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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Fracturando nuestra salud

Postales elaboradas en el marco de la campaña "Ser Agua" en México que explican las afectaciones a la salud por el uso de fracking, técnica que contamina el aire, el suelo y el agua. Conoce más del fracking y de sus consecuencias 

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Rumbo a Egipto: ¿Qué esperamos de la COP27?

Por Javier Dávalos, Liliana Ávila y Verónica Méndez*   El contexto en el que se desarrollará la vigésimo séptima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), que tendrá lugar del 6 al 18 de noviembre en Sharm El-Sheikh, Egipto, no es el más alentador. No será fácil abordar en esta conferencia mundial los anuncios de retorno al uso intensivo de combustibles fósiles en varios países —motivados en gran medida por la crisis económica derivada de la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania— y las crecientes noticias de fenómenos extremos cada vez más intensos y frecuentes a causa del cambio climático. Al mismo tiempo, el movimiento por el clima es cada vez más fuerte, así como la necesidad de cambios sistémicos y soluciones visibles. Por tanto, pese al contexto, la COP27 es una nueva oportunidad para que los Estados respondan con acciones a su ciudadanía. En la COP26 de Glasgow, se decidió que los países deben adoptar e implementar medidas más ambiciosas para enfrentar el cambio climático y cumplir con el objetivo del Acuerdo de París: limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de los 2°C, preferiblemente a 1,5°C, en comparación con los niveles preindustriales. AIDA participará en la COP27 como organización observadora acreditada junto con aliados de diversas redes para abogar una vez más por avances contundentes en la acción climática. ¿Qué es lo que más nos anima a participar? Te compartimos a continuación los principales avances que esperamos de la COP27.   1. Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) más ambiciosas Las NDC son instrumentos por medio de los cuales los Estados comunican sus metas nacionales de mitigación y adaptación ante la crisis climática. En su primer informe, el Relator Especial de la ONU sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, Ian Fry, estableció que “la respuesta mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ha sido totalmente insuficiente”. En el Pacto de Glasgow para el Clima, los Estados reafirmaron su compromiso de limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5°C y de aumentar la ambición en sus NDC, las cuales además tienen que ser medibles y reales. Es imperioso por tanto que todos los Estados actualicen sus NDC (solo 24 lo han hecho), que garanticen la inclusión de medidas y acciones concretas y ambiciosas, en cumplimiento de los principios de progresividad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas establecidos en el Acuerdo de París, y que aseguren su implementación bajo un enfoque de justicia climática.    2. Financiamiento para pérdidas y daños: ¡Ahora! Las medidas de mitigación y adaptación están llegando tarde para afrontar las pérdidas y daños, así como la consecuente crisis de derechos humanos, que el cambio climático está generando. Los Estados deben abordar esta situación de forma comprometida. El Relator Especial Ian Fry señala que es necesario crear un mecanismo de financiación para ayudar a las personas a recuperarse de los impactos del cambio climático que van más allá de su capacidad de adaptación. En la COP26 no hubo consenso acerca de la creación de un mecanismo de ese tipo. La demanda para la COP27 es incluir el tema en la agenda de discusión y avanzar en la adopción de un mecanismo de financiamiento que contemple criterios estrictos de políticas operativas, enfoque de derechos humanos y mecanismos de rendición de cuentas. Es vital además tener resultados medibles del funcionamiento de la Red de Santiago sobre Pérdidas y Daños creada en la COP25. Las reflexiones en torno a las pérdidas y daños han llegado para quedarse y serán un asunto que cobre cada vez mayor relevancia. Un fuerte movimiento climático, impulsado sobre todo por los países del sur, llega a Egipto con ese propósito.   3. Promoción de una transición energética justa El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en su sexto informe sobre mitigación, indicó que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero requiere transiciones importantes y urgentes, incluida una reducción sustancial del uso general de combustibles fósiles. Este será quizás uno de los asuntos más debatidos en la conferencia pues, luego de la invasión rusa a Ucrania, países que habían avanzado en la descarbonización del sector energético han aumentado la producción de combustibles fósiles ante los altos precios de los energéticos. A ello se suma una mayor presión para que América Latina siga exportando combustibles fósiles. Sin embargo, la transición energética no solo es una necesidad urgente, sino también la mejor oportunidad que tenemos de promover justicia y equidad para las personas y especies que habitamos el planeta. Debemos movernos hacia la descarbonización de nuestras matrices energéticas y economías. Pero debemos hacerlo promoviendo la justicia, con un proceso de transformación integral, democrático y plural.   Se espera que en la COP27 los Estados sean evaluados respecto del avance de sus compromisos de eliminación gradual de la generación de energía a partir del carbón y de los subsidios a los combustibles fósiles, así como de reducción global de las emisiones derivadas del metano.   4. Una conferencia libre de captura corporativa y que escuche a todas las voces El camino hacia la justicia climática y muchos de los temas que se abordan en las COP necesitan diversidad de voces, muchas de las cuales enfrentan grandes barreras para ser escuchadas. A ello se suma una presencia desproporcional de industrias y corporaciones con agendas orientadas directamente a defender intereses empresariales por encima del bien común y del planeta. Esto ha creado un fuerte obstáculo para lograr avances más ambiciosos en las conferencias. El Relator Ian Fry señaló acertadamente que los lugares donde se celebran las COP “son cada vez más caros y a los pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil les resulta difícil asistir”. La sociedad civil ha manifestado su firme oposición a que los actores que más contaminan sean jueces y parte en el asunto. La demanda específica apunta a revisar los lineamientos de patrocinadores para que las COP prescindan de los aportes de grandes contaminadores y para que, a partir de la COP27, exista una verdadera inclusión equitativa de todos los actores, especialmente de quienes están en la primera línea de la crisis climática y sufren directamente sus consecuencias.   La lucha por el clima llegó para quedarse. Es un movimiento cada vez más grande y vibrante que no se detendrá hasta que existan compromisos reales de los países. Según el IPCC, la COP27 mantiene abierta la “ventana de oportunidad para asegurar un futuro habitable y sostenible”. Es el espacio donde más actores convergen para defender sus intereses en ese propósito. Los Estados y demás participantes deben ver a las COP como espacios para avanzar hacia la justicia climática y para evitar la llegada de un punto de no retorno, poniendo al centro a las personas y al planeta.   *Javier Dávalos es coordinador del Programa de Clima de AIDA, Liliana Ávila es coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la organización, y Verónica Méndez es abogada del Programa de Clima.  

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El día que la Corte Interamericana escuchó a víctimas de contaminación de La Oroya

No hay plazo que no se cumpla. Así, luego de 20 años, la búsqueda de justicia de habitantes de la ciudad andina de La Oroya, Perú, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 12 y 13 de octubre, los jueces y las juezas del alto tribunal internacional escucharon en audiencia pública la presentación de su demanda contra el gobierno de Perú por la grave violación de derechos humanos derivada de la contaminación tóxica proveniente de una metalúrgica que ha operado en La Oroya por casi 90 años. La ciudad ha sido catalogada como uno de los lugares más contaminados del planeta. “La contaminación del Complejo Metalúrgico de La Oroya ha permeado todos los componentes del ambiente de sus habitantes: el agua que beben, el suelo que pisan, el aire que respiran, los patios de los colegios y las montañas que enmarcan su entorno vital”, afirmó Liliana Ávila, abogada de AIDA, al exponer los alegatos finales del caso. TESTIMONIOS VALIENTES En la audiencia —celebrada en Montevideo, Uruguay— dieron su testimonio tres de las 80 valientes personas que presentaron la demanda, aquellas dispuestas a defender su derecho a vivir en un ambiente sano pese al contexto de hostigamiento que han enfrentado. “El tiempo de desarrollo de la metalúrgica ha sido desastroso. La neblina de los gases tóxicos que emanaban del complejo se transformaba en caspa y se quedaba impregnada en los rostros de los niños”, dijo Rosa Amaro, una madre de 74 años que presidió el Movimiento por la Salud en La Oroya y que vivió en esa localidad hasta 2017. “Hemos tratado de sobrevivir, pero el Estado fue como un padre que no nos dio la cara”. Vestida con ropa abrigada y un gorro de lana, Rosa llevaba en la cara, en el cuerpo y en la voz las huellas imborrables del paso de los años, de una salud deteriorada y del miedo que la obligó a dejar su ciudad natal. “Nos llaman enemigos de La Oroya”. Entre lágrimas, Rosa expresó a la corte su deseo de volver a casa y de ver su nombre limpio de todo estigma. “Nuestra lucha no es para uno, es para toda una población”. El caso representa a muchas más personas de La Oroya que, por miedo a represalias, no figuran en la demanda. Tras declarar, Rosa se sintió liberada de un gran peso y con la fuerza suficiente para seguir. La población de La Oroya ha respirado múltiples sustancias tóxicas que, según evidencia científica, generan riesgos graves para la salud humana.  La contaminación con plomo y otros metales pesados ha irrumpido en su sistema respiratorio, recorrido su torrente sanguíneo y se ha depositado de forma imperceptible en varios de sus órganos vitales. “No he tenido infancia porque la pasaba encerrada en cuatro paredes, no porque no me dejaran salir, sino por los malestares, porque nos picaba la garganta. Cuando íbamos al colegio mi mamá nos protegía con un sombrero”, declaró ante la corte Maricruz Aliaga, de 28 años. La contaminación redujo su nivel de retención y es la causa de que, aún hoy, su cuerpo se paralice varias veces al año. “En Huancayo podía respirar”. Sus vacaciones en esa ciudad vecina cuando era niña le hicieron ver que lo normal no era reemplazar varias veces las plantas que llevaba a la escuela porque morían luego de 15 días. Maricruz vive ahora en otra ciudad vecina y las afectaciones a la salud de toda su familia fueron su principal motivación para estudiar enfermería. Los elementos tóxicos de la metalúrgica de La Oroya siguen en los cuerpos de sus habitantes. Su presencia ha generado afectaciones a su salud, muchas de ellas irreversibles, y puede generar nuevas enfermedades a futuro.  “Lo único que queremos, porque nosotros ya no vamos a gozar de buena salud —eso ya está hecho, mi salud ya está destruida—, es que las futuras generaciones gocen de buena salud,” agregó Yolanda Zurita en su testimonio ante la corte. “Eso va a ser nuestra recompensa, esto va a ser nuestra satisfacción, eso es lo que buscamos”. El camino a la justicia Llegar a este momento no ha sido fácil. En representación de las víctimas, AIDA, con el apoyo de la Asociación Pro Derechos Humanos, presentó en 2006 la denuncia internacional contra el gobierno peruano y en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso— la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la responsabilidad del gobierno en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana. La preparación de la audiencia comenzó en ese momento y se intensificó en las semanas previas. Las largas horas de trabajo valieron la pena y se plasmaron en la solidez con la que demostramos que el gobierno es responsable de violar los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la niñez y a un ambiente sano de habitantes de La Oroya. En la audiencia evidenciamos cuatro argumentos principales: La existencia de un grave cuadro de contaminación ambiental, El riesgo y el nexo causal con los daños derivados de esa contaminación, El conocimiento que el Estado tenía de esa situación y La ausencia de medidas urgentes y eficaces para responder a la misma.   Además, convocamos a personas expertas cuyo peritaje respaldó ampliamente nuestros alegatos. Dos de ellas expusieron sus hallazgos en la audiencia. “El deber de cuidado no surge con el daño clínico, sino con el riesgo de daño”, enfatizó Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre las consecuencias para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y desechos peligrosos. De su lado, Marisol Yañez de la Cruz, perito psicosocial, demostró —con base en 61 entrevistas en profundidad, cuatro grupos focales y pruebas psicométricas— la existencia en La Oroya de un “sufrimiento ambiental” agravado por impunidad y estigmatización. Tras la audiencia, queda la presentación escrita de los alegatos y una potencial visita de las y los magistrados de la corte a La Oroya. Se prevé que la sentencia, inapelable, sea dictada en el lapso de seis meses. La importancia del caso supera el contexto peruano y representa una oportunidad histórica para establecer un precedente clave para toda América Latina. “Este es el primer caso que conocerá este tribunal donde podría desarrollar con profundidad violaciones al derecho al medio ambiente sano como el resultado de la acción estatal frente empresas públicas y privadas,” explicó en la audiencia Jorge Meza Flores, secretario ejecutivo adjunto del Sistema de Peticiones y Casos de la CIDH. Tener en cuenta lo que está en juego es sin duda fundamental cuando el debate nacional en torno a La Oroya ha priorizado, aún en estos días, la posible reactivación de la metalúrgica por encima de la protección de los derechos fundamentales de una población entera.  

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