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John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
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Contaminación atmosférica y COVID-19: ¿Por qué la calidad del aire no mejoró en el Valle de México?
Las medidas adoptadas a nivel mundial para enfrentar la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 lograron la disminución de algunos contaminantes atmosféricos, lo que mejoró considerablemente la calidad del aire en diversas ciudades del planeta. Sin embargo, en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) —área conformada por la Ciudad de México y municipios conurbados de otros estados del centro del país—, la calidad del aire no mejoró pese a la suspensión de actividades asociadas a fuentes de contaminación como la circulación de vehículos y la operación de varias industrias. Meses antes de que se decretara la emergencia sanitaria a finales de marzo de 2020, la calidad del aire reportada por el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la ZMVM estaba en el rango de “regular” a “mala” debido principalmente a la congestión vehicular. Con las restricciones a la movilidad establecidas ante la pandemia, la circulación de vehículos disminuyó hasta en 70% y con ello parte de la contaminación atmosférica. Según información oficial, hubo una reducción de monóxido de carbono y de óxidos de nitrógeno —de 58 y 32%, respectivamente— debido a las medidas de distanciamiento. Sin embargo, de acuerdo con los datos oficiales, el ozono troposférico (O3), uno de los contaminantes que más daña el aire y la salud humana, no disminuyó significativamente (solo de 3 a 4%). Por ello en mayo, dos meses después de adoptadas las medidas para afrontar la crisis sanitaria, la calidad del aire en el Valle de México se mantuvo en los mismos parámetros que a comienzos de año, es decir de “regular” a “mala”, según el Sistema de Monitoreo Atmosférico. La pregunta que surge entonces es ¿a qué se debe esto? ¿Cómo ocurre la contaminación del aire? Diversos gases y compuestos contaminan el aire. Están los contaminantes primarios —como el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles— que se descargan directamente en la atmósfera. Y están los contaminantes secundarios, como el ozono troposférico, que se forman en la atmósfera como resultado de la transformación química de los contaminantes primarios. El ozono troposférico se forma por la interacción de la luz solar con “gases precursores”, entre ellos los compuestos orgánicos volátiles y los óxidos de nitrógeno. Ahora bien, son tres los factores que afectan la calidad del aire: las condiciones meteorológicas, la topografía y las concentraciones de uno o más contaminantes en niveles que puedan dañar el ambiente y la salud humana. Esas concentraciones son medidas por sistemas de monitoreo oficiales como el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la ZMVM. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece niveles de concentración de los contaminantes que no deben ser rebasados en un periodo específico. Para el ozono troposférico, el valor recomendado es de 50 partes por billón (ppb) en un promedio de ocho horas. Pero la normativa mexicana es más laxa y establece un límite menor a este compuesto: una concentración menor o igual a 95 ppb en un promedio horario, es decir, en el intervalo de tiempo de 60 minutos. Además, para activar una contingencia ambiental por ozono las concentraciones deben ser mayores a 154 ppb (promedio horario). Este estándar implica una menor protección para la salud de la población. A inicios de este año, en la ZMVM registraba que la concentración horaria de ozono era en promedio de solo 23 ppb, pero subieron desde entonces. A pesar de las restricciones derivadas de la crisis sanitaria, el promedio de la concentración horaria de ozono fue de 41 ppb en abril y de 45 ppb en mayo. Asimismo, del periodo de enero a mayo, se registró 99 días en los que las concentraciones de ozono superaron el límite de 95 ppb. ¿Por qué las concentraciones del ozono subieron? La restricción de la movilidad durante la contingencia sanitaria no fue suficiente para disminuir las concentraciones de ozono en la atmósfera debido principalmente a dos razones: la primera es que las fuentes de ese compuesto no se limitan al uso de vehículos; y la segunda es que el periodo de aislamiento social coincidió con la llamada temporada de ozono, época del año en la que se incrementan las concentraciones de este contaminante por el aumento de radiación solar y la disminución de lluvias y viento. Como dijimos, el ozono troposférico es formado por la interacción de la luz solar con gases precursores. Entre esos gases están los óxidos de nitrógeno —generados principalmente por los procesos de combustión de automóviles, especialmente de motores a diésel— y los compuestos orgánicos volátiles, que surgen de fuentes más diversas: el uso de solventes, fugas de gas licuado de petróleo en calentadores y estufas, productos cosméticos y de limpieza, y combustible evaporizado en estaciones de servicio y en automóviles sin control de emisiones evaporativas. Según datos oficiales, durante el aislamiento social, los compuestos orgánicos volátiles solo se redujeron un 15%, lo cual incluye a todas sus fuentes de emisión. De otro lado están los incendios forestales, que son una fuente importante de los gases precursores de ozono. Del 1 de enero a 3 de mayo de este año, tan solo en la Ciudad de México se registraron 644 incendios forestales, que en comparación con el mismo periodo de 2019 fueron menores en número, pero igual de intensos. En cuanto a la temporada de ozono, que inicia en la última semana de febrero y concluye en junio con las primeras lluvias, la temperatura promedio en el Valle de México fue mayor este año. En abril fue de 2°C mayor que el promedio registrado el mismo mes entre 1981 y 2010, partiendo de una tendencia global según la cual abril de 2020 terminó siendo el más caliente que cualquier otro abril en la historia. Debido a que la temperatura está directamente relacionada con la radiación solar y la falta de viento, su aumento permite explicar las mayores concentraciones de ozono. La suma de estos factores contribuyó a que las concentraciones de ozono no solo no se redujeran pese a las restricciones establecidas por la pandemia, sino que aumentaran. Ello incidió a su vez en que los habitantes del Valle de México continuaran viviendo una mala calidad del aire y sufriendo sus impactos negativos en la salud. La importancia de reducir el ozono para la salud pública y el clima El ozono troposférico no solo afecta la calidad del aire y con ello la salud de las personas, sino que tiene la capacidad de absorber luz solar y calentar la atmósfera, por lo que también es un Contaminante Climático de Vida Corta (CCVC). Debido a que sus emisiones agravan la crisis climática, mas de 11 mil científicos del mundo han resaltado la necesidad urgente de reducir los CCVC para combatir rápidamente el calentamiento global. Precisamente la intensidad de los incendios forestales y las temperaturas particularmente elevadas de la “temporada de ozono” de este año son una muestra de los efectos de la crisis climática que no estamos combatiendo adecuadamente. Por ello es imperativo implementar acciones gubernamentales para disminuir las emisiones de los gases precursores del ozono troposférico, no solo durante la emergencia sanitaria, sino también cuando salgamos de ella, cuando se reactive el transporte motorizado, fuente de óxidos de nitrógeno, uno de los precursores del ozono. Un mejor control del tipo de automóviles que circulan con base en su potencial contaminante y acciones tan simples como el uso de la bicicleta, recomendado para reducir los riesgos de contagio, ayudarían a ese objetivo, así como a reducir el calentamiento global y a mejorar la salud de las personas que viven en la ZMVM. Además, debemos apostar por medidas de regulación, comunicación, educación y otras que frenen los hábitos de consumo y los procesos de producción y distribución de bienes y servicios que siguen emitiendo diariamente compuestos orgánicos volátiles, otro precursor del ozono. Restringir la producción y uso de productos en aerosol, así como reparar y evitar fugas de gas licuado de petróleo, ayudarían a reducir estas emisiones. Finalmente, es necesario fortalecer la endeble política ambiental del país y combatir el incumplimiento de las normas de salud ambiental, el cual ha resultado en una reducción insuficiente de la contaminación atmosférica. Urge actualizar las normas mexicanas de calidad del aire para fijar límites más estrictos y compatibles con estándares internacionales y con la protección del derecho humano a la salud. Los anteriores son solo algunos ejemplos de acciones que autoridades y sociedad podemos realizar para mostrar que aprendimos la lección y que haremos lo necesario para mejorar la calidad del aire y para afrontar posibles nuevas crisis sanitarias, así como la crisis climática que amenaza con acabar con el mundo como hoy lo conocemos.
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Proteger a las y los defensores ambientales, deber impostergable del Estado
Diariamente, hombres y mujeres alrededor del mundo dedican sus vidas a proteger ecosistemas de los que dependen comunidades enteras y otros seres vivos. Esta labor —indispensable para el cuidado del planeta— se desarrolla en ámbitos legales, sociales y políticos. Tristemente, las personas defensoras del ambiente son víctimas de amenazas y asesinatos. Desde hace muchos años, América Latina es la región más peligrosa del mundo para ser defensor o defensora ambiental, concentrando al menos el 60% de los crímenes. Ello ocurre pese a que el derecho a la libertad de expresión, al ambiente sano y los derechos de la naturaleza están reconocidos en legislaciones nacionales y regionales. El informe presentado por Global Witness en 2019 da cuenta del asesinato de 164 personas defensoras de la tierra y el ambiente, la mayoría en la región: Colombia (24); Brasil (20), Guatemala (16) y México (14). Evidencia además que “el peor sector fue el de la minería, que causó 43 muertes, aunque también aumentaron las muertes relacionadas con conflictos por fuentes de agua. Continuaron los ataques motivados por la agroindustria, la industria maderera y los proyectos hidroeléctricos”. Actualmente y en el contexto de la pandemia COVID-19, la situación de riesgo grave para defensores y defensoras ambientales. Pese al aislamiento social y otras medidas adoptadas ante la crisis sanitaria, la violencia en su contra persiste. Es importante considerar que la pandemia debilita las redes de protección de las y los defensores en situación de riesgo para responder a emergencias, poniéndoles en una situación de mayor vulnerabilidad. Eso, sumado a la falta de voluntad y capacidad institucional para atender problemáticas diferentes a la sanitaria, configura un escenario muy complejo para su seguridad. En efecto, los Estados deben respetar y garantizar los derechos humanos en todo momento. Son obligaciones impostergables —aún en situaciones de emergencia— y su cumplimento debe robustecerse para personas en riesgo como las que defienden el ambiente. El rol protector de los Estados El trabajo que hacen las personas defensoras ambientales ha sido reconocido dentro del sistema internacional de los derechos humanos, donde se ha destacado su rol esencial en una sociedad democrática para el fortalecimiento del respeto y goce de los demás derechos. La realidad de peligro en la que viven las y los defensores ha sido acompañada por una evolución jurídica que se evidencia en instrumentos legales internacionales como el Acuerdo Regional de Escazú, que por primera vez contempla a las personas defensoras como sujetos de protección especial. Ese tipo de protección es particularmente necesaria debido a las amenazas e intimidaciones en su contra, señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los Estados tienen la obligación de: Evitar vulnerar derechos humanos y prevenir a su vez que terceros lo hagan, algo que aplica a todas las personas. Garantizar un ambiente seguro y propicio para que las y los defensores ambientales puedan desarrollar libremente su labor, por lo que deben adoptar acciones especiales para protegerlos cuando son objeto de amenazas; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor; e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra. Garantizar el cumplimiento de los derechos procedimentales en materia ambiental, es decir el derecho a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia. Abstenerse de actuar de manera tal que propicien, estimulen, favorezcan o profundicen la vulnerabilidad de estas personas; y adoptar medidas necesarias y razonables para prevenir o proteger los derechos de quienes se encuentren en tal situación. Esto es relevante frente al incremento de la criminalización de personas defensoras por parte de gobiernos, quienes las acusan de “ir contra el desarrollo” en un discurso que tiene gran alcance. Llevar a cabo una investigación de oficio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva en casos de muerte violenta. Considerar en todo momento un enfoque diferencial y con perspectiva de género, toda vez que las mujeres defensoras están expuestas a mayores niveles de violencia debido al contexto de desigualdad preexistente. Por último, es necesario resaltar la importancia y necesidad de que todas las medidas de los Estados respeten plenamente los derechos humanos y, del mismo modo, aseguren en todo momento la vida e integridad de las y los defensores ambientales como elemento indispensable para la justicia climática y la democracia ambiental.
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Proyecto minero de Belo Sun es inviable, según estudio técnico
El estudio revela graves vacíos en el proyecto de minería de oro que la empresa canadiense pretende instalar en la Volta Grande del río Xingú, en el estado de Pará (Brasil). Identifica altas probabilidades de fallas en la presa de relaves, lo que implica que los residuos podrían llegar al río en siete minutos. Altamira, Brasil. En apenas siete minutos, aproximadamente 9 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos pueden llegar al río Xingu, en el estado brasileño de Pará, y recorrer más de 40 kilómetros en dos horas, causando impactos irreversibles en el ambiente, así como en los pueblos indígenas y ribereños que viven allí y en el Amazonas. Este es el escenario conservador en caso de que se rompa la presa de relaves del proyecto Volta Grande de la empresa canadiense Belo Sun Mining, señala un estudio técnico. El documento da cuenta de la inviabilidad del proyecto y recomienda que éste sea rechazado por las autoridades reguladoras de Brasil. Belo Sun dice que, en caso de accidente, los desechos llegarían al río en 97 minutos, pero no menciona los detalles del cálculo empleado. Es uno de los ejemplos resaltados en el dictamen, el cual advierte también de la alta probabilidad de falla de la presa. El estudio, firmado por el Dr. Steven H. Emerman, experto en geología y minería, evidencia una serie de vacíos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa minera. La empresa promete ser la mayor minera de oro a cielo abierto de Brasil y pretende asentarse en el Volta Grande del Xingú, uno de los sitios de mayor biodiversidad del mundo, el cual ya enfrenta los impactos de la represa hidroeléctrica Belo Monte. La región alberga dos Tierras Indígenas y varias comunidades ribereñas. Con la Licencia de Instalación (LI) suspendida por la justicia desde 2017, la empresa espera una respuesta de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (SEMAS) de Pará para continuar con el proceso de licenciamiento. La LI fue suspendida a comienzos de año debido a una acción del Ministerio Público Federal que cuestionó la falta de estudios del componente indígena en el EIA y la ausencia del proceso de Consulta Previa, Libre e Informada con los pueblos indígenas y ribereños. La empresa presentó los Estudios de Impacto Ambiental del Componente Indígena a la FUNAI, entidad que debe analizarlos y puede solicitar información adicional. Antes de que los estudios sean aprobados por el organismo indígena, el proceso de consulta con los Juruna (Yudjá) debe finalizar de acuerdo con su Protocolo de Consulta, el cual establece la necesidad de transparencia como base del proceso: “Para entender los impactos y riesgos de cualquier proyecto, exigimos que la información se dé en palabras sencillas y claras, hasta que todas nuestras dudas y preguntas sean respondidas", dice el texto del Protocolo. Con base en el dictamen de Emerman, la Red Xingú + y el Movimiento Xingú Vivo por Siempre enviaron una carta a la FUNAI sugiriendo que se soliciten estudios complementarios, "indispensables para la evaluación de la viabilidad socioambiental y cultural del proyecto minero de Volta Grande, teniendo en cuenta, sobre todo, el grave riesgo para las comunidades indígenas y ribereñas situadas aguas abajo del sitio destinado a albergar la presa de colas". El documento también fue enviado a la SEMAS. El documento resalta que la Volta Grande del Xingú sufre ya los impactos negativos de la aplicación del Hidrograma de Consenso de Belo Monte, medida que reduce drásticamente el caudal del río en la región. Esto agrava los riesgos de un eventual accidente en el dique de colas, previsto para el proyecto de Belo Sun. Por tanto, es necesario evaluar con mayor precisión los impactos acumulativos de los dos proyectos, como se ha exigido ante la Fiscalía Federal de Altamira. El dictamen es parte de los esfuerzos de una articulación de investigadores independientes de diversos campos de acción, vinculados a instituciones nacionales e internacionales. El mes pasado, el grupo remitió a las autoridades a cargo de la concesión de licencias para el proyecto de Belo Sun un informe técnico destacando las deficiencias de los Estudios de Impacto Ambiental del Componente Indígena en los ecosistemas acuáticos y de ictiofauna de la Volta Grande del Xingú presentados por la empresa minera. Y se remitirá otro informe con observaciones técnicas sobre las inconsistencias de los documentos presentados para la obtención de las licencias ambientales del proyecto. La articulación cuenta además con organizaciones como la Red Xingú +, el Movimiento Xingú Vivo por Siempre, Amazon Watch, el Instituto Socioambiental (ISA), International Rivers, Above Ground y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Fallas, inseguridad e información conflictiva Desde información contradictoria hasta la ausencia de criterios de seguridad sísmica, la opinión del Dr. Emerman destaca ocho puntos principales que apoyan la recomendación de rechazar el proyecto de la Volta Grande: 1. El dique de colas no fue diseñado bajo ningún criterio de seguridad sísmica, violando las regulaciones brasileñas al respecto. Cualquier presa de colas debe ser diseñada para soportar eventos como inundaciones y terremotos. Contrariamente a la norma brasileña, la empresa no incluyó en sus estudios un análisis de la sismicidad local ni simuló la respuesta de la estructura a una hipotética aceleración sísmica. 2. Aunque se han mapeado las fallas geológicas en el sitio de la presa de colas, no se han hecho estudios de la sismicidad local, lo que también viola las regulaciones brasileñas sobre presas de colas. La actividad sísmica es responsable de causar la disolución de los residuos saturados en el agua, una de las causas más comunes de las fallas en las presas de residuos. En Brasil, sólo en 2019, hubo tres fallas de represas, entre ellas la ruptura de la presa de Vale en Brumadinho (Minas Gerais), que causó por lo menos 250 muertes. Casos así demuestran la necesidad e importancia de los estudios de la sismicidad local y son indispensables para la evaluación adecuada del riesgo de fallas de un dique de colas. 3. No se ha hecho ningún análisis de riesgo de las fallas geológicas mapeadas en las cercanías del lugar del proyecto. Tres de estas fallas, que son estructuras presentes en las rocas y que pueden promover movimientos sísmicos, se cruzan en el sitio exacto de la presa de relaves propuesta. 4. La simulación oficial de la ruptura asume, sin justificación alguna, que el flujo de los desechos se interrumpiría al llegar al río Xingú, ignorando la capacidad de los elementos tóxicos para viajar decenas de kilómetros a lo largo de la Volta Grande. Las conclusiones del EIA también apoyan la hipótesis de que el flujo de colas tardaría 97 minutos en llegar al Xingú, pero sin mencionar los detalles del cálculo utilizado. Según la modelización presentada en el dictamen, considerando el volumen de los relaves almacenados del orden de 35 millones de metros cúbicos y suponiendo un derrame de aproximadamente el 25%, en un escenario conservador la inundación cubriría una distancia inicial de hasta 41 kilómetros a lo largo del río. Con una velocidad de 20 km/h, la inundación de la presa de Belo Sun llegaría al Xingú en sólo siete minutos, cubriendo la distancia de 41 km en sólo dos horas, llegando a la Tierra Indígena de la Volta Grande. Tras la ruptura de la presa de Vale en Brumadinho, el recorrido de los relaves alcanzó los 120 km/h, 100 km/h más que el escenario más conservador propuesto en el dictamen. En el peor de los casos, con la liberación del 100% de los relaves almacenados, el flujo inicial cubriría 98 kilómetros a lo largo del río Xingú y podría llegar al río Amazonas y al Océano Atlántico. 5. Existe un alto riesgo de que se derramen aguas tóxicas en el Xingú. El proyecto prevé que se reciclará lixiviado de cianuro, sustancia utilizada para separar el oro, lo que puede dar lugar a un agua de desecho altamente enriquecida con elementos tóxicos como el arsénico y el mercurio. El resultado, cuyo análisis está ausente en los documentos oficiales, podría ser el derrame de una mezcla de residuos y agua altamente tóxica para los organismos acuáticos en el río Xingú en caso de que la presa fallara o se produjera un derrame. 6. En el EIA no hay ningún plan para cerrar la mina o la presa de colas, una cuestión fundamental para la viabilidad social y ambiental del proyecto minero. El documento contiene una promesa del grupo empresarial de averiguar, a posteriori, cómo estabilizar permanentemente el dique de colas. 7. El sistema de almacenamiento de residuos adoptado al momento no es viable y va en contra de las buenas prácticas mineras. Parte de la solución para reducir la probabilidad de fallo del dique de colas es disminuir el contenido de agua en el depósito de colas. Pero el proyecto de Belo Sun prevé que todos los residuos estarán saturados y bajo siete metros de agua libre, encima de la superficie de los residuos sólidos. 8. Consciente de la cuestión planteada en el punto anterior, la empresa parece haber decidido que el plan actual para inundar los desechos no es viable. El presidente ejecutivo de Belo Sun Mining declaró a MiningWatch Canadá que abandonaría el plan actual por una instalación de almacenamiento de relaves filtrados, que debería tener un contenido de agua significativamente menor. Sin embargo, la empresa proporcionó información contradictoria a las organizaciones y autoridades reguladoras brasileñas: en una presentación ante la FUNAI en octubre de 2019, la empresa describió el mismo plan de almacenamiento de desechos húmedos del EIA. "El suministro de información contradictoria a diferentes públicos por parte de Belo Sun Mining y su filial brasileña es algo muy grave en cuanto a la fiabilidad de la información proporcionada en los procesos administrativos", reitera el dictamen. CONTACTOS Dr. Steven Emerman, Malach Consulting, +1-801-921-1228 (Utah, USA) Brent Milikan, Amazon Program Director, International Rivers, +55-61-98153-7009 (Brasilia, Brasil) Karyn Keenan, Director, Above Ground, +1-613-791-7532 (Ottawa, Canadá)
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