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Bram EbusBuscando justicia para las comunidades afectadas por la represa Hidroituango
El río Cauca es el segundo más importante de Colombia. Las comunidades asentadas en su extensa cuenca dependen del caudal para desarrollar sus actividades económicas, entre ellas la pesca y la agricultura.
Abriéndose paso entre montañas, el río pasa por siete departamentos del país, entre ellos Antioquia, donde se construye la represa Hidroituango, proyecto que ha generado una crisis humanitaria y ambiental sin precedentes.
En mayo de 2018, una falla en la construcción de la hidroeléctrica provocó inundaciones, deslizamientos de tierra, avalanchas y la evacuación de más de 25 mil personas. Ello desnudó la inadecuada evaluación de impactos y la pobre regulación ambiental a las que fue sometido el proyecto y que, de todas formas, fue autorizado.
La violación sistemática de derechos humanos derivada del proyecto ha incluido el uso desproporcionado de la fuerza y una creciente violencia contra las personas afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos de Colombia.
Con la construcción de la represa, cuyas obras no han concluido y que todavía no genera energía, se inundó un área de 4.500 hectáreas sin retirar la cobertura vegetal de la zona, lo que está generando emisiones importantes de metano, gas de efecto invernadero que agrava la crisis climática mundial.
A pesar de su inadecuada implementación, el BID Invest, brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo, invirtió millones de dólares en la hidroeléctrica y facilitó la inversión de mil millones de dólares adicionales de otros bancos internacionales.
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OCCA congratula a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por declarar la inconstitucionalidad del aumento de etanol en las gasolinas en la norma de combustibles
Ayer, 15 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que el aumento de etanol en las gasolinas resulta contrario al derecho a un medio ambiente sano. Las organizaciones de la sociedad civil que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA) piden a la Comisión Reguladora de Energía que actúe en apego a la legalidad y a la sentencia. Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer el amparo en revisión 610/2019 declarando inconstitucional la modificación que hizo la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a la Norma Oficial Mexicana «NOM-016-CRE-2016, especificaciones de calidad de los petrolíferos«, la cual, entre otras cosas, había incrementado de 5.8% a 10% el volumen permitido de etanol como oxigenante en gasolinas y aprobado medidas más laxas para la protección del medio ambiente en términos de emisiones a la atmósfera derivadas del uso de combustibles fósiles. Las organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA) se congratulan por este fallo, pues protege y sienta un precedente importante en la tutela de los derechos humanos al medio ambiente, a la salud y a la calidad de vida de todas y todos los habitantes del país. Así, en la sentencia proyectada por el Ministro Pérez Dayán y resuelta este miércoles por la Segunda Sala, se determina la importancia de la aplicación del “principio de precaución ambiental”, el cual obliga a que se lleve a cabo una evaluación con la mayor información científica posible respecto a los potenciales daños que el incremento de etanol para estos fines podría generar en el medio ambiente. La SCJN deja claro que “no puede ser una sola voz, ni una sola valoración” , la que determine la posibilidad de que en el Estado mexicano se modifiquen los porcentajes máximos de empleo de etanol como oxigenante de las gasolinas; pues ello podría tener como consecuencia el permitir daños serios e irreversibles al ambiente, al no valorarse debidamente la magnitud del problema en cuestión, lo cual precisamente, pretende evitarse mediante el principio de precaución ambiental”. Además de esta importante valoración respecto al principio de precaución, la SCJN también deja un importante precedente al establecer que en un régimen de derechos humanos no es suficiente alegar meramente beneficios económicos para no considerar los potenciales riesgos que podrían derivar en daños al medio ambiente, ni para ignorar las obligaciones estatales de reducir las llamadas emisiones de “gases invernadero” (gases contaminantes) y, por tanto, combatir el fenómeno del cambio climático, sobre todo sin tomar en cuenta la participación de la ciudadanía y la opinión de los expertos que aportan la mejor evidencia científica disponible. Con ello, la SCJN recuerda que el crecimiento y desarrollo económico en el Estado mexicano debe ser sustentable conforme al principio rector establecido por la propia Constitución Mexicana. Las organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA) hacen un llamado a la CRE para que actúe en consecuencia, ejecute la sentencia en pleno apego a la legalidad y contribuya con ello al respeto y garantía de los derechos humanos de las y los mexicanos. Organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA): Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) – El Poder del Consumidor – Greenpeace – El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) – International Council on Clean Transportation (ICCT) – Fundación Tlaloc – Bicitekas – Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) – Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) – Redspira – Liga Peatonal – Red por los derechos de la Infancia (Redim) – Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo y Alternativo A.C. – Transita Seguro México Contacto de prensa: Victor Quintanillla Sangueza, AIDA, [email protected]
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Fortaleciendo el llamado ciudadano a la acción climática
Cuando Cristina Briseño supo que la vigésimo quinta Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP25) se trasladaría de Santiago a Madrid, tuvo ganas de llorar. “Tenía mucha fe en la presión que un evento tan gigante como ese pondría sobre temas ambientales que requieren acciones urgentes en Chile”, me contó. A sus 46 años, Cristina —una ciudadana chilena que siempre tuvo la inquietud de apoyar causas ambientales— se enlistó como voluntaria para ayudar en la realización de la Cumbre Social por la Acción Climática, prevista como evento paralelo a la COP25 y que, pese al cambio de sede, se mantuvo firme. “Se perdió la oportunidad de discutir temas de vulnerabilidad ante el cambio climático en un país tan vulnerable como Chile”, dijo Ingrid Wehr, Directora de la Oficina Regional Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll, durante la Cumbre. Pero no todo estuvo perdido. La razón del cambio de sede de la COP25 fue el estallido social en Chile, un momento histórico donde los segmentos más vulnerables de la población se están haciendo escuchar. En ese contexto, la Cumbre Social por la Acción Climática demostró que la ciudadanía tiene mucho que decir en materia ambiental y mucho que aportar a la lucha contra la crisis climática. “Al final, uno debe seguir luchando con las herramientas que tiene”, me dijo Cristina. La Cumbre que persistió Organizada por la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) —plataforma que agrupa a más de 130 organizaciones de diversos sectores de Chile— la Cumbre tuvo lugar en el Centro Cultural Tío Lalo Parra del municipio de Cerrillos, ubicado en el sector surponiente de la ciudad de Santiago y donde se iba a celebrar la COP25 oficial. Caracterizado por una gran cantidad de terrenos baldíos y sin uso, Cerrillos tiene una apariencia desértica y terrenos erosionados. “Hacer la Cumbre allí implicó descentralizar una problemática que tiende a ser discutida en grandes ciudades o en los lugares más céntricos de las capitales”, piensa Cristina. En sus 10 días de duración, del 2 al 11 de diciembre, la Cumbre alojó un centenar de actividades para discutir temas relacionados con la crisis climática, enfatizando la necesidad de acciones más ambiciosas para enfrentarla. Hubo de todo: conversatorios, conferencias, talleres, exposiciones artísticas, obras de teatro y actividades interactivas. Se habló de muchos temas. Mientras en una sala se debatía sobre el activismo y los conflictos socioambientales o acerca del rol de los jóvenes como agentes de cambio, en otra se explicaba en detalle los impactos de la crisis climática en el océano y las pesquerías. Ciudadanos, investigadores, activistas y representantes de comunidades reflexionaron juntos. A partir de sus experiencias, evidenciaron que la crisis social en Chile es también una crisis ambiental que bien refleja la desigualdad que azota a toda la región. “La SCAC, que nació teniendo entre sus metas principales la celebración de la Cumbre paralela a la COP25, logró algo importantísimo para el movimiento ambiental del país”, opinó Florencia Ortúzar, abogada de AIDA, quien participó en un evento sobre descarbonización y transición justa de la Cumbre. “Logró la unión de los grupos ambientales, desde los más pequeños y jóvenes hasta los más grandes y consolidados. Ahora todos estamos conectados”. La voz de Latinoamérica Históricamente, las negociaciones climáticas internacionales no han respondido a las demandas de la sociedad civil de América Latina. Por ello son tan valiosos los esfuerzos para incluir el posicionamiento de la región y la voz de su ciudadanía en la discusión climática. Esa inclusión quedó plasmada en el Manifiesto Latinoamericano por el Clima, elaborado con la participación presencial y remota de cientos de personas y organizaciones a lo largo de la región, y lanzado simultáneamente en la Cumbre Social de Chile y en un evento similar organizado por la sociedad civil en Madrid. El documento es un llamado a vivir en un mundo mejor y a tomar las acciones necesarias para lograrlo bajo nueve ejes: agua, naturaleza, transición energética, nuevo modelo de desarrollo, mujeres; pueblos originarios, indígenas, étnicos y tribales, y afrodescendientes; derechos humanos y cambio climático; justicia climática; y gobernanza climática. Si algo caracterizó al 2019 fue el despertar de la conciencia global en torno a la gravedad de la crisis climática y la urgencia de enfrentarla juntos. También despertó la conciencia social y con ella las voces de los más desvalidos exigiendo justicia. Ambos despertares no son coincidencia, sino las caras de una misma moneda. El llamado de justicia social y justicia ambiental se está escuchando en todo el mundo, mostrándonos una ventana de oportunidad para cambiar las cosas. Por eso es fundamental que la acción climática tenga a los derechos humanos como elemento transversal.
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Um plano para descontaminar as nossa cidades e conter a crise climática
Em uma carta pública apresentada na COP25, mais de 100 organizações de vários países pedem aos governos que incluam metas ambiciosas e mensuráveis para reduzir os poluentes climáticos de vida curta em seus novos compromissos climáticos, que devem apresentar às Nações Unidas até março de 2020.Você pode ajudá-los a não perder esta oportunidade: ¡Assine Aquí!Leia a carta em espanhol Em inglêsA má qualidade do ar é o maior problema ambiental do mundo que custa mais vidas atualmente.Todos os anos, mais de 4 milhões de pessoas morrem devido aos danos causados à saúde pela poluição atmosférica. Dados oficiais mostram que, globalmente, nove em cada dez pessoas respiram ar poluído e que o problema afeta mais de 80% das pessoas que vivem nas cidades. A maioria das pessoas afetadas encontra-se nos países em desenvolvimento e prejudicam ainda mais os públicos mais vulneráveis da população: as crianças, as mulheres grávidas e os idosos.Por outro lado, a humanidade está hoje seriamente ameaçada por uma emergência climática cujos impactos também são sofridos com mais força pelos segmentos mais vulneráveis da população.Ambos os problemas, a crise climática e a má qualidade do ar, estão relacionados com a atmosfera que nos rodeia e são uma questão de direitos humanos. Nesse sentido, existe um caminho a seguir eficientemente em ambas as frentes. É uma oportunidade que devemos aproveitar, e tem a ver com a redução das emissões de poluentes climáticos de vida curta (PCVCs ou SLCPS, em inglês).Os poluentes climáticos de vida curta são agentes atmosféricos que contribuem para a crise climática com muito mais intensidade do que o dióxido de carbono (CO2) e, como o próprio nome indica, têm uma permanência relativamente curta na atmosfera, de dias a décadas; ao contrário do CO2, que pode durar até milênios na atmosfera. Além disso, os PCVCs pioram a qualidade do ar, afetam as áreas glaciais e reduzem o rendimento das culturas agrícolas. As principais PCVCs são o carbono negro, o metano, o ozono troposférico e os hidrofluorocarbonetos (HFC).Visar sua mitigação implica reduzir o aquecimento global no curto prazo e, ao mesmo tempo, avançar na descontaminação das cidades.Esta oportunidade já foi apoiada pela ciência.O Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática das Nações Unidas (IPCC), que reúne especialistas na matéria, destacou em seu Relatório Especial sobre 1,5°C que, para enfrentar o aquecimento global, devemos incorporar em nossos esforços a mitigação de outros poluentes além do CO2, especificamente o carbono negro e o metano.Recentemente, mais de 11 mil cientistas de todo o mundo se juntaram ao chamado, que em uma declaração pública reconheceu a emergência climática, identificando entre as medidas necessárias para resolvê-la a rápida redução dos PCVCs, destacando que isso reduziria o aquecimento em mais de 50% para as próximas décadas.Com a próxima atualização das Contribuições Nacionalmente Determinadas (CNDs ou NDCs, em inglês), que contêm os compromissos climáticos que os governos devem submeter à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), abre-se a possibilidade de apostar na mitigação desses poluentes e contribuir efetivamente para o combate à crise climática e à má qualidade do ar.O prazo para os governos apresentarem novas e mais ambiciosas Contribuições Programadas Nacionais é março de 2020.Por todas as razões acima, as organizações abaixo assinadas consideram que os governos dos Estados Partes da UNFCCC devem respeitar os direitos humanos, protegê-los sob os mais altos padrões e considerá-los em seus compromissos climáticos.Nesse sentido, pedimo-lhes:Incluir metas ambiciosas e mensuráveis para a redução de poluentes climáticos de vida curta na atualização de suas NDCs até março de 2020.Especificar nos seus compromissos os meios de execução, que devem assegurar o cumprimento dos objectivos que fixaram.Enquadrar o cumprimento de seus compromissos em políticas integradas que reconheçam os diferentes níveis de impacto na população, com especial ênfase na proteção das crianças e outros grupos vulneráveis.Especificar os procedimentos de monitoramento, comunicação de informações e verificação que acompanharão a execução dos seus compromissos.Assegurar que os governos locais e as empresas respeitem as políticas estabelecidas e adaptem as suas acções à necessidade urgente de melhorar a qualidade do ar. Baixar a carta
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