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John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
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En un contexto de crisis climática mundial que ha profundizado las desigualdades existentes en América Latina, las comunidades del pueblo mapuche en Mendoza, Argentina, enfrentan múltiples amenazas que incrementan su vulnerabilidad climática y lesionan sus derechos.Una de estas actividades es la fractura hidráulica o fracking, un método de extracción de hidrocarburos ampliamente relacionado con impactos socioambientales. En Argentina, es empleado de forma extendida en el megaproyecto Vaca Muerta, emplazado en un territorio de aproximadamente 30,000 km², considerado la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo no convencionales.Una porción significativa de Vaca Muerta se encuentra en territorio mendocino, donde el megaproyecto abarca 8,700 km². En esta provincia, las comunidades mapuches enfrentan además un complejo entorno político que pone en riesgo sus derechos territoriales e incluso su identidad. A esto se suman políticas públicas a nivel nacional que van en detrimento de los derechos indígenas en el país. Lo anterior responde a la intención de despojar a las comunidades de sus tierras para facilitar el avance del fracking y de otras actividades extractivas.Ante este panorama, el pueblo mapuche no está dispuesto a ceder en la defensa de sus derechos, sus modos de vida y su integridad territorial.La Organización Identidad Territorial Malalweche —que representa a más de 20 comunidades del pueblo mapuche en la provincia de Mendoza— ha recurrido a diferentes organismos internacionales para denunciar y visibilizar la crítica situación, así como buscar justicia. Este proceso de denuncia internacional incluye comunicaciones a la Relatoría Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y de ambiente y derechos humanos, así como la presentación de un escrito legal (amicus curiae) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos. Las múltiples afectaciones del frackingLa extracción de petróleo y gas mediante fracking en Vaca Muerta se realiza sobre territorios ancestrales del pueblo mapuche. El fracking es una técnica extrema de extracción que implica mayores impactos al ambiente, incluyendo mayores emisiones de gases de efecto invernadero. En las provincias de Neuquén y Río Negro, donde la explotación de Vaca Muerta se encuentra más extendida, los daños graves al ambiente y la población se están produciendo hace más de 10 años y continúan en aumento.Para las comunidades mapuches, los impactos del fracking van más allá de los daños físicos al entorno. Las actividades extractivas en sus territorios erosionan su capacidad de autodeterminación y afectan profundamente su bienestar psicológico y espiritual porque su relación con la tierra es fundamental para su identidad y cultura.Si bien el fracking en territorio mendocino está en una etapa inicial, con pocos pozos activos, las empresas y la provincia tienen planes de incrementarlo, a lo que se suma el crecimiento sostenido de la actividad en toda Vaca Muerta. Para ello necesitan mayores extensiones de terreno y disponibilidad de grandes cantidades de agua. En el contexto descrito, prácticas tradicionales como la trashumancia —un tipo de migración estacional en la que los pastores trasladan sus animales entre zonas de pastoreo en diferentes épocas del año— están gravemente amenazadas.El crecimiento de estas actividades, en el contexto actual de crisis hídrica y climática que atraviesa la región, aumenta la vulnerabilidad de estas comunidades y compromete su capacidad de seguir viviendo de manera sostenible en su entorno natural. Menores garantías para los derechos humanosComo estrategia para expandir la ocupación de territorios mapuches con actividades extractivas como el fracking, se han adoptado medidas regresivas que degradan el marco de protección de los derechos indígenas en Mendoza y en todo el país.Una de ellas es la declaración aprobada en marzo de 2023 por la Cámara de Diputados de Mendoza que cuestiona el estatus de los mapuches como pueblos originarios argentinos. Esto ha generado preocupación sobre las posibilidades de reconocimiento de sus derechos territoriales y el aumento de los desalojos que ya sufren.Además, a nivel nacional, se impulsan medidas complementarias que facilitan el desarrollo de actividades extractivistas por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Entre ellas está el cierre por decreto del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, cuya misión era la promoción de políticas y medidas orientadas a una sociedad libre de discriminación. Esta medida implica un debilitamiento de la protección institucional de los derechos humanos.De manera similar, el gobierno anunció el cierre del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dedicado a la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Aunque la medida no se ha concretado, se eliminó su autonomía funcional y se eliminaron las áreas destinadas al reconocimiento de las comunidades y regularización de sus territorios. En la práctica, estas medidas impiden que estos pueblos ejerzan el derecho constitucional a sus tierras ancestrales.Aunado a ello, se derogó la Ley 26160, que suspendía los desalojos de pueblos indígenas mientras tramitaran su regularización territorial. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, argumentó que no pueden existir leyes perpetuas que impidan los desalojos, pues "no puede haber derecho a usurpar". Los desalojos violentos contra comunidades originarias ya comenzaron. Acciones internacionales de defensaEn respuesta, las comunidades mapuches de Mendoza han mostrado una enorme capacidad de organización y resistencia. Han accedido a instancias internacionales para exponer su situación y exigir medidas concretas de autoridades locales y nacionales. Un ejemplo clave son las comunicaciones enviadas a las Relatorías de la ONU sobre los pueblos indígenas y de ambiente y derechos humanos para denunciar la persecución política y violaciones a sus derechos territoriales, enfatizando la complacencia de las autoridades con los intereses extractivistas. Estas denuncias se han centrado en la defensa de sus derechos frente al avance del fracking y otras actividades extractivas.Adicionalmente, las comunidades fueron parte del proceso de la opinión consultiva mediante la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos esclarecerá las obligaciones de los Estados del continente para proteger los derechos humanos ante la crisis climática.La Organización Malalweche presentó un escrito legal (amicus curiae) y su representante dio testimonio en una audiencia pública ante el tribunal internacional para evidenciar que la extracción de hidrocarburos mediante fracking y la minería metalífera que se realiza en sus territorios limita sus capacidades de resiliencia frente a la crisis climática y profundiza la grave situación de escasez hídrica en la zona, poniendo en riesgo su supervivencia.Las comunidades Mapuche de Mendoza también dieron propuestas concretas de acción. Demandaron su inclusión en todos los procesos de consulta y toma de decisiones que afecten sus territorios, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Destacaron la importancia de incorporar su sabiduría tradicional en el desarrollo de políticas públicas para beneficiar a las comunidades indígenas y contribuir a soluciones más efectivas y sostenibles frente a los desafíos ambientales globales.Además, solicitaron la intervención de organismos multilaterales para exigir al Estado argentino garantizar la consulta previa, libre e informada y fortalecer los organismos nacionales encargados de proteger los derechos de los pueblos indígenas. Estas acciones de resistencia, respaldadas por organizaciones que defienden los derechos humanos y el ambiente, buscan garantizar no solo la protección de los territorios ancestrales del pueblo mapuche, sino también su derecho a vivir en paz, con dignidad y en armonía con su entorno natural. Su fin último es asegurar la autodeterminación de los pueblos indígenas, permitiéndoles gestionar sus tierras y recursos según sus cosmovisiones, profundamente conectadas con la conservación.El reconocimiento de los derechos de las comunidades mapuches, que incluye el cese en sus territorios de actividades extractivas como el fracking, es esencial para proteger su cultura, salud y subsistencia. Con su sabiduría ancestral, ofrecen un camino hacia el combate efectivo de la crisis climática, hacia un futuro más justo y sostenible.
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Si algo hemos visto este año en el mundo es el avance de los litigios climáticos y la publicación de nuevas guías y mejores prácticas pensando en las futuras generaciones. Sabemos que la lucha climática muchas veces puede parecer agotadora, pero hoy te invitamos a tomar un respiro y celebrar los avances, las buenas noticias y las victorias que nos acercan a la justicia climática. 1. La emergencia climática llega a la Corte InteramericanaEste año llegó una pregunta muy importante a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH): ¿qué obligaciones tienen los Estados para proteger a las personas, en especial a quienes están en situación de vulnerabilidad, frente a los impactos de la crisis climática?Colombia y Chile solicitaron una opinión consultiva a la Corte para responder esta pregunta. Y, para ello, la Corte llamó a audiencias públicas que tuvo una participación sin precedentes. AIDA participó como expositores y ayudamos con 15 escritos a comunidades, organizaciones y alianzas de la sociedad civil. Esperamos su pronunciamiento en el primer semestre de 2025.Conoce más de las voces del territorio que llegaron a la Corte. 2. El clima, en el fallo histórico por el ambiente sano por la Corte InteramericanaEn marzo, la CorteIDH encontró al Estado peruano culpable de violar los derechos al ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida digna, el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales y a la protección judicial de habitantes de la ciudad de La Oroya, además del derecho a la niñez. Fue una decisión sin precedentes, por no haber actuado oportuna y efectivamente para proteger a las y los habitantes de niveles extremos de contaminación provenientes de un complejo metalúrgico que ha operado en su comunidad por casi 90 años. En el fallo el tribunal resaltó la relación entre la protección de la niñez y las acciones contra la emergencia climática, señalando que proteger a los niños y niñas implica adoptar acciones efectivas para prevenir y mitigar los riesgos a su salud producidos por la emisión de gases contaminantes que contribuyen al cambio climático.Conoce más de los aportes jurídicos. 3. El mayor juicio por impactos climáticos en BrasilEn julio, un ganadero fue condenado a pagar más de 50 millones de dólares por destruir parte de la selva amazónica brasileña, además se le ordenó restaurar la zona afectada. La decisión se considera un hito en la lucha contra la deforestación ilegal en el país y sienta un precedente para futuras acciones legales. Se trata de la mayor demanda presentada hasta la fecha por daños a la selva solicitada por la fiscalía general de Brasil. Fue presentado por el Instituto Brasileño del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y busca compensar el daño al clima causado por la emisión de gases de efecto invernadero por la quema de vegetación y la pérdida de sumideros de carbono, por la tala. La corte destacó la importancia de hacer responsables a los infractores y restaurar el ecosistema de la Amazonía.Conoce más: The Guardian y Climate Case Chart. 4. Victoria histórica para países insulares en el Tribunal Internacional del Derecho del MarLas pequeñas naciones insulares obtuvieron una contundente victoria en el Tribunal Internacional de Derecho del Mar (ITLOS). El fallo, emitido de forma unánime, establece que las 169 naciones firmantes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar tienen la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, al considerarlas contaminación marina. Esta decisión fortalece la lucha de los Estados insulares, que, pese a ser los menos responsables de la crisis climática, enfrentan sus peores consecuencias. El fallo marca un precedente global al subrayar que cumplir con el Acuerdo de París no es suficiente, y exige medidas concretas y rendición de cuentas por parte de las grandes potencias.Conoce más: Grist, EuroNews y Alto Comisionado de Derechos Humanos. 5. Un fallo impulsa la regulación de bonos de carbono en territorios indígenasLa Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo que resalta la importancia de proteger los derechos de las comunidades indígenas en los proyectos de bonos de carbono, en un caso relacionado con el territorio indígena Pirá Paraná. La sentencia, que defiende la autodeterminación de las comunidades, subraya la necesidad de una regulación más clara y con un enfoque que garantice su participación y el respeto en estos proyectos. La decisión fue recibida como un paso positivo tanto por las comunidades indígenas como por los actores del mercado de carbono, quienes consideran que este fallo proporciona mayor seguridad jurídica y fortalece la sostenibilidad de los proyectos de conservación ambiental.Conoce más: La Silla Vacía y Corte Constitucional. 6. México reconoce primeros desplazados climáticos y ordena reubicación En un hecho sin precedentes en México, las primeras familias desplazadas por el cambio climático han sido realojadas en nuevas viviendas en Tabasco. Los habitantes de El Bosque, una comunidad pesquera afectada por la erosión marina, recibieron 51 casas del Gobierno federal, marcando el inicio de un reconocimiento oficial al impacto climático en la región. Tras años de incertidumbre, estas familias, que vieron cómo el mar engullía su hogar, describen su reubicación como “un sueño cumplido”. Aunque queda trabajo por hacer para censar a todos los afectados, este paso representa un avance crucial hacia la justicia climática y la protección de las comunidades vulnerables.Fuentes: Nuestro Futuro, Greenpeace y El País. 7. Un compromiso global para alejarse de los combustibles fósilesLa Asamblea General de la ONU aprobó el Pacto para el Futuro, un acuerdo que reafirma el compromiso de miembros para avanzar en la transición hacia energías renovables. Este pacto, resultado de años de negociación, establece objetivos claros como triplicar la capacidad global de energía renovable y duplicar la eficiencia energética antes de 2030. Además, se compromete a un “desmantelamiento justo” de los combustibles fósiles, reconociendo la necesidad de un cambio global hacia un sistema energético más limpio y sostenible. Aunque aún queda por ver cómo se implementarán estos objetivos, el acuerdo marca un avance significativo para reducir el uso de combustible fósiles.Conoce más: Pacto por el Futuro y EuroNews. 8. Corea del Sur reconoce la crisis climática una cuestión constitucional En una sentencia histórica, el Tribunal Constitucional de Corea declaró inconstitucionales algunas partes de la Ley de Neutralidad de Carbono debido a que la norma no establece objetivos de reducción de gases de efecto invernadero más allá de 2030, trasladando así el peso de la acción climática a las generaciones futuras. Se trata de un avance significativo para el litigio climático a nivel mundial porque es la primera vez que la crisis climática es reconocida como una cuestión de derechos constitucionales en el país y que se reconocen los derechos de las generaciones futuras.Conoce más en la Plataforma de Litigio Climático. 9. ONU lanza principios para priorizar la justicia en la transición energética El Panel de las Naciones Unidas sobre Minerales Críticos para la Transición Energética emitió recomendaciones clave para garantizar una gestión justa, equitativa y sostenible de estos minerales esenciales para la transición hacia energías renovables. En su informe, subraya la importancia de priorizar los derechos humanos y la justicia social, especialmente en regiones como América Latina, donde se encuentran grandes reservas de estos minerales. La propuesta incluye siete principios rectores, que abarcan desde la protección ambiental hasta la cooperación internacional, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible y la equidad en los países en desarrollo.Conoce más: AIDA y Principios de la ONU. 10. La crisis climática llega a la Corte Internacional Cerramos el año con audiencias en la Corte Internacional acerca de las obligaciones legales de los gobiernos para proteger el ambiente y frenar el cambio climático. Impulsado por un grupo de estudiantes de derecho de Vanuatu, este caso podría establecer precedentes legales clave para la acción global contra el cambio climático. Se espera que la CIJ emita una opinión consultiva en 2025, la cual podría fortalecer la cooperación internacional y la asistencia a países vulnerables, promoviendo un enfoque más efectivo para enfrentar los desafíos climáticos y proteger los derechos humanos.Fuente: The Conversation. BONUS: La Plataforma de Litigio Climático sigue creciendo Con tantos avances en el mundo que pueden servir de inspiración y ejemplo, la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe sigue creciendo en información, integrantes y buscando más casos. Este proyecto, fruto de trabajo colaborativo de organizaciones y especialistas, es un esfuerzo para seguir impulsando el litigio climático y apoyar a quien lo necesite conocer más y trabajar por la justicia ambiental.
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Los conocimientos, experiencias y vivencias que vienen de los territorios, de pueblos y comunidades, son una vía importante para afrontar las crisis mundiales de clima, contaminación y pérdida de biodiversidad.En 2024, gracias a la construcción de puentes entre comunidades afectadas por degradación ambiental y espacios de decisión de alto nivel, en AIDA contribuimos al establecimiento de precedentes clave para la protección del ambiente sano en América Latina y el Caribe.Son logros que demuestran que las victorias para el ambiente y los derechos humanos en el continente pasan por incluir la voz de quienes cuidan de la naturaleza y viven en equilibrio con ella. 1. Fallo de la Corte Interamericana sienta precedente histórico para lograr justicia ante la contaminación industrialEl pasado 22 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso de residentes de la ciudad peruana de La Oroya, afectados por niveles extremos de contaminación provenientes de un complejo metalúrgico. Responsabilizó al Estado por violar sus derechos y le ordenó adoptar de medidas de reparación integral. La sentencia es la respuesta a más de 20 años de búsqueda de justicia y reparación, además de ser, hoy en día, el precedente más importante a nivel regional y mundial para la fiscalización de las actividades empresariales por parte de los Estados en materia de derechos humanos y ambiente. AIDA apoyó el caso desde 1997 y representó a las víctimas ante la corte. El resultado refleja nuestra historia de esfuerzos por garantizar el derecho a un ambiente sano en América Latina.Conoce Más 2. Voces del continente llegan a tribunal internacional para fortalecer la acción climáticaEn un hecho histórico y emblemático, comunidades, organizaciones y alianzas de la sociedad civil del continente llevaron sus voces al proceso de elaboración del pronunciamiento en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aclarará por primera vez las obligaciones de los Estados del continente para proteger a las personas ante la crisis climática. AIDA apoyó la inclusión de estas voces mediante la presentación de 15 escritos legales (amicus curiae) al tribunal internacional y los testiomios de representantes de comunidades en audiencias públicas. Presentamos además un escrito propio para evidenciar la existencia del derecho al “clima estable y seguro” como parte del derecho universal a un ambiente sano, así como las obligaciones de los gobiernos para garantizarlo.Conoce Más 3. El Fondo Verde del Clima cancela financiamiento a proyecto tras evidenciarse violaciones a derechos humanosEn un hecho sin precedentes, el Fordo Verde del Clima —principal entidad multilateral de financiamiento climático a nivel mundial— cenceló el desembolso de 64 millones de dólares para un proyecto forestal tras evidenciarse vulneraciones a derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. La decisión resultó de una queja, apoyada por AIDA y por organizaciones aliadas, que las comunidades presentaron al Mecanismo Independiente de Reparación del Fondo Verde, instancia que inició una investigación y concluyó que el proyecto incumplía las políticas y procesos de la entidad en materia de salvaguardas socioambientales. La propuesta con la que se pidió el financiamiento ignoró el contexto de violencia y desprotección de derechos humanos que aún hoy sufren las comunidades indígenas en Nicaragua. Conoce Más 4. Alto tribunal de Colombia reafirma el derecho a la consulta previa, libre e informadaComo respuesta a dos acciones legales respaldadas por AIDA, la Corte Constitucional de Colombia, tras constatar la afectación directa al territorio de la comunidad afrodescendiente Afrowilches, determinó la violación de su derecho a la consulta previa, libre e informada en el trámite de autorización ambiental de dos proyectos piloto para extraer hidrocarburos no convencionales mediante fracking. Se trata de un hito regional en el que el alto tribunal reconoció que los procesos y regulaciones referentes a la transición energética deben ser justos y garantizar los derechos de las comunidades que puedan verse afectadas.Conoce Más 5. CIDH escucha de los impactos a derechos humanos de la minería para la transición energéticaEn audiencia pública, junto con comunidades y organizaciones aliadas, AIDA llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evidencia de las violaciones a derechos humanos asociadas a la extracción de litio, cobre y otros minerales empleados para la transición energética. Estas afectaciones ya están ocurriendo en territorios altamente biodiversos y vulnerables a las presiones de la minería, como el Gran Atacama —región ubicada en la Puna transfronteriza de Argentina, Bolivia y Chile— y la Amazonía. En la audiencia, solicitamos que la CIDH exhorte a los gobiernos del continente a la adopción de acciones concretas para proteger los derechos humanos en los procesos de transición energética.Conoce Más 6. Sociedad civil allana el camino para la ratificación del Tratado de Alta MarEl equipo de AIDA se unió a representantes de gobiernos de América Latina y personas expertas en una serie de reuniones informativas para esclarecer dudas acerca del Tratado de Alta Mar —orientado a proteger la vida en la zona del océano situada más allá de las aguas nacionales— y resaltar la importancia de su ratificación, además transferir conocimientos y experiencias entre países. Se abordaron temas como el mecanismo de reparto equitativo de beneficios, el fortalecimiento de capacidades y el papel de la sociedad civil en la implementación del tratado, con énfasis en las realidades de cada nación. Con este antecedente, en octubre, Panamá ratificó el acuerdo. Para que entre en vigor, el tratado debe ser ratificado por 60 países.Conoce MásEn nuestro Informe Anual 2024 encontrarás más información de estos logros y nuestro balance del año.
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