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Bram EbusBuscando justicia para las comunidades afectadas por la represa Hidroituango
El río Cauca es el segundo más importante de Colombia. Las comunidades asentadas en su extensa cuenca dependen del caudal para desarrollar sus actividades económicas, entre ellas la pesca y la agricultura.
Abriéndose paso entre montañas, el río pasa por siete departamentos del país, entre ellos Antioquia, donde se construye la represa Hidroituango, proyecto que ha generado una crisis humanitaria y ambiental sin precedentes.
En mayo de 2018, una falla en la construcción de la hidroeléctrica provocó inundaciones, deslizamientos de tierra, avalanchas y la evacuación de más de 25 mil personas. Ello desnudó la inadecuada evaluación de impactos y la pobre regulación ambiental a las que fue sometido el proyecto y que, de todas formas, fue autorizado.
La violación sistemática de derechos humanos derivada del proyecto ha incluido el uso desproporcionado de la fuerza y una creciente violencia contra las personas afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos de Colombia.
Con la construcción de la represa, cuyas obras no han concluido y que todavía no genera energía, se inundó un área de 4.500 hectáreas sin retirar la cobertura vegetal de la zona, lo que está generando emisiones importantes de metano, gas de efecto invernadero que agrava la crisis climática mundial.
A pesar de su inadecuada implementación, el BID Invest, brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo, invirtió millones de dólares en la hidroeléctrica y facilitó la inversión de mil millones de dólares adicionales de otros bancos internacionales.
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Tribunal Suspende Fumigaciones
FOR IMMEDIATE RELEASE: 26 de junio de 2003 Contacts: Anna Cederstav, PhD, Científica de Earthjustice y de AIDA, (Oakland, CA) tel. 510-550-6700 Yamile Salinas, Defensoría del Pueblo en Colombia, (Bogotá, Colombia) tel. 571-314-7300 Ext. 2324 TRIBUNAL COLOMBIANO SUSPENDE FUMIGACIONES DE COCA Y AMAPOLA, FINANCIADAS POR EL GOBIERNO DE E.U.A., POR IMPACTOS EN LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE OAKLAND, CA/BOGOTA, COLOMBIA – En reciente decisión, el Tribunal Superior Administrativo de Cundinamarca, Colombia, declaró que las fumigaciones con Glifosato para la erradicación de cultivos de coca y amapola violan los derechos colectivos al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a la seguridad y salubridad públicas. La sentencia, promulgada al término de una acción popular interpuesta por un grupo de ciudadanos, exige la suspensión provisional de las fumigaciones aéreas con el herbicida glifosato, hasta que el gobierno cumpla con el Plan de Manejo Ambiental y realice los estudios requeridos para la protección de la salud humana y del medio ambiente. Esta jurisprudencia del Tribunal se suma a las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que habían exigido la abstención de las fumigaciones en territorios indígenas y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental impuesto por el Ministerio del Medio Ambiente. De acuerdo con Yamile Salinas de la Defensoría del Pueblo, “la decisión es trascendental pues reconoce los potenciales riesgos que el herbicida y la forma en que éste se viene aplicando implican para la salud humana y el medio ambiente en Colombia”. “La aplicación del principio de precaución es de singular importancia pues reconoce la existencia de riesgos graves e irreparables para el medio ambiente y la salud humana, razón suficiente para suspender las fumigaciones”, agregó Yamile Salinas. “El Congreso de Estados Unidos exigió al Departamento de Estado la evaluación de los impactos ambientales y en la salud humana del Plan Colombia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos debe tener en cuenta esta decisión del Tribunal colombiano”, afirmó Anna Cederstav, científica de Earthjustice y AIDA. “Considerando la evidencia presentada y la tajante decisión del Tribunal al respecto, el Departamento de Estado no puede certificar ante el Congreso de Estados Unidos que la mezcla del herbicida, de la forma en que esta siendo usada, no representa riesgos irrazonables o efectos adversos a los seres humanos o al medio ambiente; ni que el herbicida se usa según lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental para dicho programa”, agregó. “Estados Unidos sería muy irresponsable de continuar el programa de erradicación en contravención con la decisión del Tribunal colombiano de suspender las fumigaciones hasta que se adelanten medidas apropiadas de protección a la salud y al medio ambiente.” “La sentencia del Tribunal acoge formalmente las múltiples solicitudes que para la protección de la salud y el medio ambiente hemos realizado la Defensoría y la Contraloría colombianas, junto con varias organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales desde hace años”, agregó Yamile Salinas. “Esta decisión es un éxito para la protección la salud humana y del medio ambiente en Colombia”.
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La Oroya No Puede Esperar
Este libro es producto de un cuidadoso análisis de los reportes de emisiones atmosféricas de la empresa Doe Run Perú, correspondientes a los años 1996 al 2001 y obtenidos del Ministerio de Energía y Minas del Perú. Esta publicación pretende así compensar en algo la ausencia de información analítica referida a los niveles de contaminación que genera en La Oroya una empresa minera de gran envergadura como lo es Doe Run Perú. El lector tendrá oportunidad de conocer de forma directa y fácil las graves afecciones a la salud de la población local, especialmente de los sectores más vulnerables como son los niños. Pero los autores van más allá y sugieren la adopción de medidas correctivas y preventivas que involucran en su ejecución tanto al Estado como a la empresa. El libro contiene además un análisis jurídico de la legislación sobre protección ambiental de la actividad minero-metalúrgica en el Perú y una reflexión sobre su eficacia. Lee y descarga el libro
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