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John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
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Prezado Dom Erwin, Através da presente, nós da Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA) gostaríamos de expressar nosso mais profundo agradecimento e admiração pelo trabalho que diariamente realiza em defesa dos direitos humanos vinculados a proteção do meio ambiente na América Latina, especialmente com as comunidades indígenas da Bacia do Rio Xingu e todos aqueles afetados pela construção da Usina de Belo Monte. Na AIDA trabalhamos para defender o bem-estar de comunidades em situação de vulnerabilidade e expostas à grave degradação ambiental proveniente em particular de indústrias extrativistas e de infraestrutura. A partir de nosso trabalho ante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), representando as comunidades indígenas da Bacia do Xingu afetadas pela construção da Usina de Belo Monte em conjunto com os parceiros do Movimento Xingu Vivo para Sempre, CIMI, Justiça Global, SDDH, entre outras organizações, tivemos a oportunidade de nos reunirmos com o senhor e conhecer seu trabalho comprometido com o bem- estar dos habitantes da Bacia do Xingu. À ocasião da apresentação da Carta Encíclica Laudato Si’ del Santo Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum, desde AIDA gostaríamos de lhe agradecer por ter contribuído com seu trabalho constante, dedicação e coragem pela defesa do ambiente e da população em situação de vulnerabilidade, neste longo processo para que a Encíclica se tornasse uma realidade. Consideramos que a Encíclica é um momento histórico que renova e dá um grande impulso ao nosso trabalho e para a necessidade de transformações substanciais no planeta. Ademais, agradecemos a menção ao trabalho das organizações, assim como seu incansável afã por defender as comunidades indígenas e todos aqueles afetados pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. A AIDA, em conjunto com nossos parceiros do Brasil, continuará trabalhando em defesa dos atingidos. Sem nada mais pelo momento, nos colocamos a sua disposição para continuar trabalhando conjuntamente na defesa das pessoas e do meio ambiente. Vozes como a do Senhor são imprescindíveis para nossa região. Siga em frente, Dom Erwin.
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Por Florencia Ortúzar, abogada de AIDA, y Karol Rodríguez, pasante de AIDA La minería implica un problema grave: la producción de desechos generados por la extracción de mineral. Éstos son acumulados en “relaves mineros”, un conjunto de desechos tóxicos con alto potencial de dañar el ambiente. En Chile ya no quedan espacios en tierra para depositar estos desperdicios y ahora las empresas mineras apuntan a dejarlos en el fondo del mar. La historia nos ha enseñado, a duros golpes, que estos desechos pueden tener efectos nefastos en las comunidades cercanas a los lugares donde son depositados. Por ello su manejo responsable es clave en la minería si queremos un desarrollo económico que traiga más beneficios que problemas. En Chile, los desastres causados por la mala disposición de relaves mineros son cuantiosos. Las empresas mineras se están quedando sin lugares para deshacerse de estos peligrosos subproductos. Nadie los quiere cerca ni lejos de su hogar o comunidad. Depositarlos en zonas alejadas o en zonas áridas con poca biodiversidad no es garantía, porque fenómenos naturales como la lluvia o los aluviones arrastran los contaminantes hasta las comunidades. En ese contexto, a las empresas mineras en Chile se les ocurrió una idea “brillante”: depositar los relaves mineros en el mar, a través de un ducto que llevaría toneladas de residuos a una especie de valle en el fondo marino. El océano: Misteriosa y delicada cuna de vida El océano es uno de los grandes misterios del planeta. De hecho, 95% del fondo marino no ha sido mapeado, lo que significa que conocemos apenas un 5% de él. Podemos decir que hoy se conoce más sobre la superficie lunar que de las profundidades oceánicas. Más aún, los océanos son los ecosistemas más complejos del planeta. Las variables involucradas en su salud y dinámica son infinitas. Por todo lo anterior, es imposible predecir el comportamiento que tendrían los desechos mineros una vez depositados en el fondo del mar. Esta incertidumbre es razón suficiente para aplicar el tan importante Principio Precautorio, clave para prevenir la degradación de la naturaleza por actividades económicas humanas. No sabemos cómo los desechos podrían afectar al tan complejo ecosistema marino, a sus especies y a nosotros, quienes nos nutrimos de la pesca. ¿Cómo podríamos entonces dormir tranquilos mientras un ducto deja caer residuos contaminantes y ciertamente peligrosos? Los efectos del daño ambiental podrían serían amplios e incontrolables, pues una vez que los desechos son liberados en el fondo marino, no hay vuelta atrás. Un taller internacional para discutir la idea Para saber más de esta preocupante iniciativa, dos renombrados ambientalistas chilenos —Juan Pablo Orrego, presidente de Ecosistemas, y Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram— asistieron en junio a un taller internacional realizado en Lima, en el cual se discutió la viabilidad de depositar relaves mineros en el mar. El taller fue organizado por el Grupo Conjunto de Expertos Sobre los Aspectos Científicos de la Protección Ambiental Marina y la Organización Marítima Internacional. Consulta aquí el artículo que Orrego escribió sobre el tema. En el taller se conoció que la idea de llevar desperdicios mineros al mar no es nueva. Es algo que ya ocurre en Canadá, Turquía, Papúa Nueva Guinea y en algunos países africanos como Togo. El Gobierno noruego autorizó hace poco el uso de un fiordo (estrecha entrada de mar) prístino como depósito para los relaves de una mina de rutilo. En el taller, un funcionario del Gobierno de Noruega argumentó la decisión señalando que “el beneficio social de la mina es superior a la destrucción del fiordo”. ¿Según quién? Los partidarios de la propuesta consideran que tirar relaves al mar no conlleva necesariamente un peligro. Afirman que los riesgos son mínimos porque, al no haber oxígeno en el fondo del mar, no se produce el efecto químico que hace que los relaves contaminen cuando están en la superficie. En este sentido, Leonel Sierralta J., ex funcionario del Ministerio de Medio Ambiente de Chile y actual Director Científico de Iniciativas Sustentables para la Minería, escribió una carta abierta en respuesta al artículo de Orrego. En ella expresa que aunque ha habido casos desastrosos de depósitos mineros al mar, también existen casos en los que la iniciativa se ha llevado a cabo en países desarrollados siguiendo criterios ambientales exigentes y basados en la ciencia. Esos argumentos no convencen a quienes se oponen a la propuesta. Es el caso de los cinco senadores chilenos que presentaron un proyecto de ley para prohibir la descarga de relaves en el mar. Una alternativa: Neutralizar el peligro Orrego propone regular la minería de forma más severa, exigiendo que antes de depositar los relaves, las empresas mineras extraigan de ellos todos los metales pesados y neutralicen sus químicos. De ese modo sería factible depositar relaves prácticamente inertes en lugares apropiados, tales como antiguos piques mineros (perforaciones verticales profundas). Las empresas tendrían incluso una oportunidad de negocio al extraer y reciclar los elementos peligrosos. La neutralización de los relaves es una alternativa adecuada para no seguir degradando el ambiente. La propuesta es sensata. Es razonable que las actividades económicas riesgosas para el ambiente continúen sólo en la medida en que puedan neutralizar sus impactos. Si generamos más desechos de los que podemos tratar es porque no estamos actuando sosteniblemente, lo que significa, que no estamos asegurando la conservación de un planeta sano para nuestra descendencia. Por ello en AIDA trabajamos a diario para preservar la salud de los ecosistemas frente a la contaminación de actividades como la minería.
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La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), como organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos y el ambiente, manifestamos nuestra profunda preocupación ante los hechos de violencia que se vienen suscitando en la ciudad de La Oroya, departamento de Junín. De acuerdo con información de conocimiento público, desde las primeras horas de ayer martes 11 de agosto el paro organizado por los trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya propiedad de la empresa Doe Run Perú S.A. conllevó el bloqueo de la Carretera Central, lo que ha producido enfrentamientos entre los manifestantes y efectivos de la Policía Nacional del Perú. Lo anterior, ha traído como consecuencia el fallecimiento de una persona, el señor Edwar Soto de la Cruz (41) y alrededor de 67 personas heridas, entre ellas, cuatro heridas de bala e identificadas por el propio Ministerio Público como Yimer Bazán Daza (18), Willian Ronald Barja Lara (40), Alan Colca Cotera (23) y Vidal Barzola Vila (52), las mismas que no pueden ser debidamente atendidas, ya que el hospital de ESSALUD de La Oroya ha colapsado por no contar con suficiente personal médico para atender la emergencia. En vista de dicha situación manifestamos que: El derecho a la protesta social es un derecho legítimo que tiene todo ciudadano para ejercer un justo reclamo ante el Estado, no obstante, éste debe de ser ejercido de forma pacífica. El Estado peruano debe garantizar el pleno respeto a la vida e integridad de la población de conformidad con la Constitución Política y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido, en su tarea de mantener el orden público, la Policía Nacional del Perú debe respetar el protocolo de intervención policial en conflictos sociales y no puede hacer un uso indiscriminado de la fuerza letal. Información difundida a través los medios de comunicación constata el uso de fuerza letal por parte de la Policía en La Oroya. Exigimos al Poder Ejecutivo la inmediata promulgación de la “Ley que regula el empleo de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú”, al amparo de las facultades legislativas, norma que permitirá regular el empleo de la fuerza por personal de la Policía Nacional del Perú en cumplimiento de su finalidad constitucional, que es mantener y restablecer el orden interno. Expresamos nuestro rechazo y condenamos todo acto violencia, por lo que hacemos un llamado al diálogo que permita llegar a una solución oportuna y pacífica, evitando de esta manera que el número de víctimas se acreciente con el paso de las horas. Ante el reclamo de parte de los trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya de respeto a su derecho al trabajo, el Estado tiene la obligación de atender la demanda social y generar alternativas que además, garanticen los derechos a un ambiente sano, a la vida, a la integridad y a la salud de la población de La Oroya. Finalmente, solicitamos que el Ministerio Público realice una pronta y exhaustiva investigación del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y que de manera urgente, el Estado brinde los recursos necesarios al Hospital de ESSALUD de La Oroya a efectos de que pueda atender adecuadamente a las víctimas.
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