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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Cambio Climático

Gobiernos del mundo: La acción climática es un deber legal

La acción climática es un deber legal. Tras décadas de promesas vacías, es hora de actuar y de rendir cuentas. El cambio climático ya está aquí. Los ecosistemas están colapsando a un ritmo sin precedentes. Vastas regiones del mundo se están volviendo inhabitables. Miles de millones de personas se enfrentan a la perspectiva de un futuro peligroso e incierto. Los fenómenos meteorológicos extremos han causado estragos en todos los continentes del mundo, sólo en lo que va de este año. La “ventana de oportunidad para asegurar un futuro habitable y sostenible para todos” se está cerrando rápidamente. Durante décadas, Ustedes se han comprometido a abordar la crisis climática. En sucesivos Tratados y decisiones, han prometido reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El año pasado, en Glasgow, reafirmaron su compromiso de limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5 oC y de aumentar la ambición de mitigación durante el año. Sin embargo, los últimos compromisos de mitigación de los países muestran que estamos completamente desviados. La mayoría de los países no han cumplido con sus compromisos de reforzar objetivos este año. Estamos al borde de caer en la más aberrante violación intergeneracional de derechos humanos de la historia. Pero las comunidades afectadas y quienes están con ellas no se rinden. Nosotros/as —abogados y activistas de todo el mundo— estamos apoyando a las comunidades que están en primera línea desafiando la inadecuada acción climática de sus gobiernos. Hemos presentado más de 80 demandas en todo el mundo para exigir el aumento de la ambición climática: desde los Países Bajos hasta Nepal, desde Canadá hasta Colombia, desde Bélgica hasta Brasil, desde Noruega hasta Nueva Zelanda, desde Sudáfrica hasta Corea del Sur. Y la Ley está de nuestro lado. Tribunales en decenas de países ya han reconocido la obligación legal de los gobiernos de hacer frente a la crisis climática, lo que les obliga a tomar medidas climáticas más ambiciosas. Los casos han resultado en la adopción de nuevas leyes climáticas, en objetivos de mitigación más estrictos y en el cierre de centrales eléctricas a carbón. El propio Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) reconoció que los litigios climáticos tienen el poder de influir en "los resultados y en la ambición de la gobernanza climática" para alinear la acción gubernamental con la mejor ciencia disponible. La COP27 es una oportunidad para que Ustedes cambien de rumbo: para minimizar el alcance del sufrimiento y las violaciones de los derechos humanos causadas por su incapacidad para abordar la crisis, y para cumplir con sus obligaciones legales en virtud del derecho nacional e internacional. Gobiernos del Mundo: su retraso está costando vidas. Deben actuar ahora y firmemente para proteger a las personas y al planeta. Si nos siguen fallando, acudiremos a los Tribunales para exigir responsabilidad. Firmantes: Alana (Brasil), AIDA (Latin America and the Caribbean), Aurora (Sweden), The Australian Climate Case (Australia), Grata Fund (Australia), Phi Finney McDonald (Australia), Center for Environmental Rights (South Africa), Natural Justice (South Africa), Client Earth (Global), Climate Action Network Europe (Europe), Climate Case Ireland (Ireland), Ecojustice (Canada), Europäische Klimaklage (Austria), Germanwatch (Germany), Giudizio Universale (Italy), Rete Legalità per il Clima (Italy), A Sud (Italy), Global Legal Action Network (Global), Klimaatzak (Belgium), Klimatická (Czech Republic), Lawyers for Climate Action NZ (New Zealand), Lee Salmon Long (New Zealand), Notre Affaire à Tous (France), Adv. Padam Shrestha (Nepal), Plan B (UK), Protect the Planet (Germany), Russian Climate Case (Russia), Urgenda (Netherlands), Youth4ClimateAction (South Korea).   Lee y descarga la carta  

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Transición energética justa: Un rumbo urgente y posible

Este documento recopila algunos de los puntos más importantes abordados durante el "1er Encuentro de Congresistas sobre Crisis Climática y Transición Energética: Aproximaciones Conceptuales y Panorama de Colombia", llevado a cabo el 25 y 26 de agosto de 2022 en Bogotá. De ese modo, el documento resalta mensajes clave acerca de la crisis climática global, los pilares de la transición energética justa, así como las oportunidades y obligaciones para la transición en Colombia. Esperamos que esta publicación sirva de base para discusiones futuras y para profundizar los diálogos respecto de los temas presentados. "La temperatura global de la superficie seguirá aumentando al menos hasta mediados de siglo en todos los escenarios de emisiones considerados. El calentamiento global de 1,5°C y 2°C se superará durante el siglo XXI a menos que se produzcan profundas reducciones de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero (GEI) en las próximas décadas", advierte el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en su Sexto Informe de Evaluación. Este límite fue el acordado como meta en el Acuerdo de París, según el cual los países firmantes se comprometen a reducir sustancialmente las emisiones de GEI para limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2°C y esforzarse para incluso limitarlo a 1,5°C. Así, el contexto actual hace que las acciones orientadas a enfrentar la crisis climática sean cada vez más urgentes, particularmente en regiones vulnerables como América Latina y el Caribe, y que la transición energética justa sea el marco y la meta de esas acciones.       Lee y descarga la publicación  

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Nace una alianza por el aire limpio en América Latina

Aun sin conocer las medidas adoptadas en contextos diferentes al nuestro, las personas respondemos de manera conjunta y nos organizamos de formas similares ante las injusticias ambientales, entre ellas la mala calidad del aire y sus daños a la salud humana. Ese fue uno de los grandes aprendizajes del Encuentro Latinoamericano por el Aire Limpio, que tuvo lugar en Bogotá del 10 al 12 de agosto. Allí se reunieron jóvenes, investigadores/as, funcionarios/as de gobierno, así como representantes de la sociedad civil y de la cooperación internacional de seis países —Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú— bajo tres objetivos principales: fortalecer el nexo entre calidad del aire y justicia climática, intercambiar aprendizajes y construir redes internacionales de colaboración. "La mala calidad del aire y los problemas de salud derivados de ella son una problemática común en América Latina que no conoce de fronteras ni límites territoriales", afirma Anaid Velasco, Gerente de Investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), quien participó en el encuentro. Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire afecta a cerca del 90% de las personas que habitan áreas urbanas en todo el mundo. Pese a la magnitud del problema, las acciones y políticas públicas para mejorar el aire que respiramos no están del todo homologadas. Además, los índices de calidad del aire en la región son muy distintos y no permiten que las personas estén adecuadamente informadas de la peligrosidad del estado de la contaminación atmosférica en diferentes entornos. Ello representa un problema y, al mismo tiempo, una oportunidad para crear y perfeccionar herramientas de forma colaborativa. Conscientes de esa oportunidad, quienes asistieron al encuentro decidieron fundar la Coalición Latinoamericana por el Aire Limpio —ALAIRE—, cuyo trabajo responderá a tres metas: Posicionar una narrativa que haga de la calidad del aire una prioridad estratégica de la agenda de salud pública y de gestión de la crisis climática en América Latina. Incidir en las políticas públicas y en las autoridades para contribuir a una mejor gestión de las fuentes que profundizan la mala calidad de aire en la región. Promover condiciones para que la sociedad civil y el sector empresarial se vinculen al cumplimiento de la normatividad, de las políticas y a la mejora de la calidad del aire en el continente. "La creación de esta coalición es un paso fundamental para mejorar el aire que respiramos, con impacto regional", dice Anaid. "El CEMDA se siente muy orgulloso de formar parte de ella pues el aire limpio es una condición fundamental para garantizar el derecho humano al medio ambiente sano". El Encuentro Latinoamericano por el Aire Limpio —organizado por AIDA, El Derecho a No Obedecer (proyecto de la Corporación Otraparte), Trébola Organización Ecológica, Coalición Respirar, El Poder del Consumidor y la Fundación Heinrich Böll— tuvo actividades abiertas a las que asistieron 200 personas, además de reuniones cerradas para el logro de acuerdos entre organizaciones. El encuentro sirvió para reafirmar que la lucha por un aire limpio es también la lucha por reducir los gases de efecto invernadero para afrontar la crisis climática, así como una necesidad para garantizar el derecho a la salud de las personas en la región.  Además, el evento ratificó la importancia de la ciencia ciudadana, traducida en el trabajo de muchas personas para evidenciar los verdaderos niveles de exposición a la mala calidad de aire en diferentes urbes de la región, mandando un mensaje de urgencia al respecto. La coalición recientemente formada empoderará los esfuerzos ciudadanos, académicos, de organizaciones y de otros actores, al tiempo que contribuirá al logro de acuerdos regionales para el desarrollo e implementación de políticas públicas que mejoren la calidad del aire y protejan la salud humana.  

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