situación similar en muchas partes del mundo. Observar el atardecer frente a la Laguna de Apoyo en el Departamento de Masaya, teniendo en el horizonte a la Ciudad de Granada (ciudad colonial), asentada a orillas del Lago Cocibolca, es una de las experiencias más maravillosas que he vivido, razón por la cual, me preocupa el daño a las fuentes de agua de mi país y de otros en la región y como esto afectará la calidad de vida y el nivel de bienestar de la personas. Daño al agua La Organización Mundial para la Salud (OMS) establece que “El agua dulce es un recurso limitado y su calidad está bajo presión constante. Preservar la calidad del agua dulce es importante para el abastecimiento de agua potable, la producción de alimentos y el uso de aguas recreativas.” La minería es una de las industrias más intensivas del mundo en el consumo de agua, afectando tanto lacantidad (disponibilidad) como la calidad de la misma. La primera se ve impactada por los grandes caudales quese utilizan en todo el proceso de extracción de minerales. A nivel internacional, un claro ejemplo del alto consumo de agua, son las actividades mineras desarrolladas en el desierto del Nordeste de Nevada, Estados Unidos, donde entre 1986 y 2001 se bombearon 580 millones de galones de agua, lo suficiente para abastecer a Nueva York por más de un año. Al respecto, Safe Drinking Water Foundation, organización canadiense que realiza investigaciones sobre el tema, indica que la calidad del agua se ve afectada por diferentes procesos de contaminación. Al remover la tierra para extraer los minerales, se libera el sulfuro que se encuentra en las rocas por naturaleza, pero que al entrar en contacto con el agua y el aire, se convierte en ácido sulfúrico (Drenaje Acido de Minas), altamente dañino para la calidad del agua y la biopersidad. Además, para extraer y separar minerales como el oro, se utilizan ciertos agentes químicos como el ácido sulfúrico y el cianuro, nocivos para el ser humano y la biopersidad. La exposición crónica a sustancias químicas en el agua potable puede afectar el desarrollo cognitivo de los niños. Algunos casos A lo largo del continente americano, encontramos diferentes experiencias y testimonios de los impactos negativos de la minería en el ambiente. En Centroamérica, se encuentra la mina El Limón, en Nicaragua, cuya población aledaña sufre la carencia de agua potable por la contaminación de las fuentes de agua con cianuro y otros metales pesados. En Sudamérica está el caso de la ciudad de La Oroya, en Perú, donde las actividades de la metalúrgica Doe Run —empresa procesadora de cobre, plomo y zinc— han generado una crisis de salud pública debido a la liberación de gases tóxicos. Otro caso es el de la Mina Yanacocha, también en Perú, que en el año 2000 provocó una crisis similar a la anterior a causa de un derrame de mercurio que afectó a 925 personas, de las cuales 135 fueron hospitalizadas por la contaminación. En conclusión, la minería no sostenible representa un riesgo para el Derecho Humano de“Acceso al Agua Potable y Saneamiento” —reconocido por las Naciones Unidas en la Resolución 64/292.— al poner en peligro la cantidad y calidad de las fuentes hídricas. De igual forma, al afectar la calidad del agua, la minería viola además otros derechos como el Derecho Humano a la Salud y a un Ambiente Sano.
Leer másEstados Unidos en la COP18: Los testarudos de siempre
Por Andrea Rodríguez (en Doha, @arodriguezosuna) y Florencia Ortuzar, asesoras legales de AIDA DOHA, QATAR. La representante de AIDA en la COP18, Andrea Rodríguez, y miembros de CAN Finance se reunieron en Doha con tres de los delegados del Gobierno de Estados Unidos, entre ellos un miembro del Standing Committee por ese país. Tres fueron los puntos principales que se abordaron en el encuentro. En primer lugar, los delegados mencionaron un informe sobre el Financiamiento de Rápido Arranque (FSF) que habrían presentado recientemente, en el que se justifica que Estados Unidos ha entregado el dinero correspondiente a los compromisos que adquirió. El problema, señalaron nuestros representantes, es que el dinero que sale del Congreso estadounidense genéricamente como “presupuesto para cambio climático” no cumple con el requisito de ser “new and additional”. Ante la ausencia de un órgano que verifique el destino de los fondos, éstos se mezclan y sus denominaciones cambian para cumplir con una y otra obligación. El concepto “new and additional” significa que los fondos aportados para el cambio climático deben ser independientes de aquellos desembolsados para compromisos anexos. Por ejemplo, lo que el Gobierno de Estados Unidos entrega como asistencia para el desarrollo, se debería aprobar como otro ítem. Pero sucede que el Congreso autoriza una determinada suma de dinero para cambio climático sin importar hacia dónde se dirije. Los delegados estadounidenses parecen considerar que si dicho presupuesto sube un poco cada año, ya se estaría cumpliendo con el requisito de “new and additional”. Según los delegados, Estados Unidos aportó 7.5 billones de dólares por el FSF, cifra que sumada a los aportes de otros países llegaría a los 30 billones comprometidos. Nuestros representantes insistieron en que el dinero debe ser, por mandato, “new and additional”. Para los delegados estadounidenses, los fondos que salen anualmente del Congreso cumplen siempre con ese requisito. Ante esto sólo queda comentar lo absurdo que resulta su percepción ya que existe una concepción legal de lo que significa “new and additional”. Entre lo privado y lo público El segundo punto discutido en la reunión fue el Standing Committee, organismo creado para mejorar la coherencia y coordinación del financiamiento para mitigar los efectos del cambio climático. Uno de los delegados de Estados Unidos es parte del comité, razón por la cual resultó preocupante y sorprendente cuando éste manifestó simplemente que dicha instancia “le parecía útil”. Finalmente, se abordó el financiamiento a través de dinero privado o público. Estados Unidos pareció adoptar la postura de que el dinero privado debe ser usado sin más si es que así se puede solucionar un problema. Esta posición es contraria a los principios de responsabilidad que rigen las negociaciones sobre cambio climático. Es claro que nosotros no querríamos cerrar las puertas a cualquier ayuda económica, incluso si ésta viene del ámbito privado. Pero se debe actuar con cautela y teniendo siempre en cuenta que el financista privado no tiene una convención mundial que le gobierne. El financiamiento privado debería ser considerado como complementario al público, pero no puede ser el único en usarse para cumplir las obligaciones que los países desarrollados deben prestar a los países en desarrollo. No estamos tranquilos dejando el peso de la responsabilidad al mundo privado, el cual no constituye una entidad de derecho internacional, por lo que no puede asumir las obligaciones de un país. Ir a la página de CEMDA y AIDA sobre noticias y actividades de la COP18 en Doha
Leer másCOP18. Termina la Cooperación a Largo Plazo: ¿Y el financiamiento?
Por Andrea Rodríguez (en Doha, @arodriguezosuna) y Florencia Ortuzar, asesoras legales de AIDA DOHA, QATAR. Uno de las preocupaciones centrales respecto del financiamiento necesario para mitigar los efectos del cambio climático en las negociaciones de DOHA tiene que ver con la pronta disolución del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Cooperación a Largo Plazo en el Marco de la Convención (AWG-LCA). El futuro de este espacio hasta ahora apto para discutir los temas financieros es incierto. El AWG-LCA es un cuerpo subsidiario establecido bajo la Convención para llevar a cabo un proceso comprensivo que permita la total, eficiente y sustentable implementación a través de la cooperación a largo plazo. El temor que hoy existe se debe a que, su plazo de existencia, está por cumplirse y aún se desconoce dónde se discutirá sobre financiamiento cuando ello ocurra. La sociedad civil ha manifestado que no importa dónde suceda, mientras se establezca un espacio político para hablar y empujar efectivamente un asunto fundamental como el financiero para hacer frente al cambio climático. La alternativa podría ser mantener el AWG-LCA o que el espacio se genere a través del Standing Committee, la Plataforma de Durban o la misma COP. Lo importante es que se reconozca el procedimiento como tal y que se resuelva, evitando a toda costa la posibilidad de que el tema quede sin discutirse y, por ende, en un vacío total. Ir a la página de CEMDA y AIDE sobre noticias y actividades de la COP18 en Doha
Leer másEl Pez León y la necesidad de combatir especies invasoras
By Sandra Moguel, legal adviser AIDA, @sandra_moguel A few weeks ago I was fortunate to visit the Caribbean in Puerto Rico. I was excited about the idea of finding similarities between Puerto Ricans and Mexicans coral reefs. The experience was as wonderful as expected. However, he called my attention to see in all my dives copies lionfish , a native species in the Indian Ocean. More than ten years ago, copies of lionfish escaped from an aquarium in Miami. Now, this threatens the survival of other marine animals and plants of Caribbean reefs. This species of fish is aggressive and venomous , nocturnal and with few animals that may eat them; its existence in the Caribbean Sea destroys biopersidad reef coral larvae to eat or species of native youth, preventing the completion of their reproductive cycle. The Convention on Biological persidad (CBD) defines invasive species, including lionfish, as "those who thrive unassisted human and natural habitats threaten or semi, outside their usual range." They are also one of the main causes of loss biopersidad worldwide. Only in 2006, the National Commission for Knowledge and Use of Biopersidad (CONABIO) reported that there were at least 800 invasive species in Mexico, including 665 plants, 77 fish, two amphibious eight reptiles, 30 birds and six mammals . In Canada, invasive alien species include at least 27 percent of all vascular plants: 181 insects, 24 birds, 26 mammals, two reptiles, four amphibians, several specimens of fungi and mollusks, and 55 freshwater fish. The spread of these species increases due to changes in land use I mean for example logging and desmonte-, alteration of ecosystems and climate change phenomena that affect the vulnerability of habitats. In the case of the lionfish, it spread due to an accidental release, but natural events such as hurricanes could increase their dispersion. Invasive species not only cause economic losses , in this case fishing, because newcomers natives eat fish resources; It is also the fact that eradication strategies are costly . The risks The Convention on Wetlands of International Priority Importance , since 1999 calls in its resolution on Invasive Species and Wetlands to the parties to address in their actions the environmental, economic and social impact of the movement and transport of alien species in the propagation of the species invasive. Also it urges the assessment of the risk they entail. For its part, the Commission for Environmental Cooperation of North America , also considers this environmental problem as a priority because the trade and traffic of people and goods related to free trade, increases the chances of transferring invasive species in the region. Following up on the commitments to protect your biopersidad of invasive species , some countries in the hemisphere have been concerned about the issue. Just to cite a few examples, in Mexico, the National Commission of Natural Protected Areas (CONANP) via the National Invasive Species Strategy seeks the creation and implementation of an appropriate regulatory framework to combat them , that decisions are taken in coordination with the various authorities and the constant generation of scientific knowledge in this field. In the United States there is a Council specializing in invasive species, as well as a Plan of Action to combat its spread. Unfortunately, the natural predator of the lionfish -the mero- presents levels of overfishing, so it can not be considered as an option repopulation. The International Coral Reef Initiative formed by representatives of governments, academics and civil society, keeps the dialogue to find alternatives Persians to prevent the spread of this pest through its group of experts. The spread of the lionfish is a regional environmental problem that not only affects the Mesoamerican Reef and reefs of Puerto Rico, but also covers the ecosystems of Costa Rica and Panama. Thus the issue of legal and public policy is needed to increase international cooperation and exchange of experiences and strategies to address the problem.
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