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John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
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Nuestras organizaciones aspiran a un mundo en el que las personas prosperen en un ambiente seguro y sano, y donde los derechos humanos se antepongan a los beneficios de las empresas. Para conseguirlo, tenemos que enfrentarnos a la crisis climática unidas en el movimiento más potente y diverso jamás formado. Sólo juntas podremos hacer que los líderes y las lideresas mundiales se tomen en serio esta emergencia. Las personas y sus derechos fundamentales deben ocupar un lugar fundamental en las soluciones reales al deterioro climático. Ésta es una invitación para que todas las personas que valoran la dignidad y el bienestar humanos apoyen con todas sus fuerzas el llamamiento en favor de una justicia climática global. Y para que quienes trabajan para proteger nuestro planeta centren sus esfuerzos en las comunidades, en especial en aquéllas donde habitan las personas más afectadas por la crisis climática y menos responsables de ella. La comunidad de derechos humanos puede aportar energía, conocimientos y bases de apoyo clave a la lucha por la justicia climática. La fuerza de un movimiento colectivo para resolver la crisis climática debe estar a la altura de la gravedad del problema. Nuestras organizaciones se están agrupando para que sea así, y estamos pidiendo a la comunidad ambientalista y a la de los derechos humanos que se unan a nosotras. Para superar este reto, las personas deberemos tener más conexión y estar más comprometidas que nunca con nuestro planeta. Es una cuestión de supervivencia. El crecimiento sin control de las emisiones de dióxido de carbono ha desencadenado peligrosos cambios desestabilizadores sin precedentes en nuestro clima. La dejadez de empresas y gobiernos ya ha expuesto a millones de personas a catástrofes meteorológicas cada vez más extremas. Debemos dar marcha atrás ya: se está acabando el tiempo para poder hacerlo. No nos engañemos. Los efectos del cambio climático ya menoscaban nuestros derechos a la salud, la alimentación, el agua, la vivienda, el trabajo e incluso a la propia vida. Y son aún más graves para las personas que ya están en situaciones vulnerables en lugares golpeados por la dureza del clima, la pobreza o la opresión. Nuestras sociedades no pueden seguir así. Las personas necesitan tener acceso a la justicia, los gobiernos deben trabajar para ellas y las empresas deben rendir cuentas de sus actos. Es hora de actuar. Por todas partes hay señales de una voluntad común de hacerlo. Las calles se llenan de estudiantes que piden un futuro seguro. Los pueblos indígenas alzan la voz en defensa de la tierra, el agua y los derechos de sus comunidades. Los trabajadores y trabajadoras exigen puestos de trabajo seguros y bien pagados en industrias mejores y más limpias. Quienes luchan en favor de los derechos de las mujeres aportan muchas soluciones feministas. Líderes religiosos nos piden que protejamos las comunidades y la naturaleza. La comunidad científica se reúne y comparte hallazgos para sacarnos de la crisis. Sabemos cuál es el reto, y las respuestas están ahí. Ya existen soluciones, como utilizar fuentes de energía renovables, respetar los derechos fundamentales y la sabiduría tradicional, y centrarnos realmente en las necesidades de las personas por encima de la avaricia de las empresas. Todas nuestras organizaciones se ocupan ya del cambio climático, algunas más explícitamente que otras. Pero es el momento de vincular nuestras causas y unir fuerzas. Se nos viene encima una situación de emergencia climática y debemos actuar ya. Defensores y defensoras de los derechos ambientales, pueblos indígenas y activistas locales llevan desde hace tiempo jugándoselo todo para combatir la degradación ambiental. A su lucha se unen ahora movimientos de masas cada vez más grandes, como las huelgas de estudiantes por el clima, el movimiento Rebelión contra la Extinción y activistas que piden un Nuevo Pacto Verde. En esta nueva era de activismo climático, la comunidad de derechos humanos no puede mantenerse al margen. Es más urgente que nunca que demos un paso adelante trabajando en colaboración para proteger a las comunidades y los individuos que están en la primera línea de la lucha contra el cambio climático. Por ese motivo, 150 activistas, líderes y lideresas no gubernamentales de diferentes comunidades se reunirán el 18 y el 19 de septiembre en la Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana. Nuestras organizaciones estarán allí junto con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para apoyar a las personas que exigen a sus gobiernos que emprendan de inmediato una ambiciosa acción climática para proteger a las comunidades. Creemos en aprovechar todo el potencial de un movimiento diverso para salvaguardar a las generaciones actuales y futuras. Un movimiento unido para exigir justicia climática. Firmantes: Astrid Puentes, Codirectora Ejecutiva, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Bridget Burns, Directora, Women’s Environment and Development Organization Carroll Muffett, Presidente y Director General, Center for International Environmental Law Chris Grove, Director Ejecutivo, ESCR-Net Ellen Dorsey, Directora Ejecutiva, Wallace Global Fund Gillian Caldwell, Directora Ejecutiva, Global Witness Iago Hairon Souza, Coordinador, Engajamundo Jennifer Morgan, Directora Ejecutiva Internacional, Greenpeace International Kumi Naidoo, Secretario General, Amnistía Internacional May Boeve, Directora Ejecutiva, 350.org Phil Bloomer, Director Ejecutivo, Business & Human Rights Resource Centre Philip Alston, Presidente del Center for Human Rights and Global Justice, New York University Sharan Burrow, Secretaria General, Confederación Sindical Internacional Sofia Monsalve, Secretaria General, FIAN International Steve Trent, Director Ejecutivo, Environmental Justice Foundation Thalita Silva e Silva, Coordinadora, Engajamundo
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La comunidad de derechos humanos puede aportar energía, conocimientos y bases de apoyo clave a la lucha por la justicia climática. La fuerza de un movimiento colectivo para resolver la crisis climática debe estar a la altura de la gravedad del problema. Nuestras organizaciones se están agrupando para que sea así, y estamos pidiendo a la comunidad ambientalista y a la de los derechos humanos que se unan a nosotras. Para superar este reto, las personas deberemos tener más conexión y estar más comprometidas que nunca con nuestro planeta. Es una cuestión de supervivencia. El crecimiento sin control de las emisiones de dióxido de carbono ha desencadenado peligrosos cambios desestabilizadores sin precedentes en nuestro clima. La dejadez de empresas y gobiernos ya ha expuesto a millones de personas a catástrofes meteorológicas cada vez más extremas. Debemos dar marcha atrás ya: se está acabando el tiempo para poder hacerlo. No nos engañemos. Los efectos del cambio climático ya menoscaban nuestros derechos a la salud, la alimentación, el agua, la vivienda, el trabajo e incluso a la propia vida. Y son aún más graves para las personas que ya están en situaciones vulnerables en lugares golpeados por la dureza del clima, la pobreza o la opresión. Nuestras sociedades no pueden seguir así. Las personas necesitan tener acceso a la justicia, los gobiernos deben trabajar para ellas y las empresas deben rendir cuentas de sus actos. Es hora de actuar. Por todas partes hay señales de una voluntad común de hacerlo. Las calles se llenan de estudiantes que piden un futuro seguro. Los pueblos indígenas alzan la voz en defensa de la tierra, el agua y los derechos de sus comunidades. Los trabajadores y trabajadoras exigen puestos de trabajo seguros y bien pagados en industrias mejores y más limpias. Quienes luchan en favor de los derechos de las mujeres aportan muchas soluciones feministas. Líderes religiosos nos piden que protejamos las comunidades y la naturaleza. La comunidad científica se reúne y comparte hallazgos para sacarnos de la crisis. Sabemos cuál es el reto, y las respuestas están ahí. Ya existen soluciones, como utilizar fuentes de energía renovables, respetar los derechos fundamentales y la sabiduría tradicional, y centrarnos realmente en las necesidades de las personas por encima de la avaricia de las empresas. Todas nuestras organizaciones se ocupan ya del cambio climático, algunas más explícitamente que otras. Pero es el momento de vincular nuestras causas y unir fuerzas. Se nos viene encima una situación de emergencia climática y debemos actuar ya. Defensores y defensoras de los derechos ambientales, pueblos indígenas y activistas locales llevan desde hace tiempo jugándoselo todo para combatir la degradación ambiental. A su lucha se unen ahora movimientos de masas cada vez más grandes, como las huelgas de estudiantes por el clima, el movimiento Rebelión contra la Extinción y activistas que piden un Nuevo Pacto Verde. En esta nueva era de activismo climático, la comunidad de derechos humanos no puede mantenerse al margen. Es más urgente que nunca que demos un paso adelante trabajando en colaboración para proteger a las comunidades y los individuos que están en la primera línea de la lucha contra el cambio climático. Por ese motivo, 150 activistas, líderes y lideresas no gubernamentales de diferentes comunidades se reunirán el 18 y el 19 de septiembre en la Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana. Nuestras organizaciones estarán allí junto con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para apoyar a las personas que exigen a sus gobiernos que emprendan de inmediato una ambiciosa acción climática para proteger a las comunidades. 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Ante crisis ambiental y de salud humana en Peru: Urge conformación de Comisión Multisectorial y aprobación de Plan Nacional
Lima, Peru—Las actividades de petróleo y minería tienen décadas en el Perú y han provocado contaminación ambiental y afectación a la salud de miles de peruanos y peruanas. Sin embargo, aún no se cuenta con políticas sectoriales de prevención y atención integral de salud ambiental y humana, menos intervenciones integrales con presupuesto que atiendan la problemática de las personas expuestas a metales pesados, metaloides, petróleo, entre otras substancias químicas. En noviembre de 2018 el MINSA aprobó el “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas”, este es un avance, pero resultó insuficiente para abarcar la problemática integral que afecta a nuestras poblaciones. Sin embargo, los afectados y afectadas no pueden seguir esperando más tiempo. Por ello, exigimos al Estado acciones inmediatas para atender nuestra problemática, que promocionen salud ambiental y humana; atención primaria que evite mayor exposición a la contaminación; atención secundaria para acceder a servicios de salud preventivos y especializados de autocuidado y dosajes; y atención terciaria acceso a tratamientos y medicinas. Frente ello, es urgente: Que el Estado peruano elabore, de manera participativa, e implemente un Plan Nacional de Salud Ambiental Integral de atención especializada en metales pesados y otras sustancias tóxicas, con participación de las poblaciones afectadas, con enfoque intercultural y con presupuesto exclusivo y descentralizado, que asegure las atenciones articulando funciones e iniciativas de los diversos sectores. Que se constituya inmediatamente la Comisión Multisectorial exclusiva para este objeto, presidido por la Presidencia del Consejo de Ministros, y conformado por Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, supervisión de la Defensoría del Pueblo y con participación de los gobiernos regionales involucrados. Esta Comisión debe aprobar, coordinar y monitorear el Plan Nacional de Salud Ambiental Integral de atención especializada; elabore un mapa de riesgo de exposición a contaminación que identifique, monitoree y oriente la intervención multisectorial sobre las poblaciones expuestas, sitios contaminados/impactados, pasivos ambientales; y definir medidas inmediatas para la atención de personas con mayores niveles de afectación. Exigimos que el Estado solucione las graves afectaciones ambientales y humanas causadas por la explotación irresponsable de los recursos en nuestros territorios y que asuma su rol de garante de derechos a la vida, territorio, ambiente sano y la dignidad de nuestros pueblos; exigimos también que las empresas cumplan con los estándares internacionales e implementen los mecanismos de reparación y remediación para las zonas de mayor impacto ambiental que generan tanto daño a la salud de niños, niñas, mujeres y hombres del Perú. Ver las organizaciones firmantes
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