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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam
La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.
La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.
Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.
En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.
La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos.
Antecedentes
Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.
Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.
El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.
Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.
Foto: Mayela Sánchez García.
La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.
Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.
Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.
Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas.
La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam
Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.
Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.
Foto: Mario Winter.
Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.
Voces por el río Motagua: Nazario Pascual.
A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.
En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.
Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.
El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos.
Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana.
En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.
Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones.
Entérate de los detalles de la victoria judicial.
Situación actual
Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.
Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.
Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".
AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.
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Los 5 Principales Logros de AIDA en los Últimos 6 Meses
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Nuestros informes llenan vacíos de conocimiento entre responsables de políticas públicas y defensores ambientales en América Latina. Las publicaciones recientes de AIDA pueden ayudar a guiar los esfuerzos hacia la protección ambiental. Éstas incluyen: Guía de Buenas Prácticas de Regulación para la Protección de Arrecifes de Coral (en inglés). La Protección de los Arrecifes de Coral en México: Rescatando la Biodiversidad Marina y sus Beneficios para la Humanidad. Guía sobre Lineamientos Básicos para la Evaluación de Impactos Ambientales de Proyectos Mineros. 5. Se Crea un Grupo Regional sobre Fracking: 30 Organizaciones en Siete Países Muchos países en América Latina le están abriendo sus puertas al fracking, una práctica que consiste en la inyección de agua, arena y químicos a muy alta presión para fracturar rocas y liberar gas natural del subsuelo. 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ONG costarricenses denuncian actitud irresponsable del gobierno frente a la conservación marina
Organizaciones ambientales anuncian retroceso en la conservación marina. Señalan posición irresponsable en los acuerdos tomados por el gobierno, los cuales ponen en peligro la sostenibilidad de la actividad pesquera. El gobierno cede ante las presiones del sector pesquero y olvida el pacto ambiental, la ley y los compromisos internacionales del país. San José, Costa Rica. Como resultado de los bloqueos de vías por parte del sector pesquero, el pasado miércoles 2 de setiembre el Gobierno asumió compromisos temerarios, ilegales e inconstitucionales con algunos representantes de este sector. Los acuerdos y compromisos fueron comunicados al sector ambiental luego de una consulta y mediante oficio del señor Sergio Alfaro, Ministro de Presidencia, de fecha 07 de setiembre anterior. Como organizaciones de la sociedad civil, vemos con gran preocupación los acuerdos que las autoridades han tomado con el sector pesquero, los cuales a nuestro entender implican: La flexibilización de regulaciones sobre comercio de tiburón. Según un borrador de Decreto ya confeccionado por el Ejecutivo para reformar el capítulo XIV del reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, se trasladará la potestad de autorizar la importación, la exportación y reexportación de productos de tiburón a Comisiones Especiales No Permanentes, cuyos miembros serían asignados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Actualmente, dicha responsabilidad recae sobre un consejo integrado por científicos nacionales nombrados independientemente por sus instituciones. Otorga además condición de "Autoridad Científica" al sector pesquero, con derecho a proponer sus representantes en las Comisiones No Permanentes. Esta acción resulta ilógica pues la participación del sector en la toma de decisiones técnicas se dará desde una perspectiva empresarial, privada y motivada por el lucro, contrario a las autoridades científicas formales como las Universidades e Instituciones públicas Estatales y no Estatales que en su naturaleza constitutiva se rigen por el interés público. Asumir a futuro una actitud pasiva ante la conservación y protección de especies de tiburón en peligro de extinción o riesgo inminente que deban ser incluidas en tratados internacionales firmados por Costa Rica. En esta negociación con el sector pesquero, el gobierno se compromete a no promover, ni respaldar la inclusión de especies de tiburón con interés comercial en convenciones internacionales como CITES y CMS, aunque se encuentren en condición de vulnerabilidad o riesgo de extinción. Es decir, el gobierno permite que el interés comercial particular prevalezca por encima del interés público ambiental. Promover de forma activa la exportación de aletas de tiburón. El gobierno se compromete a intermediar con empresas de transporte internacional para que vuelvan a transportar aletas de tiburón, pese a que aquellas habían dejado de hacerlo por su política ambiental empresarial. Confundir el interés privado empresarial con el "conocimiento tradicional" de las comunidades y equipararlo al conocimiento científico. El gobierno acordó con el sector pesquero entrar en un proceso "participativo" de revisión de las tallas mínimas de captura de peces, ante la negativa del sector a acatar las tallas establecidas por el Departamento de Investigación Pesquera del Incopesca. Las tallas mínimas de captura, que ya deberían haber empezado a regir, serán ahora revisadas bajo criterios que no se apegan a los principios básicos de la gestión pesquera. Serán entonces los mismos pescadores quienes decidan que tallas van a pescar. Creemos firmemente en el papel que las comunidades costeras deben ser aliadas de la conservación, pero no debe confundirse su participación con la delegación de potestades públicas indelegables, alejándose incluso del criterio técnico-científico. Aumentar el esfuerzo pesquero sin fundamento técnico que lo respalde. El quinto acuerdo expone un problema recurrente que el sector ambiental ha venido denunciando en los últimos años: la falta de fundamento técnico en decisiones sobre recursos pesqueros. En esta negociación, el gobierno se compromete a aumentar las cuotas de acarreo de atún y a convocar el proyecto de Ley "Para el desarrollo, promoción y aprovechamiento del camarón en Costa Rica", sin contar con el criterio técnico científico que lo respalde. "Somos enfáticos en recordar que el ordenamiento jurídico costarricense obliga a que todo acto administrativo debe estar claramente fundamentado, sobre todo tratándose de autorizaciones para acceder a bienes de dominio público, que pertenecen a todos los costarricenses. El gobierno debe indicar cuál es el fundamento técnico que utilizó para asumir este nivel de compromisos con el sector pesquero”, agregó Jorge Jiménez, de Fundación Marviva. Representantes del sector coinciden en que el contenido de los acuerdos, representa un retroceso en la protección ambiental de los recursos marinos y de las propias comunidades que dependen de la salud de los mares. "Las actuaciones de las actuales autoridades y sus asesores son irresponsables, sin fundamento técnico y al margen del ordenamiento jurídico vigente. Un retroceso de tal magnitud daña la imagen del país ante la comunidad internacional, entrando en abierta contradicción con la imagen que el país promociona de país respetuoso del ambiente", señaló Randall Arauz, de Pretoma. Para el sector ambiental, el gobierno está legitimando intereses privados por encima del interés público ambiental, poniendo en riesgo la subsistencia de miles de pescadores y la conservación de los recursos marinos y pesqueros en nuestro país. "Nos genera gran asombro enterarnos de los acuerdos que las autoridades ambientales y pesqueras, en nombre del Estado y la Nación, han tomado con respecto a la disposición de bienes de dominio público por parte de particulares. Los compromisos toman una dirección contraria a lo que indican el conocimiento científico, el principio precautorio, así como del consenso internacional que existe sobre el manejo de grupos como los tiburones”, concluyó Marco Quesada, de Conservación Internacional. Consideramos que es nuestra responsabilidad como parte relevante de la sociedad costarricense informar a la comunidad nacional cuando algún sector, gremio o el gobierno mismo, atentan contra la sostenibilidad de los recursos naturales, marinos o terrestres, de nuestro país y que en esta oportunidad afectan directamente el futuro de la seguridad alimentaria nacional. Apoyan este comunicado: WIDECAST, Fundación Marviva, Pretoma, Conservación Internacional, AIDA, Misión Tiburón, UESPRA, Fundación KETO, The Leatherback Trust, Asociación Costa Rica por Siempre, Biocenosis, Fundación Amigos de la Isla del Coco, Sea Sheperd, Cedarena, Promar. Contacto de prensa Randall Arauz, 506-8344-3711, [email protected]
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