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John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
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Víctimas de La Oroya piden al Presidente de Perú el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana tras casi dos años de retrasos
El grupo de víctimas reconocido por el tribunal internacional enfatiza la urgencia de implementar la sentencia en temas relacionados con el cese de la contaminación en la ciudad de La Oroya, atención médica integral y especializada, y pago de indemnizaciones. La Oroya, Perú. Víctimas de décadas de contaminación ocasionada por las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya enviaron el 19 de diciembre de 2025 una carta al Presidente de la República para solicitar de forma urgente el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordena al Estado peruano la adopción de medidas integrales de justicia y reparación. En la carta, parte del grupo de 80 víctimas reconocidas por el tribunal internacional en el caso La Oroya vs Perú hace énfasis en el cumplimiento del fallo en temas relacionados con la prevención de la contaminación en ciudad, la atención médica integral y diferenciada, así como el pago de indemnizaciones."Sr. Presidente, ¿es que acaso tenemos que esperar 20 años más para obtener algún tipo de reparación? Desde que iniciamos esta larga lucha, 7 personas pertenecientes a este grupo de víctimas han fallecido sin obtener justicia. Dos de ellas, incluyendo a una menor de edad, fallecieron como consecuencia de los daños a la salud producto de la contaminación en La Oroya, como lo pudo acreditar la Corte IDH en la sentencia", señalan las víctimas.Su pedido surge tras casi dos años de retrasos en la implementación efectiva del fallo, notificado el 22 de marzo de 2024, y luego de que la Corte IDH notificara en noviembre del año pasado su sentencia de interpretación, en la que se refirió solo a algunos aspectos específicos de la sentencia original que requerían mayor precisión para facilitar su ejecución. Estos puntos están relacionados con las medidas de atención en salud, la reubicación de las personas afectadas, los plazos de seguimiento, las indemnizaciones y el acto de reconocimiento de responsabilidad y perdón público.Sin embargo, tanto las víctimas como las organizaciones que acompañan su lucha enfatizan que, tal como estableció la Corte IDH, todas las órdenes de la sentencia original están vigentes y son plenamente exigibles desde el momento de su emisión, en marzo de 2024, no existiendo impedimento legal para avanzar de inmediato en su cumplimiento.Un paso indispensable para concretar esto es la publicación urgente de la resolución de determinación de competencias por parte de la Procuraduría General del Estado."Las víctimas han recurrido a todos los mecanismos legales e institucionales para acceder a la justicia y ver reparados sus derechos. Hoy, prevenir que la población de La Oroya continúe expuesta a la contaminación ambiental, garantizar una atención integral en salud para quienes han sido afectadas por metales tóxicos, y asegurar el pago de las indemnizaciones ordenadas por la Corte, son pasos necesarios y plenamente implementables para que el Estado peruano cumpla no solo con sus obligaciones internacionales, sino también con su deber fundamental de proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas que habitan su territorio", dijo Rosa Peña, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Por su parte, Christian Huaylinos, del Área Legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), resalta la importancia de implementar la sentencia para todo el país: "De las disposiciones ordenadas por la Corte, varias tienen relevancia a nivel nacional, es decir, que se beneficia a la ciudadanía peruana en general frente a la contaminación por actividades minero-metalúrgicas. Entre ellas se resalta las de compatibilizar la normativa que define los estándares de calidad de aire a nivel nacional, garantizar el respeto de los derechos humanos y debida diligencia, así como diseñar e implementar un sistema de información de calidad de aire y agua en las zonas de Perú donde exista mayor actividad minero-metalúrgica. En ese sentido, lograr un oportuno y eficiente cumplimento por parte del Estado representa la trascendencia del caso en beneficio de todas y todos los peruanos".Las víctimas subrayan que, con las precisiones hechas por la Corte IDH en su sentencia de interpretación, no hay justificación para que persistan los retrasos institucionales que por más de dos décadas han impedido el acceso a la justicia y la reparación de las familias afectadas por la contaminación generada por el Complejo Metalúrgico de La Oroya.Este caso se ha convertido en uno de los precedentes más relevantes en América Latina para la protección del derecho a un ambiente sano, a un aire limpio y a la salud, especialmente para comunidades expuestas a operaciones empresariales altamente contaminantes. Después de más de 20 años de lucha, las víctimas esperan que el Estado peruano finalmente garantice la justicia y reparación ordenadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las víctimas, la población de La Oroya y las organizaciones involucradas en el caso reiteran su disposición a colaborar con las instituciones responsables para asegurar la implementación efectiva de todas las medidas y avanzar hacia la reparación integral y la no repetición.Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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¿Qué sigue tras la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar?
El día finalmente llegó.El 17 de enero pasado, el Tratado de Alta Mar —llamado oficialmente Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés)— entró en vigor y con ello se convirtió en ley internacional.Siendo un hito histórico que tomó más de dos décadas en concretarse, el tratado establece por primera vez un marco jurídico para proteger la biodiversidad en alta mar —cuyas aguas cubren casi la mitad del planeta y pertenecen a todos los países— y para garantizar que los beneficios derivados de sus recursos se distribuyan de manera equitativa a nivel mundial.La puesta en marcha del tratado fue activada el 19 de septiembre de 2025 cuando alcanzó su ratificación número sesenta. Al 15 de enero de este año, 83 países ya son Estados Parte del acuerdo.La ratificación o adhesión significa que los países, además de firmarlo, dan su consentimiento formal al tratado, lo que a menudo implica garantizar que sus leyes nacionales sean coherentes con este.Pero ¿qué viene ahora con la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar? Obligaciones legales para los EstadosCon su entrada en vigor, los Estados Parte del acuerdo deben empezar a cumplir con una serie de obligaciones legales contenidas en este. Aunque algunas dependen del funcionamiento de los órganos y los mecanismos del tratado, otras son aplicables desde ya, incluyendo las siguientes:Notificar públicamente cualquier actividad prevista bajo su control que pueda afectar la biodiversidad de alta mar o del lecho marino. Estas actividades deben seguir los procesos de evaluación de impacto ambiental establecidos por el tratado.Promover los objetivos del tratado al participar en espacios de toma de decisiones ante otros organismos internacionales, como los que regulan el transporte marítimo, la pesca y la minería submarina.Notificar y reportar aspectos relacionados con el cumplimiento de requerimientos sobre recursos genéticos marinos, reparto de beneficios no monetarios y cooperación para la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades. Respecto del último punto, el tratado establece un Mecanismo de Intercambio de Información, una fuente de conocimiento que muchos países —sobre todo en desarrollo— no podrían disfrutar en otras circunstancias.En términos generales, la implementación del acuerdo tendrá, entre sus obligaciones más visibles, temas de cooperación y coordinación entre los países a partir de mecanismos establecidos por este y mediante puentes con instrumentos jurídicos internacionales que ya existen y que históricamente se han aplicado de manera aislada. Propuestas de áreas marinas protegidas en alta marUno de los objetivos principales del tratado es la creación y el manejo adecuado de áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar para conservar y rescatar la rica biodiversidad albergada en el océano.Con la entrada en vigor del tratado, esta tarea no puede comenzar desde ya porque su cumplimiento requiere el funcionamiento de los órganos y mecanismos específicos, entre ellos la Secretaría del tratado, que recibirá las propuestas de AMP, así como el Órgano Científico y Técnico, que las evaluará y emitirá recomendaciones sobre su adopción ante la Conferencia de las Partes.Sin embargo, los países pueden comenzar desde ahora con el proceso de consultas amplias estipulado en el tratado para la elaboración de propuestas de AMP o de otros mecanismos de gestión basados en áreas (ABMTs, por sus siglas en inglés), las cuales deben estar basadas en los mejores conocimientos científicos y tradicionales disponibles.Aunque son los países quienes deben proponer y luego decidir el establecimiento de las zonas que serán declaradas reservas para su protección en alta mar, existen esfuerzos desde la sociedad civil para avanzar en esto.Por ejemplo, la Alianza por Alta Mar —una coalición de organizaciones en la que AIDA tiene el papel de coordinador regional para América Latina— tiene preliminarmente identificadas ocho propuestas de AMP de gran valor ambiental: tres están en el Atlántico (Ciudad Perdida, Mar de los Sargazos y Dorsal de Walvis), cuatro en el Pacífico (Domo Térmico, Dorsal de Salas y Gómez y Nasca, Montes Submarinos Emperador y Mar de Tasmania) y una en el Índico (Saya de Malha).Para la elaboración de propuestas de AMP ubicadas en aguas internacionales adyacentes a América Latina —el Domo Térmico y la Dorsal de Salas y Gómez y Nasca—, la alianza está apoyando a los gobiernos de Costa Rica y Chile, respectivamente. La primera reunión de toma de decisiones del acuerdoA más tardar un año después de la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar —es decir, a finales de 2026 o a inicios de 2027—, tendrá lugar su primera Conferencia de las Partes (COP1), donde se decidirán aspectos clave para su implementación y para la puesta en marcha de sus beneficios.Solo los países que hayan ratificado el acuerdo podrán participar en la toma de decisiones, el resto lo podrá hacer como observadores. Aquellos países que únicamente firmaron el tratado tienen la obligación de buena fe de evitar realizar actos que frustren su propósito.Con miras a la COP1, se realizan reuniones de la Comisión Preparatoria para elaborar propuestas sobre la arquitectura institucional del tratado (sus órganos y procesos de toma de decisiones) que serán presentadas para su adopción en la conferencia.Con el hito histórico comienza ahora otra fase clave, la de implementación, que permita traducirlo en medidas concretas y duraderas para la salud del océano.Su impacto dependerá de cómo se aplique y respete colectivamente. Y su efectividad será mayor cuando todos los países se adhieran al acuerdo.
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Entra en vigor el Tratado de Alta Mar, un hito histórico para una nueva era en la gobernanza mundial del océano
Nueva York. Hoy entra en vigor el Tratado de Alta Mar, cuyo nombre oficial es Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés), lo que supone un hito histórico para la protección mundial del océano y la cooperación multilateral.Las aguas internacionales, que cubren casi la mitad del planeta, se encuentran más allá de las fronteras nacionales y forman parte del patrimonio común de la humanidad. El Tratado establece, por primera vez, un marco jurídico para proteger la biodiversidad en estas aguas y garantizar que los beneficios derivados de sus recursos se repartan de manera equitativa entre los países."La entrada en vigor del Acuerdo BBNJ hoy, es un hito para el multilateralismo y para los años de dedicación, diálogo y ardua labor cooperativa de innumerables personas comprometidas en todo el mundo. Los retos globales, como la crisis climática y de biodiversidad, nos afectan a todos. Por ello, la cooperación global no es una opción, sino una necesidad. Este Tratado encarna la esperanza, la determinación y el compromiso compartido de un futuro más prometedor para el océano y nuestro planeta", afirmó Rena Lee, Embajadora de Singapur para el Derecho Internacional, quien presidió las negociaciones del tratado y fue clave para lograr su adopción en 2023.Con su entrada en vigor, el tratado proporciona las herramientas para crear áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar, establece obligaciones claras para garantizar el uso sostenible de los recursos oceánicos, da prioridad al desarrollo de capacidades y el acceso a la tecnología, y crea mecanismos para asegurar una distribución equitativa de los beneficios. Todo ello desempeñará un papel crucial en la consecución de los objetivos mundiales en materia de biodiversidad y clima, incluida la meta de proteger el 30 % del océano para 2030.Tras dos décadas de debates y negociaciones, el texto del tratado se ultimó en marzo de 2023. Para su entrada en vigor se requerían las ratificaciones de sesenta países, un hito que se alcanzó el 19 de septiembre de 2025. Hoy, 120 días después, el tratado se convierte oficialmente en ley internacional, y su primera Conferencia de las Partes (COP), órgano decisorio del tratado, se reunirá en el plazo de un año."Las aguas internacionales están llenas de vida, desde el diminuto plancton hasta las grandes ballenas que dependen de él. Apenas estamos empezando a comprender lo importante que es este vasto mundo interconectado para la salud de todo nuestro planeta. Ya sean las montañas submarinas, llanuras y fosas oceánicas, las gélidas aguas polares o las autopistas oceánicas por las que viajan las especies migratorias, la alta mar es tan vital como inmensa. Con la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar, por fin disponemos de las herramientas necesarias para salvaguardar esta extraordinaria parte de nuestro planeta. Protegerla significa proteger nuestro futuro", afirmó Rebecca Hubbard, directora de la Alianza por Alta Mar.A partir de hoy se aplican varias obligaciones legales. Si bien algunas de ellas dependen de la creación de las instituciones y los mecanismos del tratado, existen disposiciones aplicables desde el primer día. Por ejemplo, cualquier actividad prevista bajo el control de una Parte que pueda afectar alta mar o al lecho marino debe seguir los procesos de evaluación del impacto ambiental establecidos por el tratado, y los gobiernos deben notificar públicamente dichas actividades. Asimismo, las Partes deben promover los objetivos del tratado cuando participen en otros organismos internacionales, como los que regulan el transporte marítimo, la pesca y la minería de los fondos marinos.En última instancia, el verdadero impacto del tratado dependerá de cómo se aplique y se respete colectivamente en los próximos años. Una membresía más amplia reforzará su eficacia. Con 83 (1) Partes ya adheridas, el impulso continúa creciendo, y se anima a más países a unirse antes de la COP1. Mientras tanto, la arquitectura institucional del tratado —sus órganos y procesos de toma de decisiones— se está configurando a través de la Comisión Preparatoria, que deberá presentar propuestas sólidas para su adopción en la COP1, con el fin de que el tratado pueda empezar a operar lo antes posible. También se alienta a los países a que empiecen a identificar los lugares importantes de alta mar que requieran protección, de modo que se puedan presentar propuestas en futuras COP. "En el punto medio de esta década crítica, una de las iniciativas globales más ambiciosas para el océano está entrando en una nueva era de cambios sistémicos en cuanto a su gobernanza. Esto refleja un compromiso renovado para nuestro océano, su biodiversidad, los millones de personas que dependen de su salud y los objetivos globales establecidos para 2030. El Tratado de Alta Mar nos enseña que el progreso significativo se logra a través de visión, perseverancia y liderazgo. Al comenzar un nuevo año, el Premio Earthshot está comprometido a respaldar este tratado histórico y asegurar que vaya más allá de las palabras y se convierta en una salvaguarda práctica y aplicable para nuestro extraordinario planeta azul", afirmó Jason Knauf, CEO del Premio Earthshot.“La entrada en vigor del Tratado de Alta Mar abre una oportunidad histórica para que América Latina participe en igualdad de condiciones en la protección del océano. El acuerdo fortalece el principio de patrimonio común de la humanidad, además de promover el acceso a capacidades y tecnologías clave, fundamentales para una participación equitativa en la región. Seguiremos impulsando su implementación efectiva, en beneficio del océano y de las comunidades que dependen de él", señaló Gladys Martínez de Lemos, integrante del Comité Ejecutivo de la Alianza por Alta Mar y directora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). (1) A fecha de 15 de enero de 2026, Acuerdo BBNJ cuenta con 83 ratificaciones. Más Estados pueden ratificarlo en los próximos días. Consulte la cifra más actualizada en el sitio web de Naciones Unidas.Nota para los editoresDesde su fundación en 2011, la Alianza por la Alta Mar, con sus más de 70 miembros no gubernamentales, ha trabajado para proteger el 50 % del planeta que constituye la alta mar, es decir, los océanos globales que se encuentran fuera de la jurisdicción nacional. Esta zona incluye algunos de los ecosistemas más importantes desde el punto de vista biológico, menos protegidos y más amenazados del mundo.El estado oficial de las firmas y ratificaciones se puede consultar en el sitio web de Naciones Unidas y en el rastreador de ratificaciones de la Alianza por Alta Mar. Nota: El número que aparece en el rastreador de la Alianza por Alta Mar refleja únicamente las ratificaciones que cuentan para la entrada en vigor y no incluye la ratificación de la UE, por lo que difiere del recuento total de Naciones Unidas.La Alianza por Alta Mar (HSA) utiliza en ocasiones el término "Tratado de Alta Mar" como abreviatura del Acuerdo BBNJ. La HSA reconoce que el ámbito de aplicación del Acuerdo BBNJ abarca todas las zonas fuera de la jurisdicción nacional, incluidos el lecho marino y la columna de agua. La elección de esta formulación tiene por objeto facilitar la comprensión de un público amplio y no implica una jerarquización entre los componentes o principios del Acuerdo BBNJ.En noviembre de 2025, el Tratado de Alta Mar fue anunciado como ganador del prestigioso Premio Earthshot en la categoría Revitalizar nuestros océanos, en reconocimiento a las décadas de esfuerzos por establecer un marco jurídico innovador para proteger la biodiversidad marina en aguas internacionales.Kit de prensaLa siguiente carpeta contiene los siguientes recursos: High Seas Treaty Q&ABriefing Note: Legal Implications of the Impending Entry into Force of the BBNJ AgreementMPA factsheetPrepCom factsheet"A cost-benefit analysis of the BBNJ Agreement in the Caribbean" reportGrabación de la rueda de prensa "A historic moment: High Seas Treaty’s entry into force" realizada el 13 de enero de 2026. Video: Celebrating the Entry into Force of the High Seas Treaty
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