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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam
La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.
La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.
Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.
En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.
La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos.
Antecedentes
Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.
Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.
El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.
Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.
La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.
Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.
Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.
Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas.
La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam
Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.
Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.
Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.
Voces por el río Motagua: Nazario Pascual.
A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.
En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.
Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.
El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos.
Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana.
En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.
Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones.
Entérate de los detalles de la victoria judicial.
Situación actual
Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.
Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.
Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".
AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.

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El ABC de los minerales "críticos" o para la transición y de su rol en la producción de energía
Por Mayela Sánchez, David Cañas y Javier Oviedo* Necesitamos dejar los combustibles fósiles para afrontar la crisis climática, de eso no hay duda. 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Por esas cualidades, son utilizados en el desarrollo de tecnologías de energía renovable, como paneles solares, baterías para la movilidad eléctrica o turbinas eólicas.Se les suele llamar minerales "críticos" por considerarse estratégicos para la transición energética. El término "críticos" se refiere a elementos que son vitales para la economía y la seguridad nacional, pero cuya cadena de suministro es vulnerable a interrupciones. Esto significa que estos minerales pueden ser minerales estratégicos, pero no críticos en términos de seguridad y economía.Sin embargo, en torno a la urgencia de la acción climática, algunos Estados y organismos internacionales han catalogado a estos minerales como "críticos" con el fin de promover y facilitar el acceso a estas materias primas.Se les llama también minerales para la transición porque se les considera esenciales para el desarrollo tecnológico de fuentes de energía renovable, como las ya mencionadas. Y en el contexto de la transición energética, las fuentes de energía que usan estos minerales son las más socorridas para reemplazar a las fuentes de energía fósil. ¿Cuáles son los principales minerales "críticos" o para la transición?Los minerales para la transición más relevantes son el cobalto, cobre, grafito, litio, níquel y las tierras "raras".Pero son al menos 19 minerales los que están siendo usados en las diferentes tecnologías de energía renovable: bauxita, cadmio, cobalto, cobre, cromo, estaño, galio, germanio, grafito, indio, litio, manganeso, molibdeno, níquel, selenio, silicio, telurio, titanio, zinc, y las tierras "raras". ¿Qué son las tierras “raras” y por qué se les llama así?Las tierras "raras" son los 16 elementos químicos del grupo de los lantanoides o lantánidos, más el Itrio (Y), cuyo comportamiento químico es virtualmente igual al de los lantanoides.Son el Escandio, Itrio, Lantano, Cerio, Praseodimio, Neodimio, Samario, Europio, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Holmio, Erbio, Tulio, Iterbio y el Lutecio.Se les llama así porque cuando fueron descubiertos, en los siglos XVIII y XIX, eran menos conocidos en comparación con otros elementos considerados similares, como la cal. Pero el nombre ya es obsoleto en la actualidad.El término "raro" tampoco hace referencia a su abundancia, pues aunque no suelen concentrarse en depósitos que puedan ser explotables (por lo que sus minas son pocas), incluso los elementos menos abundantes de este grupo son mucho más comunes que el oro. ¿Para qué se utilizan los minerales "críticos" o para la transición? ¿Qué tecnologías dependen de ellos?Los usos de los minerales para la transición en el desarrollo tecnológico de fuentes de energía renovable son diversos:Tecnologías solares: bauxita, cadmio, estaño, germanio, galio, indio, selenio, silicio, telurio, zinc.Instalaciones eléctricas: cobre.Energía eólica: bauxita, cobre, cromo, manganeso, molibdeno, tierras "raras", zinc.Almacenamiento de energía: bauxita, cobalto, cobre, grafito, litio, manganeso, molibdeno, níquel, tierras "raras", titanio.Baterías: cobalto, grafito, litio, manganeso, níquel, tierras "raras". Además, se emplean en una variedad de tecnologías modernas, por ejemplo en la fabricación de pantallas, teléfonos celulares, discos duros de computadoras y luces LED, entre otros. ¿Dónde se encuentran los minerales "críticos" o para la transición?La geografía de los minerales para la transición es amplia, abarcando de China a Canadá, desde Estados Unidos hasta Australia. Pero su extracción se ha concentrado en países del sur global.Varios países de América Latina están entre los principales productores de distintos minerales para la transición. Dichos materiales se encuentran en territorios complejos y ricos en diversidad biológica y cultural, como la Amazonía y los humedales andinos.Argentina: litioBrasil: aluminio, bauxita, litio, manganeso, tierras raras, titanioBolivia: litioChile: cobre, litio, molibdenoColombia: níquelMéxico: cobre, estaño, molibdeno, zincPerú: estaño, molibdeno, zinc ¿Cómo apoyan estos minerales a la transición energética y a la descarbonización?Los minerales para la transición se consideran eslabones indispensables de la transición energética que busca la descarbonización, es decir dejar atrás las fuentes de energía fósil.Pero el interés mundial por estos materiales también abre preguntas sobre los beneficios y desafíos de la minería de minerales para la transición.El tema ha tomado tal relevancia que en septiembre pasado el Panel de Naciones Unidas sobre Minerales Críticos para la Transición Energética emitió una serie de recomendaciones y principios para asegurar una gestión equitativa, justa y sostenible de estos minerales.Además, a raíz de la intensificación y expansión de su extracción en países de la región, el tema fue llevado por primera vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 15 de noviembre.En audiencia pública, representantes de comunidades y organizaciones de Argentina, Bolivia, Chile y Colombia, y regionales, presentaron información y testimonios sobre los impactos ambientales y sociales de la minería de minerales para la transición.Frente al actual proceso de transición energética es necesario saber de dónde provendrán los recursos que posibilitarán las tecnologías para lograrla.La extracción y uso de minerales para la transición debe evitar que sus costos ambientales y sociales recaigan de forma desproporcionada en las comunidades y ecosistemas locales. *Mayela Sánchez es especialista en comunidad digital de AIDA; David Cañas y Javier Oviedo son asesores científicos.Fuentes consultadas:-Olivera, B., Tornel, C., Azamar, A., Minerales críticos para la transición energética. Conflictos y alternativas hacia una transformación socioecológica, Fundación Heinrich Böll Ciudad de México/Engenera/UAM-Unidad Xochimilco.-Science History Institute Museum & Library, "History and Future of Rare Earth Elements".-ONG FIMA, Narrativas sobre la extracción de minerales críticos para la transición energética: Críticas desde la justicia ambiental y territorial.-Haxel, Hedrick & Orris, "Rare Earth-Elements. Critical Resources for High Technology", 2005.-USGS 2014, "The Rare-Earth elements. Vital to modern technology and lifestyle", 2014.-Informe final para la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Minerales para la transición energética y su impacto en los derechos humanos en las Américas, 2024.
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Pueblos indígenas y organizaciones sociales exigen protección urgente de los derechos territoriales en Argentina
Enviaron una solicitud de reunión urgente a Relatorías Especiales de la ONU en la que denuncian que el país está al borde de una crisis institucional y territorial debido a desalojos inminentes de comunidades indígenas y por la posible derogación de su protección legal ante proyectos extractivos.A fin de abordar las crecientes amenazas contra los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Argentina, diversas comunidades y organizaciones indígenas, junto con organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, solicitaron una reunión urgente con las Relatorías Especiales de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y sobre el derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible.La posible derogación de la Ley 26160, que prohíbe el desalojo de comunidades indígenas de sus territorios ancestrales, ha encendido las alarmas debido al riesgo que representa de un aumento en los desplazamientos forzosos, de la expansión de proyectos extractivos sin el consentimiento adecuado y, como consecuencia, de un incremento en la violencia y criminalización contra estas comunidades.La Ley 26160 (actual DNU 805/2021), vigente desde 2006, suspende los desalojos de comunidades indígenas y promueve el relevamiento de sus territorios comunitarios. Sin embargo, la situación actual amenaza la estabilidad y la frágil seguridad jurídica de alrededor de 2.000 comunidades que dependen de esta normativa para preservar sus territorios y sus modos de vida tradicionales.La situación se agravó con la reciente resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que derogó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, esencial para el reconocimiento jurídico de estas comunidades. Esta medida, señalan las organizaciones, ha generado un estado de indefensión e inseguridad, en franca violación a los derechos constitucionales e internacionales que protegen la autodeterminación de los pueblos indígenas como consecuencia de los desalojos, la criminalización, la militarización de territorios y el incumplimiento de la consulta libre, previa e informada."El año 2024 no ha sido un año fácil para los pueblos indígenas en un escenario marcado por la violencia, el negacionismo y el racismo estructural. Los cambios políticos y el ascenso al poder político (y económico) de sectores vinculados a la derecha han intensificado una retórica que deslegitima y hostiliza a los pueblos indígenas al no reconocerlos como legítimos e históricos sujetos de derecho, cuestionando y vulnerando sus derechos constitucionales y convencionales", expresa Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay, abogada indígena y Responsable del Área de Pueblos Indígenas de Xumek.Por su parte, Paula Alvarado Mamani, abogada indígena e integrante de la Comunidad Multiétnica Tres Ombúes, manifiesta: "Lamentablemente nos encontramos en tiempos en donde la perspectiva capitalista, colonial y racista se encuentra en crecimiento, a ello se le suman los fuertes negociados de empresas privadas (nacionales/internacionales) que tienen intereses particulares en despojarnos de nuestros territorios y apropiarse de ellos y de las demás fuerzas naturales (bienes comunitarios) que se encuentran allí, además de la complicidad del poder judicial que, existiendo una normativa que lo prohíbe, han tenido éxito en despojar algunas comunidades de sus territorios ancestrales".Desde Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Mariana Katz, abogada de esa organización social y docente universitaria, señala: "A pesar de tener una norma que ha declarado la emergencia territorial, por la que solo se reconoce la posesión y que ha sido útil en muchos casos para evitar los desalojos, en la actualidad se la está desvirtuando en su aplicación, incluso han aumentado los casos de desalojos de comunidades y la violencia que sufren como consecuencia de la resistencia. A pesar de ello, tenemos conocimiento de la intención de derogarla. Además de esto, nos preocupa muchísimo la falta de voluntad de una sanción de ley de propiedad comunitaria indígena, tan necesaria para garantizar de manera efectiva la seguridad jurídica de los territorios"."Las comunidades indígenas enfrentan una situación crítica ante la posible derogación de la Ley 26160 y la derogación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas, lo que podría generar graves impactos en sus derechos territoriales y culturales", destacó Sofía Barquero, abogada del Programa de Ecosistemas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "Sin embargo, confiamos en que la intervención de las Relatorías de la ONU pueda promover soluciones constructivas, garantizar la protección de los derechos humanos y territoriales, y contribuir a un diálogo que refuerce la paz social y el desarrollo sostenible en Argentina".La posible derogación representa un retroceso drástico en la protección de los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas. Esto sucede en un contexto de crecientes presiones de actividades mineras, de hidrocarburos, desmontes y otros proyectos económicos que conllevan desalojos violentos y criminalización de las comunidades indígenas.Las comunidades indígenas y organizaciones firmantes solicitan la intervención urgente de la ONU para intentar frenar los desalojos, proteger los territorios, asegurar la protección ambiental y garantizar la consulta libre, previa e informada a las comunidades sobre cualquier proyecto o medida que afecte sus derechos.Se adhieren:Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)Xumek Organización Territorial Malalweche Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)Comunidad Mapuche-Tehuelche INAN KUME RUPU Comunidad Indígena Diaguita Mala Mala, Dpto Lules Tucumán Comunidad Indigena Diaguita Mala Mala P/J 220/09 Tucumán Argentina Comunidad Sikiman/Ancon (Punilla Sur-Córdoba) Organización territorial KAMI Henen (Cmiare-Camichingon/Sanavirón/Ranquel) Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) Instituto de Cultura Popular (Incupo)Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa)Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática de Latinoamérica EarthJustice Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina Amnistía Internacional Asociación Americana de Juristas Rama Argentina Red Argentina de Abogacía Comunitaria Centro de Políticas Públicas para el Socialismo Comunidad Mapuche Urbana Pillan, Olavarría, Buenos Aires Comunidad Plurinacional Diaguita Olongasta Comunidad Indígena Tres Ombúes Contactos de prensa:Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107Mariana Katz, SERPAJ, [email protected]Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay, Xumek, [email protected], +5492616807798Gabriel Jofré, Organización Identidad Territorial Malalweche, +54 9 2604 59 2679María Natalia Echegoyemberry, [email protected]
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Organizaciones y comunidades piden intervención de la CIDH ante impactos a los derechos humanos de la minería para la transición energética
El viernes 15 de noviembre, representantes de organizaciones nacionales y regionales de América Latina, junto con miembros de comunidades y pueblos indígenas, participaron de una audiencia pública regional ante Comisionados/as y el Relator de Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (REDESCA) de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer sobre las violaciones a derechos humanos que la extracción de minerales para la transición energética está causando en el continente.En concreto, pidieron a la CIDH urgir a los Estados a:Crear o fortalecer zonas intangibles libres de minería en consideración a sus valores culturales, climáticos o ecosistémicos.Abstenerse de modificar los marcos normativos de protección ambiental y de pueblos indígenas con el propósito de facilitar la inversión en proyectos de minería para la transición energética sin considerar la protección de los derechos humanos.Respetar y garantizar el marco de protección del derecho a un ambiente sano, considerando los impactos sinérgicos, acumulativos, a perpetuidad y climáticos; e implementar mecanismos efectivos de supervisión y fiscalización a actores públicos y privados involucrados en la extracción de estos minerales.Fortalecer sus sistemas de administración de justicia, considerando los principios de prevención y precaución frente a daños irreparables a los ecosistemas, personas y comunidades. Solicitaron además que la CIDH elabore un informe en la que se examinen las medidas que deben adoptarse por parte de los Estados de la región para garantizar que la promoción de los minerales para la transición no promueva la vulneración de los derechos humanos, especialmente de las comunidades que habitan zonas altamente vulnerables a los impactos de las actividades mineras.En la audiencia se evidenciaron —con base en casos concretos— las graves problemáticas de derechos humanos asociadas a la minería de litio, cadmio, cobre, cobalto y otros minerales utilizados en el desarrollo de tecnologías para la generación de energías renovables.Al inicio, Felipe Pino, coordinador de proyectos en ONG FIMA, Chile, enfatizó que a medida que se acelera el despliegue de proyectos de transición energética, se multiplican las voces que demandan una transición justa, lo cual debe interpretarse como un llamado de atención sobre la falta de coherencia de las estrategias de transición con el fundamento de la acción climática: climática: el resguardo de las personas y los ecosistemas del planeta. "Las comunidades más afectadas por la crisis climática, hoy se ven amenazadas por las estrategias para combatir el cambio climático. El éxito de nuestros esfuerzos dependerá de si somos capaces de resolver esta supuesta paradoja de aceleración versus justicia, la cual se expresa con particular fuerza en nuestra región", señaló.Pia Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), indicó: "El gran interés alrededor de estos minerales se refleja también en la enorme disputa geopolítica para lograr su control. Países de Norteamérica, Europa y Asia dictaron sus regulaciones para aprovechar estos minerales, y asegurar su suministro. Organismos internacionales como el Grupo del Banco Mundial, o el G20, desarrollaron sus políticas para asegurar financiamiento con ciertas salvaguardas en su aprovechamiento”.También, Marchegiani mencionó que esta problemática ha adquirido tal relevancia que el propio Secretario General de las Naciones Unidas estableció una serie de principios rectores destinados a garantizar la justicia, la equidad y la sostenibilidad en la transición energética global. El primero de estos principios subraya la importancia de colocar los derechos humanos en el centro de las cadenas de valor de los minerales. El segundo destaca la necesidad de abordar la transición de manera integral, teniendo en cuenta la protección del planeta, la biodiversidad y el medio ambiente."Se estima que la demanda de estos minerales crecerá exponencialmente en los próximos años. En algunas previsiones, hasta se podría llegar a cuadriplicar su demanda global para el 2040 si se cumplen los acuerdos climáticos. Los vehículos eléctricos y las baterías representan aproximadamente la mitad del crecimiento de esta demanda para las próximas dos décadas. Este aumento de la demanda se traduce en una enorme presión para Latinoamérica, que hoy ya provee el 40% de la producción mundial de cobre y el 35% del litio", agregó Marchegiani.Para explicar el vínculo entre la extracción de litio y las vulneraciones a derechos humanos, Óscar Campanini, director ejecutivo del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) señaló: "El litio se extrae del agua salada debajo de los salares, para ese propósito se deben sacar decenas de millones de m3 de agua salada y dulce. Los salares en el denominado triángulo del litio se encuentran en zonas desérticas en las que la vida es posible solo gracias a aguas subterráneas fósiles".Verónica Gostissa, abogada y activista en la Asamblea PUCARÁ de Catamarca, Argentina, expresó: "Desde 1997, las empresas trasnacionales extraen litio del Salar del Hombre Muerto, un sensible humedal de altura. Debido al uso de millones de litros de agua dulce y salada, las empresas -con el aval del Estado-, ya han generado un daño ambiental irreversible: secaron la vega del Río Trapiche -es decir, más de 5 km de río- ha muerto".Por su parte, Lady Sandón, representante de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Pueblos Atacameños, Chile, afirmó: "Se intenta asegurar la producción a 30 años para explotar litio en ecosistemas frágiles como los salares, sin haberse llevado adelante procesos de consulta con comunidades indígenas, sin transparencia adecuada, sin considerar a quienes habitamos en el salar, eligiendo arbitrariamente que salares proteger, sin entender que existe una interconexión de agua".Verónica Chávez, integrante de la Comunidad de Santuario de Tres Pozos, una de las más de 38 comunidades originarias que vivimos en la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en las provincias de Salta y Jujuy de Argentina, sostuvo: "Lo que estamos defendiendo es nuestra vida, la de las plantas, los animales domésticos y silvestres, la vicuña, la llama, etc. La vida de nuestros ancestros, lagunas y salinas, que son parte de nuestras familias. Todos nosotros necesitamos agua para vivir; agua limpia y un territorio sano. Nosotros estamos conscientes de que esto no es un trabajo hacia futuro. Es pan para hoy, hambre para mañana, y nosotros seremos un sacrificio para poder extraer este mineral".Juan Sebastian Anaya, asesor de incidencia de la Fundación Gaia Amazonas, Colombia, indicó que hay afectaciones a los derechos humanos de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos en la Amazonía, que ya se están produciendo a través de la extracción legal e ilegal de minerales para la transición. "Hoy hay puntos de extracción de tierras raras, de coltán, de cobre, u otros minerales estratégicos, la mayoría de los cuales operan sin ningún tipo de control estatal… La actividad minera es ajena a los sistemas de conocimiento y al ordenamiento dado por la ley de origen a la gran mayoría de pueblos indígenas amazónicos", enfatizó.Finalmente, Liliana Ávila, directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), destacó que los testimonios evidencian al menos tres elementos transversales: afectaciones al derecho al agua, vulneraciones al derecho a un ambiente sano e impactos agravados a pueblos indígenas y comunidades locales. "La región ha experimentado décadas de impactos en los derechos humanos derivados de la extracción de combustibles fósiles. Es indispensable que las nuevas formas de producción de energía superen este legado de abusos", afirmó.La audiencia fue solicitada en el marco del 191º período de sesiones de la CIDH por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Fundación Gaia Amazonas y las organizaciones que integran la Alianza por los Humedales Andinos: la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional; la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ de Argentina; el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y el Colectivo de Derechos Humanos Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile. Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107
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