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John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
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Este texto, que busca contribuir al debate sobre el fracking en Colombia, es labor de un grupo de personas expertas en diferentes materias relacionadas con el tema: ingenierías de petróleos, química y civil; geología, economía, derecho y movimientos sociales. Este grupo propone temas útiles e ilustrativos para estimular las discusiones públicas. Para ello, se trabajan cuatro aspectos, en los capítulos correspondientes: Un contexto sobre el papel del fracking en un escenario de cambio climático, la definición de la técnica y sus antecedentes en el mundo y en Colombia. La descripción del principio de precaución y de algunos derechos que podrían estar en riesgo con la aprobación del fracking en Colombia. En este mismo capítulo, se exponen algunos daños graves originados en la técnica, sobre el ambiente y, muy especialmente, sobre el derecho al agua. También se discute cómo la aprobación del fracking podría profundizar conflictos socioambientales y, en consecuencia, ir en contravía de la construcción de paz en el país. El tercer capítulo analiza el comportamiento económico de los hidrocarburos y las políticas que, orientadas a ofrecer múltiples beneficios a empresas privadas, han intentado estimularlo. Expone además la manera en que, apostar por la explotación de hidrocarburos no convencionales, podría tener afectaciones en la economía colombiana, dada la inestabilidad en los precios internacionales del petróleo y la enfermedad holandesa, que impactaría sectores productivos como la agricultura y la industria. El sector hidrocarburos cuenta con numerosos beneficios tributarios y genera, en comparación con otros sectores económicos como la agricultura o la industria, muchos menos empleos. En la última parte, se concluye que, para proteger las verdaderas vocaciones naturales, culturales y económicas del país, basadas en su gran diversidad y en concordancia con los compromisos jurídicos y políticos constitucionales e internacionales de ambiente y derechos humanos, Colombia necesita prohíbir el fracking. En cambio, propone trazar cuanto antes un camino hacia la transición a energías limpias y justas y así aprovechar su gran potencial en esta materia. Esta transición energética debe darse en el marco de estándares ambientales y sociales que minimicen los impactos en los ecosistemas, las comunidades, las personas defensoras de derechos humanos y las personas trabajadoras con el fin de generar energía y, simultáneamente, beneficios en términos ambientales, de salud pública y de generación de empleo. Descarga el informe
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Con la nueva presidencia, el Estado brasileño ha iniciado un desafortunado periodo de cambios —a su legislación, su estructura, su política exterior y sus políticas públicas— que amenazan con hacer que Brasil retroceda décadas en asuntos climáticos, ambientales y de derechos humanos. En los primeros meses de la nueva administración hubo varias modificaciones extremadamente cuestionables porque apuntan al debilitamiento de las garantías para los derechos indígenas y ambientales. Entre esas reformas, destacan las siguientes: La transferencia al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de las funciones más importantes del Ministerio de Medio Ambiente. La precarización de entidades gubernamentales responsables de fiscalizar casos de crímenes ambientales. La transferencia de la competencia para la demarcación de tierras indígenas de la Fundación Nacional del Indio a manos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento. La suspensión de contratos firmados entre entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil. El debilitamiento del proceso para otorgar permisos ambientales. La amenaza constante de retirar a Brasil de acuerdos internacionales sobre la protección del ambiente y de los pueblos indígenas, incluida la reciente de retirar al país de la Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos cambios parecen ser solo el comienzo pues el panorama podría agravarse. Hace poco, en uno de los mayores eventos sobre minería a nivel mundial (la convención de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá), el Ministro de Minas y Energía anunció que buscará la autorización de actividades mineras en territorios indígenas y zonas fronterizas. Afirmó que los pueblos indígenas no tendrán autonomía para impedir la instalación de minas en sus tierras. El anuncio da a entender que la prioridad del Estado estará en promover un desarrollo irresponsable y no en garantizar los derechos humanos. La amenaza de la minería a tierras indígenas El año pasado, con la aprobación del Decreto 9.406, se establecieron cambios importantes y flexibilizaciones para las actividades mineras, entre ellas prórrogas sucesivas para los permisos y la consideración de que los fundamentos para la minería son el interés nacional y la utilidad pública. En sí misma, la minería es una actividad que implica grandes daños ambientales porque rompe con el equilibrio natural de los ecosistemas. No puede ser pensada como una forma de desarrollo sostenible, sino como una actividad de muy alto riesgo que genera destrucción y contaminación. Más aún cuando Brasil no ha sido capaz de regular la minería en términos de seguridad mínima. Basta recordar el rompimiento, en menos de cuatro años, de dos presas de desechos mineros en el estado de Minas Gerais. El primer caso es considerado la mayor tragedia ambiental de la historia del país, y el segundo resultó en 197 muertes y 111 personas desaparecidas. Si para el gobierno la necesidad de la minería es innegable, también lo es la necesidad de un control estricto, del uso de las técnicas más seguras, y de una evaluación nacional seria sobre la viabilidad de cada mina. Ante los graves daños ambientales asociados a la minería, su implementación en tierras indígenas implica trasladar esos daños a una población minoritaria y vulnerable que depende directamente de la salud del ambiente para su sobrevivencia física y cultural. Las comunidades indígenas tienen el derecho constitucional a ser escuchadas ante proyectos que puedan afectarles. Algunas comunidades han creado protocolos sobre la forma en que quieren ser consultadas. Construir una mina contra la voluntad de una comunidad es violar sus derechos a la vida, a la autodeterminación, a la autonomía, al mantenimiento de su cultura, a no ser desplazados forzadamente, a beneficiarse de sus territorios originarios y al ambiente sano, entre muchos otros. Con sus declaraciones, el Ministro de Minas y Energía muestra una falta total de compromiso con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución brasileña y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Revela su intención de apaciguar a los inversores, principalmente a la empresa canadiense detrás del proyecto minero Belo Sun, el cual busca instalar en las tierras indígenas ya afectadas por la construcción de la represa Belo Monte. En defensa de los pueblos indígenas La minería en tierras indígenas no es un tema regulado de forma adecuada y suficiente en Brasil, siendo necesaria una ley aprobada por el Congreso Nacional que respete los derechos fundamentales de las comunidades indígenas. El Congreso debe aprobar una ley que represente la protección de tierras indígenas y que incluya a las comunidades en el proceso. Ante los retrocesos planteados por el gobierno actual, la resistencia de las comunidades indígenas y de quienes las apoyan, se ha fortalecido. Organizaciones de la sociedad civil como AIDA están comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la protección de los territorios indígenas y con la rendición de cuentas de gobiernos y empresas cuando sea necesario.
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Com o novo mandato presidencial, o Estado brasileiro está no início de uma infeliz jornada de mudanças — na sua legislação, na sua estrutura, na sua política externa e nas suas políticas públicas— que ameaçam retroceder o Brasil em décadas nos assuntos de mudança climática, meio ambiente e direitos humanos. Nos primeiros meses da nova administração houve diversas modificações extremamente questionáveis visto que levam ao enfraquecimento da garantia dos direitos humanos indígenas e ambientais. Entre essas mudanças, destacam-se: A transferência das funções mais importantes do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A precarização de órgãos governamentais responsáveis pela fiscalização de crimes ambientais. A transferência da competência para demarcação de terras indígenas da Fundação Nacional do Índio para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A suspensão dos contratos celebrados entre organizações estatais e entidades da sociedade civil. A fragilização do licenciamento ambiental. A constante ameaça de retirar o Brasil de acordos internacionais sobre proteção indígena e ambiental, incluindo a recente ameaça de se retirar da Convenção 169 da OIT Essas alterações são apenas o começo pois o panorama pode piorar. Recentemente, em um dos maiores eventos sobre mineração do mundo (o Prospectors and Developers Association of Canada), o Ministro de Minas e Energia anunciou que buscará a autorização para realizar mineração em territórios indígenas e em faixas de fronteiras. Acrescentando que os povos indígenas não terão autonomia para vetar a instalação das minas em suas terras. O anúncio esclarece que a prioridade do Estado brasileiro está em promover um desenvolvimento irresponsável, e não em garantir os direitos humanos. A AMEAÇA DE MINERAÇÃO EM TERRAS INDÍGENAS Ano passado, com a aprovação do Decreto nº 9.406, se estabeleceram mudanças importantes e flexibilizações para as atividades de mineração, entre elas a previsão expressa do interesse nacional e utilidade pública como fundamentos da atividade mineral; e a possibilidade de prorrogações sucessivas do alvará na hipótese de falta de acesso, bem como na falta de assentimento ou licença do órgão ambiental. A mineração é por si só uma atividade de imenso impacto ambiental que rompe o equilíbrio de biomas e ecossistemas. Não pode ser pensada como forma de desenvolvimento sustentável, mas sim como uma atividade humana de altíssimo risco que gera destruição e poluição. Principalmente, quando o Brasil demonstra ter dificuldade em regular a mineração de forma minimamente segura. Basta lembrar dos dois grandes rompimentos de barragens, nos últimos quatro anos no estado de Minas Gerais. O primeiro deles sendo a maior tragédia ambiental da história do país, destruindo rios, biodiversidade, e o segundo resultando em 197 mortos e 111 desaparecidos. Se para o governo a necessidade da mineração é inegável, também é inegável a necessidade de um controle rígido, da utilização das técnicas mais seguras, e de uma avaliação nacional séria de viabilidade individual de cada mina. Com todos esses graves impactos ao meio ambiente, o desenvolvimento da mineração em terras indígenas vai alocar os prejuízos ambientais à uma minoria que depende diretamente da saúde do meio ambiente para sua sobrevivência física e cultural. As comunidades indígenas têm o direito constitucional a serem ouvidas diante de projetos que possam afetá-las. Algumas comunidades já criaram protocolos que determinam de que forma querem ser consultadas. Construir uma mina contra a vontade de uma comunidade indígena é violar seus direitos à vida; à autodeterminação; à autonomia; à manutenção de sua cultura; à não serem deslocados contra sua vontade; ao usufruto de seus territórios originais; ao meio ambiente sadio, entre diversos outros. Com suas declarações o Ministro mostra uma total falta de comprometimento com os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição brasileira e com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Revela a intenção de apaziguar investidores, principalmente, a respeito do projeto de Belo Sun (mineradora canadense) em processo de licenciamento para se estabelecer em Terras Indígenas já vulneráveis pela construção da Usina Hidroelétrica Belo Monte. EM DEFESA DOS POVOS INDÍGENAS A mineração em terras indígenas não é um tema regulado de forma adequada e suficiente no Brasil, sendo necessária a aprovação de lei pelo Congresso Nacional que respeite os direitos fundamentais das comunidades indígenas. O Congresso deve aprovar uma lei que garanta a proteção constitucional das terras indígenas e que inclua as comunidades em sua elaboração. Diante de tantos retrocessos pelo atual governo, a resistência das comunidades indígenas e de quem as apoia, tem se fortalecido. Organizações da sociedade civil, como a AIDA, estão comprometidas com a defesa dos direitos humanos, a proteção de territórios indígenas, e com a responsabilização de governos e empresas quando necessário.
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