
Project
Shutterstock.
Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam
La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.
La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.
Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.
En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.
La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos.
Antecedentes
Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.
Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.
El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.
Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.
La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.
Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.
Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.
Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas.
La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam
Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.
Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.
Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.
Voces por el río Motagua: Nazario Pascual.
A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.
En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.
Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.
El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos.
Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana.
En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.
Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones.
Entérate de los detalles de la victoria judicial.
Situación actual
Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.
Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.
Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".
AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.

Proyectos relacionados

La COP21 de París arranca y la esperanza de un buen acuerdo climático crece
La 21ª Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático inició en París, Francia. La cita es clave pues de ella debe salir un nuevo y efectivo acuerdo climático global. Al expectativas en torno a esa meta son cada vez grandes. Los Estados parte de la Convención, cuyos líderes y representantes están reunidos, tienen la oportunidad de mostrar su compromiso y disposición real para combatir el cambio climático y adoptar las medidas necesarias para asegurar un mejor planeta para las generaciones presentes y, sobre todo, las futuras. La COP21 tiene en sus manos la tarea de finalizar el “paquete climático” de París, el cual contiene un borrador del nuevo acuerdo climático y una serie de decisiones a ser consideradas y adoptadas luego por la COP. Ambos componentes son vitales para asegurar la implementación adecuada de la Convención, un instrumento importante que si bien ha logrado poner la problemática del cambio climático sobre la mesa, aún requiere acciones claras para concretar su cumplimiento. ¿Cuál es la dinámica de trabajo? Durante la primera semana, las y los negociadores trabajarán en el grupo de la Plataforma de Durban para la Acción Reforzada (ADP). Este grupo tiene el mandato de desarrollar un instrumento legal y vinculante que funcione bajo la Convención y sea aplicable a las Partes de la misma. Las negociaciones tendrán lugar en grupo de trabajo. Se tiene previsto que las discusiones en grupo terminen el sábado 5 de diciembre. Ello dará paso a la preparación del borrador final del acuerdo y de las decisiones del “paquete climático” para que sean considerados por la COP en la segunda semana de la Conferencia. ¿Qué esperamos lograr en París? Para AIDA dos son las tareas centrales que la COP21 debe lograr: Clarificar los compromisos relacionados con el financiamiento climático después de 2020. Incluir lenguaje específico de respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos en todas las acciones climáticas en el preámbulo del Acuerdo de París y en el Artículo 2, referente a los Objetivos del Acuerdo. Financiamiento climático Es el elemento fundamental para asegurar que los compromisos establecidos tanto en el Acuerdo de París como en la misma Convención, sean una realidad. En ese sentido, la sección de financiamiento climático debe contener los siguientes elementos clave: Claridad sobre qué países deben movilizar recursos nuevos y adicionales a partir del 2020. También será importante recalcar el rol de aquellos países en desarrollo que aunque no tienen la obligación de otorgar financiamiento, están en la posición de hacerlo y pueden contribuir a un mayor financiamiento climático. Compromisos claros para incrementar el financiamiento climático. Una escala de financiamiento para lograr los objetivos esperados. Claridad sobre las fuentes del financiamiento, asegurando que las mismas respondan a métodos claros y transparentes que permitan su contabilización y uso efectivo. Una meta colectiva a corto plazo que muestre avances. Claridad sobre los arreglos institucionales necesarios para entender qué mecanismos se utilizarán para canalizar los recursos. Será importante fortalecer aún más el rol que actualmente juega el Fondo Verde del Clima para asegurar que su financiamiento contribuya a proyectos y programas que promuevan cambios reales, transformadores, bajos en carbono y resilientes al clima. Ciclos de contribuciones financieras, tiempos y periodos de verificación de los mismos. El financiamiento climático es fundamental para avanzar en el cumplimiento de la agenda climática. Dar certeza y claridad sobre este componente es primordial para alcanzar las metas establecidas y lograr cambios paradigmáticos a corto, mediano y largo plazo. Derechos humanos La protección y promoción de los derechos humanos es vital para combatir el cambio climático. En ese sentido, el éxito del Acuerdo de París depende de que ese elemento sea integrado transversalmente en su texto y, particularmente, en su objetivo. Un acuerdo climático con un lenguaje de derechos humanos ayudaría a: Subir la ambición del Acuerdo y fortalecer sus metas, promoviendo una mejor implementación, dado que la perspectiva de derechos humanos puede recordarle a los Estados las obligaciones que ya tienen. Clarificar las responsabilidades de los Estados y de otros actores en la lucha contra el cambio climático y aumentar la coherencia de las políticas públicas relacionadas con el tema. Esto brinda la oportunidad de avanzar y de aportar lecciones aprendidas, evitando la duplicación o creación de nuevas obligaciones. Definir una pauta clara y aceptable para evitar mayores conflictos socioambientales en el futuro. Al tener un marco jurídico homogéneo de reconocimiento de los derechos humanos, será posible mejorar la gestión del agua, los alimentos y la tierra, algo que afecta especialmente a los países de América Latina. La COP21 en París es un momento histórico en el que la humanidad tiene la oportunidad de consolidar los avances sustanciales logrados al momento en la lucha contra el cambio climático. ¡Sigue nuestro trabajo en la COP21!
Leer más
Brasil autoriza a operação da hidrelétrica de Belo Monte, ignorando os direitos da população afetada
O Ibama, órgão ambiental brasileiro, outorgou a licença de operação do projeto, ignorando as evidências de descumprimento das condicionantes para garantir a vida, a saúde e a integridade de indígenas e demais populações afetadas.Altamira, Brasil. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) outorgou nesta terça-feira a licença de operação da hidrelétrica de Belo Monte, que permite que o enchimento do reservatório seja iniciado. A autorização foi dada apesar do descumprimento de condicionantes para garantia da vida, saúde e integridade física das populações afetadas pelo projeto, as mesmas que foram consideradas essenciais pelo órgão em um informe técnico datado do último dia 22 de setembro. A decisão do Ibama sequer faz referência às condicionantes para proteger as comunidades indígenas."Não podemos acreditar. Tudo é um crime e uma grande responsabilidade do Governo e do Ibama ao conferir licença a este monstro. A presidenta do Ibama esteve em Altamira no dia 5 de novembro e recebeu muitas denúncias; todos - ribeirinhos, representantes indígenas, pescadores, integrantes de movimentos - falaram dos impactos que estamos vivendo, e agora dão a licença com ainda mais condicionantes, apenas para que não sejam cumpridos", disse Antonia Melo, liderança do Movimento Xingu Vivo para Sempre, e desalojada pela represa.No último dia 12 de novembro, em um ofício enviado ao Ibama, o presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) concluiu que as condições para a proteção dos povos indígenas afetados pela represa não haviam sido cumpridas plenamente. Ainda assim, ele deixou os caminhos abertos para que o órgão ambiental outorgasse a licença de operação, "caso julgasse pertinente"."A autorização viola claramente os compromissos internacionais do Brasil em matéria de direitos humanos, especialmente quanto aos povos indígenas afetados que vivem na bacia do Rio Xingu, que estão protegidos por medidas cautelares outorgadas em 2011 pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e que o Estado Brasileiro segue sem cumprir", disse María José Veramendi, advogada da Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).A licença permite o preenchimento de duas barragens da represa sobre o Rio Xingu, afluente do Rio Amazonas. Ela é válida por seis anos, e está sujeita ao cumprimento das condicionantes, o que será supervisionado através de informes semestrais. As condicionantes deveriam ter sido cumpridas antes da outorga da última licença a Belo Monte."O licenciamento ambiental é uma forma de mitigar os efeitos, controlar os danos e minimizar os riscos que o empreendimento implica para a população e o meio-ambiente. Ao desrespeitar e flexibilizar os procedimentos de licenciamento, o Estado deixa que os interesses econômicos prevaleçam e nega seu dever de zelar pelo interesse público", salientou Raphaela Lopes, advogada da Justiça Global.AIDA, Justiça Global e a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos têm argumentado em âmbito nacional e internacional que não existem condições para que a hidrelétrica de Belo Monte obtenha permissão para operar. Ainda é necessário a garantia de aspectos essenciais, como fornecimento e disponibilidade de água potável, saneamento básico, serviços de saúde e outros direitos mínimos à população afetada e removida.A luz verde para Belo Monte não poderia ter chegado em momento pior. Há poucos dias, em 05 de novembro, uma barragem de rejeitos de mineração da Samarco, empresa de propriedade da Vale e da BHP Billiton, se rompeu na cidade de Mariana, Minas Gerais, causando um dos maiores desastres ambientais do país. Uma inundação de lama e outros produtos químicos destruiu um povoado e deixou, até o momento, 12 mortos e 11 desaparecidos, afetando o abastecimento de água da região e destruindo a fauna e flora. O mar de lama chegou ao mar aberto. A licença de operação de uma das barragens da empresa estava vencida há dois anos.Ainda assim, a permissão de operação para Belo Monte acontece a poucos dias do início da 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, em Paris, a mais decisiva até agora. A operação de Belo Monte emitirá gases que causam efeito estufa, como dióxido de carbono e metano, agravando assim a mudança climática. A autorização para o funcionamento de Belo Monte é, portanto, uma péssima mensagem do governo brasileiro, que ignora seus compromissos com os direitos humanos e com a mudança climática, gerando com esse projeto um exemplo de como não se deve produzir energia no Século XXI.
Leer más
Por la salud y vida de mis hijos: DEBEMOS incluir los derechos humanos en el nuevo acuerdo climático
Texto publicado originalmente en IntLawGrrls Los seres humanos hemos causado el cambio climático, una amenaza real a nuestra especie que requiere por tanto de soluciones humanas. También y a pesar de la evidencia inminente, hemos perdido tiempo valioso en discusiones eternas sobre la existencia del cambio climático. Nuestros esfuerzos para alcanzar soluciones tienen que ser ambiciosos e incluyentes si queremos garantizar protección para la vida y el bienestar de todas las personas. Cómo incluir los derechos humanos en el texto de negociación del nuevo acuerdo climático fue uno de los temas más arduos durante las rondas de negociación en Bonn, Alemania. El nuevo acuerdo será firmado este diciembre en la 21ª Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París. En Bonn, la protección de los derechos humanos fue dejada de lado en el no-texto presentado por los copresidentes y luego, incluido nuevamente ante la insistencia de varios países, muchos del Sur Global, y de cientos de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo AIDA. Podría escribir una larga lista de argumentos jurídicos, éticos, políticos y económicos por los cuales los derechos humanos deben ser incluidos en el acuerdo de París. Sin embargo, para mí, todo se resume a dos poderosos argumentos: ¡Mi hijo y mi hija! De cuatro y casi dos años, ellos ya están viviendo los impactos del cambio climático. Algunos días, por ejemplo, no pueden ir al parque por el aumento de los niveles de contaminación del aire en la Ciudad de México con carbono negro y ozono, dos de los contaminantes vinculados con el cambio climático. Desafortunadamente, lo peor aún está por venir: huracanes, sequías, inundaciones, incendios y pérdida de glaciares, todos fenómenos en aumento. Ahora la pregunta no es si mis hijos van a sufrir los impactos del cambio climático, sino en qué medida. Algunos pueden decir que exagero y que mis hijos no están entre los más afectados (indígenas o habitantes de países insulares y zonas costeras). Tienen razón. Muchas otras personas están sufriendo, y continuarán sufriendo, consecuencias aún peores. Es el caso de los indígenas Kuna en Panamá, quienes están perdiendo sus tierras debido al aumento del nivel del mar; los 62 millones de personas de los 52 Pequeños Estados Insulares, incluyendo Tuvalú y Barbados; los 70 millones de personas de la Región Andina, cuya agua depende de los glaciares y páramos que en dos o tres décadas podrían desaparecer a causa del cambio climático. A pesar de la evidente urgencia, las respuestas son vergonzosamente lentas. Naciones Unidas anunció hace poco que los actuales compromisos nacionales no son suficientes para evitar que la temperatura del planeta supere los 2ºC para el 2100, cuando mis hijos tendrán 89 y 87 años. Entonces, ¿cómo podemos acelerar los acuerdos, incrementar el nivel de ambición, y cerrar la brecha entre lo que se necesita y lo que Estados y otros sectores tomadores de decisiones prometen? Los derechos humanos son una parte importante de la respuesta. Pueden ayudar a: Reconocer las realidades del cambio climático y su impacto en el disfrute de los derechos humanos de todas las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. Recordar a los Estados sus obligaciones de proteger y respetar los derechos humanos. Estas obligaciones son compartidas con empresas y entidades internacionales. La incorporación de los derechos humanos en el acuerdo climático no creará nuevas obligaciones. Nos permitirá, en cambio, ser consistentes y cumplir los compromisos existentes. Evitar un mayor riesgo para la estabilidad mundial que ha sido vinculado con el cambio climático por impactos como la competencia por recursos naturales locales, la inseguridad de modos de vida, la migración, eventos y desastres climáticos extremos, la volatilidad de los precios de los alimentos, el manejo del agua transfronteriza, el aumento del nivel del mar, la degradación costera y los efectos no previstos de las políticas climáticas. Promover soluciones efectivas como el replanteamiento de nuestra energía. Ese tipo de soluciones no han sido alcanzadas aún debido a la falta de ambición y voluntad política. Por los derechos de mi hijo, mi hija, y los millones de niños y niñas del mundo, debemos aceptar que el cambio climático es una cuestión de derechos humanos. Por la salud de las futuras generaciones y de quienes ya están sufriendo los impactos del cambio climático, debemos hacer todo lo que podamos para brindar soluciones efectivas. Es momento de tomar la crisis climática con seriedad. El acuerdo climático que salga de París debe incluir la protección de los derechos humanos en su preámbulo y en su parte operativa. Solo entonces, cuando exista un respeto general por los derechos de todas las personas, se comenzarán a ver los resultados que necesitamos en la lucha contra el cambio climático. De no ser así, estaremos atrapados en negociaciones miopes que no le darán a mis hijos la esperanza de una vida saludable y digna. Ellos no podrán ir a jugar al parque ni disfrutar del mundo fuera de nuestra puerta. Y quienes viven situaciones más vulnerables quedarán sin ningún refugio a dónde ir.
Leer más