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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Seminario virtual "Nuevo Acuerdo Climático Global: Resultados de la COP21"

Tras dos semanas de negociaciones en París, Francia, la 21ª Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático concluyó con un nuevo acuerdo global para enfrentar el cambio climático. ¿Qué resultados dejó la cita climática de París? ¿Qué se decidió sobre financiamiento, mitigación, adaptación y protección de los derechos humanos? En este seminario virtual, realizado el 17 de diciembre de 2015, representantes de la sociedad civil respondieron a ésas y otras preguntas, e hicieron un análisis puntual del nuevo acuerdo climático global. Los panelistas debatieron en torno a los siguientes temas: Financiamiento. Adaptación. Derechos humanos. Mitigación. Grabación Presentaciones

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COP21: Incorporando el Cambio Climático dentro de las Instituciones Financieras

Las instituciones financieras juegan un rol crucial en la lucha global contra el cambio climático. Para que los países de todo el mundo busquen con éxito un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, necesitan disponer de importantes cantidades de financiamiento. El Acuerdo de París —que se prevé sea finalizado esta semana para el cierre de la COP21—seguramente promoverá el financiamiento climático a nivel mundial. Pero el financiamiento climático representa solo un pequeño porcentaje de todos los flujos financieros globales. Por tanto, el grado en el que las consideraciones de cambio climático sean incorporadas dentro de las instituciones financieras, tendrá un efecto importante en la rapidez de la transformación de la economía mundial como respuesta al cambio climático. Astrid Puentes Riaño, Codirectora de AIDA, fue parte del panel que abordó esta realidad el 7 de diciembre, durante el evento paralelo a la COP21 denominado Incorporando el Cambio Climático dentro de las Instituciones Financieras. El evento comenzó con una presentación que desveló los Cinco Principios Voluntarios que habían sido acordados para este año por 26 instituciones financieras de cuatro continentes, las cuales manejan en conjunto 11 billones de dólares. Estos principios incluyen compromisos para manejar riesgos climáticos, mejorar el rendimiento climático, dar cuenta de la acción climática, adherirse a estrategias de cambio climático, y promover objetivos climáticos inteligentes. Luego de las palabras introductorias del Director General de la Agencia Francesa de Desarrollo y del Vicepresidente del Grupo del Banco Mundial, el grupo principal de cinco panelistas fue invitado a discutir sus acciones y puntos de vista sobre la iniciativa. La importancia de la presencia de Puentes Riaño en el panel fue de inmediato aparente: no solo era la única mujer, también era la única voz en representación de la sociedad civil. Los otros panelistas incluían a representantes de las principales instituciones financieras públicas y privadas, como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Europeo de Inversiones, y al titular del Ministerio de Ambiente y Turismo de Namibia. Las presentaciones hechas en nombre de las instituciones financieras fueron breves pero alentadoras en cierto grado. Sus representantes se preciaron de los miles de millones de dólares que estaban comprometiendo para la lucha contra el cambio climático, y de otros pasos que estaban dando para reducir el impacto climático de sus inversiones. El representante del Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo, puso de relieve su nuevo estándar de rendimiento de emisiones para inversiones en nuevos desarrollos energéticos, el cual, dijo, no discriminó ninguna fuente de energía en particular, pero excluyó al carbón. También se discutió la importancia de trabajar juntos y construir plataformas de intercambio de información como un sitio web que albergue información recopilada por las instituciones financieras. El representante del sector de la banca comercial dijo que su compañía se había comprometido a invertir 2 mil millones de dólares en bonos verdes, lo cual no iría a financiar nuevas plantas de carbón, sino que incrementaría las inversiones en energía renovable. El Ministro de Nanibia subrayó que su país ya está sufriendo, y continuará sufriendo, los efectos devastadores del cambio climático. Explicó que aunque el cambio climático es una prioridad para su gobierno, no existen recursos disponibles para atender las diferentes necesidades que pueden surgir en cualquier momento. Hablando en nombre de la sociedad civil, Puentes Riaño recibió con agrado la iniciativa como un buen comienzo, el cual proyecta una imagen positiva del sector financiero. Reconociendo que el esfuerzo estaba aún en su etapa inicial, ofreció algunas recomendaciones para su implementación. En primer lugar, llamó a que los derechos humanos y el riesgo social sean incluidos en las evaluaciones de proyectos. Ello, explicó Puentes Riaño, facilitaría la elección de los tipos adecuados de proyectos en los cuales invertir. En segundo lugar, exhortó a que se haga un esfuerzo para garantizar que se considere, y que exista un acuerdo entre instituciones financieras sobre definiciones clave como “energía renovable” y “desarrollo sostenible”, así como una idea clara de las opciones que deben ser excluidas por ser falsas soluciones. Finalmente, exhortó a que estas instituciones financieras se centren en cómo la iniciativa será implementada. Recomendó tener un mapa claro, transparente, participativo y lo suficientemente ambicioso para poner al mundo en un camino de 1,5 º C. En discusiones como ésta, es fácil ver lo importante que para las organizaciones de la sociedad civil es estar presente y hacer su mejor esfuerzo para contribuir al diálogo. En este caso, AIDA fue capaz de unirse a la conversación y poner su posición sobre la mesa para abogar por el acceso a la información, la transparencia y rendición de cuentas, la participación pública y los derechos humanos.

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Fracking, Contaminación Tóxica

El fracking debe ser prohibido para enfriar el planeta, exigen organizaciones

En el marco de la COP21, organizaciones de la sociedad civil de América Latina pidieron a las y los líderes mundiales reunidos en París prohibir las operaciones de fracking en sus países porque éstas, al emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero, van en contra del objetivo central de las negociaciones: frenar el calentamiento del planeta. París, Francia. En un pronunciamiento público dirigido a los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, organizaciones y alianzas nacionales que integran la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking piden que las actividades de fracking o fracturación hidráulica sean prohibidas “para enfriar el planeta” debido a que, entre otros impactos, éstas emiten gases de efecto invernadero y contribuyen al calentamiento del planeta.  Durante el ciclo de extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución de los hidrocarburos no convencionales extraídos vía fracking, se libera metano que, como gas de efecto invernadero, es 87 veces más activo que el dióxido de carbono en un margen temporal de 20 años, lo que provoca mayor calentamiento global, se explica en el pronunciamiento. El documento será presentado el viernes 11 de diciembre, a las 10:00 a.m. (hora local), en la Zona de Acción por el Clima, por la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Asociación Ambiente y Sociedad, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Food & Water Watch, Freshwater Action Network México, la Fundación Heinrich Böll - México, Centroamérica y El Caribe, el Instituto Brasileiro de Analises Socias e Economicas (IBASE) y el Observatorio Petrolero Sur (OpSur). Las organizaciones expondrán además la situación que se vive actualmente en América Latina respecto de la fracturación hidráulica. Pese a que el uso de esa técnica experimental es contrario a los compromisos nacionales e internacionales para reducir las emisiones contaminentes, varios países de la región —entre ellos México, Colombia, Argentina, Chile y Bolivia— han iniciado actividades de exploración o explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking. “El fracking está avanzando a ciegas en América Latina, sin que existan estudios integrales y de largo plazo sobre los riesgos y daños graves e irreversibles que puede causar en la salud de las personas y en el ambiente”, dijo Ariel Pérez Castellón, abogado de AIDA. “Las operaciones de este tipo en la región no han respetado derechos humanos fundamentales como la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; el derecho a la participación y control social; y el derecho a la información”, manifestó por su parte Milena Bernal, abogada de la Asociación Ambiente y Sociedad.  Según las organizaciones, el fracking se está abriendo paso en comunidades indígenas, campesinas, barrios urbanos e incluso en Áreas Naturales Protegidas. Ello ha ocasionado el desplazamiento de personas y de actividades productivas como la ganadería y agricultura, cuya convivencia con esta técnica es imposible. De modo paralelo al inicio de estas operaciones, ha crecido el rechazo a ellas. “Prueba de esto son las redes nacionales e internacionales de oposición a esta técnica, así como los más de 50 municipios que la han prohibido en Argentina, Brasil y Uruguay”, indicó Diego di Risio, investigador del Observatorio Petrolero Sur.  “Como parte de nuestro pronunciamiento, urgimos a los Estados parte de la Convención a la firma de un acuerdo vinculante que reduzca eficaz y oportunamente los gases de efecto invernadero e incorpore a los derechos humanos dentro del texto legal; a la aplicación del principio precautorio para prohibir el fracking; y al impulso de las energías renovables y el desincentivo a la extracción de combustibles fósiles”, expresaron Claudia Campero Arena, investigadora de Food & Water Watch, y Moema Miranda, directora de Ibase. Lea aquí el pronunciamiento de la Alianza Latinoamericana frente al Fracking. Evento “The fight against fracking in Latin America: experiences in Argentina, Bolivia, Colombia, Brazil and Mexico” Traducción simultánea inglés-francés Viernes 11 de diciembre, 10:00 a.m. Zona de Acción por el Clima (ZAC) Centquatre, 5 rue Curial, Paris (Métro Riquet)

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