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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Día Internacional de los Derechos Humanos en la COP21

Programa de Eventos: 10 de diciembre de 2015   10:00 - 10:30 Conferencia de prensa (Le Bourget, Hall 5, Press Conf. Room 2). Ofrecida por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 11:00 - 12:30 Evento Paralelo - Combatir el Cambio Climático, Erradicar la Pobreza y Garantizar el Acceso a los Derechos: El Desafío para una Transición Verdaderamente Justa. (Espace Générations Climat, Room 4). Ofrecido por Secours Catholique - Caritas France y ATD Quart Monde. 11:30 - 13:00 Evento Paralelo: Cambio Climático: Uno de los Más Grandes Desafíos de Nuestro Tiempo para los Derechos Humanos (Le Bourget, Hall 4, Observer Room 12). Ofrecido por el Grupo de Trabajo de Cambio Climático & Derechos Humanos, Geneva Climate Change Concertation Group, CARE International, Center for International Environmental Law, Earthjustice, Franciscans International, Friedrich-Ebert-Stiftung y Human Rights Watch.  13:00 - 13:30 Acción de la Sociedad Civil: Levántate por los Derechos Humanos (Le Bourget, TBD). 13:00 - 14:30 Evento Paralelo - Cambio Climático y Derechos Humanos: Enfocados en la Vida Urbana Urban, los Derechos Humanos y la Adaptación al Cambio Climático (Espace Générations Climat, Room 4). Ofrecido por European Association of Geographers. 15:45 - 17:00 Exposición Fotográfica y Fílmica - No Queda Tiempo: Cambio Climático y Derechos Humanos en el Condado de Turkana, Kenya (Espaces Générations Climat, Round House and Stand A28). Ofrecidas por Human Rights Watch.  17:30 - 19:00 Evento Paralelo - Actuar Contra el Clima y Promover los Derechos Humanos: Soluciones Prácticas (Espace Générations Climat, Room 1). Hosted by the Human Rights & Climate Change Working Group and Réseau Climat & Développement. 18:30 - 21:00 Celebración del Día de los Derechos Humanos (Point Ephemere, 200 quai de Valmy 75010 Paris). Ofrecida por Tri-Caucus, Accra Caucus, Geneva Group, Human Rights & Climate Change Working Group, Indigenous Peoples Caucus, and REDD+ Safeguards Working Group. 

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Si queremos enfriar el planeta, el fracking debe ser prohibido

Pronunciamiento de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking ante la COP 21: El reto de la 21 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es lograr el compromiso efectivo de los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a un nivel acorde con los derechos y oportunidades de las presentes y futuras generaciones y la conservación del  ambiente. Lo anterior requiere de políticas y acciones a nivel nacional congruentes con los compromisos asumidos a nivel internacional en materia de cambio climático, de derechos humanos y respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  El fracking para la extracción de hidrocarburos  no convencionales es contrario a dichos compromisos y aumentaría los impactos del cambio climático, por lo cual debe  prohibirse.  Durante el ciclo de extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución de los hidrocarburos no convencionales (HNC), se libera metano que es 87 veces más activo como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono en un margen temporal de 20 años, lo que provoca mayor calentamiento global, cuando lo que debemos hacer es tomar medidas urgentes para su reducción. Debido a las emisiones fugitivas de metano, “en un periodo de 20 años, la huella de gases de efecto invernadero del gas natural de lutitas es peor que la del carbón o la del petróleo”[1]. De continuar moviéndonos bajo la misma concepción de desarrollo basada en la explotación de combustibles fósiles, sin tener en cuenta los derechos y necesidades de las comunidades, será imposible conservar un planeta que no comprometa los bienes naturales y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Los HNC extraídos vía fracking no deben ser considerados como energías de transición ni energías más limpias ya que la emisión de GEI es muy alta, así como los daños y riesgos que generan para el ambiente y la salud de las personas[2]. La experiencia latinoamericana en torno al fracking Consideramos que la experiencia de la aplicación del fracking para la extracción de hidrocarburos no convencionales en Latinoamérica puede servir como insumo para la discusión global.  A pesar de las particularidades con las que esta técnica ha avanzado en el continente, en lugares como México, Colombia, Chile, Bolivia y Argentina existen una serie de rasgos comunes. El fracking está avanzando a ciegas en América Latina. En primer lugar, en las comunidades afectadas por esta técnica no se han respetado derechos humanos fundamentales como: la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, el derecho a la participación y control social y el derecho a la información[3]. Los Estados de la región tampoco han aplicado el principio precautorio  con el fin de prohibir esta actividad, considerando los riesgos graves que genera en la salud de las personas y el ambiente, y la incertidumbre sobre el alcance y magnitud de los daños que puede ocasionar. Es grave también la modificación de legislaciones nacionales en función de las demandas corporativas, para abrirle la puerta a la explotación de hidrocarburos no convencionales utilizando fracking. La reforma energética mexicana (2013) y la nueva ley de hidrocarburos argentina (2014) son ejemplos claros de ello. El fracking en la región se ha desarrollado sin que existan estudios integrales y de largo plazo sobre los riesgos y daños que esta técnica causa en la salud de las personas y el ambiente. Con la excepción de México, los países de la región carecen de estudios propios de reservas de hidrocarburos no convencionales, que puedan verificar las cifras estimadas por la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos.  En el continente, el fracking ha avanzado sobre comunidades indígenas, campesinas, barrios urbanos e incluso Áreas Naturales Protegidas. Esto ha ocasionado el desplazamiento de personas, así como de actividades productivas como la ganadería y agricultura, cuya convivencia con esta técnica es imposible[4]. En paralelo, se multiplican las denuncias y daños ocasionados por incendios, derrames, explosiones, acaparamiento de agua, contaminación de agua, aire y tierra por desechos tóxicos, pérdidas de sustancias radioactivas en los pozos, así como por el mal manejo de las aguas de retorno[5]. En Latinoamérica ha crecido el rechazo al fracking. Prueba de esto son las redes nacionales e internacionales de oposición a esta técnica, así como los más de 50 municipios y comunidades que han prohibido el fracking en sus territorios en Argentina, México, Brasil y Uruguay[6] o la suspensión de operaciones de fracking en Brasil y Argentina a partir de acciones judiciales. Los Estados deben asumir compromisos frente al fracking En el marco de la COP de París, urgimos a los Estados Parte de la Convención Marco sobre Cambio Climático a la: Firma de un acuerdo vinculante que reduzca eficaz y oportunamente los Gases de Efecto Invernadero a niveles compatibles con los derechos y oportunidades de las presentes y futuras generaciones y la conservación del  ambiente. Aplicación del principio precautorio como imperativo legal y ético de acción para encarar situaciones de alto riesgo en un marco de incertidumbre científica, en este caso prohibiendo el  fracking en los países donde se han iniciado estas actividades o existe interés en realizarlas. Realización de estudios científicos objetivos e independientes sobre los impactos y riesgos del fracking en la salud, el medio ambiente y los procesos productivos, con un horizonte de largo plazo, para garantizar los derechos de las presentes y futuras generaciones. Donde se confirmen impactos, los Estados deben garantizar que las empresas se responsabilicen de los daños ocasionados y, prioritariamente, de la restauración de los ambientes afectados aún en el caso de que su contrato ya haya terminado. Fortalecer una política de diversificación energética y de reducción-racionalización del consumo de energía, que contemple el impulso a las energías renovables y desincentive la extracción de combustibles fósiles, siempre atendiendo los principios y derechos relacionados con la transparencia, la participación y el consentimiento previo, libre e informado. Desde la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking alertamos de los riesgos y los daños severos que puede causar la exploración y explotación de HNC en los territorios y poblaciones de nuestros países. El fracking es una técnica experimental y ni gobiernos ni empresas deben realizar experimentos de alto riesgo con la vida, la salud de las personas ni el ambiente. [1] Cfr..  Food and Water Watch “Por qué es urgente prohibir el fracking” Febrero, 2015 http://www.foodandwaterwatch.org/sites/default/files/spanish_urgent_case_ban_fracking_report_feb_2015.pdf  y   Robert Howarth y Anthony Ingraffea, “Should fracking stop?”, en: Nature, 15 de septiembre de 2011, vol. 477, p. 272. http://www2.cce.cornell.edu/naturalgasdev/documents/pdfs/howarth%20nature.pdf [2] Cfr.  Robert Howarth “A bridge to nowhere: methane emissions and the greenhouse gas footprint of natural gas” Abril, 2014 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ese3.35/pdf [3] Cfr. Alianza Latinoamericana frente al Fracking; “Avance ciego del fracking en América Latina” (infografía), septiembre de 2015. Ver en: http://www.opsur.org.ar/blog/2015/09/04/mapa-del-fracking-en-america-latina-2/ [4] Cfr. OPSur “Alto Valle Perforado” (Ed. Jinete Insomne, 2015) [5] Cfr. Pablo Bertinat et al; “20 Mitos y Realidades del Fracking”; 2014. Ver en: http://www.rosalux.org.ec/attachments/article/819/20_Mitos_LIBRO_FRL_PRINT.pdf [6] Cfr. Alianza Latinoamericana frente al Fracking, “Avance ciego del fracking en América Latina” (infografía), septiembre de 2015. Ver en: http://www.opsur.org.ar/blog/2015/09/04/mapa-del-fracking-en-america-latina-2/

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Un enfoque de derechos humanos para abordar el cambio climático

Por María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, y Camila Bustos, investigadora de Nivela Unos cuantos días antes del inicio de las negociaciones climáticas en París, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos envió a la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático un documento oficial sobre “entender los derechos humanos y el cambio climático”. Para muchos, la relación entre ambos aún no es clara. ¿No existen ya otros acuerdos internacionales que abordan este tema en profundidad? ¿Cuál es el punto de incluir un lenguaje de derechos humanos en un acuerdo sobre cambio climático? El vínculo entre derechos humanos y cambio climático ha sido reconocido hace mucho tiempo por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cual ha aprobado varias resoluciones para llamar la atención sobre este asunto. Varios países ya están sintiendo los impactos del cambio climático: aumento del nivel del mar, sequías, sucesos climáticos extremos e inundaciones, entre otros desastres, son cada vez más comunes. América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables al cambio climático. A lo largo del continente, personas y comunidades están sufriendo impactos devastadores como el derretimiento de glaciares en los Andes, el aumento de los niveles del mar y la acidificación del océano. Muchos enfrentan el riesgo de perder sus modos de vida tradicionales y ser desplazados. Los impactos del cambio climático en el disfrute de los derechos humanos en América Latina han sido ampliamente documentados por la AIDA en su informe de 2011. Uno de los efectos más dramáticos es la reducción drástica del agua en la región. Para el 2025, el derretimiento de los glaciares, la degradación de los humedales, las sequías intensas y los patrones meteorológicos erráticos limitar el acceso al agua de más de 50 millones de personas en la región Andina tropical. Otros efectos anticipados incluyen inundaciones y cambios en los patrones de lluvia. En Colombia, las inundaciones afectan a más de 2,2 millones de personas y, solo en 2010, generaron pérdidas por 300 millones de dólares. Respecto de la transición a una economía resiliente y baja en carbono, los países ya están trabajando para diseñar e implementar proyectos que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y protejan a los ciudadanos de los impactos del cambio climático. Hacer referencia a los derechos humanos en la sección operativa del acuerdo puede garantizar que los mismos sean tomados en cuenta en el proceso de desarrollo e implementación de políticas climáticas. Esa referencia permitiría: Fortalecer el acuerdo y hacerlo más ambicioso, promoviendo que la implementación del mismo garantice que los Estados partes cumplan sus obligaciones ya existentes en materia de  derechos humanos. Apoyar los objetivos del acuerdo al prevenir la discriminación, exclusión y desigualdad. Las comunidades afectadas tienen que tener voz y voto en las políticas y proyectos destinados a ayudarlas. Evitar la creación de obligaciones adicionales, pero asegurar coherencia en el régimen internacional. Los Estados partes ya están obligados a cumplir con otros instrumentos de derechos humanos, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A medida que el mundo vuelca su atención en París, no podemos olvidarnos de humanizar el cambio climático. Debemos recordar que aquello que contribuyeron menos al problema son y continuarán siendo los más afectados. Si queremos asegurar un planeta habitable para las generaciones futuras, el nuevo acuerdo climático debe incluir el respeto, protección, promoción y cumplimiento de los derechos humanos. Exhortamos a todos los Estados partes, y especialmente a aquellos de América Latina, a que apoyen la inclusión de protecciones de los derechos humanos en el acuerdo.

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