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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

5 mensajes para fortalecer la Conferencia del Agua 2023

Por Rosa Peña, Claudia Velarde y Yeny Rodríguez*   La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2023 —la cual llevaba más de 50 años sin celebrarse— tendrá lugar del 22 al 24 de marzo próximos en la ciudad de Nueva York. Bajo la visión de un "mundo unido por el agua", se espera adoptar en la Conferencia la Agenda de Acción por el Agua con los compromisos que harán los gobiernos y otras partes interesadas para alcanzar los objetivos y metas mundiales en el tema de agua y saneamiento. En palabras de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, el encuentro "debe dar lugar a una agenda audaz de acción por el agua que otorgue a este elemento vital de nuestro planeta el compromiso que se merece". América Latina y el Caribe es la región con más agua dulce del mundo. Tiene cerca de un tercio del agua del mundo y la mayor dotación de agua per cápita, casi el cuádruple del promedio mundial. Pese a esto, alrededor de un cuarto de la población de la región (unos 150 millones de personas) viven en zonas donde el agua es escasa y más de 400 millones carecen de servicios de saneamiento seguros. La Conferencia representa un momento histórico y un llamado de gran parte de la humanidad que no puede quedar sin respuesta. AIDA participará del encuentro para poner en la mesa las necesidades, preocupaciones y propuestas de la región que en muchas ocasiones pasan desapercibidas en espacios internacionales de esta envergadura. Estos son algunos de los mensajes principales que promoveremos en la Conferencia Mundial del Agua:   1. La crisis del agua y la crisis climática están interconectadas La crisis del agua y la crisis climática están estrechamente vinculadas. Son las dos caras de una misma moneda. Los impactos de la crisis del clima se traducen en un aumento de la frecuencia y del impacto de desastres por las complejas precipitaciones, inundaciones, derretimiento de los nevados y glaciares, aumento del nivel del mar, estrés hídrico e intensificación de las sequías. A su vez, la destrucción y contaminación de los ecosistemas estratégicos para el ciclo del agua agravan la crisis climática por ser éstos valiosos sumideros de carbono. Por tanto, las políticas de gestión integrada del agua deben enfocarse en prevenir el deterioro de las fuentes de agua por medio de una gestión y ordenamiento que permitan aumentar la resiliencia frente al cambio climático y mitigar el riesgo de desastres.   2. El agua es esencial para la vida y un derecho que garantiza otros derechos El agua es el elemento más importante para la vida en la Tierra. Tiene diversos valores culturales, sociales, espirituales y naturales que promueven el bienestar común y el cuidado de la naturaleza. El agua y sus fuentes son bienes comunes. El derecho al agua es necesario para la garantía de otros derechos como el ambiente sano, la vida, la salud, la alimentación y los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros. En la región, las poblaciones más vulnerables y empobrecidas son las principales afectadas por la crisis del agua. Sin embargo, siguen siendo relegadas de la toma de decisiones ambientales. La gobernanza del agua debe ser justa, inclusiva y plural, así como promover la gestión comunitaria y colectiva. El conocimiento situado de la población campesina y los saberes del agua de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes son necesarios e importantes para la elaboración de políticas de gestión del agua.   3. La colaboración entre Estados es necesaria para proteger el agua como bien común La colaboración transfronteriza entre Estados para la gestión de cuencas, humedales, acuíferos y fuentes de agua debe garantizar una gestión sostenible y socialmente justa del agua, así como la protección y conectividad de los ecosistemas. Ante la actual crisis del agua, es necesario también un acuerdo vinculante entre Estados para la protección de este bien común como derecho humano universal. Asimismo, los Estados deben priorizar la protección y restauración de ecosistemas que son fundamentales para el ciclo del agua (bosques, páramos, glaciares, ríos, humedales, aguas subterráneas y otros) con una adecuada gestión territorial, participativa y comunitaria; además de priorizar el uso para satisfacer las necesidades de la población por encima de los usos industriales.   4. Es urgente atender las causas que contaminan el agua y obstaculizan su acceso Las actuales crisis de calidad, seguridad, disponibilidad, acceso y distribución del agua están profundamente relacionadas con las inversiones, actividades empresariales y proyectos de desarrollo no sostenibles, los extractivismos, los modelos económicos desiguales y la crisis climática. Afrontar la crisis del agua en el continente requiere un cambio en el paradigma de desarrollo mundial e implica dejar atrás un modelo que no prioriza el cuidado del agua ni considera a las generaciones futuras. El respeto y garantía del derecho al agua en América Latina y el Caribe presenta hoy desafíos estructurales vinculados a las disputas por el uso del agua generadas por las ambiciones de transiciones energéticas apresuradas que desconocen derechos humanos, la privatización de los servicios públicos del agua, las brechas en los derechos de acceso y la falta de garantías para la vida de las personas defensoras del agua. A su vez, quienes invierten en proyectos de desarrollo (de infraestructura, agricultura o minero-energéticos, por ejemplo, los financian o ejecutan deben tener en cuenta la gestión justa del agua como eje estructural de sus operaciones.   5. Las mujeres son las protagonistas de la protección del agua Las mujeres son quienes habitualmente lideran las luchas en defensa del agua, especialmente en poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas. Para ellas, defender el agua es defender la vida misma. Por eso, están más expuestas a riesgos y amenazas. Pese a lo anterior, no son convocadas a los espacios de toma de decisiones ambientales, donde se definen asuntos que las pueden afectar directamente, como la instalación de industrias contaminantes que inciden negativamente en la disponibilidad y calidad del agua en sus territorios. Los daños a fuentes de agua afectan especialmente y de forma diferenciada a las mujeres. Estas afectaciones se pueden traducir en un aumento en la carga de las tareas de cuidado; un mayor esfuerzo en los desplazamientos y exposición a riesgos para lograr el acceso; una mayor dificultad para la siembra, la cosecha de alimentos y la crianza de animales, lo que afecta el derecho a la alimentación; impactos a la realización de oficios y actividades productivas ancestrales como la pesca o el barequeo; y un aumento de las enfermedades relacionadas con la salubridad y la salud reproductiva, entre otros.   Estos mensajes, entre otros, se han reflejado en el Pacto Transformador del Agua: un marco innovador para la gobernanza justa del agua desarrollado por más de 40 personas defensoras de la justicia ambiental, organizaciones de la sociedad civil y la academia, especialmente del sur global. Este instrumento, del cual AIDA es coautor, es una hoja de ruta orientada al diálogo y a los compromisos colaborativos entre todos los actores involucrados en la gestión del agua. Y será presentado en la Conferencia Mundial del Agua.   *Rosa Peña es abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA; Claudia Velarde es cocoordinadora del Programa de Ecosistemas y Yeny Rodríguez es abogada del Programa de Ecosistemas.    

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La Guajira, Colombia

Reflexiones desde Colombia para una Transición Energética Justa

La transición energética es una oportunidad para que el continente abandone viejos modelos de producción de energía caracterizados por generar grandes impactos sociales y ambientales, y para que avance hacia formas que sean ambiental y climáticamente sostenibles, al tiempo que respeten los derechos humanos de las comunidades y sectores involucrados. Sin embargo, varios países de la región están olvidando esta perspectiva. El caso de Colombia ejemplifica una tendencia riesgosa para todo el continente: el desarrollo de acciones que, aunque son promovidas como útiles a la transición energética, son en realidad obstáculos a esta porque agravan la dependencia de los combustibles fósiles y con ella la crisis climática y sus impactos.Entre esas medidas regresivas está la ampliación de minas de carbón en operación o la apertura de nuevas minas bajo el argumento de que la exportación del mineral financiará la transición, así como el favorecimiento de la explotación de gas —a través de beneficios tributarios y flexibilización de procesos de entrega de permisos ambientales— bajo la falsa premisa de que es una fuente de energía limpia.Ante lo preocupante del panorama descrito, AIDA decidió generar y difundir reflexiones que hagan visibles proyectos específicos, políticas públicas y normas que obstaculizan una verdadera transición justa al profundizar la extracción y uso de combustibles que agravan la crisis climática e implican riesgos sociales y ambientales en los territorios.Son reflexiones colectivas, apoyadas por otras organizaciones internacionales que, como AIDA, buscan justicia climática y trabajan en la defensa ambiental y de los derechos humanos.Cada una fue enviada a las autoridades nacionales a cargo de la medida cuestionada. Con el propósito de promover consideraciones sobre cómo se debe avanzar en la transición energética justa, su contenido incluye recomendaciones de política pública y normativa basadas en las obligaciones y compromisos internacionales del Estado en material climática, ambiental y de derechos humanos.    Reflexiones1. Posible desvío definitivo del arroyo Bruno para su explotación y para la extracción de carbón en el tajo La Puente de la Mina El CerrejónLee y descarga 2. Cañaverales: Nuevo megaproyecto de minería de carbón aumentaría la vulnerabilidad climática en La GuajiraLee y descarga 3. Impactos en el ambiente, las personas y el clima de dos proyectos de frackingLee y descarga 4. Consideraciones, desde estándares internacionales, sobre los planes de producción de hidrógeno en ColombiaLee y descarga 5. Las falencias de la regulación y política de transición energética en ColombiaLee y descarga 

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Una oportunidad para ordenar la política de bosques en Colombia

Texto publicado originalmente en La Silla Vacía   Las Zonas de Reserva Forestal (ZRF) son una herramienta clave para la protección de la biodiversidad. Según la ley 2 de 1959, fueron creadas con el fin de garantizar el desarrollo de la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre.  No obstante, pese a su importancia ambiental, esta figura de ordenamiento forestal no ha cumplido su finalidad en todos los casos. Los bosques en Colombia no se han salvado del avance de la deforestación y del extractivismo. Esto se debe principalmente a dos razones. La primera es que, desde la expedición del decreto ley 2811 de 1974, en Colombia está permitido sustraer áreas de las reservas forestales "por razones de utilidad pública e interés social" con el fin de destinarlas a otras actividades económicas que impliquen remoción de los bosques o cambios en el uso del suelo.  Con este argumento, se han sustraído miles de hectáreas de bosques en el país para desarrollar actividades como la explotación minera. Esto ha reducido la figura de protección. Hoy se calcula que de las 48.275.517 hectáreas que integran las siete ZRF, 14.741.237 hectáreas ya han sido sustraídas. La segunda razón es que no existe a nivel nacional una política clara en materia de bosques. Por décadas, los gobiernos han ideado diversos programas, estrategias y planes para atender al fenómeno de la deforestación.  Ejemplo de ello son los programas del gobierno Rem Visión Amazonía, que busca frenar la deforestación en este macroterritorio; o la estrategia Sin Fuego, Cero Incendios para prevenir y atender los incendios en la Amazonía. Son iniciativas muy valiosas, sin duda, pero no responden a un país que desborda de realidad. Así, a la fecha, las ZRF no se articulan, a nivel nacional y regional, a planes de ordenación forestal que garanticen un aprovechamiento sostenible de los bosques. Tampoco existe un marco jurídico actualizado y claro que permita al Estado brindar soluciones eficaces al control territorial que se sabe está detrás de la deforestación, a la construcción de infraestructura que la sucede y al espacio que una zona deforestada con carreteras y aeropuertos va dejando para que la minería ilegal, la agroindustria y la ganadería extensiva avancen llevándose todo a su paso, incluidas las personas. La normativa que existe no responde a las graves dinámicas de apropiación y acaparamiento de baldíos y de despojo de comunidades étnicas y campesinas, ni a los retos que plantea para la ordenación forestal la dispersión de múltiples actores armados con poder e intereses en estos territorios.  Tampoco contempla aún la reglamentación de las "concesiones para la gestión forestal y de la biodiversidad" de las que habla el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026. Estas se implementarán con pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (Par. 2 Art. 41 del PND), para las que el gobierno acaba de recibir una cuantiosa financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  Este último es un escenario difícil donde comunidades rurales vulnerables entran a negociar con el Estado, en condiciones de desigualdad, un acuerdo sobre cómo manejar el bosque que cuidan y habitan, del que dependen para vivir. Para añadir leña al fuego, al inicio del año pasado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) expidió la Resolución 110 de 2022 con la que flexibilizó los requisitos y trámite para sustraer reservas forestales.  Además, eximió a ciertos sectores y actividades del procedimiento administrativo de sustracción. Con ello, entre otras cosas, abrió paso a la exploración minera en zonas donde no se necesite remover bosque, lo cual incluye zonas que hayan sufrido procesos previos de deforestación. Ante esta peligrosa reforma, en agosto de 2022, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) envió una alerta internacional acerca de los riesgos que la regulación suponía para los bosques y humedales en Colombia, así como para la población campesina y comunidades étnicas que dependen de ellos, quienes no fueron consultados para este cambio de regulación.  En la alerta, instó al gobierno a revocarla y a remplazarla por una nueva que responda a las obligaciones internacionales del país en materia de ambiente, clima y derechos humanos.  Gracias a la presión de la sociedad civil, hace unas semanas MinAmbiente abrió a consulta el proyecto de resolución con el que revocaría la cuestionada resolución y adoptaría los términos de referencia para las solicitudes de sustracción de reservas forestales del orden nacional y regional. Respecto del proyecto de resolución hay tres cosas por decir. 1. Si bien el proyecto deroga la resolución, también establece un régimen de transición que beneficia a las empresas que alcanzaron a recibir autorización de MinAmbiente para avanzar con actividades de exploración minera que no necesitan tala de árboles.  Con este régimen, el gobierno acepta indirectamente la exploración minera en áreas deforestadas, torpedeando su recuperación, y asume equivocadamente que el único impacto a generar en esta etapa es la remoción de cobertura boscosa.  ¡Y esto es una falacia! La construcción de caminos, la liberación de materiales particulados y contaminantes (como polvo y gases de combustión) y la producción de ruido que aleja a las especies son solo algunos de los posibles impactos socioambientales que se pueden generar. Incluso con fines exploratorios, se pueden emplear métodos disruptivos en el ecosistema, como perforaciones para cuantificar la magnitud del depósito, con el riesgo de perforar acuíferos y disminuir la cantidad de agua disponible para servicios ecosistémicos. Además, existe peligro de degradar la calidad del agua al mezclar las aguas superficiales con las subterráneas. 2. MinAmbiente deja viva la disposición tal vez más cuestionada de la Resolución 110, a pesar de estar viciada de inconstitucionalidad pues, para su expedición, las comunidades étnicas cuyos territorios se traslapan con las reservas forestales —del Pacífico, Amazonas y Sierra Nevada de Santa Marta— no fueron consultadas previamente. 3. Este proyecto de resolución le abre al gobierno actual una ventana de oportunidad para hacer las cosas bien desde el inicio y avanzar en la actualización de una regulación que se ajuste a las complejas dinámicas territoriales.  Ello debe traducirse en una normativa descentralizada e intercultural que sea consultada previamente y que entienda a las reservas forestales como territorios vivos habitados, que no ponga a competir a la población campesina con las empresas por la tierra y que dialogue armónicamente con los modelos de gobierno propios de los pueblos indígenas que han habitado ancestralmente estos territorios. Una normativa que prefiera flexibilizar la figura de las ZRF para permitir la adjudicación de baldíos a personas vulnerables, y no para abrir paso a la minería.   Somos el tercer país de Sudamérica con mayor área en bosques y el segundo en el mundo por biodiversidad. Este puesto nos lo dan los 60 millones de hectáreas de bosque que tenemos, que representan el 50% del territorio nacional.  Si bien la regulación del trámite de sustracción de ZRF es solo un eslabón de la cadena, definitivamente es uno determinante para lograr una política de bosques que permita al Estado cumplir con sus obligaciones internacionales ambientales y climáticas.

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