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John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
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A menos de 24 horas de que el Consejo Nacional de Estupefacientes, presidido por el Ministerio de Justicia, decida si suspende o no las fumigaciones, organizaciones entregaron las firmas a una petición que busca frenar los daños sociales y ambientales de esa política. Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos —con el apoyo de WOLA, el LAWG y otras organizaciones—, entregaron hoy al Ministerio de Justicia más de 20,000 firmas que exigen la suspensión inmediata de las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito con glifosato y otro químicos dañinos en el país. Las firmas respaldan la petición ciudadana realizada a través del sitio de internet Change.org y la cual pretende proteger la salud y el ambiente de los daños causados por las fumigaciones “En pocos días se recibieron más de 20 mil firmas diciendo ‘no’ a las fumigaciones, no solo con glifosato, sino con cualquier herbicida, como instrumento en la guerra de las drogas”, dijo Camilo González, exministro de Salud de Colombia. El Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), presidido por el Ministerio de Justicia, se reunirá mañana para decidir si suspende o no las fumigaciones. “El CNE debe decidir en derecho y a partir de la evidencia científica y técnica que prueba los impactos de las fumigaciones y la falta de resultados”, concluyó Héctor Herrera, abogado de AIDA y Coordinador de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia. Los firmantes de la petición y las organizaciones enfatizan que las fumigaciones deben llegar a su fin porque: Causan graves impactos en la salud: La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que el glifosato usado en las fumigaciones puede causar cáncer a las personas. Además, estudios independientes han evidenciado que las fumigaciones causan otros daños a la salud como enfermedades en la piel y problemas en el embarazo. No han cumplido su objetivo: Luego de más de 15 años, las fumigaciones no han logrado reducir los cultivos de coca y amapola de uso ilícito. Causan graves impactos ambientales: Las fumigaciones se realizan de forma indiscriminada sobre casas, animales de granja y fuentes de agua. Es por ello que dañan ecosistemas ricos en biodiversidad y a las especies que viven en ellos (peces, anfibios, roedores, insectos y plantas endémicas), contaminan el agua, y destruyen bosques y cultivos de alimentos que son fuente de subsistencia de muchas comunidades. Promueven el desplazamiento de personas: Al no tener alternativas a los cultivos de coca y amapola, familias enteras dejan sus territorios a causa de las fumigaciones. Desconocen normas nacionales e internacionales: Tribunales nacionales como la Corte Constitucional han solicitado la suspensión de las fumigaciones con base en el Principio de Precaución. Colombia indemnizó a Ecuador por los impactos que las fumigaciones causaron en la frontera y se comprometió a suspender la práctica en esa zona. Éstas y otras razones fueron explicadas ampliamente por expertos nacionales e internacionales en un conversatorio realizado hoy en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. "Durante 40 años, las fumigaciones con agrotóxicos han sido objeto de análisis académicos, científicos y legales, los que además de recomendar el fin de su aplicación, no siempre han sido públicos. Han primado consideraciones políticas de orden público y seguridad, lo que ha dejado por fuera recomendaciones sanitarias, ambientales y legales. Este enfoque ha negado la existencia de problemas socioeconómicos que persisten en las comunidades donde se producen los cultivos, ha negado la primacía de los derechos humanos de los pobladores rurales y no ha reconocido los nuevos enfoques que desde el PNUD se vienen recomendando para contener la expansión de cultivos", señaló Pedro Arenas, coordinador Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, quien moderó el conversatorio. El Ministerio de Salud, los Secretarios de Salud departamentales y distritales, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, entre otras autoridades, están de acuerdo con las miles de personas que firmaron la petición y con las organizaciones que la promueven.
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Lanzaron una petición ciudadana a través del sitio Change.org dirigida al Presidente Juan Manuel Santos y al Consejo Nacional de Estupefacientes. En ella solicitan que ese tipo de fumigaciones sean suspendidas porque dañan el ambiente, la salud humana e incluso pueden causar cáncer. Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), con el apoyo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, lanzó hoy una petición ciudadana abierta a firmas a través del sitio Change.org para solicitarles al presidente Juan Manuel Santos y al Consejo Nacional de Estupefacientes que suspendan las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito con glifosato y otros químicos nocivos. "Estudios científicos independientes evidencian que las fumigaciones son ineficientes pues no han reducido los cultivos de coca y amapola. Por el contrario, han contribuido a destruir bosques y afectado poblaciones, incluyendo grupos étnicos. Hace poco, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que el glifosato usado en las fumigaciones puede causar cáncer en los seres humanos", menciona Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA y quien firma la petición. El Consejo Nacional de Estupefacientes se reunirá el 14 de mayo para abordar el tema y decidir si suspende o no las fumigaciones. En el caso de Colombia, esa práctica se realiza de forma masiva, por aire y usando una concentración de glifosato mayor a la usada comercialmente. Además, las fumigaciones se hacen indiscriminadamente sobre casas, granjas y fuentes de agua. El 24 de abril y con base en la determinación de la OMS, el Ministerio de Salud recomendó al Consejo Nacional de Estupefacientes suspender inmediatamente las fumigaciones áreas con glifosato, las cuales se realizan en el país desde hace más de 15 años con financiamiento del Gobierno de Estados Unidos. En el pasado, altos tribunales del país como la Corte Constitucional también han solicitado suspender las fumigaciones, pero esas disposiciones no han sido cumplidas. El tema llegó incluso a la Corte Internacional de Justicia cuando Ecuador demandó a Colombia por los impactos de las fumigaciones en la zona fronteriza. El Gobierno colombiano indemnizó al país vecino y se comprometió a frenar las aspersiones en la frontera. Además de daños a la salud, las fumigaciones impactan ecosistemas ricos en biodiversidad y a las especies que habitan en ellos, contaminan el agua y destruyen cultivos de alimentos que son fuente de subsistencia de comunidades indígenas, afrocolombianas y pequeños agricultores. También ocasionan el desplazamiento de familias enteras de sus territorios, pues éstas no cuentan con el apoyo adecuado para transitar hacia alternativas sostenibles a los cultivos de coca y amapola. ¡FIRMA LA PETICIÓN!
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El 27 de abril de 2015, el Ministerio de Salud de Colombia recomendó́ a las autoridades antinarcóticos del país suspender inmediatamente el uso de fumigación aérea para erradicar cultivos de coca, planta utilizada para producir cocaína. Esta recomendación vino después del anuncio hecho en marzo por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, la cual determinó que el glifosato, el herbicida químico utilizado en la fumigación, era "probablemente cancerígeno" para los humanos[i]. Actualmente, el Gobierno de Colombia está considerando aplicar esta recomendación. Mientras tanto, y en respuesta a la recomendación del Ministerio de Salud, el director de la Policía Nacional de Colombia pidió́ que la fumigación se realice lejos de casas y cultivos de alimentos. Aplaudimos la recomendación del Ministerio de Salud y urgimos al Gobierno colombiano a suspender el programa de fumigación aérea destinado a erradicar cultivos de coca y amapola que son considerados de uso ilícito. Durante más de quince años, organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos y Colombia han pedido que se ponga fin a este programa inhumano y nocivo para el ambiente. La sustancia química utilizada en la fumigación daña ecosistemas vulnerables y cultivos de alimentos. El químico es rociado rutinariamente sobre casas, animales domésticos y fuentes de agua. La seguridad alimentaria de comunidades indígenas y afrocolombianas, y de agricultores de pequeña escala ha sido afectada; y se han ignorado las múltiples denuncias sobre impactos en la salud de personas afectadas por las fumigaciones. Al destruir los cultivos de uso ilícito sin apoyar adecuadamente la transición de los campesinos a la siembra de alimentos, la fumigación aérea provoca desplazamiento y daños ambientales mientras las personas y los cultivos considerados ilícitos pasan de una zona a otra. A pesar del alto costo humano y ambiental, ha sido evidente durante casi una década que la fumigación no ha reducido el cultivo de coca de uso ilícito a nivel nacional. Los productores se han adaptado a la fumigación de diversas maneras, y mediciones del gobierno de Estados Unidos han identificado que la cantidad de coca sembrada en 2007 es la misma a la sembrada en 2001. Las reducciones identificadas desde entonces han sido producto de una mayor presencia del Estado en algunas zonas tradicionales de producción de coca. Ello ocurrió́ durante un periodo constante de reducción de fumigación. Por otra parte, el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, que actualmente negocian un acuerdo de paz para poner fin a más de cincuenta años de conflicto armado, han llegado ya a un acuerdo sobre política antidrogas que limita la fumigación aérea a una herramienta de última instancia, enfatizando en su lugar la cooperación con comunidades agrícolas rurales para realizar el tránsito de cultivos de coca y amapola de uso ilícito a la siembra de alimentos y a otras actividades económicas. El Gobierno de Colombia y también el de Estados Unidos, el cual ha brindado apoyo político y material al programa de fumigación aérea, deben aprovechar este momento para adherirse a las reformas propuestas en este acuerdo. Ya es tiempo de avanzar hacia soluciones más humanas y sostenibles. Latin America Working Group (LAWG) Washington Office on Latin America (WOLA) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Oxfam Environmental Investigation Agency Center for International Policy (CIP) Open Society Foundations Global Drug Policy Program and Latin America Program Institute for Policy Studies, Drug Policy Project Jesuit Conference, National Advocacy Office AFL-CIO United Church of Christ, Justice and Witness Ministries Drug Policy Alliance Amazon Watch Colombia Human Rights Committee Witness for Peace Mennonite Central Committee U.S. Washington Office MamaCoca La Corporación Jurídica Yira Castro La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo Corporación Colectivo de Abogados "José́ Alvear Restrepo" Organizaciones y Procesos del Congreso de los Pueblos Intereclesiastical Commission of Justice and Peace Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ) Censat Agua Viva de Colombia La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) [i] La determinación de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC en inglés) fue hecha por 17 expertos de 11 países, quienes determinaron que el glifosato era "probablemente cancerígeno" para los humanos. En un artículo publicado en The Lancet, la IARC afirmó que el glifosato "inducía daños en el ADN cromosómico de los mamíferos, y en células humanas y animales in vitro" y que "los estudios de caso y controles de exposición ocupacional en EE.UU., Canadá y Suecia informaron de mayores riesgos de linfoma non-Hodgkin".
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