Blog
Santa Marta y el fin de los combustibles fósiles: Del "sí" al "cómo"
Terminó la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles en Santa Marta, Colombia. Y todo apunta a que esta iniciativa llegó para quedarse. Muchos aspectos merecen atención en este proceso abierto por Colombia y los Países Bajos. ¿Estamos ante la primera piedra de una nueva era? Mientras el mundo aún no termina de digerir lo ocurrido, y espera el reporte oficial de los países coanfitriones en los próximos meses, hacemos un análisis temprano. Los orígenesLa conferencia de Santa Marta fue la respuesta a la frustración de tres décadas sin que las negociaciones climáticas internacionales —en las sucesivas Conferencias de las Partes (COP) de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC)— abordaran de frente la causa principal e indiscutida de la crisis climática: los combustibles fósiles. Y ya era hora. Desde 1992, la comunidad internacional ha negociado emisiones, metas y mecanismos de mercado, sin lograr mirar de frente al elefante en la sala. Las palabras "petróleo", "carbón" y "combustibles" no aparecen en el Acuerdo de París. Recién en 2021, en la COP de Glasgow se reconoció por primera vez que los combustibles fósiles causan el cambio climático, pero solo se pidió una reducción gradual del carbón. En 2023, en Dubai, se logró el mayor avance: la frase "transitioning away from fossil fuels". Y en 2025, en Belém, ni eso pudo mantenerse. Pero al menos esa frustración sirvió para detonar la conferencia de Santa Marta, que fue precisamente lo contrario: 57 países representando un tercio del PIB global sentados para hablar de cómo dejar los fósiles, no de si hacerlo o no. Si no llega a ser nada más, esta conferencia por lo menos fue un alivio, una señal de cordura en un mundo que a veces realmente no se entiende.Y no solo se habló del qué, sino del cómo, que incluye la justicia. El documento oficial de resumen que circularon los países anfitriones habla de planes territoriales de transición justa, reconversión laboral con participación de personas trabajadoras y comunidades, acceso directo a financiamiento para pueblos indígenas, y prevención explícita de "nuevas formas de dependencia extractiva". Se mencionan los sistemas de energía descentralizada y comunitaria como ejemplos concretos de producción sostenible.Desde AIDA, creemos que esta es una condición fundamental: sin justicia, no hay transición viable. No es un imperativo ético o jurídico, es también práctico. Cuando la transición se hace sin las comunidades, sin el resguardo de las personas y los territorios, sin una justa distribución de cargas y beneficios, genera resistencia que puede frenar los propios proyectos. La evidencia en América Latina habla por sí sola.En tiempos en que la humanidad atraviesa tanta oscuridad, cuesta ser optimista. Quizás en este caso hay razones para serlo. Una guerra que, paradójicamente, muestra el caminoLa guerra en Medio Oriente como telón de fondo le dio a la conferencia de Santa Marta una urgencia sin precedentes: la disrupción en el suministro de petróleo y gas que ha generado nos pone en una situación única. De un plumazo, se interrumpió entre el 20 y 25% del flujo de petróleo y gas en el mundo, generando estragos a lo largo y ancho del planeta: costos de vida disparados, apagones, economías tambaleándose. Un conflicto en un punto específico del planeta está afectando a casi todas las economías del mundo. Y eso cambió el tono de la conversación. La transición no se enmarca solo como una necesidad climática o ambiental, sino como un asunto de seguridad y soberanía. La guerra demostró que depender de los fósiles nos hace tremendamente vulnerables. Es tiempo de asumir que la urgencia climática y estabilidad económica están del mismo lado, no se contraponen.Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía, declaró desde Santa Marta que la guerra "rompió los mercados fósiles sin posibilidad de reparación", refiriéndose a la metáfora del jarrón roto. No es solo una posición ambientalista, es un diagnóstico global. La renovación de Santa MartaAdemás de su contenido, la forma en que se desarrolló la conferencia de Santa Marta también sorprendió y podría considerarse una innovación para la diplomacia climática. El lobby de los combustibles fósiles fue explícitamente excluidos. Los países que históricamente han bloqueado cualquier progreso no fueron invitados. Y el formato del segmento de alto nivel rompió con las dinámicas tradicionales: en lugar de las declaraciones leídas desde un computador que caracterizan las COP, los ministros y delegados se sentaron en círculos pequeños bajo las reglas de Chatham House, sin pantallas, y junto a representantes de sociedad civil y pueblos indígenas en las mismas condiciones. No pasó al final, cuando ya nadie escucha, sino marcando la pauta desde el inicio.Tzeporah Berman, presidenta de la iniciativa para crear el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, describió la experiencia como "ver una represa ceder: "toda esa experiencia, esos conocimientos y esa pasión acumulados se traducen de repente en medidas concretas para eliminar gradualmente los combustibles contaminantes". La ciencia al volanteEntre los resultados concretos, destaca el lanzamiento del Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET, por sus siglas en inglés). En los primeros años de las negociaciones climáticas, la ciencia iba por delante: las COP abrían con una actualización del conocimiento científico más reciente y las decisiones se construían sobre esa base. Con el tiempo, eso se fue erosionando. Países con intereses fósiles fueron diluyendo las advertencias científicas e introduciendo lo que en la conferencia de Santa Marta se llamó abiertamente "falsas soluciones" —como la captura de carbono y los offsets— para justificar la continuidad de la extracción. La conferencia se propuso poner a la ciencia de regreso al volante.El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) sigue produciendo informes fundamentales, pero tiene limitaciones que el SPGET puede subsanar. Publica informes cada siete años, un proceso lento para una crisis que se acelera. Sus resúmenes para personas tomadoras de decisiones —que en la práctica leen los gobiernos— son negociados línea por línea con representantes gubernamentales, incluyendo países con intereses fósiles, lo que atenúa conclusiones. Y el IPCC no está facultado para dar recomendaciones de política a los países. Carlos Nobre, uno de los fundadores del SPGET, contó que una vez quiso incluir información sobre los riesgos que enfrenta la Amazonía en un resumen del IPCC y que un representante de su propio país lo rechazó. El SPGET es totalmente independiente. Ningún gobierno puede vetar lo que dice y producirá actualizaciones anuales con recomendaciones concretas de política, apoyando a los países en el desarrollo de hojas de ruta alineadas con la meta de los 1.5°C. En cuanto a su estructura, está copresidido por una economista camerunesa (Vera Songwe), un economista alemán (Ottmar Edenhofer) y un ingeniero energético brasileño (Gilberto Jannuzzi). Si funciona como promete, podría convertirse en el brazo científico que la transición necesita. Continuidad y estructura. La promesa hacia el futuroLa conferencia de Santa Marta no fue un evento aislado, sino el inicio de un proceso estructurado. Para empezar, ya se confirmó una segunda versión para 2027, coorganizada por Tuvalu e Irlanda, sellando el compromiso de colaboración norte-sur. Con miras a eso, se crearon tres líneas de trabajo permanentes que operarán hasta Tuvalu. La primera línea de trabajo apoyará a los países en la elaboración de hojas de ruta nacionales de transición, conectadas con sus compromisos climáticos bajo el Acuerdo de París. Hay ejemplos concretos: Francia llegó con la suya, una hoja de ruta para eliminar progresivamente los combustibles fósiles de su matriz energética para 2050, la primera propuesta de este tipo presentada por un país desarrollado. Pero el plan ha sido criticado por la sociedad civil. No aborda la remediación de territorios dañados por décadas de extracción ni da cuenta de las nuevas presiones que su modelo de electrificación podría ejercer en el sur global, de donde provienen la gran mayoría de los minerales necesarios para baterías, redes y energías renovables. Colombia, por su parte, presentó la suya en la preconferencia académica, con datos que muestran que la transición resultaría económicamente rentable a partir de 2040. Estas hojas de ruta, a diferencia de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), abordan la producción de combustibles fósiles. Las NDC se refieren a la reducción de emisiones, pero no comprometen el cierre de minas o plantas de carbón ni el fin de las licitaciones para extraer fósiles. Ahora, las NDC también tienen algo que las hojas de ruta no tienen: anclaje jurídico, al ser parte del Acuerdo de París. Entonces, la promesa está en que las hojas de ruta se integren en las NDC, lo que dejaría con compromisos concretos y vinculantes de transición. Pero, como muestra el caso francés, si las hojas de ruta no incorporan la remediación de territorios afectados ni las cadenas de suministro que la electrificación demanda, hay riesgo de terminar con compromisos vinculantes que consolidan una transición desigual en lugar de corregirla.La segunda línea de trabajo permanente abordará las barreras financieras —deuda, subsidios fósiles y acceso a capital— con apoyo del IISD, un centro de investigación especializado en políticas de subsidios y finanzas climáticas. Y la tercera buscará formas de descarbonizar el comercio internacional, conectando a países productores y consumidores de combustibles fósiles para que trabajen juntos en la transición, con apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).A eso se suma el panel científico (SPGET), que dará base técnica a todo el proceso, y un grupo de coordinación permanente entre los coanfitriones actuales (Colombia y Países Bajos) y los futuros (Tuvalu e Irlanda), que asegurará continuidad. Todo lo que salga de estas líneas de trabajo alimentará las negociaciones climáticas oficiales de la ONU, incluyendo la COP31, prevista para noviembre de este año en Turquía.Aunque no hay acuerdos vinculantes que mostrar, sí contamos ya con mecanismos concretos de trabajo entre los países que sí quieren avanzar, con instituciones de apoyo, mandatos claros, una segunda conferencia para recibir los avances y la promesa de permear las negociaciones oficiales de la ONU. Es un buen comienzo que tiene estructura para sostenerse. Lo que queda por resolverHay una deuda que atraviesa todo lo anterior: los plazos y la urgencia. Recién empezamos a hablar de crear hojas de ruta para eliminar los combustibles fósiles, pero su implementación debió iniciar hace 40 años. Ese desfase debería marcar el tono de todo lo que viene.Un tema en el que la conferencia de Santa Marta se quedó particularmente corta es el financiamiento. El tema —deuda, espacio fiscal, subsidios, arquitectura financiera internacional—se discutió extensamente, pero no se logró traducir esto en señales claras. Para un proceso que aspira a coordinar la salida global de los combustibles fósiles, la ausencia de una hoja de ruta financiera es una limitación seria.No es algo nuevo ni se trata de caridad. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, consagrado en la propia CMNUCC, establece que los países que más contribuyeron a la crisis climática deben apoyar a los que menos lo hicieron y más sufren. Con esta base se han construido las metas de financiamiento climático que hoy ascienden a USD 300.000 millones anuales para 2035, según se acordó en la COP29. Pero la mayoría de ese financiamiento llega en forma de préstamos, lo que significa que los países del sur se endeudan para resolver un problema que no crearon. La deuda climática del norte con el sur se convierte, paradójicamente, en deuda financiera del sur con el norte. Así, no hay transición justa posible. Y la conferencia de Santa Marta no logró avances al respecto. Otra barrera estructural que sí llegó a Santa Marta, pero que aún requiere trabajo es el mecanismo de solución de disputas inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), que permite a corporaciones fósiles demandar a los Estados por adoptar medidas climáticas. Al menos USD 100.000 millones en compensaciones han sido otorgados a empresas a través de tribunales internacionales de arbitraje. El ISDS quedó en el resumen oficial de la conferencia de Santa Marta, pero con un lenguaje tibio. Mientras los gobiernos puedan ser demandados por miles de millones por cerrar una mina de carbón, la transición no avanzará, y no por falta de voluntad, sino por miedo a las demandas.Tampoco se resolvió el debate sobre el gas natural como combustible "de transición". El documento oficial reconoce que "hubo diferentes perspectivas respecto al rol de combustibles de transición y tecnologías”, un avance logrado gracias a la presión de la sociedad civil, considerando el número de países que promueven abiertamente el gas como solución. Pero el gas es un combustible fósil cuyas fugas de metano agravan el calentamiento. Presentarlo como "de transición" es profundizar la dependencia y postergar la transición. Finalmente, un análisis desde América Latina muestra una importante incoherencia práctica: la brecha entre lo que los países dicen y hacen. El gobierno de México participó activamente en la conferencia, pero al mismo tiempo instaló un comité para evaluar la viabilidad del fracking “sustentable”. El gobierno de Brasil, guardián de la Amazonía, sigue licitando pozos petroleros. Y Colombia, anfitrión de la conferencia, anunció que busca ampliar la frontera extractiva en el mar Caribe. Pareciera que diferentes ramas de un mismo gobierno actúan con objetivos totalmente contradictorios. El problema es que esto daña la credibilidad del proceso, que es crucial para una coalición como la que se pretende. Dicho todo esto, quizás era mucho esperar que la primera conferencia de este tipo, que buscó y logró sentar las bases de un proceso nuevo, llegara con todas las respuestas a la crisis de nuestros tiempos. La conferencia de Santa Marta sirvió para mapear los problemas, crear las líneas de trabajo y construir confianza. El siguiente paso no puede esperar mucho tiempo. Para la conferencia de 2027 en Tuvalu, no deberían quedar temas pendientes, sobre todo el financiamiento. Un plan sin financiamiento, por muy bueno y atinado que sea, no tiene como despegar. De un puerto carbonero a una isla que se hunde Terminó la conferencia en Santa Marta, un importante puerto carbonífero en Colombia, y la siguiente parada es Tuvalu, una pequeña nación insular del Pacífico, amenazada existencialmente por el aumento del nivel del mar. La ruta es simbólica: desde un país que exporta carbón a uno que desaparece por el calentamiento que la quema de ese carbón genera. Que estas dos naciones estén hoy construyendo juntas las bases para cambiar el rumbo es precisamente lo que necesitamos: reconocer el pasado y mirar al futuro con solidaridad. La Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles podría pasar a la historia como la primera piedra de una nueva era. Sigamos construyendo.
Leer más
Hablemos del cierre y salida responsable de proyectos
Ningún proyecto minero, de extracción de combustibles fósiles y de generación de energía dura para siempre. Su vida útil está condicionada a factores internos, como la cantidad de reservas de los recursos, y externos, como la disminución de la demanda o problemas financieros, entre otros.Pero, sin importar la duración del proyecto o cómo esta pueda verse afectada, quienes lo promuevan —sean actores públicos o privados— deben prever un proceso de cierre y salida responsable con el entorno natural y con la sociedad, el cual tiene que ser deseado y promovido por todas las personas involucradas.Este asunto es aún más relevante en el contexto de las acciones necesarias para enfrentar la crisis climática, relacionadas en gran parte con la transición energética, la cual implica en términos generales sustituir los proyectos de extracción y uso de combustibles fósiles; así como promover energías renovables bajas en emisiones, que están asociadas a la extracción de minerales. En ambos escenarios, los temas de cierre y salida cobran gran importancia.En el primero, es necesario incluir en los proyectos vigentes obligaciones concretas y exigibles de cierre y salida responsable. En el segundo, estos requerimientos deben incluirse desde la etapa de planificación y la de prefactibilidad, integrándolos también las evaluaciones de impacto ambiental y en fases posteriores.En todos los proyectos, el rol de sus promotores, sean públicos o privados, es esencial. De igual forma, la obligación de supervisión y fiscalización de los Estados tiene mucha importancia para la protección y garantía de los derechos de quienes puedan verse afectados. En ocasiones, la responsabilidad de la salida incluye otros actores clave que forman parte de las cadenas de valor y suministro de los proyectos: inversionistas, financiadores, aseguradoras, proveedores, distribuidores y compradores, entre otros.Por lo señalado, la conversación en torno al cierre y salida responsable de proyectos es fundamental para abonar a la protección del ambiente y la gestión climática en América Latina.¿Qué entendemos por cierre y por salida de un proyecto?Todos los proyectos minero-energéticos tienen distintas fases a lo largo de su ciclo de vida: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, cierre y poscierre. A su vez, tienen cadenas de suministro y de valor en las que participan —como dijimos— actores de diversos sectores.En este contexto, el cierre se refiere a la etapa de un proyecto en la cual este deja de operar y se da por finalizado. Por su parte, la salida se refiere a la decisión y posterior proceso en el cual los distintos actores de la cadena de valor y de suministro del proyecto, desde su propio rol, se desvinculan por completo de este. ¿Qué implica que un proceso de cierre y de salida sea responsable?Actualmente no existe un consenso sobre la definición y el alcance de los procesos de salida y de cierre de proyectos para que sean responsables y justos. En ocasiones, estos términos se utilizan de forma indiscriminada, lo que puede generar confusiones acerca de las responsabilidades de los actores involucrados y el alcance de los procesos que deben llevarse a cabo. Sin embargo, hay elementos que permiten explicar estos conceptos con precisión:El cierre responsable y justo de un proyecto es un proceso planificado, realizado con anticipación, que debe contemplarse desde las fases iniciales del proyecto y actualizarse constantemente según su desarrollo.Por medio del cierre responsable se garantiza un cese de actividades y un desmantelamiento planificado, coordinado y participativo, garantizando también el derecho a un ambiente sano.La planificación y el desarrollo de un plan de cierre deben estar enfocados en la gestión de riesgos, así como en la prevención y mitigación de impactos. Ello asegura un cierre responsable en el que las áreas afectadas puedan readecuarse y ser seguras tanto para la naturaleza como para las comunidades, permitiendo además que los ecosistemas recuperen sus funciones.La obligación general del promotor del proyecto es identificar en debida forma los impactos que este puede causar y dar cumplimiento adecuado y oportuno a las medidas aprobadas por el Estado en sus instrumentos de gestión ambiental.La principal obligación del Estado (además de su deber general de regulación) es supervisar y fiscalizar el proyecto para verificar el cumplimiento de las obligaciones del promotor, previniendo que se generen daños ambientales y/o sociales.El rol de los demás actores de la cadena de valor y de suministro es actuar con debida diligencia, utilizando su influencia para incentivar que el promotor del proyecto cumpla con sus obligaciones y, en caso de notar incumplimientos, tomar medidas desde su papel y capacidad de influencia para que se adopten las acciones correctivas necesarias.La salida responsable y justa se refiere al proceso llevado a cabo por los distintos actores de la cadena de valor y de suministro cuando deciden desvincularse por completo de un proyecto, atendiendo las responsabilidades propias de su rol, que implican cumplir sus obligaciones en materia de respeto y debida diligencia en derechos humanos. En América Latina, han existido avances importantes para regular aspectos vinculados con la autorización, el inicio y la puesta en marcha de proyectos minero-energéticos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que existen importantes desafíos para que los procesos de cierre y salida sean responsables con los ecosistemas y comunidades intervenidas.Para conocer más del tema, consulta nuestro informe El cierre y la salida responsable. Un requerimiento para la justicia ambiental y climática en América Latina En el siguiente video, explicamos los principales hallazgos del informe, que documenta y analiza casos en varios países del continente:
Leer más
¿Cuánta agua se consume para producir energía?
El agua y la energía van de la mano. Procesos como la extracción de gas, la refinación de petróleo o el funcionamiento de una hidroeléctrica necesitan agua. Así, a medida que la demanda de energía aumenta, crece también la necesidad de agua para generarla. Eso genera impactos ambientales y sociales que incluyen el agotamiento de fuentes hídricas o la contaminación de ríos, lagos y otros cuerpos de agua.Conocer la conexión entre el agua y la producción de energía nos permite tener una visión más amplia de qué implica su consumo. Cuidar el agua significa también reducir nuestro consumo de energía, pensar en alternativas de generación más sostenibles y exigir que se produzca de forma limpia y justa. La huella hídrica de la energíaEl agua es indispensable para producir energía. Pero no todas las fuentes consumen la misma cantidad de agua, por lo que su impacto ambiental varía. Para la generación de 1 megavatio, que le da energía a 1,000 casas en una hora, estos son los litros de agua que se consumen en diferentes fuentes de electricidad: Pero el uso de agua va más allá. Además de la etapa de generación de electricidad, las industrias energéticas emplean agua dulce, con diversos impactos socioambientales, en sus diferentes procesos de producción: Centrales térmicas convencionalesEn ellas se calienta agua a altas temperaturas —mediante la combustión de carbón, gas o petróleo— a fin de producir vapor, el cual impulsa turbinas para generar energía eléctrica. En las termoeléctricas también se utiliza agua para enfriar las plantas generadoras de energía. Plantas hidroeléctricasUtilizan la fuerza del agua para mover turbinas que generan energía. Al interrumpir o desviar el cauce natural de ríos, arroyos y lagos causan la desconexión entre hábitats, provocando el desplazamiento y disminución de especies.También impactan en la calidad del agua.Además, provocan el desplazamiento forzado de poblaciones cercanas a las fuentes de agua y que dependen de ellas. Extracción y producción de combustiblesSe usa agua al extraer carbón y en la perforación de pozos para explotar gas y petróleo. En muchos casos, estos procesos generan aguas residuales. También se requiere agua para refinar petróleo y gas antes de que sean utilizados como combustibles. Minería de carbónAdemás del usarla para extraer el mineral, se puede emplear agua —junto con productos químicos— para eliminar el azufre e impurezas antes de su quema. La extracción de carbón mediante el uso de explosivos genera escombros que pueden contaminar fuentes locales de agua e incluso taparlas. El carbón puede ser transportado a la central eléctrica con un método que bombea el mineral finamente molido con agua a través de tuberías. Fractura hidráulica (fracking)En esta técnica, se inyecta a alta presión una mezcla de más de 90% de agua, junto con químicos y arena, en formaciones rocosas subterráneas para fracturarlas y acceder al petróleo o gas que contienen.Las aguas residuales de la mezcla quedan bajo tierra y pueden contaminar el agua subterránea que alimenta acuíferos cercanos. Energías renovablesLa energía solar fotovoltaica y la energía eólica no utilizan agua para funcionar, pero requieren insumos y materiales cuya producción requiere agua.El caso a destacar es el litio, usado para fabricar las baterías que almacenan la energía que generan estas fuentes. Su extracción conlleva un enorme consumo de agua de los salares, una de sus mayores fuentes:2 mil litros de agua por cada tonelada de litio producida en piletas de evaporación.Agua usada para obtener el carbonato de litio y separarlo del resto del compuesto.Agua que se pierde durante el bombeo de la salmuera. Conocer cuánta agua necesitamos para producir la energía que utilizamos nos permite tener una visión más amplia de lo que implica su consumo.Reducir nuestras necesidades energéticas y alentar la producción sostenible y justa de energía también son maneras de cuidar el agua. Si quieres profundizar más en el tema, enlistamos las fuentes de información que consultamos: - "How It Works: Water for Electricity", Union of Concerned Scientists.- "El uso del agua: una planta de energía termoeléctrica", USGS.- "¿Por qué la termoeléctrica no es energía limpia?", J. Soto, Greenpeace.- "How much water does the typical hydraulically fractured well require?", U.S. Geological Survey.- "Hydraulic Fracturing and its Impact on Water Resources", Water Footprint Calculator.- "The intensification of the water footprint of hydraulic fracturing", Science Advances.- "Efectos del represamiento de ríos en países de América Latina y el Caribe sobre la biodiversidad, el agua, la alimentación y la energía", A. Stehr, CEPAL.- "Las represas y su impacto en la naturaleza", WWF.- "¿Qué es el litio, para qué sirve y de dónde se extrae en la Argentina?", Florencia Ballarino, Chequeado.- "El impacto de la minería de litio en los Humedales Altoandinos", Wetlands International.- "'Triángulo de litio: la amenaza a los salares de Bolivia, Chile y Argentina", Rodolfo Chisleanchi, Mongabay Latam. Datos sobre consumo de agua en la generación eléctrica obtenidos de: - "A simple model to help understand water use at power plants", A. Delgado y H. J. Herzog, MIT.- "How it Works: Water for Natural Gas", Union of Concerned Scientists.- "Hidropower Explained", U.S. Energy Information Administration.- "How it Works: Water for Nuclear", Union of Concerned Scientists.- "Geothermal Energu Factsheet", University of Michigan.- "Life cycle water use for electricity generation: a review and harmonization of literature estimates", J. Meldrum y otros, Environmental Research Letters.
Leer más
Cuando la defensa ambiental en América Latina llega a foros internacionales clave
Por Víctor Quintanilla y Mayela Sánchez García* Las voces de los territorios de América Latina y el Caribe son poderosas, más cuando demandan la protección del ambiente frente a múltiples y crecientes amenazas.Con frecuencia, esta exigencia no encuentra eco en quienes administran justicia a nivel nacional o local.Esta tendencia hace necesario recurrir a vías complementarias de justicia en el plano internacional.Una de ellas es la que ofrece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano internacional con un mandato importante: la promoción y protección de los derechos humanos en el continente.Como organización movida por la misión de garantizar el derecho a un ambiente sano en América Latina y el Caribe, la CIDH es un espacio clave en el cual visibilizar problemáticas ambientales que afectan derechos humanos en la región.Lo hacemos de la mano de comunidades y de organizaciones aliadas.Así las voces de los territorios resuenan ante un órgano internacional capaz de instar a que los gobiernos del continente cambien sus prácticas y fortalezcan sus estándares de protección de poblaciones afectadas por la degradación ambiental. Testimonios por una salida responsable de los combustibles fósilesLlevar las voces de las comunidades ante la CIDH es también una oportunidad de visibilizar patrones regionales de riesgo y violaciones de derechos humanos.Así ocurrió el pasado 10 de marzo, cuando representantes de comunidades de Colombia, Chile, Ecuador y República Dominicana expusieron ante la Comisión cómo décadas de extracción y uso de combustibles fósiles han vulnerado gravemente derechos humanos como el derecho a un ambiente sano, a la salud y al acceso a la información y participación en asuntos ambientales."Nuestra región no necesita únicamente descarbonizar su matriz energética, también necesita descarbonizar la injusticia histórica que han soportado nuestros pueblos", expresó Yaneth Ortiz, representante del pueblo indígena Wayuu de La Guajira, un territorio al norte de Colombia gravemente impactado por la operación del proyecto minero Carbones del Cerrejón.Sus mensajes fueron escuchados por la CIDH durante una audiencia pública denominada "Situación de los derechos humanos por la extracción de combustibles fósiles", en el marco de su 195° Período de Sesiones.Las y los representantes de las comunidades también hablaron de cómo en el contexto actual de transición energética, estas violaciones y riesgos se han profundizado."Nuestros niños se están enfermando en sus propias escuelas. A pesar de todo esto, no hay responsables claros ni soluciones estructurales… Para nosotros este proceso de descarbonización [en Chile] ha sido insuficiente y poco transparente", expresó Katta Alonso, en representación de la organización chilena Mujeres en Zonas de Sacrificio en Resistencia.Las experiencias locales compartidas evidenciaron la urgencia de llevar a cabo transiciones justas, lo que implica cierres responsables de proyectos de energía fósil en toda la región.Mientras que Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), planteó: "No nos han hecho consulta previa, libre e informada para realizar explotación petrolera en nuestro territorio, tampoco para la conformación del área protegida. Ahora exigimos que se respeten nuestros derechos en el proceso de cierre de la actividad petrolera y la reparación ambiental y social".AIDA solicitó la audiencia junto con las comunidades y con organizaciones aliadas."Expusimos el riesgo y las violaciones a derechos humanos que experimentan distintos territorios en contextos de cierre y salida irresponsable de proyectos de extracción y quema de carbón, gas y petróleo", detalla Rosa Peña, abogada de AIDA.Para la Comisión, el propósito de estas audiencias es recibir información sobre temáticas o asuntos de derechos humanos en países específicos o regionales para emitir recomendaciones a los gobiernos orientadas al respeto y goce de los derechos humanos.Antes de cada período de sesiones, recibe un número gigante de solicitudes para que aborde en las audiencias las diferentes problemáticas de derechos humanos del continente, no solo relacionadas con el ambiente o el clima."Así llegamos aquí, después de convencer a la Comisión de la importancia de ver este tema con un enfoque de derechos humanos y de que escuche a las comunidades", cuenta Liliana Ávila, directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA.Con los años, AIDA ha desarrollado amplia experiencia y liderazgo en recurrir exitosamente a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos —los dos pilares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mecanismo de la Organización de Estados Americanos— para lograr impacto regional en la protección del ambiente sano, de la mano de los territorios. Voces frente a los daños de la minería ilegalTambién durante el 195° Período de Sesiones de la CIDH, participamos en la audiencia de oficio "Impactos de la minería ilegal en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales", convocada por la propia Comisión.Nuestra intervención se sumó a otras voces para evidenciar por qué esta actividad es hoy uno de los fenómenos más preocupantes en el continente debido a sus graves afectaciones en los ecosistemas y los derechos humanos.En los territorios de América Latina, la minería de oro desencadena extracción ilícita que vulnera múltiples derechos, principalmente de pueblos indígenas y comunidades tradicionales.En la audiencia, propusimos ante la Comisión elementos relevantes para abordar la problemática desde una perspectiva regional.En AIDA buscamos amplificar la fuerza de los territorios y de su gente, llevando su sabiduría a espacios de toma de decisiones con potencial impacto de cambiar realidades en favor de un mejor futuro en el continente. *Víctor Quintanilla-Sangüeza es el Coordinador de Contenido de AIDA y Mayela Sánchez García es la especialista en comunidad digital de la organización.
Leer más
Carbón, un combustible sucio y obsoleto
Históricamente, el carbón ha sido identificado como una importante fuente de energía no renovable. Fue el combustible que impulsó la Revolución Industrial, que transformó la forma de producción en el mundo, y por mucho tiempo fue el principal combustible para el transporte, la generación de electricidad y la calefacción.Pero es momento de dejar atrás esa etapa. Hoy sabemos que el carbón es el combustible fósil que genera mayores emisiones de dióxido de carbono (CO2), uno de los principales gases de efecto invernadero detrás del aumento de la temperatura global, con efectos como el derretimiento de glaciares y el aumento del nivel del mar.Además de argumentos climáticos y ambientales, existen razones económicas, políticas y de derechos humanos para terminar con la extracción y quema de este combustible.Para entender mejor por qué el carbón es tan contaminante y qué impactos genera en el ambiente y la salud, lo hemos diseccionado. Conociendo al carbónEl carbón mineral es una roca formada a partir de restos vegetales que quedaron inmersos en capas de sedimentos que no se descompusieron debido a la ausencia de oxígeno.Por procesos geológicos, durante millones de años, esa materia orgánica estuvo sometida a altas temperaturas y presiones. El resultado fue un material principalmente compuesto de carbono.La energía del carbón se libera durante su combustión. Al quemarse, el carbón genera calor. En las plantas termoeléctricas, ese calor se usa para transformar el agua en vapor y así producir electricidad. Cuando el carbón se quema para producir calor o electricidad, libera a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono y, en menores cantidades, metano y óxido nitroso.Todos estos gases dañan el ambiente y la salud humana. ¿Por qué es tan contaminante?El carbón genera impactos desde su extracción, ya que la minería de carbón a cielo abierto implica excavar y remover grandes cantidades de tierra para llegar a las capas ricas en carbón. Eso significa destruir paisajes, arrasar la vegetación y a los animales e incluso provocar el desplazamiento forzado de poblaciones.La minería de carbón también contamina el agua y los suelos en los sitios de extracción, tanto por el minado del mineral como por los residuos que genera.Pero la cadena de impactos no termina ahí. Durante la combustión del carbón se generan grandes cantidades de CO2, el principal gas responsable del calentamiento del planeta. A la par, durante su extracción, manejo y combustión se liberan otros gases:Metano, que tiene un potencial de calentamiento global hasta 30 veces mayor que el CO2 en un horizonte de 100 años.Óxido nitroso, cuyo potencial de calentamiento global en un periodo de 100 años es de hasta 273 y su periodo de vida en la atmósfera se extiende hasta 109 años. Además de gases de efecto invernadero, la combustión de carbón también libera otros contaminantes, como óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y carbono negro (hollín), que afectan la calidad del aire y tienen efectos indirectos en el clima, como la alteración de patrones de precipitación, como puede ser la lluvia ácida. ¿Qué daños provoca en la salud? La ceniza que proviene de las centrales termoeléctricas a carbón, y que no es adecuadamente manejada, es un motivo de preocupación por sus impactos a la salud humana, de acuerdo con el informe Atlas del carbón, publicado por la Fundación Heinrich Böll.Al inhalar partículas finas de la ceniza, estas ingresan a las vías respiratorias y penetran en los pulmones y el flujo sanguíneo. Esto puede generar diversos problemas, como inflamación crónica de los pulmones, o enfermedades como asma, bronquitis crónica y cáncer pulmonar.Otro efecto es la reducción del flujo sanguíneo que llega al cerebro, ya que la sangre se coagula más rápido y puede transportar menos oxígeno, lo que genera una presión sanguínea alta, arritmias cardiacas e infartos.Las infancias son especialmente susceptibles a los efectos de los metales pesados que emiten las centrales termoeléctricas a carbón (plomo, mercurio, cadmio y arsénico). Si sus pulmones son dañados en etapas tempranas del desarrollo, pueden afectarse de manera permanente. ¿Por qué se sigue usando a pesar de los daños que causa?A pesar de los impactos conocidos del carbón en el ambiente y la salud, para muchas economías sigue siendo una opción confiable y barata para producir energía.Tras la caída en el consumo de carbón durante la pandemia de COVID-19, en los años recientes la demanda mundial de carbón creció más de 1 200 millones de toneladas desde el año 2020, de acuerdo con el análisis Coal 2024 de la Agencia Internacional de Energía.A pesar del aumento de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, los principales consumidores, como China o India, siguen apostando por el carbón en el sector energético.En el caso de América Latina, el futuro del carbón es incierto. Por un lado, la región sigue participando en la extracción de carbón para su exportación o para su quema para generar energía. El caso más emblemático es Colombia, el quinto mayor exportador de carbón del mundo.Por otro lado, hay esfuerzos hacia la descarbonización, como en Chile, donde la generación eléctrica a partir del carbón ha generado graves afectaciones a la salud y al ambiente en las llamadas "zonas de sacrificio".El gobierno propuso un plan para que al año 2050 todo el Sistema Eléctrico Nacional genere energía 100% limpia. Sin embargo, una reciente quema acelerada de carbón sobrante en una termoeléctrica, como parte de su proceso de cierre de operaciones, ha puesto el foco en cómo se está llevando a cabo esa descarbonización.Como región productora y consumidora de carbón, América Latina tiene una cuota de responsabilidad en los esfuerzos mundiales para frenar la explotación y quema de carbón y, en su lugar, favorecer sistemas energéticos basados en fuentes renovables no convencionales, sostenibles en el tiempo, respetuosos del ambiente y de las personas.Terminar la era del carbón es posible. Es momento de hacerlo.
Leer más
La importancia del “cómo” en la transición energética
De las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) que proceden de combustibles fósiles, una de las principales causas de la crisis climática, cerca de la mitad viene del uso de carbón.Y América Latina no es ajena al problema porque tiene una participación tanto en la quema de carbón como en la extracción del mineral que, tras ser exportado, es empleado como fuente fósil de energía en otros rincones del mundo.En ese contexto, el cierre de termoeléctricas a carbón —como el que está ocurriendo en Chile — es una gran noticia, así como una oportunidad para encauzar la transición energética por el camino de la justicia.Pero en una transición energética justa, el “cómo” importa: Cada paso hacia la desfosilización debe garantizar sistemas energéticos basados en fuentes renovables no convencionales, el respeto del ambiente y los derechos humanos, además de procesos de cierre y salida responsable. Así, el caso chileno, que explicaremos a continuación, es un ejemplo importante de por qué la región necesita implementar procesos de descarbonización responsables. Cuando descarbonizar contamina másA principios de 2024, la empresa AES Andes SA cerró la termoeléctrica Norgener en Tocopilla, ciudad costera situada en el norte de Chile.Como parte del proceso de cierre, la empresa quemó de manera acelerada las 94 mil toneladas de carbón que mantenía en la planta, afectando a una ciudad saturada ya de contaminación y reconocida públicamente como zona de sacrificio ambiental.La población de Tocopilla fue expuesta a posibles afectaciones a su salud que incluyen impactos en el sistema respiratorio, incremento del riesgo de infartos y —en niños y niñas — alteraciones perinatales, afectaciones al desarrollo y a la función pulmonar, entre otros.La quema forzada de carbón fue autorizada por el Coordinador Eléctrico Nacional (CNE) —organismo encargado de gestionar las diferentes fuentes de energía que ingresan al sistema eléctrico nacional— y la electricidad generada desplazó el uso de energía proveniente de fuentes renovables.Para detener la quema, AIDA, Greenpeace y Chile Sustentable —junto con comunidades locales — presentaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección para detener la quema, pero la decisión judicial llegó cuando el carbón ya se había quemado. Además, la corte consideró que el caso debía revisarlo un tribunal especializado en la materia en un procedimiento más prolongado. Un mal precedente para Chile y para el continenteAl autorizar la quema del carbón remanente de la termoeléctrica Norgener, el Coordinador Eléctrico Nacional hizo una excepción a la ley que dispone el orden de despacho energético. Poco después, en septiembre de 2024, el organismo emitió un procedimiento interno para ordenar el cierre anticipado de centrales eléctricas.Aunque es un intento por encauzar los procesos de cierre, la medida abre la puerta a que otras empresas con centrales a carbón en proceso de cierre repliquen lo ocurrido en Norgener: quemen su carbón remanente bajo el argumento de “vaciar stock” y generen energía que ingrese con prioridad al sistema eléctrico nacional, desplazando nuevamente a la proveniente de fuentes renovables.En Chile, el Coordinador Eléctrico Nacional decide qué unidad despacha su energía al sistema en un momento dado con base en un criterio de mérito económico creciente, según el cual la energía con menor costo variable entra primero. Sin embargo, el procedimiento interno dispone —sin respaldo normativo suficiente— que el organismo puede autorizar el despacho de energía fuera de orden económico para que centrales a carbón consuman su combustible remanente antes de su cierre.Frente a esto, AIDA, Greenpeace, Chile Sustentable y MUZOSARE (Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia) presentaron el 6 de febrero de 2026 una denuncia ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles contra el Coordinador y sus consejeros por la aprobación y puesta en marcha de la medida.La denuncia representa una oportunidad para que las cosas se hagan bien: que el organismo fiscalizador del sector asegure que la planificación del cierre de termoeléctricas no termine premiando la mala gestión de inventarios de carbón a costa de la salud de comunidades y de una transición energética justa. Lo que la transición energética necesitaEn 2019, el gobierno chileno se comprometió a cerrar todas las centrales eléctricas de carbón del país para 2040. Desde ese anuncio público, el calendario se ha ido acelerando. Pero la urgencia de la descarbonización no debe servir para favorecer a las empresas a cargo de termoeléctricas ni dañar a las comunidades que viven cerca de industrias contaminantes.Hacerlo de este modo debilita el liderazgo climático de Chile, dando un mal ejemplo para cualquier proceso de desfosilización en la región.En una transición energética justa, las empresas involucradas en toda la cadena del carbón y de otros combustibles fósiles tienen la obligación de garantizar el cierre y salida responsable de sus operaciones.La transición energética no es un mero cambio de tecnologías, es una oportunidad para replantear los modelos de energía y de desarrollo, así como para corregir injusticias. Esto requiere reglas claras y adecuadas que favorezcan la seguridad del sistema energético, la competencia y el ambiente sano.
Leer más
5 datos clave sobre las “tierras raras”
Es probable que en las últimas semanas hayas leído o escuchado el término "tierras raras".Contrario a lo que su nombre sugiere, su presencia en la vida cotidiana es más común de lo que piensas. De hecho, muchas innovaciones tecnológicas que usamos diariamente no serían posibles sin ellas.¿Y por qué se habla tanto de ellas actualmente?Porque hoy las "tierras raras" y otros minerales considerados "críticos" están en medio de disputas por su control, dada su utilidad en la fabricación de tecnologías para la transición energética, pero también para la industria militar.Pero, al margen de las tensiones geopolíticas en torno al tema, hay preguntas básicas que surgen al escuchar este término y por eso aquí las respondemos.Al comprender de dónde vienen las materias primas detrás de las tecnologías que usamos podemos también replantearnos el tipo de futuro que queremos. ¿Qué son las "tierras raras"?Son 17 elementos metálicos, similares en sus propiedades geoquímicas, utilizados en gran parte de tecnologías actuales, desde teléfonos móviles hasta autos eléctricos.Incluyen los 15 lantánidos de la tabla periódica de los elementos químicos —Lantano, Cerio, Praseodimio, Neodimio, Prometio, Samario, Europio, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Holmio, Erbio, Tulio, Iterbio y Lutecio— , además del Escandio y el Itrio.El Prometio suele ser descartado de este grupo porque en condiciones normales su vida es corta. ¿Realmente son raras?Contrario a lo que pudiera pensarse, no son "raras" en abundancia, pero sí en concentración. Es decir, no suelen encontrarse depósitos con altas concentraciones, lo que dificulta su explotación y procesamiento. En consecuencia, la mayor parte de su suministro mundial proviene de unas pocas fuentes.Pero cuando fueron descubiertas (siglos XVIII y XIX) eran menos conocidas en comparación con otros elementos. Las "tierras raras" más abundantes son similares en concentración en la corteza terrestre a metales industriales comunes (cromo, níquel, cobre, zinc, molibdeno, estaño, tungsteno o plomo). Incluso las dos "tierras raras" menos abundantes (Tulio y Lutecio) son casi 200 veces más comunes que el oro. ¿Para qué se utilizan las "tierras raras"?Tienen propiedades fluorescentes, magnéticas y conductoras inusuales, que las hacen atractivas para una amplia variedad de aplicaciones.Están presentes en objetos cotidianos, como smartphones, pantallas o luces LED.En energías renovables, se usan para fabricar turbinas eólicas y autos eléctricos.Sus usos más especializados incluyen aparatos médicos y armamento. ¿Dónde están?Existen en varias partes del mundo, pero que un país tenga reservas no significa que las explote. Los países con las mayores reservas son:China: 44 millones de toneladas.Brasil: 21 millones de toneladas.India: 6 millones 900 mil toneladas.Australia: 5 millones 700 mil toneladas.Rusia: 3 millones 800 mil toneladas.Vietnam: 3 millones 500 mil toneladas.Estados Unidos: 1 millón 900 mil toneladas.Groenlandia: 1 millón 500 mil toneladas.En América Latina, además de Brasil, otros países donde se han identificado "tierras raras" son Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y Perú. ¿Por qué ahora se habla tanto de ellas?La transición energética está intensificando la competencia por el acceso a materias primas — entre ellas las "tierras raras"— necesarias para tecnologías de energías renovables.Para promover y facilitar el acceso a estos y otros recursos, algunos países y organismos internacionales los llaman "críticos".Pero no solo son importantes para las energías renovables. Las "tierras raras" también son clave para la industria militar.Debido a que el suministro mundial se concentra en pocas fuentes, hay un creciente interés de algunos países del norte global por controlar el acceso a estos recursos. ¿Qué impactos causa su explotación?La extracción de "tierras raras" se hace principalmente en minas a cielo abierto, lo que implica graves impactos ambientales y sociales:Contaminación del agua, el aire y los suelos.Uso intensivo de agua y químicos tóxicos.Generación de desperdicios radioactivos.Pérdida de biodiversidad.Riesgos para la salud.Desplazamiento forzado de comunidades.Mayor riesgo de desigualdad económica. Las "tierras raras" y otros minerales considerados "críticos" están en el centro de los debates actuales sobre quién controla su explotación y producción.Al ser bienes que provienen de la naturaleza, y que muchas veces están en territorios comunitarios y ecosistemas críticos, una discusión más urgente es qué tipo de progreso queremos: ¿uno que fomente la explotación desmedida de recursos o uno que respete al ambiente y a las personas? Si quieres profundizar más en el tema, te dejamos los enlaces de las fuentes de información que consultamos:- USGS, Rare Earths Statistics and Information: https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/rare-earths-statistics-and-inform… - USGS, "Fact Sheet: Rare Earth Elements-Critical Resources for High Technology": https://pubs.usgs.gov/fs/2002/fs087-02/ - Science History Institute, History and Future of Rare Earth Elements: https://www.sciencehistory.org/education/classroom-activities/role-playing-games/case-of-rare-earth… - USGS, "The Rare Earth Elements-Vital to Modern Technologies and Lifestyles": https://pubs.usgs.gov/fs/2014/3078/pdf/fs2014-3078.pdf - Institute for Environmental Research and Education, "What Impacts Does Mining Rare Earth Elements Have?": https://iere.org/what-impact-does-mining-rare-earth-elements-have/#environmental_impact_studies- Latin America’s opportunity in critical mineralsfor the clean energy transition: https://www.iea.org/commentaries/latin-americas-opportunity-in-critical-minerals-for-the-clean-ener…- U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2025 : https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-rare-earths.pdf pg 145
Leer más
¿Qué sigue tras la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar?
El día finalmente llegó.El 17 de enero pasado, el Tratado de Alta Mar —llamado oficialmente Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés)— entró en vigor y con ello se convirtió en ley internacional.Siendo un hito histórico que tomó más de dos décadas en concretarse, el tratado establece por primera vez un marco jurídico para proteger la biodiversidad en alta mar —cuyas aguas cubren casi la mitad del planeta y pertenecen a todos los países— y para garantizar que los beneficios derivados de sus recursos se distribuyan de manera equitativa a nivel mundial.La puesta en marcha del tratado fue activada el 19 de septiembre de 2025 cuando alcanzó su ratificación número sesenta. Al 15 de enero de este año, 83 países ya son Estados Parte del acuerdo.La ratificación o adhesión significa que los países, además de firmarlo, dan su consentimiento formal al tratado, lo que a menudo implica garantizar que sus leyes nacionales sean coherentes con este.Pero ¿qué viene ahora con la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar? Obligaciones legales para los EstadosCon su entrada en vigor, los Estados Parte del acuerdo deben empezar a cumplir con una serie de obligaciones legales contenidas en este. Aunque algunas dependen del funcionamiento de los órganos y los mecanismos del tratado, otras son aplicables desde ya, incluyendo las siguientes:Notificar públicamente cualquier actividad prevista bajo su control que pueda afectar la biodiversidad de alta mar o del lecho marino. Estas actividades deben seguir los procesos de evaluación de impacto ambiental establecidos por el tratado.Promover los objetivos del tratado al participar en espacios de toma de decisiones ante otros organismos internacionales, como los que regulan el transporte marítimo, la pesca y la minería submarina.Notificar y reportar aspectos relacionados con el cumplimiento de requerimientos sobre recursos genéticos marinos, reparto de beneficios no monetarios y cooperación para la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades. Respecto del último punto, el tratado establece un Mecanismo de Intercambio de Información, una fuente de conocimiento que muchos países —sobre todo en desarrollo— no podrían disfrutar en otras circunstancias.En términos generales, la implementación del acuerdo tendrá, entre sus obligaciones más visibles, temas de cooperación y coordinación entre los países a partir de mecanismos establecidos por este y mediante puentes con instrumentos jurídicos internacionales que ya existen y que históricamente se han aplicado de manera aislada. Propuestas de áreas marinas protegidas en alta marUno de los objetivos principales del tratado es la creación y el manejo adecuado de áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar para conservar y rescatar la rica biodiversidad albergada en el océano.Con la entrada en vigor del tratado, esta tarea no puede comenzar desde ya porque su cumplimiento requiere el funcionamiento de los órganos y mecanismos específicos, entre ellos la Secretaría del tratado, que recibirá las propuestas de AMP, así como el Órgano Científico y Técnico, que las evaluará y emitirá recomendaciones sobre su adopción ante la Conferencia de las Partes.Sin embargo, los países pueden comenzar desde ahora con el proceso de consultas amplias estipulado en el tratado para la elaboración de propuestas de AMP o de otros mecanismos de gestión basados en áreas (ABMTs, por sus siglas en inglés), las cuales deben estar basadas en los mejores conocimientos científicos y tradicionales disponibles.Aunque son los países quienes deben proponer y luego decidir el establecimiento de las zonas que serán declaradas reservas para su protección en alta mar, existen esfuerzos desde la sociedad civil para avanzar en esto.Por ejemplo, la Alianza por Alta Mar —una coalición de organizaciones en la que AIDA tiene el papel de coordinador regional para América Latina— tiene preliminarmente identificadas ocho propuestas de AMP de gran valor ambiental: tres están en el Atlántico (Ciudad Perdida, Mar de los Sargazos y Dorsal de Walvis), cuatro en el Pacífico (Domo Térmico, Dorsal de Salas y Gómez y Nasca, Montes Submarinos Emperador y Mar de Tasmania) y una en el Índico (Saya de Malha).Para la elaboración de propuestas de AMP ubicadas en aguas internacionales adyacentes a América Latina —el Domo Térmico y la Dorsal de Salas y Gómez y Nasca—, la alianza está apoyando a los gobiernos de Costa Rica y Chile, respectivamente. La primera reunión de toma de decisiones del acuerdoA más tardar un año después de la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar —es decir, a finales de 2026 o a inicios de 2027—, tendrá lugar su primera Conferencia de las Partes (COP1), donde se decidirán aspectos clave para su implementación y para la puesta en marcha de sus beneficios.Solo los países que hayan ratificado el acuerdo podrán participar en la toma de decisiones, el resto lo podrá hacer como observadores. Aquellos países que únicamente firmaron el tratado tienen la obligación de buena fe de evitar realizar actos que frustren su propósito.Con miras a la COP1, se realizan reuniones de la Comisión Preparatoria para elaborar propuestas sobre la arquitectura institucional del tratado (sus órganos y procesos de toma de decisiones) que serán presentadas para su adopción en la conferencia.Con el hito histórico comienza ahora otra fase clave, la de implementación, que permita traducirlo en medidas concretas y duraderas para la salud del océano.Su impacto dependerá de cómo se aplique y respete colectivamente. Y su efectividad será mayor cuando todos los países se adhieran al acuerdo.
Leer más
10 noticias ambientales para terminar 2025 con esperanza
Estamos cerca de terminar un año complejo y hacer un balance parece desalentador. El multilateralismo tambalea mientras las crisis ambientales se agravan y demandan con urgencia acciones contundentes.En momentos así de convulsos vale la pena hacer un recuento de lo que, como humanidad, hemos logrado para construir un mundo más justo y sostenible para todos los seres que lo habitamos.2025 será recordado como el año en que una expedición submarina nos emocionó en vivo y directo, que celebramos la puesta en marcha de acuerdos para proteger la vida en el océano y que las decisiones de tribunales internacionales transformaron la búsqueda de justicia para proteger a las personas y al ambiente de la emergencia climática.Estas son algunas de las victorias ambientales que nos deja este año y merecen celebrarse, como se honra al fuego que ilumina en medio de la oscuridad. Porque así, aun entre pequeñas luces, podremos seguir alumbrando un camino de esperanza hacia la justicia ambiental y climática. 1. Tribunales internacionales emitieron decisiones históricas para la justicia climáticaLa Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dieron a conocer sus respectivas opiniones consultivas relacionadas con la emergencia climática. Ambas decisiones aclararon las obligaciones de los Estados para proteger los derechos de las personas y de la naturaleza frente a la crisis climática.Estas decisiones son parte de un movimiento global sin precedentes por la justicia climática en el que convergen también la opinión consultiva emitida en 2024 por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y futuras decisiones similares como la que se espera de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.Conoce más: Dialogue Earth 2. Los litigios climáticos rebasaron los 3 mil casos en el mundo Los litigios relacionados con el cambio climático alcanzaron los 3,099 casos en el mundo, de acuerdo con un informe del Sabin Center for Climate Change Law y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Aunque los litigios climáticos en países del sur global aún son minoría (9.8 % del total documentado), han crecido de forma sostenida. Brasil destaca como el tercer país con más casos en el mundo (135) y otros países de América Latina (México, Colombia, Argentina y Chile) figuran entre los 15 primeros con más casos registrados.Este crecimiento demuestra el uso cada vez mayor del litigio estratégico para promover acciones concretas ante las causas y consecuencias de la crisis climática.Conoce más: Sabin Center for Climate Change Law 3. Colombia declaró libre de gran minería e hidrocarburos su parte de la AmazoníaDurante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), Colombia declaró toda la extensión de la Amazonía colombiana como una zona libre de hidrocarburos y actividades de gran minería, anunciándola como "zona de reserva de recursos naturales".La decisión implica una limitación inédita a la expansión de actividades mineras e hidrocarburíferas en más de 48 millones de hectáreas, equivalentes al 7 % de toda la Amazonía. También es un llamado al resto de los países amazónicos a seguir su ejemplo.Conoce más: InfoAmazonia 4. Países crean un mecanismo global para impulsar la transición energética justaUn avance importante de la COP30 fue la adopción del Mecanismo de Acción de Belém (BAM por sus siglas en inglés), creado en el marco del Programa de Trabajo sobre Transición Justa.El mecanismo funcionará como un espacio articulador para centralizar iniciativas globales, ofrecer asistencia técnica y fortalecer la cooperación internacional. Es un logro impulsado por la sociedad civil para lograr una acción climática ambiciosa y una transición que no repita errores de la era de los fósiles.Conoce más: AIDA y The Climate Reality Project América Latina 5. Una expedición submarina en Argentina marcó un hito científico y tecnológicoLa expedición "Underwater Odel Plata Canyon: Talud Continental IV", liderada por científicas y científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, en colaboración con la fundación Schmidt Ocean Institute, exploró el océano profundo en el cañón submarino Mar del Plata durante 21 días, mientras se transmitía en directo por YouTube y Twitch.El resultado: se descubrieron 40 nuevas especies marinas y una diversidad inesperada de corales de aguas frías, hallazgos que fueron vistos y celebrados en tiempo real por millones de personas.Conoce más: CONICET 6. El Tratado de Alta Mar finalmente entrará en vigorEn un proceso que tomó más de dos décadas, el Tratado de Alta Mar alcanzó este año las 60 ratificaciones necesarias para activar su entrada en vigor, que ocurrirá el 17 de enero de 2026. Este acuerdo vinculante permite la protección de la parte del océano fuera de los límites de los países, casi la mitad del planeta, mediante la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales y la realización de evaluaciones de impacto ambiental de actividades humanas previstas en alta mar. Se trata de un hito histórico para la defensa del océano y el bienestar de millones de personas en América Latina y el mundo.Conoce más: AIDA 7. Comenzó la implementación del acuerdo que pone fin a subsidios pesqueros nocivosEl Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, de la Organización Mundial del Comercio, entró en vigor en septiembre de este año. Es el primer tratado comercial multilateral que prioriza la sostenibilidad ambiental, además de un hito para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.El acuerdo prohíbe las subvenciones gubernamentales que fomentan la pesca ilegal y el agotamiento de las poblaciones sobreexplotadas.Conoce más: OMC 8. Las tortugas verdes marinas dejaron de considerarse especie en peligro de extinciónTras décadas de declive, la población de tortugas verdes marinas está recuperándose. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ya no las considera en peligro de extinción y las reclasificó como "especie de menor preocupación".Esta población de tortugas marinas ha aumentado gracias a décadas de trabajo de conservación para proteger zonas de anidación, reducir la captura y prevenir capturas incidentales. AIDA fue parte de esos esfuerzos, al protegerlas en la década de los 90 de la caza —por entonces legal— en Costa Rica.Conoce más: AIDA y IUCN Red List 9. Crece la protección de ecosistemas clave en el mundo, incluidas las GalápagosLa UNESCO incorporó 26 nuevas reservas de biosfera en 21 países, la cifra más alta en 20 años, y aprobó la expansión de 60 mil kilómetros de superficie en la Reserva de Biosfera Galápagos, en Ecuador, para incorporar la Reserva Marina Hermandad. Con ello, se resguardará el espacio por donde transitan decenas de especies marinas, muchas de ellas protegidas, y que es considerado uno de los corredores oceánicos más diversos del mundo.Conoce más: LaderaSur y Cancillería de Ecuador 10. Disminuyó la deforestación en territorios afrodescendientes en América LatinaLos pueblos afrodescendientes de Brasil, Colombia, Ecuador y Surinam redujeron significativamente sus tasas de deforestación, de acuerdo con una nueva investigación de Conservation International.El estudio demostró que los pueblos afrodescendientes son fundamentales para la conservación del ambiente, ya que 56 % de sus tierras están en el 5 % con más biodiversidad en el mundo.Conoce más: Conservation International
Leer más
Nuestro aporte a la justicia ambiental en 2025
Uno de los pilares del trabajo de AIDA es el uso estratégico de la ley, con el respaldo de la argumentación científica y la incidencia internacional, para crear precedentes clave que protejan el ambiente y los derechos humanos en toda América Latina.Este año nuestros esfuerzos contribuyeron a fortalecer el marco legal regional y mundial para que responda de manera más efectiva a los desafíos sociales y ambientales de hoy.Así, herramientas jurídicas clave vieron la luz y con ellas grandes oportunidades para seguir defendiendo a comunidades y territorios, protegiendo la biodiversidad de la región y haciendo responsables a gobiernos y empresas.Los avances logrados en 2025 muestran el poder transformador de la ley, la ciencia y la fortaleza de las comunidades cuando se unen: 1. Dos nuevos tratados globales le devuelven la esperanza al océano y a la humanidadEste año celebramos dos logros históricos que pueden cambiar el destino del océano y el nuestro.El primero es la ratificación del Tratado de Alta Mar para su puesta en marcha en enero de 2026. Este acuerdo legalmente vinculante establece normas comunes y un sistema de gobernanza multilateral para la parte del océano que está fuera de la jurisdicción nacional: ¡casi la mitad del planeta!El segundo hito es la entrada en vigor del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio. Por primera vez, un tratado comercial multilateral pone la sostenibilidad ambiental en primer plano al prohibir las subvenciones gubernamentales que fomentan la pesca ilegal y el agotamiento de las poblaciones sobreexplotadas.AIDA tuvo un papel importante en asegurar la inclusión de las necesidades de América Latina en la construcción de ambos acuerdos, apoyando técnicamente a representantes de gobiernos de la región. Nuestra labor continúa para garantizar que los tratados se traduzcan en medidas concretas y efectivas para el continente.Conoce más 2. Comunidad maya de Guatemala logra victoria ambiental históricaEn el municipio de Chinautla, Guatemala, una comunidad del pueblo maya poqomam logró un fallo judicial sin precedentes ante la contaminación de sus ríos, que por décadas ha vulnerado sus derechos. Como respuesta al litigio que interpuso la comunidad, un tribunal ordenó al municipio desarrollar estudios, programas y planes para frenar la contaminación y garantizar la participación comunitaria en todo el proceso.Es la primera vez que una decisión judicial en el país reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. Este logro puede inspirar a los otros municipios de la cuenca del Motagua, el río más extenso de Guatemala, a donde la contaminación llega, amenazando también al Arrecife Mesoamericano.Además de brindar apoyo legal, AIDA involucró a la comunidad en la documentación de los vertederos ilegales que han dañado sus fuentes de agua, una experiencia de ciencia ciudadana que se convirtió en sustento clave del litigio y de la sentencia.Conoce más 3. Corte Interamericana marca un antes y después para la justicia climáticaEl 3 de julio, la Corte Interamericana de Derechos humanos hizo pública su esperada Opinión Consultiva 32 sobre derechos humanos y emergencia climática, un punto de inflexión para la justicia climática a nivel regional y mundial. Su pronunciamiento esclarece las obligaciones legales de los Estados para proteger a personas y comunidades afectadas por la crisis climática, abriendo una puerta enorme para que accedan a justicia en tribunales nacionales e internacionales, negociaciones climáticas y espacios de incidencia sobre políticas públicas.La Corte, entre otras cosas, reconoce por primera vez el derecho a un clima sano, además del deber estatal de evitar que las empresas vulneren derechos humanos en el contexto del cambio climático.En el proceso que antecedió la decisión, AIDA fue el puente para que muchas comunidades de la región dieran testimonio ante la Corte, además de presentar un aporte propio argumentando la necesidad de reconocer el derecho a un clima estable y seguro.Conoce más Descubre las historias detrás de estos logros y nuestro resumen completo del año en nuestro Informe Anual 2025.
Leer más