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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Cero tolerancia a represalias: El rol de los bancos de desarrollo y de Escazú en la protección de personas defensoras

Evento virtual paralelo a la segunda reunión de la Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú. Este panel ofreció una discusión entre personas defensoras, expertas y representantes de banca de desarrollo en relación con el Compromiso de Cero Tolerancia a Represalias de esta última y cómo el Plan de Acción sobre Personas Defensoras del Acuerdo de Escazú, actualmente en construcción, puede proporcionar a dichos bancos una guía concreta y efectiva sobre cómo abordar represalias en sus proyectos.   Panelistas Luis Enrique Eguren: asesor senior, Protection International. Oleida Echavarría: lideresa, Movimiento Ríos Vivos, Colombia. Rigoberto Juárez: líder, Gobierno Plurinacional de Naciones Originarias Maya Q’anjob’al, Maya Chuj, Maya Akateko, Maya Popti´ y Mestiza - Guatemala. Eleanor Openshaw: Directora de Programa, International Service for Human Rights. Juan Martinez: Especialista Social Lider Sectorial, ESLS, Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Soraya Senosier: Especialista Social, BID. Moderó: Luisa Gómez, abogada sénior, Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL).    Grabación  

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El rol de América Latina en la extracción y uso de carbón

La extracción, el transporte, el uso y la exportación de carbón para generar electricidad son una causa importante de la crisis climática y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. De las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) que proceden de combustibles fósiles, el 44% viene del uso de carbón. Y toda la cadena del carbón genera afectaciones graves —sociales, ambientales y en derechos humanos— como desplazamientos forzados, contaminación del agua y enfermedades, entre otras. En su más reciente informe, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) reiteró que —para evitar una elevación catastrófica de la temperatura promedio del planeta— el 80% de las reservas de carbón deben quedarse bajo tierra y que el uso de carbón para la generación eléctrica debe reducirse en su totalidad para 2050. Sin embargo, según la Agencia Internacional de Energía, el consumo de carbón llegó por primera vez a 8.000 millones de toneladas al cierre de 2022, lo que representa un crecimiento de 1,2% de la demanda mundial. Estas cifras podrían subir más en 2023 y estabilizarse en los dos años siguientes, de acuerdo con las previsiones del brazo energético de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ello responde en parte a que, para afrontar la escasez de gas por la guerra en Ucrania, Europa prevé relajar el control a las emisiones con el uso de combustibles como el carbón. Esto contradice el Pacto Climático de Glasgow (2021) en el que los Estados acordaron reducir gradualmente el uso de carbón. América Latina no es ajena a esta situación. La región participa tanto en la quema de carbón como en la extracción del mineral que, tras ser exportado, es empleado como fuente fósil de energía en otros rincones del mundo. Por ejemplo, Colombia es el quinto mayor exportador de carbón del mundo y México, el décimo cuarto mayor emisor de gases de efecto invernadero (GEI). Por tanto, tiene una cuota de responsabilidad en los esfuerzos mundiales para frenar la explotación y quema de carbón en favor de sistemas energéticos basados en fuentes renovables no convencionales, sostenibles en el tiempo, respetuosos del ambiente y de las personas. A continuación, ahondaremos en la situación del carbón en América Latina —y en el rol de la región en la tan necesaria descarbonización— a partir de los casos de Chile, Colombia y México.   Chile: avances y retos de la descarbonización En Chile, la generación eléctrica a base de carbón es la causa principal de las graves afectaciones a la salud de las poblaciones y ecosistemas de las llamadas Zonas de Sacrificio. Históricamente, la contaminación proveniente del conjunto de termoeléctricas a carbón —28 en su momento— se ha concentrado en estas zonas, cuyos habitantes han sido expuestos a respirar una gran cantidad de elementos tóxicos. Es uno de los grandes problemas socioambientales del país. En los últimos años, el país ha tenido avances en la descarbonización del sector eléctrico. Entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, el 27,5% de la electricidad provino de fuentes solares y eólicas, superando por primera vez la generación eléctrica en base a carbón, que cayó al 26,5% después de ser la fuente principal por más de una década. En 2019, el gobierno nacional se comprometió a cerrar todas las centrales de carbón para 2040. Desde ese anuncio público, el calendario se ha ido acelerando. La propuesta inicial era cerrar ocho termoeléctricas para 2024 y las restantes 20 para 2040. Ahora se prevé el cierre del 65% de las plantas para 2025. El cambio fue respaldado por un proyecto de ley aprobado en junio de 2021 por la Cámara de Diputadas y Diputados, que requiere ahora aval del Senado. Sin embargo, personas expertas dicen que esa hoja de ruta es inviable y que aumentaría a corto plazo el uso de diésel. También hay un riesgo inminente de que la rápida descarbonización sea una excusa para incrementar la participación del gas fósil, desconociendo sus riesgos y su rol en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del país. De hecho, Chile se comprometió a ser carbono neutral en 2050 con base en escenarios que incluyen un mayor uso de gas, pero sin reconocer mayor participación del diésel. Es importante que el plan de descarbonización contenga previsiones para evitar que el gas se instale para quedarse y, por el contrario, sirva para promover la implementación de energías renovables, incentivar la generación distribuida y aumentar la eficiencia energética. Un plan completo también debe incluir medidas para reubicar a las personas que perderán sus empleos a causa de la transición y otras que aborden adecuadamente la pobreza energética. Solo así será responsable y justo. Colombia: los daños de la minería y exportación de carbón Colombia es el quinto exportador mundial de carbón. Solo el 8% del carbón producido es de consumo interno. Es el mineral que más aporta a la economía nacional, representando más del 80% de las regalías mineras. Pero los niveles de pobreza de los departamentos donde se realiza el 90% de la extracción —La Guajira y Cesar— superan el promedio nacional. Además, gran parte de la extracción ocurre en El Cerrejón, la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina. Su operación y crecimiento desde hace casi 40 años han traído la destrucción de ríos, arroyos y ecosistemas endémicos como el bosque seco tropical; contaminación del aire con graves consecuencias para la salud; así como violaciones continuas a los derechos de poblaciones Wayuu, afrodescendientes y campesinas en La Guajira. En la vigésimo séptima Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP27), el actual gobierno colombiano anunció su propósito de reducir la explotación de combustibles fósiles y emprender una transición energética paulatina. Sin embargo, a la fecha no se evalúan los impactos climáticos de la minería de carbón, no se ha generado legislación sobre cierre de minas en operación y no se ha dado certeza acerca de la ampliación o no de minas, el futuro de los cerca de 1.774 títulos con vocación de carbón vigentes o de nuevas inversiones en el sector. A esto se suma la discusión en torno al proyecto Cañaverales, una nueva mina a gran escala de carbón térmico. De otro lado, Alemania ha incrementado la importación de carbón colombiano por la escasez de gas en Europa. Y, en general, las compras del mercado europeo aumentaron entre enero y noviembre de 2022, aunque Asia y América todavía son los compradores principales del mineral colombiano. Estas exportaciones evidencian la responsabilidad de empresas multinacionales en la violación de derechos humanos por la extracción del mineral en Colombia, así como la responsabilidad del Estado colombiano en el agravamiento de la crisis climática: los impactos de la quema de carbón en cualquier parte del mundo son globales. La transición en el país requiere —entre otras cosas— espacios inclusivos y participativos, el desarrollo e implementación de estándares para el cierre responsable de minas de carbón y políticas para una reconversión económica y social adecuada para quienes se verán afectados por el proceso. México: el retroceso de apostar por el carbón y otros fósiles En 2020, las carboeléctricas produjeron el 10% de la electricidad en el país y emitieron el 22% del total de GEI del sector energético, según cálculos de Iniciativa Climática de México. La producción de carbón y la generación eléctrica a partir del mineral se concentran en el estado de Coahuila. Allí, en solo cinco municipios se extrae el 99% del carbón de México. El origen e identidad cultural de esta región están en la minería de carbón, que data de hace más de 200 años y que todavía sostiene la economía de 160 mil personas. Al mismo tiempo, el negocio del carbón ha traído la contaminación del aire y el agua, enfermedades y muertes. Según el registro histórico que llevan familiares de víctimas, desde que se empezó a extraer carbón, más de 3.100 mineros han muerto en la zona. Dos de las tres carboeléctricas del país están en Coahuila. La otra está en Guerrero y se alimenta de carbón importado. Las dos centrales consumen casi la mitad del mineral extraído en la región y generan más del 60% de la energía. La contaminación del aire por la quema de carbón es la causa de unas 430 muertes al año en Coahuila por enfermedades respiratorias, de acuerdo con el Centre for Research on Energy and Clean Air. Según datos de 2019, México es el décimo cuarto mayor emisor de GEI a nivel mundial. El 69.52% de sus emisiones provienen del sector energético. Bajo el actual gobierno, la política energética pasó de la expansión de proyectos de energías renovables a priorizar el uso de combustibles fósiles y a promover el dominio del Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX). De hecho, en 2022, México produjo 63% más de energía a base de carbón, en comparación con 2021. Organizaciones ambientales han señalado que “priorizar la generación de electricidad de las plantas de la CFE implica garantizar la quema de más carbón y combustóleo de manera indefinida, y el desarrollo de nueva infraestructura fósil de gas, que nos ataría a las importaciones de gas estadounidense o al desarrollo de proyectos de fracking en el norte del país con los consecuentes impactos sociales y ambientales negativos”.   Está claro que América Latina tiene un rol en la extracción y uso de carbón, así como en sus afectaciones sociales y ambientales. Pero la necesaria transición energética hacia otras formas de generación de energía debe tener en cuenta las particularidades de cada país, ser ordenada y tener un enfoque de derechos humanos y de género. Ello implica —entre otras cosas— considerar a las comunidades locales que dependen de la cadena del carbón, diseñar políticas para identificar y gestionar los impactos económicos y sociales de la transición, poner en el centro de la discusión las alternativas al carbón, así como desarrollar procesos amplios y participativos de toma de decisiones con un rol activo de la población urbana y rural. Para lograrlo, los gobiernos deben tomar medidas decisivas que garanticen el cumplimiento de sus compromisos en materia de clima y derechos humanos.  

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